El “Pollo Index” versus el costo de la canasta básica

En su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader hizo referencia a una medición que le presentaron varios “economistas amigos”, sobre el poder de compra del salario mínimo en 2011 comparado con el 2022, pero tomando como referencia un solo producto: el pollo. Por eso, la medición fue identificada como el “Pollo Index”.

Se refería a que, con el salario mínimo promedio en 2011 y tomando como referencia el precio de entonces de la carne de pollo, se podrían comprar 138 libras, mientras que en 2022, con el salario mínimo promedio actual, se pueden comprar 193 libras, aun cuando el producto está más caro.

El detalle con el indicador citado por el presidente Abinader es que toma como referencia un solo producto de una canasta básica, aún cuando ésta compone alrededor de 25 bienes y servicios que consumen las familias dominicanas, aun de escasos recursos. Esto para no dar la impresión de que los dominicanos se levantan comiendo pollo, pasan el día comiendo pollo y antes de acostarse también comen pollo.

El hecho de utilizar como referencia un solo producto de la canasta básica le quita peso al argumento; pero, además, está el detalle de la comparación. El mandatario se refiere al año 2011, obviando los años siguientes, especialmente 2018 y 2019, previos a la pandemia y a su llegada al poder. Ese detalle politiza el análisis, pues da la impresión de que lo que deseaba era responderle a uno de los candidatos presidenciales de la oposición, que fue presidente de la República en 2011 y ha sido un crítico constante de los aumentos de precios en esta gestión, especialmente del pollo.

Lo ideal habría sido que el Presidente comparase el salario mínimo y su poder de compra, con la canasta básica del momento, lo que le habría dado un carácter analítico más técnico y menos parcializado o politizado que el presentado en el discurso.

Y, de hecho, cuando se hace la comparación, entonces se tiene que actualmente el poder de compra de los dominicanos es menor al de 2011. Esto así porque en 2011 asumiendo un salario mínimo promedio como el citado por el mandatario: RD$7,583 mensuales, y tomando en cuenta que el costo de la canasta básica del quintil 1, el de menos ingresos, era RD$11,265, se tiene que con ese sueldo se podía comprar el

67.3% de ese conjunto de productos.

Sin embargo, al cierre de 2022, con un salario mínimo promedio de RD$16,262 mensuales, como citó el Presidente, y a sabiendas de que la canasta básica del quintil 1 está en RD$25,725, se tiene que el poder de compra de ese sueldo es un 63% del conjunto de productos de referencia.

Dicho en menos palabras, el 2011 el salario mínimo promedio alcanzaba para comprar el 67% de la canasta básica más baja, mientras que en 2022 el sueldo actual solo permite comprar el 63% de la misma canasta, en igual quintil o segmento poblacional.

Esa debe ser la razón por la que los amigos economistas del presidente Abinader prefirieron presentarle un “pollo index” y no una comparación real de salario mínimo versus canasta básica, a los fines de mostrarse a la población una verdad que, como quiera, ya sabe, pues basta con ir a los colmados, almacenes, supermercados y ventorrillos para darse cuenta de que actualmente los productos de la canasta básica están mucho más caros que en el pasado y que la proporción en que se han ajustado los salarios es más lenta.

En todo caso, no está en discusión el hecho de que ningún gobernante desea que los precios de los productos aumenten en perjuicio de la población. Son circunstancias internas y externas que nadie desea, por lo que en lugar de hacer comparaciones “politiqueras”, las autoridades deberían concentrarse aún más en sus esfuerzos por evitar mayores incrementos de precios.

Ya lo había dicho el propio presidente Luis Abinader en un reciente discurso político: “dominicanos, no miren atrás”. Pero ahora es él quien está mandando a la población a mirar hacia atrás, con el riesgo de que se vayan a dar cuenta de que, quizás, esos tiempos de atrás fueron mejores que los de ahora. ¡Cuidado!

Econolegales

Jaime M. Senior Fernández jsenior@headrick.com.do

Crecimiente autoritarismo en Latinoamérica

La ola de autoritarismo latinoamericano parece cada día peor, con noticias que espantan y preocupan, y que nos dejan entrever lo que pudiera ocurrir en nuestro país si no nos esforzamos para mantener la envidiable paz social y equilibrio del que gozamos. Podemos remontarnos al año 1999, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, en elecciones que, en ese momento, fueron democráticas y libres.

Sin embargo, la estrategia de Chávez, al igual que los otros autócratas de nueva estirpe en Latinoamérica, fue, una vez haber alcanzado el puesto, utilizar eslóganes y campañas populistas para desarticular las instituciones democráticas del sistema político del país. De esta forma, Chávez eliminó la oposición y logró designar al que todavía hoy, casi 10 años después de su muerte, figura como presidente de Venezuela.

La estrategia de Chávez la hemos visto replicada en otros países, como en El Salvador. Un político joven, con ideas “nuevas” conquista la imaginación del público. Pero una vez en el poder, se da cita de desarticular las instituciones que salvaguardan la democracia; en el caso de ese país, supuestamente para ofrecer seguridad ciudadana contra las pandillas que, ciertamente, han sido un azote al país.

En esta última semana, hemos visto que en Nicaragua también se ha replicado la misma estrategia, con la disolución, por órdenes del presidente Daniel Ortega, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y las organizaciones que la componen, desarticulando los gremios del sector privado en ese país. Resulta evidente que esta disolución tiene como único fin crear las

Observaciones

condiciones para que Ortega se pueda perpetuar en el poder y gobernar sin supervisión social efectiva.

Hay otros países latinoamericanos, como Perú y Argentina, que aunque afortunadamente no han corrido la misma suerte que otras naciones, han estado altamente inestables desde la óptica política, social o económica, en diversos grados. También podemos apuntar a que el debilitamiento del sistema de acompañamiento social ha tenido el efecto de crear condiciones para aumentar la inestabilidad, y pudiera, eventualmente, seguir con otros gobernantes autoritario en esos países.

En cambio de todos estos ejemplos anteriores, República Dominicana tiene un robusto sistema de participaciones sociales, económicas, políticas, con actores como los partidos, organizaciones sindicales, gremios empresariales, iglesias, medios de comunicación, entre otros. Todas estas voces son escuchadas y tomadas en cuenta en nuestro país, por lo que actualmente no se vislumbra una situación como la que viven nuestros hermanos pueblos.

Sin embargo, debemos continuar y redoblar estos esfuerzos por mantener la paz social, el orden y la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, todos los factores que han incidido a llevar a estas otras naciones por la vía del autoritarismo. Pues en ningún país se pensaba que caerían en esas desafortunadas situaciones, y precisamente ahí se encuentran ahora. Como sociedad nos debemos dar la tarea de prevenir que esa ola toque estos predios. Este país en el mismo trayecto del sol puede continuar creciendo, y tenemos que encargarnos de que así sea.

El autor Es abogado

Otra vez la revista en los vehículos

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunciaron un proceso de licitación para la contratación de una empresa que se encargaría de la inspección de los vehículos, conocida como “la revista”.

Ese tipo de inspección está establecido en la Ley de Tránsito del país, por lo que hacen bien las autoridades en implementarla. El tema está en su aplicación efectiva y completa. Se teme que su aplicación se convierta en un nuevo impuesto para los ciudadanos que andan en vehículos adecuados, mientras los destartalados y descuidados vehículos del transporte público de pasajeros y de carga siguen sin control alguno.

¿Qué garantías tenemos de que se va a aplicar la revista con la misma rigurosidad a transportistas y a conductores?

¿Cómo se aplicará el tarifario de la inspección? ¿Estaremos en las mismas de siempre, donde los “padres de familia” serían exonerados de la inspección?