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Revelan códigos de la policía
para pasar drogas en el AICM
REDACCIÓN / EL DICTAMEN
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Narcos que entraban a sus anchas en los aeropuertos más importantes de México, policías federales que ayudaban a los carteles a descargar droga de los aviones, mensajes en clave para sellar el pacto de impunidad. Esas han sido las principales revelaciones de la última audiencia en el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), este martes en la corte de Brooklyn. La Fiscalía llamó a declarar a Raúl Arellano, el primer exagente mexicano que ha tomado el estrado en el proceso judicial, y a Israel Ávila, un testaferro del Cartel de Sinaloa que inundó de cocaína las terminales aéreas del país. “Me sentí muy cansado y decepcionado, y decidí retirarme”, afirmó Arellano, que se presentó ante al jurado como un elemento asqueado por la corrupción policial durante la etapa álgida de la guerra contra el narcotráfico. “Los principios en los que creía fueron pisoteados”, agregó. Ávila, por su parte, ha dado el tercer testimonio que acusa directamente al exfuncionario de recibir sobornos multimillonarios.
“La máxima cantidad que a mí me tocó ver fueron cinco millones de dólares”, aseguró.
79 Y 40:
El C Digo De La Droga Y El Dinero
El primer tramo de la audiencia estuvo marcado por el testimonio de Arellano, un antiguo elemento de la Policía Federal que estaba en el nivel más bajo de la jerarquía en la corporación. “Mi rol era trabajar 25 días seguidos y descansar los siguientes cinco días”, explicó el testigo, que en 2006 fue asignado al cuerpo de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el más importante del país. Su función principal era cuidar la terminal aérea del tráfico ilegal de “mercancía”: dinero, armas y droga.
Con el paso del tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que algo estaba mal.
Una o dos veces por semana, casi siempre después de que llegaba un vuelo desde Sudamérica o que salía un avión a Europa o a Norteamérica, los radios de los agentes recibían la misma clave: 45 con 35. El código 45 se refiere a una instrucción “por orden superior” y el número 35 quería decir “estar pendientes”. Eso significaba que todos los policías de turno debían detener todas sus tareas y quedarse simplemente como estatuas, sin hacer nada. “No podíamos hacer revisiones, no podíamos detener a nadie, nada, solo teníamos que hacer presencia”, explicó Arellano, que se presentó al tribunal con un modesto traje de tres piezas color gris y una camisa verde limón.
Mientras la mayoría de los agentes se quedaban parados, miembros de un “grupo especial” de la Policía Federal “ignoraban estas órdenes” y desaparecían de la vista del resto de sus compañeros. Cuando coincidían en el comedor policial, esos elementos regresaban eufóricos. “Estaban contentos de que había pasado ‘la maleta’, como le llamaban a la carga ilegal”, aseguró Arellano. Se refería a dinero y grandes cargamentos de droga. “Objeción”, lanzó César de Castro, el abogado principal de García Luna. El juez Brian Cogan concedió la solicitud y la traducción de esa parte del testimonio no pudo llegar a los oídos del jurado.
El testigo sí pudo contar que mientras él ganaba 8.000 pesos mexicanos a la quincena (unos 400 dólares), los miembros del “grupo especial” llegaban tarde, faltaban cuando querían y al poco tiempo presumían de lujos inasequibles con su salario, como autos deportivos de lujo y joyas. “Hablaban y lo hacían sin ninguna discreción”, relató Arellano. “Llegué a escuchar que todos estaban contentos”, repitió, “hasta los jefes, el jefe Genaro, el jefe Facundo [Rosas Rosas], Luis Cárdenas Palomino, todos habían recibido su parte”. Se refiere a toda la cadena de mando y a la parte más alta de la vieja corporación. “Hablaban de que habían pasado bien ‘la maleta’ de la 79 [código para droga] y el 40 [dinero]”, zanjó Arellano. Esta vez, De Castro no pudo frenar su testimonio. Objeción denegada.
DE VENDEDOR DE BIENES RAÍCES A LUGARTENIENTE DEL ‘NARCO’
Después del receso de la hora de la comida fue el turno de Ávila, un narcotraficante prácticamente anónimo, desconocido en el universo criminal, pero que dejó claro que tenía mucho qué decir en el juicio. Siempre según su versión, primero contó que dejó los estudios en el cuarto semestre de la universidad y empezó en 2003 a trabajar como agente de bienes raíces en varias ciudades de México. Dos años más tarde, unos clientes que se presentaron como integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), entonces dirigida por García Luna durante el Gobierno de Vicente Fox, le pidieron rentar una casa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Tenían chalecos, uniformes, credenciales, armas y vehículos de la corporación, y decían que estaban en la entidad para supervisar la seguridad en las elecciones estatales de 2005.
“Les empecé rentando casas sin saber realmente quiénes eran”, aseguró el testigo, vestido con un uniforme beige de presidiario. En 2006, los clientes “mataron a unas personas” y se fueron del lugar en un vehículo que les había vendido. La propiedad que les alquiló fue incautada. Fue en ese momento cuando lo llamaron por teléfono para arreglar una cita y explicarle lo sucedido. Quedaron de verse en un café, pero lo llevaron después a una zona remota, supuestamente custodiada por elementos del Ejército, policías federales y estatales. “Me preguntó si sabía para quién estaba trabajando”. Ávila se refería a Mario Pineda Villa, alias El MP, alto rango del Cartel de