[Contenido]
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PRESENTACIÓN
DESTACADOS
De la persuasión a la acción judicial: la Defensoría del Pueblo y la Ley del
Servicio Militar. Pamela Loaiza. La Reforma del Servicio Civil: Antecedentes. Erick Mormontoy. Carencias políticas. Luis García.
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ACTUALIDAD
El APRA, Alan García y los “narcoindultos”. Yamilé Guibert.
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#1 [Presentación] Desde la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el año 2008, el Estado peruano ha retomado el impulso de continuar con el proceso de reformas iniciado desde la década de 1990. Una muy importante es la reforma del servicio civil, recientemente aprobada por el Ejecutivo habiendo pasado previamente por un arduo debate en el Congreso de la República. Este tema es recogido por dos artículos. El primero de ellos, el artículo titulado “La Reforma del Servicio Civil: Antecedentes” de Erick Mormontoy, presenta la primera parte de una línea de tiempo sobre los orígenes de esta reforma y los diferentes pasos que este proceso ha desarrollado en los últimos 20 años, la descripción de los autores que han intervenido junto con sus posiciones e intereses y los impulsos que cada uno de los diferentes gobiernos le han dado a tan importante política pública. El segundo artículo es el titulado “Carencias políticas” de Luis García donde analiza la relevancia del “apoyo político” que necesita este tipo de reformas para poder ser aprobadas e implementadas con éxito ya que usualmente suelen ser muy sensibles para la mayoría de la ciudadanía. Otro tema muy importante que ha surgido en las últimas semanas gira en torno a la elección del Defensor del Pueblo (DP), magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a cargo del Congreso de la República. Salvo los candidatos al BCRP, todos los demás invitados a postular han recibido serios cuestionamientos. Asimismo, el mecanismo de elección utilizado esta vez por los parlamentarios. Pamela Loaiza en su artículo “De la persuasión a la acción judicial: la Defensoría del Pueblo y la Ley del Servicio Militar” analiza el caso sobre la oposición de la Defensoría del Pueblo a la Ley del Servicio Militar promovida por el Gobierno Nacional como ejemplo de la importancia que tiene el ser diligentes con el perfil de quien lidera ésta institución, alguien dispuesto a defender los derechos fundamentales de la ciudadanía lo que en varias ocasiones conlleva a enfrentarse a los gobiernos de turno. Finalmente, Yamilé Guibert, presenta y analiza en su artículo “El APRA, Alan García y los narcoindultos” diferentes hechos relacionados con el otorgamiento de indultos presidenciales a narcotraficantes que cada vez más se relacionan con el entorno cercano al ex presidente Alan García. Sin embargo, tal como señala Guibert, un político de larga trayectoria como García así como importantes figuras de su partido demuestran un manejo de la escena política que podría ser envidiable para otros líderes políticos que actualmente también están en el ojo de la tormenta.
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#2 [Destacados] De la persuasión a la acción judicial: la Defensoría del Pueblo y la Ley del Servicio Militar
Por: Pamela Loaiza
Licenciada en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno Pontificia Universidad Católica del Perú Según el Banco Mundial, el crecimiento Desde su creación en 1996, la Defensoría del Pueblo se ha destacado por su tenaz defensa de los derechos fundamentales y sus acciones han contado con una amplia legitimidad entre las agrupaciones políticas y de la sociedad civil. Las controversias con otras instituciones del Estado han sido de baja notoriedad en tanto las decisiones que emite la Defensoría no son vinculantes. ----------------------------------------in embargo, hace algunas semanas, la Defensoría se alejó de la costumbre de emitir sus reconocidas recomendaciones para tomar un singular protagonismo al activar los canales judiciales para impedir una política pública, en su lectura, inconstitucional. ----------------------------------------Se trataba de la Ley del Servicio Militar, promulgada seis años atrás, en la que se preveía un sorteo para el 19 de junio en caso no se alcancen los cupos requeridos para cumplir con el servicio militar voluntario. El gobierno de Ollanta Humala defendía el cumplimiento de esta ley pues consideraba que había mejorado las condiciones al haber aumentado la propina en 70% e incluir beneficios educativos a los jóvenes seleccionados mediante el sorteo.
En esta ocasión, se trascendió la persuasión y además de los informes defensoriales, el Defensor del Pueblo interino Eduardo Vega Luna, presentó un día antes del sorteo, un recurso de amparo ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima, quien decidió acoger la medida cautelar y ordenó al Ministerio de Defensa suspender el sorteo. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y este se enfrentó públicamente a la Defensoría tanto jurídica como mediáticamente. Por un lado, el procurador del Ministerio de Defensa presentó un pedido de oposición a la medida cautelar y por otro, tanto el ministro de la misma cartera, Pedro Cateriano, como el presidente de la República calificaron de “incoherente y beligerante” el accionar de la Defensoría y de “defensor interino” al Sr. Vega Luna. El liderazgo asumido por Eduardo Vega, revela la importancia de las cualidades personales del detentor del cargo de Defensor del Pueblo. Para comprender mejor la decisión de Vega de interponer esta acción judicial, no es menor preguntarse si es que es un factor a analizar que se trate de un Defensor interino que “no tenga mucho que perder” y que por el contrario pueda ganar gran prestigio en su trayectoria
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Sin embargo, de acuerdo con la lectura de la Defensoría del Pueblo esta ley era discriminatoria pues establecía una multa de más de S/. 1800 soles que muchos no podrían pagar para exonerarse del servicio en caso salir sorteados. Asimismo, de acuerdo con la ley, los universitarios estaban exonerados del sorteo pero no los estudiantes de institutos superiores. Por otro
lado, siguiendo un informe de la Defensoría, la defensora adjunta por los derechos humanos, Gisella Vignolo, señalaba que “de las 24 bases, solo cinco tienen centros de capacitación tecnológica y cuatro tiene centros de educación regular, donde además no asisten los maestros”- refiriéndose a que no existían las condiciones para cumplir con los beneficios que se les ofrecían mediáticamente a los posibles reclutados.
[[[ profesional. Sin embargo, más allá de las múltiples motivaciones que puedan existir, su decisión representó una amplia independencia de la institución respecto de otros poderes del Estado así como la evidencia del gran personalismo que caracteriza el accionar de esta institución.
sucede con los miembros del Tribunal Constitucional, institucionalmente no existen más garantías para la elección de un Defensor intachable, que el equilibrio que surge de las negociaciones entre las bancadas parlamentarias y del tipo de bancadas que participen.
Respecto de la predominancia personal del Defensor, resulta indispensable abordar la discusión del parlamento respecto de la selección del nuevo Defensor del Pueblo.
Lo
La selección del defensor del pueblo
Según la Reserva Federal de Estados En la elección del Defensor ha solido predominar el criterio de independencia, probidad democrática y una conocida trayectoria pública. Sin embargo, los nombres propuestos para el cargo los últimos meses, han sido de candidatos con un perfil público y ‘de peso’ bastante menos intenso que el de los predecesores. Mediáticamente se ha cuestionado la cercanía de algunos de los candidatos a partidos políticos, como la candidatura de Pilar Freitas cercana a Perú Posible, sin embargo, esta situación no es inédita, ya que el cargo fue ocupado por una ex ministra del gobierno de Alejandro Toledo. Sin duda, la trayectoria política de Beatriz Merino era mucho más prominente y trascendía a la agrupación política a diferencia de los actuales candidatos. Debe recordarse también que los anteriores Defensores del Pueblo fueron elegidos por las mismas cuestionadas reglas de “cuoteo” con la diferencia de que del 2001 a la fecha ha existido un aprendizaje por parte de las bancadas parlamentarias en la negociación de cargos que conducen no solo al nombramiento de figuras fundamentales para nuestra democracia sino también a la conservación de enclaves de poder para dichas agrupaciones.
un
recurso
útil
en
democracia
Como ya he señalado, esta no es la primera vez que la Defensoría cobra una especial notoriedad en el ámbito del control horizontal entre instituciones. Una de las intervenciones más destacadas de la Defensoría del Pueblo fue, paradójicamente, durante el segundo periodo de Alberto Fujimori. En este periodo intervino a través de un riguroso recojo de información en sus Informes Defensoriales en los que se evidenció la aplicación de anticoncepciones quirúrgicas (conocidas como las Esterilizaciones Forzadas) sin el completo consentimiento del o la paciente, con insuficiente información y sin un procedimiento estandarizado. Si bien estos informes no fueron la causa directa del cambio de orientación del plan de planificación familiar en ese entonces, las recomendaciones de la defensoría fueron un factor más que contribuyeron con descontinuar y reorientar la política del Ministerio de Salud. En el debate público establecieron una serie de “hechos mínimos” sobre los cuales debatir: incluso miembros del grupo Fujimorista han reconocido como válidos los informes presentados y recogen las cifras brindadas por la Defensoría en los casos de esterilizaciones. Este hecho da cuenta de la capacidad de este organismo de generar puntos de diálogo entre los más opuestos grupos políticos. Sin embargo, la posibilidad de frenar la política de las esterilizaciones a través de recursos legales hubiera sido bastante más insignificante en ese entonces, que el impacto generado por la acción de amparo del pasado junio que logró la suspensión del sorteo obligatorio para el servicio militar voluntario. Estos son síntomas de una democracia saludable
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Las reglas de juego para la selección del Defensor son, en términos generales, bastante amplias ya que requiere el voto de los dos tercios del número legal de congresistas. En ese sentido, tal como
judicial:
[[[ La Reforma del Servicio Civil: Antecedentes
Por: Erick Mormontoy
Egresado de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno Pontificia Universidad Católica del Perú SEl servicio civil engloba a todas las personas que trabajan para el Estado. En el Perú existen 1 millón 300 mil servidores públicos en sus distintas instituciones: administración pública, empresas públicas y las Fuerzas Armadas y Policiales. Todos ellos son contratados bajo 15 regímenes laborales entre generales y especiales, que implican distintos deberes y derechos, básicamente, en aspectos de remuneración, estabilidad laboral y en la aplicación de sanciones1. Durante el periodo 2004-2011, en promedio han entrado anualmente 40 mil servidores públicos a trabajar en el Estado a pesar de las normas de austeridad.2 Ésta complejidad ha sido producto de la coexistencia de distintos regímenes laborales, de la distorsión del sistema de remuneraciones, del abuso de las contrataciones temporales, de la alta dispersión legislativa existente, de la ausencia de un ente rector por 16 años y de la ausencia una política de Estado.3 Desde 1937 han sido varias las instituciones del Estado peruano las encargadas de la gestión de los servidores públicos a nivel central, desde la Intendencia General de Hacienda adscrita al Ministerio de Hacienda, pasando por el también desaparecido Instituto Nacional de Administración Pública hasta el día de hoy con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cada una de ellas dispuestas a intentar ordenar los recursos humanos del Estado.4
El actual proceso de reforma tiene su inicio durante el segundo gobierno aprista. Se designó a la entonces ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, para dirigir el proceso de Reforma del Estado que tuvo como resultado la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.6 Una ventana de oportunidad llegaría en el 2008 con la implementación del TLC con los EEUU. Aquí se introdujo la necesidad de fortalecer el servicio civil peruano. Seguidamente, se crearon los CAS en reemplazo de los SNP así como el Cuerpo de Gerentes Públicos y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), entidad responsable de la planificación y formulación de las políticas nacionales del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado peruano. El objetivo: reforzar la ética y lucha anticorrupción, profesionalizar a los funcionarios públicos, establecer reglas de gestión del servicio civil, establecer una franja directiva, construir la carrera del servicio civil para homogeneizar derechos y deberes y por último crear un sistema único de compensaciones. ________
Servir. Características del Servicio Civil Peruano. Abril de 2012. Ídem. 3 Servir. El Servicio Civil Peruano: antecedentes, marco normativo actual y desafíos de la reforma. Mayo de 2012. 4 Ver cuadro sobre “La cronología de creación de entidades a cargo de la gestión de recursos humanos en el servicio civil”. En: El Servicio Civil Peruano: antecedentes, marco normativo actual y desafíos de la reforma. Mayo de 2012. Página 1. 5 Para mayor profundidad sobre estos cuatro intentos de reforma, ver “El Servicio Civil Peruano: antecedentes, marco normativo actual y desafíos de la reforma. Mayo de 2012. Páginas 4-18. 6 Alza, Carlos. Consultoría para la elaboraciónd el estudio sobre la evolución de la política del servicio civil peruano. 1 2
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A partir de 1990, como resultado de los cambios políticos y económicos que se produjeron en el país, se intentó llevar a cabo cuatro procesos de reforma de la gestión de
recursos humanos del Estado con el objetivo de ordenar el caos anteriormente mencionado.5
[[[ Carencias políticas
Por: Luis García
Licenciado en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno Pontificia Universidad Católica del Perú Las reformas de los servicios estatales implican desafíos pocas veces superados por los gobiernos. Un panorama adverso al cambio, según Merilee Grindle: funcionarios con incentivos para la acción colectiva; ausencia de una presión pública organizada que respalde el cambio; y políticos en el congreso sensibles al electorado y a perder sus redes de clientelaje y patronazgo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, las reformas pueden alcanzar cierto “éxito”: en México, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Mina Gerais (Brasil), el avance de la reforma educativa dependió de las elecciones estratégicas de sus ejecutivos. Frente a desafíos institucionales, los presidentes o sus ministros, en base a una tradición de liderazgo político, colocaron aliados en puestos claves; debilitaron a los sindicatos y a la oposición; manejaron el timing de sus propuestas; y, apelaron a la legitimidad ciudadana convirtiendo la reforma en su tema de campaña.
¿Por
qué la
Ley
fue desaprobada?
de
Servicio Civil
no
En el Perú –a diferencia de los casos estudiados por Grindle– los sectores
Sin una oposición fuerte (ni en el Congreso ni en las calles), el presidente puede llevarse fácilmente los créditos. ----------------------------------------Pero ¿Qué sostiene la reforma? Debajo del respaldo oficialista, los funcionarios de SERVIR han tomado, por más de un lustro y en diferentes escenarios, las principales decisiones estratégicas, aquellas que corresponden al gobierno. En esta última etapa, buscaron el apoyo de otros ministerios, incluido (y principalmente) el MEF. En el debate público reciente, han defendido la Ley y expuesto sus alcances. Por ahora, sus estrategias funcionaron, y son funcionales al gobierno. Queda observar si en otras arenas (la reglamentación e implementación) la carencia de liderazgo político les terminará (o no) pasando factura.. -----------------------------------------
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Ni el presidente Humala ni el oficialismo impulsaron desde un inicio la reforma del servicio civil. Ésta (tal como está planteada) no fue parte de su plan electoral; hoy sus votantes marchan en contra de la norma. Más allá de la exhortación al consenso y al diálogo, predomina cierta inercia; Humala no se ha perfilado como el líder político que los reformistas anhelaban. Podemos agregar a la falta de credibilidad un mal manejo de la agenda. En medio de la ola de movilizaciones, las declaraciones al diario español “El País” y los encuentros con la Confiep deterioraron las relaciones con los sindicatos, de por sí, casi irreparables.
opuestos a la reforma no son menos débiles. Primero, aunque mediática (hace no poco nadie marchaba por el centro de Lima), la presión de la calle no fue suficiente. Ni la UNASEE ni la CTP tienen la capacidad de acción colectiva del SUTEP –solo por comparar a nivel local. Segundo, no existen en el congreso instituciones que inclinen la balanza a favor de los perdedores con el cambio. A diferencia de México, los congresistas peruanos no conforman redes de patronazgo. En un escenario de volatilidad extrema, son pocos los que utilizarían la reforma (sea apoyándola o criticándola) como issue electoral. Salvo la discusión por el dictamen de la Comisión de Trabajo, la iniciativa legislativa sufrió un entrampamiento menor al esperado.
#3 [Actualidad] El APRA, Alan García y los “narcoindultos” Por: Yamilé Guibert
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno Pontificia Universidad Católica del Perú El caso ‘narcoindultos’ continúa dando de qué hablar y comprometiendo cada vez más a personajes del círculo íntimo del expresidente y líder aprista, Alan García. Los cuestionamientos surgen a raíz del otorgamiento de conmutaciones de penas e indultos a reos vinculados al narcotráfico, quienes, presuntamente, entregaban un pago a cambio de esta esta reducción de pena. El principal beneficiario de estos pagos habría sido Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien ha sido identificado como el líder de la organización ilícita a cargo de estos cobros. Sin embargo, las responsabilidades aparentemente no se agotan en Chinguel. Personajes de las más altas esferas del poder en el anterior gobierno han sido cuestionados por sus conexiones al caso “narcoindultos”. Entre estos podemos mencionar a Aurelio Pastor, exministro de Justicia aprista; Julio César Zavala, exsecretario del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial; y Luis Nava, secretario personal de Palacio de Gobierno.
¿Qué impresiones nos deja hasta el momento el caso “narcoindultos”? Dos cuestiones parecen claras: la sorprendente estrategia de control de daños del partido aprista, y la
Esto nos lleva a nuestro segundo punto: Alan García parece estar plenamente convencido de su rol como figura central en la campaña para las elecciones del 2016, y tiene la habilidad política para librarse de un escándalo que, hasta el momento, no lo inculpa directamente. El líder aprista no parece especialmente preocupado por el escándalo, e incluso se aventura a organizar conferencias de prensa para brindar recomendaciones al actual gobierno. ----------------------------------------García está redefiniendo su lugar en el escenario político, estableciéndose como el “candidato a vencer”, abanderado de la campaña anti “reelección conyugal”, y una víctima cuyos derechosestánsiendopisoteadosporelCongreso. ----------------------------------------Es aún muy pronto para saber a ciencia cierta si este escándalo afectará su candidatura, pero es muy posible que García y el APRA sorteen este obstáculo hacia la campaña del 2016, sobre todo si las acusaciones no llegan involucrarlo activamente.
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Y así llegamos al mismo Alan García, quien hasta el momento no parece tener conexión directa con los delitos, pero que ha sido cuestionado por haber firmado la condonación de penas a reos de alto calibre a pesar de haber declarado que él mismo estudiaba los expedientes enviados. Se le critica también que haya llevado a cabo una política de deshacinamiento de los penales a través de un mecanismo como el indulto, que no se presta a la liberación masiva de reos. Por último, es criticado también por haber defendido a Chinguel durante su visita a la Megacomisión.
clara consigna de Alan García de presentarse como candidato viable para el 2016. Sobre la primera, la cohesión que han mostrado los miembros del partido en respuesta a las acusaciones es sorprendente. En un boletín anterior del Observatorio de Actualidad (N° 3), Félix Puémape llamaba la atención sobre este punto, señalando la habilidad de los apristas para “practicar la política en el Perú en el plano de las reacciones, los discursos (…)”. Figuras como Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo han presentado una posición coherente, sindicando a Chinguel como responsable personal del delito. El mismo García salió a apoyar públicamente la detención de este personaje, separándose sutilmente del escándalo.