Tribunal Popular sobre la Deuda externa en España y las luchas por la abolición de la deuda by Daniel Roda

¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?

El Tribunal Popular sobre la Deuda Externa en el Estado español y las luchas

por la abolición de la

deuda externa

Campaña ¿Quién debe a quién?

Imprenta: Ilustración de portada: Isidro Jiménez

Con el apoyo de la

Universidad Complutense de Madrid

COPYLEFT: El contenido de este cuaderno puede ser distribuido, copiado y/o extractado libremente siempre que se haga referencia a la fuente y los trabajos que pudieran derivarse de él estén bajo estos mismos términos de licencia.

A David Luque nos vemos en las calles, en los barrios, como siempre, como cada dĂa, nos sirve tu sendero compaĂąero.

Contenido Introducción 1.

deuda externa de los países empobrecidos

1.1. ¿Qué 1.2. La

es la deuda externa?

créditos del

1.2.2. Los

créditos

Fondo

FAD

deuda comercial

1.2.4. La

situación actual

1.3.1. El

frente a la deuda

contexto global

1.3.2. Aliviadores

y abolicionistas

contexto español

1.3.4. La

deuda es global:

Frente

2.1. ¿Qué

Tribunales Internacionales

2.3.3. Crónica

3.1.1. La

de los de

Pueblos 33

Opinión

para juzgar la

del tribunal y debate político

del tribunal

Opinión? 32

qué un tribunal sobre deuda externa?

2.3.2. Organización

3.1. Deuda

debe a quién?

a la deuda externa: justicia popular

2.3. El Tribunal Internacional ñol 37

Deuda

¿quién

2.2. El Tribunal Permanente

y retos 28

son los

2.3.1. ¿Por

Desarrollo 10

1.3.3. El

1.3.5. Impactos

español 9

1.2.3. La

1.3. Movilizaciones

Ayuda

Estado

como instrumento para la internacionalización de la economía y

de la política exterior

deuda externa contraída con el

1.2.1. Los

Deuda Externa

37 38

ilegítima, deuda ecológica y deuda social ilegítima

deuda externa: injusta, inmoral e ilegítima

en el

Estado

espa-

3.1.2. Legalidad 3.1.3. Más 3.1.4. Las

e ilegitimidad: deuda odiosa

allá de los tribunales

ecológica

3.2.1. Concepto

deuda del carbono

68 70

3.2.5. Pasivos

ambientales

3.2.6. Pérdida

de soberanía alimentaria

72 74

externa, deuda social y transnacionales en

3.3.1. Introducción 3.3.2. El

comercio de residuos

3.3. Deuda

América Latina

concepto de deuda social

social y deuda externa 77

3.3.4. Cómo

se convierte la deuda externa en relación de poder.

representativo

de un caso

transnacionales de origen español en el caso argentino 87

3.3.7. Homogeneidad 3.3.8. Consecuencias

3.3.9. Conclusiones 96 Veredicto 98

Glosario 104

Anexo 2: Para

condición para

del endeudamiento externo para la vida de los pueblos: evidencias de

la deuda social asociada

Anexo 1: Miembros

América Latina: región 87

del proceso de deuda externa en

una comprensión de la deuda social de la

Estudio

papel de las transnacionales en el endeudamiento argentino

3.3.6. Las

3.3.3. Deuda

3.3.5. El

de deuda ecológica

3.2.3. Biopiratería 3.2.4. El

auditorías como instrumento para valorar la legitimidad

3.2. Deuda

3.2.2. La

del tribunal

más información

106 108

Introducción Del 21 al 23 de octubre de 2005 se celebró en Madrid, en el contexto de la campaña “¿Quién debe a quién?”, un Tribunal de Opinión para juzgar el proceso de endeudamiento de los países empobrecidos, haciendo especial hincapié en la deuda contraída con el Estado español. Fueron dos días de debate intenso, de propuestas y denuncias, precedidos por un largo trabajo de concienciación y de difusión del Tribunal popular. La condena ética con la que concluyó el Tribunal tuvo un alto valor simbólico para quienes, en el Norte y en el Sur, hemos defendido la ilegitimidad de la deuda externa. Precisamente porque nos parecía imprescindible que no se acallara el eco de las múltiples voces de la Periferia y el Centro que se escucharon en el Tribunal, se evidenció pronto la necesidad de que quedara algún testimonio concreto de aquellos tres días. El objetivo de este cuaderno es recoger algunos de los materiales, reflexiones y declaraciones del Tribunal. Hemos querido, sin embargo, que el texto no se limitara a ser una mera reproducción de aquel acto. Por ello, junto a los materiales específicos dedicados al Tribunal, se incluyen análisis sobre la cuestión de la deuda externa y sus implicaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas. Dada la naturaleza del Tribunal, hemos querido prestar especial atención a la deuda externa contraída con el Estado español, lo que nos ha permitido asimismo detenernos en el papel que desempeñan las transnacionales de capital español en América Latina. Uno de los argumentos más repetidos en el Tribunal fue la consideración de que la deuda no sólo era impagable y tenía efectos desastrosos sobre las poblaciones de los países empobrecidos sino que, desde una perspectiva más amplia que la meramente financiera, la deuda era ilegítima. La pregunta “¿Quién debe a quién?”, con ésta o semejantes formulaciones, sonó con fuerza en muchas de las intervenciones de aquellos días y está asimismo muy presente en estas páginas que ahora presentamos. Si los países acreedores del Centro reclaman una deuda financiera, los países empobrecidos pueden exigir asimismo, y con mayor legitimidad, una deuda social e histórica así como una deuda ecológica a sus supuestos acreedores. Desde esta perspectiva, la existencia de una deuda ecológica,

social e histórica implica el derecho de los países empobrecidos a la restitución de los recursos que les han sido arrebatados, una reclamación que fue recordada repetidas veces en el Tribunal. Desde este punto de vista, se comprende que la solución que se plantee en estas páginas sea la abolición y no el perdón parcial de la deuda o su renegociación. Si se analiza con detenimiento el proceso de endeudamiento de los países empobrecidos, se constata la legitimidad del no pago por parte de los pueblos de la Periferia (“no debemos, no pagamos”) y la abolición como única respuesta digna por parte de los presuntos acreedores. Habrá quien tache esta propuesta de irrealizable. Sin embargo, tanto las conclusiones del Tribunal como los años de investigación y reivindicación en torno a este problema nos han llevado al convencimiento de que sólo cabe una solución que plantee un cambio de estructuras y que no deje intactas las relaciones de poder (relaciones en las que difícilmente se puede obviar el papel que ha desempeñado la deuda externa como herramienta de control político por parte de los países del Centro y las grandes empresas trasnacionales). Tanto el veredicto del Tribunal como los estudios de este cuaderno plantean una condena ética no sólo de la deuda externa, sino del capitalismo como un sistema inhumano de explotación y exclusión social. El cuaderno que tienes en las manos ha sido fruto de un trabajo colectivo, nacido de la red ¿Quién debe a quién?. Esperemos que este cuaderno sirva para la reflexión personal y colectiva (una reflexión que no es sólo económica sino también, y sobre todo, ética y política). Pero sobre todo, que sea un instrumento para la acción, porque, desgraciadamente, la deuda externa sigue siendo una cuestión nada secundaria para gran parte de la población mundial y porque siguen intactas las estructuras de poder que mantienen las relaciones desiguales entre Centro y Periferia. En ese sentido, este cuaderno, más que ser una memoria del pasado, quiere mirar hacia nuestro presente y hacia otros futuros posibles.

1. La deuda externa de los países empobrecidos 1.1. ¿Qué es la deuda externa? En términos generales, la deuda externa es el dinero que los países de la Periferia1 deben a los bancos, a los países del Centro y a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) –fundamentalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los bancos regionales- como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los que no pueden hacer frente en la actualidad. El origen de esta deuda se remonta, en su mayor parte, a los años 70 del siglo pasado. En ese momento, debido a la coyuntura económica internacional (especialmente, por la aparición de los petrodólares y la crisis financiera de los EE.UU), los bancos de los países del Centro comenzaron a conceder masivamente préstamos a los países eufemísticamente llamados “en vías de desarrollo”. Con unos tipos de interés que no dejaban de crecer y sumergidos en una crisis económica que se reveló de alcance internacional, los países deudores se vieron ante la imposibilidad de pagar una deuda considerablemente aumentada por los intereses, lo que desembocó en la denominada crisis de la deuda en agosto de 1982, cuando México se declaró insolvente, una declaración a la que seguirían las de otros países. Este problema fue abordado por los países enriquecidos únicamente como un problema de liquidez, por lo que concedieron nuevos préstamos que, supuestamente, servirían para atajar la crisis. Desde entonces, la deuda de los países empobrecidos (la suma de la amortización del capital más los intereses) no ha dejado de crecer, a pesar de que estos países han ido cumpliendo con sus obligaciones. Así, se da la paradoja de que, por mucho que paguen, el montante de la deuda no disminuye. Si comparamos los datos de 2005 del Banco Mundial (BM) sobre la deuda externa con la deuda de la que había constancia en 1982, vemos que, en 2005, era más de cuatro veces mayor. Este incremento constante se debe fundamentalmente a los dos factores ya mencionados.

1 En adelante, nos referiremos, siempre en mayúscula, a la Periferia para designar a los países empobrecidos (también llamados

genéricamente países del Sur) y al Centro para nombrar a los países ricos (o países del Norte, según una denominación muy extendida).

Por un lado, el aumento de los intereses que los países deudores se ven obligados a pagar. Por otro, el hecho de que los países de la Periferia se ven en la necesidad de solicitar nuevos préstamos para continuar pagando la deuda: de esta forma, la propia deuda externa genera más deuda. Según los datos del BM, en 2005 la deuda externa total de los países empobrecidos ascendía a casi 2,8 billones de dólares estadounidenses2. De esta cantidad, 2,2 billones corresponden a deuda a largo plazo (un plazo superior a un año), que se divide en tres categorías: deuda bilateral, deuda multilateral y deuda privada. La deuda bilateral es aquélla reclamada por los países del Centro que se origina fundamentalmente a partir de dos mecanismos: por una parte, los créditos a la exportación en condiciones más favorables que las del mercado (créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), en el caso español). Por otro lado, las operaciones de exportación con cobertura por cuenta del Estado (en el caso español, a través de CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Dicha deuda representaba, en 2005, un 18% de la deuda a largo plazo, con un valor nominal de 389.676 millones de dólares. Por tanto, aún siendo bilateral (es decir, una deuda entre estados) su origen está vinculado a facilitar operaciones de las empresas de los países enriquecidos. La deuda multilateral es aquella concedida por las IFIs (Fondo Monetario Internacional-FMI-, Banco Mundial –BM- y bancos regionales) y que, en 2005, ascendía a 381.865 millones de dólares. Dicha deuda representó el 17% de la deuda a largo plazo en 2005. Después de la crisis del 82, ésta es la única fuente de financiación a la que pueden acceder muchos países deudores. Por último la deuda privada es la que procede de los mercados financieros, sobre todo de la banca internacional. Esta deuda ha ido ganando peso relativo en los últimos años y, en 2005, representaba ya el 65% de la deuda a largo plazo, con un valor nominal de 1.422.917 millones de dólares. En la actualidad existe una progresiva traslación de 2 Banco Mundial, Global Development Finance. World Bank, 2006.

la deuda privada de la banca a los mercados financieros, mediante la venta de deuda externa en el mercado bursátil. Desde el punto de vista de los acreedores, la deuda externa representa una cifra absoluta que los deudores han de hacer efectiva en un plazo de tiempo determinado. Desde esta perspectiva, el hecho de que la deuda aún no se haya saldado se ha visto únicamente, como hemos señalado, como un problema de liquidez en las cuentas de los países deudores y no como un problema estructural, al que no son ajenas las desiguales relaciones de poder entre los países del Centro y la Periferia. En cambio, para los países El pago de la deuda ha incentivado deudores, hacer frente a las exigencias de la explotación indiscriminada los pagos de la deuda supone un esfuerzo de los recursos naturales. La financiero extraordinario, ya que sus sobreexplotación de sus recursos economías son cada vez más débiles y es una de las pocas formas que dependientes de los capitales extranjeros. tienen estos países para hacerse Sin embargo, lo más grave para muchos con suficientes divisas que, en países es el hecho de que el pago de la un corto plazo, les permitan ir deuda supone la imposibilidad de invertir pagando el servicio de una deuda recursos en necesidades esenciales de la que no para de crecer. población como la seguridad alimentaria, la potabilización del agua, la salud, la vivienda, la educación,… Según datos de 2005 del Banco Mundial, el porcentaje del PIB que Camerún invertía en pagar la deuda triplicaba el presupuesto dedicado a la salud pública. Asimismo, Zambia, el país con el nivel más alto de infecciones de SIDA del mundo, por cada dólar que destinaba a la sanidad, gastaba más de dos dólares en pagar su deuda (países como Senegal, Nicaragua, Honduras, Gambia, Mauritania y Bolivia dedicaban también más dinero al servicio de la deuda que a la salud de su población3 ). Por otro lado, el pago de la deuda ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales. La sobreexplotación de sus recursos es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas que, en un corto plazo, les permitan ir pagando el servicio de una deuda que no para de crecer. Este hecho, como es de suponer, ha afectado y está afectando gravemente a la sostenibilidad de los recursos del planeta. 3 www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/7803/061009_50pobreza.pdf.

Asimismo, es muy importante no olvidar que muchos de los países que hoy afrontan grandes deudas tenían, en el momento de contraerlas, gobiernos dictatoriales o sólo formalmente democráticos. Con harta frecuencia, los dictadores desviaron los créditos prestados para la compra de armas, con el fin de silenciar las protestas civiles. Tampoco fue infrecuente que los créditos sirvieran para la compra de bienes de lujo o para hacer obras faraónicas que pretendían ensalzar la figura del líder y que no reportaron ningún beneficio a la población. Incluso algunos de estos fondos nunca llegaron al país, ya que los gobernantes depositaron el dinero en sus propias cuentas corrientes en paraísos fiscales. Sobre la deuda contraída por gobiernos no democráticos, acerca del problema de la deuda externa desde la perspectiva de los países de la Periferia, sobre las consecuencias para sus poblaciones y para el medio ambiente, así como sobre la ilegitimidad de la deuda externa, hablaremos en los siguientes capítulos de este informe.

1.2. La deuda externa contraída con el Estado español En la primera mitad de la década de los 70 nos encontramos en un período de fuerte crecimiento de la economía española (en torno al 8% anual). Es entonces cuando empiezan a producirse operaciones de crédito a la exportación con el respaldo de algunos de los bancos más importantes del país. El Banco Exterior de España, por entonces un banco estatal especializado en operaciones con el exterior, desempeñó un destacado papel en el fomento de la exportación española. Además la aseguradora oficial, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), aparece en escena como garante de este tipo de operaciones en 1972, si bien su actividad se intensificará más adelante, en los 80. Por otra parte, en 1977, nace el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Resulta paradójico que dicho instrumento naciese bastante tiempo antes de que el Estado español pasase a ser considerado país desarrollado (consideración que no recibirá, por parte del Banco Mundial, hasta 1981, y hasta 1985, por parte del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE, Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico).

Surgen así los dos instrumentos de creación de deuda bilateral de los países empobrecidos con el Estado español.

1.2.1. Los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo La utilización del FAD en los primeros años fue muy reducida. Sin embargo, su importancia fue creciendo paulatinamente. Así, en 1977, fueron concedidos préstamos, por este medio, por un importe total de 32,5 millones de euros. El importe de los préstamos fue creciendo durante los 80 hasta alcanzar un máximo histórico, de 658,6 millones de euros, en 1991. Desde entonces, y hasta 1998 (464,20 millones de euros) hubo un suave descenso en las concesiones. A partir de 1999 vuelve a crecer, de nuevo, gradualmente su uso, como mecanismo de ayuda a la internacionalización de la economía española. Así, en el año 2002, se otorgan 612,36 millones de euros; 615,65 millones en el 2003; 602,05 millones en el 2004 y 641,11 millones de euros en el 2005. A partir del 2006 este instrumento vive una explosión, ya que el Consejo de Ministros aprueba 1.452,35 millones de euros. La Ley de Presupuestos del 2007 recoge que el Consejo de Ministros puede aprobar operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo por un importe de hasta casi 1.505 millones de euros, mientras que la Ley de Presupuestos para el 2008 prevé que esta cifra aumente hasta más de 2.530 millones de euros. Esto significa un aumento de casi el 280% desde el inicio de la última legislatura en 2004. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como organismo financiero público del Estado español, es el responsable de hacer efectivos los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) aprobados por el Consejo de Ministros. Los créditos FAD son considerados como un instrumento de la política española de cooperación para el desarrollo porque se otorgan en unas condiciones más favorables que las de mercado financiero: tipo de interés más bajos, plazos de devolución del capital prolongados (hasta 30 años) y períodos de gracia (período trascurrido hasta que se empieza a devolver el capital principal) de entre tres y diez años de duración. Estos créditos tienen una parte de donación (un mínimo del 35%, hasta llegar al 50% a países más empobrecidos).

Se trata, por lo tanto, de financiación de carácter concesional, que se llega a considerar Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)4 . Para que se puedan computar como AOD, los créditos FAD deben financiar proyectos no rentables en condiciones reales de mercado y, teóricamente, deben de estar orientados hacia el desarrollo de los países empobrecidos.

1.2.2. Los créditos FAD como instrumento para la internacionalización de la economía y de la política exterior

Señalábamos en el apartado anterior que los créditos FAD son, oficialmente, un instrumento de cooperación de la política española. Sin embargo, a poco que profundicemos en su naturaleza, nos damos cuenta de que dichos créditos son a la vez (y sobre todo) un instrumento de internacionalización de las empresas Los créditos FAD no son el españolas. La razón fundamental es que instrumento más adecuado para su entrega se condiciona a la compra de luchar contra la pobreza ya que bienes y servicios españoles. Su carácter incrementan la dependencia condicional hace que el país receptor financiera de los países deudores. carezca de libertad de contratación para Lejos de solucionar el problema, los la ejecución de los proyectos, para los FAD incrementan la insostenibilidad cuales no puede, por ejemplo, contratar de la deuda externa, sobre todo a empresas locales. Por si fuera poco, en países de renta baja altamente está comprobado que la utilización de endeudados. ayuda ligada acaba incrementando los costes comerciales de estas operaciones, sin ningún tipo de garantía sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de las mismas. Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la ayuda ligada reduce el valor de la asistencia entre un 11 y un 30% y las operaciones que comportan este tipo de condicionalidades son, en términos medios, un 40% más caras que las no ligadas. Por otra parte los créditos FAD también son usados,

4 En efecto, estos fondos supusieron, en la segunda mitad de los 80, en torno a los dos tercios de la AOD. En los 90 esta proporción

decreció pero ello se debió más a la propia inercia del instrumento que a una voluntad política deliberada. De hecho, a partir del 2000, comienza de nuevo un aumento de los FAD que se contabilizan como AOD. En 2003 más de un tercio de los créditos FAD se incluyen dentro de la AOD.

en ocasiones, como un instrumento de la política exterior española (véase el recuadro 1 sobre Turquía). En definitiva, los créditos FAD no son el instrumento más adecuado para luchar contra la pobreza ya que incrementan la dependencia financiera de los países deudores. Lejos de solucionar el problema, los FAD incrementan la insostenibilidad de la deuda externa, sobre todo en países de renta baja altamente endeudados. Paradójicamente, la Ayuda Oficial al Desarrollo acaba generando más deuda, al otorgarse buena parte de sus fondos no en forma de donaciones sino de créditos (por RECUADRO 1 Un ejemplo de crédito FAD: el crédito otorgado a Turquía en los preámbulos de la segunda guerra del Golfo. “El 17 de enero de 2003 el Consejo de Ministros autorizó la concesión de un crédito por un importe total de 161,27 millones de euros a la República de Turquía. Éste es el mayor crédito otorgado por un gobierno español con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) desde la creación de este mecanismo. Las condiciones financieras eran muy favorables: 34 años de plazo total de amortización, incluyendo 13 años de gracia a un tipo de interés anual del 0,2 % y con vencimientos semestrales. El crédito se tenía que destinar a financiar el proyecto de rehabilitación de la línea férrea entre Ankara y Estambul a realizar por el grupo español OHL, en consorcio con el holding turco Alarko. Los trabajos proyectados incluían el diseño y la ejecución de las obras para mejorar la línea férrea en un tramo de 260 kilómetros del total. También se llevarían a cabo los trabajos de señalización, electrificación y telecomunicación, con el objetivo de adecuar la línea a trenes de alta velocidad, además de mejoras en diversas estaciones del recorrido y la construcción de pasos elevados para vehículos y peatones. Responsables de la Secretaría de Estado de Comercio justificaron la cuantía del crédito aprobado por la envergadura del proyecto. No obstante, es preocupante que el crédito de más envergadura de la historia del FAD se otorgara a un país de renta media muy bien situado desde el punto de vista geoestratégico, en un momento internacional altamente delicado. Cabe recordar que cuando se tomó esta decisión los países

limítrofes con Irak estaban definiendo su oposición respecto a la guerra de invasión que estaban planeando los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Si bien ya es alarmante que se utilicen este tipo de créditos, que luego contabilizan como AOD, para financiar macro proyectos ferroviarios para futuros trenes de alta velocidad, más pudiera serlo el hecho de que se utilizara este instrumento como “arma” de presión política, en función de injustificados intereses belicistas. Sin poder demostrar que, efectivamente, el gobierno español quiso usar este crédito como instrumento de presión para que Ankara aceptara el paso de las tropas norteamericanas por territorio turco, el monto y momento del proyecto así lo insinúan.” Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización, Informe sobre la deuda externa en el Estado Español, Icaria, 2004, págs. 20-21.

más que sean créditos “blandos”, como los FAD). Por si fuera poco, estos fondos priorizan los intereses políticos y económicos del donante: así, se invierte en sectores que no son prioritarios para el desarrollo social y humano de las poblaciones más empobrecidas (cuando no se trata de inversiones que no sólo no benefician a la población más pobre, sino que asimismo conllevan graves repercusiones sociales y ambientales).

1.2.3. La deuda comercial

RECUADRO 2 La CESCE y la empresa CELGUSA en Guatemala. “Desde inicios de los años 80 el Estado español mantenía un contencioso con Guatemala, a raíz de un crédito de 180 millones de dólares concedido, entre otros, por la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE). Aunque se desconocen cuáles fueron las empresas españolas que salieron

beneficiadas de esta operación, sí se sabe que el préstamo sirvió para la construcción de una planta de papel en El Rancho, departamento de El Progreso, en Guatemala. Dicha planta, Celulosas de Guatemala, SA (CELGUSA), se declaró en quiebra a las pocas semanas de entrar en funcionamiento debido a falta de materia prima y a presuntas inconveniencias ambientales. Pese a ello, el Estado español exigió que fuese el Estado guatemalteco quien asumiese el pago de ese crédito, cosa a la que el país centroamericano siempre se negó por entender que el proyecto no se había desarrollado con el rigor técnico necesario para una planta de esas características. Con el paso del tiempo la suma de dicho impago ascendió a un importe de 637,5 millones de dólares por los intereses acumulados. Para solucionar dicho conflicto en el año 2001 se realizó una operación de cancelación de deuda a tres bandas. Mediante un mero apunte contable el Estado español se hizo acreedor de una deuda de 506 millones de dólares, que Nicaragua había adquirido con Guatemala, a cambio de cancelar por un importe similar la deuda comercial del caso CELGUSA. El gobierno guatemalteco también aceptó que los 131 millones y medio de dólares restantes fueran devueltos con lo que se obtuviera de la venta de dicha empresa en los mercados internacionales.La posible venta de dicha planta a capital extranjero es presentada por la administración guatemalteca como una operación que reportará grandes efectos de estímulo a su economía, entre los que cabe mencionar el desarrollo del sector forestal, la creación de puestos de trabajo, la posibilidad de reducción de su balanza comercial al poder abastecer al mercado de la región…. Sin embargo, al igual que en el momento de su construcción hace ya 20 años, la posibilidad de que dicha planta pueda entrar en funcionamiento está recibiendo una fuerte oposición de organizaciones medioambientales por el daño que podría producir, tanto por la deforestación de bosques tropicales de la región para hacerse con la celulosa de los árboles como por la contaminación de los acuíferos, que se originaría en el momento del blanqueamiento de la planta de papel.” Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización, Informe sobre la deuda externa en el Estado Español, Icaria, 2004, págs. 20-21.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) es la encargada de asegurar a las empresas españolas que realizan negocios en el exterior contra posibles impagos. De esa forma, cuando se produce un impago, la deuda que hubiera sido contraída con una entidad privada pasa a ser una deuda bilateral con el Estado Español. La CESCE recibe cada año un límite de contratación con cargo al Estado, fijado por la Ley de Presupuestos. La CESCE está recibiendo en la actualidad numerosos pagos de indemnizaciones atrasadas, algunas de las cuales se remontan a muchos años atrás. El motivo es que los países empobrecidos están haciendo grandes esfuerzos por ir pagando sus deudas y convertirse en deudores medianamente solventes, aunque ello sea a costa del fortalecimiento a largo plazo de sus débiles economías y de las necesidades básicas de sus poblaciones más vulnerables. Las fases de fuerte crecimiento económico en que se encuentran algunos de los mayores deudores españoles (fundamentalmente, asiáticos y latinoamericanos) también explican ese fuerte incremento de las devoluciones.

1.2.4. La situación actual Según el Ministerio de Economía y Hacienda, a finales de 2006, el total de la deuda bilateral oficial que los países de la Periferia tenían contraída con el Estado español ascendía a 9.587 millones de euros. De ésta, aproximadamente el 50% (4.786 millones de euros) es lo que conocemos como deuda y el otro 42% (4.919 millones de euros) se genera por los fallidos indemnizados5 por la CESCE. El 8% restante (793 millones de euros) corresponde a otras deudas. De esta manera, se ha roto una tendencia histórica: habitualmente, la deuda comercial o CESCE tenía más peso que la deuda AOD o FAD. Este cambio de tendencia se explica, en parte, por la reducción de los impagos comerciales debidos al aumento del precio del petróleo. Al mismo tiempo, los países más empobrecidos 5 Es decir, la deuda procedente del dinero que reciben las empresas españolas, aseguradas por CESCE, cuando se producen impagos

en sus actividades económicas en países de la Periferia. De esta manera, una deuda privada se convierte en una deuda pública.

han continuado nutriéndose de deuda AOD. Por otra parte y, a partir del año 2001, la deuda que tienen estos países con el Estado español está descendiendo. Este descenso se explica más por la depreciación del dólar respecto al euro que por la cancelación efectiva de deuda que ha habido en estos últimos tres años. En efecto, la mayoría de la deuda

E voluc ión de la deuda del E s tado es pañol 14.000 12.000 10.000

11.488 9.666

10.103

10.029

1997

1998

11.937

12.491 11.538 10.426

10.232

10.169

2003

2004

2005

9.587

8.000 6.000 4.000

En millones de euros

2.000 0

1996

1999

2000

2001

2002

2006

A ños

Figura 1. Evolución de la deuda externa a favor del Estado español (1999-2006) Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización a partir de los datos de CESCE, ICO y Ministerio de Economía.

está contraída en dólares y desde el año 2001 el dólar se ha depreciado un 24% respecto al euro, mientras que la deuda sólo ha sufrido un descenso de un 18%.

Si comparamos el total de deuda de la que el Estado español es acreedor con su PIB del año 2006 (aproximadamente unos 975.000 millones de euros) vemos que ésta equivale a un 1%, o lo que es lo mismo, a menos del 60% del presupuesto público de defensa para este mismo año.

En el plano internacional, y según el Banco Mundial, en 2005 la deuda externa total de los países empobrecidos ascendía a 2.800.396 millones de dólares (aproximadamente 2.363.534 millones de euros), cifra que incluye las deudas de origen multilateral, bilateral y privada. Para ese año, la deuda bilateral española a largo plazo representó aproximadamente el 3,1% del total de la deuda bilateral a largo plazo del conjunto de los países empobrecidos, total que asciende a 389.676 millones de dólares (aproximadamente 328.886,5 millones de euros). Ochenta y uno eran a finales del 2006 los países deudores del Estado español. De éstos, veintiséis se encuentran dentro del conjunto de Países Empobrecidos y Altamente Endeudados (PEAE). La suma de lo que deben los PEAE asciende al 15,4% del total de la deuda, cifra que representa un 0,15% del PIB español del año 2006. En la figura 2, vemos cuáles eran en 2006 los diez países más endeudados con España. Es interesante resaltar que de ellos, sólo el L os 10 país e s más e nde udados con e l e s tado e s pañol (31/12/2006) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000

1.503 753

800

600 400 en millones de dólares

185

678

468

73 253

200 205

337

262

115

0 Cuba

China

342 122

Egipto Indonesia

Argentina Deuda FA D

Deuda CES CE

233

30 19

232

255

Angola

México

Marfil Costa de

Argelia Marruecos

Otros tipos de deuda

Figura 2. Los 10 países más endeudados con el estado español Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización a partir de los datos de CESCE, ICO y Ministerio de Economía

décimo, Honduras, es un PEAE, y es el único que se encuentra afectado

por los programas y las promesas internacionales de alivio parcial de deuda. Si miramos la deuda de las principales regiones del mundo con el Estado español a finales de 2006, veremos que la región que más deuda tiene contraída con el Estado español es América Latina, con aproximadamente, un 49% del importe total. Dentro de América Latina, junto a los países que aparecen en el gráfico (Cuba, México y Argentina) hay que incluir asimismo algunos de los países más castigados por la pobreza como Honduras (249 millones de euros), Perú (218 millones), Ecuador (205 millones), Nicaragua (169 millones), República Dominicana (160 millones) y Bolivia (90 millones). La segunda región por endeudamiento es África Subsahariana con el 15% del total. Aparte de Angola y Costa de Marfil (véase la figura 2), destacan países como Congo (247 millones de euros), Senegal (60 millones) y Togo (55 millones). R egiones más endeudadas c on el E s tado es pañol Europa del Este 1% Oriente Medio 6% África del Norte

Otros 2%

América Latina 49%

13%

Asia 14% África Subsahariana 15%

Figura 3: Reparto de la deuda de las principales regiones del mundo con el Estado español (31/12/2006). Fuente: Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda

La tercera región del mundo que tiene contraída una deuda mayor es Asia con un 18% respecto al total. Dentro de este porcentaje, además de Indonesia y China, se incluye Filipinas (100 millones de euros). Cabe destacar que sólo estos tres países concentran alrededor del 90% de la deuda de la región. África del Norte ocupa el cuarto lugar con un 13%, con Egipto (582 millones de euros), Argelia (257 millones) y Marruecos (280 millones), todos países con unos vínculos comerciales y energéticos estratégicos para el Estado español. Oriente Medio sigue en quinto lugar con un 6% respecto al total de la deuda, con Iraq (195 millones de euros) y Jordania (111 millones) como principales deudores. Por último, Europa del Este con un 1% total de la deuda, con Turquía (178 millones) y Serbia y Montenegro (62 millones).

1.3. Movilizaciones frente a la deuda 1.3.1. El contexto global Las movilizaciones en torno a la deuda externa han de ser situadas en un contexto global. Iniciativas y actores de resonancia mundial como la constitución de las redes Jubileo Sur, Jubileo 2000 o el CADTM, las consultas populares en Chiapas y Brasil o las protestas altermundialización han servido de aliento y de marco para el desarrollo de presiones y movilizaciones en este país. Ello resulta lógico si tenemos en cuenta, por un lado, la dimensión internacional que la problemática de la deuda externa alcanza, sobre todo, a partir de los años 80, y, por otro lado, la creciente transnacionalización de las protestas que hace a los movimientos sociales compartir reivindicaciones. A esta internacionalización de las luchas ha contribuido tanto la mundialización capitalista como centro de atracción de críticas junto a otros ejes de dominación (patriarcado, militarismo, etnocentrismo, etc.), como el hecho de que cambios significativos en los medios de transporte y comunicación (fundamentalmente, el desarrollo de Internet) facilitasen encuentros antes difíciles de imaginar (si bien, dichos medios están lejos de las posibilidades de buena parte de la

población mundial). Por otra parte, las distintas redes internacionales e internacionalistas comparten, a menudo, como sustrato de sus luchas, la búsqueda de una democracia radical, que debería servir como asiento de propuestas para construir otros mundos6 . Y, desde esta perspectiva, la deuda externa es vista como un mecanismo de dominación y de conculcación de soberanía de los países empobrecidos. A ello hay que sumar el creciente cuestionamiento de la gestión de la deuda llevada a cabo por parte de las IFIs que, desde 1990, vienen poniendo sobre la mesa medidas que hablan de alivio de la deuda (iniciativas para los PPAE desde 1996) e incluso de participación (los llamados planes estratégicos de reducción de la pobreza o PRSP). Tales medidas lejos de hacer frente a las causas profundas de la deuda, han evidenciado la creciente necesidad de legitimación de los poderes globales, que, mediante estas estrategias, intentan presentarse como defensores de los pueblos empobrecidos, a pesar de todas las evidencias en su contra. Así pues, las crisis permanentes que genera el problema de la Las crisis permanentes que genera el deuda vienen siendo contestadas problema de la deuda vienen siendo desde tres frentes que constituyen contestadas desde tres frentes que los referentes de las actuales constituyen los referentes de las actuales propuestas e iniciativas en torno a la propuestas e iniciativas en torno a la deuda de los países empobrecidos: deuda de los países empobrecidos: gobiernos, redes específicas que gobiernos, redes específicas que trabajan trabajan sobre el tema de la deuda sobre el tema de la deuda y movimientos y movimientos que cuestionan la que cuestionan la mundialización mundialización capitalista.7 Por un capitalista. lado, el “no pagamos” es una voz que tiene su origen en la actitud de diversos gobiernos de la Periferia. Así, en la década de los 30, hasta 14 gobiernos de Latinoamérica repudiaron el pago de la deuda. En los 80 sería Cuba quien tratara de impulsar un frente en este sentido. Y, recientemente, los gobiernos de Ecuador y Bolivia prometen estudiar seriamente el repudio de deudas ilegítimas, en paralelo al gesto del gobierno noruego de condonación unilateral de las 6 Una democracia que facilite un mayor control de los asuntos que afecten a la ciudadanía. Para ello, se propugna un hacer más

horizontal, deliberativo y cooperativo a la hora de relacionarnos socialmente y de intervenir en la sociedad. Ver trabajo de Ángel Calle, Nuevos Movimientos Globales, Editorial Popular, 2005. 7 En el libro de Esther Vivas, El movimiento contra la deuda externa (en prensa), con prólogo de Eric Toussaint, puede encontrarse un relato más pormenorizado de estos actores y de sus iniciativas.

mismas. Estos gobiernos recogen en gran parte el guante de la presión y las demandas de las redes sociales internacionales. Nos encontramos, a partir de los 90, con el surgimiento de varias redes mundiales que vienen cuestionando específicamente la legitimidad y los pagos de la deuda externa, en diferente grado y con distintas propuestas. Los primeros movimientos se dan al calor de las Iglesias radicadas en zonas empobrecidas como Filipinas, Latinoamérica o África. La creación de Jubileo 2000 en Gran Bretaña en 1996 impulsaría el lanzamiento de un Jubileo 2000 internacional a través de las cumbres alternativas a las reuniones del G-8 en Birmingham (1997) y Colonia (1999). Jubileo 2000 llegó a implantarse en 65 países, con el apoyo de grandes ONGs como Oxfam. La cercanía del “año jubilar” impulsaba la petición de una condonación de la deuda externa a los países más pobres, pero no su abolición; además, en muchos casos la petición de condonación suponía asumir realizar reformas estructurales dictadas por los acreedores. Ello llevó a la escisión de grupos que abiertamente pedían la abolición, los cuales crean, en 1999, en Sudáfrica Jubileo Sur. Jubileo Sur estaba formada por redes de los países empobrecidos y encontró alianzas con otras redes en las que participaban también ONGs del Norte como es el caso del Comité por la Abolición de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM), creada en 1990. Por último, el tercer gran actor en las movilizaciones frente a la deuda externa fueron aquellas revueltas y protestas surgidas al calor de la mundialización capitalista. A mediados de los 80, las llamadas “revueltas del pan” constituyeron movilizaciones populares frente a los ajustes estructurales marcados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a raíz de procesos de renegociación de sus deudas. Sacudieron países como Turquía (1980), Ecuador y Madagascar (1981), Brasil (1983), Haití (1985), Bolivia (1986), Argelia (1988) y Jordania (1996), entre otros lugares del planeta. Estas reacciones tuvieron su correlato en las protestas que, desde inicios de los 90, se hicieron patentes en los países del Centro. Es el caso de la campaña “50 Años Bastan”, que aterrizaría en Madrid al hilo de la cumbre oficial que celebraba el 50 cumpleaños de las instituciones de Bretton Woods. En sucesivas cumbres alternativas, protestas mundiales, foros sociales internacionales y nuevas redes altermundialistas (ya hablemos de ATTAC, Vía Campesina o

la Acción Global de los Pueblos) la abolición de la deuda externa sería un referente de los discursos en red (que recorren diversos ejes de conflicto) que van construyendo y difundiendo estos fenómenos de movilización transnacionales. Este conglomerado de actores conformaría un actor global y difuso, pero en contacto permanente, de lucha frente a la deuda, a través de encuentros internacionales y días de acción concretos. Frente a él, y en ocasiones permeando sus sectores más moderados o indulgentes con el BM y el FMI, el poder global (financiero y multinacional, alineados o fusionados con grandes medios de comunicación) al que fundamentalmente representan estas instituciones, viene lanzando iniciativas de cancelación parcial de deudas. Normalmente, estas cancelaciones se otorgan a cambio de concesiones favorables para los países del Centro y sus élites económicas. Su propósito es fortalecer la legitimidad de los ajustes estructurales en el contexto de la mundialización capitalista, de tal manera que la opinión pública perciba que el sistema de endeudamiento es “sostenible” y “beneficioso” para el “desarrollo” o para la “lucha contra la pobreza”8 .

1.3.2. Aliviadores y abolicionistas Teniendo en cuenta la profusión de dinámicas de movilización que vienen incidiendo en la problemática de la deuda externa, nos encontramos con un panorama de redes envueltas en múltiples debates, matizaciones, apuestas y formas de actuar. Sin embargo, desde los orígenes de Jubileo 2000, pueden identificarse la existencia de dos polos genéricos que dan vida a la multiplicidad de expresiones en torno a la problemática de la deuda. Así, podemos hablar, a grandes rasgos, de aliviadores y abolicionistas, atendiendo, principalmente, a si sus demandas se centran en la cancelación parcial o total de la deuda. Claro que estas dos perspectivas afectan o se encuentran enredadas a otras Consultar el trabajo de Ángel Calle, “Poder Global: Los ODM como señales de humo”. (www.quiendebeaquien.org/spip. php?article400).

cuestiones del hacer, el decir y el pensar el problema de la deuda, como refleja el Cuadro 1. Aliviadores frente a abolicionistas. Cuadro 1. Aliviadores frente a abolicionistas

Enfoque general

Aliviadores Problema económico: se debe, pero hay que aliviar

Propuestas

Reformistas

Instituciones Internacionales

Árbitros de acreedores y deudores Renegociar según enfoques humanitarios (inversión en educación, desarrollo) Por una deuda sostenible en el marco de la mundialización capitalista

Medidas inmediatas

Largo Plazo

Alianzas básicas

Medios de comunicación ONGs Sectores más críticos de instituciones

Acciones preferentes

Mediáticas Presión institucional directa Educación reglada y no reglada

Abolicionistas Problema de dominación: la deuda ya se ha pagado y hay que abolirla Transformadoras Sin legitimidad Realizar auditorías. Parar pagos por razones históricas, sociales y económicas Cambios de estructuras capitalistas. Búsquedas de mecanismos alternativos de cooperación y desarrollo Sectores sociales con capacidad de movilización social de base Sectores críticos a la mundialización capitalista Sensibilización social Protesta y creación de tejido crítico Presión institucional indirecta

Referirse a dos polos de cuestionamiento de la deuda externa no supone que no se parta de elementos comunes (como pueden ser la concepción de la deuda como mecanismo de subordinación económica de los países empobrecidos, la conciencia de las lacras sociales que supone

el endeudamiento o la crítica a la escasa participación de las comunidades y la sociedad civil en las propuestas en torno a la deuda). Además, en recientes encuentros en junio de 2005 (Resistencias y Alternativas a la Deuda, La Habana) y febrero de 2007 (Foro Social Mundial, Nairobi) se ha puesto de manifiesto la necesidad de acercar posturas en temas tan importantes como el rechazo de las condicionalidades a la hora de renegociar estas deudas, el énfasis en la dimensión política del problema o la exigencia de una cancelación inmediata de las deudas ilegítimas. Asímismo son muy frecuentes los casos, sobre todo en la actualidad, en que las organizaciones se encuentran bien nadando entre dos aguas, bien evolucionando hacia posturas abolicionistas.9

1.3.3. El contexto español El Estado español reproduce el esquema internacional de movilizaciones frente a la deuda, aunque con ciertos matices. En 1998, las organizaciones católicas Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas constituirán la campaña “Deuda Eterna, ¿Deuda Externa?” en el marco de Jubileo 2000. Sus propuestas de condonación de la deuda de los países más empobrecidos, o de renegociación a cambio de inversión en desarrollo, se vehicularon principalmente a través de una campaña de firmas que sirvió para realizar presión política sobre los diputados. Oxfam se adhirió a esta iniciativa, aunque posteriormente, cuando en 2005 el gobierno comenzó a tejer la Ley de Deuda Externa, lanzaría una campaña propia (“Corta con la Deuda”), frente a la que impulsaban las organizaciones católicas antes reseñadas (ahora con el lema de “Sin Duda, Sin Deuda”). Por su parte, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), más próxima a los sectores abolicionistas, surge a raíz de la propuesta de realización de una consulta social coincidiendo con las elecciones generales de marzo de 2000.Se constituye como una red de grupos diversos (ecologistas, zapatistas, cristianos de base, ONGs críticas) que 9 Por citar dos organizaciones del entorno internacional, se sitúan en ese proceso Jubilee Debt Movement en el Reino Unido o

Christian Aid.

tienen su asiento más firme en la Plataforma 0,7% y en ADEU (Abolició del Deute Extern Usurer en Cataluña). Cerca de 23.000 personas de 458 municipios diferentes participaron como voluntarias en la consulta. La Junta Electoral Central decretó su prohibición, lo que llevó a las organizaciones inmersas en otras campañas a desentenderse de la participación en la misma, a excepción de organizaciones como Justicia y Paz. A pesar de este cerrojazo político, que se acompañó de otro mediático, votaron 1.087.792 personas, de ellas 15.000 inmigrantes. Se plantearon tres preguntas: a) ¿Está usted a favor de que el gobierno del Estado español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos? b) ¿Está usted a favor de que el importe del pago anual de la deuda cancelada se destine por la población de los países empobrecidos a su propio desarrollo? c) ¿Está usted a favor de que los tribunales investiguen el enriquecimiento ilícito que los poderosos del Norte y del Sur vienen realizando con los fondos prestados, y que esas cantidades sean devueltas a sus pueblos? Se contestaron afirmativamente las 3 preguntas en más de un 97% de los casos.10 A partir del 2000, la RCADE continuó trabajando en temas de deuda a través de campañas de sensibilización (“Da la cara por la deuda”), de presión institucional (en Euskadi y Navarra se llegó a presentar una iniciativa legislativa parlamentaria para destinar fondos públicos al pago de la deuda), sobre democracia (Consulta Social Europea), y en gran medida, como un actor activo en las redes y cumbres altermundialistas en este país.11

10 Para una mayor profundización en los porqués y en la evolución de RCADE puede consultarse XCADE (Xarxa Ciutadana per l’Ábolició del Deute Extern), La Consulta Social del Deute Extern a Catalunya. Editorial Mediterrània, 2001. Sobre impactos, ver Salvador Martí, Lluc Peláez, María José Monteserín, y María Truñó, “¿Otro mundo es posible?: El movimiento social de solidaridad internacional”, en Pedro Ibarra, Salvador Martí y Ricard Gomà, (coord.) Creadores de democracia radical. Movimientos políticos y redes de políticas públicas. Icaria, 2002. Para un análisis comparado entre RCADE y el mundo de las ONGs, ver Ángel Calle, Ciudadanía y Solidaridad. Iepala, 2000. 11 Véase Ángel Calle, Nuevos Movimientos Globales. Editorial Popular, 2005.

1.3.4. La deuda es global: ¿quién debe a quién? La pregunta “¿quiénes son realmente los deudores?” se lanza desde Jubileo Sur. Se trata de darle la vuelta a la concepción sostenida por los llamados acreedores. Según dicha concepción, la deuda externa sería, ante todo, un problema financiero. Haciendo caso omiso de las causas últimas del endeudamiento, se condena tanto simbólica y prácticamente a los países empobrecidos como responsables de su propia situación. Asimismo, se legitiman las medidas de condicionalidad ya que éstas tratan de presentarse como necesarias para fortalecer la economía de los países empobrecidos (mientras que quedan en segundo plano o ni siquiera se nombran los beneficios que tales medidas suponen para los acreedores, que defienden la cancelación parcial y condicionada como un ejercicio de filantropía). Esta concepción no distingue, por supuesto, entre los gobiernos corruptos, las élites con intereses en el mercado (y en el mercadeo de la deuda) y la ciudadanía que padece Plantearse la pregunta de “¿quién debe a quién?” supone abordar la las consecuencias.

cuestión de manera global. Rompe

Plantearse la pregunta de “¿quién el marco economicista y neoliberal. debe a quién?” supone abordar la La solución del problema de la cuestión de manera global. Rompe el deuda no es conyuntural, no marco economicista y neoliberal. La depende de que los países de la solución del problema de la deuda no es Periferia apliquen obedientemente coyuntural, no depende de que los países las recetas de las IFIs. de la Periferia apliquen obedientemente las recetas de las IFIs (unas recetas que no han funcionado y que incluso han agravado la situación de las poblaciones empobrecidas). El problema de la deuda es estructural y nace de unas relaciones desiguales. La pregunta “¿quién debe a quién?” pone de relieve esa relación de dominación al tiempo que supone un desafío para ésta. Nos obliga a escuchar el clamor de los pueblos empobrecidos, que nos dicen, desde hace años, que la deuda no es un problema financiero, sino que, en realidad, se trata de un problema político. En este sentido, es importante no olvidar la proclama que hizo Jubileo Sur en la Asamblea de los Pueblos Acreedores de la Deuda Histórica, Social y Ecológica, realizada en Porto Alegre (Brasil), en el V Foro Social Mundial, en la que decía que: “Los pueblos del Sur no sólo no somos

pueblos deudores, sino que en realidad somos nosotros los acreedores de una enorme Deuda que lleva más de 500 años incrementándose. Somos acreedores de una Deuda Ecológica, Social e Histórica, por el saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción del medio ambiente; por la violación de nuestros derechos humanos fundamentales al empleo y al salario digno, a una vivienda, a la tierra, al agua, a la identidad, a la educación y a la salud; por siglos de dominación colonial y el genocidio que se sigue perpetrando y que proyecta su continuidad a través de los acuerdos de libre comercio y la militarización”.Esta pregunta da pie al surgimiento de una campaña en el 2005, que sigue reclamando la abolición, que señala relaciones de dominación y responsables de la misma (gobiernos que instrumentalizan la deuda para sus políticas geoestratégicas, empresas que se benefician de los créditos para la expoliación de los recursos de los países empobrecidos) y que aborda nuevas perspectivas como la deuda ecológica. Unas 50 organizaciones manifiestan su adhesión a la campaña. La triple denuncia de la deuda externa, la deuda ecológica y las multinacionales españolas permite un escenario de intersección de grupos ecologistas, ONGs críticas con los actuales objetivos “milenaristas” surgidos del Comité de Ayuda al Desarrollo, así como de movimientos como RCADE. Esta perspectiva compartida se plasma en el primer encuentro de “¿Quién debe a Quién?”, celebrado el 15 de enero de 2005 en Madrid. En el plano estatal, destaca la realización del Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa en Octubre de 2005. Contó con vistas preliminares en Barcelona, Salamanca y Córdoba y con la presencia de integrantes de movimientos del Sur: Movimiento Sin Tierra (Brasil), comunidades mapuches (Argentina), redes contra la actuación de las petroleras y la privatización de recursos públicos (Ecuador y Colombia),... El veredicto del tribunal supuso un salto cualitativo muy importante en el discurso de la campaña. Posteriormente se realizaron sendos tribunales, en torno al mismo tema, en Palencia y Asturias. ¿Quién debe a Quién? participa también en campañas y reuniones de claro referente altermundialista: contra la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2005 en Hong Kong; con acciones de denuncia del G8; en el Foro Social de Nairobi a principios de 2007 (donde se colaboró en la elaboración del

manifiesto sobre deuda externa); en la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe.La campaña ¿Quién debe a Quién? también ejerce una labor de denuncia frente a las multinacionales. Participa en la campaña de Afectados por Repsol, que celebra conferencias en el Estado español, que organizó actos simbólicos (concentración y conferencia de afectados) en paralelo a la junta de accionistas de junio de 2006. Colaboró, asimismo, en la preaudiencia al Tribunal de los Pueblos de Colombia en agosto de 2007 y en el tribunal a las petroleras en Bilbao en octubre de 2007. La denuncia de las actividades ilegítimas de las transnacionales se ha extendido a otros casos, como la participación en la campaña de denuncia a Unión Fenosa o las acciones en el caso de la papelera ENCE, con concentraciones en la calle y presión ante la CESCE. La campaña ha tenido también otra línea de presión más institucional. A lo largo del 2005 y 2006, durante la tramitación de la Ley de Deuda Externa, se realizaron acciones de sensibilización y de presión (a través de actos y envío de correos) junto con las campañas Corta con la Deuda y Sin Duda, Sin Deuda. Asímismo, ¿Quién debe a Quién? se adhirió a la Alianza contra la Pobreza que participó en diversos actos “contra la pobreza” durante 2005 y 2006. Finalmente, durante la andadura de ¿Quién debe a Quién? no se han abandonado las actividades más “pequeñas”, como pueden ser charlas o acciones de sensibilización en las calles. Tampoco se ha descuidado la participación en redes alternativas más locales, aprovechando las sinergias con otros colectivos y la transversalidad de un tema como la deuda externa. En Madrid, por ejemplo, en 2005, 2006 y 2007 participamos de forma muy activa en la Semana de Lucha Social “Rompamos el silencio”.

1.3.5. Impactos y retos ¿Cuál ha sido el resultado arrojado después de casi una década de movilizaciones frente al tema de la deuda? En lo que respecta a las elites políticas, el tema de la deuda externa ha entrado en la agenda de forma simbólica, pero no sustancial. Así, en lo que atañe a contenidos y desarrollo de la Ley de Deuda Externa en el Estado español, ha

quedado en evidencia la escasa voluntad en reconocer la ilegitimidad de la deuda. La Ley parece olvidar que la deuda externa ha funcionado como un mecanismo de dominación que ha favorecido los intereses económicos de las multinacionales en los países empobrecidos. En lo que respecta a la ciudadanía, no existen estudios empíricos en profundidad, pero la presencia en los medios de comunicación del tema de la deuda externa (a través del seguimiento de cumbres oficiales o tras desastres sociales como los de Argentina) asegura un conocimiento general de la cuestión. Otra cosa es que, superada su entrada en la agenda mediática merced a las movilizaciones entre 1999 y 2001, la deuda externa pueda ser por sí misma y en las actuales circunstancias, un galvanizador de convocatorias importantes para la ciudadanía. Sí es un hecho que más allá de agendas mediáticas, las protestas altermundialistas han recogido el tema de la deuda externa como “obligado” en el desafío de la mundialización capitalista. Así lo atestigua su relevancia en foros sociales y en discursos de crítica de las desigualdades globales. Además, se viene produciendo desde el 2005 un deslizamiento hacia posturas “abolicionistas” como consecuencia de la constatación de las políticas del poder global destinadas a perpetuar el orden actual. El encuentro celebrado en Nairobi durante la celebración del Foro Social Mundial de 2007 habla de romper Ahí están ya los retos. Por un cadenas políticas en el marco de unas lado, ahondar en propuestas de movilizaciones mundiales. La dinámica abolición, señalando responsables “abolicionista” podría verse favorecida concretos en este país. Por otro, por las cancelaciones emprendidas por conectar con la ciudadanía, para Noruega de las deudas ilegítimas de las lo que parece necesario: conseguir que era acreedora y las posiciones firmes sacar la problemática de la deuda de gobiernos como Ecuador y Bolivia. externa del marco de “algo que No es menos significativa la progresiva no nos afecta". constatación, por parte de sectores críticos africanos, de la necesidad del “no pago” de la deuda, un pago que se está haciendo a costa de la salud de la población. Ahí están ya los retos. Por un lado, ahondar en propuestas de abolición, señalando responsables concretos en este país. Por otro, conectar con la ciudadanía, para lo que parece necesario: conseguir

sacar la problemática de la deuda externa del marco de “algo que no nos afecta y nos es lejano”; trabajar para crear un tejido social de base que pueda atender a llamadas a la acción importantes al margen de las campañas montadas desde arriba por el CAD y Naciones Unidas, para que nadie intente sacar réditos políticos o de otro tipo del drama de la deuda externa. Desde esta perspectiva, la campaña ¿Quién debe a quién? se plantea nuevas direcciones de trabajo, de entre las que cabe destacar el profundizar en conceptos como la ilegitimidad de la deuda o la necesidad de estudiar nuevas temáticas como la relación entre deuda externa y migraciones o el enfoque de los efectos de la deuda desde una perspectiva de género. Parece que, tras unas movilizaciones marcadas por una dinámica de “preocuparnos por lo global” durante finales de los 90 y comienzos del 2000, es tiempo de entender el mundo y el bienestar de las personas como entrelazados: de una lógica de la denuncia global a una lógica de las necesidades globales compartidas; de la denuncia temática al avance entrelazado en la democratización del mundo.12

12 Ver Vandana Shiva, Manifiesto por una democracia de la tierra, Justicia, sostenibilidad y paz. Paidós, 2006.

2. Frente a la deuda externa: justicia popular Cerrábamos el capítulo anterior inspirándonos en las ideas de Vandana Shiva acerca de la democratización del mundo. En su decálogo sobre la democracia de la tierra, esta activista india apela a la necesidad de construir “democracias vivas” basadas en la diversidad, apoyadas en decisiones tomadas a nivel local en las comunidades y en la delegación hacia arriba sólo con la aprobación desde abajo.13 Creemos que apoyarnos en este ideal puede ser un buen punto de partida para acercarnos al tema que trataremos en las siguientes páginas. ¿Qué pasaría si reuniésemos en la misma sala a una agricultora de Madagascar, a un broker de la Bolsa de Nueva York, a un monje tibetano, a una profesora iraní y a un sindicalista de Bogotá para buscar definiciones comunes de conceptos como “democracia” o “justicia?” Pues que, a pesar de formar parte de culturas muy diferentes y de vivir en realidades de lo más diversas, probablemente todos ellos responderían con definiciones semejantes, dado el poder de universalización conceptual ejercido desde el Centro del sistema. En este sentido, las ciudadanas y ciudadanos del planeta estamos demasiado (mal)acostumbrados, a asumir, por ejemplo, que la administración de la justicia corra siempre a cargo de “los de arriba” y a que ésta sirva tan sólo a sus intereses. Olvidamos, a menudo, que está en nuestras manos el desarrollar otros instrumentos para promoverla y ejercerla. Este es el caso de los Tribunales Internacionales de Opinión. El eje vertebrador de la tercera parte de este cuaderno será el Tribunal Internacional de Opinión para Juzgar la Deuda externa organizado por la Campaña ¿Quién debe a Quién? en octubre de 2005 en Madrid. Desde la perspectiva de una justicia y una democracia redefinidas desde abajo, nos ha parecido pertinente acercar a las lectoras y lectores un instrumento de justicia popular que, a pesar de no contar con entidad normativa, constituye un valioso mecanismo para promover la justicia social universal. Desde la perspectiva de una justicia y una democracia redefinidas desde abajo, nos ha parecido pertinente acercar a las lectoras y lectores 13 Vandana Shiva, Manifiesto por una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz, ed. cit.

un instrumento de justicia popular que, a pesar de no contar con entidad normativa, constituye un valioso mecanismo para promover la justicia social universal. Como hemos visto (y tendremos ocasión de profundizar en ello en estas páginas), el empobrecimiento de muchos de los pueblos de la Periferia del planeta se agudiza por la deuda externa y, frente a las pretensiones de los países enriquecidos, es necesario ir más allá de la consideración que ve la deuda como un simple problema financiero. Asimismo, el marco de la legalidad vigente se nos queda pequeño para referirnos a la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Las leyes amparan con frecuencia conductas de los gobiernos y de las grandes empresas multinacionales que perjudican seriamente a los pueblos El referente de los movimientos de la Periferia. Por ello, el referente de sociales que luchamos por la los movimientos sociales que luchamos abolición de la deuda externa es por la abolición de la deuda externa es la justicia entendida en un sentido la justicia entendida en un sentido amplio, amplio, una justicia social que una justicia social que quiere ir más allá de quiere ir más allá de los marcos los marcos establecidos por la legalidad establecidos por la legalidad internacional.

internacional.

2.1. ¿Qué son los Tribunales Internacionales de Opinión?14 Los Tribunales Internacionales de Opinión, también conocidos como Tribunales de los Pueblos, nacen a iniciativa de los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Su objetivo fundamental es contrarrestar la frecuente impunidad que rodea a las violaciones de los derechos básicos de las personas. La idea que subyace bajo esta estrategia es la de que la impunidad no debe ser vista como un problema meramente judicial, ya que es un fenómeno con repercusiones en la sociedad, con dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y éticas. La impunidad se instala en todos los espacios de la sociedad y consagra la ley del silencio como norma 14 Este apartado es una adaptación de un escrito de Javier Giraldo, padre jesuita y director del Banco de Datos de Violencia Política del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) de Colombia. Ver: www.nocheyniebla.org. Además, también se alimenta de otro documento del Tribunal Internacional de Opinión sobre el Sur de Bolivar (Colombia) que tuvo lugar en París en el año 2003.

suprema de la supervivencia además de asegurar la reproducción de la injusticia en todas sus dimensiones y la continuidad del statu quo.

Los Tribunales Internacionales de Opinión nos ofrecen la oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos del planeta de romper con esa ley del silencio.

En muchos países, la ausencia de castigo que cobija a los agentes estatales culpables de violación de Derechos Humanos o a particulares que actúan con la aquiescencia de las autoridades se da con la complicidad del aparato de justicia y de los medios de comunicación de masas.

Los Tribunales Internacionales de Opinión nos ofrecen la oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos del planeta de romper con esa ley del silencio. Para entender en qué consisten estos tribunales nos acercaremos a su origen y referente fundamental: el Tribunal Permanente de los Pueblos.

2.2. El Tribunal Permanente de los Pueblos El Tribunal Permanente de los Pueblos es un instrumento para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Es una creación de la sociedad civil internacional que no depende de ningún Estado. Su origen se remonta al año 1966, en plena guerra de Vietnam. Entonces, el filósofo británico Bertrand Russell decide convocar un Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las atrocidades que se estaban cometiendo en este conflicto. Este primer tribunal, que celebró sus sesiones en Suecia y Dinamarca, estableció el modelo para los que le siguieron. Se realizaron entrevistas en las que se relataban los tipos de armas que se estaban utilizando en la guerra y las prácticas del ejército en contra de la población civil. Las pruebas presentadas contaron con el aval de una investigación científica, a lo que se sumó una profunda reflexión sobre la ética y el derecho internacional. El tribunal concluyó con una condena contra Estados Unidos por crímenes contra la humanidad en su actuación en la guerra de Vietnam. En este Tribunal destacó la figura de Lelio Basso, senador italiano reconocido por sus escritos de contenido social y sus posiciones ideológicas.

RECUADRO 3 Precedente de los Tribunales Internacionales de Opinión En el año 1946 tuvo lugar el Tribunal de Nüremberg (Alemania), el primer tribunal de carácter internacional al que se llamó tribunal militar internacional, el cual sirvió para juzgar a los responsables del Holocausto nazi. Por primera vez se creó un pequeño código penal internacional en el que se define el concepto de Crimen de Lesa Humanidad. En ese momento también se estaba creando la Organización de Naciones Unidas (ONU) y una de las primeras resoluciones emitidas por este organismo se orientó a reconocer esta pequeña declaración como el nacimiento de una normatividad internacional contra los crímenes de lesa humanidad que se ha seguido desarrollando en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional (CPI).

En 1973, Basso viaja a Brasil, donde se encuentra con refugiados de ese país que le conminan a convocar un segundo tribunal Russell para juzgar los crímenes de la dictadura brasileña. Basso comenta la idea con sus compañeros del anterior tribunal15 para hacerlo extensivo a todas las dictaduras presentes en América Latina y juntos comienzan a recopilar información sobre Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Paraguay. Este segundo tribunal se desarrolla en diferentes sesiones entre 1973 y 1976. Al terminarlas, Lelio Basso propone que para prorrogar la figura del Tribunal se cree una institución permanente, sostenida sobre tres pilares: una Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, una Fundación Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos y un Tribunal Permanente de los Pueblos.16 Tres años después, en el año 1979, queda constituido finalmente el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que 15 Entonces Bertrand Russell ya había fallecido, pero los demás abanderaron la idea. 16 En 1979 la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos obtuvo de la ONU el estatuto de Organización No Gubernamental acreditada por el ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU). Cuenta además con representación en la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra. Contacto: Vía della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma Italia - Tel. (+39) 0668801468 - 066833389 - Fax (+39) 066877774. E-mail: filb@iol.it y web: http://www.grisnet.it/filb/filbspa.html.

RECUADRO 4 Sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos realizadas hasta la fecha 1. Sahara Occidental (Bruselas, 1979) 2. Argentina (Ginebra, 1980) 3. Eritrea (Milán, 1980) 4. Filipinas y Pueblo Bangsa Moro (Anversa, 1980) 5. El Salvador (México, 1981) 6. Afganistán I (Estocolmo, 1981) 7. Afganistán II (París, 1982) 8. Timor Oriental (Lisboa, 1981) 9. Zaire (Rotterdam, 1982) 10. Guatemala (Madrid, 1983) 11. Genocidio Armenio (París, 1984) 12. Intervención de los Estados Unidos en Nicaragua (Bruselas, 1984) 13. La Política del FMI y del BM I (Berlín, 1988) 14. La Política del FMI y del BM II (Madrid, 1994) 15. Puerto Rico (Barcelona, 1989) 16. Amazonía Brasileña (París 1990) 17. La impunidad por los crímenes de lesa humanidad en América Latina (Bogotá, 1991) 18. La conquista de América y el derecho internacional (Padua-Venecia, 1992) 19. Tíbet (Estrasburgo, 1992) 20. Riesgos industriales y derechos humanos I (Bhopal) 21. Riesgos industriales y derechos humanos II (Londres, 1994) 22. Derecho de asilo en Europa (Berlín, 1995) 23. Crímenes contra la humanidad en la ex Yugoslavia I (Berna, 1995) 24. Crímenes contra la humanidad en la ex Yugoslavia II (Barcelona, 1995) 25. Violaciones de los derechos fundamentales de la infancia y las minorías (Trento-Macerata-Nápoles 1995) 26. Chernobil: ambiente, salud y derechos humanos (Viena, 1996) 27. Los derechos de los trabajadores y los consumidores en la industria textil (Bruselas, 1998) 28. Violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Brasil (Sao Paulo -Brasil 1999) 29. Elf-Aquitaine no debe hacer las leyes en África (París 1999) 30. Multinacionales globales y “Dis-Torti humanos” (Warwick, 2000) 31. El Derecho Internacional y las nuevas guerras (Roma 2002) 32. Violaciones de los Derechos Humanos en Argelia (1992-2004) (París 2004) 33. Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia (Bogotá 2006) 34. Transnacionales europeas en América Latina y políticas neoliberales (Viena 2006/Lima 2008)

reúne a diversas personalidades del mundo, entre ellos varios premios Nobel, escritores, científicos, filósofos y juristas. La creación del Tribunal estableció una estructura permanente, con sesenta miembros, la mitad de ellos expertos en derecho internacional. Desde entonces el TPP ha realizado más de 30 sesiones y ha logrado consolidarse como un valioso instrumento de justicia popular. En los últimos años, el TPP ha celebrado juicios sobre las más variadas materias: sobre la deuda externa, sobre violaciones de los Derechos Humanos de los trabajadores de determinadas en empresas multinacionales, sobre cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria... En el preámbulo de sus estatutos, el TPP justifica así su razón de ser:

Si bien estos tribunales no tienen efectos judiciales, revisten una importancia inestimable en términos de justicia social, pues promueven la reflexión y generan condenas morales.

“Mientras la comunidad internacional no reconozca y constituya organismos internacionales capaces de hacer cesar las violaciones citadas, es tarea de los grupos políticos y sindicales el ponerse el objetivo de la promoción de los derechos de los pueblos, de las minorías y los individuos, sostenidos por la opinión pública mundial, crear estructuras internacionales capaces de polarizar la atención de los gobiernos, de los movimientos políticos y sindicales, de la opinión pública mundial sobre las violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los pueblos y las violaciones de los derechos de las minorías y los individuos, así como sobre las causas económicas, políticas y sociales de tales violaciones”.17 Si bien estos tribunales no tienen efectos judiciales, revisten una importancia inestimable en términos de justicia social, pues promueven la reflexión y generan condenas morales. Las experiencias existentes han derivado en la visibilización de muchos temas que hasta entonces no estaban en el escenario de discusión. Hoy, estos tribunales también permiten poner de manifiesto crímenes que no son reconocidos como tales por la legalidad internacional. Nos sirven para revelar las consecuencias del modelo económico actualmente dominante y nos ayudan, por ejemplo, a desvelar los efectos de las actividades de las empresas multinacionales en la Periferia o a mostrar la ilegitimidad de la deuda externa. El Tribunal Internacional de Opinión para juzgar al Deuda Externa en el Estado español 17 Consultar en: www.internazionaleleliobasso.it

no formó parte del TPP pero siguió su espíritu y sus recomendaciones desde el principio hasta el final.

2.3. El Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa en el Estado español Este breve recorrido histórico por la evolución de la figura de los Tribunales Internacionales de Opinión nos servirá para enmarcar los contenidos del tercer capítulo de este cuaderno. En ellos, trataremos sobre las cuestiones tratadas en el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa en el Estado español, que celebramos en octubre de 2005 en Madrid. Antes de entrar a desmenuzar cada uno de los ejes que lo conformaron, veamos en unas líneas, en qué consistió.

2.3.1. ¿Por qué un tribunal sobre deuda externa? Como hemos visto en el primer capítulo de este cuaderno, la deuda externa es uno de los principales factores que sostienen la pobreza y la desigualdad económica en el mundo. Sólo esto bastaría ya para plantear la necesidad de celebrar un tribunal popular en torno a una cuestión en absoluto secundaria para A finales del año 2005, en el Estado millones de personas que sufren las español, nos encontrábamos consecuencias de una deuda insostenible. con la situación política de un Pero, además, a finales del año 2005, gobierno que empezaba a hacer en el Estado español, nos encontrábamos algunas promesas de cancelación con la situación política de un gobierno de deuda pero que continuaba (y que empezaba a hacer algunas promesas continúa) manteniendo políticas de cancelación de deuda pero que de concesión de créditos que, lejos continuaba (y continúa) manteniendo de promover la lucha contra la políticas de concesión de créditos que, lejos pobreza, acaban convirtiéndose de promover la lucha contra la pobreza, en un factor más en el incremento acaban convirtiéndose en un factor más de la deuda externa de los países en el incremento de la deuda externa de empobrecidos. los países empobrecidos.

De ahí que nos planteásemos organizar un Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la responsabilidad del Estado español en el empobrecimiento de muchos pueblos de la Periferia y para revelar las consecuencias de la deuda externa en los países endeudados. Si la postura oficial de los distintos gobiernos en el Estado español ha venido coincidiendo con el discurso defendido por los poderes políticos y económicos mundiales, creíamos que había llegado el momento de escuchar las voces de las excluidas y excluidos. Con este objetivo, abrimos un espacio de reflexión moral y de estudio donde construir una herramienta de denuncia que nos permitiese presentar ante toda la ciudadanía la verdadera cara de la deuda externa. Para ello, contábamos con la colaboración de intelectuales, juristas, investigadores así como de compañeros y compañeras de la Periferia que conocían muy de cerca las luchas sociales de sus pueblos y las consecuencias de la deuda. Nuestros principales objetivos con la celebración del Tribunal eran: •

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Visibilizar la ilegitimidad de la deuda externa con todo el rigor jurídico posible e intentando buscar la máxima legitimidad popular así como hacer pública nuestra crítica a las actuales políticas de deuda del Estado español. Llegar a la mayor cantidad posible de personas y fomentar el debate sobre las consecuencias que tiene para los países empobrecidos la política española de endeudamiento. Fomentar un debate crítico sobre la deuda externa en los medios de comunicación y en la sociedad. Facilitar que la sociedad española escuchase las voces de la Periferia. Crear lazos entre las redes y organizaciones que, en el Estado español y a nivel internacional, trabajan en campañas por la abolición de la deuda externa, por la restitución de la deuda ecológica y por la justicia global.

2.3.2. Organización del tribunal y debate político Más allá de la coyuntura política específica de finales del año 2005, la idea de organizar un tribunal popular para juzgar la deuda externa en el Estado español surgió en los primeros encuentros preparatorios de la campaña ¿Quién debe a quién? que se celebraron en noviembre de

2004 y en enero de 2005. En el segundo de estos encuentros, se formó un grupo de trabajo, que, en los meses siguientes, estudiaría la posibilidad de realizar un tribunal. Las conclusiones del grupo se expusieron en el encuentro estatal que tuvo lugar en abril de 2005 en Palencia. En esta asamblea, se lanzó la campaña ¿Quién debe a quién?, se acordó cómo darla a conocer en público, qué acciones se llevarían a cabo y el calendario para las mismas. Uno de los hitos importantes incluidos en el calendario fue el tribunal, cuya realización se fijó para el mes de octubre dentro de un contexto más amplio de movilizaciones que QdQ preveía llevar a cabo en otoño. Una de las razones para elegir estas fechas fue su cercanía al debate y la aprobación de los presupuestos generales del Estado de ese año. El lugar elegido para la celebración del tribunal fue Madrid pero, con la idea de descentralizar el acto hasta donde fuera posible, se optó por programar vistas previas en otras tres ciudades: Barcelona, Córdoba y Salamanca. En la asamblea de Palencia, también se renovó y se reforzó el grupo de trabajo, que, a partir de entonces, dinamizaría el diseño y la preparación del evento. La primera labor del grupo fue dar forma a la idea, concretar en qué consistiría exactamente el tribunal. Finalmente nos decantamos por un tribunal popular que juzgase la responsabilidad del Estado español y las consecuencias de la deuda externa en los países endeudados, pero que también examinara el papel de otros actores, como las empresas transnacionales españolas y las Instituciones Financieras Internacionales. Debía ser un espacio abierto a la participación de la sociedad, en el cual El tribunal debía ser un espacio tuvieran un lugar central las voces de los abierto a la participación de la pueblos de la Periferia, las afectadas y sociedad, en el cual tuvieran afectados por la deuda externa. un lugar central las voces de

los pueblos de la Periferia, las afectadas y afectados por la deuda externa.

El jurado estaría compuesto por personas de relevancia social y política de diversas esferas de la sociedad civil. Entre los jueces, queríamos contar con

personas de reconocido prestigio dentro del mundo académico y de la justicia. Finalmente, deseábamos que el tribunal fuera una oportunidad para fomentar el debate público y hacer presente el problema de la deuda externa en los medios de comunicación con un discurso más profundo y rico que el habitual. Una vez aclarado qué pretendíamos hacer, era preciso asesorarnos sobre el procedimiento de los tribunales de opinión. Los temas que se abordarían seguirían los tres ejes de la campaña ¿Quién debe a Quién?: la deuda ilegítima, la deuda ecológica y la deuda política y social. Había pues que elegir qué casos concretos se juzgarían dentro de estos ejes y hablar con redes y movimientos sociales de la Periferia para encontrar testigos. Asimismo, había que ir buscando posibles jueces y miembros del jurados que respondiesen a las características ya señaladas. Queríamos testigos y testimonios relativos a los tres ejes de la campaña, que las diferentes zonas geográficas estuvieran representadas y que hubiera equilibrio de género entre las y los participantes. Resultó más sencillo encontrar participantes de América Latina pues teníamos mayor relación con organizaciones y movimientos de esta región. Así, hablamos con personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú... También queríamos que África y Asia estuvieran representadas. En el caso de Asia, entablamos contacto con miembros de la campaña contra la deuda en Filipinas. Al final no fue posible traer a nadie de allí, pero precisamente uno de los testimonios que se escuchó en el tribunal fue un documental sobre este país, contenido en la película La deuda de los dictadores. De hecho, parte de los testimonios fueron grabaciones de videos que solicitamos cuando los testigos no podían asistir. Así sucedió con aportaciones desde Bolivia y Perú, recabadas a través de ONGs que participaban en la campaña. Desde mediados de septiembre y hasta la fecha de su celebración, la actividad de QdQ-Madrid se centró principalmente en los preparativos del juicio. El jueves 20 de octubre celebramos la última asamblea, faltaban menos de veinticuatro horas para que éste comenzara...

2.3.3. Crónica del tribunal 22 de octubre en Madrid. Desde primeras horas de la mañana entraron en la sala de celebración del Tribunal mujeres y hombres de todas las edades hasta completar las 300 butacas del auditorio. A las 10 de la mañana, un compañero de la campaña ¿Quién debe a Quién? daba por inaugurado el Tribunal, símbolo de “nuestra reivindicación de un camino diferente hacia la justicia” y nos recordaba que eran muchas más de 300 las personas que estaban pendientes de lo que llevábamos preparando tanto tiempo. Hacia aquí se dirigían ojos que nos enfocaban desde la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Colombia, Argentina, Filipinas, Chile, Brasil, Ecuador... De allí, nos llegaron testimonios brutales, voces de las víctimas de la globalización, gritos de los excluidos del sistema, reivindicaciones de los pueblos oprimidos por una deuda externa injusta e ilegítima. Sobre el estrado los jueces: Juana Calfunao (Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef, Comisión Ética contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios, Chile), Itziar Ruiz-Jiménez (Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Berzosa (Rector de la Universidad Complutense de Madrid) y Félix Pantoja (Vocal del Consejo General del Poder Judicial). En un lateral, el jurado popular compuesto por ciudadanas y ciudadanos del Centro y de la Periferia, provenientes de diferentes campos y sensibilizados con la problemática tratada: Rosa Regás (periodista y entonces Directora de la Biblioteca Nacional), Carlos Taibo (Profesor de Ciencia Política en la UAM), Javier Ortiz (Periodista), César Carrillo (Expresidente del sindicato USO de Colombia, exiliado), Eunice Khanyssa Mabyeka (Jurista, Miembro de la Asociación de Estudios Africanos y Panafricanismo), Chini Rueda (Teóloga, Miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del colectivo Somos Iglesia), Gemma Tarafa (Activista contra la Deuda Externa, Observatorio de la Deuda en la Globalización), Jorge Fonseca (Profesor

de economía de la UCM) y Begoña Lalana Alonso (Abogada, miembro de la junta de la Asociación Libre de Abogados). Estructuramos las intervenciones en función de tres ejes temáticos: Deuda Ilegítima, Deuda Ecológica y Deuda Política y Social. Cada uno de estos bloques contó con una exposición de motivos realizada por el fiscal correspondiente y, tras ésta, la intervención de tres o cuatro testigos de cada una de las temáticas. Algunos de los testimonios nos llegaron en forma de vídeos, así que tras las intervenciones orales de cada uno de los bloques presentamos imágenes llegadas desde distintos lugares del globo. Para cada bloque temático, contamos con un fiscal especializado en la materia. El bloque de Deuda Ilegítima tuvo como fiscal a Hugo Ruiz (Doctor en Derecho Internacional). El bloque de Deuda Ecológica contó con la participación como fiscal de Miquel Ortega (consultor ambiental) y, en el caso de Deuda Política y Social, la representación de la fiscalía corrió a cargo de Beberly Keene (coordinadora de Jubileo Sur, Brasil). Al banco de los acusados invitamos a los responsables de la generación y gestión de la deuda por parte del Estado español, tanto actuales como de anteriores legislaturas: representantes del Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Exterior, Instituto de Crédito Oficial, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y, por último, representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ninguno acudió. Los testimonios se sucedieron a lo largo del día, ninguno mejor que otro, cada cual más revelador. Comenzamos con el eje de Deuda Ilegítima, durante el cual el fiscal, Hugo Ruiz, tras una rigurosa y documentada exposición de motivos, pidió a los jueces “que se declare la ilegitimidad de las deudas contraídas por los Estados llamados en vías de desarrollo” y “que se declare y pronuncie la obligación de reparación con respecto a los Estados y pueblos del tercer mundo”. Tras él, la intervención del testigo Mbuyi Kakunda nos acercó al corazón de las tinieblas, nos habló de un

África explotada, saqueada, empobrecida, humillada, infantilizada.Con la vehemencia que le caracteriza, Kabunda representa la otra África, la que sigue en pie a pesar de lo anterior, viva, madura, digna, orgullosa, en resistencia permanente. Después atravesamos el océano y viajamos hasta Argentina, acompañando a una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo, que nos dio una sabia lección de inteligencia y dignidad que terminó con el que sería el grito del día: “No debemos, no pagamos”. Tras desgranar lo concerniente a la ilegitimidad de la deuda, le llegó el turno a Miquel Ortega, fiscal del bloque de Deuda Ecológica, quien abrió el debate sobre la responsabilidad del Estado español “ante los países y los pueblos del Sur en la alimentación de la gigantesca deuda externa, que evidentemente atenaza su presente y limita poderosamente su futuro”. Tras él, los brillantes testimonios de Ivonne Yáñez y Tom Kucharz nos acercaron a la deuda ecológica en Ecuador y a la deuda del carbono, respectivamente. El tercero de los bloques, Deuda Política y Social, se abrió con la magistral intervención de la fiscal Beverly Keene. Tras ella, el colombiano Omar Mendivil denunció alto y claro, frente al auditorio, a los responsables de la miseria y el conflicto social en su país, al gobierno cobarde que impidió su presencia en el Tribunal (por lo que sus declaraciones se hicieron telefónicamente) y al gobierno español y sus empresas multinacionales, que han desmantelado los servicios públicos en Colombia, lo que ha creado una amplísima proporción de excluidos. Luego, Clarice Aparecida Dos Santos nos acercó a la realidad del Movemento dos trabalhadores rurais Sem Terra de Brasil, nos habló de lucha, de derechos y de sacrificios. Por último, Carlos Gómez Gil realizó una brillantísima exposición sobre las políticas de deuda externa del Estado español. Tras escuchar todos los testimonios, llegaba el turno del jurado popular. Uno a uno, los integrantes del mismo subieron al atril para emitir su juicio y sus recomendaciones a los jueces. El economista Jorge Fonseca pidió que “se condene al capitalismo, como sistema social que hace posible todo esto”. El periodista Javier Ortiz, por su parte, añadió a la condena a los “grandes monopolios de la comunicación en la situación

de desigualdad económica del mundo” El economista Jorge Fonseca pidió mientras Eunice Kanyssa declaraba que “se condene al capitalismo, rotundamente culpable al gobierno como sistema social que hace español “de violar los derechos humanos posible todo esto”. y el derecho internacional a través de su política de deuda externa”. Para finalizar, los jueces: Itziar Ruiz-Giménez, Carlos Berzosa, Félix Pantoja y Juana Calfunao solicitaron la comparecencia de los acusados, los convidados de piedra que no tuvieron la valentía de enfrentarse a la justicia popular. Tras esto dábamos por finalizada la sesión para dejar que los jueces se retirasen a deliberar. Algunas horas después, la testigo Nora Cortiñas y la jueza Juana Calfunao leían a dos voces y con una rotundidad apabullante el veredicto de los jueces, que, como podéis ver al final de este cuaderno, declara culpables al Gobierno español, a las empresas transnacionales españolas y a las Instituciones Financieras Internacionales, por su responsabilidad en la generación de la deuda externa ilegítima, así como en la acumulación de la deuda ecológica y social que el Centro viene contrayendo con la Periferia desde hace más de cinco siglos. Así dábamos por concluido el Tribunal, con la sensación de haber dado un paso más en la lucha por la abolición de la deuda externa y con una nueva motivación para seguir trabajando por la justicia universal. Que sirva este juicio simbólico para que la balanza se incline del lado de los justos, que sirva este Tribunal como ejemplo de otra manera de hacer justicia, que sirvan las siguientes páginas para que las voces que escuchamos en esos dos intensos días permanezcan para siempre en la memoria.

3. Deuda ilegítima, deuda ecológica y deuda social

3.1. Deuda ilegítima 3.1.1. La deuda externa: injusta, inmoral e ilegítima Desde gran parte de la sociedad civil, tanto de la Periferia como del Centro, la deuda externa es vista como injusta, inmoral e ilegítima. Es injusta porque las estructuras económicas (neo)colonialistas han aprovechado la reestructuración de su pago para imponer políticas económicas neoliberales que han debilitado enormemente a los países endeudados. Es inmoral porque se exige a estos Estados que prioricen el pago de la deuda frente a la supervivencia y el bienestar de su población. Por último, es ilegítima porque en su origen encontramos (en muchos casos) préstamos ilegítimos, que fueron destinados a la compra de armas (a menudo con la finalidad de silenciar protestas civiles o de mantener una dictadura), a la financiación de guerras para invadir y anexionar territorios vecinos, a corromper los poderes económicos y políticos de la Periferia (desviando préstamos que no llegaron nunca al país), a la compra de bienes de lujo para las élites del país, a la financiación de infraestructuras para uso y beneficio de las empresas transnacionales, a nefastos proyectos mal llamados de desarrollo que han implicado destrucción ambiental y desestructuración social o a préstamos impuestos por el FMI con condiciones nefastas para el bienestar de la población. Si detallamos con un poco más de detenimiento qué entendemos por deuda ilegítima, diríamos que es aquella que procede de préstamos que, por sus causas y/o por sus consecuencias, esconde, financia o implica comportamientos, mecanismos o fenómenos que, a corto, medio o largo plazo, atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos del mundo y/o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Es decir, se trata de todas aquellas deudas que han conllevado impactos negativos sobre los pueblos (principalmente del Sur) y el medioambiente; deudas que en alguna parte del proceso (contratación, renegociación, términos del contrato, destino del dinero, impactos…) violan los derechos humanos,

los principios de derecho reconocidos a nivel mundial o las reglas de derecho internacional que rigen las relaciones entre los Estados y entre los pueblos. Dentro de lo que denominamos deudas ilegítimas, habrá casos en los que se hayan cometido actos ilegales (contrarios a la ley), pero también encontraremos “deudas legales” en las que no se haya incumplido la legislación nacional o internacional en el establecimiento y ejecución del contrato. No obstante, aunque legales, podemos considerarlas ilegítimas, en tanto que de forma directa o indirecta obstaculizan el desarrollo integral y digno de las personas y los pueblos. Como ejemplo de ello, podemos considerar deudas que se vinculen a la opresión de los pueblos, el genocidio, las guerras imperialistas, la corrupción, la distribución desigual de la riqueza, la generación de la pobreza, la arbitrariedad (acto o procedimiento contrario a la razón, dictado únicamente por la voluntad o el capricho), el intervencionismo de las soberanías o los desastres ecológicos. Se distinguen diferentes tipos de deudas ilegítimas según cuál haya sido el destino de los créditos: A) Deudas de opresión: Denominamos deudas de opresión a las resultantes de préstamos contraídos para financiar actividades humillantes, agresivas o criminales contra la población. Se trata, por ejemplo, de aquellos préstamos empleados en imponer un gobierno o en mantener o fortalecer un régimen dictatorial o represor; de fondos destinados a la compra de armas para reprimir levantamientos de oposición; de los destinados a la construcción y mantenimiento de centros de detención y tortura o de campos de concentración, de fondos dedicados a la formación y mantenimiento de cuerpos militares especializado para estos fines, etc. Un ejemplo muy claro es el de las deudas del régimen del Apartheid en Sudáfrica. B) Deudas de guerra: Las deudas de guerra consideradas ilegítimas son aquellas derivadas de préstamos que financiaron planes bélicos con fines imperialistas (extender el dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza); con fines de conquista (ganar, mediante operaciones de guerra, un territorio, población, posición, etc.); o con fines anexionistas

(unir o agregar un territorio a un país bajo su dependencia). Caen dentro de este tipo de deudas los préstamos tomados para financiar los gastos militares destinados a la invasión u ocupación territorial de otros Estados tales como armamento o equipos de comunicación, entrenamiento y mantenimiento de tropas, pago de mercenarios, etc. Un caso es el de las deudas del régimen de Suharto en Indonesia para invadir Timor Oriental. C) Deudas de corrupción: Este tipo de deudas, que también calificamos de ilegítimas, son aquellas que se acumulan como consecuencia de actos de corrupción. Sea porque los fondos tomados por los Estados son desviados directamente a las cuentas personales de gobernantes, funcionarios públicos o sus cómplices; sea porque lo que se paga en concepto de sobornos se termina compensando con algún tipo de maniobra que aumenta la deuda externa de los países prestatarios. Existen múltiples casos: dictadores como Pinochet en Chile, Marcos en Filipinas, Mobutu en Zaire (actualmente República Democrática del Congo), Duvalier en Haití o Sadam Hussein en Irak,...; monarcas como Hassan II en Marruecos o gobiernos democráticos como el de Menem en Argentina. La lista de gobernantes corruptos que han engrosado sus cuentas privadas, a la vez que incrementaban la deuda externa de sus países, es enorme. Una cuestión que debemos tener en cuenta al abordar las deudas de corrupción es que no sólo debemos mirar al corrupto, sino también al corruptor o al cómplice en el bando de los acreedores. El Banco Mundial o las Agencias de Crédito a la Exportación son instituciones a menudo implicadas, que incluso favorecen procesos de corrupción por los que se genera o incrementa la deuda externa de los países de la Periferia. D) Deudas de élites: Este tipo de deuda ilegítima es la que se acumula como resultado de préstamos tomados por el Estado para beneficiar exclusivamente a una minoría de la población o a intereses locales o foráneos que gozan de una posición de ventaja política o económica preexistente o bien cuentan con el poder suficiente (capacidad de pagar sobornos, capacidad de determinar el estado financiero o económico del país, etc.) para obtener tales favores. También incluye aquellos créditos que se toman para cubrir gastos que se podrían evitar con políticas o medidas de control que garantizaran una redistribución equitativa de las rentas

de los grupos privilegiados (por ejemplo, una política fiscal progresiva o ciertas medidas financieras como el control de la salida de capitales, o la prohibición de las leyes de secreto bancario). Un ejemplo claro son las deudas que toma el gobierno para construir infraestructuras que sólo benefician a una industria o empresa (frecuentemente transnacional) determinada. Por ejemplo, es el caso de las empresas petroleras que se instalan en la Periferia, con el apoyo de las infraestructuras del gobierno, pero que no revierten sus beneficios en ese país. También sería el caso de la nacionalización de deudas privadas. E) Deudas de desarrollo: Estas son las deudas tomadas para realizar proyectos de “desarrollo” que fracasaron o cuyas consecuencias humanas o ambientales resultaron nefastas porque carecían de estudios de factibilidad técnica, financiera, ambiental o social. Por lo general, se trató de proyectos faraónicos que nunca se pusieron en marcha, o que no se pudieron terminar por fallas irreparables o imprevisiones financieras. Y si finalmente entraron en funcionamiento, resultaron ser innecesarias o gravosas económicamente para el país en el que se llevaron a cabo, aunque muy rentables para los bancos y los proveedores extranjeros... y para los bolsillos de los intermediarios y gobernantes. F) Deudas de salvamento: denominamos deudas de salvamento a aquellas generadas por proyectos o reestructuraciones económicas, financieras o institucionales que prometían el crecimiento económico del país de localización o su estabilidad y, consecuentemente, la reducción de la pobreza. Planes que fueron aconsejados por los expertos de los organismos multilaterales de crédito (en realidad impuestos por ellos a los países endeudados bajo la modalidad de condicionalidades) cuyos resultados tuvieron efectos “no previstos” -y, por lo tanto, no asumibles ni compensables por parte de las instituciones responsables- que terminaron colocando al país, la región, o un sector de la población determinada en una situación de mayor pobreza e inestabilidad económica, y profundizando su situación de subordinación a la injerencia externa. En esta clase de deudas se destacan las generadas por los proyectos de privatización de las empresas o servicios públicos, los proyectos de reestructuración de la economía doméstica hacia la agricultura de monocultivos de exportación y aquellos que generaron la desindustrialización.

RECUADRO 5 Los elefantes blancos del Congo A principios de los años 70, bajo el régimen de Mobutu Sese Seko, se construye en el cauce del río Congo la presa la hidroeléctrica Inga I, actualmente junto con Inga II es la más grande del mundo y funciona a un 40% de su capacidad. “Inga es el caso de escuela típico de las malas inversiones. Uno de mis antiguos profesores, hoy en la Universidad de Lovaina, Jean Claude Willame, escribió en 1986 un libro: La epopeya de Inga. En él demuestra que Inga fue una estafa. Inga es una presa hidroeléctrica, del siglo XXII, que lleva la corriente eléctrica desde la desembocadura del río Congo hasta la provincia de Shaba-Katanga, las minas de Katanga, mi tierra, donde ya existen cuatro fuentes de energía, de modo que incluso exportamos a los países vecinos como Zambia, Zimbabwe o Angola. Por tanto era una estructura innecesaria. Inga lleva la corriente al Shaba y no deja la corriente a través de la selva ecuatorial, que ha destruido, o en las aldeas que están a lo largo de esta línea de alta tensión eléctrica. Inga permitió a los EE.UU. encontrar una salida a su mano de obra (en la década de los 70, muchos ingenieros norteamericanos fueron contratados para trabajar en este proyecto). Permitió a Italia encontrar una salida a sus bienes de equipo. Y desde luego, como era de esperar, permitió a los miembros del gobierno zaireño de la época cobrar comisiones. La tercera parte de la deuda externa de la República Democrática del Congo está en Inga. Una estafa; un safari tecnológico, un proyecto, como decía, del siglo XXII. Otros “elefantes blancos” del Congo fueron la construcción de la siderurgia de Maluku en un país que no es productor de hierro (que no funciona prácticamente), la Boite du Zaire o el inmueble de Radio Televisión, un impresionante inmueble de 30 ó 40 plantas en plena selva ecuatorial que funciona al 10% de su capacidad. Y el Palacio de Kawele, o de la aldea natal de Mobutu, que es la reproducción del Palacio de Versalles.” Mbuyi Kabunda. Profesor de Relaciones Internacionales por la Universidad de Basilea. (Declaración en el Tribunal).

G) Deudas fraudulentas: las deudas fraudulentas no son otra clase de deudas ilegítimas porque el destino de los fondos en definitiva será identificado en alguno de los tipos ya descritos, en especial las cuentas de los beneficiarios de los actos de corrupción. Sin embargo, esta distinción pretende destacar los casos en que medió intencionalidad y connivencia entre los gobiernos locales y los prestamistas para que se cerraran negocios sucios basados en la estafa y el fraude. Tales son los casos de sobreprecios, sobrefacturaciones, subfacturaciones, autopréstamos, evasión impositiva, etc., como de proyectos inexistentes o nunca llevados a cabo. Todas operaciones fraudulentas que terminaron engrosando el monto de la deuda externa, haciéndola todavía más gravosa.

3.1.2. Legalidad e ilegitimidad: deuda odiosa Sófocles, en su tragedia Antígona, dramatiza el sacrificio de una heroína que antepone sus principios, para ella irrenunciables, a las leyes de la ciudad. Antígona sabe que le espera la pena de muerte, ya que la proclama de Creonte no deja lugar a dudas: la ejecución será el premio de aquel que se atreva a dar sepultura al cadáver de Polinices, el hermano de Antígona. Sin embargo, la joven tebana cree que la ley no puede pronunciar la última palabra sobre lo legítimo y lo legítimo. Lo que en la tragedia griega era un conflicto entre las leyes humanas y las leyes misteriosas de los dioses puede leerse, en nuestro presente, como un símbolo actual: el de la relación, que es a veces diálogo, y con frecuencia, conflicto, entre legalidad y legitimidad, entre legalidad y justicia. No cabe la menor duda de que buena parte de los casos de deuda ilegítima que afrontan los pueblos de la Periferia suponen una violación fragante del derecho vigente en los países afectados y, a menudo, también, del derecho internacional. Por ello, no sorprende que hayan existido iniciativas sociales y políticas que reclamen la investigación de la deuda por parte de los tribunales. Para ello, se apoyan en doctrinas jurídicas como la de la “deuda odiosa”, enunciada explícitamente por primera vez en 1927 por Alexandre Nahum Sack: "Si un poder despótico contrae una deuda no para satisfacer las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortalecer su régimen

Impacto de las operaciones de Repsol en los pueblos de AmĂŠrica Latina y denuncias locales.

Acciones de denuncia de multinacionales espa帽olas que violan derechos laborales y humanos en la Periferia y generan deuda ecol贸gica.

Movilizaciones de la campaña ¿Quién Debe a Quién? contra la deuda externa, el G8, la OMC y las IFS’s.

Carteles de denuncia de la deuda externa de la campaña ¿Quién Debe a Quién?

Acciones de calle de la campaña ¿Quién Debe a Quién? para denunciar la injusticia de la Deuda Externa y el reconocimiento y restitución de la deuda ecológica.

Consulta popular sobre la abolici贸n de la deuda externa celebrada en 2002. M谩s de un mill贸n de personas votaron a favor de la cancelaci贸n de la deuda.

Tribunales internacionales de opini贸n para juzgar la Deuda Externa: Tribunal celebrado en Madrid (arriba), vista previa de Barcelona (abajo izda) y Tribunal de Asturias (abajo drcha.).

Acto de lectura del veredicto del Tribunal Internacional de Opini贸n para Juzgar la Deuda Externa, celebrado en Madrid.

despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. La nación no está obligada a pagar esta deuda: es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha contraído; en consecuencia, queda anulada con la caída de dicho régimen".18 No obstante, con anterioridad y de manera implícita, ya había ido surgiendo la convicción de que un pueblo no está obligado a cargar con la deuda de un poder despótico. Así, por ejemplo, al acabar la guerra de Cuba, los Estados Unidos consideran que el pueblo cubano no debe pagar las deudas contraídas con la metrópoli, ya que dicho endeudamiento había sido impuesto a la población contra su voluntad. Más explícita es la sentencia arbitral emitida en 1923 en respuesta a un conflicto entre Gran Bretaña y Costa Rica: el gobierno costarricense se negó a pagar la deuda que había contraído el general Federico Tinoco con el Banco Real de Canadá, un banco británico. Un tribunal internacional, presidido por el juez Taft, a la sazón presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dio la razón a Costa Rica.El banco, como acreedor, debía asumir sus responsabilidades. Principalmente, el hecho de no haber tenido en cuenta los fines ilegítimos a los que iba destinado su préstamo. Por supuesto, el concepto de deuda odiosa no agota todo el campo de la deuda ilegal, y mucho menos el de la deuda ilegítima. Un país deudor no tiene por qué estar bajo una dictadura, o en guerra, para que su deuda pueda ser considerada ilegal: el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, el uso fraudulento de los fondos públicos, la financiación de proyectos con graves consecuencias sociales o medioambientales... todo ello puede implicar una violación de las leyes, y desde luego, suponen un caso claro de deuda ilegítima. Entre los intentos por llevar la deuda ilegítima a los tribunales (es decir, por declarar dicha deuda a la vez ilegítima e ilegal), una de las iniciativas más interesantes es la llevada a cabo por Alejandro Olmos. Sus esfuerzos lograron que, en el año 2000, la Corte Suprema argentina reconociese el carácter ilegítimo de la deuda contraída durante la dictadura. Desgraciadamente, el Parlamento no ha sido consecuente con esta demanda judicial y todavía sigue pendiente su aplicación. Son demasiados los intereses creados, tanto en Argentina como en los países acreedores, que se oponen a una sentencia justa. 18 Véase CADTM, Le droit international: un instrument de lutte?. CADTM/Syllepse, 2004, pp. 33-34. La traducción es nuestra.

3.1.3. Más allá de los tribunales La sociedad internacional contemporánea está profundamente marcada por la hegemonía de fuerzas conservadoras. El derecho internacional refleja esencialmente los intereses de estas mismas fuerzas: es su derecho. Este derecho traduce así materialmente sus valores, sus ideologías, y, sobre todo, sus intereses. Al mismo tiempo el nuevo orden internacional impuesto a los pueblos precisa de un derecho y de unas instituciones que puedan legitimar el sistema y dotar de apariencia de legalidad a la ley del más fuerte.19 Como señala Hugo Ruiz, el derecho vigente difícilmente puede entenderse fuera del contexto de un capitalismo internacionalizado, un sistema capitalista protegido por numerosas leyes dentro del marco jurídico actual. Por ello, aun sin prescindir de la necesidad de exigir auditorías y juicios, es preciso comprender que una deuda puede ser perfectamente legal dentro del marco legislativo existente y, sin embargo, resultar ilegítima. Es evidente que las leyes amparan con frecuencia comportamientos de los gobiernos y de las grandes empresas internacionales que perjudican seriamente a los pueblos empobrecidos del Sur. Por ello, el referente último de los movimientos sociales de la Periferia y del Centro que luchan por la abolición de la deuda externa, es la justicia. Una justicia social va más allá de la legalidad (con frecuencia, mucho más allá) e incluso puede entrar en conflicto con ésta. Así, por ejemplo, se entendió en la Consulta Social por la Abolición de la Deuda externa en el 2000. A pesar de la prohibición de las autoridades, la mayor parte de las personas y los colectivos que apoyaban la Consulta decidió salir a la calle para reivindicar lo que creían justo. La represión, que convirtió la Consulta en un acto voluntariamente asumido de desobediencia civil, hizo visible una vez más ese conflicto entre legalidad y justicia social. Por todo ello, resultaba del todo justificado un Tribunal de Opinión popular que investigara la deuda externa de la que el Estado español es acreedor. No sólo porque los tribunales españoles e internacionales no han mostrado ningún interés por desvelar la naturaleza de dicha deuda, a pesar de existir sobradas razones para dudar de la legitimidad de la misma. Pero hay una razón tan poderosa o más que ésta. Cuando existe conflicto entre las obligaciones éticas y la ley, es imprescindible 19 Hugo Ruiz, en CADTM, Le droit international: un instrument de lutte?, ed. cit., p. 22 (la traducción es nuestra).

señalar los límites, y las contradicciones, de la legalidad vigente. Especialmente cuando las leyes no garantizan la soberanía de los pueblos ni la justicia social. Así, si bien es importante apoyar las luchas que buscan soluciones jurídicas dentro del marco de las leyes presentes o futuras, no debe olvidarse el papel que la deuda externa ha desempeñado como instrumento de dominación y de extensión de un modelo económico y social. Un Tribunal de Opinión va más allá, en sus reivindicaciones, de un marco legal con frecuencia demasiado estrecho y con frecuencia cómplice del poder.

Cuando existe conflicto entre las obligaciones éticas y la ley, es imprescindible señalar los límites, y las contradicciones, de la legalidad vigente. Especialmente cuando las leyes no garantizan la soberanía de los pueblos ni la justicia social.

RECUADRO 6 Las conclusiones del experto En 1999 Fantu Cheru1 fue designado Relator Especial de la ONU para analizar el impacto de los Programas de Ajuste Estructural (vinculados a las concesiones de créditos y renegociaciones de deuda) sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Este experto independiente, después de haber estudiado más de 39 documentos oficiales firmados entre gobiernos o entre los estados y el FMI, dio por probado que las políticas de estas instituciones que, en principio están ligadas a las NNUU, “van más allá de la simple imposición de una serie de políticas macroeconómicas a nivel nacional. Representan un proyecto político, una estrategia consciente de transformación social a nivel mundial principalmente para hacer que el mundo sea seguro para las empresas trasnacionales” de modo que nuestro planeta llegue a ser un vasto campo en donde sólo van a jugar dos factores esenciales: las leyes del mercado y el capital privado (documento E/CN.4/1999/50 de la comisión de derechos humanos de la ONU).2 Datos extraídos de la declaración de Hugo Ruiz Doctor en Derecho Internacional, Paraguay-Francia 1 Fantu Cheru, nacido en Etiopía y graduado en Gestión Urbana y Economía Política por la Universidad de Portland, EE.UU., es actual-

mente profesor de la American University de Washington. 2 http://www.unhchr.ch

3.1.4. Las auditorías como instrumento para valorar la legitimidad Determinar la legitimidad o ilegitimidad de una deuda más allá de una valoración moral, que podría tacharse de subjetiva, es posible a través de un proceso de auditoría. En nuestro contexto, auditar una deuda significa investigar y analizar, de manera crítica, el proceso de endeudamiento del Estado español hacia terceros países. Ello con el objetivo de, en primer lugar, evaluar la legalidad y la legitimidad de los préstamos y sus renegociaciones y, después, definir quiénes son los responsables, tanto del Centro como de la Periferia, de las posibles irregularidades. Auditar consiste, pues, analizar el origen, la composición y el desarrollo del endeudamiento. Permite saber si se han cumplido o no las leyes locales en cuanto a competencias, procedimientos, exigencias materiales y formales, registro, etc., y precisar qué cantidad de dinero se recibió y pagó y en concepto de qué proyectos. Además, con la auditoría, se pretende que se establezcan las bases para recuperar fondos fugados, reprivatizar deuda socializada, incorporar los costos ambientales y sociales, y definir nuevos programas de pago sostenible para las deudas que se puedan llegar a considerar legítimas. La auditoría nos debe servir para establecer pautas para crear un nuevo marco regulador de las operaciones financieras internacionales, para que los préstamos que se negocien en el futuro no incurran en la misma ilegitimidad. Este marco debería contemplar medidas de seguimiento ciudadano, prohibición y penalización de los elementos de ilegitimidad que se detecten y mecanismos que permitan perseguir y sancionar a los responsables. Las principales variables que se deben considerar en las auditorías serían el comportamiento de los acreedores, las circunstancias de contratación, las disposiciones contractuales y el destino de los fondos, sus consecuencias e impactos. En los países de la Periferia, encontramos gran cantidad y diversidad de ejemplos prácticos de auditorías de deuda externa. Estas auditorías se pueden clasificar, en función de quién las ha llevado a cabo, en: ciudadanas (de los movimientos sociales), jurisdiccionales (de las instituciones judiciales), legislativas (de las instituciones parlamentarias) o mixtas (legislativas y ciudadanas al mismo tiempo).Nada nos hace pensar que esto no sea posible en el Estado español. Muestra de ello es el precedente

que encontramos en el caso de Noruega donde en noviembre del 2002 tuvo lugar, por primera vez en un país del norte, un tribunal; “El Tribunal sobre Leyes y Moral”, organizado por la SLUG (Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo). El tribunal popular noruego era un reto ante el gobierno noruego, por la responsabilidad de éste en la crisis de la deuda de la Periferia. Hasta el momento, nunca se había trabajado el tema de la deuda desde esta óptica. El Tribunal tuvo tres ejes fundamentales de denuncia: la campaña de exportación de barcos a Ecuador, el papel de Noruega en las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial) y el concepto de deuda ecológica y las posibles contrarreclamaciones. Gracias a este Tribunal y a la campaña que SLUG ha venido realizando desde el año 2000 de denuncia de la deuda ilegítima, el gobierno noruego ha decidido recientemente cancelar de forma unilateral y sin condiciones las deudas ilegítimas por US$80 millones que mantienen 5 países: Egipto, Ecuador, Perú, Jamaica y Sierra Leona. El gobierno noruego ha admitido que los préstamos otorgados en estos casos particulares fueron irresponsables y se hallaron motivados por asuntos internos más que por análisis objetivos de las necesidades de desarrollo de los países involucrados. Las deudas, canceladas tras la auditoría, se generaron a partir de créditos a la exportación para promover la venta de barcos noruegos a países empobrecidos entre 1976 y 1980. La exportación de estos barcos se realizó primordialmente para asegurar el empleo en una industria de la construcción naviera del país, que se encontraba en crisis, y no debido a que estos barcos sirvieran a las necesidades de los países interesados. El gobierno noruego ha asumido la corresponsabilidad en la generación de una deuda externa ilegítima y ha actuado en consecuencia, anulando dicha deuda.

3.2. Deuda ecológica 3.2.1. Concepto de deuda ecológica El concepto de deuda ecológica es un concepto en continua revisión y construcción, aunque, al mismo tiempo, está altamente consolidado

tanto entre las organizaciones ecologistas como en aquellos movimientos sociales que persiguen la abolición de la deuda externa. Fue en la Cumbre de la Tierra en Río, en 1992, cuando el término “deuda ecológica” empezó a extenderse. Supuso un punto decisivo en los foros de Buenos Aires, Johannesburgo, Barcelona, Dakar, Porto Alegre... y recientemente, Nairobi. Recogiendo algunas definiciones, nos damos cuenta que, si bien el término ha sufrido evoluciones decisivas, hay muchos elementos que se mantienen a lo largo del tiempo. En 1994, el colombiano José María Borrero, por ejemplo, dio por título Deuda Ecológica a una obra, y en ella, la define como “una obligación con la biosfera por causa de intervenciones incompatibles en sus sistemas y procesos ecológicos esenciales, que han provocado destrucción de hábitats, extinción de especies y alteración grave de la homeostasis planetaria, con la consecuente amenaza para todas las formas vivientes.”20 Poco tiempo después, se hace explícita en dicha definición la denuncia de los abusos de unos pocos países, los países enriquecidos, sobre las sociedades y los ecosistemas del resto del planeta. En esta estela, sirva de ejemplo la definición que aporta la organización ecuatoriana Acción Ecológica.21 “La Deuda Ecológica es la responsabilidad que tienen los países industrializados por la destrucción paulatina del planeta como efecto de sus formas de producción y consumo, características del modelo de desarrollo, fortalecido con la globalización y que amenaza a la soberanía de los pueblos. La Deuda Ecológica es la obligación y responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte con los países del Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de sus bienes naturales como petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, conocimientos, bienes marinos y por el uso ilegítimo de la atmósfera y los océanos.Por el intercambio ecológicamente desigual, pues estos bienes son exportados sin tomar en cuenta los daños sociales y ambientales y la energía humana de sus pueblos. Además, por la producción de armas químicas y nucleares, substancias y residuos tóxicos que son depositados en los países del Tercer Mundo”. 20 http://www.joseborrero.com/pages/sp/publicaciones.html 21 www.accionecologica.org

Estas dos definiciones, entre las que median varios años, son muestra de que el término deuda ecológica sigue evolucionando y afinando su significado. Pero también señalan los contenidos comunes. En términos generales, es aceptado que la deuda ecológica es aquella deuda acumulada por los países centrales y por las élites mundiales (los deudores) con los países periféricos y las personas empobrecidas (que serían así acreedores). Los orígenes de esta deuda, que se remonta a muchos añosincluso siglos- atrás, son múltiples: el expolio de los recursos de los países periféricos, los daños ambientales no reparados, la ocupación gratuita o mal pagada de su espacio ambiental como vertedero de residuos, las consecuencias que están padeciendo debido al cambio climático y la contaminación y por la pérdida de soberanía alimentaria. Analizamos a continuación las formas de generación de deuda ecológica más dañinas y que han sido objeto de más denuncias.

3.2.2. La deuda del carbono Bajo este nombre entendemos la diferencia abismal de consumo y emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero que hay entre los países centrales y los periféricos. Según la información proporcionada por el CDIAC para 2004, el 41,6% de las emisiones mundiales procedían de la quema de combustibles fósiles líquidos (petróleo); un porcentaje algo inferior, el 35,9%, de sólidos (carbón); y un 17,8% de gaseosos (gas natural). El resto sería generado por la industria cementera y otros, como la quema de gas ‘residual’ en pozos de petróleo. Por supuesto, los principales consumidores de todas estas sustancias se encuentran en los países del centro. Así, mientras que las emisiones de CO2 en toda África alcanzaban los 314 millones de toneladas métricas en 2004 -después de una subida del 12% desde 1950- seguían siendo menores en su conjunto que las emisiones por separado de naciones como Estados Unidos, Rusia y Japón. Sólo cinco países africanos tienen

emisiones per capita por encima de la media mundial (1,23 toneladas métricas de carbono al año): Guinea Ecuatorial (2.86), Suráfrica (2,68), Libia (2,55), las Seychelles (1,84) y Argelia (1,50). Si nos basamos en los datos disponibles en 2004, 28 países africanos tienen una emisión per capita menor a 0,1 toneladas métricas de carbono por persona y año. Contrasta enormemente con las 6,81 toneladas per capita de Luxemburgo o las 5,61 de Estados Unidos. Entre los países de Europa Occidental, sólo Bosnia tenía en 2004 una emisión per capita por debajo de la media mundial. Y cuatro de esos países se encuentran entre los veinte mayores emisores de CO2 (Reino Unido, Italia, Francia y España). Lejos de disminuir, las emisiones de esta región son Las consecuencias del cambio climático no son sufridas más por un 7,6 % más altas que en 2000.

quienes más CO2 emiten, sino por aquellas regiones con sociedades y ecosistemas más expuestos y menos protegidos.

Sin embargo, las consecuencias del cambio climático no son sufridas más por quienes más CO2 emiten, sino por aquellas regiones con sociedades y ecosistemas más expuestos y menos protegidos. Es decir, los países periféricos sufren en mayor medida los desajustes del clima y tendrán más hambrunas a causa de las sequías, de las lluvias torrenciales...

Por esto se habla de la deuda del carbono. Es incluso cuantificable a nivel económico, utilizando para ello el sistema de multas definido en el Protocolo de Kyoto y las cantidades estipuladas en el mercado de emisiones ya en curso22 (sin que esto suponga, claro está, justificar el mercado de compra de derechos de emisión, que permite contaminar todavía más a los que más contaminan). El Panel Intergubernamental sobre cambio climático aconsejaba no superar las 0,4 toneladas de CO2 emitidas por persona y año. El derecho de emitir una tonelada de CO2 suele pagarse a 20 dólares en el mercado de emisiones. Sería posible 22 Se pueden consultar los precios alcanzados por la tonelada de CO2 en los mercados de Europa y EE.UU. en http://www.co2solutions.com/menu_web/index_menu.asp

calcular, entonces, cuánto le debemos cada ciudadana o ciudadano español a quien habita en Chad, último país en el listado de emisores, por ensuciar la atmósfera común y por obligarle de ese modo a padecer las consecuencias del cambio climático. Por el momento, la noción de deuda del carbono es simplemente una herramienta más de denuncia, pero podría ser un elemento para calcular la incalculable restitución por el deterioro del medio ambiente y de las relaciones sociales que supone el sistema económico capitalista neoliberal.

3.2.3. Biopiratería Tampoco existe una única definición aceptada sobre el término “biopiratería”. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental lo define así: “El acceso a y uso irregular o ilegal de componentes de la biodiversidad (recursos biológicos y genéticos especialmente) y de los conocimientos indígenas asociados, especialmente como parte de procesos de investigación y desarrollo y de la aplicación de biotecnología. Se asocia también a invenciones protegidas por derechos de propiedad intelectual (especialmente patentes), que directa o indirectamente incorporan estos componentes o conocimientos indígenas obtenidos sin el consentimiento o autorización de sus titulares.”23 Isabel Delgado recopila algunos de los casos de biopiratería más alarmantes24 en América Latina: La quinua de los Andes: La quinua es un cereal de altísimo valor nutritivo; su composición proteica es muy superior al maíz, el sorgo o el arroz. Es el fundamento de la dieta de muchos pueblos indígenas andinos y la base de su economía. En 1994, dos investigadores de la Universidad de Colorado recibieron la U.S. Patent 5.304.71, que les otorga control exclusivo sobre las plantas masculinas estériles de una variedad de quinua boliviana de uso tradicional, la apelawa. Los investigadores reconocen 23 http://www.biopirateria.org/ 24 http://www.ecoportal.net/content/view/full/31767

que nada hicieron para crear la variedad masculina estéril; declararon ser los primeros en identificar y utilizar un sistema fiable de esterilidad citoplásmica masculina en quinua para la producción de híbridos. La patente estadounidense no se limita a una sola variedad híbrida, sino que abarca cualquier híbrido de quinua que se derive del citoplasma masculino estéril de apelawa, incluyendo 36 variedades citadas en la solicitud de patentes. Hasta ahora los agricultores andinos se han limitado a plantear el tema en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tepezcohuite de Chiapas: Es una planta que fue utilizada por los mayas como eficaz tratamiento contra las quemaduras. Posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas y regenerativas de la epidermis.En 1986, el Dr. León Roque realizó en México una solicitud de patente sobre la corteza tostada del árbol del tepezcohuite y sobre el procedimiento para convertirlo en polvo, obteniendo en 1989 la patente en Estados Unidos (US 4.883.663). En la síntesis descriptiva de la solicitud de patente se describe el procedimiento tradicional utilizado, desde hace siglos, por comunidades indígenas, al que sólo se agrega el elemento de la esterilización. Entretanto, los precios han aumentado para los pobladores de Chiapas y el recurso silvestre se ha agotado. Las comunidades chiapanecas han sido expropiadas no sólo de sus conocimientos sino también -aprovechando la guerra de baja intensidad en la zona- de parte del escaso territorio en que crece la mimosa tenuiflora. Los lugareños tendrán que competir por el acceso al árbol con quienes lo comercializan para el mercado mexicano de tepezcohuite. Patente sobre el rupununine: El rupununine es un derivado de la nuez del árbol ocotea rodiei, una especie que se encuentra en el estado de Goiania, en Brasil. Ha sido usado ancestralmente por los pueblos campesinos brasileños como medicamento natural para dolencias cardiológicas, neurológicas, control de tumores y fertilidad. Fue otorgada su patente en Estados Unidos a Gorinsky. Un informe, titulado Out of África: Mysteries of Access and Benefit Sharing lanzado por el Edmonds Institute y el Centro Africano para la Bioseguridad (ambos grupos de interés público y sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y Sudáfrica, respectivamente), reclamaba investigar la biopiratería generalizada en África. Uno de los casos más conocidos y recientes de biopiratería en el continente africano se relaciona con el

producto Hoodia, un inhibidor del apetito basado en el conocimiento tradicional del pueblo San. Fue desarrollado y patentado por el Consejo Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial, que vendió los derechos en exclusividad a una empresa británica. Sólo después de una fuerte protesta mundial, los san recibieron un minúsculo porcentaje de las regalías, bajo la forma de un fideicomiso. El caso de Hoodia es citado aún como un ejemplo claro de distribución inadecuada de los beneficios y de un cuestionable consentimiento previo.25 Otro ejemplo es la uña de gato. Es una liana que mitiga los dolores de la artritis, comercializada por Liofilizadora del Pacífico. Los Ashannikas, el pueblo que ancestralmente la estaba utilizando, reciben tan solo un 0,2 % de los beneficios en concepto de mano de obra (son recolectores) y no por los conocimientos expoliados. Además de la injusticia que supone la apropiación indebida de los conocimientos, hay que tener en cuenta otros factores. Muchas de las especies utilizadas por la medicina herbaria son silvestres. Para satisfacer la demanda, la recolección de plantas medicinales en África a menudo se lleva a cabo a ritmos que superan su regeneración natural, y un número cada vez mayor de estos vegetales está en peligro de extinción o empezando a escasear. Su conservación reviste una enorme importancia para proteger la biodiversidad pero también para responder a las necesidades de salud del continente. La presión sobre esos recursos aumentará, con toda probabilidad, en un futuro inmediato, no sólo debido al rápido crecimiento de la población africana sino, sobre todo, a medida que el mercado de productos naturales y hierbas medicinales de procedencia africana crece, tanto en Estados Unidos como en Europa. Se trata de un mercado cuyo ritmo de crecimiento alcanza el 10% anual, como en el caso de la corteza de prunus africana, utilizada para tratar la prostatitis.

3.2.4. El comercio de residuos Otra de las causas que hacen que los países centrales se endeuden ecológicamente cada vez más con los países periféricos es la utilización de los territorios de éstos como vertederos. Es muy alto el número de residuos tóxicos que son objeto de compraventa. La Convención de Basilea 25 http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/23190

para el Control de los movimientos transnacionales de los residuos tóxicos peligrosos y su eliminación fue adoptada en 1989 y entró en vigor en 1992. Actualmente hay 149 países que la han ratificado. Estados Unidos es el único de los países enriquecidos que no lo ha hecho. A pesar de que el acuerdo de Basilea ha supuesto un paso adelante respecto a la situación anterior, aún existe transporte de residuos con un grave impacto ambiental en los países más pobres. Un ejemplo claro de que el problema continúa es el desmantelamiento de los barcos al final de su vida útil. Las industrias de los países más ricos, propietarias de los barcos de transporte, no los desmantelan en sus territorios, sino que prefieren hacerlo en los países de la Periferia, donde los costes son inferiores. Así, el desmantelamiento se lleva a cabo en países como India, Bangladesh, Pakistán, China o Turquía, principalmente debido a una mano de obra más barata y a unos estándares ambientales y de seguridad inadmisibles en el contexto del país enriquecido de origen. Hay muchas substancias tóxicas que están en los barcos y es normal que se produzcan fenómenos de contaminación, por ejemplo de amianto (sustancia cancerígena), así como vertidos de sustancias tóxicas al mar o en las superficies de trabajo. En las áreas de desmantelado en estos países, se pueden encontrar niveles altos de contaminación por metales pesados, PCB’s y TBT’s1. Muchas zonas ya han sido gravemente afectadas por el impacto ambiental producido por el desmantelamiento de estos barcos. En las playas de Agnand (India), las muestras de sedimentos marinos presentaban niveles de contaminación superiores a las de cualquier zona industrial portuaria. Hay que añadir que estos niveles de contaminación se han alcanzado en los últimos veinte años. Hay otros transportes de residuos derivados del hecho de que la Convención de Basilea tenga algunas carencias legales, como la clasificación no exhaustiva de residuos peligrosos. Por ejemplo, los

residuos eléctricos y electrónicos no han sido incorporados en la lista debido a la presión de los Estados Unidos. En la actualidad, cerca de un 80% de los aparatos eléctricos y electrónicos recogidos para reciclar en los Estados Unidos no son tratados en el mismo país, sino que son exportados a países como China (75% del total exportado), India y Pakistán. En estos países, las operaciones de reciclado y disposición final son realizadas en unas condiciones extremadamente peligrosas para la salud humana. Estas operaciones incluyen incineración de plásticos al aire libre, creación de piscinas de ácidos y vertido incontrolado de residuos en las áreas rurales. Económicamente, no obstante, es terriblemente rentable para el país exportador de residuos: según un estudio realizado por la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos, resulta 10 veces más económico embarcar un monitor de ordenador hacia Asia para ser reciclado que reciclarlo en los propios EEUU. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los países más ricos aprovechan la falta de legislación internacional y nacional para apropiarse de territorios ajenos y usarlos como basureros. Los productores de los residuos tóxicos transportados son, al mismo tiempo, los que tienen la capacidad de establecer las normas de este transporte. Por tanto, deberían ser ellos quienes asumieran la responsabilidad de los efectos ambientales y los perjuicios a la salud que estos residuos producen. Hasta el momento, sin embargo, se han aprovechado de modo continuado de su poder y no han asumido ninguna responsabilidad. Así, se puede decir que, con el paso del tiempo, han ido adquiriendo una deuda ecológica hacia los países menos industrializados.

3.2.5. Pasivos ambientales Llamamos pasivos ambientales al conjunto de daños ambientales (en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas) no compensados, producidos por una empresa en su funcionamiento normal o por accidentes imprevistos a lo largo de su historia. Para entender cómo los pasivos ambientales generan deuda ecológica del Centro respecto a la Periferia no hay que perder de vista la deslocalización de las empresas, que ha sido fuertemente impulsada por el proceso de globalización económica. Las grandes multinacionales aprovechan la laxitud de las legislaciones ambientales y laborales de

muchos países periféricos para instalar en ellos sus maquilas.

Las grandes multinacionales aprovechan la laxitud de las legislaciones ambientales y laborales de muchos países periféricos para instalar en ellos sus maquilas.

A pesar del perjuicio que causan, las grandes empresas multinacionales intentan, por todos los medios, no hacerse cargo de los daños que provocan. Tristemente, hay muchos ejemplos de pasivos ambientales. Sin ir más lejos, podríamos citar el vertido tóxico en Doñana por la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa en Aznalcóllar en 1998.

Como se puede imaginar, calcular la deuda ecológica derivada de los pasivos ambientales es muy difícil. ¿Hay alguna cantidad que pueda compensar la naturaleza devastada, los desastres sociales? La Dow Chemical, la Shell y UFC están implicadas en el uso del pesticida Nemagon en Nicaragua entre la década de los sesenta y los noventa. Dicho pesticida produce infertilidad, malformaciones... en grado tal que se había prohibido su uso en EE.UU. ya en los años setenta. Sin embargo, se permitía su uso en Centroamérica. Es un ejemplo claro de deuda ecológica y social.26 En Nigeria, la Shell dispone de 349 sitios de perforación, con 700 kilómetros de líneas de flujo y 400 de oleoducto. Esto supone una producción de 800.000 barriles de crudo diarios. En una infraestructura tan amplia, son muy frecuentes las pérdidas y roturas accidentales. Se producen continuas descargas al río Níger. La canalización afecta a las mareas y destruye el manglar. Socialmente, también las actividades de la Shell producen impactos negativos, puesto que ha aumentado la represión, especialmente a aquellos grupos que se oponen a las actividades de la petrolera, como los Ogoni.

26 Ver: Boix, Vicent (2007): El parque de las hamacas, Barcelona, Icaria/ Paz con Dignidad.

La actuación de Repsol en Ecuador entre 1999 y 2003 ha conllevado derrames un 20% más graves que el provocado por el hundimiento del Prestige. Además, esta empresa opera en el Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biosfera, con lo que ello supone de degradación de un espacio protegido. Hay que tener en cuenta, además que este Parque constituye el refugio de la etnia huaorani, pueblo que se está viendo muy perjudicado por la presencia en su territorio de la empresa.

3.2.6. Pérdida de soberanía alimentaria Si se produce la sustitución de cultivos de subsistencia por productos de exportación, que ponen en peligro la alimentación básica de una población, estamos ante un caso de deuda ecológica por pérdida de soberanía alimentaria. Además de la deuda derivada del uso de agroquímicos tóxicos como pesticidas y fertilizantes, tan propio de la agricultura latifundista enfocada a la exportación, hay que sumar el peligro que supone para los habitantes de los distintos territorios de países periféricos el hecho de dedicar gran parte de sus tierras cultivables a productos que no son de primera necesidad y que no están dedicados al consumo interno. A esto hay que añadir el CO2 emitido en el transporte de los productos hacia los países del Centro, que es donde normalmente se van a consumir. Los cultivos de soja transgénica en Brasil y Argentina, cuyos destinatarios son las ganaderías europeas, especialmente las españolas, son un caso grave. Igualmente, gran parte de los suelos fértiles de la zona andina están dedicados a la producción de flores al tiempo que gran parte de sus habitantes padecen desnutrición. El 70% del manglar ecuatoriano ha sido ya sustituido (y destruido) por piscifactorías de camarón, destinado al consumo en Europa y EE.UU. Estos son sólo algunos de los ejemplos posibles de pérdida de soberanía alimentaria de la que se benefician empresas y consumidoras/es de los países enriquecidos.

3.3. Deuda externa, deuda social y transnacionales en América Latina 3.3.1. Introducción El objetivo de este apartado, es –en primer lugar – analizar la relación entre deuda externa y deuda social, a fin de poner de relieve que los temas relacionados con la deuda tienen una dimensión mucho más grande, compleja y también, hay que decirlo, de sufrimiento extremo y profundo impacto en la vida de los pueblos. Para ello, primero se tratará de clarificar qué entendemos por deuda social, para luego pasar a hacer una interpretación genérica de la causalidad existente entre el fenómeno financiero y la situación social producida en los países afectados por la deuda externa. Para corroborar la pertinencia de esta interpretación, se analiza con cierto detalle la evolución y los mecanismos socioeconómicos que se llevaron en torno a la deuda externa en un caso concreto, Argentina. Nos centraremos en la enorme crisis que se desencadenó entre los años 2000 y 2001, crisis sin duda, estrechamente relacionada con el tratamiento de la deuda externa seguido en este país que, recordemos, fue repetidamente propuesto como el “alumno modelo y aventajado” por su total adopción de las recetas propuestas por el FMI y otras instituciones y voceros del modelo de globalización dominante en las últimas décadas. También se utiliza el estudio de este país, para entender el papel de las transnacionales –particularmente las de origen español- no sólo en la gestación de la deuda externa, sino en los instrumentos de dominación que, a nuestro entender, se configuran en torno a esta problemática financiera. Una vez verificado que la propuesta interpretativa es válida, se analiza la consistencia metodológica de extender esta interpretación a un marco más amplio, Latinoamérica. Finalmente, tras haber dejado establecida esta nueva escala de estudio, se dan algunos datos que permiten tener una primera aproximación a la dimensión y características de la deuda social contraída con la región. De paso, veremos cómo queda en evidencia la responsabilidad que les caben a los grandes agentes económicos del capital altamente concentrado y a los Estados del Centro.

3.3.2. El concepto de deuda social Aunque la bibliografía política, económica y social, sobre todo aquella que se inscribe en terreno del altermundialismo y/o el antisistema, trata esta cuestión con frecuencia, no existe una definición clara y consensuada sobre lo que se entiende por “deuda social”, particularmente cuando se habla de ella con relación a la deuda externa. En principio, el concepto de “deuda” implica reconocer ciertas relaciones y contenidos: hay deudores, y acreedores, que se convierten en tales a partir de que ha habido un préstamo, normalmente financiero, que supone condiciones de devolución (plazos, intereses, garantías, etc.). Sin embargo, el concepto de “deuda social” resulta un tanto difícil de aprehender desde la economía o la política, por cuanto no está claro cuál ha sido “el préstamo”, quién lo ha hecho y a quién, bajo qué condiciones. Por esta razón, sin pretender establecer una conceptualización en sentido estricto, a efectos de centrar Entenderemos por “deuda nuestro análisis en este documento, resulta social” al déficit producido en las necesario introducir algunas definiciones condiciones de vida de los pueblos “funcionales”, es decir, establecer algunos (particularmente de aquellos conceptos que usaremos para poder sectores más vulnerables), con desarrollar los contenidos que siguen.

relación a las que en un modelo de sociedad justa y equitativa podrían tener.

Entenderemos por “deuda social” al déficit producido en las condiciones de vida de los pueblos (particularmente de aquellos sectores más vulnerables), con relación a las que en un modelo de sociedad justa y equitativa podrían tener. Y por “condiciones de vida”, nos referimos tanto a aspectos materiales (acceso a bienes y servicios) como intangibles (cultura, libertades, seguridad, etc.), tanto en forma individual como colectiva, y en un nivel adecuado para asegurar lo que en cada momento histórico y cada realidad social puedan definirse como “situación de dignidad”. Bajo esta definición, puede entonces decirse que la “deuda social” contraída con una sociedad estará constituida básicamente por los déficit en nutrición, salud, vivienda, educación, cultura, libertades, seguridad social y equidad de género (en general, ausencia de discriminaciones)

que los afecten. Los “deudores” serán entonces, aquellos agentes sociales y económicos causantes de esas faltas de condiciones de dignidad individual y social en la vida de los pueblos.

3.3.3. Deuda social y deuda externa Somos conscientes de que la propuesta conceptual anterior, esconde un riesgo: el de generar una categoría de análisis difícil de vincular a la deuda externa (que es una categoría esencialmente “financiera”, es decir, flujos de dinero o equivalentes monetarios), ya que en última instancia, podría argüirse que “la culpa” de las malas condiciones de vida del pueblo (pobreza estructural, exclusión, privaciones, etc.) debe achacarse a las condiciones generales de desarrollo socioeconómico. Es decir, la responsabilidad apuntaría a una multiplicidad de variables, entre las que es muy arriesgado aislar unos factores de otros para determinar la mayor o menor responsabilidad de los distintos actores o causas. A partir de allí, vincular la deuda social con la deuda externa puede parecer un ejercicio harto complejo, cuando no, carente de significación real. Efectivamente, hay que reconocer que no es una tarea fácil. Sin embargo, la mayor dificultad reside no tanto en las supuestas complejidades de una aproximación metodológica sino en el enfoque que se plantee. Si simplemente se piensa en un ejercicio econométrico orientado a estimar con ciertos procedimientos determinadas cuantificaciones económicas, difícilmente se llegará a buen puerto. Fundamentalmente, porque este tipo de planteamiento, al ser esencialmente economicista, no alcanza a percibir la complejidad del proceso social, por naturaleza contradictorio, no lineal, plagado de luchas y contradicciones. Sin embargo, si el análisis se efectúa desde “lo político”, entonces es posible vincular claramente las cuestiones de deuda externa (“lo financiero”) y deuda social (“lo social”). Con esto queremos expresar que, siendo (o mejor dicho, presentándosenos) la deuda externa como un fenómeno “financiero”, es decir, como un escenario de negociaciones que se establecen entre agentes públicos y privados a nivel internacional para la obtención de préstamos y la determinación de las condiciones de devolución, lo realmente relevante, es lo que subyace detrás de esas negociaciones. Hay

que preguntarse entonces qué “significan” esos préstamos, a quién beneficiaron, qué condiciones de retornos se establecieron, cómo es posible (como se muestra en otras partes del libro), que, aún habiéndose devuelto ya sobradamente lo inicialmente prestado, el monto de la deuda externa se haya incrementado en un 700%. En otras palabras, preguntarse sobre las relaciones Norte-Sur, asimétricas e injustas para la Periferia pobre del planeta. Relaciones que hacen posible no sólo este saqueo, sino que además permiten mantener y reproducir en forma ampliada las condiciones que hicieron (y hacen) posible el saqueo continuado de los recursos y la explotación de los pueblos. Éstas son las que denominamos “relaciones de poder”. Y el análisis de lo político no consiste en otra cosa que en el análisis de las relaciones de poder que han hecho posible que la Periferia se viera forzada a endeudarse. Desde esta perspectiva, la deuda externa no es otra cosa que la concreción, la materialización, de un Desde esta perspectiva, la deuda modelo de relaciones de poder Norte-Sur externa no es otra cosa que la (más propiamente dicho, Centro-Periferia) concreción de un modelo de que es desplegada para asegurar una relaciones de poder Centroinserción subordinada de las economías Periferia que asegura una inserción periféricas a la lógica global del capitalismo subordinada de las economías salvaje globalizado. Por tanto, también un periféricas a la lógica global del instrumento privilegiado de ordenamiento capitalismo salvaje globalizado. interno, al generar en el interior de cada una de las economías subordinadas, las condiciones de acumulación y de generación de beneficios a favor de los grandes agentes de la globalización (capital financiero, multinacionales, subsidio encubierto al consumo depredador del Centro). Desde esta perspectiva, podemos decir, que la deuda en cuanto fenómeno acaecido en el plano “financiero”, por las condiciones en que se realiza, rápidamente se convierte en una relación concreta de poder. Como se verá luego con algunos ejemplos, el proceso de renegociación

permanente y humillante a que han obligado los servicios financieros de una deuda que -además de ilegítima y odiosa- era y es impagable, han significado en la práctica, el vaciamiento de las soberanías de los Estados de la Periferia. Incluso, han supuesto el vaciamiento de las débiles democracias instaladas después de muchas luchas y sacrificios. En su camino hacia la democracia, estos países han tenido que adoptar políticas económicas y sociales no decididas por sus propios pueblos sino impuestas como “condiciones” (ajustes estructurales, garantías políticas, etc.) para la renegociación de la deuda. Así, los gobernantes, sin escuchar a sus propias poblaciones, dejaban que los gobiernos de otros países o instituciones internacionales (los llamados acreedores) les dictaran las normas de su propia sociedad y de su economía. Por tanto, la deuda externa, al convertirse en instrumento político de dominación (relación de poder), se transforma en un factor que determina doblemente las condiciones de vida de los pueblos: • Por el impacto diferenciado que tienen los mecanismos de la deuda en la estructura productiva, reordena las economías locales y nacionales favoreciendo a las fracciones concentradas del capital (sectores financieros, multinacionales, exportación, capitales especulativos) al tiempo que penaliza a la industria productiva y la pequeña y mediana empresa, de la cual depende la mayor parte del empleo local y la provisión de servicios, fundamentalmente de los que se establecen en la cercanía (pequeño comercio, servicios personales, etc.) • Por su enorme capacidad de sujeción y adocenamiento de los Estados de la Periferia, impone políticas generales (fundamentalmente, a través de los llamados Planes de Ajuste Estructural), entre las que se cuentan, las políticas económicas (en la práctica, los llamados ajustes estructurales, las liberalizaciones, privatizaciones, aperturas económicas, etc.), las políticas sociales y fiscales (los llamados saneamientos del presupuesto público, recorte del gasto social con el objetivo de generar superávit para el pago de los servicios de la deuda externa), políticas laborales (“modernización” en términos de flexibilidad y precarización) y también, políticas represivas (frenar las protestas y luchas populares) o la liquidación de entidades y diferencias culturales (políticas de medios, importación de productos culturales, vaciamiento de contenidos educativos, etc.).

En síntesis, la lógica inmanente es que la deuda externa, al transformarse en un instrumento privilegiado de inserción de las economías periféricas en el nuevo orden del capitalismo globalizado, debe considerarse por tanto, inserta en el plano “político” (consolida y refuerza las relaciones de poder existentes). Desde allí, adquiere la posibilidad de reordenar el aparato productivo y de establecer el marco de “políticas” (a través de la captura del Estado y de sus órganos representativos). Estas dos instancias (economía y política) son las que determinan las condiciones de vida de los pueblos. Por tanto, la deuda externa, en la medida que ha deteriorado (como se verá más abajo) esas condiciones de vida, ha generado una inmensa deuda social con los pueblos de la Periferia económica del planeta. Podemos incluso avanzar un poco más. Si se acepta la propuesta conceptual anterior, podría sentarse una cierta base metodológica de cuantificación, ya que -siguiendo el esquema de otras propuesta innovadoras para cuantificar los aspectos devastadores del modelo de producción del capitalismo salvaje27 - podría decirse que el “monto” de la deuda social, en un entorno social determinado, estaría conformado por: 1. Aquello a lo que la sociedad tuvo que renunciar en el bienestar social ya alcanzado debido al violento retroceso forzado al calor de las “negociaciones” que impuso el endeudamiento externo (políticas de ajustes, recortes de los gastos sociales orientados a liberar fondos para pagar deudas, etc.). 2. Lo que la sociedad civil dejó de percibir en materia de “condiciones de vida” (según se definió más arriba), al haberse interrumpido las tendencias de desarrollo anteriores a los forzados endeudamientos generalizados en los años setenta. Habría que incluir también los perjuicios en materia de libertades, represiones, muertes, dictaduras, desaparecidos, etc. que asolaron a nuestros pueblos para permitir gobiernos títeres o dictaduras cómplices. Sin embargo, aunque este rubro no lo perdonamos ni olvidamos, tampoco lo cobramos en monedas. 27 Por ejemplo, el modelo de una aproximación al cálculo de la deuda ecológica, basada en los conceptos de “Huella ecológica” y “Espacio ambiental”. Una herramienta para avanzar hacia ese otro mundo posible. Iñaki Bárcena, “Una herramienta para avanzar hacia ese otro mundo posible”, Viento Sur, Nº 92. Año XVI. Junio 2007.

3.3.4. Cómo se convierte la deuda externa en relación de poder. Estudio de un caso representativo Como se anunció al principio, el caso argentino constituye una experiencia muy rica en conclusiones: un país que había alcanzado en los sesenta un apreciable grado de desarrollo capitalista, con índices de equidad social y distributiva apreciables, y sobre todo, con un reconocido potencial de desarrollo socioeconómico, en gran medida debido a la disponibilidad de recursos estratégicos (energía, petróleo, autonomía alimentaria, existencia de una población obrera relativamente cualificada y entrenada en los procesos de innovación social y tecnológica, existencia de fuertes capas medias con capacidad de consumo, un sistema educativo avanzado, una incipiente red de I+D, etc.). Sin embargo, la crisis que se abatió sobre este país entre los años 2000 y 2001 vino a borrar de manera drástica (también trágica) el espejismo del alumno aventajado de las políticas neoliberales diseñadas para la región y que, en forma resumida, fueron recogidas en el llamado “Consenso de Washington”. Y como es lógico, esa crisis no sobrevino de la noche a la mañana. Se fue larvando estructuralmente en las últimas dos o tres décadas precedentes a su estallido. Por tanto, pasaremos a describir, cómo la deuda externa fue el instrumento articulador de los acontecimientos económicos, financieros y sociales que fueron tejiéndose hasta llegar al desenlace comentado. El gráfico 5, que ilustra el desarrollo de los nuevos procesos de deuda28 muestra asimismo, los regímenes y/o partidos políticos que se fueron sucediendo. Grosso modo, si la Dictadura a través de la salvaje represión política y social instauró los mecanismos de endeudamiento, la democracia débil y subordinada de Alfonsín, más allá de las buenas intenciones, no fue capaz de detener el crecimiento de la deuda mediante la capitalización de unos intereses imposibles de pagar. Pero es el régimen profundamente corrupto del menemismo el que desarrolla toda la parafernalia neoliberal, bajo el manto del FMI, el cual, durante una década, proclamó a Argentina como el más aventajado de 28 Decimos “nuevos procesos de endeudamiento”, porque en la historia relativamente moderna de Argentina -siglo XIX- se puede encontrar también el endeudamiento con la entonces potencia dominante (Inglaterra) para comprobar cómo la ley de desarrollo desigual del capitalismo mundial ha generado ya en otras ocasiones, procesos de endeudamiento forzado como mecanismo de dominación.

Figura 4: Evolución histórica de la Deuda externa Argentina (en millones de dólares).

Inestabilidad financiera internacional Exceso de liquidez

Ruptura de la espiral

Quitas negociada s Anulación de hecho de la soberanía Estados. Incobrabilidad deuda

Rebelión social LA Antiglobis Insostenibilidad

2º Modelo de Renegociació n

Endeudamie nto forzado

~1975 ~1985

~2000

Destrucción Estado social y productivo Desregulación financiera Privatizaciones, aceptando título deuda Fuga de capitales

Deuda ilegítima, pero además sin prácticamente aplicarse al país. Destrucción de la base productiva

~1991 Alineamiento al Consenso de Washington

1º Modelo de Renegociació n Efecto Tequila Plan Brady Títulos de deuda Cartelización - FMI Renuncia reclamar ilegitimidad de la deuda Impunidad económica Capitalización intereses

Adaptación de economías periféricas al modelo de globalización Supremacía capital financiero. Riesgo país

Figura 5: Mecanismos de endeudamiento.

sus alumnos. Finalmente, el descenso originado por la quita (permitida implícitamente por EEUU y los poderes financieros mundiales) a la que llega Kirchner y la nueva situación de la deuda que se alcanza. Sin embargo, lo más importante, es comprender el “que pasó”, cómo se generó esta monstruosa deuda, y más que nada, para qué, en beneficio de quiénes. Para ello, y sólo a efectos de facilitar el análisis, en el gráfico de la Figura 6 se ha “esquematizado” la dinámica político-económica del proceso de endeudamiento y su posterior “renegociación” de deudas. Este esquema, aunque forzosamente reduccionista de la complejidad que adquirieron los procesos de endeudamiento, permite sin embargo, ver cómo se enlazan las nuevas circunstancias del capitalismo mundial con los escenarios-país y los procesos de endeudamiento no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y sobre todo, permite hacer aflorar los actores participantes y las estrategias seguidas. Como se observa, la deuda externa La deuda externa argentina fue argentina fue mucho más que una cuestión mucho más que una cuestión financiera. En los llamados procesos de financiera. En los llamados procesos renegociación se incluyeron cuestiones de renegociación se incluyeron –incluso, a veces como “condiciones cuestiones que decididamente previas” para empezar a negociar”tenían que ver con políticas que decididamente tenían que ver con generales, de ordenamiento global políticas generales, de ordenamiento de la economía y de la sociedad. global de la economía y de la sociedad. A título de ejemplo, puede citarse, que en 1982, cuando comenzó una de las rondas negociadoras, los organismos internacionales de créditos impusieron dos condiciones previas antes de sentarse a la mesa negociadora29: Argentina debería acordar con el FMI un plan de ajuste que garantizase el pago a los acreedores externos. Debían liberarse previamente los fondos británicos, que se habían congelado durante la guerra de las Malvinas. Ya en tiempo más recientes, incluso cuando los efectos de la devastadora crisis del 2000/2001 seguía golpeando despiadadamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad (en torno al 60% de la población), el FMI (y los gobiernos del Centro) seguían buscando imponer condiciones 29 “El círculo vicioso de la deuda externa argentina 1989-1999”. Jorge S. Zappino. http://www.monografias.com/trabajos25/ deuda-externa-argentina/deuda-externa-argentina.shtml

“previas y/o necesarias” para la refinanciación de la deuda externa, entre las que se incluía priorizar los intereses de las multinacionales que gestionaban los servicios privatizados (recomposición -como eufemismo de subida- de tarifas, compensación por la devaluación, etc.). 30 Resulta entonces patente que los mecanismos de negociación de deuda que se fueron forjando durante los años ochenta, se transformaron en el instrumento de alineamiento de las economías periféricas en la lógica depredadora del capitalismo salvaje que guía la globalización en curso. Llegamos así al momento en el que la deuda externa deja de ser un mero instrumento financiero y se transforma de lleno en una instrumento privilegiado de ordenamiento político, es decir, el nudo que materializa y reproduce en forma ampliada las relaciones de poder a través de las cuáles el Centro del sistema domina a la Periferia económica y social.

3.3.5. El papel de las transnacionales en el endeudamiento argentino

Además, en ese proceso de realineamiento, es decir, de consolidación de las nuevas relaciones de poder que se establecían a nivel mundial, es necesario señalar que las transnacionales desempeñaron (siguen desempeñando) un papel esencial. Fueron y son los beneficiarios, pero también el instrumento necesario, lo que invalida el argumento de que simplemente aplicaron la lógica de negocios para sacar partido de una situación creada por otros agentes o instituciones. Por ejemplo, para los procesos de privatización, se constituyeron el instrumento más eficaz (en algunos casos, más que las dictaduras) para desarticular a los tímidos Estados sociales desarrollados en el continente. Asimismo, a la hora de favorecer una apropiación muchísimo más intensa de beneficios a costa de la pauperización del conjunto de los pueblos, las transnacionales constituyeron un factor esencial. Por supuesto, no fue el único mecanismo de subordinación y hegemonización de las economías domésticas por parte de las fracciones transnacionalizadas y concentradas del capital, aunque sí un factor que permite mostrar con claridad la responsabilidad de las grandes corporaciones económicas y los mecanismos de generación de deuda. 30 Ministerio de Economía Argentino

De hecho, si se amplió la perspectiva, el flujo de inversiones extranjeras (IED), se dirigió básicamente31 a: - La privatización de servicios públicos básicos (agua, electricidad, transportes,...) - Recursos energéticos de alto valor estratégico (petróleo, gas,...) - Intermediación financiera - Distribución comercial - Producción alimentaria Y, como se puede comprender fácilmente, el control de estos sectores por el capital internacionalizado con intereses centrados en sus propios beneficios y difícilmente controlables en términos de estrategias de desarrollo (sobre todo por la desarticulación político-institucional que acompañó a estos procesos) produjo graves consecuencias. Entre otras:Una apropiación y externalización de sectores de servicios nacionales públicos y privados vitales para la satisfacción de necesidades básicas de la población, mudándolos desde una lógica de atención y equidad a otra de maximización de beneficios privados y minoritarios. - Un verdadero saqueo de recursos públicos fiscales y presupuestarios públicos a través de la “ingeniería financiera” que se utilizó para comprar muchas de las empresas instaladas (en general, sustituir los impuestos por servicios de deudas hacia grupos financieros propios o afines). - Sobrecarga ficticia y fraudulenta del erario público, mediante dos procesos de “estatización” (el Estado se hizo cargo) de la deuda externa privada de los grandes agentes económicos que se habían endeudado en el exterior (Cavallo, en dos oportunidades, siendo ministro de la Dictadura y luego del presidente De la Rua). - Captura de los sectores estratégicos de la economía (energía, producción alimentaria, intermediación financiera,...) esenciales para cualquier proceso de reordenamiento interno y proyecto de desarrollo equilibrado y socialmente sostenible, poniéndolos fuera del control popular y democrático. - Finalmente, la “modernización” productiva impulsada por los grandes agentes corporativos transnacionalizados, trajo aparejada una intensa destrucción de empleo, con un natural correlato de precarización social y laboral, en parte, por la capacidad de estos grandes agentes para imponer condiciones “al mercado”, en parte, por el poder que tenían 31 Argentina: demostración del carácter infernal de la deuda externa. El observatorio de las transnationales. BP 96. http://www. trannationale.org

sobre el Estado a través de los lobbies, la corrupción y el chantaje social,32 para crear una regulación favorable a sus intereses. Como podemos ver, la combinación “renegociación de deuda externa + forzar condiciones adecuadas a los intereses de las transnacionales” ha tenido un claro impacto en aspectos claramente vinculados a lo que más arriba definimos como “deuda social”. Éstas son la responsabilidad de las multinacionales y el sector concentrado del capital financiero en el proceso de reordenamiento social y productivo que se fue impulsando a la sombra de los procesos de renegociación permanente de la deuda externa Argentina. 32 Como mostró la investigación del Congreso Nacional.

RECUADRO 7 Prácticas transnacionales “UNION FENOSA, a través de sus filiales, entró a prestar servicio en el año 2000 (en Córdoba- Colombia) a una población de 300.000 usuarios en sectores que no tienen las condiciones técnicas adecuadas en sus redes para que les sea prestado un servicio con calidad, continuidad y seguridad. A raíz de una acción popular el Consejo de Estado determinó que esta empresa debía invertir en la construcción, en la reposición y en el mantenimiento de esas redes para prestar un servicio adecuado. Sin embargo UNION FENOSA hizo caso omiso a esa decisión judicial y comenzó a aplicar medidas de presión y hechos prácticos, como el de apagar la Costa en general, obligando así al Gobierno a sentarse con ellos y generar una negociación. Ésta concluyó con una resolución que daba a la empresa el privilegio de ocuparse del servicio hasta el punto de conexión del transformador y obliga a la comunidad, a través de un representante legal, a responsabilizarse y garantizar ese servicio, a pesar de que el Consejo de Estado ya había definido que el Estado colombiano- en cumplimiento a la normatividad constitucional- garantizaría la prestación de ese servicio a través de la empresa privada. Ello dio pie a que solamente en subsidios se apropiaran 54.000 millones de pesos por el servicio en estos barrios, subsidios que, legalmente, solo pueden percibirse por un servicio con calidad, continuidad y seguridad.” De la declaración en el tribunal de Omar Mendivil Colombia. Líder de la Organización de Usuarios de Servicios Públicos de Córdoba.

3.3.6. Las transnacionales de origen español en el caso argentino Dicho lo anterior, el próximo paso es plantearse, que transnacionales fueron las más relevantes en el caso argentino. Para ello, la Figura 6, nos pone sobre la pista del “origen” nacional de las corporaciones, al medirse los flujos de IED (Inversión Extranjera Directa) en los países de “destino”. Se observa así, que contrario a lo que muchas veces se considera (América Latina como “patio trasero” de USA), los países representativos de la Unión Europea se equiparan e incluso superan en importancia a aquel país del Norte. Y más específicamente, España se sitúa como el segundo inversor mundial en Argentina. Si ahora la mirada se orienta a los “sectores” a los cuales se dirigió la inversión española (Figura 7), se ve claramente que son los sectores públicos privatizados y la banca. Queda así de manifiesto que quienes participaron en la “fiesta” de las privatizaciones impuesta al país como parte de las condiciones de renegociación permanente de la deuda, lejos de solucionar nada, lo único que hicieron, fue generar más y más deuda. Y para poner nombre y apellido a los agentes económicos involucrados el siguiente cuadro (Cuadro 2).

3.3.7. Homogeneidad del proceso de deuda externa en América Latina: condición para una comprensión de la deuda social de la región

Para los límites precisos que nos imponen un trabajo de estas características, ante la imposibilidad de descender a un análisis detallado país por país, basta con considerar las siguientes cuestiones: El primero surge del análisis del contexto internacional en el que se originó el proceso de endeudamiento forzado de los países periféricos.

Figura 6: Participación por países de la IED durante los 90’s. Fuente: "Cambio de planes en Argentina". El País. 13 de enero de 2002.

Figura 7: Inversión española por sectores Fuente: Las empresas españolas temen verse perjudicadas por las medidas de Duhalde. El País. 5 de enero de 2002.

Cuadro 2. Empresas que “invirtieron” en los 90 en Argentina.

Telefónica TASA (Telefónica Argentina S.A.) Azul TV Patagonia Films Cablevisión Cadena de radios Torneos y Competencias Repsol YPF Metrogas Aguas de Barcelona Aguas de Argentina Aguas Cordobesa Aguas de Santa Fe Endesa Central Costanera Central Dock Sud Central el Chocón Edenor Yecitec

Estado Español/Iberia Aerolíneas Argentinas BBVA Bancos Francés Banco Santander Banco Río de la Plata Gas Natural Gas Natural BAN NH Hoteles Varias Cadenas Hoteleras Dragados Autopista del Oeste OHL Autopista Ezeiza-Cañuelas Autopista del Sur

La inestabilidad financiera, el shock petrolero, el agotamiento del ciclo expansivo de posguerra, y fundamentalmente, la creciente autonomía y preeminencia del capital financiero, fueron los que “impusieron” los procesos de toma forzada de créditos. Por tanto, estas condiciones “centrales” son aplicables a cualquier país de la periferia económica del sistema, no sólo a Argentina. En segundo lugar, la relativa “sincronía” de procesos políticos y sociales en América Latina, que en los años 70 vivió una violenta represión de las luchas sociales (en particular, con la aparición de las dictaduras

Evoluci贸n deuda externa latinoamericana (en Millones US$) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000

Colombia Venezuela

20.000 15.000 10.000 5.000 0 1970

1980

1990

1995

2000

2005

Figura 8: Evoluci贸n de la deuda externa latinoamericana. Fuente: World Development Indicators de 2002 y 2007 (Banco Mundial).

Evoluci贸n deuda externa latinoamericana (en Millones US$) 18.000 16.000 14.000

Bolivia Rep. Dominicana Ecuador Guatemala Nicaragua

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1970

1980

1990

1995

2000

2005

Evolucion deuda externa per cápita latinoamericana (en US$) 3.000

2.500

Brasil Méjico Colombia Venezuela Bolivia Rep. Dominicana Ecuador Guatemala Nicaragua

2.000

1.500

1.000

500

0 1970

1980

1990

1995

1999

2005

Figura 9: Evolución de la deuda externa latinoamericana per cápita. Fuente: World Development Indicators de 2002 y 2007 (Banco Mundial).

que asolaron el continente), la instalación de las democracias débiles de los 80 y la irrupción otra vez (social y económica) violenta de los feroces reajustes estructurales inspirados en las concepciones neoliberales más dogmáticas, antisociales y reaccionarias del planeta. Todo esto, da como resultado (ver la Figuras 8 y 9), trayectorias de endeudamiento en general asimilables a un patrón común. Por tanto, aunque se entiende que los países de la región presentan, como es lógico, sus propias trayectorias basadas en procesos históricos particulares, con niveles de desarrollo capitalista desiguales (entre países, pero también entre sectores sociales y regiones internas), se puede concluir que es pertinente considerar que la deuda externa consolidó modelos de inserción de la región en la nueva economía mundo y por tanto, relaciones de poder, de manera homogénea, abarcando en forma similar en todo el continente extendido al sur del Río Grande.

3.3.8. Consecuencias del endeudamiento externo para la vida de los pueblos: evidencias de la deuda social asociada Como se ha visto anteriormente, el pago de la deuda supone no sólo una transferencia permanente de recursos sino también (y sobre todo) el sometimiento a los intereses de grupos financieros o de otros Estados (o de las empresas transnacionales que se tienen su base en ellos) y que difícilmente coinciden con los de los pueblos que pagan la deuda. En el caso concreto de América Latina la deuda externa total desembolsada representa actualmente El pago de la deuda supone no más del 140% de las exportaciones sólo una transferencia permanente de bienes y servicios33 y contribuye a de recursos sino también (y un fenómeno que se repite desde hace sobre todo) el sometimiento a los décadas: la transferencia regular de intereses de grupos financieros o capital de la Periferia al Centro. Estos de otros Estados (o de las empresas flujos de recursos son favorables al Centro, transnacionales que se tienen su incluso cuando las cifras aparentemente base en ellos). muestran lo contrario. Esto implica que el bienestar del Centro, en buena parte, se está financiando con los exiguos recursos de la Periferia pobre del planeta. Así, en la década de los 80 y los 90, la transferencia neta de recursos financieros entre el llamado Norte y el Sur (Centro/Periferia) fue siempre favorable a los países del Centro hasta que la tendencia se invirtió en 1991. Ese año los países de América Latina y el Caribe finalizaron con una transferencia a su favor de 6900 millones de dólares. La causa de tan sorprendente recuperación de la economía de la Periferia está en la realización masiva de privatizaciones. Éstas son habitualmente recomendadas, asesoradas técnicamente y financiadas por el Banco Mundial y suponen la venta de empresas y recursos naturales a un precio muy por debajo de su valor real, como se ha visto en la experiencia de Argentina. En la actualidad, este hecho está motivando una intensa lucha de los movimientos sociales de Latinoamérica para recuperar –al menos- parte del patrimonio expoliado. En América Latina la puesta en práctica de estas políticas tiene trágicas repercusiones sobre la población. 33 Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean. 2006 United Nations Publications.

En lo que respecta a la distribución de la riqueza, las desigualdades en el ingreso per capita no han mejorado en los últimos 15 años al tiempo que América Latina mantiene la tasa de inequidad más alta del mundo. A pesar de las promesas de las instituciones financieras internacionales, estas políticas no logran reducir la pobreza y ésta continúa aumentando. En términos relativos permanece en los niveles de 1980 lo que supone que alcanza al 40% de la población mientras en términos absolutos crece desmesuradamente, pasando de 136 en 1980 a 205 millones de personas en la actualidad.34 La flexibilización del mercado laboral genera trabajo precario y un alto nivel de desocupación; y explica en gran medida por qué Argentina, fiel seguidora de los programas del FMI, alcanzó en 1995 la tasa más alta de desocupación de su historia llegando hasta el 18.6 % de la población activa. Mientras, la cobertura de protección social ha empeorado en el conjunto de estos países en los últimos 15 años.35 Los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) –ya discutidos en el caso argentino- implicaron en forma generalizada el recorte del gasto público lo que de facto se traduce en una reducción en presupuestos de sanidad y educación. Esta ha sido la tendencia en los últimos años en la mayoría de los países.36 En este sentido, UNICEF ya ha señalado cómo la reducción de los ingresos familiares, junto con los recortes en materia social, explican la deceleración de la tendencia al descenso de la mortalidad infantil en muchos de estos países. Especialmente sangrante fue el aumento de la mortalidad infantil en Argentina que pasó de 16.3 por mil en 2000 a 16.8 en 2002 y que UNICEF Argentina entendió como una consecuencia directa de la crisis de 2001. En cuanto a la educación, si bien en América Latina la tasa de analfabetismo se reduce en los últimos 20 años, el porcentaje de finalización y rendimiento en los estudios y de años promedio para terminar la educación primaria es mucho más alto que el de otros países de similar desarrollo económico.37 34 Fuente: CEPAL sobre la base datos del FMI y entidades nacionales publicados en el Statistical year book for Latin America and the Caribbean”,United Nations Publications, 2005. 35 Fuente: CEPAL datos 1995 -2003. 36 Estudio sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela 1998-2003. Fuente: World Health Organization. 37 Kliksberg, “Inequidad en América latina: un tema clave”, Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental , Asociación de Administradores Gubernamentales (Argentina), Buenos Aires (Otoño 1999), pp. 9-47.

De igual modo, las reformas fiscales introducidas siguiendo los dictados de los PAE benefician a las capas privilegiadas al aumentar los impuestos al consumo (que paga el conjunto de la población) y disminuir los impuestos al patrimonio, a los capitales y las transacciones financieras. Favoreciendo a las capas más acomodadas, se favorece asimismo la concentración de las tierras en pocas manos, lo que, junto con la desertización provocada por el hombre y la falta de inversiones para la mejora de las condiciones de vida en el campo, ha llevado al desplazamiento de campesinos y pueblos originarios de sus tierras a otras más alejadas o a la periferia de las grandes ciudades en las que se ven obligados a practicar estrategias de supervivencia.

RECUADRO 8 Prácticas transnacionales 2: La deuda de la trabajo Una de las variantes más demoledoras de la deuda social es lo que se ha dado en llamar deuda del trabajo. La deuda del trabajo nace de los beneficios que los países enriquecidos obtienen por aprovecharse injustamente de las legislaciones laborales más laxas de la Periferia y por la desprotección de las trabajadoras y trabajadores de los países empobrecidos (cuando no por influir y presionar directamente para perpetuar o agravar dicha desprotección). En diciembre de 2002, se aprobó en Colombia la Ley 789. Esta ley defiende claramente los intereses de las empresas multinacionales de floricultura que operan en la región. Amplía la jornada diurna de 6 a.m. a 10 p.m., con lo cual reduce el pago de horas extras nocturnas (convertidas por esta ley en diurnas), lo que es especialmente interesante para las empersas en determinadas fechas como son las proximidades del Día de los Enamorados o del Día de la Madre. Asimismo, dicha ley reduce en un 25% el pago convenido en días festivos y domingos. Por si todo esto fuera poco, esta legislación permite que los empresarios vean reducidos los costes por despido sin causa justificada.1

1 39 “La floricultura y los derechos humanos” en http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Deute_ecologic/florscactus.pdf.

Figura 10: Inequidad social por regiones

En síntesis, en estas décadas de deuda externa-globalización neoliberal, el resultado ha sido sociedades más injustas (Figura 10), más insostenibles social y medioambientalmente. Lo anterior es sólo una parte de las repercusiones sociales de las relaciones de poder establecidas entre Centro-Periferia, en las que la deuda externa ha funcionado como mecanismo privilegiado de articulación, formando parte así, de un aparato de dominación mucho más amplio y que ha utilizado otros instrumentos mucho menos “sutiles” para la implantación a gran escala (globalización) del modelo capitalista neoliberal.Nos encontramos por tanto con la evidencia que comentábamos al principio, “lo social” vinculado a “lo financiero”. Y los indicadores de salud, pobreza estructural, inequidad, precarización, etc., anteriores, no

hacen sino cuantificar el deterioro en las condiciones de vida de los pueblos. Es por tanto, una primera medida de la deuda social contraída por el conjunto de agentes institucionales (los Estados del Norte, las instituciones globales como FMI. BM, OMC…) y económicos (transnacionales, sectores concentrados e internacionalizados del capital).

3.3.9. Conclusiones Por todo lo anterior, podemos afirmar que la deuda externa se configura como un instrumento indisolublemente asociado al carácter de desarrollo desigual e injusto de capitalismo. En el caso de América Latina, la deuda externa fue un instrumento clave en la estructuración de relaciones del poder global y, dentro de cada país, en la fase de globalización neoliberal. Ha sido asimismo la principal palanca para generar el instrumento de inserción internacional del continente, dependiente y subordinado al modelo de globalización neoliberal. La deuda externa es mucho más que un mecanismo de transferencia de recursos financieros desde la Periferia al Centro: es un instrumento en torno al cual se articulan los modelos de ingerencia, de vaciamiento democráticos y dependencias políticas. La evolución de las economías de países fuertemente sometidos a pago de la deuda externa y al seguimiento de los PAE demuestran que ni el endeudamiento ni el ajuste estructural contribuyen al desarrollo económico del país . No son capaces de mejorar de las condiciones de vida de sus habitantes. Al contrario, suponen una perdida de valores del país, de calidad de vida para sus habitantes y de soberanía. Por tanto, La deuda externa en cuanto un mecanismo “político” de subordinación y de creación de dependencia, es en realidad un fenómeno que transcienda ampliamente la esfera financiera para insertarse de lleno como una instancia abarcadora, desde la cual se ejercitan los modelos de subordinación de los países periféricos y, en particular, de expoliación de sus riquezas. Desde esta perspectiva, los sectores más perjudicados han sido precisamente los que menos tienen, los más vulnerables. Por ello, no puede desvincularse el estudio de la deuda externa de su fortísimo impacto regresivo en lo social. En otros términos, la deuda externa ha estado indisoluble y estructuralmente ligada a la creación de una enorme

deuda social en forma de deterioro general de condiciones de vida de los pueblos de la Periferia. Los grandes beneficiados en este juego son los grandes agentes económicos del capital altamente concentrados y los Estados del Centro. Las grandes corporaciones transnacionales no sólo se beneficiaron de los mecanismos de endeudamiento, sino que fueron activos y necesarios agentes para su implantación en contra de los intereses de los pueblos. Por tanto, son responsables de los desastres sociales, políticos, económicos y medioambientales que han sufrido estas sociedades. En particular, las transnacionales de origen español, protegidas y promovidas por el Estado Español, han sido las más activas en este proceso en Latinoamérica, y por tanto, las más responsables. Apuntemos, por último, que no se puede olvidar el papel de la sociedad civil del Centro. Por varias razones. No sólo por solidaridad con los y las que sufren en cualquier lugar del planeta sino porque el consumo del Centro se ha visto directa o indirectamente subsidiado por este enorme expolio. También porque, en la medida en que esta sociedad pueda influir en la política de sus países, tienen el deber moral de luchar para acabar con la depredación. Igualmente, es importante su presión para desarmar a los ejércitos imperiales que impulsan la guerra (Irak, el mejor ejemplo). No menos necesario es desarmar la prepotencia y la impunidad económica del Centro. Al fin y al cabo, en este proceso de desigualdad y exclusión, de dualización creciente, que empieza a producirse también en las sociedades centrales, los responsables de aquí no son otros que los se beneficiaron con la deuda de la Periferia.

4. Veredicto TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN PARA JUZGAR LA DEUDA EXTERNA Formula, EN NOMBRE DE LOS PUEBLOS QUE SOPORTAN LA DEUDA EXTERNA y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta SENTENCIA que declara probados los siguientes HECHOS: 1. Constatamos que el monto de la denominada “Deuda Externa” se ha

ido acrecentando de forma vertiginosa en las últimas décadas y que supone un claro obstáculo para el desarrollo de una vida digna de los pueblos. Constatamos que el pago de la Deuda Externa cobra diariamente l a muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia estructural y de la violación sistemática de los Derechos Humanos de la mayor parte de la población mundial. Constatamos que dicha deuda es ILEGITIMA ya que: - Está pagada con creces. - Los intereses son usureros. - Se concedió a gobiernos dictatoriales y corruptos sin consultar ni repercutir a sus poblaciones, ya que éstos se destinaron a proyectos improductivos, compra de armamento o se desviaron a cuentas personales en países del Norte y paraísos fiscales. - Es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene entrampado en un ciclo de dependencia y de más deuda. Constatamos la existencia de una DEUDA del Norte CONTRAÍDA CON LOS PUEBLOS DEL SUR que es mucho más profunda y que abarca los valores, el desarrollo de las personas y las comunidades y que legitima los sistemas de dominación y sometimiento de los pueblos. El problema de la deuda es un problema de PODER y de injusta distribución de ese poder a escala mundial, nacional, comunitaria y muchas veces, familiar. Constatamos que la deuda del Norte abarca la inmensa DEUDA

HISTÓRICA, contraída tras más de quinientos años de saqueo y destrucción, avasallamiento político y cultural, esclavitud y sometimiento perpetuado hasta el presente por un sistema y ordenamiento mundial que ha institucionalizado la inequidad, el robo, la mentira y la impunidad. 6. Constatamos que los países del Norte han generado una DEUDA ECOLÓGICA la cual tiene importantes impactos sociales y medioambientales, impide la soberanía alimentaría, contamina el aire, el agua y el suelo, provoca enfermedades poniendo en peligro de forma grave la salud pública, y supone una transferencia de carga para las generaciones futuras, además de comprometer seriamente la supervivencia del planeta. 7. Constatamos asimismo una DEUDA SOCIAL por la violación sistemática de los DERECHOS HUMANOS incluyendo los derechos a la vida, al trabajo y un salario digno, la seguridad social, la educación, la salud, el acceso a los medios de subsistencia, la alimentación, agua potable, la vivienda, el derecho a no sufrir destierro, derechos al desarrollo y a la paz. 8. Constatamos la existencia de una DEUDA POLÍTICA de vasta dimensión ya que muchos países tienen usurpados sus derechos a la vida, a la soberanía y a la autodeterminación. 9. Constatamos una DEUDA CULTURAL por el trasvase de valores y perversión del lenguaje que convierte a los acreedores en supuestos deudores; el robo y el saqueo en interdependencia y globalización; la humillación y la auto-complacencia en ayuda y cooperación. 10. Constatamos que el gobierno español así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han participado en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, dando apoyo a regímenes criminales, dictatoriales y autoritarios cuando están obligados por el derecho internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos. 11. Constatamos que el Gobierno español, así como la Unión Europea en su conjunto, pone serias trabas a la libre circulación de los trabajadores inmigrantes y viola el Convenio de Ginebra para refugiados, mientras imponen al Sur la libre circulación de capitales y mercancías, a través del FMI, la OMC, el BM y la OCDE. La inmigración se produce por la causa de las desigualdades económicas entre los países empobrecidos que tienen, sin embargo, que destinar gran parte de sus recursos al pago de la deuda externa. Así, se condena a buena parte de la

población mundial a una situación sin salida. Ni en los países emisores de inmigrantes ni en los receptores encuentran una posibilidad para salir de las condiciones de extrema pobreza que afrontan. 12. Constatamos que el gobierno español ha aumentado la partida de los presupuestos generales del Estado destinada a los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) en un 63,5% respecto al último año. Con ello, sigue utilizando mecanismos de supuesta “ayuda” que perpetúan la generación de Deuda Externa y sirven a la internacionalización de la economía española. 13. Constatamos que el gobierno español utiliza el gasto público y mecanismos públicos de apoyo a la exportación como la CESCE (Compañía Estatal de Seguros de Crédito a la Exportación) para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas que comportan impactos ambientales, económicos y sociales muy negativos en los países destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española. Asímismo constatamos la total pasividad e indiferencia del gobierno español ante casos de denuncias por la violación de los derechos humanos y procesos judiciales contra empresas transnacionales españolas tales como Repsol-YPF, Endesa, Union Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, BBVA, Grupo Santander, La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC, ACS-Dragados, etc. 14. Constatamos que de llevarse a cabo la cancelación de la Deuda Externa del gobierno español al ritmo establecido actualmente, el 4%, necesitaríamos 25 años para alcanzar la cancelación total. Estos hechos expuestos en el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa, constituyen una violación grave del Derecho Internacional y sus normas y cuerpos legales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y originarios, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, así como de leyes y normas de carácter nacional e internacional, tales como el Convenio sobre Biodiversidad o el Protocolo de Kioto.Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones financieras y comerciales internacionales así como a las empresas transnacionales españolas a:

1. Reconocer política y jurídicamente que las mujeres y hombres

de los países del Sur son sujetos de derecho. Se deben garantizar satisfactoriamente los derechos de todas las víctimas de la globalización capitalista a la verdad, la justicia y la reparación integral. Ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa. Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía alimentaria, educación, salud, vivienda digna, agua potable, soberanía cultural, etc.). Instalar una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países del Estado español con el fin de realizar Auditorías Públicas Integrales y participativas para determinar la ilegitimidad de la deuda exigida. Abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas impagables e ilegítimas. Establecer un calendario de compromisos para adoptar un proceso que muestre la verdad y las responsabilidades políticas y judiciales de aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de los créditos ilegítimos. Restituir los daños causados e indemnizar a las víctimas. Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos - lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados -, establecer mecanismos para su restitución y aplicar políticas que eviten su generación. La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción, transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro territorio. La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el

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Gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas. 9. La eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el cierre de la CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el cese inmediato de sus actividades, así como la no contabilización de la cancelación de la deuda como AOD. 10. La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva deuda externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas. 11. Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las violaciones de los derechos humanos. 12. La incorporación de los puntos expuestos anteriormente en la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, actualmente en tramite en el Parlamento español, así como en los Presupuestos Generales del Estado. 13. Promover en el ámbito internacional el no reconocimiento tanto de la deuda externa multilateral como de la privada, y proceder al desmantelamiento de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. 14. Replantear completamente el concepto de deuda externa para que los países mal llamados deudores sean considerados acreedores y los países generadores de Deuda Ecológica, Social y Política, como el Estado español, sean considerados deudores. 15. Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos mediante legislaciones que pongan fin a la concentración de medios y favorezcan a la prensa sin animo de lucro. 16. Encaminar todas las políticas públicas y privadas hacia una profunda transformación del sistema económico capitalista. Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno. Y así lo declaramos y firmamos en Madrid, a 22 de octubre de 2005.

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Firmado, los jueces: Juana Calfunao (Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef, Comisión Ética contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios, Chile), Itziar Ruiz Jiménez (Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Berzosa (Rector de la Universidad Complutense de Madrid), Félix Pantoja (Vocal del Consejo General del Poder Judicial). El Jurado Popular ha fallado de forma unánime que los acusados son culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por la campaña ¿Quién debe a quién?. Este jurado estuvo compuesto por Rosa Regás (directora de la Biblioteca Nacional), Carlos Taibo (profesor de Ciencia Política en la UAM), Javier Ortiz (periodista), César Carrillo (expresidente del sindcato USO de Colombia, exiliado), Eunice Khanyssa Mabyeka (jurista, miembro de la Asociación de Estudios Africanos y Panafricanismo), Chini Rueda (teóloga, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del colectivo Somos Iglesia), Gemma Tarafa (activista contra la Deuda Externa, Observatorio de la Deuda en la Globalización), Jorge Fonseca (profesor de economía de la UCM) y Begoña Lalana Alonso (abogada, miembro de la junta de la Asociación Libre de Abogados).

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Glosario ADEU: Abolició del Deute Extern Usurer (abolición de la deuda externa usurera) AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo. ATTAC: Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos. BM: Banco Mundial. CAD: Comité de Asistencia al Desarrollo. CADTM: Comité per l’Anulació del Deute del Tercer Món. (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo de Bélgica) CDIAC: Carbon Dioxide Information Analysis Center.(Centro de análisis de información sobre le dióxido de carbono perteneciente al Departamento de energía del gobierno de EEUU. CELGUSA: Celulosas de Guatemala SA CEOSI: Campaña estatal contra la ocupación y por la Soberanía de Iraq CESCE: Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación. CONFER: Conferencia Española de Religiosos. CPI: Corte Penal Internacional. ENCE: Empresa Nacional de Celulosa de España EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental (Dependiente del gobierno de EEUU). FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo. FMI: Fondo Monetario Internacional. ICO: Instituto de Crédito Oficial. IED: Inversión Extranjera Directa. IFI: Instituciones Financieras Internacionales. NNUU: Naciones Unidas. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OMC: Organización Mundial del Comercio. ONG: Organización No Gubernamental. ONU: Organización de las Naciones Unidas PCB: Bifenilos ploriclorados, compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.PEAE: Países Empobrecidos Altamente Endeudados.

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PRSP: Planes estratégicos de reducción de la pobreza. QDQ: Campaña ¿Quién debe a quién?. RCADE: Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. SLUG: Aksjon Slett U-landsgjelda. (Campaña Noruega por la Cancelación de la Deuda Externa). TBT: Tributiltina, compuesto quimico que se usa como fungicida y alguicida TPP: Tribunal Permanente de los Pueblos. UFC: United Fruit Company. UNICEF: The United Nations Children’s Fund. (Fundación para la infancia de Naciones Unidas).

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Anexo 1: Miembros del tribunal JUECES Juana Calfunao. Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef. Comisión Ética contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios, Chile. Itziar Ruiz Jiménez. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Berzosa. Rector de la Universidad Complutense de Madrid. Félix Pantoja. Vocal del Consejo General del Poder Judicial. JURADO POPULAR Rosa Regás. Escritora, directora de la Biblioteca Nacional. Carlos Taibo. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Javier Ortiz. Periodista. Columnista del diario El Mundo y ensayista político. César Carrillo. Ex-presidente del sindicato USO (Unión Sindical Obrera) de Colombia, exiliado. Eunice Khanyssa Mabyeka. Jurista, miembro de la Asociación de Estudios Africanos y Panafricanismo. Chini Rueda. Teóloga, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del colectivo Somos Iglesia. Gemma Tarafa. Activista contra la Deuda Externa, Observatorio de la Deuda en la Globalización. Jorge Fonseca. Profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid. Begoña Lalana Alonso. Abogada, miembro de la junta de la Asociación Libre de Abogados. ACUSACIÓN DEUDA ILEGÍTIMA Hugo Ruiz. Doctor en Derecho Internacional. Paraguay-Francia

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DEUDA ECOLÓGICA Miquel Ortega. Coordinador de la revista “Ecología Política”, experto en deuda ecológica. Cataluña. DEUDA POLITICA Y SOCIAL Beberly Keene. Coordinadora de Jubileo Sur. Argentina. TESTIGOS DEUDA ILEGÍTIMA Mbuyi Kabunda Badi. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea, Suiza. Nora Cortiñas. Cofundadora e integrante de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Argentina. DEUDA ECOLÓGICA Ivonne Yañez. Coordinadora para Sudamérica de Oilwatch, Ecuador Tom Kucharz. Investigador, Comisión Internacional de Ecologistas en Acción. DEUDA POLÍTICA Y SOCIAL Omar Mendivil. Representante de la Organización de Usuarios de Servicios Públicos, Colombia. Clarice Aparecida Dos Santos. Miembro del MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) -Vía Campesina, Brasil. Carlos Gómez Gil. Profesor de Economía de la Universidad de Alicante, experto en políticas de deuda externa del Estado Español.

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Anexo 2: Para más información Organizaciones www.quiendebeaquien.org www.oilwatch.org www.debtwatch.org www.cadtm.org www.congdasturias.org www.ecologistasenaccion.org www.omal.info www.congde.org www.odg.com

Organismos del Estado español www.cesce.es www.ico.es

Instituciones financieras internacionales Banco Interamericano Banco mundial OMC FMI Club de Paris

de Desarrollo www.iadb.org www.bancomundial.org / wwwworldbank.org www.wto.org www.imf.org www.clubdeparis.org

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Adhesiones a la campaña ¿Quién debe quién? Acsur-Las Segovias Agermanament Sense Fronteres Alternativa Universitaria de Valladolid Amigos de la Tierra - España ARA, l’Assemblea Revolucionària d’Artés Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación y el Desarrollo (IFMSA-Spain) Asociación Paz con Dignidad Associació de Cooperació per la Pau Associació per el Desenvolupapmnet i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIBATTAC- Catalunya ATTAC-Madrid Àgora Nord - Sud Comité de Suport al MST de Barcelona Confederación General del Trabajo (CGT) Consell de la Joventut de Barcelona Coordinadora ONGD de Asturias Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell Cristianos de Base de Madrid Derechos para Tod@s Dones x Dones Ecologistas en Acción Educació Sense Fronteres Enginyeria sense Fronteres Entrepobles Espacio Alternativo Espacio Horizontal contra la Guerra Federació catalana de ONG pel Desenvolupament IEPALA Intersindical Alternatica de Catalaunya (IAC) JERC Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Justicia y Paz Mans Unides Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya Mon3 Observatori del Deute en la Globalització Observatori DESC OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) ONU Veto NO Paz Ahora Proyecto Cultura y Solidaridad Red África - Europa Red Ciudadana Por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE/XCADE) SED - Solidaritat, Educació, Desenvolupament Servei Civil INTERNACIONAL - Catalunya SETEM-Catalunya Verdegaia Veterianarios Sin Fronteras