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YUCATÁN ¿SEGURO?
Redacción/ Sol Yucatán
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Mérida.- La deteriorada imagen de Yucatán empeora aún más al darse a conocer que el Estado se ubica entre las nueve entidades federativas con mayor índice de homicidios y feminicidios registrados durante julio pasado, entre ellos destacó el polémico caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, originario de Veracruz.
Por ende, empieza a quedar atrás la imagen de que Yucatán es el Estado más seguro del país, tal como lo demuestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) así como la asociación Semáforo Delictivo.
De poco sirvió la inversión de dos mil 620 millones de pesos en la adquisición de nuevas tecnologías dentro del programa “Yucatán Seguro”, con el cual se pasará de tener dos mil 100 cámaras de seguridad a cinco mil 700; de 100 arcos lectores de placas a 219; así como la compra de cuatro lanchas rápidas, entre otras cosas.
Pero lo más oneroso de todo es destinar más de 250 millones de pesos para la renta del helicóptero a la empresa “B3 Flyservices”, filial de Sky Plus Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV), el cual, en un principio se hizo pasar como propiedad de los yucatecos, cuando es simplemente fue prestado para satisfacer el ego del titular del Ejecutivo.
La situación se complica aún más con el descarado desvío de recursos, pues el gobierno del Estado está más preocupado en devolver el recurso público utilizado para financiar las campañas de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).
Al dar a conocer las cifras oficiales de la incidencia delictiva, el castillo de naipes de Vila Dosal está a punto de colapsar, pues aseguró que en Yucatán todo está tranquilo, que nada pasa y que es el Estado es el más seguro del país.
Pero la realidad es otra, tal como se refleja en las redes sociales, sobre todo, luego de la violación y asesinato de Ravelo Echavarría, al parecer por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Durante julio pasado, en Yucatán disminuyó la incidencia delictiva, sin embargo se registró la cifra más alta de homicidios dolosos de 2021, con siete casos, al mismo tiempo que ocurrió un feminicidio.
El Segob reveló que durante el séptimo mes del año en curso, en el Estado se registró la cifra más baja de delitos en 14 meses, pero aumentan los de alto impacto.
A pesar que en el Estado se registró la incidencia delictiva más baja en poco más de un año, la problemática ocurrida en los primeros siete meses es 41.5 por ciento superior a la sucedida en el mismo período de 2020.
En el séptimo del año en curso fue notable el decremento de los robos, seguido de las lesiones, pero también destacó el crecimiento de los asesinatos, además de un feminicidio.
Durante el mes pasado, a diario fueron 17 las denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público, mientras que en junio fueron 19, mientras que el promedio en siete meses es de 31 querellas.
Irónicamente, en mayo pasado, en Yucatán se registró la incidencia delictiva más alta en 19 meses, pero en junio descendió en 54.5 por ciento, y al mes siguiente ocurrió la más baja en 14 meses.
Asimismo, en mayo pasado, por vez primera en 3.5 años, en la incidencia delictiva mensual no se registraron homicidios dolosos, incluso fue el único estado del país con un saldo blanco.
De 2017 a la fecha, la máxima incidencia delictiva ocurrió en marzo de 2017, con tres mil 290 casos y la más baja fue en mayo de 2020, con 387 expedientes.
Hasta hoy, Yucatán se mantiene entre las cuatro entidades con menor incidencia del país.
En los primeros siete meses del año, en la República Mexicana ya se registraron un millón 180 mil 328 de querellas de fuero común cuya mayor incidencia se registró en el Estado de México, con 223 mil 309 casos, el 18.9 por ciento, y en la Ciudad de México se interpusieron 128 mil 754 denuncias penales, el 10.9 porcentual.
Mientras que en Campeche se abrieron mil 288 carpetas de investigación, el 0.11 por ciento; dos mil 606 expedientes en Tlaxcala, el 0.22 por ciento; dos mil 869 querellas en Nayarit, el 0.24 por ciento, y seis mil 626 en Yucatán, el 0.56 porcentual.
Con respecto al año pasado, en la entidad hay un incremento del 41.6 por ciento, ya que de enero a julio de 2020, fueron cuatro mil 681 las denuncias de fuero común interpuestas en los ministerios públicos establecidos en el Estado.
En julio, el Semáforo Delictivo está en rojo en narcomenudeo, con 33 casos, así como en homicidios, con siete incidentes y un feminicidio. Mientras que en amarillo está violencia familiar, con 105 denuncias interpuestas ante el MP.
Durante el séptimo mes del año fueron siete los asesinatos, la cifra más alta de 2020, y el máximo de 2017 a la fecha fue de 11 homicidios dolosos cometidos en julio de 2018 y en diciembre de 2020, mientras que la más baja, con ningún caso, fue en octubre de 2017 y en mayo de 2021.
En lo que va del año, en el Estado ya se registraron 28 homicidios dolosos, con un aumento del 7.7 por ciento con respecto al mismo período de 2020.
Cabe destacar que el gobierno del Estado presumió el notable descenso de la incidencia delictiva, la cual fue consecuencia del impacto del Covid-19.
La Jornada Nacional de Sana Distancia por Covid-19 se aplicó de marzo a mayo de 2020, con el establecimiento del plan de resguardo domiciliario para evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo que a partir de junio empezó el desconfinamiento.
Con el comienzo de la Nueva Normalidad, las actividades socioeconómicas se empezaron a activar, y con ello, los delitos, fenómeno que también se registró en Yucatán con la denominada Ola 1 de Reapertura Económica del Estado, aunque fueron numerosas las restricciones que se dieron en la entidad, durante el segundo semestre del año.
Incluso, en Yucatán se registró la cifra más baja en 12 años, y se ubicó entre las cuatro entidades federativas con el menor índice de denuncias de fuero común interpuestas ante las agencias del ministerio público, pues el año pasado fueron 23 querellas diarias cuando en el período anterior fueron 45.
Con la reactivación económica, en Yucatán aumentaron los delitos de alto impacto, tal el caso de los homicidios, robos, feminicidios, narcomenudeo, entre otros.
Mientras que en México, el crecimiento es más general, y los más frecuentes con los asesinatos y los robos.
La Segob estableció que la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República (FGR) en el fuero federal, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos.
Los delitos no denunciados o aquellas denuncias en las que no hubo suficientes elementos para presumir la comisión de un delito, fueron excluidos en el reporte.
*La deteriorada imagen empeora aún más al darse a conocer que el Estado se ubica entre las nueve entidades federativas con mayor índice de homicidios y feminicidios, como lo demuestra cifras de Gobernación y Semáforo Rojo
UN ORGULLO DE 588 MILLONES DE PESOS
Redacción/ Sol Yucatán
Mérida.- El garrafal error cometido por la hoy secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y su esposo Jorge Estrada Avilés, ante el polémico juicio de las luminarias, pone en riesgo el patrimonio de los meridanos, situación que se complica debido a la actitud del alcalde Renán Barrera Concha, cuyo orgullo lo devora.
La errónea táctica del matrimonio litigante resulta hoy contraproducente, aunque en su momento se gratificó a Fritz Sierra con el cargo que hoy ocupa, pues ante el consejo de Raúl Paz Alonso decidieron enfrentarse al banco Santander, así como ir en contra de AB&C Leasing, cuando sus procedimientos son legales, motivo por el cual tienen todas las de ganar.
A pesar de tener todas las pruebas, en ningún momento se interpuso de-
nuncia en contra de la responsable, la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, y mucho menos en contra del Cabildo de Mérida.
En su momento, todas las opiniones externas eran que no había posibilidad alguna de ganar ese juicio, pues Santander financió un contrato de arrendamiento que en sí cubría todos los requisitos legales, mientras que ABC Leasing entró en la jugada al comprar ese adeudo y mejorar las condiciones de la empresa bancaria.
Esto es, ni Santander ni AB&C Leasing cometieron ilícito alguno, pero tanto Jorge Estrada Avilés como María Fritz Sierra, se empecinaron y avalaron que esa era la forma de proceder adecuada
El matrimonio Estrada Fritz son hoy en día absolutamente incondicionales de Vila. ¿Coincidencia?
Incluso en aquellos audios polémicos del ex fiscal General del Estado (FGE), Wilberth Cetina, se menciona el tráfico de influencias de esta pareja, y a pesar de ello se mantienen sólidos en el Gobierno del Estado.
Otro dato para la polémica es que AB&C Leasing pertenece hoy a Financiera Bepensa, de la familia Ponce. ¿Más coincidencias?
Cabe recordar que lo conducente con el tema de las luminarias, era proceder contra Angélica Araujo y el Cabildo que las autorizó, ya que violaron la norma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al mismo tiempo, hicieron caso omiso a un peritaje explícito de la CFE que exhortó al municipio de Mérida a no adquirir tales luminarias.
Es decir, se tenían las pruebas para triunfar, desde el punto de vista jurídico, pero intervino un personaje para abogar a favor de la demanda contra los bancos, y no contra Angélica Araujo. Su nombre: Raúl Paz Alonso, el titiritero mayor detrás de Vila. ¿Otra coincidencia?
Para cerrar con broche de oro: ¿quiénes crees que estaban vinculados con ese atraco además de Angélica Araujo?, pues nada más y nada menos que Ivonne Ortega Pacheco, Ulises Carrillo Cabrera, Gabriela López Gómez, e incluso, Fernando Ponce García.
La marca de las luminarias es de la subsidiaria del equipo del espectáculo de Luz y Sonido de Chichen Itzá, que vendió Fernando Ponce García por un monto de 3.5 millones de dólares.
De tal manera, se desechó la oferta ganadora de tal licitación, con equipo marca Philips, por poco menos de 900 mil dólares, argumentando que “no eran de buena calidad”.
Asimismo, cabe remarcar que Philips es una empresa holandesa líder mundial en el sector eléctrico, “no tenía la calidad de un conglomerado de marcas chinas desconocidas de nombre Aquity Brands”.... ¿más coincidencias?
María Fritz Sierra Raúl Paz Alonzo *María Fritz Sierra, con el consejo de Raúl Paz Alonso, decidieron enfrentarse al banco Santander, así como ir en contra de AB&C Leasing, cuando todas las opiniones externas eran que no había posibilidad alguna de ganar el juicio
* A pesar de tener todas las pruebas, en ningún momento se interpuso denuncia en contra de la responsable, la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, y mucho menos en contra del Cabildo de Mérida
*¿Quiénes creen que estaban vinculados con ese atraco?, pues nada más y nada menos que Ivonne Ortega Pacheco, Ulises Carrillo Cabrera, Gabriela López Gómez y Fernando Ponce García
POSTURA OFICIAL
El pasado miércoles 25, dicho banco español ejerció presión sobre el Ayunta-
miento de Mérida filtrando información del requerimiento que realizara el Juzgado Segundo de Distrito junto con la actuaria Kathy de la Cruz Aguilar Vega.
Dicha actuaria hizo correr la versión de que se realizó el embargo por más de 588 millones de pesos que el banco Santander pretende cobrarle a la Comuna meridana por el conflicto de las luminarias contratadas con AB&C Leasing durante el gobierno de Angélica Araujo Lara.
El problema es 100 por ciento de la responsabilidad de Barrera Concha, pues fue quien canceló el contrato de su antecesora, y ahora no sabe qué hacer, pues Santander pretender embargar las cuentas del Ayuntamiento de Mérida, así como los inmuebles de la Comuna y hasta su presupuesto.
El edil se malacostumbra a no dar la cara a los meridanos ante los temas polémicos, por lo que a través de dos comunicados de prensa dio a conocer “la situación que prevalece”.
Enfatizó que “los ciudadanos pueden estar tranquilos que seguiremos recurriendo a todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender el patrimonio de todas y todos”.
En portales electrónicos y redes sociales informó que Santander embargó recursos en las cuentas a nombre del municipio de Mérida en el sistema financiero mexicano, así como las partidas presupuestales 3942 y 3951, además de 85 inmuebles y cinco bienes muebles, hasta cubrir el monto adeudado por 558 millones de pesos.
Informó que respecto al adeudo con Banco Santander, que el pasado miércoles 25, por la tarde se llevó a cabo una diligencia, en la cual el Ayuntamiento de Mérida cumplió su obligación presentando un plan de pagos, mismo que ya había sido planteado desde el 24 enero de 2019 y que se volvió a exhibir el 11 de agosto pasado.
Sin embargo, de acuerdo con el documento de la Comuna, “el banco Santander se niega a aceptar, hasta ahora”.
La Comuna mencionó que cuenta con una prerrogativa para que, ante una obligación judicial pueda cumplir con la misma mediante el pago en parcialidades, a fin de no afectar los programas prioritarios y la debida prestación de los servicios públicos
“No obstante lo anterior, banco Santander intentó señalar bienes que por su naturaleza son inembargables, lo cual no puede producir efectos adversos al municipio”.
Los bienes y cuentas públicas son inembargables de acuerdo con los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como 19, 21 y 22 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán; el 151 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el 42 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán”.
Ulises Carrillo Cabrera
HISTORIA
Como oportunamente publicó el Sol de Yucatán, luego de un largo proceso jurídico, el 12 de julio de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, que señala que el municipio de Mérida deberá pagar al banco Santander las rentas, así como los correspondientes intereses moratorios, por un orden de 630 millones de pesos, desde que dejó de cumplir con su obligación y hasta la extinción del contrato de arrendamiento de luminarias suscrito por el Ayuntamiento de Mérida con la empresa de arrendamiento puro AB&C Leasing.
La administración de la alcaldesa priista Angé-
lica Araujo Lara firmó con esta empresa un contrato de arrendamiento para colocar cerca de 82 mil luminarias de inducción magnética en lugar de las de vapor de sodio, que funcionaban adecuadamente.
Cabe resaltar que el arrendamiento de estas luminarias, de fabricación china, representaría un gasto millonario para la Comuna por varios años porque resultaron caras y de mala calidad.
Además, en contra de distintos reglamentos municipales, la alcaldesa autorizó a ABC Leasing ceder los derechos de cobro al banco Santander, que comenzó a realizar esos cobros directamente desde las cuentas bancarias de la Comuna.
La colocación de esas luminarias disminuyó el nivel de iluminación en toda la ciudad, por lo que el sucesor de Angélica Araujo, Renán Barrera Concha, canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento en 2013, pero caro le costó el efectuar tal actividad.
Ahora en 2021, la Comuna “orienta sus políticas públicas a mejorar la calidad de vida y la seguridad de todos los habitantes del municipio” y comenzó con el cambio de las luminarias.
De acuerdo con el boletín emitido a principios de enero de 2021, el edil consideró que “la rehabilitación e iluminación de calles, avenidas y espacios públicos, incide de manera directa en el bienestar ciudadano y se traduce también en seguridad, mejores condiciones y calidad de la infraestructura”.
Ayer, el presidente municipal supervisó los trabajos de la avenida Benito Juárez, mejor conocida como avenida Aviación, por calle 23 de la Ciudad Industrial.
Detalló que los trabajos de rehabilitación del alumbrado público en esta zona de la ciudad abarcan la Avenida Internacional, que va desde el periférico hasta la glorieta a la Libertad, ubicada cerca de la galletera “Dondé”, pasando por el aeropuerto, Circuito Colonias, Bellas Artes y el Hospital General Agustín O’Horán.
El concejal recordó que el proyecto global incluye el cambio de más de mil 500 luminarias tipo LED en calles, avenidas y espacios públicos. A la fecha, la Comuna ha sustituido mil 180 luminarias de vapor de sodio por lámparas LED de última tecnología, lo cual significa un ahorro en el costo de energía de más del 42 por ciento.
Llevamos un 80 por ciento de avance en la colocación y estamos listos también para asignar presupuesto adicional para continuar con este plan y tener un mejor alumbrado público, subrayó.
