Persiste el abandono y la indiferencia hacia las víctimas

JONATHAN NÁCAR jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Frente a un escenario donde la atención y los apoyos del gobierno hacia los familiares de las víctimas de desaparición va en retroceso y en muchos casos ha quedado en el olvido; donde la Comisión encargada de atender a las víctimas en realidad litiga en contra de ellas; y ante la falta de políticas públicas en prevención y reparación del año, la solidaridad ciudadana es la que está rebasando a las instituciones políticas para realmente resarcir a las víctimas.

Productoras indígenas de café orgánico de Chiapas, conformadas en su mayoría por mujeres con historias de lucha, colaboran estrechamente con colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas en el norte del país, compartiendo objetivos: fortalecer la producción y comercio de las cooperativas indígenas, y mantener el acompañamiento de las víctimas a fin de que puedan “reconstruir proyectos de vida”. Se llama un “café con causa”, y son simplemente “lazos de solidaridad”.

“Se han establecido lazos de solidaridad, no solamente entre las productoras (de café) y los colectivos (de búsqueda) sino además con mucha gente que se ha sumado a la idea misma de crecer a través de ejercicios de comercio solidario que se pueden aplicar a temas de derechos humanos, de carácter social. Y en el camino nos hemos topado con mucha gente que ha querido colaborar, lo cual es una buena señal”, destacó Michael Chamberlin, presidente de la consultora.

Pero la inexistencia de criterios claros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre reparaciones y compensación ha derivado en una tendencia de litigios contra las víctimas. Esto evidencia el retroceso en el país en su atención y la reparación integral de los daños, y ante la ausencia de políticas públicas con una perspectiva que busque una verdadera “justicia restaurativa”, aseveró Michael Chamberlin, presidente de la consultora Solidaridad.

Esa ha sido la labor de la consultora

Solidaridad, que en 2022 como su primer año de operaciones acompañaron nueve casos con asesoría y defensa jurídica de familiares de víctimas en temas de reparaciones y acciones legales ante la CEAV, y en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, lo que significó 92 víctimas beneficiarias.

La ayuda que no llega

Con la eliminación del fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral la relación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha vuelto más una “traba burocrática” para que los familiares de las víctimas cuenten con los apoyos que antes recibían.

Michael Chamberlin lamentó que la relación de Solidaridad con la CEAV fue a través de jueces de amparo, debido a la ausencia de reuniones y acuerdos para establecer criterios adecuados a la jurisprudencia internacional para la entrega de apoyos. “Ha habido una falta persistente de establecer estos criterios, entonces, todo el tiempo (la CEAV) está litigando contra las víctimas y dan compensaciones a ojo de buen cubero, del tamaño del sapo es la pedrada. Hay mucho malestar entre las víctimas, mucha indignación por el maltrato; no hay una política consistente que ponga a las víctimas en el centro, más allá de la retórica y de lo que se vive en el día a día desafortunadamente”, explicó.

La inexistencia de criterios claros de la CEAV sobre reparaciones ha derivado en una tendencia de litigios contra las víctimas.

Los retos ante la indiferencia

Como parte del acompañamiento legal en el que se involucran temas de capacitación y seguimiento de casos a nivel de asesoría, en busca de fortalecer las capacidades organizativas de los colectivos de búsqueda, la consultora Solidaridad ha constatado el “abandono y la indiferencia total hacia las víctimas” .

Además de las deficiencias que persisten en la CEAV, Michael Chamberlin señala cómo es que la falta de avances en los casos de desaparición en el país se debe en buena medida por las deficiencias en la forma de operar de autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en la que además advirtió sobre la impresión de que “hay una negativa sistemática a tocar las estructuras criminales que están detrás de estas atrocidades”.

Al respecto criticó: “Si uno mira ya de cerca cómo opera la Fiscalía General, la fiscalía de desaparición forzada de la FGR, pues uno se da cuenta que no tienen ningún interés por hacer un trabajo más profesional”.

Dentro de un contexto en el que la histórica visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a México advirtió una percepción de impunidad respecto a este tipo de delitos y la ausencia sistemática de una política pública que se enfoque en prevenir estos crímenes, Chamberlin recalcó que mientras lo anterior no se cumpla “seguimos contando desapariciones y ejecuciones todos los días, y no hay una política consistente que esté enfocada a evitarlo”.

Sobre este punto subrayó que “no basta que haya dinero, hacen falta más políticas consistentes, claras al respecto”, y en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda apuntó que además de estar más enfocada en la identificación forense por encima de la búsqueda en vida, tampoco ha resuelto el registro público de las desapariciones.

“Hay la necesidad desde la ley, por ejemplo, de fortalecer los grupos especializados de búsqueda y esto no se ha hecho, se ha enfocado insisto sólo en la parte de identificación forense. Es importante, pero es insuficiente (…) Más allá del dinero se necesita una política mucho más integral, profesional en términos de lo que la ley le dice a la Comisión Nacional de Búsqueda, y eso no se construyó ante la exigencia de las víctimas, pues sí parece que lo mejor es evitar discutir y hablar con ellas porque no hay una respuesta”.

Para continuar con este litigio estratégico, tienen el respaldo de tres cooperativas de productores indígenas en Chiapas de “café orgánico de altura, de calidad de exportación”, que en una sinergia permite no sólo atender a las víctimas sino impulsar los productos de estas madres solteras en su mayoría.

Tanto para solventar parte de los gastos y asesoría jurídica en el acompañamiento de las víctimas, y a pesar de la necesidad de ampliar esta activación social, Chamberlin sostuvo que el ejercicio ha valido la pena por los puentes comunitarios que ha generado, además de que “nos complementa en nuestra visión de ser un espacio de encuentro y solidaridad, de crear pretextos para la solidaridad”.