CONSEJO CONSULTIVO / ADRIANA GREAVES / ALBERTO NAVA / / ALIL ÁLVAREZ ALCALÁ / AMBROSIO MICHEL / / ANTONIO HOLGUÍN TINOCO / / ANTONIO PRIDA / ARMANDO CISNEROS OROPEZA/ / BERTHA ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ / / BRUNO PACHECO ÁLVAREZ / CLARA LUZ ÁLVAREZ / / CLAUS VON WOBESER / CLAUDIA DE BUEN / / DIEGO VALADÉS / EBER BETANZOS / / ESTEFANÍA MEDINA / FRANCISCO ARROYO VIEYRA / / GUILLERMO VALLS ESPONDA / JAVIER MARTÍN / /JORGE NADER KURI / / JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA / / JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZ / JOSÉ LUIS CERVANTES MARTÍNEZ / JOSÉ MARIO DE LA GARZA / /JOSÉ RAMÓN COSSIO / / JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA / / JULIO HERNÁNDEZ BARROS / LETICIA BONIFAZ / / LIGIA GONZÁLEZ / LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ / / LUIS DE LA BARREDA / LUIS PEREDA / / LUIS RAÚL GONZÁLEZ / MAURICIO JALIFE / / MANELICH CASTILLA CRAVIOTTO / MIGUEL ONTIVEROS / / OMAR GARCÍA HARFUCH / RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ / / RAFAEL RUIZ MENA / RAÚL ARROYO / / RAÚL CONTRERAS / RICARDO GARDUÑO LÓPEZ / / RICARDO SODI / ROMINA RAYES EL KANTAR / / SEGUNDO GARCÍA / SERGIO ALONSO RODRÍGUEZ / SERGIO HUACUJA / SERGIO LÓPEZ AYLLÓN / / VÍCTOR OLEA /
Revista MDD El Mundo del Derecho. Editor Responsable: José Guillermo Silva Aguilar, Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2023-121413375600-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 17650. Domicilio de la Publicación: Av. Insurgentes Sur, No. 1271, piso 3, Extremadura Insurgentes, Benito Juárez. Impreso en México, por LITOPROCESS, S.A. de C.V., con domicilio en Calzada San Francisco Cuautlalpan, 102a, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53569. Distribuido por Elizabeth Ivonne Gutiérrez Ortiz, Lago Chiem, No. 142, Int. A4, Col. Anáhuac I sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. Publicación Bimestral No. 07, Marzo-Abril 2025.
SOBRE LA Igualdad de Género
Si bien en México las mujeres representan más de 51% de la población, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, lo cierto es que siguen enfrentando numerosos desafíos y barreras para ejercer sus derechos y alcanzar la igualdad de género al continuar padeciendo condiciones de discriminación y exclusión en múltiples materias.
Desde ámbitos como el laboral, donde según datos del INEGI, ganaban en promedio 22% menos que los hombres por hora trabajada y eran más propensas a trabajar en sectores informales y precarios, lo que les impedía acceder a beneficios laborales y seguridad social, hasta el de la violencia e inseguridad, donde anualmente se registran miles de casos de violencia familiar y sexual en su contra, y en donde desafortunadamente, muchos casos permanecen impunes, negando a las mujeres víctimas, el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación a la que tendrían derecho.
Es innegable que la falta de igualdad y de una verdadera vigencia de sus derechos siguen siendo problemáticas vigentes para buena parte de las mujeres en nuestro país.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer y los demás eventos que por los derechos de las mujeres se llevarán a cabo este mes de marzo, nos brindan oportunidad de
visibilizar estas problemáticas, reconocer a quienes día con día se ocupan de procurar dar solución a las mismas, y reflexionar sobre las acciones o medidas que se podrían implementar para atender esta situación.
En este sentido, la actividad legislativa nos brinda un campo fértil y propicio para promover los cambios y ajustes normativos que se requieren para la protección efectiva de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.
Es de señalar que el ámbito legislativo es uno de los entornos donde efectivamente existe una integración paritaria, ya que las mujeres representan más de 50%, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sin embargo, la presencia mayoritaria no necesariamente se traduce en la existencia de una agenda legislativa que priorice las cuestiones de género, frente a las agendas propias de cada partido político.
La defensa de los derechos de las mujeres y la búsqueda de una igualdad plena de género son cuestiones que deben trascender cualquier interés particular y deben asumirse como ejes transversales de cualquier actividad pública.
Si bien esos derechos son reconocidos a nivel Constitucional y legal, aún falta mucho para que sean por completo vigentes y exigibles. Todavía existen áreas en las que el reconoci-
miento normativo no es suficiente para cambiar la realidad de discriminación, exclusión y violencia que, de manera cotidiana, enfrentan las mujeres en México, y que muchas veces, tiene origen en construcciones culturales que preservan y normalizan patrones de conducta que vulneran los derechos y evitan que exista un entorno de respeto e igualdad.
La construcción de un futuro con igualdad de género requiere, entre otras cosas, que generemos entornos adecuados para que se reconozcan y atiendan las necesidades de cada etapa en el desarrollo y vida de las mujeres, incluidas su infancia y adolescencia, así como que se promuevan y fortalezcan los liderazgos y su participación en la vida pública del país, trascendiendo los factores cuantitativos para que se formulen políticas públicas específicas que incidan en cambios sistemáticos que reconfiguren la sociedad partiendo de la igualdad.
Parte de la construcción de ese entorno para que los derechos de las mujeres sean vigentes, pasa por el abatimiento de la violencia e inseguridad que enfrentan en su vida cotidiana, para lo cual se requiere una actuación comprometida, responsable y profesional de las instancias de procuración e impartición de justicia.
En este número de El Mundo del Derecho, hemos abierto un espacio para que mujeres, en su mayoría involucradas con las áreas de procuración e impartición de justicia, nos compartan experiencias y reflexiones sobre diversos aspectos que inciden en el desarrollo y vida de las mujeres en México, en el contexto de este mes, donde la revisión y reflexión sobre las problemáticas que se enfrentan y las formas en que sus derechos pueden ser respetados.
La labor, opiniones y perspectiva de las mujeres que desempeñan cargos y ocupan responsabilidades en estas áreas, con frecuencia no recibe la difusión ni encuentra los canales de divulgación que serían deseables No obstante, la enorme relevancia que tiene está en empoderarse, en el que actúen con gran compromiso social y con la legalidad con la que accionan desde sus campos y áreas de responsabilidad para hacer que los derechos de los mexicanos y, en especial, los de las mujeres, sean una realidad que trascienda las normas e incida en la vida de las personas.
En El Mundo del Derecho estamos convencidos de que más allá de coyunturas o momentos políticos, es tiempo de que la atención a las problemáticas que enfrentan las mujeres y el respeto a sus derechos se tomen en serio y se asuma, como una prioridad de Estado
Es tiempo en el que nuestro país consolide su tránsito hacia una sociedad que esté sustentada en la igualdad de género, la legalidad y la vigencia de todos los derechos humanos para todas las personas, sin distinción o sesgo alguno. Por paradójico que suene, es momento de que en México se atiendan los problemas e intereses de la mayoría. Y esa mayoría son las mujeres.
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MUJERES EN PRISIÓN,
DOBLE CONDENA: EL
OLVIDO Y LA DESIGUALDAD
No basta con exigir justicia para quienes están fuera si ignoramos a quienes están dentro
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Surgió a inicios del siglo XX con protestas de trabajadoras textiles en Nueva York y fue formalizado en 1910 por Clara Zetkin en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas.
Hoy, el 8M es un día de reflexión y protesta contra la violencia, discriminación y las desigualdades de género. Es fundamental recordar a aquellas mujeres que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad y que suelen ser invisibilizadas dentro del debate público, como son las mujeres privadas de libertad.
En México, representan aproximadamente 5% de la población penitenciaria, con más de 13 mil 354 mujeres encarceladas. Aunque el número es menor en comparación con los hombres, las mujeres enfrentan una reclusión marcada por múltiples formas de violencia, abandono y desigualdad.
Un aspecto alarmante es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 46.8% de las mujeres privadas de la libertad no tienen una sentencia definitiva, lo que significa que están en prisión preventiva. Esto implica que casi la mitad de las mujeres en prisión no han sido condenadas y, por lo tanto, legalmente se presume su inocencia. La prisión preventiva debería ser una medida cau-
telar excepcional; sin embargo, en la práctica, se aplica de manera generalizada, afectando desproporcionadamente a las mujeres.
Esta situación se agrava debido a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que ha incrementado el número de personas encarceladas sin sentencia. La sociedad es más dura con una mujer en prisión que con un hombre. Mientras que ellos suelen seguir recibiendo visitas y apoyo de sus familias, ellas son estigmatizadas y, en muchos casos, abandonadas. Para muchas, la cárcel no sólo significa la pérdida de la libertad, sino la ruptura con sus redes familiares y afectivas.
En un entorno que castiga con mayor severidad a las mujeres que desafían los roles de género tradicionales, cuando una de ellas delinque es vista como transgresora imperdonable, madre irresponsable, esposa indigna. La doble condena: judicial y social, es un peso que cargan casi todas, en prisión.
El 8M
Hay que recordar que la lucha por la igualdad no debe excluir a mujeres en prisión. Porque no sólo pierden su libertad, sino se rompen sus redes familiares.
Uno de los aspectos más preocupantes del encarcelamiento de mujeres en México es la maternidad. Se estima que alrededor de 5.8% de las mujeres privadas de la libertad viven con sus hijos dentro de las cárceles y su preocupación por ellos es una carga emocional constante.
La mayoría de las prisiones no cuentan con espacios adecuados para la crianza y los niños crecen en entornos hostiles, sin acceso a una alimentación adecuada, educación, ni atención médica suficiente. A veces, cuando los menores cumplen cierta edad y deben salir de la cárcel, quedan con familiares que no pueden hacerse cargo de ellos o terminan en albergues e instituciones públicas.
El perfil de las mujeres en prisión refleja una realidad preocupante: la mayoría, proviene de entornos de pobreza y marginación; muchas han sido encarceladas por delitos relacionados con narcotráfico. No son líderes criminales, sino eslabones débiles dentro de estructuras que las explotan como transportadoras o intermediarias. La justicia en México, sin perspectiva de género, las castiga con penas desproporcionadas y pocas opciones de defensa.
El 8 de marzo debe ser una fecha para recordar que la lucha por la igualdad no puede excluir a las mujeres en prisión. No basta exigir justicia para quienes están fuera, si ignoramos a quienes están dentro. Para ello es necesario replantear el sistema penitenciario desde una perspectiva de género que garantice condiciones dignas, acceso a la justicia y oportunidades reales de reinserción.
Urge romper los estigmas sobre ellas y reconocer que, aunque hayan cometido un delito, son personas con derechos y dignidad.
LOS RETOS
ROMPER CON LOS ESTEREOTIPOS LABORALES Y LOGRAR UN EQUILIBRIO.
2 3
EMPODERAR A OTRAS MUJERES, SOBRE TODO SI HAN SIDO VÍCTIMAS DEL DELITO.
TRABAJAR CADA UNA DESDE SU TRINCHERA Y NO DEJAR DE VER POR LAS VÍCTIMAS.
MUJERES FISCALES
EL RETO ES MANTENER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE LITIGIO, ASEGURA LAURA BORBOLLA, QUIEN VISIBILIZA CUATRO CASOS DE ÉXITO QUE FORMAN PARTE DE LA COORDINACIÓN QUE LIDERA
UNA INAGOTABLELABOR DÍA A DÍA MUJERES FISCALES E
s tiempo de hablar de las funciones que realizan muchas mujeres abogadas experimentadas, en donde la dedicación que invierten en cada asunto, así como la perspectiva de género aplicada ha cambiado el rumbo de las sentencias.
Su labor es inagotable y buscan visibilizar la justicia cuando otras mujeres se ven afectadas, ya sea por su condición social, por discriminación, desigualdad o abusos y violencia sexual.
Redacción FOTOS: Alfredo Pelcastre
Laura Borbolla, Coordinadora General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, asegura que el gran reto es mantener la perspectiva de género durante la aplicación del proceso en los litigios, porque ahí es donde se demuestra al juez la defensa, la acusación y se pone a la víctima al centro, siempre escuchándola.
‘La base para prevenir los delitos de género son las acciones afirmativas basadas en valores de igualdad ’
LAURA ANGELINA BORBOLLA
PICANDO PIEDRA DESDE EL EXTERIOR HACIA EL INTERIOR
En la coordinación hay cuatro mujeres con historias de éxito. Se trata de Ana Haydee Solís, Fiscal de Acusación, Enjuiciamiento y Justicia Restaurativa; Isabel González Chávez, Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Oriente; Jovana Juárez, Directora de Procesos en Salas Penales; y Patricia Hernández Ortinez, Fiscal Especializada en Extinción de Dominio, quienes han optado por aplicar la misión y visión para obtener sentencias y hacer litigación estratégica.
Ellas, con sus acciones trabajan diariamente por fortalecer la justicia restaurativa, obtener las mejores sentencias y llevarlas al extremo, con sus acciones incluso han llegado a la segunda instancia de apelación. Aquí han demostrado que la impunidad se combate con la denuncia y la denuncia se genera a partir de que el Ministerio Público sea una autoridad confiable; esta confiabilidad ocurre a partir de generar una serie de acciones y actividades profesionales.
"Se trata de no sólo obtener la sentencia sino las sentencias más altas o las mejores reparaciones integrales de daño en favor de las víctimas, el gran reto es mantener esa mística".
BRINDAN JUSTICIA Y ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR EN NOVIEMBRE DE 2024 , SIENDO EL DELITO MÁS DENUNCIADO.
¿Qué significa este delito?
1
La querella es el aviso que realiza la víctima al ministerio público de que se cometió un delito.
2
En los delitos por querella, la autoridad investiga y persigue a petición de la parte afectada. El abuso o violencia sexual es un delito que se persigue por querella, al causarse un daño psicoemocional a la afectada.
3 l DETENIDOS POR VIOLENCIA
La Fiscalía de Acusación de Enjuicia miento y Justicia Restaurativa se enfoca en casos perseguidos por querella, cuales, generalmente no implican pena privativa de libertad, aunque existen excepciones, como los delitos sexuales y violencia familiar, donde se aplica la perspectiva de género. Esto la víctima puede perdonar al agresor en ciertos momentos.
Actualmente, uno de los casos está en apelación y se espera que no se logre la libertad del agresor, lo que resultó una sentencia difícil de obtener de delitos.
VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA
El 23 de agosto de 2021 en la Fiscalía de Violencia Familiar, en el Centro de para las mujeres de Tlalpan.
La víctima, siendo mayor de edad estudiante del CCH Sur, denuncia violencia familiar equiparada quien es estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas de la UNAM.
Al ponerse en contacto con el agente del Ministerio Público de violencia fami liar, él obtiene información que nó que también existían tres eventos de violación, ocurridos en diversas fechas en los salones del plantel
Luego de las diligencias, la Violencia Familiar logró una vinculación a proceso en la que se determinó diverso tres. Por lo que se pidió imponer la prisión preventiva oficiosa de violación, y una vez cerrada gación complementaria, el asunto lleg la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento y Justicia Restaurativa.
Cumpliendo con los protocolos de atención a los delitos sexuales y violencia de género, se tuvo contacto en todo momento con la víctima donde se le explicó que su carpeta está en una vía diversa, hasta que presentó la acusación y se celebró una audiencia intermedia. En ese proceso, por parte del imputado, intentaron acercarse a la víctima para que ella le otorgara el perdón, aun cuando se trate de violación, por el hecho de ser novios, sin embargo, se le brindó apoyo a ella con la intervención de psicólogos.
al orientar a la víctima. Resultó una sentencia difícil de obtener para este tipo de delitos’ ANA HAYDEE SOLÍS
Fiscal de Acusación, Enjuiciamiento y Justicia Restaurativa
sensibilizar a nuestros agentes del ministerio público, porque la víctima siempre es primero’
ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Oriente
LLEVAN FORTALEZA Y ACERCAMIENTO
a cargo de una fiscalía de suma importancia, tenemos que estar de la mano de las víctimas mayores de edad, menores de edad, niñas o niños agredidos sexualapoyo de 107 agentes del Ministerio Público, quienes atendemos los asuntos desde que se recibe la carpeta de investigación por una agencia.
Recientemente se tuvo una sentencia importante porque logramos una pena de 86 años y 8 meses de prisión por el caso de una menor de 6 años que desde 2013 era agredida por su padrastro.
ABUSO SEXUAL INFANTIL de este camino para alzar la voz ocurre cuando la niña llegó a su domicilio acompañada de un compañero de la escuela, el padrastro observa, se molesta y acude a la escuela a pedir a una profesora que no se le acerquen a la joven. la extrañeza del asunto, la profeabordar a la joven y es la refiere que desde los 6 años ha sido agredida sexual y físicamente por parte del sujeto de 45 años de edad.
La escuela entra en contacto con el padre biológico, quien vivía en Michoacán, y posteriormente, en julio de 2023, una denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Tras desarrollarse una serie de investigaciones se estableció que el sujeto cometió cinco delitos de violación agravada y un abuso sexual agravado; la madre de la joven también era violentada físicamente.
A pesar de que fue una situación muy complicada, en este caso se logró la integración de la carpeta en 15 días. Además, del acompañamiento a la niña, hubo otro reto, debido a que la perito psicóloga que atendió a la menor tuvo un problema en su desarrollo profesional de tipo médico, al padecer esquizofrenia, por lo que se tuvo que realizar su entrevista por lectura para validar lo que la joven dijo.
Aquí se aplicaron estrategias de litigación que, como ministerio público, debemos hacer para tener éxito en una sentencia de condena
Sabemos que un daño reparado de esa naturaleza es muy difícil. Lo importante es el acompañamiento.
8,775 8,775
l MENORES DE EDAD HAN SIDO ATENDIDOS POR VIOLENCIA SEXUAL EN 2024
¿Cuál fue la labor en este caso?
1
La denuncia inicial por un delito llevó a presentar cargos por cinco delitos de violación y abuso sexual agravado.
2
Al final se sumó cada uno de los delitos cometidos, además del delito de abuso sexual agravado.
3
Se realizó acompañamiento a la víctima día a día para llevar a buen puerto el asunto hasta la condena.
VISIBILIZAN ENFOQUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Lo que se tiene que saber
1 2
La Ley de Desaparición Forzada de Personas establece la obligación de actuar considerando la perspectiva de género.
3 l AUMENTÓ LA VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA AGRESORES EN 2024.
La SCJN ha sido clara en generar un rumbo sobre cómo aplicar la perspectiva de género. La sentencia de este caso fue un logro que dio confianza a la ciudadanía e incentiva a los servidores públicos.
Estoy al frente de una dirección con todas las áreas de la Fiscalía y a través de recursos de apelación combatimos muchos asuntos cometidos por razones de género. Estos tienen determinaciones de primera instancia en los que jueces de control, ante una falta de perspectiva de género, emiten una resolución que en muchos casos afecta a las víctimas
El trabajo de los agentes de ministe rio público de esta dirección tienen la finalidad de visibilizar a los magistrados, debido a que son ellos las autoridades revisoras que tendrán la facultad de con firmar, revocar o modificar la primer de terminación.
Un caso de éxito en la justicia, ad judicado a esta dirección fue para una servidora pública, quien fue encontrada sin vida.
DESAPARICIÓN FORZADA
En marzo de 2022, una mujer servidora pública, con cargo de agente de policía de investigación, fue privada de su libertad con la finalidad de ocultarla. Lamentable mente un día después de su desaparición fue encontrada sin vida.
Derivado de las investigaciones de la Fiscalía se localizó a uno de los involucra dos y derivado del desfile probatorio lizado ante el Tribunal de Enjuiciamiento se obtuvo una sentencia de 25 años.
Después de esto entró el trabajo de los agentes adscritos a esta dirección, ya que detectaron que el tribunal tuvo una total carencia de perspectiva de género, en virtud de que no se aplicó la agravante por ser mujer. Argumentaron que ella no era una mujer ordinaria, al tener una instrucción en ataque, defensa y sometimiento, por lo que impusieron un grado de culpabilidad.
Ante este análisis se realizó un recurso de apelación en el que se hizo ver la falta de perspectiva de género, por haber prejuzgado un criterio que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se debe realizar.
Posteriormente, los magistrados decidieron aplicar la agravante y de recibir 25 años de condena, el imputado recibió 42 años, 2 meses y 7 días de prisión.
Cada acción realizada en esta dirección va encaminada para contribuir a una justicia efectiva que inhiba conductas cometidas en razón de género’
JOVANA JUÁREZ VIDALES
Directora de Procesos en Salas Penales
inmuebles que estuvieron relacionados con ilícitos tengan un destino social, por lo que se ofrecen a instituciones’
PATRICIA HERNÁNDEZ ORTINEZ
Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio
SANCIONAN EL USO ILÍCITO DE INMUEBLES
Fiscalía que lidero forma parte importante en la Ciudad de México y ha sido punta de lanza en extinción de dominio, debido a que nació en 2008 y la Federación la reguló hasta 2009.
En la capital por primera vez se llevó a cabo un juicio de manera oral y a partir de su creación se han obtenido buenos resultados.
Hay diversos delitos susceptibles de la materia, entre ellos, la trata de personas. y en perspectiva de género hay un tema ejecutado recientemente en enero.
TRATA DE PERSONAS
El inmueble identificado como Bar Dreams está relacionado con este delito desde 2010. A pesar de tener tiempo, la parte demandada siempre es recurrente a sentencias, acuerdos y parecerían ser interminables los juicios.
Todo comenzó en Durango, cuando una mujer tratante genera una relación de confianza con la víctima, otra mujer, quien le confía que es madre soltera de dos niños. Al conocer esto, la tratante le ofrece trabajo por 250 pesos diaros en la Ciudad de México, prometiéndole que sería vendiendo ropa, sin mencionar dónde.
Ante la desesperación de tener un empleo, la joven acepta y viene a un domicilio en el Estado de México, acompañada por otra mujer menor de edad. Al día siguiente, las llevan al inmueble y las obligan a atender clientes y permitir que las besen, las toquen o tengan relaciones sexuales por mil pesos. Ellas, al sentirse engañadas deciden no acceder y son amenazadas por los tratantes ante la intención de huir.
Finalmente, escapan, y gracias a un policía iniciaron una denuncia. Siguiendo el curso del proceso se detuvo a los tratantes, hombre y mujer, y son sentenciados.
En este caso, esta Fiscalía especializada entró en acción contra este inmueble el cual era rentado a estas personas que ocupaban el bar. Los propietarios, aunque no cometieron el hecho, si tuvieron conocimiento de que ahí se realizaban este tipo de conductas.
Esa situación llevó a entablar la demanda, que se ganara y se visibilizara la violencia y desigualdad contra ellas.
l DELITOS DESTACAN EN CASOS RELACIONADOS A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO 11 11
Sobre los delitos involucrados
1
El secuestro conforme lo previsto en el artículo 73 de la Constitución Política.
2
La trata de Personas, contemplado en los términos del Código Penal vigente en la Ciudad de México.
3
Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud.
CUIDADO DE LAS
personas mayores: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
personas mayores:
AUNQUE EN MÉXICO SE HA
AVANZADO EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS, AÚN FALTA UN
SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS
QUE INCLUYA SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y APOYO
Olivia Aguirre Abogada, catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Especialista en Derechos Humanos.
ILUSTRACIÓN: Jorge Peñaloza
El envejecimiento es inevitable, por tanto, cuando se llega a la vejez a las personas mayores se les suele llamar personas de la tercera edad o persona adulta mayor, aunque esas acepciones han venido cambiando ya que a nivel internacional se ha adoptado el término de persona mayor para referirse a aquella persona de 60 años o más, salvo que en las leyes de algunos países determinen una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. En el caso de México, tenemos la Ley de las Personas Adultas Mayores la cual establece que serán aquellas personas que cuenten con 60 años o más de edad, asimismo la gran mayoría de las entidades federativas cuentan con su Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en donde se señala que la persona mayor es aquella que cuenta con 60 años de edad cumplidos.
Sin embargo los programas sociales, consistentes en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, únicamente apoyan a hombres y mujeres mayores de 65 años, y recientemente la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó una nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años, y aunque si bien vamos avanzando gradualmente en la disminución de la edad para recibir este apoyo económico, como es el caso de las mujeres, todavía hay hombres mayores que se encuentran en la edad de 60 a 64 años que no pueden acceder a esta pensión aún cuando la misma ley señala que la persona mayor es aquella que cuenta con 60 años, mucho se debe a la disposición de los recursos disponibles, sin embargo, se ha abonado al desarrollo progresivo.
l DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ESTÁN EMPLEADOS GANAN HASTA UN SALARIO MÍNIMO.
l DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES OCUPADAS LABORA DE MANERA INFORMAL.
PROYECCIÓN
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
1
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LA ESPERANZA DE VIDA PARA LAS MUJERES ES DE 78 AÑOS; EN HOMBRES, 73 AÑOS. 1 2 3
PARA EL AÑO 2050 EN MÉXICO SE PREVÉN 32 MILLONES DE ADULTOS MAYORES.
Pero más allá de fijar la edad base para ser considerada una persona mayor, me pregunto, ¿las personas mayores conocen sus derechos? ¿se les garantizan esos derechos?.
DENTRO DEL PAÍS, EXISTEN 15 MILLONES DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.
3
2 3
Fomentar la participación es fundamental para el ejercicio de sus derechos. Garantizar servicios de salud de calidad con un enfoque integral para toda la vida. Asegurar pensiones por jubilación dignas que posibiliten su seguridad económica.
Vamos a mencionar algunos de ellos, está el derecho de igualdad y no discriminación por razones de edad; a la vida y a la dignidad en la vejez; a la independencia y a la autonomía; a la participación e integración comunitaria; a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; a la libertad personal; a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información; la privacidad y a la intimidad; seguridad social; al trabajo, a la salud; a la educación; a la cultura; a la recreación, al esparcimiento y al deporte; a la accesibilidad y a la movilidad personal y los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo, esos son algunos derechos. Cabe señalar que la lista de derechos protegidos tanto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como por la legislación nacional es mucho más amplia.
Cuando hablamos de la responsabilidad del cuidado de las personas mayores, es usual que se vincule como única responsable a la familia, y si bien en un primer momento lo es, también hay casos de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, en donde el Estado debe intervenir para su protección y la garantía de sus derechos. Se podría decir que la responsabilidad es compartida, tanto del Estado, de la familia y de la comunidad, pues se debe velar por la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención.
En México hemos sin duda avanzado en la garantía a los derechos de las personas mayores, sin embargo, aún hay ausencia en el desarrollo de un sistema integral de cuidados, si bien recientemente se emprendió por parte del gobierno federal un
GARANTIZAN EDUCACIÓN, VIVIENDA DIGNA Y EMPLEO BIEN REMUNERADO PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS.
Proporcionar espacios de salud
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, ACTIVIDAD FÍSICA Y RELACIONES SOCIALES, SON ESENCIALES PARA LA SALUD INTEGRAL. Derechos durante la vejez
programa social que tiene como finalidad la prevención a la salud en casa de las personas mayores, esto es una parte de este sistema integral, ya que aparte de proteger y promover la salud, también implica cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.
Y precisamente la labor de cuidado ha pasado a un segundo término, por ello el reto que enfrenta el Estado es esencialmente en el diseño de medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor cuando se pueda dar. Pues es muy común que dichas labores de cuidado se queden para las mujeres de la familia, ello claramente vinculado con los estereotipos de género.
Aunque también hay que decirlo, no todas las personas mayores tienen el apoyo de sus familias, ya que se les abandona, y en este sentido es el Estado quien debe garantizarle a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, como podría ser que los centros de asistencia social y residenciales sean públicos o privados, aunque lo ideal serían los sistemas de cuidado de tipo comunitario que privilegien la autonomía, independencia e integración comunitaria de las personas mayores.
En consecuencia, se deben adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor. Aunado a ello las personas mayores deben disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos y para ello se requiere un adecuado acceso a la justicia en donde se les dé un buen trato y atención preferencial.
ELIMINACIÓN DE
DIS CRI MINA CION DIS CRI MINA CION
Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
ILUSTRACÓN: Jorge Peñaloza
Hace 46 años, en 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). El Comité CEDAW, uno de los ocho órganos de tratados del Sistema Universal, emitió su primera Recomendación General en 1986, conforme al artículo 21 de la Convención, y a la fecha, suman 40 los documentos que interpretan su contenido para ampliar el núcleo de los derechos que reconoce.
A CASI MEDIO SIGLO DE LA ADOPCIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER, SIGUE VIGENTE LA DISCUSIÓN SOBRE EL CUESTIONAMIENTO DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE TODAS LAS MUJERES
En 39 años transcurridos desde entonces, el Comité CEDAW ha desarrollado diversos temas en sus Recomendaciones Generales como la necesidad de igual remuneración por igual trabajo de igual valor, violencia contra la mujer, prevención de discriminación de la mujer en las estrategias contra el VIH, circuncisión femenina como práctica a erradicar, medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el PIB nacional, igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, participación de la mujer en la vida política y pública, salud de las mujeres, medidas especiales de carácter temporal, consecuencias económicas del matrimonio y su disolución, situación de las mujeres en los conflictos armados, dimensiones de género en la calidad migratoria, acceso a la justicia, el derecho a la educación, impacto del cambio climático, mujeres y niñas indígenas, entre otros.
Sin duda, este desarrollo interpretativo ha sido base fundamental para el impulso de la transversalización de la perspectiva de género en la legislación, política pública y aplicación de la justicia y con ello contribuir a la reducción de las desigualdades que impactan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
También fue esencial la adopción en 1994 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará) en tanto el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye su derecho a estar libre de toda discriminación y alcanzar la igualdad es incompatible con la prevalencia de la violencia de género.
Ambas Convenciones -CEDAW y Belem do Pará- exigen a los Estados terminar con los patrones estereotipados de comportamiento que tienen por efecto subordinar y violentar a las mujeres. Sobre la importancia de concretar esa obligación, basta conocer que los sesgos de género en las normas sociales son prevalentes no solo entre hombres sino también entre mujeres.
Muestra de ello es que, de acuerdo con el Índice de Normas Sociales de Género publicado en 2023 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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CONTRA LOS ESTEREOTIPOS 1 2 4 3
Adopción de medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta.
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Eliminar en Estados los papeles de masculino y femenino en todos los niveles de enseñanza.
Insistir en que los estereotipos de género son producto del sistema binario.
Reconocer que no se trata de expresiones de masculinidad sino de la construcción de feminidad.
(PNUD) y que analiza información de 80 países, 49% de las personas considera aún que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres; 29% piensa que los estudios universitarios son más importantes para los hombres que para las mujeres; y 46% opina que los hombres tienen más derecho a contar con un trabajo que las mujeres.
Como un esfuerzo para combatir los estereotipos de género que afectan a las mujeres y colocar en el centro del interés público dicha necesidad, el Comité CEDAW dio a conocer el proyecto de Recomendación General Núm. 41 sobre los Estereotipos de Género, que profundiza sobre la obligación de los Estados Parte en la adopción de medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de las personas con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
El proyecto profundiza sobre la obligación de los Estados para adoptar medidas que eliminen la discriminación contra la mujer, lo que implica a su vez la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y formas de enseñanza.
El tema es por demás relevante en tanto dichos estereotipos son fuente de múltiples y arraigadas formas de discriminación hacia las niñas y mujeres por lo que, históricamente, combatirlos ha sido un consenso al interior de los feminismos.
Ante el llamado del Comité CEDAW para reunir comentarios y opiniones al respecto del proyecto de Recomendación General Núm. 41, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México resaltó la importancia de insistir en que, los estereotipos de género son producto del sistema binario que valora una forma dominante de masculinidad conocida como masculinidad hegemónica por encima no solo de expresiones de masculinidad distantes de esa hegemonía sino, especialmente, de cualquier construcción de feminidad culturalmente vigente.
Lo anterior es la base de la llamada segregación sexual que esencializa una concepción sobre masculinidad y crea
LA RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 41 SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO PROFUNDIZA EL PAPEL DE LOS ESTADOS .
la idea de lo que un hombre debería ser que se resume de manera generalizada a asegurar que los hombres no son femeninos, que son heterosexuales y que son físicamente agresivos.
Dado que no sólo la jerarquización en función de lo masculino dominante sino también la propia restricción que impone el sistema binario son fuentes principales de producción y reproducción de estereotipos de género que perjudican a las mujeres y a los hombres que no cumplen con el mandato de masculinidad domi-
LA CATEGORÍA SEXO NO ES DEFINICIÓN INAMOVIBLE, INCLUSO DESDE LA CIENCIA, NO ES AJENA A LA INFLUENCIA DE TEORÍAS.
29% 49%
l CONSIDERA QUE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SON MÁS IMPORTANTES PARA LOS HOMBRES.
nante de manera diferenciada, es preciso continuar con los esfuerzos para dejar de entender lo femenino únicamente en oposición a lo masculino, es decir, como un concepto residual, sino que es preciso aprehenderlo como una identidad y realidad plural cuyo contenido muda junto con las sociedades.
Otro aspecto relevante para la eliminación de los estereotipos de género que reproducen la discriminación hacia las mujeres es la vigencia de visiones anacrónicas y biologicistas respecto al sexo. Me refiero a anacrónicas en tanto se basan en conocimientos científicos vigentes hace 100 años entendiendo que el desarrollo científico no es ajeno a los sesgos culturales que influyen en su generación y que derivan en conocimiento disponible en un momento y lugar determinados, sino que también se perfila por cierta cultura y moral y es susceptible de cambiar a la luz de nuevo conocimiento y distinta formulación de hipótesis.
En función de lo anterior, se ha establecido que la categoría sexo no tiene una definición inamovible -incluso desde la ciencia- ni es ajena a la influencia de teorías y prácticas científicas que a lo largo de la historia han llevado a violaciones graves a los derechos humanos, pensemos el propio concepto de la histeria o la justificación de las lobotomías para tratar discapacidades psicosociales.
La ciencia evoluciona y desarrolla nuevos conocimientos, por lo que los Estados no pueden basar o justificar sus estrategias de protección a los derechos de las mujeres en abordajes científicos desactualizados.
Con relación a lo anterior, las Dras. Siobhan Guerrero Mc Manus y Lu Ciccia han desarrollado mucho en torno a la “comprensión biologicista y funcionalista tanto del sexo como del género”.
La primera señala que la tercera ola del feminismo cuestiona la comprensión
Evolución de conocimientos
LOS ESTADOS NO PUEDEN JUSTIFICAR SUS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
Influencia de la sociedad
SE ASUME QUE EL GÉNERO EMANA DEL SEXO, SIENDO UNA VERDAD INCUESTIONABLE QUE OMITE SESGOS EN LA CATEGORÍA.
l DE PERSONAS CONSIDERA QUE LOS HOMBRES SON MEJORES LÍDERES POLÍTICOS QUE LAS MUJERES.
que se tenía del sexo como inamovible y determinado por una naturaleza inherente, y del género como aquello mutable y permeable al paso del tiempo.
La visión del sexo como algo inmutable -plantea Ciccia- no es ajena a la construcción positivista de la ciencia en la que es inherente la centralidad del sujeto androcéntrico que refuerza la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres están sólo y exclusivamente asociadas con “su naturaleza sexual”, ignorando la influencia del contexto social en la construcción de los cuerpos y en la motivación de la propia construcción científica que también imprime sesgos a sus resultados. Esto es así porque, “si bien hay sólo dos gametos, a nivel gonadal, genital, hormonal y organísmico, los arreglos corporales rebasan lo binario”.
En una sociedad influida por una visión biologicista, se asume que el género emana del sexo, siendo este último considerado una "verdad incuestionable” que omite los sesgos en el armado de la categoría.
Este enfoque está en línea con lo expuesto por el Comité CEDAW en su RG Núm. 28 relativa al artículo 2 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como con la RG Núm. 35 sobre la Violencia en razón de género contra la Mujer, que resaltan que la discriminación contra las mujeres está inseparablemente vinculada a otros factores identitarios, incluyendo su identidad como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales. Como consecuencia, las mujeres experimentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.
Lo anterior también se alinea con la Opinión Consultiva 24 sobre Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese contexto, los estereotipos basados en el género, afectan también y de manera diferenciada a las mujeres trans y a las personas con expresión de género asociada con lo femenino, pues el sistema patriarcal asigna un valor determinado a los cuerpos femeninos o percibidos como tales.
Esto es de la mayor relevancia si tomamos en cuenta que también al interior de los feminismos hay corrientes que reducen el ser mujer a las categorías biologicistas del sexo como inmutable y binario, lo que produce, a su vez, otros estereotipos de género que perpetúan la discriminación.
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, vale la pena reiterar la importancia de continuar desarmando los estereotipos de género que se traducen en desigualdades profundas en la sociedad y que deben de ser subsanadas por el Estado a través de mecanismos de política pública.
Por ejemplo, el estereotipo de que la mujer está hecha de manera natural para dedicarse prioritariamente al cuidado de los hijos, personas mayores, personas con alguna enfermedad o discapacidad, se traduce en que ellas dediquen un promedio de 12 horas semanales más al trabajo doméstico y de cuidados que
CÓMO AFECTAN
LOS ESTEREOTIPOS
AFECTAN CON EXPRESIÓN DE GÉNERO A LO FEMENINO. ES DECIR, EL SISTEMA PATRIARCAL ASIGNA UN VALOR DETERMINADO
A LOS CUERPOS FEMENINOS Y SE PRODUCE DISCRIMINACIÓN.
los hombres. Otros estereotipos influyen más para que las mujeres se dediquen a profesiones asociadas con el cuidado y minan la autopercepción de que no existen obstáculos inherentes al hecho de ser mujer que les permitan dedicarse a las ciencias.
En función de lo anterior, el impulso que el Estado realice para la implementación de un sistema articulado de servicios para la garantía del derecho a brindar cuidados, a recibir cuidado y al autocuidado podría contribuir a compensar esa desigualdad estructural para que de manera progresiva la sostenibilidad de la vida no represente un costo de oportunidad desproporcionado para las mujeres.
Finalmente, es importante identificar los actos concretos de discriminación vigentes y que suceden día a día en la arena pública y cuya expresión radica en la vigencia de estereotipos de género. Recientemente, una mujer trans fue brutalmente agredida en el contexto de la disputa del espacio público entre comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los agresores no dejaron de justificar los golpes en razón del sexo con el cual la identificaron refiriendo que era un hombre.
La escena, lamentablemente cotidiana, da cuenta de la jerarquización que impone el sistema sexo género y que expulsa a las disidencias sexo genéricas de su esquema de valorización en el que el primer lugar lo tiene la masculinidad dominante. Sobre todo, da cuenta de una de las expresiones de violencia de género hacia las mujeres que permanece normalizada por el mandato cultural que estereotipa aquello que una mujer debería o no debería ser y que al cruzarse con otros estereotipos como los raciales, capacitistas, etarios y de clase conforman patrones específicos de discriminación y recepción de violencia.
Lo expuesto pretende ser un llamado hacia la imperante necesidad de persistir en las estrategias legislativas, administrativas, judiciales, educativas, dirigidas a combatir los estereotipos de género que obstaculizan e impiden la erradicación de la discriminación y violencia hacia todas las mujeres, especialmente en estos tiempos en que se observan importantes retrocesos en el camino andado para identificar ambas realidades.
En busca de una solución
1
El Estado debe implementar un sistema para garantizar el derecho a brindar cuidados.
2
Identificar actos de discriminación, donde la expresión radique estereotipos de género.
3
Tomar en cuenta que al interior de feminismos hay corrientes que también reducen el ser mujer.
4
Visibilizar que en estos tiempos hay retrocesos que impiden la erradicación de la discriminación.
“LA PARIDAD GENERO
“LA PARIDAD GENERO
YA ES UNA SEÑAL IMPORTANTE”
Redacción
FOTOS: Alfredo Pelcastre
A
lejandra Barrales es una senadora que pone de manifiesto su compromiso con una agenda de justicia que prioriza la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la atención a los grupos más vulnerables.
En entrevista con El Mundo del Derecho cuenta de qué manera, con una serie de iniciativas legislativas y su fuerte postura en la Comisión de Justicia del Senado de la República, busca avanzar hacia un sistema judicial más equitativo y efectivo, que respete y proteja los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Es así, como en el contexto actual de la justicia en México, la legisladora comparte su visión sobre algunos aspectos clave de su trabajo legislativo.
La clave de sus iniciativas
MÁS ALLÁ DE AUMENTAR PENAS O SANCIONES, IMPULSA UN ENFOQUE PREVENTIVO CON MIRAS A LA PACIFICACIÓN DEL PAÍS.
LA SENADORA RECONOCE EL AVANCE DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO Y TRABAJA PARA QUE EL SISTEMA JUDICIAL SEA MÁS EQUITATIVO, EN EL QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
‘El verdadero reto no radica en crear nuevas leyes, sino en garantizar que se respeten y se cumplan’
¿Cuáles son los principales desafíos en la Comisión de Justicia durante este periodo?
Es complejo y extenso, especialmente en un país donde la impunidad es una realidad arraigada. La tarea no se limita a las designaciones sino que abarca una serie de temas que nos afectan directamente.
Lo más relevante es asegurar que las reformas y las iniciativas legislativas respeten el objetivo fundamental de impartir justicia en nuestro país. Esta Comisión se ocupa de una gran diversidad de temas y ha sido recientemente destacada debido a la Reforma Judicial, la cual pretende transformar profundamente a nuestro sistema de justicia.
Por esta razón, la presencia de la Comisión, especialmente viniendo de la oposición, es crucial, ya que demanda atención constante y compromiso.
¿Qué papel juega la perspectiva de género en la agenda de la Comisión de Justicia y en su trabajo legislativo?
El tema ha estado presente, pero requiere constante atención. Aunque hemos avanzado en la representación de las mujeres con grandes logros como la llegada de la primera mujer Presidenta de la República y también la paridad de género en el Senado; sin embargo, existen profundas desigualdades.
Por ejemplo, 56% de las mujeres gana menos que los hombres, por realizar el mismo trabajo, lo que evidencia
l ALEJANDRA BARRALES
ASEGURA QUE
EL
TRABAJO
DE IGUALDAD NO
HA
CONCLUIDO.
que la brecha salarial persiste y mientras esa disparidad siga existiendo, el trabajo en materia de igualdad no estará concluido.
En el Senado, muchas de nuestras iniciativas están marcadas por la perspectiva de género y nuestro objetivo es continuar avanzando en esta lucha.
1 2 3 Conoce a la senadora 1 2 3
En 2024 propuso una iniciativa para sancionar penalmente el reclutamiento de personas menores de edad por grupos criminales.
Ha referido que México está en los primeros lugares de explotación sexual y tráfico infantil, por lo que pide legislar para erradicar la problemática. Ha presentado iniciativas enfocadas que profundicen en los casos de personas desaparecidas y brindar asistencia en el esclarecimiento de casos.
¿Qué iniciativas son prioritarias para fortalecer el sistema de justicia?
Muchos temas requieren una revisión urgente. En primer lugar, es esencial garantizar justicia para las mujeres, quienes seguimos siendo víctimas de violencia. El feminicidio y el abuso infantil son problemas persistentes que deben ocupar un lugar central en nuestra agenda.
Más allá de aumentar penas o sanciones, en Movimiento Ciudadano, impulsamos un enfoque preventivo y creemos que es fundamental pacificar al país, a través de medidas preventivas que promuevan la paz social, sin recurrir únicamente a la criminalización.
¿Qué experiencias personales o profesionales influyen en su labor legislativa?
Mi experiencia profesional está profundamente vinculada a la defensa de los derechos laborales y los derechos de las mujeres.
Mi trayectoria comenzó defendiendo a las trabajadoras, en particular a las sobrecargos, con temas tan fundamentales como el derecho a la maternidad, a la igualdad de trato en el trabajo, y a tener condiciones laborales dignas.
Estas vivencias me han marcado y siguen guiando mi trabajo legislativo. Mi visión está enfocada en los derechos de las mujeres, de los niños y en la defensa de los derechos laborales. Esos son los temas que impulsan mis acciones dentro del Senado.
¿Cómo imagina un sistema de justicia ideal para México?
El verdadero reto no radica en crear nuevas leyes, sino en garantizar que se respeten y se cumplan. El estado de derecho es fundamental, por lo que es esencial que el sistema judicial implemente leyes que resuelvan.
Creo que la eficiencia no está en la cantidad de leyes, sino en la calidad de su aplicación y la capacidad para resolver las necesidades de la sociedad en el momento oportuno
Algunas de las mejores leyes del mundo las tiene México, con una Constitución que, aunque ha sido modificada en varias ocasiones, fue reconocida a nivel internacional.
56% 56%
l DE LAS MUJERES GANAN MENOS QUE LOS HOMBRES, POR LO QUE CONSIDERA QUE PERMANECE UNA DISPARIDAD.
¿Cuál es su visión?
ESTÁ ENFOCADA EN LOS DERECHOS DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS; Y EN LOS DERECHOS LABORALES DE GÉNERO.
El verdadero reto
DESDE SU TRABAJO LEGISLATIVO RECONOCE QUE EL RETO NO ES CREAR LEYES SINO LA CALIDAD DE SU APLICACIÓN.
¿Qué medidas se podrían tomar para fortalecer el marco jurídico y reducir la impunidad, especialmente en casos de abuso sexual?
Uno de los temas urgentes es el abuso sexual infantil, un problema alarmante que coloca a México en una posición vergonzosa a nivel mundial. Abordarlo requiere diversas medidas, no sólo punitivas, también preventivas.
En Movimiento Ciudadano, impulsamos un protocolo para que las escuelas que suelen ser los primeros lugares donde se detectan estos abusos, tengan la obligación de denunciar y contar con herramientas para hacerlo.
Además, es crucial que los protocolos de atención sean diferenciados para menores, ya que los actuales procedimientos revictimizan a los niños y niñas, tratándolos como adultos. Es fundamental capacitar a los profesionales para atender estos casos con sensibilidad y eficacia.
¿Qué falta para garantizar que los grupos vulnerables, como niñas, niños y mujeres, tengan acceso a la justicia?
La cultura de la denuncia es un aspecto clave. Es importante que las personas conozcan sus derechos y que entiendan que la violencia no es algo normal.
Muchas víctimas de abuso, sobre todo niños y jóvenes, crecen pensando que lo que viven es parte de la normalidad. Necesitamos trabajar en la sensibilización y educación sobre derechos humanos para que reconozcan el abuso y lo denuncien. Al mismo tiempo es fundamental que el sistema judicial responda de manera efectiva a esas denuncias, con sanciones reales y consecuencias visibles. Solo cuando la denuncia conlleve resultados tangibles, podremos crear una cultura de justicia y confianza en las instituciones.
Dora Alicia Martínez Valero
Abogada, consultora y analista
@dora_martinezvalero
LA DEUDA HISTÓRICA DE LA JUSTICIA
ES
CON LAS MUJERES
La
igualdad ante la ley no debe ser un privilegio: es un derecho innegociable
La justicia debe ser completa o no es justicia. Esta verdad se desvanece cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia.
Mientras conmemoramos el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo es urgente visibilizar una de las deudas más graves que el Estado mexicano mantiene con nosotras: el acceso efectivo a la justicia.
Como abogada, he sido testigo de cómo el sistema judicial sigue siendo uno de los espacios donde la discriminación hacia las mujeres se manifiesta con mayor crudeza. Miles de carpetas de investigación y denuncias se acumulan sin respuesta, cientos de feminicidios quedan impunes; otros, ni siquiera se investigan y los procesos judiciales se convierten en experiencias revictimizantes que desalientan a muchas a seguir adelante.
Si bien, el feminicidio es la peor muestra de violencia contra las mujeres, no es la única. La psicológica, económica y simbólica, también deben ser erradicadas.
El sistema de justicia debe evolucionar para comprender que estas formas de violencia, aunque menos visibles, son parte de una continua opresión y subordinación que
tienen consecuencias devastadoras. Todas, deben combatirse con la misma determinación. La violencia simbólica refuerza desigualdades y se intensifica en grupos vulnerables. Las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan una triple barrera: ser mujeres en un sistema patriarcal, pertenecer a comunidades históricamente marginadas y, a menudo, vivir en contextos de pobreza que limitan su acceso a recursos legales.
Es imprescindible crear mecanismos de acceso que reconozcan estas realidades específicas. Necesitamos una justicia con perspectiva de género en todos los niveles, desde los ministerios públicos hasta los tribunales constitucionales.
Quienes operan el sistema jurídico requieren capacitación integral que les permita despojarse de prejuicios y estereotipos que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres.
La visión
Esta deuda sólo podrá saldarse cuando la última mujer que busque justicia la encuentre libre de discriminación.
Más grave aún, la impunidad en casos de violencia contra las mujeres, no es sólo un fallo del sistema judicial sino un mensaje social que perpetúa la idea de que la vida y la dignidad de las mujeres vale menos. Cada vez que una denuncia no prospera o un agresor queda libre por tecnicismos legales, el Estado refuerza esa idea y daña la confianza en la justicia.
El activismo de las mujeres ha logrado que seamos reconocidas como sujetas de derechos y ha cambiado la conversación pública. Hoy se reconocen jurídicamente múltiples formas de violencia antes invisibilizadas. Sin embargo, este avance formal no se ha traducido en mecanismos eficientes de acceso a la justicia. Es urgente fortalecer las herramientas contra la violencia de género y crear procesos de denuncia menos revictimizantes. Necesitamos protocolos específicos para la atención de mujeres víctimas en todas sus formas y sistemas de seguimiento que garanticen que las denuncias no quedarán archivadas.
Este 8 de marzo debemos renovar nuestro compromiso con una transformación profunda del sistema de justicia. La deuda histórica con las mujeres sólo podrá saldarse cuando la última mujer que busque justicia la encuentre de manera pronta, expedita y libre de sesgos discriminatorios.
Hoy no sólo conmemoramos las batallas ganadas, sino que nos preparamos para las que aún estamos dispuestas a pelear.
La igualdad ante la ley no debe ser un privilegio: es un derecho innegociable. La justicia para las mujeres no puede seguir siendo una promesa postergada; debe ser una realidad inaplazable.
“Debemos
volver a la JUSTICIA una costumbre”
JUSTICIA una costumbre”
BUSCA INCREMENTAR LA CONFIANZA EN LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REDUZCA LA INCERTIDUMBRE AL DENUNCIAR Y QUE LAS CIFRAS SEAN MÁS
POSITIVAS EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE GÉNERO
na mujer decidida para que la justicia se haga costumbre, así se define Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quien durante su gestión pondrá mayor énfasis en los delitos vinculados a la violencia contra la mujer, sin dejar de brindar calidad y acortar los tiempos de atención para resolver los casos que se denuncian.
Asegura que lo más importante es tener un plan realista que busque transformar una institución como la FGJ, por lo que reconoce que resolver los problemas de género es uno de los retos más importantes que enfrenta.
FOTOS: Leslie Pérez
En entrevista con El Mundo del Derecho, la fiscal más joven de la CDMX considera que su objetivo es que la Fiscalía se transforme con eficiencia y calidad, tarea en la que tiene mucho que aportar pues ha participado en la transformación del sistema de justicia penal
A casi dos meses de haber tomado posesión, ¿cuáles son los principales retos y áreas de oportunidad que has encontrado en la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México?
Tenemos varios. Uno de ellos tiene que ver con mejorar la atención a la ciudadanía.
Necesitamos incrementar la confianza, y para esto es importante acortar los tiempos para la denuncia, así como reducir la incertidumbre que tiene la gente cuando va a denunciar. Es muy importante que la respuesta siempre sea de calidad en todas las agencias en la Fiscalía.
Se tiene que evitar que cuando una persona vaya a denunciar le digan que tiene que ir a otra ventanilla. Hay que tratar de recibir las denuncias siempre Hay retos muy importantes, ya que todos los días abrimos alrededor de 600 investigaciones y se tienen alrededor de 300 audiencias con nuestro equipo. Es fundamental que podamos, con toda la carga de trabajo, identificar dónde están los casos más críticos, que podamos dar seguimiento y atender todos los casos para dar resultados.
Antonio Holguín
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.
Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para un periodo de cuatro años.
Ha ejercido como abogada litigante.
Conoce a la fiscal 1 2 2 3 5 4
Ha sido docente en el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Asesora de diversas instituciones en la reforma del Sistema de Justicia Penal.
Es tiempo de mujeres, ¿tienes algo pensado para fortalecer los asuntos de género?
La idea es atender todos los temas. De manera adicional yo ubicaría el trabajo que se realizará con las denuncias de violencia familiar , ya que es el delito que más se denuncia hoy en día en la Ciudad de México
Necesitamos tener la capacidad de identificar dónde hay riesgo crítico o incluso feminicida y que podamos aplicar de manera inmediata las medidas de protección, en cada una de las 80 denuncias que aproximadamente recibimos todos los días. Trabajar para potencializar nuestras casas de justicia para la mujer, las cuales ven sucesos por
l ANTONIO HOLGUÍN, VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE HERALDO MEDIA GROUP, EN ENTREVISTA CON BERTHA MARÍA ALCALDE.
este tipo de violencia. La idea es trabajar en este mar de casos que tenemos.
¿Cuáles son las prioridades durante tu gestión?
Una de ellas es garantizar atención de calidad. Necesitamos acortar los tiempos de atención, tener un equipo de supervisión continua, un equipo de la fiscal que va a estar directamente evaluando qué es lo que pasa en las agencias de l Ministerio Público.
Otra de las prioridades es tener una Fiscalía mucho más eficiente y eso implica que podamos dividir las cargas de trabajo que tenemos en distintos equipos Hay que dar un trato diferenciado a cada una de las investigaciones que
se inician en la Fiscalía, aquellas que requieren mecanismos alternativos de solución de controversias para que las podamos encaminar, y de esta manera, fortalecer la mediación.
Están las investigaciones de casos más delicados, garantizar que haya una judicialización eficiente, realizar investigaciones de calidad; y en aquellas en donde hay muy poca información sobre el hecho, y son casos de menor gravedad, que las podamos atender como fenómeno criminal.
Entre las prioridades está modernizar la Fiscalía, implementando un modelo donde tengamos carpetas digitales, si bien ya existe un trabajo en este sentido, la idea es consolidarlo y tener servicios
‘ Hay que dar un trato diferenciado a las investigaciones, a las que requieren mecanismos alternativos de solución de controversias’
14 mil 14
l SERVIDORES PÚBLICOS SACAN
ADELANTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
digitales; que se puedan hacer solicitudes al Ministerio Público vía digital, o también hacer notificaciones vía digital. En ese aspecto, también es importante hacer denuncias y que exista interacción con nuestros ministerios públicos.
El orden administrativo también es una prioridad, puesto que hay cuestiones fundamentales que atender para mejorar la percepción pública como lo es, por ejemplo, retirar los vehículos que se encuentran abandonados en diversas calles de la Ciudad de México.
En otro orden de ideas, también es relevante que los procesos de entrega de cadáveres se atiendan con oportunidad y se agilicen, ya que es un tema sensible, en el que vamos a brindar una mayor transparencia y evitar que haya corrupción. También los aseguramientos de inmuebles es un tema en el que se pondrá mayor atención.
¿Qué delitos se van a priorizar en tu plan de trabajo?
La idea es atender todos los delitos que se denuncian, pero estamos claros que cuando una institución tiene recursos humanos y financieros limitados es fundamental que podamos priorizar a través de planes de trabajo muy concretos, en determinados delitos.
Vamos a trabajar contra el delito de extorsión, por ello se va a crear una Fiscalía especializada.
Prioridad
Creación de una Fiscalía especializada en Extorsión.
Fortalecer el trabajo realizado en feminicidios.
Crear más unidades de criminalística y proximidad para atender delitos de homicidio y secuestro.
Creación de una Fiscalía especializada en Extorsión.
Estrategia integral para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas.
‘Ser la mujer fiscal más joven de la CDMX es un reto muy importante. Es una institución que históricamente ha sido dirigida por hombres’
En cuanto al trabajo que se ha realizado con los feminicidios, vamos a seguir fortaleciéndolo, ya que hoy en día tenemos números muy positivos de casos e investigaciones de calidad.
Para el delito de secuestro u homicidio vamos a crear más unidades de criminalística y proximidad. Es decir, equipos técnicos de trabajo entre policías, ministerios públicos y peritos que atienden de manera inmediata en el lugar de los hechos y generan los primeros actos de investigación.
En el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, tenemos un gabinete que sesiona todos los días y lo presido, junto con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Estamos generando una estrategia muy integral que se va a presentar próximamente a las familias.
Mientras que en atención a los delitos vinculados a la violencia contra la mujer buscamos priorizar la violación, porque la mayoría de éstas o de los delitos sexuales que sufren las mujeres están vinculadas con personas dentro de su círculo cercano. Existen muchos casos de violación que se denuncian y en los que se tiene identificado al agresor.
La idea es identificar esos casos y garantizar la judicialización casi inmediata, que sea mucho más efectiva, que nos permita la aplicación de medidas cautelares como lo es la prisión preventiva.
Es muy importante eficientar los mecanismos que tenemos para fortalecer las medidas de protección para las mujeres. El objetivo es seguir trabajando por hacer justicia ante los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio.
¿Qué representa para ti ser la mujer más joven que ha asumido el mando de la Fiscalía?
Es un doble reto muy importante. Primero que nada, porque ser mujer en instituciones de seguridad y procuración, siempre es un reto, al ser instituciones que históricamente han sido dirigidas por hombres.
A mí me precede una fiscal a quien admiro mucho, Ernestina Godoy, y este es un reto, poder asumir esto y más.
l INVESTIGACIONES SE ABREN DIARIAMENTE.
l AUDIENCIAS REALIZAN DIARIO EN LA INSTITUCIÓN.
Margen
l El gobierno de los Estados Unidos ha fijado nuevos aranceles, ha generado incertidumbre y necesidad de revisar los tratados comerciales que México ha firmado; el análisis es crucial para mitigar estos efectos. México cuenta con Tratados de Libre Comercio con 51 países, además de otros acuerdos ligados a la promoción de inversiones y complementación económica con más de 30 países o regiones. Reevaluar y actualizar estos acuerdos podría abrir nuevas oportunidades que aún no se han aprovechado.
l La imposición generalizada de aranceles no solo afecta económica y comercialmente, también viola principios clave del T-MEC y compromisos asumidos ante la Organización Mundial de Comercio; recurrir a vías jurídicas permitiría abordar la situación dentro del marco del derecho internacional y abriría nuevas oportunidades de negociación. México podría unirse a otros países que también busquen defender sus derechos en instancias internacionales.
l En el camino hacia la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, se deben priorizar dos temas legislativos: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y la aplicación efectiva del Sistema Nacional de Cuidados, establecido constitucionalmente en 2020. Avanzar en estos aspectos se considera clave para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, reduciendo desigualdades y promoviendo su desarrollo económico.
l Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia importante en defensa de los derechos de los animales, en la que ordena a los cuidadores de la Elefanta Ely mejorar su hábitat y asegurar su salud. Esta decisión marca un avance hacia la regulación de la posesión responsable de animales, imponiendo a los dueños un deber de cuidado y previniendo el maltrato. Será crucial seguir el cumplimiento de esta sentencia.
Mar- Abr / 2025
FOR TALE ZA CONTRA
LOS DELITOS DE
GÉNERO
GEMA CHÁVEZ DURÁN CONSIDERA QUE MARZO ES CLAVE PARA REFLEJAR LOS AVANCES CONTRA ESTOS ILÍCITOS
Redacción
FOTOS: Alfredo Pelcastre
Fomentar la cultura de la prevención del delito entre la ciudadanía y evitar prácticas revictimizantes es el pilar que destaca para su gestión, Gema Chávez Durán, como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buscar reforzar el compromiso de la Fiscal Bertha María Alcalde Luján para procurar una atención más eficiente con acciones clave con miras en la perspectiva de género.
¿Cuál es el objetivo principal?
Rediseñar y optimizar la procuración de justicia para garantizar un acceso efectivo, especialmente para grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres.
¿Qué compromisos asumió con esta Coordinación?
Continuar y fortalecer el trabajo de todo el equipo para materializar proyectos prioritarios, enfocados en mejorar la investigación de los delitos graves como
feminicidio, violación, trata de personas y aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
¿Qué acción es clave para este proceso?
La actualización del Protocolo de Investigación para Feminicidios y Transfeminicidios para orientar a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, destacando la importancia de actuar en las primeras horas de investigación, ya que es un periodo crucial para el éxito de los casos.
¿Qué enfoque promueve el protocolo?
Una investigación integral y flexible, teniendo en cuenta las razones de género e identidad detrás de estos delitos. Además, integra las mejores prácticas de la Fiscalía.
¿Qué medidas abordan contra la violencia sexual?
Estamos implementando una estrategia integral para enfrentar los delitos de violencia sexual, con énfasis en la creación de un área especializada para investigar violaciones recientes. Buscamos obtener resultados rápidos, especialmente en casos donde los agresores están identificados o son cercanos a las víctimas.
Mejorar atención
‘Buscamos obtener resultados rápidos en casos donde los agresores están identificados o son cercanos a las víctimas’.
¿Cómo se mejorará la atención a las víctimas de violencia sexual?
Una de las acciones importantes es garantizar que las víctimas no sean sometidas a entrevistas múltiples y reducir su permanencia en las instalaciones durante el proceso de denuncia. De esta manera, evitamos prácticas revictimizantes y mejoramos su atención.
¿Cómo se trabaja para mejorar la toma de testimonios de niñas, niños y adolescentes?
Estamos actualizando las capacidades técnicas para realizar entrevistas investigativas adecuadas para niñas, niños y adolescentes, conforme a los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales. Estas entrevistas se llevarán a cabo en un entorno seguro y serán videograbadas para evitar que las víctimas repitan su testimonio.
¿Qué otros avances se están logrando en la Fiscalía?
Estos son sólo algunos ejemplos de las acciones que están en vías de implementación. Desde la Coordinación General, nos comprometemos a mejorar el acceso a la justicia para niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de delitos de género.
l GEMA CHÁVEZ
ASEGURA TENER EL COMPROMISO DE MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA.
1
1
Actualización del Protocolo de Investigación para Feminicidios y Transfeminicidios.
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3 PLAN DE TRABAJO 2025-2029
Seguir una ruta metodológica para investigar por razón de género e identidad de género.
Llevar una estrategia integral para abordar los delitos relacionados con la violencia sexual.
Mar-Abr / 2025
MARÍA JOSÉ PAREJO HA
ESTUDIADO ESTE DERECHO PARA
QUE LAS PERSONAS DECIDAN CÓMO
TERMINAR SU VIDA, UNA VISIÓN
QUE EN MÉXICO CAMBIÓ TRAS LA PANDEMIA POR COVID-19
SOBRE EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA SOBRE EL DERECHO
Redacción
FOTOS: Leslie Pérez
El derecho a la vida es el más importante de todos los ordenamientos y las constituciones y pocas veces se habla de ello. Un ejemplo es abordar lo vital que son las acciones para tener un testamento o hablar sobre la voluntad anticipada, la cual refiere a tener el derecho a decidir en todo momento
Otro tema es la eutanasia, que, aunque en México no está regulada legalmente, trata de que el paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal finalice de la mejor manera su vida.
Para ello, la investigadora María José Parejo, platicó con El Mundo del Derecho, respecto a estos temas y la importancia del consentimiento informado, luego de que la pandemia de Covid-19 trajera focos rojos para visualizar el papel de la vida y la muerte en el país.
Desde su punto de vista, considera que hay que estudiar temas que generen deba-
Consentimiento informado y autonomía del paciente: su aplicación en el ocaso de la vida en la España y Europa del Siglo XXI, (IIJ/UNAM, 2018).
LIBRO
l PARA MARÍA
JOSÉ PAREJO
EL DERECHO A
LA VIDA NO ES INCOMPATIBLE
CON EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA.
te para intentar vislumbrar, dar distintas opciones para hacer pensar a los demás e intentar avanzar con regulaciones de género, de odio, de la propia posesión de conciencia en las distintas confesiones religiosas, pero también sobre el derecho a la eutanasia o a una muerte digna.
¿En México hay derechos relacionados con la muerte digna?
La visión de la vida y la muerte cambió a partir de la pandemia de Covid-19. Todo el mundo vio la muerte más cerca y se preguntó si existe un derecho a la muerte, así como existe el derecho a la vida.
El derecho a la vida es fundamental, es el más importante. Actualmente no existe el derecho regulado jurídicamente a la muerte, pero se avanza en materia jurídica para que las personas decidan respecto a su muerte y alcancen la muerte digna.
Es por eso que se establecen legislaciones en los distintos estados.
¿Es posible hablar del derecho a una muerte digna, qué tratamiento se le da?
Sí, por eso me decidí a estudiar el derecho a una muerte digna, como la eutanasia, que es una de las materias interdisciplinarias o transdisciplinarias. En todas las ramas del derecho, ya sea penal, constitucional o filosofía del derecho, se estudia En el derecho eclesiástico no podía ser menos, porque además es el ordenamiento que regula las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Todos vamos a morir y todos, o la mayoría, tenemos alguna ideología religiosa. El derecho eclesiástico tiene mucho que decir porque se ve el derecho a la vida y a la muerte.
¿Qué límites existen en esta capacidad de disposición de una persona a una muerte digna?
Cada ordenamiento jurídico los establece En España, en marzo de 2021, se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en la cual se permite que cada ciudadano solicite una muerte digna cuando considere que reúne los datos que, de acuerdo con la ley, se ubican en un contexto eutanásico. Cuando cumple con todos los requisitos ha cumplido todos los límites.
Sobre María José Parejo
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla.
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por
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Forma parte del grupo de investigación Gestión pública de la diversidad religiosa y cultural en España y en Andalucía.
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Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones.
Doctora
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
l PERSONAS HAN EJERCIDO LA VOLUNTAD ANTICIPADA EN LA CDMX, DE 2019 A 2023. 10,233 10,233
Mar- Abr / 2025
jurídica.Sólo en ese momento se hará uso de ese documento, pero si mantiene todas sus facultades mentales no se recurre al testamento vital.
¿Si una persona fallecida determinó el destino que quería para su cuerpo, es una situación incompatible con las creencias religiosas?
Se trata, de que ninguna confesión religiosa pueda, en cualquiera de sus adeptos, decirle qué tiene que hacer con su cuerpo una vez fallecido.
Somos alma, y a partir de ahí, las confesiones religiosas no tendrían autoridad.
Se supone que cuando una persona decide donar órganos o qué hacer con su cuerpo y puede ayudar a otra, es loable
Voluntad anticipada en México 1 2 3
¿Podríamos hacer compatible este avance en la forma digna, con la protección de ese derecho a la vida? No. El derecho a la vida es fundamental por antonomasia y no es incompatible con el derecho a una muerte digna.
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Documento donde una persona deja su deseo a someterse a algún tratamiento.
En 2008, la Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar la iniciativa.
Se ha aprobado en 14 estados de la República.
Todos vamos a morir y queremos que sea una muerte lo más digna posible, evitarnos un sufrimiento innecesario . No son incompatibles. Se trata de regular el derecho a la decisión, a la autonomía de cada persona sobre cómo quiere su muerte cuando padezca alguna enfermedad o esté en una situación en la que su calificativo de vida deje de ser el calificativo de digna.
¿Qué nos podría decir de la situación que existe en España?
El paciente puede decidir el final de su vida, cuando tenga plena capacidad jurídica y de obrar. Si el paciente ha perdido esa capacidad jurídica o de obrar, hay que recurrir a lo que llamamos en España, testamento vital o de voluntades anticipadas. Allá, tiene muchas denominaciones en función a la comunidad autónoma, pero es el mismo documento
En éste, el paciente o ciudadano deja por escrito que hay voluntades sobre cómo actuar si llega al momento final de su vida y ha perdido esa capacidad
Decidir sobre los cuidados médicos que la persona desea recibir. Familiares y equipo de salud deben respetar las decisiones de la persona.
Beneficios 1 2 3
La persona puede decidir no someterse a procedimientos invasivos.
¿El consentimiento informado en la autonomía del paciente puede impedir que se aplique algún tratamiento en urgencia aún cuando aumente el riesgo de que muera
Se debe respetar lo indicado en el testamento vital de una persona, la decisión tomada debe ser cumplida, respetando su integridad y voluntad final.
¿Considera que la sociedad está preparada para hablar de eutanasia y el derecho a una muerte digna?
Por supuesto, cada vez más. Todas las sociedades están evolucionando a que la eutanasia se va a regular. Hablar de la muerte antes era un tabú y hoy hay que hablar de ella, darle opción a cada uno sobre cómo quiere bien morir; es un tema de cambiante actualidad.
¿Cree que todos deberíamos tener este tipo de disposiciones?
Por supuesto. Imparto docencia en muchísimos ámbitos y animo a todo el mundo a que haga testamento vital, cuando se pregunta quién tiene un testamento, 99% levanta la mano en cuanto a sus bienes, pero cuando se pregunta quién tiene un testamento vital, 5% o 1% lo reconoce. Podemos encontrarnos mañana ante una situación de enfermedad terminal irreversible, donde no podamos decidir, donde perdamos la conciencia, ¿otra persona decide qué se hace contigo?
Estela Fuentes Jiménez
Magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
@estelafuentesjimenez
efectos que le otorga una resolución favorable al particular, cuando estima existe una lesión a sus intereses, sino que debe someterse a los principios que señala la Constitución en sus artículos 14 y 16.
Mediante el Juicio de Lesividad, se invoca la actuación jurisdiccional contenciosa-administrativa con la finalidad de dejar sin efectos un acto propio e irregular pero favorable a los intereses de un particular. Como lo deriva el título de este artículo el juicio de lesividad es una garantía para los gobernados y una herramienta de coadyuvancia para la ciudadanía cuando sienta afectada su esfera jurídica.
JUICIO
DE LESIVIDAD: HERRAMIENTA LEGAL DE COOPERACIÓN
Busca garantizar que la administración pública proteja los derechos individuales
El proceso administrativo en México, está sujeto a diversas reglas y características que lo convierten en un proceso autónomo, en el que se pretende que el órgano de la Administración Pública a quien se demanda la nulidad de un acto que afecta la esfera jurídica del gobernado, intervenga en la relación jurídico procesal como si se tratara de otro particular, es decir, sin la facultad de imperio ni la relación de supra o subordinación con la que actuó cuando emitió el acto.
Inmerso en la jurisdicción administrativa encontramos el juicio de lesividad, el cual, atendiendo a los principios de la justicia administrativa, se erige como un instrumento para equilibrar y poner al mismo nivel a la autoridad administrativa y al gobernado, con el único fin de someterán poder público al orden jurídico, con la peculiaridad que quien demanda la nulidad, es la propia autoridad que lo emitió en beneficio de algún particular, bajo el argumento de que, tal acto es lesivo a los intereses general eso de la colectividad que defiende, en la inteligencia de que no se puede dejar al arbitrio de la autoridad privar delos
Esfera jurídica
Permite a la autoridad administrativa impugnar actos a favor de un particular que sean lesivos para el interés público.
Desde la Ley de Justicia Fiscal de 1936, hasta la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1967, el Juicio de Lesividad, mantuvo un carácter exclusivamente fiscal, y sólo hasta la expedición del último de los ordenamientos referidos, se abrió la posibilidad a autoridades diversas a las tributarias para demandar la nulidad de resoluciones favorables a los particulares, cuestión que subsiste hasta el día de hoy. Luego, de la evolución de esta figura jurídica, en los distintos ordenamientos a partir de la señalada ley, hasta el Código Fiscal que entró en vigor en 1982 y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de 2006
En ese sentido, el Juicio de Lesividad, tanto federal como local, es producto de la evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo, pues de ser una figura estrictamente fiscal, pasó a comprender los demás actos administrativos emitidos por autoridades diversas a las tributarias, y sufrió una emancipación para dar pie a la existencia de un juicio de lesividad fuera de la legislación común tributaria.
Como todos los juicios contenciosos administrativos, dependerá de cada caso particular, según las peculiaridades del asunto resuelto, si la actuación del Tribunal se ajusta al modelo contencioso de anulación o contencioso de plena jurisdicción, lo que repercutirá en el pronunciamiento de la sentencia.
En la actualidad, el Tribunal Fiscal de la Federación en su origen y, ahora, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha tenido la facultad de reconocer la validez o declarar la nulidad de los actos cuya impugnación ha estado sujeta al juicio respectivo. La declaratoria de nulidad dentro del juicio contencioso administrativo tiene como finalidad salvaguardar la seguridad jurídica como valor fundamental del derecho de los particulares, pero también respecto de los actos del Estado, evitando que los que se encuentran investidos de ilegalidad produzcan sus efectos en el mundo jurídico.
LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA ENFOCADO SU COMPROMISO AL EMPODERAMIENTO FEMENINO, ADEMÁS DE SER SERVIDORA PÚBLICA, BUSCA ESTAR DE LA MANO CON LA JUSTICIA Y CON LOS DERECHOS HUMANOS
Ahlf México necesita de ellas:
Loretta Ortiz
Mar-Abr / 2025
Entre vista
“Si nos empoderamos, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas y de quienes nos rodean”.
A
l destacar diversos momentos clave de su carrera, su trabajo docente, su implicación en la creación de políticas públicas para la paz y los derechos humanos, Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabe perfecto que su rol con la reforma judicial y su lucha por mejorar el acceso a la justicia y la equidad de género son los puntos clave que han marcado su trayectoria.
Más allá de la academia, de la que siempre ha creído que la formación no debe ser sólo teórica sino también práctica, ha estado muy vinculada con organizaciones de la sociedad civil como los Foros para la Paz, mismos que le dieron una de las experiencias más enriquecedoras al tener contacto con la ciudadanía y considera que “sin paz no podemos gozar de los derechos fundamentales”.
En cuestión de género, cree que una de las barreras que hay para que ellas trasciendan en el ámbito de la justicia existen porque se limitan a sí mismas ya sea por su entorno o expectativas sociales.
Es así como la ministra hace un llamado a todas para empoderarse, para luchar por su carrera y por su derecho a contribuir a la justicia, porque, asegura, México necesita de ellas.
Para Loretta Ortiz, el Derecho es atender a los demás desde cualquier ámbito, por eso, al camino que ha recorrido en la enseñanza, lo considera una de las obras más trascendentales que ha realizado.
En entrevista con El Mundo del Derecho nos platica de qué manera ha combinado su experiencia académica, profesional y social para contribuir al bienestar de la sociedad con un énfasis en la justicia social y la igualdad de oportunidades.
Redacción
FOTOS: Alfredo Pelcastre
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Sobre Loretta Ortiz Ahlf 1 2 3 4
Egresada de la Escuela Libre de Derecho.
Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.
Doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
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Desde el 12 de diciembre de 2021 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué nos puede compartir sobre su evolución profesional?
Mi carrera docente comenzó a los 23 años cuando fui nombrada profesora titular en la Escuela Libre de Derecho. Ahí comencé a enseñar Derecho Internacional Público y poco después, publiqué mi primer libro sobre esta materia, el cual ya está en su quinta edición. Este texto es utilizado por estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales, siendo una gran satisfacción para mí
Posteriormente fui asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que me permitió adquirir experiencia en Derecho Internacional y problemas globales. Luego trabajé en el Banco de México, durante la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la autonomía del Banco de México y la emisión del nuevo peso.
También fui Directora Jurídica en Conaculta, y más tarde, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde implementé un nuevo plan de estudios que incorporó materias en derechos humanos y derecho ambiental, las cuales anteriormente no eran obligatorias. Ahí en la Universidad Iberoamericana fui responsable de fomentar la práctica profesional entre los estudiantes.
¿Cómo ha sido su experiencia y cuál fue su impacto?
La coordinación de los Foros para la Paz fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera. Recorrimos los estados más violentos del país y nos acercamos a las víctimas para escuchar sus testimonios. Estos foros fueron un parteaguas para generar propuestas concretas que se transmitieron al gobierno para contribuir en la formulación de políticas públicas hacia la paz y la justicia social —derechos fundamentales—, que sin ellos no se podría disfrutar de otros derechos.
¿Cómo ha influido su experiencia en su labor como ministra, considera que los jueces deberían reforzar su conocimiento en derechos humanos para abordar mejor los problemas sociales?
Sí. La labor de los ministros y jueces debe estar profundamente conectada con la
l MINISTRA LORETTA ORTIZ, EN ENTREVISTA CON EL MUNDO DEL DERECHO.
realidad social. La reforma judicial tiene ese objetivo: situar a los jueces en el contexto social y humano de los problemas que deben resolver. No podemos estar alejados de la realidad, la justicia debe estar al servicio de las personas. Para ello, los juzgadores deben estar comprometidos con la ciudadanía y tener una comprensión profunda de los derechos fundamentales como la paz, la dignidad humana y el respeto a la libertad de las personas. Es crucial que los jueces no se mantengan como figuras aisladas, sino que se acerquen a la gente y resuelvan problemas.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta una mujer para lograrlo? A lo largo de mi carrera he notado que muchas mujeres, incluso jóvenes abogadas, no se sienten capaces de asumir ciertos roles o responsabilidades. Es un problema que lamentablemente sigue ocurriendo.
“Lo importante es que las mujeres se empoderen y entiendan que tienen derecho y capacidad de avanzar”.
Recuerdo que tuve una excelente estudiante, con un promedio impresionante, a quien le ofrecí cubrir su maestría en Derechos Humanos, pero no aceptó porque ya se iba a casar. Aunque traté de explicarle que podía seguir su carrera y compaginarla con su vida personal, la joven no se sintió capaz de hacerlo.
Esta historia es una muestra de cómo muchas mujeres se limitan a sí mismas por su entorno o por expectativas sociales. L o importante es que las mujeres se empoderen y entiendan que tienen derecho y capacidad de avanzar en su carrera, sin importar los obstáculos.
¿Qué consejo le daría a las jóvenes abogadas y estudiantes para alcanzar un equilibrio similar? Que se sientan empoderadas, que crean en su capacidad y en sus derechos. He trabajado con mujeres de diferentes contextos, desde comunidades indígenas hasta estudiantes de universidades y he
MUJERES E HISTORIA
Muchas hemos luchado para ser reconocidas en nuestra profesión. Otras, se han limitado a sí mismas por su entorno.
notado que muchas piensan primero en los demás: su familia o hijos, pero rara vez, en sí mismas.
Es crucial que las mujeres se den cuenta de que pueden ayudar más a los demás si primero se cuidan y desarrollan profesionalmente.
El talento que tenemos no sólo es para nosotras, sino también para contribuir al bienestar de la sociedad.
Yo, soy la mayor de cinco hermanas, y siempre he sentido que mi responsabilidad es ayudar a mi familia, pero también a la comunidad. Si nos empoderamos, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas y de quienes nos rodean.
La reforma judicial está en marcha, ¿cómo ve el futuro de este proceso? ¿considera que es algo que ya está concluido o que hay mucho por hacer?
Es un proceso que apenas comienza. El 1 de junio marcará el inicio de una transformación histórica en el Poder Judicial, tanto federal como local. Por primera vez, se podrá elegir a los integrantes de los tribunales de manera abierta y transparente, lo que representa un cambio fundamental en el sistema judicial mexicano. Si bien, el proceso requiere tiempo y paciencia, el resultado será un Poder Judicial más capacitado, profesional y comprometido con la ciudadanía.
Respecto a la cuestión de género, las mujeres hemos tenido que luchar mucho para ser reconocidas en nuestra profesión. Aunque al principio no me di cuenta de las discriminaciones sutiles, con el tiempo comprendí que, muchas veces, como mujeres, no nos brindan las mismas oportunidades que a los hombres.
¿Cómo nos resumiría las distintas etapas de su vida?
Es un profundo compromiso con el servicio hacia los demás. Desde que terminé mi carrera, entendí que es una profesión de responsabilidad. Como abogada, siempre he buscado servir. La docencia fue un camino significativo porque me permitió formar a futuros abogados. Este hecho, es trascendental, ya que al final de la vida, queda la labor que uno realiza: mis estudiantes, mi escuela y los textos que he escrito para ellos.
Sus obras
l DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
2011
l EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR.
1989 2013
l DERECHOS HUMANOS DE LOS INDOCUMENTADOS.
2023
l LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS DERECHOS SOCIALES.
VOCES CALLADAS: BRE
DE DESIGUALDAD EN
DE DESIGUALDAD EN
UN FENÓMENO QUE
PERSISTE Y EN EL QUE SE
TRABAJA PARA INTEGRAR A MÁS MUJERES EN CARGOS
RELACIONADOS A LA TOMA DE DECISIONES
CHA
EL PODER JUDICIAL
EL PODER JUDICIAL CHA
Darlene Rojas
Abogada especialista en materia laboral
ILUSTRACIÓN: Jorge Peñaloza
La desigualdad laboral entre mujeres y hombres es un fenómeno persistente en muchas sociedades y ámbitos, que se manifiesta de diversas formas, como la baja participación laboral de mujeres en diversos sectores, las brechas salariales, la baja ocupación de mujeres en posiciones de liderazgo, la baja promoción y crecimiento laboral de las mujeres, entre otras. En México, esta desigualdad entre mujeres y hombres es aún más evidente en el ámbito del poder judicial, un sector que debería ser un modelo de equidad y justicia.
l DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA FEMENINA HUBO EN MÉXICO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.
LOS AVANCES Y RETOS LABORALES
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En 2019, los sindicatos integraron a mujeres en directivas, de manera proporcional.
El Poder Judicial y los órganos de impartición de justicia federales como locales, han pasado por varias reformas fundamentales, no obstante, enfrentan retos significativos en materia de igualdad de género y oportunidades laborales para mujeres y hombres.
Desigualdad laboral en instituciones de impartición de justicia
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A pesar de que hay mujeres que alcanzan cargos directivos, existen obstáculos.
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Urge impulsar políticas que transformen la cultura organizacional de instituciones.
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Garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y participación.
A pesar de los avances en el ámbito laboral con la reforma de 2019, la cual obligó a los sindicatos a que integraran a mujeres en sus directivas sindicales de manera proporcional, la brecha de desigualdad para ocupar cargos de alta dirección es una realidad palpable en nuestro país. Durante mi mandato como Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en 2013, fui la segunda mujer en ocupar el cargo, lo que evidencia el dominio masculino en instituciones de impartición de justicia.
En mi experiencia he vivido de cerca las dificultades y obstáculos que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral, donde el acceso a la toma de decisiones sigue limitado por conductas arraigadas y estereotipos de género. Esto es una muestra de la urgente necesidad para impulsar políticas que no sólo promuevan la inclusión y enfoque de igualdad de género, sino que transformen la cultura organizacional de las instituciones de impartición de justicia y del Poder Judicial en general.
Es fundamental garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a puestos de liderazgo y participación en todos los niveles.
En lo que respecta al Poder Judicial, datos recientes muestran que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a puestos de toma de decisiones e impartición de justicia, lo que refleja una cultura arraigada de inequidad que dificulta la paridad.
Brecha de género en el ámbito judicial
Las mujeres representan aproximadamente, 50% del total de estudiantes egresadas de Derecho.
La brecha de género en el ámbito judicial es una manifestación clara de las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Esta disparidad se refleja en las oportunidades de promoción y ascenso a cargos de mayor responsabilidad.
En cargos de alto nivel como ministras o magistradas, encontramos que el porcentaje de egresadas de facultades de Derecho no corresponde con el nivel de ocupación en instituciones judiciales a nivel federal y estatal
A nivel federal, desde 2023 a la fecha, sólo 34% de los ministros nombrados por la Suprema Corte de la Nación son mujeres y, en el caso de magistradas designadas, sólo 15 por ciento
Asimismo, los poderes judiciales estatales también muestran una falta paridad de género en los nombramientos de magistradas y jueces. De acuerdo con datos del INEGI, 61% las magistraturas estatales son ocupadas por hombres, y 39%, por mujeres.
Esta subrepresentación tanto a nivel federal como a nivel estatal es un claro indicador de que las estructuras de poder en el ámbito judicial continúan perpetuando desigualdades, limitando la representatividad de las mujeres en la toma de decisiones en los órganos jurisdiccionales.
En cuanto a la representación de mujeres en la impartición de justicia, se registró en el Consejo de la Judicatura Federal un
NIVEL DE ESTUDIOS
total de 757 mujeres juzgadoras (35.8%) y 486 hombres juzgadores (64.2%).
Mientras que en el ámbito estatal, los poderes judicial estatales reportaron mil 976 mujeres juzgadoras (44.5%) y 2 mil 464 hombres juzgadores (55.5%), datos que muestran reiteradamente que, no solamente existe una subrepresentación de mujeres en los cargos de alto nivel, sino en las posiciones de impartición de justicia a nivel federal y estatal.
Análisis de la situación en los Poderes Judiciales Federales y Locales
Los datos de ambos poderes judiciales, tanto federal como local, muestran que enfrentan desafíos similares en desigualdad laboral, tanto como la subrepresentación de las mujeres en cargos de alto nivel como en puestos de impartición de justicia.
En ambos poderes judiciales, existen diferentes políticas y estrategias para el tema de igualdad de género en este sector que han permitido avanzar en el tema.
En el ámbito federal han existido medidas afirmativas y políticas de igualdad que han permitido avances en la inclusión
de mujeres en estos cargos, no obstante, la propia Constitución establece a la paridad de género como un principio en nuestra vía democrática.
Dichas medidas han considerado la emisión de concursos exclusivos para mujeres, los criterios con perspectiva de género para el desempate en los concursos, la preferencia en lugares de adscripción de las mujeres en su residencia considerando sus labores de cuidado no remuneradas.
En contraste, en muchos estados, los procesos de selección siguen siendo opacos y poco inclusivos, lo que limita las oportunidades para las mujeres.
En algunos casos, los procesos de designación en las entidades federativas carecen de criterios que prioricen la equidad de género, lo que perpetúa la hegemonía masculina en el poder judicial.
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ASÍ ES LA IGUALDAD
Es un avance que la propia Constitución establece a la paridad de género como un principio en nuestra vía democrática.
Este entorno no sólo afecta a las mujeres que aspiran a estos puestos, sino que impacta en la justicia, al limitar las perspectivas necesarias para abordar la complejidad de los casos que se enfrentan.
Además, el acceso de las mujeres a los cargos de alta dirección en México sigue siendo un desafío cotidiano y significativo. Factores como el machismo arraigado, la falta de redes de apoyo y las dinámicas culturales que perpetúan la subestimación de las capacidades femeninas dificultan su ascenso a posiciones de decisión, la falsa percepción de que las mujeres son menos adecuadas para ocupar posiciones de alta responsabilidad, la cultura organizacional que a menudo no apoya la conciliación entre la vida laboral y personal.
Estas barreras no solo limitan las oportunidades de crecimiento laboral de mujeres talentosas y capacitadas, sino que también restan diversidad y representación al sistema judicial, lo que puede influir negativamente en la calidad de la impartición de justicia en nuestro país.
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Retos ante la Reforma al Poder Judicial
El reto de eliminar las brechas entre mujeres y hombres es más urgente en el contexto actual, donde las reformas a los procedimientos de designación de cargos
3 2 4 OBSTÁCULOS EN EL PODER JUDICIAL 1
En algunos casos, los procesos de designación carecen de criterios de equidad de género.
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La falta de criterio impacta a las mujeres que aspiran a cargos, pero también a la justicia.
El machismo, la falta de redes de apoyo y de acciones, son un desafío para avanzar.
Las limitantes laborales en este ámbito restan representación al sistema judicial.
NORMAS DE SELECCIÓN PARA CARGOS
de ministros, magistrados y jueces abren la puerta a la posibilidad de instaurar criterios más equitativos.
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Tiene el objetivo de asegurar que la designación sea en beneficio de la igualdad.
Esta reforma es una ventana de análisis para revisar las barreras, los desafíos y oportunidades en beneficio de la equidad y la justicia, favoreciendo la diversidad de talentos y la representatividad de la población en el sistema de impartición de justicia de nuestro país.
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Se han establecido lineamientos que priorizan las capacidades y méritos.
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Buscan que las candidatas, además de ser consideradas, lleguen a cargos relevantes.
Impulsan la participación de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil.
El proceso de selección de personas para cargos judiciales tiene como objetivo asegurar que la designación integre criterios que promueven desde la vía democrática la diversidad y la igualdad de género. Se han establecido lineamientos que priorizan las capacidades y méritos de las candidatas, asegurando que las mujeres no sólo sean consideradas, sino que también tengan la misma posibilidad de ascender a cargos de relevancia.
Las nuevas normas también impulsan la participación activa de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil en las designaciones, lo que brinda una oportunidad adicional para incrementar la representación femenina en el ámbito judicial. Sin embargo, la implementación efectiva de estas reformas será clave para determinar si realmente conducirán a un cambio sustancial en la brecha de desigualdad. Es fundamental que los mecanismos de evaluación sean robustos y se supervise la adherencia a los principios de igualdad en cada etapa del proceso
La incorporación de mujeres en cargos de alto nivel, como ministras y magistradas, ha demostrado tener un impacto positivo en la impartición de justicia. Diversas experiencias han revelado que una mayor representación femenina en el sistema judicial contribuye a decisiones más comprensivas y justas, mejorando la atención a casos relacionados con violencia de género y derechos humanos. Además, investigaciones en países como Suecia y Canadá han mostrado que un mayor número de mujeres en posiciones judiciales se correlaciona con un aumento en la confianza del público en el sistema de justicia y un fortalecimiento de la legitimidad judicial.
La reforma al Poder Judicial de 2024 representa un hito significativo en nuestro país para la lucha por reducir la desigualdad dentro del sector judicial. Esta reforma no solo introduce criterios de
ENFOQUE
Las propuestas buscan enriquecer el sistema judicial y asegurar que sus representantes reflejen la diversidad de la sociedad.
selección que priorizan la igualdad de género, sino que representa también una medida fundamental para romper con el histórico predominio masculino en el sistema judicial, promoviendo un cambio cultural que reconozca y valore las capacidades y aportaciones femeninas en la administración de justicia, promoviendo una representación más equitativa y plural.
Desde mi experiencia en la impartición de justicia y ante la valiosa oportunidad de esta reforma judicial es fundamental implementar programas de capacitación en temas de género, establecer redes de apoyo profesional y mentorías para mujeres en el ámbito judicial, crear un entorno más propicio de acceso a posiciones de liderazgo e impartición de justicia. Asimismo, incorporar políticas transparentes y equitativas que fomentan la meritocracia y paridad en los procesos de selección de cargos
Como destacó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum: "no llego sola, llegamos todas", reafirmando la idea de que el progreso hacia la igualdad no es un logro individual, sino un esfuerzo colectivo que involucra a toda la sociedad y también a nuestro sistema de justicia.
Este compromiso con la igualdad de género no solo beneficiará a las mujeres que accederán a estos puestos, sino que enriquecerá el sistema judicial en su conjunto, asegurando que las decisiones reflejen una diversidad de voces y experiencias. La implementación eficaz de esta reforma será vital para construir un poder judicial más justo y representativo de toda la población.
Gabriela del Valle Pérez
Integrante de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF
@GabrieladeValle
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES:
LA RELEVANCIA EN LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA
Se busca que las reglas de participación se deconstruyan y construyan para lograr una igualdad real
La igualdad entre mujeres y hombres ha sido todo un reto y una lucha constante, en particular en el último siglo. En nuestros tiempos, se ha reconocido que nuestros sistemas políticos, económicos y sociales se construyeron de forma desigual, dándole voz y representación a ciertos sectores y dejando fuera a otros.
Derivado de diversas movilizaciones, estas estructuras se han empezado a deconstruir e incluir en a quienes históricamente no eran incluidas: las mujeres.
En México, las movilizaciones de diversos grupos y unión femenina fueron impulsando demandas que buscaban mayor representación en la vida política mexicana.
Dicho de otro modo, se empezó a mover el aparato jurisdiccional para que, a través de éste, se reconociera la desigualdad entre mujeres y hombres al momento de ocupar cargos de elección popular.
Derivado de esas demandas, que más tarde dieron como resultado sentencias que reconocían la desigualdad entre mujeres y hombres, se empezaron a construir reglas que garantizaran emparejar el piso, con el fin de que las mujeres mexicanas llegaran a los espacios políticos en la misma proporción que los hombres. Esas
decisiones nos llevaron a reformar la Constitución en cuatro momentos importantes: la paridad en las legislaturas; pero también en todo; la reforma para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razones de género; así como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Con estas reformas, se fue incentivando la participación de las mujeres en el ámbito público y en cargos de liderazgo y dirección, pero también han buscado incrementar la presencia en una de las labores más importantes para la sociedad: la impartición de justicia.
En diversos países del mundo, la presencia de mujeres juzgadoras es mínima, comparada con la presencia de hombres juzgadores. El dato curioso es que sí hay importante presencia de mujeres en los cargos subordinados a la figura del juez. Es decir, las mujeres pueden ser secretarias, auxiliares, proyectistas, pero para llegar a ser la titular del juzgado o tribunal, no se han garantizado las mismas oportunidades.
Día de las juezas
Desde 2021, la ONUhizo oficial, el 10 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de Mujeres Juezas.
Buscando incentivar la participación de las mujeres como juzgadoras, se fueron conformando diversas asociaciones de mujeres juezas. Actualmente, una de las más importantes es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), desde la cual se impulsó el Día Internacional de Mujeres Juezas, que se conmemora cada 10 de marzo, fecha que se hizo oficial en el año 2021, por la Organización de las Naciones Unidas. En México, la cantidad de mujeres juzgadoras sigue siendo desigual, lo cierto es que desde 2019, cuando se aprobó la reforma de paridad en todo, comenzó a cambiar esa situación y se encaminó hacia un mayor número de mujeres que llegarán a la titularidad de los juzgados y tribunales.
La finalidad de estas políticas es que poco a poco no sea ajeno para la sociedad ver a una mujer liderando o dirigiendo. Por otro lado, se busca que esas reglas, mismas que fueron construidas bajo una mirada androcéntrica, hoy se deconstruyan y se reconstruyan bajo una base de igualdad real
Esa tarea sólo se puede llevar a cabo a través de la impartición de justicia, porque es aquí en donde las leyes se materializan y se puede ver qué tan justa o injusta es.
Por lo anterior, así como se busca garantizar la paridad en cargos de los poderes ejecutivo y legislativo, hay que insistir en la paridad en el poder judicial, objetivo que se busca con la reforma constitucional al poder judicial, para que también desde este ámbito se realicen acciones que contribuyan a disminuir las desigualdades existentes.
LEGITI MACION LEGITI MACION
LA AUTORA DESTACA
LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA
ADECUADA, A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Marisol Castañeda Magistrada de Circuito PJF. Asociación Mexicana de Juzgadoras A. C.
ILUSTRACIÓN:
Iván Barrera
En la doctrina se distinguen dos tipos de legitimación en la causa (ad causam) y en el proceso (ad processum).
La primera de ellas, versa sobre la titularidad del derecho mismo. Al respecto, el jurista italiano Chiovenda, ha señalado:
Preferimos nuestra antigua denominación de legitimatio ad causam (legitimación para obrar): con esta entiéndase la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva).
La legitimación en el proceso o legitimidad para obrar, de acuerdo con el diccionario procesal civil es: “la identificación que debe existir entre los sujetos que conforman la relación jurídico-procesal y quienes bien ocupan los polos de la relación jurídico-material o aquellas que, en abstracto, determina la ley para actuar en calidad de partes del proceso (ya sea como demandante o como demandado)”.
Es esencial considerar que entre los propósitos de la reforma laboral fue garantizar el derecho a la defensa adecuada, terminando con un periodo en el que se otorgó la posibilidad de que, quienes no contaran con estudios o autorización para ejercer como licenciado en derecho, ejecutaran representación procesal, lo que derivó en abusos y deficiencias.
En efecto, desde 2012, la fracción II, del artículo 692 de la Ley Federal del
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Identificación entre los sujetos que conforman la relación jurídico-procesal..
PROPÓSITOS DE LA REFORMA LABORAL 1 2
Reconocer quienes bien ocupan los polos de la relación jurídico-material o actúen en calidad de las partes del proceso.
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Mejorar la calidad de las personas que acuden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
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Patronos de las partes, sean o no apoderados, deben acreditar ser abogados o licenciados en derecho.
Quienes no se acrediten podrán ser autorizados para oír notificaciones y recibir documentos.
CLAVES DE LA PROFESIONALIZACIÓN 1 3 2 4
Los trabajadores o beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado competente.
Trabajo fue reformada mediante Decreto publicado el 30 de noviembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federación y que en la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre de 2012, se tomó en cuenta lo siguiente:
“Profesionalizar al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los representantes ante las mismas y a los litigantes en materia laboral, a efecto de reducir el riesgo de que una de las partes en el proceso (generalmente el trabajador), sea deficientemente representada en juicio”.
Asimismo, del Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, se aprecia que la persona legisladora señaló que:
Título catorce. Derecho procesal del trabajo. (…) No cabe duda que es imprescindible mejorar la calidad profesional de las personas que acuden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje patrocinando o representando a patrones, a trabajadores o funcionarios sindicales. (…) Por esa razón, en las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, se incorporan varios preceptos en los que se exige que los patronos de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho, con cédula profesional o personas que cuenten con
REFORMA LABORAL
En 2019, se adicionó el artículo 685 bis, interpretado y relacionado con los diversos 692 y 873 F, de la Ley Federal de Trabajo.
carta de pasante vigente expedida por autoridad competente. Quienes no acrediten lo anterior podrán ser autorizados para oír notificaciones y recibir documentos
Al dictaminar la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, la persona legisladora ordinaria consideró necesario mejorar la calidad profesional de las personas que acudían ante la autoridad laboral, para lo que se incorporó dicha exigencia que se vio reforzada en la reforma laboral de 2019, adicionando el artículo 685 bis, interpretado y relacionado con los diversos 692 y 873 F, de la Ley Federal de Trabajo, que señalan:
Artículo 685 Bis.- Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación; en consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal quien deberá ser Licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Cuando el Tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro, contando con tres días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica.
LO QUE DICEN LOS ARTÍCULOS
LAS PARTES PUEDEN SER ASISTIDOS POR UN APODERADO LEGAL GARANTIZADO.
Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado Tratándose del apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional (.. ) Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero no podrán comparecer en las audiencias
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato (...)
Artículo 873-F.- La audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente:
I. Las partes comparecerán personalmente o por conducto de apoderado ante el Tribunal; en caso de hacerlo por su cuenta deberán estar asistidas por Licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, o pasante de derecho, a fin de garantizar su debida defensa(...) El tribunal determinará el inicio y conclusión de cada una de las etapas” De lo anterior, es dable colegir, que existen dos formas de comparecer a un
¿Cómo lograr efectividad?
LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DEBE RECAER EN UNA PERSONA LICENCIADA EN DERECHO, TITULADO CON CÉDULA O PASANTE DE DERECHO.
Una defensa legal adecuada
CUANDO SU PERSONA APODERADA LEGAL, NO TENGA UNA DE LAS CUALIDADES REQUERIDAS, DEBERÁ DESIGNAR A UNA QUE SÍ LA TENGA.
PUEDEN COMPARECER A JUICIO POR UN APODERADO LEGAL AUTORIZADO.
TENER UNA DEFENSA ADECUADA, POR SÍ MISMO O POR UN APODERADO LEGAL.
juicio laboral, por sí y por conducto de apoderado legal.
Centrándonos en el tema de la representación por conducto de la persona apoderada legal, el precepto 685 Bis, señala que éste debe ser una persona licenciada en derecho o abogada titulada con cédula profesional, para garantizar la adecuada defensa.
Cuando una persona física decide comparecer por conducto de un apoderado legal, éste debe reunir los requisitos citados.
Y si decide comparecer por sí misma —al ser el titular del derecho sustantivo y, por ende, procesal— debe asistir a la audiencia preliminar asistida de una persona licenciada en derecho, abogada titulada con cédula profesional o pasante de derecho.
Esto, para dar efectividad a la reforma, en cuanto a lograr la defensa adecuada de las partes, si comparece por sí mismo, o por conducto de un apoderado legal, la representación procesal debe recaer en una persona licenciada en derecho, abogada titulado con cédula profesional o pasante de derecho.
Esta conclusión debe ser trasladada al ámbito de las personas morales, dado que el artículo 692, fracción III —alude a la representación de tales entes jurídicos— debe ser interpretado y relacionado con los diversos 685 bis y 873 F, fracción I, todos de la Ley Federal del Trabajo.
Cuando su persona apoderada legal, no tenga una de las cualidades requeridas deberá designar a una que sí la tenga
El estricto apego a esta regla de representación implica dotar de vida a la reforma que busca, entre otras cuestiones, concluir y, en consecuencia, erradicar una época plagada de abusos y arbitrariedades, derivadas de la actuación de personas que no tenían la capacidad de acudir a juicio en nombre de otra, lo que llevó al extremo de considerar que en la justicia laboral no existía el derecho humano mínimo de audiencia.
Numeral 873 F, fracción I
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Alude al hecho de que una persona física o moral acuda por sí misma, por conducto de su representante legal, quien no necesariamente será licenciado en derecho. En este caso de acudir a una audiencia preliminar, deberá ser asistida por una persona licenciada en derecho, abogada titulada con cédula o pasante de derecho.
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Trabajo en equipo
“La paridad lograda no se traduce en igualdad en la toma de decisiones”
SUS INICIATIVAS
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MODIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIÓN POR ABORTO SIN CONSENTIMIENTO.
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HA ENVIADO A DISCUSIÓN UN DICTAMEN PARA QUE LA IGUALDAD SUSTANTIVA SEA UN DERECHO.
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BUSCA REFORZAR LA FIGURA DE JUICIO DE AMPARO, ASÍ COMO INCLUIR UN LENGUAJE INCLUYENTE.
“Somos más MENTES
“Somos más MENTES PENSANDO CAMBIOS A FAVOR DE ELLAS”
MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, DIPUTADA
EN LA LXVI LEGISLATURA, ASEGURA QUE
PODEMOS HABLAR DE AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES, PERO AÚN
HAY PENDIENTES PARA LOGRAR UNA POLÍTICA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
Clelia Hidalgo
FOTOS: Cortesía
Con un mensaje claro hacia la igualdad sustantiva, Mariana Benítez Tiburcio desde su perspectiva como activista, legisladora y defensora de los derechos de las mujeres, nos comparte su visión actual sobre los avances y retos en la agenda para las mujeres.
La legisladora considera que no se trata de sólo hacer políticas públicas o reformas legislativas, sino que es necesario un cambio cultural y social profundo liderado por todas y todos.
“La lucha por la igualdad es un trabajo conjunto que involucra a mujeres, hombres, instituciones, comunidades y, sobre todo, a las futuras generaciones.
“Actualmente sí hay un cambio en la visión con la que se miran los retos nacionales”
Solo trabajando juntos podremos construir un país donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres”.
¿Cómo ha cambiado la agenda de las mujeres bajo la presidencia actual?
La Presidenta envió un mensaje claro desde su campaña y al asumir el cargo: la agenda de las mujeres sería una prioridad. La primera iniciativa de reforma constitucional que presentó al Congreso fue la que buscaba establecer en la Constitución el derecho a la igualdad sustantiva, una modificación de gran relevancia, porque marca un principio fundamental: la igualdad de género, misma que será un eje central de la política nacional en el marco de los derechos de las mujeres.
¿Cuáles son los principales avances y desafíos en materia de violencia contra las mujeres?
Dentro del paquete de reformas enviado al Congreso, uno de los temas más destacados es el acceso a la justicia para las mujeres y el combate a la impunidad en casos de violencia de género. A pesar de los avances en la participación de las mujeres en ámbitos políticos, laborales y empresariales, aún persisten grandes desafíos, especialmente en lo relacionado a este tema.
UN PAÍS IGUALITARIO
“SOLO TRABAJANDO JUNTOS PODREMOS
CONSTRUIR UN PAÍS DONDE LAS MUJERES
TENGAN LAS MISMAS
OPORTUNIDADES Y DERECHOS QUE LOS HOMBRES”.
Es importante recordar que México sigue enfrentando altos índices de violencia contra las mujeres, ya sea física, doméstica, psicológica y también vicaria y aunque se han logrado avances, las carpetas de investigación y las sentencias siguen siendo insuficientes.
Actualmente, en cada entidad, se ha aprobado la creación de fiscalías especializadas en delitos de género, un logro impulsado por muchas feministas.
En mi experiencia como legisladora en Oaxaca, también luchamos por establecer fiscalías especializadas en nuestra entidad. Esto es crucial porque la investigación y persecución de los delitos contra ellas debe hacerse con perspectiva de género y no todas las fiscalías cuentan con la capacitación o los recursos para hacerlo adecuadamente.
Otro punto relevante es que, desde la ley, se ha establecido que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Lo que significa que las fiscalías no pueden tratar estos casos como simples muertes violentas, sino que deben investigar con el enfoque adecuado.
¿Qué nos puede decir sobre la paridad y la representación de las mujeres en los espacios de decisión política?
El aumento en la presencia de mujeres en cargos políticos es un avance positivo, significa que tenemos más voces y perspectivas impulsando cambios a favor de la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Sin embargo, tenemos una tarea pendiente, porque la paridad numérica no se traduce en igualdad en la toma de decisiones.
l LA LEGISLADORA
MARIANA BENITEZ
TRABAJA POR GARANTÍAS PARA LAS MUJERES .
Por ejemplo, en los Congresos, aunque haya más mujeres, las posiciones de liderazgo, como las presidencias de las Juntas de Coordinación Política o de la Mesa Directiva, siguen siendo ocupadas mayoritariamente por hombres.
Es esencial que sigamos trabajando para que la paridad no sea solo una cifra, sino que sea sustantiva, es decir, que se logre una equidad en la influencia y toma de decisiones. El reto no sólo es tener más mujeres, sino asegurarnos de que tengan voz y poder.
¿Cómo ve el futuro de la lucha por los derechos de las mujeres en México?
Estamos viendo un cambio significativo en cómo se abordan los desafíos que enfrentamos las mujeres. La agenda de derechos de las mujeres ahora está más presente en la discusión de las políticas públicas, pero el camino hacia la igualdad sustantiva implica cambios a nivel cultural y estructural.
Es necesario trabajar desde las comunidades, en los municipios más alejados, y a nivel nacional para crear una nueva conciencia colectiva entre hombres y mujeres. Las leyes son fundamentales, pero no son suficientes por sí solas, debemos involucrar a las familias.
¿Cuáles son los retos hacia una igualdad sustantiva?
A nivel legislativo, es necesario seguir perfeccionando las reformas para asegurar que los procedimientos penales, civiles y familiares que sancionan la violencia contra las mujeres sean más efectivos. Debemos impulsar el fortalecimiento de un sistema nacional de cuidados, el cual sería un cambio fundamental para avanzar en esta igualdad.
Otro reto prioritario es la despenalización del aborto a nivel federal, que garantizaría a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar barreras legales.
Finalmente, la agenda de la niñez también está en mi lista de prioridades. Debemos trabajar en políticas públicas que protejan a las niñas y niños y garanticen su derecho a crecer en un entorno seguro, libre de violencia. Mar- Abr / 2025
Laurence Pantin* y Alejandra Quezada**
@lpantin / @quezada_as
¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE 15 AÑOS
DE ELECCIONES JUDICIALES EN BOLIVIA?
A tres meses de la jornada electoral en la que, por primera vez, la ciudadanía estará convocada a elegir a sus personas juzgadoras, el panorama se ve complejo e incierto
Complejo por las muchas irregularidades que se han detectado en el proceso. Primero, la prisa por realizar estas elecciones implicó que las reglas electorales del proceso se fijaran después del inicio del mismo, lo que en principio contravendría la Constitución. También observamos el incumplimiento de suspensiones judiciales, algo que pone en entredicho nuestro estado de derecho y la certeza jurídica sobre la cual está fundado
Además, surgieron muchas dudas en torno a los criterios utilizados por algunos Comités de Evaluación para determinar las candidaturas idóneas para cada cargo. Y sorprendió la manera en que el Tribunal Electoral ordenó al Senado tomar atribuciones que, según la Constitución, serían competencia del Judicial. Eso, con el objetivo de asegurar –algo importante, pero que no prevé la Constitución– que las personas postuladas en la convocatoria
* Laurence Pantin es co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey y directora de la organización Juicio Justo (@jjustoac).
**Alejandra Quezada es coordinadora de investigación de la misma organización.
de ese Poder fueran consideradas en las listas finales de candidatos, después de que su Comité de Evaluación fuera el único de los tres en acatar una resolución judicial que les ordenaba detener sus actividades. Finalmente, las modificaciones en las listas que el Senado entregó al INE, luego de que éste pidiera un complemento de información respecto a algunas personas candidatas, tampoco abonan a la certeza del proceso. El panorama también es incierto por lo que nos espera en las próximas semanas.
El INE ya anunció que no otorgará a las personas candidatas tiempos oficiales en radio y televisión, dado que reconoció que es materialmente imposible dividir de manera equitativa estos espacios entre tantas personas candidatas, al contrario de lo establecido en la Constitución. En estas condiciones, ¿cómo desarrollarán sus campañas las personas aspirantes? ¿Cómo se asegurará el INE que éstas no reciben financiamiento privado ni público y que solamente gastan recursos personales? ¿Respetarán las personas servidoras públicas la prohibición de pronunciarse a favor o en contra de algunos candidatos, cuando el INE ya anunció que reduciría las sanciones para este tipo de conductas?
Otra pregunta importante tiene que ver con la participación el día de la elección.
¿Saldrán los electores a votar por sus jueces, en un contexto en que el INE explicó que tendrá que instalar menos casillas de las habituales, debido a la falta de presupuesto?
De hecho, la presidenta del INE adelantó en varias entrevistas que prevé una baja participación, de entre 8% y 15%, por debajo de 61% de participación en la elección presidencial.
Frente a tantas interrogantes, vale la pena volcarnos a las experiencias internacionales que nos pueden dar algunas pistas sobre lo que nos podría esperar en este proceso
Por ello, desde el Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, la organización
Juicio Justo y la Fundación Konrad Adenauer, invitamos a tres personas expertas de Bolivia para que compartieran con legisladores y el público mexicano su experiencia monitoreando las elecciones judiciales en aquel país, durante 15 años.
Vale la pena recordar –como lo hacía en su momento la exposición de motivos de la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador– que Bolivia era entonces el único país donde las más altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular.
El caso boliviano era celebrado como uno a seguir y que “representó un hito pues la conformación de una Corte Suprema a través del voto popular es novedosa y dista mucho de los
esquemas tradicionales del sistema europeo y anglosajón, que no necesariamente han logrado garantizar legitimidad, independencia y excelencia”.
Efectivamente, ¿las elecciones judiciales en Bolivia han permitido fortalecer la legitimidad, independencia y excelencia de las personas juzgadoras?
El pasado 19 de febrero, escuchamos a Susana Saavedra, Soraya Santiago y Sergio Ardaya, en un conversatorio organizado en la Cámara de Diputados y nos parece relevante reportar algunas de las enseñanzas.
En Bolivia, como en nuestro país, la reforma que previó la elección de juzgadores por voto popular se justificó bajo el argumento de democratizar la justicia y hacerla más cercana a la gente. Ciertamente, igual que en el caso mexicano, era necesario hacer cambios para fortalecer la justicia. Sin embargo, tras 15 años de aprobada esa reforma y tres procesos de elecciones judiciales realizados, la experiencia boliviana no habría tenido los efectos esperados.
¿CUÁL ES EL PANORAMA EN MÉXICO?
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Hubo prisa por realizar las elecciones y las reglas se fijaron después de iniciar el proceso.
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Prevén incertidumbre debido a la baja participación y la carencia de desarrollo de campañas para los aspirantes.
Por una parte, no es claro que se haya logrado democratizar la justicia, porque el resultado ha sido una baja participación. En un país donde es obligatorio votar, un alto porcentaje de sufragios han sido nulos y blancos, lo que muestra el rechazo ciudadano al método de elección. En consecuencia, los juzgadores quedaron elegidos con 10% o menos de votos. Por esto, las personas no se sienten representadas por estos juzgadores.
Además, el nuevo modelo no habría logrado abrir del todo la puerta a perfiles plurales (académicos, investigadores, u otros) que renovaran las perspectivas del Poder Judicial, ni aseguró que llegaran los mejores aspirantes, porque en Bolivia los profesionales de mayor prestigio y trayectoria no quisieron participar en los procesos por desconfiar de los mismos. Al contrario, han llegado a ser elegidos perfiles que no tienen trayectoria ni prestigio, lo cual no sólo resta legitimidad, sino que es peligroso, pues los nuevos juzgadores no tienen reputación que perder y puede ser un incentivo para actuar de forma corrupta o arbitraria. De acuerdo con los expertos bolivianos, el modelo de elección no sería exitoso porque el órgano encargado de la preselección sólo considera parámetros políticos y no de mérito e idoneidad. Por ello nos advierten que la etapa de preselección es clave para asegurar que quien resulte electo tiene los méritos necesarios.
ILUSTRACIONES:
IVÁN BARRERA
Este proceso de preselección debe ser transparente y estar a cargo de un órgano técnico que, a través de un baremo, permita valorar de forma objetiva la trayectoria y aptitudes de las personas aspirantes, evalúe sus méritos y se asegure de que lleguen sólo los perfiles idóneos.
Es necesario también, que el proceso de evaluación y conformación de las listas se realice en apego a reglamentos previamente aprobados y de conocimiento público, que determinen cómo se realizan las evaluaciones, ponderaciones, votaciones, y resuelvan otros aspectos prácticos de la preselección. De esta manera, el proceso se vuelve más confiable pues reducen las posibilidades de prácticas arbitrarias o injustificadas.
Por otra parte, más allá de un buen deseo o una frase que adorna la reforma, la máxima publicidad debe ser una realidad en cada etapa del proceso electoral. Es decir, debe publicarse información actualizada, completa y verídica, no sólo sobre los perfiles, sino también sobre cada documento, acuerdo o decisión que se tome en todas y cada una de las etapas del proceso.
Otra lección que aprendieron las personas expertas de Bolivia es que la perspectiva de género en los procesos de elección no se reduce a una cuota de género, sino que es necesario incentivar e incorporar medidas afirmativas para promover la participación efectiva de mujeres, incorporar indicadores específi-
¿QUÉ NOS ADVIERTE EL CASO BOLIVIA?
cos para valorar su trayectoria y descartar a aspirantes que tengan historial de violencia de género y delitos sexuales.
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Para dar mayor legitimidad es necesaria la colaboración y que la sociedad participe.
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Discuten la posibilidad de revertir elecciones judiciales y garantizar que las personas juzgadoras sean elegidas por sus méritos.
Nos advierten que en Bolivia los problemas que ha enfrentado el modelo de elección popular de juzgadores les han obligado, después de cada proceso, a hacer ajustes a las normas y reglas del sistema de elecciones judiciales, mismos que se han realizado tomando en consideración los diagnósticos, insumos y recomendaciones de una red de organizaciones, ya que las autoridades entendieron que, para dar mayor legitimidad a estas elecciones, era necesario abrirse a la colaboración y participación de la sociedad.
Finalmente, las personas expertas de Bolivia coincidieron en que existe un consenso en torno a que el mecanismo de elección popular de juzgadores no habría resultado ser lo que prometía, por lo que la sociedad civil, la academia, el actual gobierno y la oposición, están discutiendo la posibilidad de revertir las elecciones judiciales y desarrollar un modelo que garantice que las personas juzgadoras sean designadas por sus méritos.
En México es un hecho que la reforma se llevará a cabo. Sin embargo, es largo el camino que aún tenemos que recorrer, esperando no llegar a las mismas conclusiones que en Bolivia. Es de suma importancia tener presentes las lecciones de este caso para corregir los errores y hacer ajustes lo antes posible.
SATELLITE AND OUTER SPACE
(2024)
INVESTIGACIÓN SOBRE EL MARCO JURÍDICO
DEL ESPACIO, INCLUYENDO HISTORIA, TÉCNICA Y DEBATES ACTUALES
Las actividades espaciales mejoran la vida en la Tierra con las comunicaciones satelitales, la observación de la Tierra, la radionavegación satelital, la investigación espacial, así como con los datos obtenidos de las actividades espaciales. Además, estas han sido identificadas como esenciales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
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Esta obra aporta los resultados de investigación sobre el marco jurídico internacional y nacional en materia satelital y del espacio exterior, haciendo un recuento de los hitos históricos y un repaso a los aspectos técnicos básicos para las actividades espaciales. Adicionalmente, aborda los tópicos de debate contemporáneo tales como la sostenibilidad del espacio, la no apropiación de éste por
Mar-Abr / 2025 MDD
Li bros
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actores espaciales y el acceso equitativo a las órbitas bajas.
Este libro viene a llenar un vacío por la ausencia de obras en español sobre lo satelital y del espacio exterior desde el Derecho y la política pública. Por lo que cualquier persona interesada en las actividades espaciales y la comunicación vía satélite encontrará información relevante que, además de invitar a la reflexión, propone nuevas líneas de investigación en la materia.
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omo sabemos, los nuevos escenarios para comunicarnos y compartir información a través del Internet y las redes sociales han puesto en riesgo el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, en específico los denominados derechos de la personalidad, personales o personalísimos (derecho a la identidad, vida privada o intimidad, honor e imagen), que habían sido uno de los límites o barreras de las libertades de expresión e información.
El exceso de discrecionalidad con la que actúan empresas como Google, X, o Facebook y el vacío legislativo que actualmente existe en nuestro país para la protección y armonización de los derechos personales en la red de redes, ha permitido que los mecanismos de autorregulación de las empresas proveedoras de estos servicios, sean solo mecanismos remediales y limitados que se han desbordado frente a la multiplicidad creciente de lesiones a los derechos personalísimos de los ciudadanos y gobernantes.
AUTOR: HILDA NUCCI INVESTIGADORA
EDITADO POR: Santi Ediciones
De ahí, que esta obra de frontera represente un exhaustivo ejercicio de análisis y reflexión no solo para fines academicistas, sino como una propuesta de solución mediante investigación aplicada, en un contexto adverso ante el analfabetismo digital y el desconocimiento de la inmensa mayoría de la sociedad, incluida la jurídica, de la necesidad concreta de como armonizar y proteger los citados derechos personales en el ámbito digital.
Concluyendo con propuestas en un terreno que no se advierte difícil para lograr que la validez y la eficacia jurídica transiten por el mismo sendero.
EL DILEMA BIOÉTICO:
TEMAS DE ACTUALIDAD
JURÍDICA, SALUD Y TECNOLOGÍA
ABORDA LA BIOÉTICA DESTACANDO SU IMPORTANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LOS
Lmundo caracterizado por el vertiginoso avance científico y tecnológico, que ha dado lugar a desarrollos capaces de provocar catástrofes que incluso han paralizado a la humanidad.
Este contexto resalta la necesidad de un reencuentro de la bioética con la humani zación, lo que justifica la im portancia de esta obra, que aborda temas cruciales como la bioética y el derecho, los debates sobre la gestación por sustitución, la voluntad procreacional, las nuevas construcciones de filiación en México, el análisis desde la ciencia jurídica, las prácticas eugenésicas y la manipulación genética, el diagnóstico genético preimplantatorio y la reimplantación, la trascendencia jurídica de la bioética en el contexto de la pandemia por Covid-19, así como los enfoques bioéticos sobre el aborto y la muerte digna, que se vinculan estrechamente con los derechos humanos, la inteligencia artificial, el derecho a la salud, y la bioética como mecanismo de protección al consumidor. Los siete autores ofrecen un análisis de la bioética desde perspectivas jurídicas y filosóficas profundamente sugerentes, permitiéndoles
Mar-Abr / 2025
Li bros
DIRIGEN: GISELA MARÍA PÉREZ FUENTES, HILDA NUCCI
EDITADO POR:
Editorial Reus
realizar aportes que abarcan desde la salud hasta la inteligencia artificial, y que abordan cuestiones contemporáneas como el derecho a decidir sobre la muerte digna y la calidad de vida.
En el ámbito latinoamericano, reconocen los avances tecnológicos, pero subrayan que estos han generado mayores dificultades e interferencias en los derechos de la personalidad, lo que complica los procesos involucrados.
DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL EN MÉXICO
ANÁLISIS DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SUS PROBLEMAS Y BENEFICIOS PRELIBERACIONALES
El proceso penal mexicano se compone de cuatro etapas o fases, siendo la última la ejecución de la sentencia condenatoria firme. Esta obra se enfoca en analizar dicha fase a la luz de la reforma constitucional de 2008 y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A lo largo del texto, se abordan tanto aspectos teóricos como prácticos desde una perspectiva personal y basada en la experiencia. Asimismo, se identifican y analizan las problemáticas derivadas de la aplicación de esta ley, proponiendo soluciones adoptadas por diversos tribunales, destacando la que se considera más adecuada. Para ello, se incluyen casos concretos y se citan criterios jurisprudenciales con el fin de esclarecer dudas y ofrecer respuestas a las interrogantes planteadas. Además, se explora la forma en que deben ejecutarse las penas, los mecanismos de sustitución o beneficios preliberacionales, y el régimen penitenciario o de internamiento, tanto en sus aspectos sustantivos como procesales.
AUTOR: MARCO A. RUEDA VERGARA JUEZ EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES
EDITADO POR: Rueda Vergara, Marco Antonio
El libro está redactado de manera que resulte una herramienta útil tanto para estudiantes de derecho como para profesionales y servidores públicos, tales como Ministerios Públicos, Defensores, Jueces y Magistrados. En resumen, la obra ofrece un análisis exhaustivo de la última etapa del procedimiento penal mexicano, conocida como etapa de ejecución, realizando un enfoque teórico y práctico sobre los principios que rigen la ejecución de sentencias penales, así como la legislación aplicable en todo el país.
