EL SISTEMA ELECTORAL MANTIENE A FIGURAS POLÍTICAS POCO REPRESENTATIVAS PARA LA MAYORÍA DE GUATEMALTECOS.

Esta semana, 27 de los 30 partidos políticos han firmado el pacto de no agresión propuesto por el Tribunal Supremo Electoral el que pretende un proceso electoral sin violencia. Entre otras cosas, los candidatos se comprometieron a promover un proceso con integridad, democracia, fortalecer el estado de derecho, ambiente de paz, inclusión y ética.

Pero el pacto está firmado entre el cielo y el infierno, ángeles y demonios, pues resulta que la autoridad electoral ha decidido inscribir a unos candidatos no solo con tacha moral sino con procesos judiciales nebulosos como narcotráfico y dejar de lado a otros candidatos por asuntos que a su criterio provocan la falta de idoneidad (no menciono nombres porque no estoy a favor de nadie).

Este proceso ha dejado de ser democrático si se considera que se atenta en contra del principio constitucional de elegir y ser electo o la presunción de inocencia. Los guatemaltecos nos encaminamos a un proceso con formato de electocracia en donde prácticamente no delegaremos el

Quizá por ello sus campañas son opacas, sosas y populistas pues no tienen sustento alguno. Imagínese, aquellos que ofrecen bonos a millones de guatemaltecos, jamás explican de dónde saldrán los cientos de millones para ese pago. ¿A qué rubro habrá que sacrificar para ello? ¿A salud, combate a la desnutrición, inseguridad alimentaria, educación, economía campesina o prevención violencia, entre otros rubros?

Otros ofrecen dejar de pagar servicios públicos o reducir impuestos a sabiendas que Guatemala tiene la carga tributaria más baja de América Latina y que por ello, al menos el 30 por ciento del presupuesto del Estado debe de ser financiado con deudas a través de bonos, año con año. El Estado no puede asumir deudas a terceros para pago de servicios públicos.

Hay ofertas proponen imponer la pena de muerte, pero desconocen que aún existe hartazgos legales para su aplicación o que si estuviera vigente deberán de pasar al menos diez años para que se cumpla debido a los tiempos procesales penales que llegan hasta los amparos a la Corte de Constitucionalidad.

Por ahí anda otro candidato regalando pachones en las camionetas cuando en el pasado criticó a quienes lo hacían y juro que no lo haría “al menos que necesitara dinero”. Pues parece que así es.