Reflexiones sobre el Sistema penitenciario y servicios correccionales Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Agradecemos la invitación a acompañarlos en esta mañana para la celebración de esta jornada de socialización de las Memorias de la Gestión 202020203, de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Sin temor a equivocarme podemos afirmar que no existe una institución que sea más necesaria, pero al mismo tiempo más vituperada que un centro penitenciario. Su realidad, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, recoge dos realidades contrapuestas: la necesidad social de contar con un mecanismo que separe del colectivo a las personas que han transgredido la ley penal y representan una amenaza social y al mismo tiempo, la exigencia de las propias leyes y de la misma
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constitución de que sea un mecanismo que sirva a la regeneración del ser humano. El equilibrio entre esas dos funciones es sumamente difícil, especialmente donde el desarrollo es precario, el poder no tierne limites y las instituciones democráticas no están consolidadas o son débiles. Por eso no es de extrañar que la historia del sistema penitenciario en nuestro país concentre tantas escenas de deshumanización, como reflejo de la sociedad a lo largo de nuestra construcción como nación. Esto explica que las más tristes historias se narren desde su interior y sea uno de los puntos más oscuros en el camino de la democracia. Desde la llegada de las nuevas normativas en materia penitenciario y correccional, y su evolución en las últimas décadas, el país ha dado pasos para superar esta triste realidad. Pero persiste la debilidad de políticas públicas que pongan al ser humano en el centro de los objetivos del país, la escasa disposición 2
del Estado para dotar al sistema de los recursos necesarios para su funcionamiento eficiente, las distorsiones sobre quienes son las personas internadas en estos recintos, y la acción que sobre estos centros ejercen mafias, cúpulas del crimen organizado y algunas malas autoridades, se han combinado para convertir estos espacios en antros que desdicen de la condición humana. Pero nunca está de más recordar algunos elementos esenciales sobre la razón de la existencia de los recintos penitenciarios o sobre lo que se ha legislado para su correcto funcionamiento. El sistema penitenciario debe garantizar, en primer lugar, el cumplimiento de las penas y la posterior reinserción social de las personas a su cargo, bajo los principios, criterios y directrices que establece el debido proceso, reconociendo y respetando sus derechos humanos y garantías fundamentales que le son inherentes como a toda persona.
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La importancia de tener un sistema penitenciario adecuado implica que toda persona privada de su libertad cuente con un plan diseñado para reinsertarlo en la sociedad con nuevas habilidades y destrezas, una vez haya cumplido su condena. La función esencial del sistema penal está intrínsecamente ligada a los fines que se le asignen a la pena. Por lo cual, si se piensa que la finalidad del Estado es realizar ciertos ideales absolutos de justicia, el sistema penitenciario se entenderá como un instrumento al servicio de dicho ideal, tomando en cuenta que se justificará como un instrumento socialmente útil. En este sentido, el fin de la pena tiene como objeto la retribución del mal causado. Sin embargo, se ve en ella un límite de garantía para el ciudadano: la pena ha de guardar proporción con el delito, no se puede castigar más allá de la gravedad del delito cometido, ni porque sea útil desde un punto de vista preventivo, lo cual nos lleva a que, con su aplicación, disuade al individuo de cometer hechos delictivos como medio 4
de protección de los intereses sociales de las demás personas. La justicia es el eje a seguir para la protección de los derechos fundamentales, pues orienta las virtudes humanas hacia el bien común y persigue el desarrollo de un Estado sujeto a la armonía de los principios de la dignidad humana y la solidaridad para crear las condiciones necesarias de la justicia como una herramienta social. A tal efecto, es por ello por lo que se debe afrontar los retos persistentes en la materia y comprometerse a la lucha de la disminución de las desigualdades en materia de salud, educación y trabajo que existe al interior de nuestro sistema penitenciario. A este análisis del deber ser del sistema penitenciario debemos compararlo con la realidad viva, que es la que aparece en los documentos que serán compartidos en esta jornada y que nos muestran las grandes deficiencias que arrastramos como país. La más grave es la sobrepoblación penitenciaria, que no 5
es más que el resultado del excesivo uso de la medida de privación de la libertad con carácter provisional. Es imprescindible que las instituciones del régimen penal unifiquen sus esfuerzos para abordar este agudo problema, que ha creado una situación que pone en evidencia la urgencia de dignificar el sistema en su conjunto. No obstante, sumado a otras debilidades, se debe reconocer que esta realidad tiene décadas de existencia.
Las reformas implementadas muestran que en la actualidad existe una disposición de apertura, y observamos que los recursos están fluyendo y se ha institucionalizado la gestión de su marco jurídico, pese a los contratiempos que hemos sufrido como país. Destacamos varios avances, encontrándose entre ellos la priorización de las citas médicas de las personas privadas de libertad a través de diferentes 6
organismos vinculados a la salud y la implementación de planes educativos constantes por vía de programas formativos que abarcan diversas áreas de desarrollo. Con la unificación del sistema penitenciario mediante la Ley 113-21 el régimen penitenciario se han creado mejores condiciones para reducir las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, con efecto en el respeto a su dignidad como ser humano. Hemos ido avanzando en el reconocimiento de que a los internos debemos darles conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan su reinserción económica y social, pero sin dejar de lado otros aspectos básicos de su personalidad, que surgen de una visión integral del desarrollo humano. El régimen penitenciario progresivo que dicta la ley mencionada implica adoptar un tratamiento correccional para que las políticas del Estado en materia criminal y penitenciaria faciliten que las personas privadas de libertad puedan rehabilitarse y 7
reducir la reincidencia delictual, empleando programas relacionados al trabajo, la capacitación y la educación, misma que se han implementado en atención del respeto a las garantías procesales a través del fortalecimiento del sistema de planificación y desarrollo penitenciario. Debemos continuar impulsando la conformación de mesas de diálogo constructivas para que todas las entidades gubernamentales, así como de la sociedad civil, puedan lograr una colaboración efectiva para diseñar y abordar de manera conjunta cuestiones críticas relacionadas con la gestión y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios. FINJUS ha expresado su compromiso con todas las acciones que nos conduzcan a una humanización progresiva del sistema penitenciario, a la superación de todas sus debilidades y malas prácticas, reduciendo la vulneración de derechos que predomina en su seno.
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Por ello continuaremos apoyando todas las iniciativas que emprenda la dirección penitenciaria para establecer límites normativos dentro de marcos razonables y proporcionales respetando la integridad de los privados, con vistas a una reinserción social efectiva que disminuya la reincidencia y contribuya a una reducción de la criminalidad. La gestión operativa para eficientizar la mejora de los recursos requiere en cada uno de los centros penitenciarios del sistema de un personal humano especializado, calificado y motivado en el marco de una estructura organizacional y funcional confiable y que pueda alcanzar una coordinación interinstitucional a nivel nacional. Es importante que cada centro correccional cuente con un equipo de profesionales cualificado, con capacidad de gerenciar programas novedosos y modernos, acordes a las nuevas tendencias de la educación y el tratamiento carcelario.
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Estamos seguros que la presentación de estas Memorias y las reflexiones que suscitará, serán importantes pistas e insumos para que puedan formularse las soluciones adecuadas a los problemas que persisten, tarea que compete en primer lugar a esta Dirección General, así como a toda la sociedad dominicana. 18 de enero, 2024
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