El peligro de ser una sociedad muda

El que calla… ¡otorga! El refrán popular se puede aplicar en el sentido de que las personas y la sociedad en su conjunto deben levantar su voz cuando se encuentran ante un sistema político represor, corrupto o simplemente incapaz, porque guardar silencio ante acciones como las mencionadas es lo mismo que otorgar un permiso para continuar haciéndolo.

No debemos olvidar que los gobernantes no son más que funcionarios en quienes el pueblo ha delegado el poder, pero no como un cheque en blanco, sino con un mandato claro bajo el ordenamiento jurídico del país: deben promover el bien común y, sobre todo, respetar la Constitución y el Estado de Derecho.

La democracia es el mejor sistema político que el hombre ha encontrado para organizar el Estado, poniendo como eje central a las personas y la sociedad en su conjunto. Dicha organización parte de la estructura de la Constitución, que establece los derechos ciudadanos y marca los límites y obligaciones del poder político.

El Artículo 33 de la Constitución establece claramente lo siguiente: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. (…) Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

Si lo vemos en un plano más amplio, las manifestaciones son un derecho garantizado por la Carta Magna y por los pactos y acuerdos internacionales suscritos por Guatemala –y, por lo tanto, leyes en nuestro país–, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), y el Pacto de San José (OEA).

¿Qué ha sucedido en Guatemala cuando grupos ciudadanos han protestado indignados por los abusos de los gobernantes?

Lahistorianosrecuerdaqueunmovimiento ciudadano en 1920 –que en determinado momento fue reprimido–, marcó el inicio de la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, a quien el Congreso, bajo esa presión popular, declaró incapacitado para seguir gobernando por la “pérdida de sus capacidades mentales”.

Ya en la dictadura de Jorge Ubico, marchas cívicas promovidas por diferentes sectores de la ciudadanía en el mes de junio de 1944 –también reprimidas–, fueron determinantes para que el dictador comprendiera que era tiempo de renunciar. Luego vino la Revolución de Octubre ese mismo año y el régimen sucumbió totalmente.

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Mario Fuentes

Democracia no institucional

El Derecho De Resistencia

CONTRA LA OPRESIÓN SIGUE

SIENDO LA ÚNICA RESPUESTA A LA INEFICACIA INSTITUCIONAL.

Democracia política significa gobierno elegido por la mayoría de la población, en tanto que la democracia institucional supone el autogobierno sujeto a la ley, es decir el gobierno del pueblo limitado por la Constitución y las leyes.

Una democracia disfuncional no aspira a la instauración de una institucionalidad democrática, sustentada en los principios de democracia representativa, separación de poderes, justicia oficial independiente e imparcial, rendición de cuentas, meritocracia, legalidad legítima, igualdad ante la ley y justicia social, sino tiene como finalidad única elegir gobernantes con poder absoluto por un período de funciones determinado, que supone la emisión de cheques en blanco a su favor sin ningún tipo de control o fiscalización.

Generalmente, los gobernantes así electos se ocupan en concentrar el poder y hacer ineficaces los controles inter orgánicos (fiscalización entre los poderes estatales) y el sistema de rendición de cuentas y de control financiero del Estado, a fin de gobernar a su sabor y antojo. De suerte que el resultado es siempre un gobierno autoritario, caracterizado por el abuso de poder, la arbitrariedad y el despotismo, con apariencia de democrático. No importa entonces a quien se elija, ya que el electo, confirmando aquello de que “el poder absoluto corrompe absolutamente”, impone su voluntad omnipotente, distribuye favores y privilegios, reprime a opositores y disidentes, se arroga el ejercicio de un poder ilimitado, así como administra la hacienda pública con opacidad y sin contrapoder alguno. Lamentablemente, el común denominador en Latinoamérica es la camarilla gobernante surgida de procesos electorales basados en la manipulación, el clientelismo político y la demagogia, que ejerce la autoridad sin institucionalidad y sin temor a la ley, favoreciéndose con ello el abuso, la corrupción y la arbitrariedad.

Por tanto, la lucha por la democracia institucional sigue siendo la instauración de un genuino autogobierno, sustentado en la auto regulación, el autocontrol, la ciudadanía (consagrada durante la Revolución Francesa de 1789), así como la plena vigencia de los derechos políticos de elegir y ser electo, a los cuales les son inherentes la legalidad del sufragio, el debate y la competencia en igualdad de condiciones.

De esa cuenta, el desafío no solo está en asegurar un sistema político-electoral satisfactorio, que en muchos casos ni siquiera eso se ha conseguido, sino en construir y fortalecer instituciones democráticas, que impongan límites estrictos y eficaces al ejercicio del poder político, que generen un sistema de control de juridicidad, que haga realidad la automática pérdida de autoridad cuando dichos límites sean rebasados, así como que garantice mecanismos de revocación popular.