Sin agua miles de usuarios de 30 colonias por otra falla en El Realito

La Comisión Estatal del Agua confirmó que la tarde de este domingo se informó sobre una avería en el kilómetro 36+300 de la línea de cadenamiento del acueducto de El Realito, situación que se traduce en el corte del suministro del vital líquido para miles de familias en más de 30 colonias de la capital potosina que, de manera periódica, han sufrido por los constantes desperfectos que se presentan en este sistema de distribución. “Luego de casi un mes en que el servicio de agua proveniente de El Realito funcionó de manera correcta, esta tarde se presentó la avería en el kilómetro 36 que está en proceso de sustitución por tubo de acero reforzado, ya que es el que, históricamente, más fallas ha registrado”, declaró Benjamín Pérez. La CEA informó que, desde el primer momento que se notificó la falla por parte de la empresa concesionaria, ingenieros y técnicos de la dependencia estatal se trasladaron al lugar para supervisar los trabajos de reparación. ción pública con perfiles como Octavio Pedroza, sin embargo, cuando Ricardo Gallardo les ganó la gubernatura, terminó por desatarse la confrontación que ya es ampliamente conocida por los potosinos y que se confirma con el caso de la Máxima Casa de Estudios, dirigida por Alejandro Zermeño Guerra, quien comienza a mostrar mayor interés por la posibilidad de encabezar la alcaldía, renunciando a su reelección por el débil control de los consejos universitarios…o por lo menos esa idea le venden”. el más demandado, revela la CEGAIP cuyo comisionado Enrique Menchaca, entregó el informe 2022 a comisión de Congreso.

Reprobados en transparencia el 70% de los 58 municipios

Marcela LOYOLA

El comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), David Enrique Menchaca Zúñiga entregó este lunes el Informe 2022 a la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, donde reveló que el 70 por ciento de los 58 municipios están reprobados en transparencia.

"Creo que los ayuntamientos no han entendido la importancia legal de esta materia y que con ello se van a desarrollar una serie de procedimientos que van a concluir en multas sin duda alguna", declaró en entrevista Menchaca Zúñiga.

El informe presentado, establece que durante el año pasado se registraron 661 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 511 en los municipios

ARRANCA GALLARDO OBRAS DE REHABILITACIÓN EN SANTO TOMÁS A3 siendo el ayuntamiento más demandado el de Rioverde con 69 denuncias, seguido de Santa María del Río con 45, Villa de Reyes con 39, San Luis Potosí 38, Ahualulco 26, Ébano y Zaragoza cada uno con 25.

De las 17 que tuvieron los organismos autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) encabeza la lista con 8 denuncias en su contra; de las 111 del Poder Ejecutivo el Museo Casa del Rebozo aportó 14 y la Comisión Estatal del Agua 12; hubo siete denuncias en contra de los partidos políticos, cuatro en contra de Morena, dos contra el PAN y una al PRD. En el documento entregado a la diputada del PVEM, Nadia Esmeralda Ochoa Limón y a los diputados José Luis Fernández Martínez, también del PVEM y Juan Francisco Aguilar Hernández del PAN, asienta que hubo 2 mil 408 recursos de revisión, 3 mil 395 en materia de Acceso a la Información Pública y 13 en materia de Datos Personales; se dictaron 31 medidas de apremio, 30 de ellas derivadas del incumplimiento a obligaciones de Transparencia.

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Chavización y zaldivarización de la Corte

l mandato del mitin el domingo 26 en el zócalo estaría conduciendo a una grave politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya función estricta es mantener la vigencia de la Constitución y no convertirse en una institución garante de la democracia de las masas.

Una revisión de la Carta Magna señala tres características del régimen mexicano de gobierno: la soberanía reside en el pueblo (artículo 39), el pueblo se organiza como republica representativa, democrática laica y federal (artículo 40) y sobre todo el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión (artículo 41). Si hay una institución antidemocrática por excelencia, ésa es la Suprema Corte de Justicia porque sus ministros son votados por elección indirecta: el presidente propone candidatos y el Senado vota por mayoría en comisiones, contrario al sistema de mediados del siglo XIX en que los ministros de la Corte eran votados en las urnas abiertas.

La función fundamental de la Corte no tiene que ver con alguna definición concreta de democracia, sino que su tarea es “la defen- sa del orden establecido por la Constitución”. Y si la Constitución no tiene algún artículo que defina la democracia, el inciso a) de la fracción II del artículo 3 constitucional señala con claridad: “… considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, el bienestar tiene un valor constitucional superior al de la democracia procedimental.

En estos vacíos legales y constitucionales, el mitin del domingo exigió a la Corte defender la democracia como propuesta de un grupo, cuando la tarea del máximo Tribunal Constitucional es determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes nacionales.

Como ministro presidente de la corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea cayó en la tentación política de otorgarle a la SCJN, entre otras, la facultad metaconstitucional de condicionar la validez de las leyes a criterios políticos de la democracia participativa-democracia deliberativa, solo para apuntalar la propuesta presidencial de una consulta popular.

Si algún principio define el papel de la Constitución, es el que ha incomodado al presidente López Obrador: “la ley es la ley”; pero mal hace la oposición popular en exigirle a la Suprema Corte la defensa política de la democracia y no la defensa estricta de la constitucionalidad de las leyes. Si se obedece la consigna popular de que la Corte debe defender la democracia y no la constitucionalidad de las leyes, entonces estaríamos ante un modelo chavista de sistema político donde la institución jurídica asume decisiones de carácter político y sobre todo sistémico.

En la fundamentación de su voto a favor de la consulta, el entonces ministro presidente Zaldívar sentó la tesis no de la legalidad o constitucionalidad de ese mecanismo de consulta popular, sino que la asumió como “un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios y potenciar así una transformación en el sentido democrático de nuestro sistema político”. Pero una cosa es que haya decisiones jurídico-constituciona- les que tengan como efecto reformas al sistema/régimen/Estado y otra cosa que la Corte haya considerado a la consulta popular como un “rol pacificador del conflicto político en la comunidad”, sobre todo porque colocó funciones político-sistémicas que son facultades exclusivas de la representación popular en el Congreso y no decisión de once ministros designados a propuesta del presidente de la República en turno.

El mandato de la plaza regresa uno de los vicios más nefastos del viejo régimen político del PRI como partido dominante-hegemónico-prácticamente único: las facultades metaconstitucionales de uno de los poderes reconocidos por la Constitución, violando el principio rey del derecho de que las leyes solo permiten lo que está establecido de manera literal. En la experiencia histórica, el sistema priista fue producto de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y a partir de ahora pudiera ser que exista un poder judicial con facultades más allá, junto a, después de, entre, con y/o cerca de la Constitución, dejando un espacio de interpretación que le daría a los ministros de la Corte un poder político por encima de la Constitución, de las leyes, del régimen político y de sus funciones como Tribunal Constitucional.

La orden de la plaza a la Corte de defender al INE anterior al Plan B eleva el poder judicial a Cuarto Poder electoral como el que establece la actual y vigente Constitución chavista de Venezuela.

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POLÍTICA PARA DUMMIES: La política puede ser poder autoritario en manos del pueblo.

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