Periódico "El sol del soconusco" 07-02-20

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Viernes 7 de febrero de 2020

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En pobreza y precariedad laboral, 4 de cada 10 de burócratas del país: OTD

El cuarto reporte del Observatorio del Trabajo Digno (OTD) presenta un escenario con mejoras en algunos puntos, pero con una continua violación a los derechos laborales en el sector público y privado. Por ejemplo, emplearse para el gobierno no es sinónimo de ganar si quiera lo suficiente. “Es muy grave” que el salario de 41% de quienes trabajan en alguna dependencia gubernamental no les alcance para comprar una canasta básica familiar, señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. El OTD pertenece a esa organización. Además, 16% no tiene seguridad social y 25% trabaja sin contrato estable. “Llama la atención que esto suceda en los gobiernos, porque es en los tres poderes y los tres órdenes”, explicó. Quienes son responsables de garantizar los derechos de otras personas ni siquiera las cumplen como patrón, lamentó. Y en el terreno de la iniciativa privada los sectores económicos con mayor violación de la obligación de la seguridad social son la agricultura (85%), el trabajo en el hogar (84%) y la construcción (70%). En el caso de la agricultura se incluye, principalmente, a jornaleros asalariados. No a campesinos que labran sus propias tierras, sino a aquellos que trabajan las que no son suyas. Este caso y el de las empleadas del hogar “es escandaloso”, expuso el especialista. Los porcentajes de quienes están fuera de este derecho es casi el doble del promedio, que es de 43 por ciento. Es decir cuatro de cada 10 trabajadores asalariados en el país no cuenta con seguridad social. En general, lo que el reporte muestra es la condición laboral de personas asalariadas. Aquellas que han sido contratadas por alguien más y que, de acuerdo con la Constitución, deberían trabajar con la protección de un buen salario, prestaciones, servicios de salud y ahorro para el retiro, mínimamente. Sin embargo, la afiliación obligatoria a la seguridad social es una de las violaciones más recurrentes. “A nivel nacional, casi 15 millones de quienes tienen traba-

jo asalariado” no están inscritos a ese beneficio. “Hay una tendencia mundial a la precarización laboral”, señaló Gómez Hermosillo. En estos tiempos “es difícil pensar que un empleo te va a resolver la vida, porque hay industrias y puesto de trabajo que están despareciendo”. Sin embargo, en su opinión, “la situación de México es atípica para mal”. Los indicadores son “muy negativos”, comparados con economías parecidas de América Latina, como Chile, Brasil, Colombia, Uruguay o Perú, donde las condiciones laborales no están tan precarizadas en cuanto al salario, la participación laboral de las mujeres o la seguridad social. Entre tanto, buenas noticias Para elaborar este informe, quienes integran el OTD se basaron en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del último trimestre de 2019. Por ello, “aún no puede reflejar si ha habido un avance” en la afiliación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, los datos sí reflejan una mejora: de octubre a diciembre del 2019,”otras 300,000 personas superaron el umbral del ingreso laboral insuficiente”. Es decir, que el primer aumento del salario mínimo ayudó a muchas personas a rebasar apenas la línea que le saca de la pobreza. “De manera acumulada, desde finales de 2018 hasta terminar 2019, hay 858,000 personas que salieron de ese umbral”, puntualizó Rogelio Gómez. Al inicio de ese periodo había 15.6 millones con salario insuficiente y para el cierre del año pasado, 14.8 millones, detalló. Esto “nos confirma que la política de recuperación gradual del salario está teniendo un efecto positivo”, pues está aumentando los ingresos de muchas personas. Y esto sin generar inflación ni desempleo “o cualquier otro efecto negativo. Por el contrario, está contribuyendo a la recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios, especialmente de los más bajos”.

STPS descarta cárcel para empresarios de outsourcing ilegal; sólo habrá multas Aun cuando no se ha desarrollado el Parlamento Abierto, a realizarse el próximo 12 de febrero, para presentar opiniones sobre las modificaciones legislativas que se deben realizar en materia de subcontratación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) asignó un grupo de trabajo para presentar su propia propuesta de reforma. Se trata de los cambios que se pretende realizar en los artículos 15, 15-A, 15-B e incluir el 15-F y el 15-G de la Ley Federal del Trabajo, para enfatizar que, en caso de incumplimiento, las empresas que contratan servicios de subcontratación son “solidariamente responsables de las obligaciones”. Asimismo, considera indispensable establecer un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; la realización de operativos y las sanciones a las que se harán acreedoras las empresas que cometan abusos, pero en ningún caso se habla de condenas de tipo penal, como las que se proponen en la iniciativa del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. Cabe señalar que, en comisiones del Senado de la República, se aprobó en diciembre pasado el dictamen de reforma en materia de outsourcing impulsado por Gómez Urrutia. Asimismo, se encuentran dos propuestas en la Cámara de Diputados, una presentada por el diputado Isaías González Cuevas, quien logró el apoyo de varios sindicatos, entre ellos la Unión Nacional de Trabajadores, y una última que presentó Ulises Murguía, integrante del grupo parlamentario de Morena. Inspecciones, pieza clave De acuerdo con el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, los operativos que han emprendido la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son clave para eliminar la subcontratación ilegal, pues considera que desde el 2012 ya se establecieron las reglas sobre cómo se debe utilizar la figura del outsourcing. Pese a ello, “se quiere frenar una reforma que presentó Napoleón Gómez Urrutia, por eso las autoridades laborales ya tienen un grupo de trabajo diseñando la propuesta que impulsarán en el nuevo periodo de sesiones en el Congreso”, dijo Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México. En la propuesta de la STPS se deja de manifiesto que el contratante será “solidariamente responsable” de las obligaciones contraídas con los trabajadores, además de que será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. Otra de las acciones que contempla la propuesta de la STPS es que “el patrón que no permita la inspección y vigilancia”, o no presente documentación, será sancionado con una multa que va de los 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización. En los artículos transitorios contempla que una vez aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia tendrá hasta tres meses para emitir los lineamientos de operación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. “Esta propuesta es muy light, pero busca frenar la que está en el Senado, que prácticamente es imposible de aplicar”, añadió Franco. Propuestas de reforma En el periodo ordinario pasado se presentaron cinco proyectos para regular la subcontratación en el país, con diferentes enfoques, a los que se sumará la iniciativa que prepara la Secretaría del Trabajo. Los más importantes son: Iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia (Morena). Busca tipificar como delincuencia organizada el outsourcing ilegal. Iniciativa de Isaías González Cuevas (PRI). Plantea garantizar la seguridad social, salud e higiene de los trabajadores subcontratados y otorgar prestaciones como vacaciones, aguinaldo y días de descanso obligatorio. Iniciativa de Ulises Murguía (Morena). Busca establecer un salario mínimo profesional como base para las remuneraciones de los trabajadores del modelo de subcontratación, y la certificación de las empresas del sector. Iniciativa de la STPS. Contempla la creación de Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, mantener al patrón como “solidario responsable” y aplicar multas para aquellos que se nieguen a las inspecciones laborales en la materia.


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