Cónclave constitucional

En el periodismo se suele afirmar “no hay mejor desinfectante que la luz del sol”, lo que significa que la transparencia y exposición son fundamentales para alcanzar la verdad. Lamentablemente, en instancias de alta magistratura como la Corte Constitucional, la aspiración a la transparencia a menudo se encuentra con barreras.

Aunque en países y en organizaciones internacionales de mayor institucionalidad se han visto casos en las que las Cortes admiten buenas prácticas de transparencia en las deliberaciones, no es, lamentablemente, la circunstancia en nuestro país. En Ecuador se desconoce lo que está sucediendo en la Corte Constitucional en relación con el juicio político al presidente Lasso. Esta falta de información ha generado mayor incertidumbre y especulación entre periodistas, analistas y políticos, lo que pone en riesgo el futuro político y social del país.

Es cierto que la Corte Constitucional no ha hecho nada ilegal al mantener la reserva de la deliberación, al no difundir las conclusiones de la jueza Nuques y, al menos hasta la hora que escribo estas líneas, no exponer las conclusiones de los jueces Ortiz y Lozada. Pero, en un contexto de más robustez institucional, el principio de mayor transparencia podría haber contribuido a reducir la incertidumbre y la especulación. Por desgracia, la situación actual sugiere lo contrario. En este sentido, resulta fundamental que la Corte Constitucional, como organismo de alta magistratura, actúe con transparencia y madurez, cumpliendo con su responsabilidad constitucional de entregar una decisión sobre el juicio político al presidente Lasso, así sea en modo hermético estilo cónclave cardenalicio. El funcionamiento de las instituciones políticas de un país depende de la actuación transparente y madura de sus integrantes. Por tanto, es necesario respetar su actuación, en el plazo debido, con el objetivo de garantizar el bienestar del país. (O) @avilanieto

Crisis bancarias y política económica

Las crisis bancarias son causadas por la política económica o por la actuación de los intermediarios financieros? La evidencia de Ecuador (1999-2000) queda explicada -salvo mejor criterio- por una combinación de las dos: la desregulación promovida por la LGISF, permitió excesos en los denominados créditos vinculados, colocaciones sin riguroso análisis. La política cambiaria y monetaria acarreó a empresas y bancos a convertirse en “tiburones”, sobre todo de los dólares. Modificaron el hábitat de su ecosistema, ayudaron a eliminar a los débiles y enfermos; y a mantener el equilibrio con los competidores, garantizando así la intermediación financiera y el tejido empresarial. Antes de la dolarización, uno de los objetivos de nuestra política económica era la inflación y su hermano gemelo la devaluación. La desconfianza en nuestra moneda nacional de entonces (el sucre) fue resultado del círculo vicioso inflación-devaluación que el gobierno no logró estabilizar, los agentes económicos relevantes sobre todo empresas y bancos se convirtieron en los mayores compradores de dólares y el Banco Central del Ecuador (BCE) se veía forzado a elevar la tasa de interés en sucres para que los inversores (personas, empresas y bancos) conserven moneda nacional y dejen de demandar los dólares que cada vez iban escaseando. Al subir las tasas pasivas, suben también las activas para no sacrificar el margen de intermediación, y con ello los problemas de pagar los créditos se tornaron más difíciles. Resultado de esto, ahorros pulverizados y créditos en moneda nacional licuados. Es decir, los agentes económicos dominantes conservaron los dólares en el exterior, mientras sus deudas en sucres las mantenían en Ecuador, pero quienes actuaron así (acertadamente) eran quienes tenía información privilegiada que anticipaban la política económica y sabían cómo mantener un resguardo fuerte de sus capitales.

Al interior de la banca que quebró se pudo evidenciar, debilidades en el proceso crediticio. El banco del Ecuador (El Filanbanco, por ejemplo) antes de ser supervisado, reflejaba que sus préstamos mayoritariamente mantenían una calificación A (riesgo normal), luego se reveló que el mayor peso de su cartera reportaba calificación de dudoso recaudo (C) y pérdida (E). Realidad que también se evidenciaron en otras entidades financieras. Y este débil control por parte del regulador no existe entre tanto no se visualice una eminente quiebra. Los casos que acabamos de ver con SVB, SB, HSBC, hasta dónde se conoce también responde a esta combinación: concentraron muchos de sus capitaciones en bonos que perdieron valor por la subida de tasas (riesgo de tasa) más que por un riesgo de crédito, promovido por la política monetaria para controlar la inflación. (O)