UN JUDICIAL INDEPENDIENTE

Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios –de izquierdas o derechas–. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular decisiones judiciales.

En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo integral de cualquier país.

En efecto, un sistema de justicia eficiente e imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política. Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez, crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial pueden florecer.

Gonzalo Marroqu N Godoy

ENFOQUE dió tomar el control del Congreso y la CSJ en un golpe de Estado que provocó la repulsa doméstica e internacional, hasta que sucedió lo que por momentos parecía impensable: la CC reaccionó, defendió la institucionalidad y obligó al restablecimiento del orden constitucional, forzando la renuncia del presidente golpista y rescatando la democracia en un momento crítico.

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD (CC) ESTÁ LLAMADA A DEFENDER

EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y SER

EL CONTRAPESO MÁS IMPORTANTE

DENTRO DEL ESTADO PARA IMPEDIR

CUALQUIER ABUSO DEL PODER POLÍTICO Y JUDICIAL.

No es la primera vez que Guatemala atraviesa por un momento de oscurantismo político, pero vaya si no se ha complicado la situación, pues se ha perdido absolutamente toda institucionalidad, al tiempo que prevalece una amalgama de poder pocas veces vista en el pasado reciente, la cual controla los principales organismos y dependencias estatales.

El caso es que esta cooptación absoluta del Estado incluye a las cortes –Suprema (CSJ) y de Constitucionalidad (CC)–, al Ministerio Público (MP), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), control que hace prácticamente imposible que funcione la democracia y, por lo tanto, los derechos ciudadanos se ven seriamente limitados, dependiendo directamente de la línea que dicte ese poder oficialista que apunta a perpetuarse.

En el año 1993 la institucionalidad y la democracia estuvieron a punto de colapsar, cuando Jorge Serrano preten-

La respuesta de la CC fue exactamente en la dirección de lo que establecen los mandatos de esa institución. Si no se hubiera producido la resolución en contra del intento de golpe de Estado, una dictadura pudo haberse establecido en Guatemala, con un presidente, Serrano, controlando plenamente los tres poderes del Estado y asumiendo una postura autocrática, de la cual nos hubiera costado salir indudablemente.

En resumen, la CC intervino y funcionó como el contrapeso de aquel poder político que pretendía pasar sobre la Constitución. Ello se logró porque los magistrados actuaban con independencia y sabían que su función era cumplir el mandato superior de hacer que se respete la Constitución.

Vale la pena recordar los nombres de aquellos magistrados titulares que hicieron valer el sistema legal del país:

Epaminondas González Dubón, Jorge Mario García Laguardia, Edmundo

Vásquez Martínez, José Gabriel Larios

Ochaeta y Adolfo González Rodas. Ellos antepusieron el interés nacional al interés particular.

BJORN LOMBORG (*)

El comercio no sólo aumenta los ingresos medios. También ayuda a sacar a los pobres del mundo, de la pobreza extrema. Según uno de los estudios recientes más citados, los ingresos del 20% más pobre crecen tan rápido como los ingresos medios.

UN MAYOR COMERCIO MUNDIAL RESULTA SER UNA DE LAS FORMAS

MÁS SORPRENDENTES DE OFRECER MEJORES VIDAS E INGRESOS.

Apoyar el libre comercio está fuera de moda. En los países ricos se le ha culpado de la pérdida de puestos de trabajo y los responsables políticos casi lo han abandonado. Durante el siglo pasado, el comercio había aumentado como porcentaje de toda la economía global, pero alcanzó su punto máximo en torno a la crisis financiera mundial y ahora está disminuyendo. Lo mismo puede decirse de Guatemala, donde el comercio ha caído de un máximo de 71% de la economía al 50% actual. Esto es lamentable porque garantizar un comercio más libre resulta ser una de las mejores políticas de desarrollo del mundo. Desde hace siglos se sabe que el comercio aumenta los ingresos porque permite a una nación especializarse y producir eficazmente lo que mejor sabe hacer. Un estudio concluye que el comercio nos hace a todos un 27% más ricos, lo que significa que los países tienen, en promedio, más de una cuarta parte de ingresos mayores en comparación con un mundo sin comercio.

Lo hemos visto claramente en las dos naciones más pobladas del mundo, China e India. Cuando el comercio chino se disparó, los ingresos se multiplicaron por siete y la pobreza extrema se redujo del 28% a casi cero en la actualidad. India ha experimentado una trayectoria similar, aunque más moderada: cuando las tarifas se redujeron de un asfixiante 56% en 1990 al 6% en 2020, los ingresos medios se multiplicaron casi por cuatro y la pobreza extrema se redujo del 22% al 1.8%. Hemos visto trayectorias similares en otros países de rápido crecimiento como Corea del Sur, Chile y Vietnam. La prosperidad del comercio es realmente compartida.

No es de extrañar, entonces, que lograr un comercio más libre sea una de las promesas que los líderes mundiales han suscrito con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Por desgracia, el mundo está incumpliendo esta promesa y la mayoría de las acordadas.

El motivo de esta situación no es un secreto. Los dirigentes prometieron todo a todos, y la lista de promesas asciende a 169 objetivos. Tener 169 prioridades es como no tener ninguna. La lista tiene muchos objetivos básicos, como el aumento del comercio, la erradicación de la mortalidad infantil, la mejora de la escolarización y la eliminación de la guerra y el cambio climático.

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