AMLO destapa “enjuague” entre Morena y panistas

EL PRESIDENTE revela que vetó a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información porque respondían a reparto de cuotas entre ambos partidos

MARCO AGUILAR maaguilar@ejecentral.com.mx

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar los nombramientos de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se debió a “chanchullos” acordados entre partidos.

Apenas 14 días después de ser aprobados por mayoría calificada en el Senado de la República, el mandatario utilizó su derecho de veto contra los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, porque acusó que los partidos copiaron acuerdos utilizados durante la época del “PRIAN” de repartirse las vacantes.

“Lo del Inai se vetó. Es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe permitirse”, señaló.

Aunque en este acuerdo participó su partido, el presidente López Obrador dijo que no se convertiría en cómplice. Además, señaló que de los dos elegidos, uno tuvo uno de los peores resultados en su evaluación y el otro era vinculado al PAN, casi militante.

“Entonces, deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían ‘tres para ti, tres para mí’, cuando se nombraban a los consejeros de este instituto que no se Ante esta acción, los comisionados del Inai anunciaron que presentarán una acción de inconstitucio-

5 Minutos De Inclusi N

DANIEL ROBLES HARO, un joven con parálisis cerebral severa, tomó la palabra hoy en la conferencia mañanera para pedir que la Secretaría de Educación Pública adopte “tableros de comunicación alternativa” en los libros de texto. Ayudado por un sintetizador que le permite verbalizar sus ideas, el joven también propuso que los baños de espacios públicos incluyan cambiadores universales que faciliten el aseo de las personas con discapacidad. Foto: Cuartoscuro.

nalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque coinciden en que vulnera de manera directa el diseño institucional que la Constitución establece para este órgano.

Pero esta no es la primera vez que el mandatario señala a este órgano, pues desde su llegada a la Presidencia de la República lo ha señalado de ser creado para mantener en secreto los fraudes y de ser un aparato que cuesta más de mil

EL INAI instruyó al Consejo buscar bien los documentos en que se sustentan los cambios a los estatutos del centro de investigación

MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel.lino@losintangibles.com

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) instruyó a Conacyt que vuelva a buscar los documentos que millones de pesos al año, y no hacen su trabajo. certifiquen que el Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) conoció y aprobó las modificaciones al Estatuto General de dicho Centro discutidas por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2022. En especial señaló que se debe buscar en la Dirección General y en la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Pero López Obrador no estuvo solo en vetar una decisión de su partido, pues el senador panista Damián Zepeda apoyó su moción, por que los elegidos no contaban con la calificación para serlo, sobre todo tratándose de un órgano autónomo e independiente que debe garantizar la transparencia y el acceso a la información.

La instrucción, emitida por la comisionada Julieta del Río, se debe a que, como respuesta a una solicitud de transparencia sobre los mencionados documentos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología asegurando que “realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos, tanto físicas como digitales, sin localizar información”.

Del Río señala que, de acuerdo con su

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ jcrodriguez@ejecentral.com.mx

Las finanzas de las universidades públicas y la utilización de los impuestos por parte de estados y municipios serán investigadas con lupa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la próxima revisión de la cuenta pública.

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 — cuarto año de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador— la ASF tiene agendadas 10 auditorías forenses, es decir, aquellas pesquisas en las que el órgano fiscalizador tiene indicios de colusión para el desvío de recursos públicos.

Las universidades autónomas de Querétaro, de Sinaloa y de Tamaulipas serán sometidas a auditorías forenses, en las que se analizarán las nóminas de los trabajadores financiadas con recursos del gasto federalizado de 2022, incluidas las participaciones federales.

Desde 2013, primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las instituciones públicas de educación superior están bajo el escrutinio de la ASF, pues han formado parte de un esquema delictivo en los que se simulaban obras y servicios para el desvío de recursos que presuntamente eran orientados a actividades proselitistas.

Las participaciones federales —recursos provenientes de la recaudación de impuestos que el gobierno central distribuye a estados y municipios— también serán sometidas a investigaciones especiales por la ASF.

Los municipios de Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, estado de México, y Solidaridad, Quintana Roo, así como el gobierno de Durango (este último en manos del PRI), también serán sujetos a auditorías forenses.

En todos los casos, la ASF revisará los contratos suscritos por los gobiernos locales y que han sido financiados con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2022, incluidas las participaciones federales.

En la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al tercer año de gobierno de López Obrador, las mayores anomalías en la administración pública federal fueron justamente las participaciones federales, con 21 mil 151.3 millones de pesos que se gastaron al margen de la normatividad fiscal.

Dicho monto equivale a la tercera parte de los 61 mil 840.3 millones de pesos que, de manera conjunta, quedaron pendientes de solventar en toda la administración pública en 2021.

análisis, “se advierte que el Conacyt no turnó la solicitud a la totalidad de unidades administrativas competentes, pues omitió hacerla de conocimiento de la Dirección General”, la cual tiene “atribuciones para pronunciarse sobre la solicitud”, ni a la Unidad de Asuntos Jurídicos.

En la Asamblea General del 16 de diciembre de 2022, se hicieron modificaciones al Estatuto General del CIDE, por un lado para eliminar al Instituto Nacional Electoral de su Consejo Directivo y sobre todo para quitar poder de decisión al Consejo Académico, que es el máximo órgano colegiado del Centro con la capacidad de aprobar o no propuestas del director general.

Cabe añadir que Conacyt tampoco ha dado a conocer el acta de la Asamblea General del 29 de noviembre de 2021, en la que se ratificó al actual director general, José Antonio Romero Tellaeche.

Dato

Uno de los cambios a los estatutos del CIDE le resta poder de decisión al Consejo Académico.

“Decidí exponer este recurso contra el Conacyt porque la institución que define, articula y coordina las estrategias y las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país, es un sujeto obligado en materia de transparencia, y no puede estar exenta de sus obligaciones correspondientes”, escribió Del Río en su ponencia.

Gente Detr S Del Dinero

Mauricio Flores

@mfloresarellano

Economista especializado en mercados bursátiles; colaborador en medios impresos, radio y televisión.

Hacienda, rascando el fondo de la cazuela

Mérida, Yucatán.- La decisión del gobierno federal de cancelar las cuentas oficiales de depósito en efectivo en la banca comercial, además de una necesaria reorganización en los procedimientos administrativos de secretarías de Estado y entidades centralizadas y descentralizadas, tiene como objetivo fundamental obtener desde la Tesorería de la Federación, a cargo de Elvira Concheiro, los rendimientos que minuto a minuto generan miles de millones de pesos que “sudan” a su favor las instituciones privadas: la razón de ello responde al estrés financiero que padecen las finanzas públicas por el aumento de las tasas de interés de referencia a una velocidad históricamente elevada que implican la exigencia de pagar más de 1.4 billones de pesos por servicio de deuda pública en 2023.

La Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, tiene ante sí la presión extrema de pago de intereses de la deuda pública nacional e internacional que pasó en 26 meses de 4% a 11% anual y que podría seguir adelante dadas las presiones inflacionarias presentes en México y el continente americano, pese a que las crisis financieras de diversos bancos comerciales en EU y Europa obligue a los bancos centrales tomar con más calma la política monetaria de encarecer el crédito para contener la demanda y con ello la circulación de dinero.

Entonces, si Hacienda y la Tesorería, en lugar de recibir depósitos en la banca comercial donde el dinero se queda esperando para su retiro de uno a cuatro días (y a veces meses), lo recibe en directo, podría obtener los rendimientos de las operaciones en los mercados de divisas y de dinero que realizan las instituciones agrupadas en la Asociación de Bancos de México que ahora lidera Julio Carranza.

Y así como sucede con los depósitos en ventanilla bancaria, la SHCP busca todas las eficiencias posibles en todas las áreas posibles de la administración pública, porque el hecho que el crecimiento del pago de deuda “ahorca” los desembolsos multimillonarios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se planteó este año en gasto social (1.1 billones de pesos) y obras de infraestructura entre las que destacan sus proyectos emblemáticos (1.2 billones de pesos) como estrategia anticíclica de impulso económico previo a las decisivas elecciones en el Estado de México y Coahuila de 2023 con ruta a las elecciones presidenciales 2024.

BANCOS NI SUDAN NI SE ACONGOJAN… POR AHORA

Los diversos directivos financieros con quienes conversó este columnista en el marco de la 86 Convención Bancaria coincidieron en apuntar que la cancelación de cientos, tal vez miles de cuentas antiguas de las instancias del gobierno federal en sus más de 11 mil sucursales comerciales, es una medida necesaria de reordenamiento gubernamental que servirá incluso para atajar prácticas de corrupción. Lo que no está todavía claro es lo que sucederá después, si la Tesofe reactivara cuentas de depósito suficientes para la captación de pagos de servicios e impuestos terminado el mes de marzo.

Debido al estrés presupuestal del gobierno federal es improbable que la SCHP y Tesorería decidan anular sus convenios con la banca privada y opten por hacerlo me diante las contadas sucursales de Banco del Bienestar, que dirige Víctor Manuel Lamoyi; el colapso no sería para el sistema bancario comercial, sino para la cobranza y siste ma de pagos gubernamental.

La narrativa de López Obrador y Concheiro para justificar la cancelación de esas cuentas era predecible: banca chupasangre vividora, parasitaria, agiotista. Nada nuevo. Así, nuevamente, una medida que resulta racional en tiempos aciagos de altas tasas de interés e inflación, fue “adornada” por los epítetos que la 4T acostumbra para generar una polarización con tilde electoral.