[Contenido]
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PRESENTACIÓN
DESTACADOS
La apuesta por la comunicación política
Perú: crisis en dos frentes Consulta Previa: Las tensiones al interior del Ejecutivo Políticos y outsiders
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ACTUALIDAD
La selección de magistrados del Tribunal Constitucional
Las reformas anticorrupción siglo XXI
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#1 [Presentación] En los últimos dos meses la coyuntura política nacional ha estado inmersa en la discusión sobre la gestión del Estado peruano en sectores claves como el económico, productivo y social. Asimismo, los principales líderes políticos se han visto envueltos en una larga lista de escándalos mediáticos que rozan contra la ética y en algunos casos claras demostraciones de corrupción. Este tercer boletín del Observatorio de Actualidad de la Escuela de Gobierno de la PUCP recoge un conjunto de artículos de opinión que pretenden dar cuenta de las relaciones entre los diversos actores de la esfera política, sus estrategias y comportamientos sobre estos temas. Los artículos de Carlos Santibáñez, Manuel Figueroa, Julissa Castro y Paolo Sosa analizan la gestión que ha venido desarrollando el Gobierno en diferentes sectores. Santibáñez analiza en su artículo “La apuesta por la comunicación política” el estilo de gobierno del presidente Humala donde descarta un “Estado capturado por la derecha” o “sin rumbo” sino más bien uno tomado por los comunicadores. Asimismo, Figueroa y Castro en el artículo “Perú: crisis en dos frentes”, analizan la importancia de contar con un liderazgo fuerte en momentos de crisis económica e incertidumbre por lo que las amenazas al crecimiento económico del país no solo provendrían de afuera. Paolo Sosa analiza en “Consulta Previa: Las tensiones al interior del Ejecutivo” las dinámicas políticas que se han desarrollado en torno al tema de la Consulta Previa al interior del Gobierno tras la salida del viceministro Iván Lanegra. Félix Puémape analiza de manera comparada en su artículo “Políticos y outsiders” el comportamiento y estrategias de dos importantes líderes políticos con sus respectivas organizaciones, Alan García y Alejandro Toledo, ante las denuncias hechas por los medios de comunicación y comisiones investigadoras. Pamela Loaiza, en su artículo “La selección de magistrados del Tribunal Constitucional” analiza las acciones emprendidas por diferentes grupos políticos que tienen por objetivo ganar una cuota de poder al interior del TC y la relevancia de este organismo constitucional autónomo en importantes sectores del país. Finalmente, Erick Mormontoy presenta una interesante línea de tiempo sobre las iniciativas de lucha anticorrupción que han sido promovidas desde el Ejecutivo en los últimos diez años. La historia y el escándalo mediático nos demuestran sus resultados.
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#2 [Destacados] La apuesta por la comunicación política Por: Carlos Santibáñez García El manejo político de Ollanta Humala al frente del gobierno, y su consiguiente conducción del Estado, ha abierto un debate en torno a la descripción de esta “nueva” dirección política que, por elección democrática, impone el humalismo. Los presidentes al ejercer su cargo transfieren una filosofía de gobierno. Por ejemplo, en el caso del segundo gobierno de Alan García, la etiqueta de “perro del hortelano” englobaba con precisión, y por declaración expresa de García, la visión con la que conducía el aparato estatal junto con el valioso apoyo que le brindó el partido aprista. En la situación actual, la dirección política de Humala no ha logrado cuajar un consenso entre los analistas sobre la filosofía de la que parten las políticas públicas, sus modificaciones y el comportamiento general del gobierno.
Por otro lado, otro sector identifica más al gobierno como uno “sin rumbo” en donde la Hoja de Ruta se ha vuelto un cajón de sastre del que salen programas y políticas para los gustos de todos los sectores políticos. La secuencia de hechos y decisiones, si bien denota que el Gobierno no tiene un proyecto país, sí tiene un sendero por el que discurre. La orientación política de este gobierno ha planteado programas y proyectos que se han ido modificando de acuerdo a las coyunturas. Aquella política o escándalo que causa mucho barullo mediático es soterrado rápidamente (sea el escándalo que provocó la renuncia de Omar Chehade o el aplazamiento de la Reforma del Servicio Civil), sin importar a quienes pueda perjudicar este cambio de voluntad política en el Ejecutivo. Paralelamente a este “tanteo” de políticas públicas, Ollanta Humala ha apostado por el poder de la imagen como impacto visual más que la imagen como reflejo de las medidas reales que realiza el gobierno. Es muy sensibilizadora la imagen que proyectó la primera dama con un mal llamado pionerito “rescatado” en brazos, bajándolo del avión y transmitiendo el mensaje de salvación de la niñez. La verdad
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Un buen sector de analistas apoya la tesis del “Estado capturado” por la derecha peruana, culpable de la disolución de la “Gran Transformación” y que, al controlar el Estado, lo manipula en favor del status quo y sus intereses. Sin embargo, si esta tesis fuese cierta, el gobierno ya hubiese actuado en favor de las grandes empresas y en detrimento de los sectores sociales (en los casos de enfrentamiento entre ambos) como sucedió de manera paradigmática en Bagua en el año 2009. Sin embargo, no es cierto que la “derecha” y las “grandes empresas” tengan el Estado a su favor, y prueba de ello son los empantanamientos que están teniendo las empresas mineras para sacar adelante sus proyectos de inversión, entre los que se encuentra la segunda empresa privada más grande del país, Southern Peru Cooper Corporation, quien a pesar de las mesas de diálogo provinciales que se establecieron el año pasado y los acuerdos que lograron,
aun no convocan a la audiencia pública para ampliar su planta de procesamiento por falta de apoyo estatal. El enfrentamiento el Ministerio de Producción con la poderosa Sociedad Nacional de Pesquería denota también esa separación entre Estado y Sector Privado. No creo que el divorcio sea total, ni niego que el Ministerio de Economía es un “pequeño gobierno” dentro del Estado, pero no puede simplificarse esta relación a una cooptación total.
[[[ del asunto se supo después: se descubrió que dichos niños no eran “pioneritos” y no habían sido rescatados de Sendero. El escándalo fue tal que la ministra Jara (quien también se prestó a la imagen de salvadora de niños) emplazó al ministro Pedraza a aclarar este rescate, en el que además hicieron esperar horas a los niños hasta la llegada de los medios y de Nadine Heredia para lograr esa toma (Setiembre 2012). Así también, en abril del año pasado 36 trabajadores de la empresa Camisea fueron secuestrados, tras lo cual el gobierno a través de sus interlocutores aseguró que trabajarían para liberar a los secuestrados. Luego se difundieron imágenes de Ollanta con uniforme militar piloteando un helicóptero sobre la zona, imagen que contrasta fuertemente con la de su antecesor, siempre en terno y a quien nunca se le vio en el VRAEM. Humala transmitía, así, la imagen de un presidente “a pie de obra”, por lo que si el más alto cargo se involucraba en el tema la operación no tenía por qué fallar. Tras la liberación de los secuestrados, Humala calificó la operación de “victoriosa e impecable”, pero las investigaciones periodísticas confirmaron el alto costo que pagó las Fuerzas Armadas (ocho agentes asesinados por Sendero) producto de la improvisación, y que políticamente costó la renuncia de los entonces ministros del Interior y de Defensa.
------------------------------Que Ollanta Humala ponga la mayor parte de sus fichas en la comunicación política, en la imagen y el titular, es una salida a poder mantenerse en el cargo con una buena dote de poder, proveniente de la aprobación popular que le da el respaldo que él necesita para negociar y ejercer el cargo sin la inestabilidad que enfrentó Toledo en su momento. ------------------------------Considerando que Ollanta Humala llegó al cargo sin una cargada experiencia política y sin un partido político sólido (cuya falta de cuadros políticos se agudizó tras el rompimiento con los sectores de izquierda), Humala tenía que encontrar una fuente de poder para negociar y asentar su gobierno sin un continuo ataque que pueda hacer peligrar su permanencia en el cargo y el éxito de su gestión, y el respaldo popular es una buena fuente. La tesis que sostengo es que el núcleo de poder del Gobierno, que lidera el presidente y en el que participa Nadine Heredia (y seguramente el General Villafuerte), está conformado por asesores de comunicación política muy agudos, probablemente los que la prensa ha señalado como los asesores brasileños, y que dirigen el Estado. Estaríamos frente a un Estado “capturado” por los comunicadores, donde las políticas públicas se someten al juego mediático y no a las necesidades de desarrollo.
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Humala ha entendido bien (lo han hecho entender) del poder que tiene la imagen en medio de una democracia de audiencia en donde los políticos se comunican a la población a través de la televisión acatando sus reglas (mensajes rápidos, visuales, repetitivos). En esta variante de la democracia, los partidos políticos no tienen el protagonismo sino que se personalizan las ideas (y políticas) y los mensajes políticos se entremezclan con apelaciones a factores culturales para transmitir de
mejor manera sentimientos y percepciones. Humala ha buscado (y encontrado) esta personalización porque de esta manera es más fácil controlar los mensajes que el Ejecutivo quiere transmitir, a que si tuviera que estar pendiente de un partido político y de sus militantes en cargos de gobierno. Por ello el buen manejo, casi milimétrico, de la imagen presidencial: un padre de familia deportista, otra con terno para recibir a los visitantes internacionales, otra manejando su camioneta como uno más.
[[[ Perú: crisis en dos frentes
Por: Manuel Figueroa Burga y Julissa Castro Silva La economía mundial no se recupera. Según el Banco Mundial, la expansión al cierre de este año será de 2.2%, por debajo del alza del 2.4% que había pronosticado en su informe de enero. La principal razón: una recesión más profunda de lo esperado en Europa y una reciente desaceleración en algunos mercados emergentes. La situación de China es la que más preocupa a Sudamérica. Y es que el gigante asiático representa el primer o segundo socio comercial entre los países de la subregión (China es actualmente el primer destino comercial del Perú, 13.44% de nuestras exportaciones). Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al 2010, el comercio alcanzó los US$40 mil millones, impulsado, sobre todo, por la alta demanda de materias primas procedentes de China. Sin embargo, la contracción económica del país asiático (algunos economistas sostienen que podría no alcanzar su meta de crecimiento de 7.5% este año) ha llevado a una menor demanda de materias primas –minerales en particular–, que ha repercutido en la actual reducción de los precios internacionales de estas. El futuro tampoco parece ser tan prometedor. De acuerdo con un informe difundido por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s, la visión de la industria de metales y minería de América Latina ha empeorado, ya que las perspectivas de recuperación se han debilitado. La escasa demanda mundial y el exceso de oferta siguen siendo los principales riesgos para la mayoría de las materias primas internacionales de metal.
Sumado a este preocupante panorama internacional, en el Perú existen diferentes voces, principalmente desde la izquierda, que sostienen que el gobierno de Humala es víctima “de una ofensiva de las grandes empresas mineras de aprovechar este pequeño hipo en la economía mundial y los precios de las materias primas para trabajar el susto al gobierno y conseguir mejores condiciones para sus explotaciones”. No descartamos esa opinión. ------------------------------Sin embargo, lo que también está sucediendo en el gobierno de Humala es la escasez de algo fundamental en momentos de crisis e incertidumbre: liderazgo. Debe preocuparnos que la capacidad de liderazgo de nuestro presidente sea puesta en duda. ------------------------------Decirle “cosito” refleja que quien toma las decisiones más importantes sobre el destino de nuestro país no es él y lo primero que se construye alrededor de esto son hipótesis de confabulación, sospechas y retorno al autoritarismo. ¿Quién manda entonces? ¿Nadine? ¿Villafuerte? ¿Roy Gates? ¿Castilla? Demostraciones de ésta falta de liderazgo sobran. Una de ellas son las recurrentes contradicciones que se dan en el Ejecutivo. En el caso sobre la compra de Repsol por parte de Petroperú, mientras que por un lado el ministro de Energía y Minas afirmaba que había interés del Gobierno en adquirir los activos de la empresa, por otro lado el ministro de Economía y Finanzas
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[[[ publicaba los balances financieros de Petroperú de años pasados en debe argumentando que era muy probable rechazar la oferta puesto que la empresa estatal no estaba en condiciones de asumir tremenda operación. Igual situación con el caso de la consulta previa, donde por un lado el ministro de Cultura y viceministro de Interculturalidad fomentaban el diseño y publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas y por otro lado el ministro de Energía y Minas señalaba abiertamente que no estaba de acuerdo con aquella propuesta en clara defensa de las inversiones privadas en su sector. Y un tercer ejemplo sobre estas contradicciones al interior del Poder Ejecutivo, es el caso sobre el supuesto trabajo de inteligencia que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) viene haciendo a opositores del Gobierno. Tanto el presidente del Consejo de Ministros como los ministros de Defensa y del Interior, niegan los hechos hasta el punto de poner sus cargos a disposición en caso se demuestre lo contrario. Mientras tanto, el presidente Humala se reúne directamente con el jefe de la DINI sin que sus ministros sepan sobre la reunión o los contenidos de la misma. ¿No existe para eso un Consejo de Ministros donde coordinar y fijar un solo discurso para la opinión pública sin tener que estar dando bochornosas declaraciones contradictorias desde diferentes sectores? Otro ejemplo es el enfrentamiento entre la construcción de una institucionalidad de protección del medio ambiente y poblaciones vulnerables (Senace y Ley de Consulta Previa), que si bien son
bastante justas y necesarias, se ven como una piedra en el zapato para el modelo económico neoliberal peruano que ha venido funcionando desde los 90’s sin mayores restricciones en estos dos temas, específicamente en el rubro de industrias extractivas. No intentamos afirmar que la normatividad de protección del medio ambiente y protección de los derechos de ciudadanos peruanos indígenas sean inútiles. Lo que deseo señalar es que la inserción de esta normatividad y todo lo que ella conlleva (profesionalización de la burocracia que vea estos temas, negociación, acuerdos políticos y demás costos) toma sus tiempos y sucede en un escenario de probable desaceleración económica. Para ello, es urgente escucharlo más a nuestro presidente, que defina el camino a seguir para que tanto las instituciones públicas involucradas en estos temas, la sociedad civil y los empresarios sepan hacia dónde vamos estén o no de acuerdo. Durante la última semana, algunos columnistas han señalado muy optimistas que con la negación del indulto a Alberto Fujimori, Humala ha demostrado quién manda en Palacio de Gobierno. No somos tan optimistas. Hemos tenido más de lo anterior desde el inicio de la gestión. La hipótesis de un gobierno que actúa a “periodicazos” o encuestas sigue vigente. Finalmente, podemos estar equivocados y mal interpretar un nuevo estilo de gobierno. Solo los resultados al final del quinquenio lo demostrarán. El presidente Humala sabe muy bien lo que el miedo a lo impredecible o ambiguo puede ocasionar.
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[[[ Consulta Previa: Las tensiones al interior del Ejecutivo
Por: Paolo Sosa Villagarcia El debate público sobre la gestión de Ollanta Humala se ha centrado en los “desbandes” con temas como Repsol, sin embargo, uno de los temas más álgidos ha sido la implementación del derecho a la consulta previa. En estos dos años hemos escuchado dos argumentos: por un lado las denuncias de “impulsos chavistas”, y por otro el reclamo ante el “arrinconamiento” del gobierno por parte de los grupos empresariales dando la imagen de un “Estado capturado”. Sin embargo, temas como la consulta previa nos ayudan a observar un cuadro más complejo (aunque no exento de esta simplificación) en el que es necesario observar más allá de las contradicciones entre “el Estado”, los grupos empresariales y los grupos sociales organizados, observando también las propias fricciones al interior del Estado, comúnmente visto como algo monolítico y estático.
Una vez publicada la Guía Metodológica a principios del mes de abril empezaron las críticas de la CNA y Onamiap enfocadas en el contenido de un listado de pueblos indígenas que fue confundido con la Base de Datos, así como en la necesidad de un proceso de consulta antes de publicar un documento de este tipo, situación que fue desestimada por el marco legal. Al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, hizo pública su negativa al desarrollo de procesos de consulta bajo el argumento de la necesidad de la Base de Datos para el desarrollo de estos procesos, situación duramente criticada por la Defensoría del Pueblo y luego por el propio VMI indicando que este instrumento sería referencial y no constitutivo de derechos, por lo que ya habían condiciones para que los sectores lleven adelante los procesos de consulta en los casos que fuese necesario. En esas circunstancias el
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El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa dejó como saldo un resquebrajamiento en la relación entre las organizaciones indígenas nacionales pertenecientes al Pacto de Unidad quienes iniciaron un cuestionamiento general no solo de la reglamentación sino de la propia ley, situación ante la cual el Viceministerio de Interculturalidad (VMI) apostó al trabajo de fortalecimiento de relaciones con las organizaciones locales. Sin embargo, la ecuación no terminó de ser feliz. A pesar de las favorables declaraciones públicas de los grupos empresariales sobre la Ley de Consulta, dentro del Ejecutivo sí se hizo evidente una tensión al respecto. Aunque silenciosa, esta tensa calma se rompió cuando se hicieron públicos los altercados entre el titular del sector de Energía y Minas (Minem) y el viceministro Iván Lanegra.
La primera gran disputa en ese sentido ubicaba al VMI entre dos posiciones maximalistas. Si por un lado las organizaciones indígenas demandaban una mayor cobertura en términos de quiénes son los sujetos del derecho, algunos sectores dentro del Ejecutivo pugnaban por una menor cobertura y la exclusión de las comunidades andinas. En ese contexto las demandas por la publicación, extemporánea, de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas y la Guía Metodológica, encargadas al VMI, fueron un recurso político para dilatar las demandas de implementación del derecho por parte de sectores como el Minem, especialmente una vez que el conflicto minero en el distrito de Cañaris (Lambayeque) captó la atención nacional.
[[[ debate en público volvió a los origines de la disputa: quiénes debían ser consultados. Mientras buena parte de la denuncia pública observaba al Estado como un ente estático, al interior los dos sectores en disputa (Cultura y Energía Minas) empezaron una serie de movidas para hacer prevalecer su opción. Mientras que la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos introducía al “quechua de Lambayeque” (Cañaris) dentro de los procesos de capacitación de intérpretes y traductores para los procesos de consulta, dejando su postura marcada; el Ministerio de Energía y Minas aprovechó su ventaja en la correlación de fuerzas dentro del Ejecutivo y fue “bendecido” en una entrevista concedida por el presidente Humala a finales de abril en la que señalaba explícitamente que el derecho de consulta era exclusivo de las comunidades amazónicas.
Lo que resulta significativo es que, más allá de la información inicial de renuncia masiva, el sector ha ratificado sus avances, en particular la relación que reconoce a los 52 pueblos indígenas, incluyendo a los cuatro que se encuentran en la zona andina. Del mismo modo, resulta clave que las dirigencias de organizaciones como la CNA, la CCP y UNCA, representantes de los pueblos andinos, hayan saludado este nuevo impulso, así como Onamiap, Aidesep y Conap han manifestado su interés en una nueva etapa. ----------------------------------------En un escenario de desigualdad en la correlación de fuerzas dentro del Ejecutivo, un acercamiento entre estos actores podría asegurar una ecuación más equitativa en sus mecanismos de presión, tomando en cuenta que aislados no han podido afectar significativamente el escenario dominado por la posición de los tecnócratas del Minem. Ni las organizaciones indígenas, con lazos débiles y en un contexto de fragmentación con sus bases, ni el VMI en un sector “satelital” y con redes de funcionarios difusas respecto a otros sectores, podrían asegurar por sí solas los derechos de los pueblos indígenas. ----------------------------------------En un gobierno como el de Humala, un sector que logre cierto grado de autonomía y redes fuera del Estado podría tener una mayor capacidad de presión, especialmente si lo que se busca es evitar un retroceso.
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En la primera semana de mayo se hizo evidente que la tensión había llegado a un punto importante con el anuncio de la renuncia del viceministro Lanegra y, posteriormente, el anuncio de la renuncia de su equipo de Directores y una parte de los funcionarios de línea. Esta situación encontró a este sector aislado entre dos posiciones maximalistas, sin embargo dejó un mensaje claro con respecto al futuro (y posible retroceso) con respecto a la institucionalidad indígena y la aplicación del derecho a la consulta que alertó a una parte de los sectores opositores fuera del Ejecutivo. Una vez aceptada la renuncia de Lanegra, Paulo Vilca, director de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, asumió el encargo del despacho en lo que sería un proceso de transición hasta encontrar un nuevo viceministro, situación complicada por tratarse de un puesto políticamente delicado. En ese lapso de tiempo se dio a conocer el inicio del primer proceso de consulta a
cargo del Gobierno Regional de Loreto para la creación del Área de Conservación Regional Maijuna, dando un claro mensaje a los sectores, por tratarse de un proceso fuera del Gobierno Nacional y sin la publicación de la Base de Datos. Asimismo, el Presidente de PeruPetro ha informado el próximo inicio de 26 nuevos procesos de consulta para lotes petroleros en la Amazonía.
[[[ Políticos y outsiders
Por: Félix Puémape Chambergo Las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de cuestionamientos éticos a los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo. En el caso de García se han cuestionado el otorgamiento de gracias presidenciales durante su último gobierno y la adquisición de inmuebles en zonas exclusivas. En el caso de Toledo también se han cuestionado sus movidas inmobiliarias. A la luz de ello, en las siguientes líneas intentaremos reflexionar sobre la diferente forma en la que ambos personajes y sus entornos han afrontado estas dificultades.
------------------------------Más allá de servir a políticos avispados, una forma profesional de hacer política también puede contribuir a la democracia. Por ejemplo, un rápido control de daños ayuda a que la clase política no se siga deslegitimando ante la ciudadanía. ------------------------------Sin embargo, lo importante es que esta vaya de la mano con instituciones fuertes o una opinión pública independiente que fiscalice a los políticos para que estos tengan cada vez menos incentivos de caer en excesos. Excesos que los peruanos ya conocemos de sobra.
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Desde un principio, tanto García en persona como su entorno tomaron rápidamente la iniciativa dando la cara a los medios de comunicación, defendiéndose a como dé lugar, mostrándose prestos a ser investigados y victimizándose como perseguidos políticos. El estilo aprista de argumentación ya es bastante conocido: insistir en su versión de los hechos, negar hasta el final las afirmaciones que los puedan perjudicar, calificándolas de mentiras e inexactas (así hayan pruebas) y descalificar a quien ha hecho la denuncia. En cambio, Toledo y su entorno, lejos de tener una reacción rápida, optaron por esconderse de la prensa e intentar usar su alianza con el gobierno para evitar cualquier tipo de investigación en el congreso. Y cuando respondieron, en vez de aclarar las cosas, entraron en contradicciones. Por lo demás, fue curioso ver lo solo que está el ex presidente en su defensa. A diferencia de los apristas, cuando les preguntaron a los pocos congresistas de Perú Posible que dieron la cara si ponían las manos al fuego por su líder todos contestaron con evasivas o de forma negativa. Incluso, lejos de cerrarse en su defensa, algunos ya insinuaban que podría haber alguna culpabilidad y otros andaban buscando una nueva casa política.
Estas dos formas tan diferentes de accionar político pueden tener su origen en las características propias de Perú Pasible y el APRA así como en los supuestos sobre la práctica política de sus dirigentes. El APRA es una escuela política. A lo largo de su larga existencia y de sus experiencias en el poder –nacional y subnacional- ha ido aprendiendo las formas de practicar la política en el Perú en el plano de las reacciones, los discursos y las formas de ocultar lo que no quieren que se sepa. Y ello es enseñado a las nuevas generaciones principalmente de forma informal: desde la familia y desde el compartir con los líderes intermedios. De la misma forma es inculcada la fuerte identidad política aprista, principal sostén de este grupo, construida en base a sus conflictos con otros. En ese sentido, el APRA tiene lógica de político. El debate constante es lo que permite mantenerse en la política. En cambio, Perú Posible es el típico partido post-noventas. No aprende de sus experiencias políticas porque no cree en la política. Tiene lógica de outsider. Solo vive por la figura de Toledo y por las leyes del marketing electoral, las cuales pueden servir para ganar elecciones pero no para perdurar políticamente, más aún en contextos difíciles.
#3 [Actualidad] La selección de magistrados del Tribunal Constitucional
Por: Pamela Loaiza Díaz El Tribunal Constitucional (TC) es un órgano esencialmente político. La forma de designación de los magistrados que componen el TC también lo es. Si bien el Congreso (única institución encargada de su nombramiento) ha procurado introducir estándares meritocráticos en los procesos de selección además de los requisitos mínimos exigidos por ley, las comisiones evaluadoras y las bancadas parlamentarias se han guiado principalmente por una lógica de cuotas por cada partido. En ese sentido, de acuerdo con el número disponible de sitios en el TC, las bancadas mayoritarias han logrado colocar y promover al magistrado más cercano con sus preferencias. El tipo de jueces que llega al Tribunal depende en gran medida del tipo de bancadas y las negociaciones que logren alcanzar entre estas. Este fenómeno se ha documentado desde la reconstitución del TC en 2001 y de cara a los nuevos procesos de selección de magistrados para este 2013 parecería estar confirmándose la misma tendencia. La renuncia del magistrado Ricardo Beaumont Callirgos el pasado 25 de abril puso en relieve que cinco de los siete magistrados del TC tenían el mandato vencido y esto precipitó la creación de una comisión evaluadora presidida por el actual presidente del Congreso, el nacionalista Víctor Isla.
Sin embargo, estas “cuotas” informales por partido no han sido lo más sencillo de alcanzar en los últimos años. Precisamente, el último mes de mayo evidencia los pocos
Por otro lado, voces de bancadas minoritarias denuncian la lógica del cuoteo al tener menos oportunidades de nominación de candidatos. El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde señaló en ese sentido que: “algunos integrantes del TC estarían tratando de congratularse con el gobierno para quedarse en el cargo y favorecerlo en cualquier decisión” al referirse específicamente a la posible candidatura de Nadine Heredia (Perú21, 02/05). De estos cuestionamientos se desprenden preguntas inevitables por contestar sobre el comportamiento de los jueces una vez elegidos. ¿Qué garantiza su independencia del gobierno o de quién los elige? ¿Hay casos en los que son más independientes que otros? El Tribunal Constitucional suele alcanzar gran notoriedad en algunas de sus decisiones por las polémicas que generan, al tener el poder de regular sobre los derechos fundamentales, los económicos, la seguridad del Estado, las políticas públicas, entre otros. ----------------------------------------Ninguna otra institución del Estado cuenta con facultades tan amplias y justamente por ello la nominación de sus candidatos se convierte en espacio de disputa entre actores con intereses bastante claros y bien definidos. A pesar de su relevancia, el proceso de nombramiento de los magistrados es una caja completamente oscura a la que pocos pueden acceder. -----------------------------------------
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Lo mismo sucedió en el año 2004 con la renuncia de la entonces magistrada Delia Revoredo quien, al presentar su renuncia, precipitó la conformación de una comisión evaluadora en el Congreso presidida por el parlamentario de Perú Posible Henry Pease. De esta manera, el nombramiento de los nuevos magistrados era “urgente” solo en el sentido literal de la norma pues esta urgencia no fue tal por el lado de los partidos en el Congreso.
avances debido a la poca transparencia de las negociaciones y los sobresalientes antagonismos de las bancadas mayoritarias. Así, se recogió de una fuente de la comisión evaluadora del Congreso que el oficialismo “sigue viendo con rechazo las propuestas de la principal fuerza opositora (el Fujimorismo)” (El Comercio, 06 /05). Asimismo, indicó que: “si uno de estos dos grupos no acepta (al candidato del otro), entonces no se elige nunca”.
[[[ Las reformas anticorrupción siglo XXI Por: Erick Mormontoy Atauchi La corrupción ha sido siempre uno de los principales flagelos que los gobiernos peruanos han enfrentado, a pesar de que siempre se ha enarbolado la lucha anticorrupción como una de las prioridades, los resultados obtenidos a la fecha evidencian débiles avances en este ámbito. Como punto de partida para el siguiente artículo tenemos la caída del régimen fujimorista que había logrado construir una enorme red de corrupción que privilegiaba los intereses de Fujimori, Montesinos y el resto de su cúpula.
Durante la transición se realizó el primer esfuerzo dirigido de modo expreso a combatir la corrupción con el Programa Nacional Anticorrupción y la creación del Grupo de Trabajo “Iniciativa Nacional Anticorrupción” (INA). Con el inicio del gobierno de Alejandro Toledo se implementó la “Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública” la cual era presidida por un consejero presidencial en materia de lucha anticorrupción y ética pública, recibiendo el nombre de “Zar Anticorrupción”. Sin embargo, se enfrentaba una situación de escasez de recursos para investigar y de una definición misma de la comisión al recibir atribuciones las que constitucionalmente carecía. Se iba haciendo clara la necesidad de constituir un organismo central que pudiera liderar la lucha anticorrupción. En el 2004 se presenta el “Plan de Acción Contra la Corrupción” lo que conllevó a que se modifique la “Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Promoción de la Ética” al año siguiente. El entonces ministro
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Durante el gobierno de Alberto Fujimori se observaron al menos seis tipos de corrupción como lo menciona Ugarteche: el envilecimiento de la clase política y medios de comunicación, desvío de fondos públicos, malversación del dinero de las privatizaciones, uso de información privilegiada, aprovechamiento de recursos para favorecer a familiares, chantaje y extorsión. Con el retorno a la democracia con Valentín Paniagua a la cabeza, se iniciaron varios procesos buscando obtener la capacidad de enjuiciar todos los actos de corrupción que se venían descubriendo. Se rebautizó la Procuraduría, pasando a ser el procurador el abogado del Estado. Por su lado, el Poder Judicial creó también un circuito anticorrupción nombrando seis jueces encargados a nivel de Corte Superior y una sala encargada de revisar los casos llevados a esta instancia. Adicionalmente, la Fiscalía creó seis fiscalías anticorrupción y asignó a un Fiscal Superior Coordinador encargado de articular este trabajo. Se iban adoptando acciones prioritariamente penales en la búsqueda de lograr un manejo centralizado de las investigaciones para hacer frente a un nivel de corrupción sin precedentes.
En esa línea, Dargent reconoce tres aspectos que tuvieron importancia en la configuración del panorama institucional: la creación del subsistema de justicia y policía anticorrupción buscando coordinar y unificar el trabajo realizado por las distintas instancias, así como también la creación de una procuraduría ad hoc; la reforma de numerosas normas que contenían medidas preliminares y limitantes; y la aprobación de beneficios de colaboración para los implicados como la famosa Ley de Colaboración Eficaz. Además de ello, en la reforma normativa también estaba el impedimento de salida del país, captura, procesamiento y posteriormente los beneficios de reducción de pena.
[[[ Justicia, Baldo Kresalja, con la resolución ministerial 245-2004-JUS de mayo 2004, creó un equipo de doce colaboradores entre los cuales figuraba el actual congresista Yehude Simon. Este grupo buscó elaborar propuestas de corto y mediano plazo para fortalecer la lucha anticorrupción. Con el inicio del segundo gobierno de Alan García en el 2006, se activó el “Consejo Nacional Anticorrupción” (CNA) mediante el decreto supremo No.0022006-JUS, la duración de este consejo fue breve ya que en octubre del año 2007, quedaba desactivada y se establecía la “Oficina Nacional Anticorrupción” (ONA) la cual se desactivó al año de haber sido creada, para ceder sus funciones a la Contraloría del Estado, a causa del escándalo “petroaudios”. Este destape mediático además originó la creación de un nuevo grupo de trabajo intersectorial con la resolución No. 0442009-PCM y una nueva “Comisión de Alto Nivel Anticorrupción”. Dadas las numerosas iniciativas, fue inminente una superposición entre los planes y programas, los cuales sumados a una inadecuada implementación derivaron en magros resultados en la lucha anticorrupción. A pesar de los intentos por continuar con el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ética Ciudadana tras la ola de escándalos mediáticos de corrupción en las altas esferas del poder, el gabinete presidido por Jorge Del Castillo renunció y fue reemplazado por Yehude Simon. Él acogió el “Plan Nacional contra la Corrupción” de 2005, modificándolo y presentándolo a finales de 2008 buscando su aprobación.
También en el 2009, el Congreso aprobó por unanimidad la conformación de una comisión especial multipartidaria permanente que se encargaría del control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional, que tendría vigencia hasta 2011. Debido a que, a fines de 2010 se creó la “Comisión de Alto Nivel Anticorrupción” (CAN), mediante el Decreto Supremo 016-2010-PCM, que generó el espacio de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos autónomos enfocándose en la supervisión del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Finalmente, con el gobierno del presidente Humala la CAN continúa sus labores en la elaboración del Plan Bicentenario. En esa línea, se aprobó en enero del presente año la “Estrategia de Lucha Contra la Corrupción” que considera la implementación del control interno en las entidades públicas, la protección del denunciante y la mejora del sistema de compras estatales. En cuanto a prevención de los actos de corrupción, se anunció un sistema de alertas tempranas buscando detectar el delito en su formación, así como la estandarización de los mecanismos destinados a la recepción de denuncias. Esta nueva estrategia busca convertirse en una herramienta más que ayude a la labor de la CAN buscando así lograr una mayor eficacia e institucionalidad en la lucha anticorrupción, ya que ambos factores probaron ser determinantes en el fracaso de las comisiones creadas e iniciativas aisladas durante los anteriores gobiernos del siglo XXI.
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Al año siguiente, se creó el “Grupo de Trabajo Multisectorial” mediante la Resolución Ministerial 044-2009-PCM integrado por un representante de la PCM. Dicho grupo tenía como funciones
coordinar la implementación de los objetivos, acciones y medidas buscando la ejecución efectiva del “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”. En agosto del mismo año este grupo de trabajo presentó el primer informe semestral de avances en el Plan Nacional que posteriormente se limitó a reportes ministeriales.