46 Ecología Política // Biodiversidad by ENT environment & management

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En este número la revista Ecología Política se centra en la biodiversidad.

El número incluye artículos de la máxima actualidad. Entre ellos destacan diversos análisis sobre el convenio de biodiversidad, conflictos y resistencias relacionadas con las semillas, la importancia de la responsabilidad extraterritorial en la conservación de la biodiversidad, la creciente tendencia a la compensación por la biodiversidad, o biodiversidad marina entre otros.

Política ecologíaPolítica Cuadernos de debate internacional

También ponemos a vuestra disposición la web de ecología política: www.ecologiapolitica.info para poder subscribirse a la revista y acceder a la versión electrónica de los primeros 44 números de la revista. Igualmente, tenéis a vuestra disposición nuestro twitter @Revista_Eco_Pol y facebook https://www. facebook.com/revistaecopol para manteneros permanentemente informados sobre las principales novedades en el ámbito de la ecología política.

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Así mismo, incluye críticas de libros e informes. En total más de 20 artículos sobre la temática.

Biodiversidad

PVP: 15€

Biodiversidad Análisis de políticas internacionales y nacionales Extraterritorialidad y compensación por la biodiversidad Conflictos socioambientales y biodiversidad

Índice Opinión 9 La IPBES: una carga insoportable S. Faizi 11 El asesinato de la tía o el dilema de la conservación de la biodiversidad en Ecuador Francisco Neira Brito 15 “De buenas intenciones está empedrado el camino…” Reflexiones a propósito de la delimitación de los páramos en Colombia Paula Ungar Ronderos 20 Propuestas desde la ecologia política para una justicia intergeneracional ‘omnicomprensiva’ Joshua Beneite Martí

En profundidad 25 Convenio sobre la Diversidad Biológica: la última oportunidad de evitar la tragedia, acorralada Jaume Grau Lopez 36 Responsabilidad global y extraterritorialidad en la pérdida de biodiversidad David Llistar, Eneko Garmendia, Leire Urkidie e Iñaki Arto 48 El debate sobre áreas marinas protegidas en la Antártida: ¿conservación o pesca? Ricardo Roura

Breves 58 Desmercantilización de la biodiversidad: El Banco de Semillas del Milenio de Kew Gardens y la economía política de las semillas Jeff Vance Martin 63 Natura 2000: la gran apuesta de la UE para la conservación de la biodiversidad, ¿frustrada por la crisis? Laura-Patricia Gavilán Iglesias.

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68 El mecanismo de compensación por pérdida de biodiversidad, ¿una senda hacia la mercantilización de la conservación? Alfred Burballa Nòria 73 Diversidad y biodiversidad como ejercicios de autonomía: alternativas locales ante el impacto de la industria forestal en Chile Marien González-Hidalgo, Martín Fonk y Gabriela Toledo 80 Defendiendo la biodiversidad: resistencia a megaproyectos en América Latina Lucrecia S. Wagner 85 Definiendo la conservación: el caso del Parque Nacional Iguazú, Argentina Brián Ferrero, Nancy Arizpe y Elías Gomez 91 Inercia política: una amenaza para la conservación de la biodiversidad marina en el Mediterráneo Joan Moranta Mesquida 96 ¿Qué tienen que decir las aves sobre la política pesquera comunitaria? José Manuel Arcos 101 Los enclaves del ‘Uruguay Natural’ en los márgenes del neodesarrollismo Carlos Santos y Magdalena Chouhy

Redes de resistencia 108 Resistiendo a la privatización de las semillas Josep Maria Antentas y Esther Vivas 112 No a la compensación de biodiversidad Declaración abierta: varios autores 115 Conflictos socioambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México Víctor M. Toledo, David Garrido y Narciso Barrera-Basols

125 Un año antes de las jornadas de movilización de junio de 2013 en Brasil, el encuentro de Río+20 Lúcia Ortiz 129 Colombia y TLC: entre la movilización y el conflicto Lyda Forero y Danilo Urrea

Referentes ambientales 136 Chico Mendes, 25 años después Entrevista realizada en el III Congreso de la CUT el 9 de septiembre de 1988

Crítica de libros, informes y webs 150 La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global Crítico: Jesús Ramos Martín 152 Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma GRAIN 155 Nuestras semillas, Nuestro futuro La Vía Campesina 156 Decrecimiento o Geoingeniería Crítico: Federico Demaria

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subvención 2013.

Editores: Joan Martínez Alier, Ignasi Puig Ventosa, Anna Monjo Omedes, Miquel Ortega Cerdà. Editor invitado: Jaume Grau Lopez Coordinación editorial: Maria Mestre (secretariado@ecologiapolitica.info) Gestión de artículos: Irmak Ertör (articulos@ecologiapolitica.info) Subscripciones y venta: Mar Santacana (subscriptores@ecologiapolitica.info) Diseño, maquetación e impresión: El Tinter, SAL. Fotografía de la cubierta: David Llistar. Secretariado: Fundació ENT. C/Sant Joan 39, primer piso. 08800. Vilanova i la Geltrú. España. Tf/Fax: 938935104. Edita: Fundació Ent / Icaria editorial.

Consejo de Redacción: Gualter Barbas Baptista, Iñaki Bárcena Hinojal, Gustavo Duch, Núria Ferrer, Eduardo García Frápolli, Marc Gavaldà, Gloria Gómez, David Llistar, Patricio Igor Melillanca, Ivan Murray, Marta Pahissa, Jesús Ramos Martín, Albert Recio, Tatiana Roa, Jordi Roca Jusmet, Carlos Santos, Carlos Vicente, Núria Vidal, Joseph H. Vogel, Florent Marcellesi, José Aniol Esteban, Eva Hernández. Consejo Asesor: Federico Aguilera Klink, Elmar Altaver, Nelson Álvarez, Manuel Baquedano, Elisabeth Bravo, Esperanza Martínez, Jean Paul Deléage, Arturo Escobar, José Carlos Escudero, María Pilar García Guadilla, Enrique Leff, José-Manuel Naredo, José Agusto Pádua, Magaly Rey Rosa, Silvia Ribeiro, Giovanna Ricoveri, Victor Manuel Toledo, Juan Torres Guevara, Ivonne Yanez. Impreso en Barcelona El Tinter SAL, La Plana, 8 (Barcelona) Julio de 2013. Revista bianual ISSN: 1130-6378 Dep. Legal: B. 41.382-1990 Ecología Política en internet http://www.ecologiapolitica.info http://www.facebook.com/revistaecopol http://twitter.com/Revista_Eco_Pol/

Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes: • Reconocimiento. El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. • No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. • Compartir igual. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a esta. Esto es un resumen legible del texto legal (la licencia completa) se encuentra disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

Editorial

El número 46 de la Revista Ecología Política versa sobre la “biodiversidad”, o mejor dicho, sobre las razones de la pérdida masiva de biodiversidad que está teniendo lugar en las últimas décadas. Es un tema más que oportuno ante el 25 aniversario del asesinato de Chico Mendes en Xapurí, el 22 de diciembre de 2013, un sindicalista cauchero, seringueiro, que intentó evitar la deforestación de la Amazonia, al tiempo que defendía los intereses de unos trabajadores del caucho que habían estado trabajando hasta los años 1980s en régimen de semiesclavitud. Lo asesinaron los grandes intereses económicos presentes en la región, los que quemaban la selva para introducir ganado, quienes no dudaban entonces ni ahora en acabar con todo tipo de vida en búsqueda del provecho económico a corto plazo. No es el único caso. Durante décadas, centenares de personas, se llamaran ecologistas o ambientalistas o ninguna de las dos cosas, han tratado de asegurar el mantenimiento de la biodiversidad por diversas razones – para la conservación del ecosistema del que dependían económicamente y socialmente para su supervivencia, por valores religiosos y culturales, por valores éticos, etc.- y han perdido la vida o han sufrido situaciones extremas. Este número va dedicado a ellos, así como a todos aquellos que de una manera menos visible continúan trabajando para evitar el deterioro de nuestro patrimonio natural común. A través de la revista podemos ver que la pérdida de biodiversidad es un problema acuciante y que resulta imparable sin afrontar las causas 4

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subyacentes, entre ellas, un sistema económico que continúa persiguiendo un crecimiento indefinido y es ciego a todos los elementos que no tengan valoración económica, o una gobernanza que continúa marginando a amplias mayorías sociales. Y se insiste ahora en la tesis de que la valoración económica y el pago de los “servicios de los ecosistemas”, siendo los ecosistemas la base de la biodiversidad, es el método más adecuado para lograr la conservación. Disentimos de esta opinión. En la sección “En profundidad” tratamos tres ámbitos destacados: Jaume Grau explica la respuesta institucional global a la problemática de la pérdida de biodiversidad a través de Naciones Unidas, y los problemas y oportunidades que engloba el proceso de negociación – una perspectiva que se complementa con el artículo de opinión de Faizi sobre el mecanismo u organización IPBES (algo parecido al IPCC, pero en el campo de la biodiversidad), y una crítica sobre el impacto de Río+20 sobre la biodiversidad, realizada por Lucía Ortiz. Por su parte, David Llistar, Eneko Garmendia, Leire Urkidi e Iñaki Arto nos exponen la importancia de comprender que, a través del sistema económico globalizado, la responsabilidad sobre la biodiversidad no puede limitarse a los impactos en nuestras propias fronteras territoriales, sino que debe abordarse desde una perspectiva global; y finalmente, Ricardo Roura nos expone, por un lado, las principales problemáticas vinculadas a la biodiversidad

Finalmente, anunciamos que el próximo número de la revista tratará sobre una crítica desde la ecología política del concepto de “ciudad sostenible” y se publicará en julio de 2014. Esperamos vuestras aportaciones. Para cualquier duda sobre el plazo para enviar artículos o las condiciones de envío podéis visitar la web de la revista www.ecologiapolitica.info y/o contactar con el secretariado de la revista a través del correo electrónico artículos@ecologiapolitica.info.

El editor invitado, una figura para reforzar la revista

Introducción

marina (no nos olvidemos, tres cuartas partes de nuestro planeta) –temática que también se completa en el artículo de José Manuel Arcos, incorporando el rol de las aves marinas-, y, por otro lado, los intentos de aumentar la fronteras extractivas en la Antártida. El avance de las fronteras extractivas, que también podíamos haber tratado en otros ámbitos como la extracción de minerales, materiales estratégicos, petróleo etc. en zonas de alta biodiversidad hasta el momento protegidas, está directamente vinculado al incremento del uso de materiales y energía en la sociedad contemporánea, una vinculación que claramente marca la necesidad de modificar la matriz económica para afrontar en profundidad la pérdida de biodiversidad. En la revista vemos también algunos ejemplos de las tensiones entre las figuras de conservación existentes (parques naturales, zonas Natura 2000) y la búsqueda de una explotación intensiva de determinados recursos (petróleo, madera, minerales, etc. o del turismo), en Ecuador, Chile, Argentina, Europa, Uruguay, etc., así como los importantes problemas de gobernanza derivados de la implantación de estas figuras de protección y la incorporación de los procesos productivos en estos territorios. El artículo de Paula Ungar sobre los páramos de Colombia es, en éste último ámbito, un claro ejemplo. Finalmente, señalar dos temas más que se tratan ampliamente en la revista: la relación entre biodiversidad y las políticas de semillas, y el creciente impulso de los mecanismos de compensación de biodiversidad. Dos temas que son altamente conflictivos, tal como muestra la sección de “Redes de resistencia”. La revista está estructurada, como es tradicional, en artículos de opinión, artículos breves y artículos en profundidad, incorporando visiones de diferentes partes del mundo, especialmente de Sudamérica, en esta ocasión. También, como es ya habitual, la revista se completa con el apartado de “Resistencias”, y “Webs y libros recomendados”, además de una de las últimas entrevistas realizadas a Chico Mendes, y que ya fue publicada en esta misma revista el año 1991, en la sección de referentes ambientales.

En este número incorporamos (no por primera vez en la historia de la revista) a un “editor invitado”. En el pasado lo fueron Rafael Grasa y otros notables colaboradores. Esta figura, que incorporaremos de manera puntual en algunos números, ayudará al equipo editorial en la definición de los contenidos de la revista, facilitará la participación de expertos en la redacción de artículos y, en general, ayudará a incrementar la calidad de los artículos publicados, proponiendo mejoras a los mismos. Se tratará siempre de algún experto en la materia abordada. En este número, el editor invitado es Jaume Grau López, licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, Coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción y extrabajador del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya. Ha asistido a las COP 10 y 11 del Convenio sobre Biodiversidad Biológica, a la COP15 del Convenio de Cambio Climático y a la Cumbre de Río+20, entre otras, y es un amplio conocedor y activista en el ámbito de la ecología política de la biodiversidad.

Un recordatorio para el año 2014 Acabamos esta editorial deseándoos ¡un feliz 2014! Esperamos que los cambios realizados durante 2013 en la revista os hayan resultado de interés: una web renovada (http://www.ecologiapolitica.info), la incorporación a Facebook (https://www.facebook.com/revistaecopol) y a twitter (http://twitter.com/Revista_Eco_Pol), ecologíaPolítica

la renovación del diseño de la revista, la posibilidad de realizar subscripciones digitales, etc.. El año que viene esperamos continuar contando con vuestro apoyo, tanto a través de nuevas subscripciones como a través de aportaciones de artículos. Necesitamos aumentar la base de subscriptores de la revista. Ahora subscribirse es más fácil que nunca. Es suficiente con ir a http:// ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=406 y realizar una subscripción, ya sea para recibir los contenidos en papel y digital, o una subscripción solamente digital. Os agradeceríamos que hicierais difusión de la revista a posibles interesados. Ante cualquier duda, os rogamos contactéis a través de subscriptores@ecologiapolitica.info. Igualmente, si queréis realizar una donación a la revista, también es fácil a través de nuestra web. ¡Muchas gracias por adelantado!

Fe de erratas: Ecología Política, Número 45, “Los bienes comunes”: Walter, M. et al. (2013) “Análisis de flujo de materiales de la economía argentina (1970-2009): Tendencias y Conflictos extractivos”, pp. 95, Figura 1. Importaciones y exportaciones en términos físicos y monetarios de la economía Argentina entre 1970 y 2009. Donde dice: 120.000, 100.000, 80.000, 60.000, 40.000, 20.000 “millones de toneladas” (gráfica arriba) Debe decir: 120, 100, 80, 60, 40, 20 “millones de toneladas” 6

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D’Alisa, G. (2013) “Bienes comunes: las estructuras que conectan”, pp.37, Figura 4. Combinación de los bienes y la influencia que los procesos tecnológicos y de escasez tienen sobre su evolución. Donde dice: Exclusión facil (abajo izquierda), Debe decir: Exclusión difícil Donde dice: Exclusión difícil (arriba derecha), Debe decir: Exclusión facil

Opinión La IPBES: una carga insoportable S. Faizi

El asesinato de la tía o el dilema de la conservación de la biodiversidad en Ecuador Francisco Neira Brito

“De buenas intenciones está empedrado el camino…” Reflexiones a propósito de la delimitación de los páramos en Colombia Paula Ungar Ronderos

Propuestas desde la ecologia política para una justicia intergeneracional ‘omnicompresniva’ Joshua Beneite Martí

La IPBES: una carga insoportable1 S. Faizi *

La combinación del superávit de algunos países con expertos subempleados puede causar estragos a nivel global. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) es uno de esos estragos. Es una duplicación innecesaria de organizaciones ya existentes y puede hacer más mal que bien en relación a promover el triple objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Quizá ese es precisamente su propósito. No hay ninguna razón de peso para emular el modelo del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ya que cuando se constituyó el IPCC hacía poco tiempo que se había tomado conciencia del cambio climático, mientras que hay varias organizaciones internacionales de más de medio siglo que trabajan en temas de biodiversidad. No son pocas las organizaciones internacionales e iniciativas, incluso multilaterales, que trabajen en temas de especies, áreas protegidas, gestión de ecosistemas, asuntos estratégicos, cuestiones de política, etcétera. Y no hay una necesidad real de un nuevo foro como este, por lo que la cooperación del CDB con la IPBES está totalmente injustificada. También es importante ha1. http://www.countercurrents.org/burden191212.htm , 19 de Diciembre de 2012 * S. Faizi es miembro del Grupo de Expertos sobre Biodiversidad y Desarrollo del CDB y Presidente del Consejo de la Alianza del CDB. Fue negociador en los encuentros de formulación del CDB. (biodiversity@rediffmail.com)

Opinión

Traducido por: Ester Jiménez de Cisneros Puig

cer notar que la IPBES llega en un momento en que los fondos para la implementación del CDB son difíciles de conseguir, habiéndose visto en el último encuentro de la Conferencia de las Partes (COP) del CDB como la Unión Europea intentaba bloquear las decisiones de la COP que tuvieran implicaciones financieras. Los franceses deseaban ardientemente la creación de la IPBES desde hace tiempo. El Mecanismo Internacional de Conocimiento Científico sobre la Diversidad Biológica (IMoSEB, por sus siglas en inglés), una iniciativa gubernamental francesa bien financiada se ha metamorfoseado en la IPBES a gran velocidad y de forma ilegítima. En 2007, tuve un largo debate sobre el IMoSEB con sus co-presidentes, con los miembros de la Alianza del CDB al corriente del asunto; no fueron capaces de dar ningún motivo convincente de su IMoSEB o de su prevista conversión en la IPBES. Mi mayor preocupación es la asunción implícita de que la gestión de la biodiversidad está paralizada por la falta de conocimiento científico, lo que obviamente es un error. En el caso del CDB, tenemos un tratado bien formulado, pero la falta de voluntad política y de recursos adecuados impide su implementación. Disponemos de gran cantidad de datos sobre biodiversidad y su piratería, pero eso no conduce a la solución lógica de los problemas. La IPBES sólo añade caos y confusión y distrae la atención de la necesidad de seguir centrados en el cumplimiento del CDB. Esto también aumenta la carga que ecologíaPolítica

supone a los países en vías de desarrollo con escasa financiación asistir a otra interminable serie de encuentros, o ampliar su dependencia de la caridad occidental. La IPBES también se burla del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT; o SBSTTA, por sus siglas en inglés) creado para proporcionar cuestiones científicas, de política y tecnológicas a la COP, y bajo supervisión directa por parte de ésta. Al parecer, la IPBES es un intento para atentar contra el OSACTT, cuando en realidad, lo que haría falta es fortalecer el OSACTT, no socavarlo. Sin embargo, la intención del lobby de la IPBES no es esa. De hecho, quisieran contribuir a minar el propio CDB, que tanto ha costado negociar. Como IMoSEB, han argumentado explícitamente en contra del principio fundacional del CDB, es decir, el reconocimiento de los derechos de soberanía nacionales sobre la biodiversidad, en un documento informativo distribuido en la COP del CBD de 2006. De he-

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cho, no fue apropiado por parte de la Secretaría del CDB haber distribuido de forma oficial un documento que cuestiona el principio básico del propio Convenio. El Convenio estableció el OSACTT justamente con la misma finalidad que pretende la IPBES, y no necesita una réplica que rivalice y no rinda cuentas a la COP. No es necesario que el CDB se involucre en la IPBES cuando en ninguna de las deliberaciones del CDB surgió la necesidad de un foro de esta índole. Ese fue el motivo por el que países como China o Brasil expresaron una seria preocupación por esta idea de un compromiso injustificado en la COP-11. Mi propia declaración en el Grupo de Trabajo II, como observador, obtuvo un gran apoyo por parte de la sociedad civil y de las Partes, si bien debo admitir que la sociedad civil todavía no se ha dado cuenta del todo de la amenaza que supone la IPBES. Debemos estar atentos para frustrar los intentos de desviar la CDB de su orientación, utilizando medios que van más allá del Convenio.

El asesinato de la tía o el dilema de la conservación de la biodiversidad en Ecuador

Oscar Wilde estaba seguro de que la gente no escucha. Contaba que para justificar su retraso a una reunión social (imperdonable en países anglosajones), informó a la anfitriona que había asistido al funeral de su tía a la que acababa de asesinar con sus propias manos. La dama, flemáticamente, le respondió que lo importante era que hubiese llegado. Esta alegoría permite representar lo que sucede en Ecuador. Por una parte, aparentemente el país asistirá, aunque con retraso, a la recepción ofrecida a los países emergentes con las credenciales de un robusto crecimiento económico y notorias mejoras en su desarrollo humano. Mientras que, por otra parte, el Estado estaría comprometiendo seriamente la conservación de la biodiversidad que evoluciona en su territorio, específicamente en su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Cabría preguntarse entonces si justifican las justas, esperadas y retrasadas mejoras socioeconómicas para su población humana, la pérdida, deterioro o degradación de su patrimonio biológico. Igualmente habría que preguntarse si alguien percibe claramente lo que sucede, el asesinato de la tía, y si este fuese el caso, a quién le importa. Se analizará brevemente este dilema ecuatoriano, y se esbozarán luego respuestas a los cuestionamientos planteados. * Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Internacional SEK (francisco.neira@uisek.edu.ec, fneirab@yahoo.com)

En 1999 una profunda crisis financiera abatió al país. En un intento por evitar el descalabro, el gobierno transfirió dinero público hacia los bancos privados. Esto, sin embargo, no impidió el colapso del sistema bancario, debido a que este ubicó el capital recibido en el extranjero. Como resultado, en ese año comparativamente al anterior, la economía fue dolarizada, la deuda externa llegó a representar algo más del 80% del PIB, el ingreso por habitante cayó el 9%, el PIB decreció en 7,3%, el desempleo llegó a 16% y el subempleo a 57%, la pobreza urbana por ingreso se ubicó en 65% y el salario mínimo vital cayó a menos de 53 USD por mes. Esta situación mejoró luego muy lentamente hasta 2006. A partir de 2007, una nueva fuerza política llega a ejercer el poder, cuya visión incluye la regulación y planificación pública como los ejes fundamentales del manejo del Estado y de la economía. Analicemos algunos de los resultados macroeconómicos alcanzados. La economía ecuatoriana continúa dolarizada. Sin embargo, a partir de 2007, la deuda externa pasó a representar el 21% del PIB, con tan solo 8% del gasto público destinado a su servicio. En cuanto al ingreso por habitante, el Banco Mundial ubica al país en un nivel de ingreso medio alto (5.425 USD en 2012). En junio de 2013, el Banco Central reportaba una tasa de incremento anual del PIB per cápita en lo que va de este año de 2,4%. Según SENPLADES (2013), el PIB en dólares constantes de 2007, era en 2006 de 49.000.914.615 USD creciendo hasta 63.000.672.625 USD en 2012, con una tasa ecologíaPolítica

Opinión

Francisco Neira Brito*

promedio anual de crecimiento en este periodo de 4,18%. La tasa de desempleo de 2012 se ubicó en 4,1% y la de subempleo en 54,7%. La pobreza urbana por ingreso (personas en las ciudades cuyo ingreso es insuficiente para consumir bienes y servicios que les permitirían satisfacer necesidades básicas) llegó a 16,1% y la nacional a 27,3% en el mismo año. La pobreza nacional por necesidades básicas insatisfechas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo) en 2012 se ubicó en 39,4% (47% en 2008). En cuanto a los principales indicadores de desarrollo humano para 2010, en el sistema nacional de información se encuentran los siguientes datos. La tasa de analfabetismo entre las personas mayores de 14 años se ubicó en 6,75% (11,7% en 1990 y 9% en 2000). Los años de escolaridad promedio en la población mayor de 24 años son 9,5 (7,5 en 1990 y 8,2 en 2000). La tasa neta de asistencia en educación (porcentaje de la población de 18 a 24 años que asiste a la universidad) es de 22 (10,1 en 1990 y 13 en 2000). La esperanza de vida está en los 76 años de edad (68 en 1990 y 74 en 2000), la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos está en 25,7 (57,37 en 1990 y 31,91 en 2000). El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza esta información, su valor ha ascendido de 0,60 en 1980 a 0,66 en 2000 y a 0,72 en 2012 (PNUD, 2013), ubicando a Ecuador en el puesto 83 (entre 187) como un país con desarrollo humano alto. Como se puede ver, los logros socioeconómicos y el mejoramiento en calidad de vida no han hecho más que mejorar (más de un millón de ecuatorianos dejaron de ser pobres por ingreso entre 2007 y 2012), gracias a una inversión pública que llegó a 14,5% del PIB en 2011 y continúa aumentando. Esta inversión se realizó en mejora de capacidades y oportunidades para la población (37,6%), acumulación de capital (51,3%), eficiencia estatal (7,3%) y otros (3,8%). El presupuesto que se invertirá en 2014 en el sector público será de 8.116 millones de dólares. Aunque con retraso, el país ha llegado a consolidar justas e importantes mejoras en la calidad de vida de su población humana. Queda por analizar ahora lo que se hace con la “tía biodiversidad”. Ecuador es uno de los 12

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países megadiversos del planeta. Con 0,2% de la superficie terrestre, el país tiene 18% de las aves, 18% de las orquídeas, casi 10% de los anfibios y 8% de los mamíferos existentes en el planeta. Hasta el momento se han registrado en Ecuador 1.655 especies de aves, 382 de mamíferos, 404 de reptiles, 464 de anfibios y 1.539 especies de peces. Es posible que Ecuador tenga más biodiversidad por área que cualquier otro país en el mundo (MAE, 2005). Aparentemente los logros de crecimiento económico y desarrollo serían igual de alentadores al analizar la inversión en conservación de este patrimonio natural. En 2005, existían 31 Áreas Protegidas (AP) donde se gastaban 2,7 millones de USD. Ocho años después, 46 áreas protegidas (excluidas Galápagos y un AP municipal) representan 16,4% del territorio nacional. En el periodo 2007-2012 se crearon 14 AP (30% del total) y el gasto en su gestión en el último año bordeó los 21 millones de dólares (se necesitan 44 millones para consolidar su gestión y 67 para que esta sea ideal), cifra equivalente al total gastado en el periodo 2003-2010 (MAE, 2013). Se ha planificado además conservar lo que queda fuera del SNAP, y en este sentido, el Programa Sociobosque del Ministerio del Ambiente incentiva económicamente a personas pobres que decidan conservar voluntariamente vegetación nativa. Todo esto sucede en el marco de una constitución que reconoce derechos a la naturaleza. Esto último implica primeramente que los individuos o comunidades pueden exigir a las autoridades estatales que se respete la “integridad ecológica” de los ecosistemas (existencia, mantenimiento, regeneración de ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos). Además, reconoce el derecho de la naturaleza a ser restaurada (a costo del estado) luego de sufrir impactos ambientales debidos a extracción de recursos naturales (en especial no renovables). Finalmente, garantiza que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales. Sin embargo, otras realidades son indicadoras de una dilemática realidad. Casi todo el territorio del país hace parte de dos hotspots:

la biodiversidad, el desarrollo humano y el crecimiento económico en Ecuador. Se continuará con la explotación de recursos naturales, ya que no existe de donde más echar mano. Se tratará de invertir este dinero en cambiar la matriz productiva, pasando a fomentar y proteger la industria naciente, con la idea de generar crecimiento económico endógeno. Este crecimiento perjudicará igualmente a los recursos naturales que ya no se exportarán, sino que nutrirán este crecimiento industrial. Esto, a su vez, degradará aún más la calidad de vida de una población empobrecida y aún desprotegida por una débil institucionalidad, con cambiantes objetivos y agendas según el vaivén electoral, que no sabe preocuparse eficazmente por el bien común (no se le pueden pedir peras al olmo y menos de la noche a la mañana). Las cifras macroeconómicas oscilarán al alza, viéndose afectadas periódicamente por las crisis predichas por los modelos de crecimiento económico y de los ciclos globales del capital. Nada de esto hará que la población ecuatoriana se sienta más feliz. New Economics Foundation calcula el Índice Planeta Feliz, que clasifica a los países ponderando tres criterios: Elevada experiencia de bienestar (felicidad), esperanza de vida y huella ecológica. Los resultados indican que ningún “país democrático occidental”, es decir, rico, altamente industrializado y parte del G20, está entre los más felices del mundo, y que le queda mucho por hacer a la actual civilización para alcanzar la realización humana. Ahora, nada de lo hasta aquí expuesto es nuevo en Ecuador, ni en el resto del mundo. Las interpretaciones varían pero las pruebas del delito son bien conocidas incluso por los sospechosos habituales, lo que les ha provisto además de excelentes coartadas (continuar extrayendo en el presente, para dejar de extraer en el futuro, dicen). Queda entonces por analizar a quien le importa más el asesinato que la celebración. Pues a unos pocos “ecologistas infantiles”, aparentemente “inestables”, como se ha llamado en Ecuador al grupo de académicos, que no buscan votos haciendo “pasar su mensaje” en las aulas universitarias, sino que creen realmente que se deben poner límites al crecimiento o al menos preguntarse por el tipo de desarrollo que se quieecologíaPolítica

Opinión

Túmbez-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales. Los hotspots son áreas terrestres muy ricas en biodiversidad, con alto endemismo y que se encuentran extremadamente amenazadas (Jha y Bawa, 2006). Así, la FAO reporta para Ecuador, en el año 2000, una tasa de deforestación de 1,8% anual de bosques primarios, la tasa más alta de América Latina, donde se registró una tasa promedio de deforestación de 0,4% anual (la tasa mundial de deforestación anual fue del 0,1%). Se dejó de lado la propuesta Yasuní ITT que tenía por objetivo dejar bajo tierra unos 846 millones de barriles de petróleo, ubicados en el interior del Parque Nacional Yasuní (PNY), el más biodiverso del territorio megadiverso de Ecuador. Esta propuesta tenía por objetivos evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2 (aportando a los esfuerzos mundiales a la mitigación del cambio climático), garantizar la conservación del PNY y respetar el aislamiento voluntario de dos clanes huaorani que habitan en dicho parque. Además, una buena parte de las AP del país están intervenidas por actividades petroleras o lo estarán en el corto plazo y muy probablemente por explotación minera en el mediano a largo plazo. Finalmente, el cambio (es decir fortalecimiento) de la matriz productiva del país, promueve la ejecución de varios megaproyectos (refinerías, generación hidroeléctrica, entre otros) que comprometerán igualmente la conservación de los recursos naturales. Parecería entonces que se asesinará a la “tía biodiversidad”. Este asesinato, por si a alguien le importase, será además premeditado. El modelo de crecimiento económico del país se ha basado históricamente en la extracción y venta de recursos naturales. Los beneficios económicos así obtenidos nunca favorecieron el desarrollo social de la mayoría de la población empobrecida, que más bien fue utilizada como mano de obra barata; sino que se dirigieron a favorecer el gasto suntuario de las élites socioeconómicas y políticas del país. Esto causó además importantes daños “colaterales” ambientales: en particular, la degradación de los ecosistemas nativos megadiversos. Se analizará entonces, a continuación, un posible, aunque muy probable, escenario para la conservación de

re. En Ecuador este tema casi no se ha planteado, las cifras de desarrollo humano, aunque alentadoras y definitivamente justas y esperadas, son aún incomparables con las de los países ricos. En este sentido, debería además quedar claro que, alcanzar los suntuosos niveles de riqueza del G20 (sin lograr que sus pobladores se sientan realizados), comprometiendo en el camino la continuidad de la vida en el planeta, no parece inteligente, sería como seguir al propio rabo para morderlo. Habría entonces que reflexionar sobre las alternativas y soluciones a implementar. La literatura sobre un próspero decrecimiento económico plantea pistas a seguir (Kallis, Kerschner y Martínez-Alier, 2012; Kallis, 2011, Kerschner, 2010 y Jackson, 2009; entre muchos otros). Hay además otras que parecen obvias: el ecoturismo a gran escala, no corporativo, ni multinacional (es decir, no codicioso) es otra posibilidad. Esto podría además generar pleno empleo que permita disminuir las astronómicas cifras de subempleo que persisten y consolidar la inversión en el SNAP alcanzando los niveles de gestión ideales. Igualmente, habría que preparar intensivamente al pueblo ecuatoriano en capacidades para transformar sus derechos en libertades. Esto es generar las condiciones para que alguien que busque, por ejemplo, la excelencia académica, pueda lograrla sin tener que pasar por denigrantes procesos de otorgamiento de visas a países “ricos”. Se pueden celebrar mejores días y sobretodo sin culpa por haber asesinado previamente a la tía, aunque esto no interese a los dueños de la fiesta.

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Referencias Jha, S. y Bawa, K., “Population Growth, Human Development, and Deforestation in Biodiversity Hotspots”, Conservation Biology, No. 3, 2006. Jackson, T., “Prosperity without growth: economics for a finite planet”, London, Earthscan, 2009. Kallis, G., “In defense of degrowth”, Ecological Economics, No. 70, 2011. Kallis, G., Kerschner, C. y Martínez Alier, J., “The economics of degrowth”, Ecological Economics, No. 84, 2012. Kerschner, C., “Economic de-growth vs. Stady-state economy”, Journal of cleaner production, No. 18, 2010. Ministerio del Ambiente de Ecuador-MAE, “Análisis de las necesidades de financiamiento del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador”, Quito, MAE, 2005. Ministerio del Ambiente de Ecuador-MAE, “Actualización del estudio de necesidades y el análisis de brecha de financiamiento del sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) en un marco de gestión y formación de capacidades”, Quito, MAE, 2013. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, “Informe para el desarrollo humano 2013. El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso”, Nueva York, PNUD, 2012. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, “Plan nacional de desarrollo/Plan nacional para el buen vivir 20132017”, Quito, SENPLADES, 2013.

Paula Ungar Ronderos* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lidera actualmente la delimitación de los páramos del país. La Ley del Plan de Desarrollo del presente gobierno legisla sobre estos ecosistemas. En esta ley se adivinan buenas intenciones, inspiradas en la autoridad de reconocidos estudiosos de los páramos que en su momento alertaron sobre la enorme fragilidad de estos ecosistemas y su acelerada destrucción. Sin embargo, traducir una visión preservacionista, sin mediación alguna, a Ley de la República, refleja una enorme ingenuidad, por no decir peligrosa ignorancia, frente a la realidad del país y a los avances en las ciencias ambientales de los últimos treinta años. El reto de encontrar alternativas a la conservación excluyente es enorme, pero es peor no asumirlo.

El problema Los páramos son ecosistemas tropicales que aparecen por encima de la línea continua de bosques, aproximadamente a 3.000 m., en su mayor parte en la esquina Noroccidental de Sur América, y sobre todo en los Andes colombianos. Abarcan alrededor de 2.900.000 hectáreas del territorio nacional (alrededor del 3%), distribuidos en 34 “islas” (complejos) en las zonas más altas de las tres cordilleras que atraviesan el país de Sur a Norte (Instituto Alexander von * Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (pungar@humboldt.org.co)

Humboldt 2012). Son sitios donde los biólogos se han maravillado con la abundancia de especies y endemismos (Rangel, 2002). Allí la vegetación se ha adaptado para vivir entre el nublado frío cercano a las nieves y a los afilados rayos de sol: pajonales, pastizales, arbustos retorcidos de pequeñas hojas duras, oscurísimas; frailejones –rosetas de diferentes estaturas, cubiertas de pelaje, como animales grises que recorren erguidos el paisaje. De vez en cuando pasa un oso de anteojos (único oso de los Andes), una danta de páramo, vuela el cóndor; se asoman venados. Salta una rana sabanera. El suelo del páramo es una inmensa esponja, frágil y multicolor, salpicada de espejos de agua, lagos, lagunas, arroyos ruidosos; una esponja que retiene el agua de la niebla, da origen a los principales ríos del país y provee de agua a la mayor parte de la población colombiana (Instituto Humboldt 2012). Los páramos fueron y siguen siendo frecuentemente sitios sagrados para la población de la alta montaña colombiana. Son también sitios usados y habitados, con los que la sociedad se ha entretejido a lo largo de la historia de diferentes maneras. Agricultura y pastoreo indígena y campesino, que se alimenta desde hace al menos tres mil años de productos de la alta montaña, y salvaguarda y recrea en formas diversas la relación simbólica con el páramo. Latifundios coloniales, con cultivos de trigo y ganadería extensiva. Minería de oro y carbón que sirvió de combustible a ecologíaPolítica

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“De buenas intenciones está empedrado el camino…” Reflexiones a propósito de la delimitación de los páramos en Colombia

la conquista y a la colonia, y ahora empuja, torpe y con frecuencia violentamente, la inserción del campo marginal en la economía de mercado. Sitios de acogida para población desplazada desde la década de 1940 por la dinámica propia de la guerra en Colombia, que expulsa población de los territorios productivos y favorece la consolidación de latifundios. Las quemas para potrerización; el ganado disperso, que pisotea y compacta los suelos, despojándolos de su función reguladora; el cultivo extensivo de papa y cebolla; la minería de oro y carbón han venido disminuyendo dramáticamente la extensión y transformando la estructura de los páramos; hay cada vez más voces que llaman a tomar medidas urgentes para la conservación de estos ecosistemas (entre otros, ver Hofstede, 1995; Vargas, 2002; van der Hammen, 2002). La ley del Plan de Desarrollo dice, literalmente (art. 202 parágrafo 1): “En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales ni construcción de refinerías de hidrocarburos” Con esta exclusión de lo agropecuario, sin matices, en unos territorios donde se calcula que habitan alrededor de 125.000 personas establecidas y 32 áreas pobladas, conformando tejidos sociales complejos, la ley retrocede en el tiempo y abona el terreno para la intensificación del conflicto social del país y -de forma aparentemente paradójica- para el deterioro ambiental. Como si hiciera falta abono. En la década de 1970, la conservación, concebida como la supresión de la actividad humana de una Naturaleza que se entendía como intacta, logró un poder sin precedentes en el mundo. Colombia no fue la excepción, y aunque siempre ha habido voces disidentes, algunos parques se construyeron desgarrando tejidos sociales locales, que todavía hoy se intentan reconstruir en aras de la conservación misma. Desde entonces ha habido cambios fundamentales en la concepción y en la práctica de la conservación. La Naturaleza se ha dejado de ver como una entidad en equilibrio, que requiere (que puede) ser aislada de la actividad humana; por el contrario, somos conscientes 16

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de que la idea misma de Naturaleza resulta de la proyección de un sistema de valores. Justamente por eso, porque la conservación es una empresa política, el cuidado de la biodiversidad y de sus múltiples relaciones con el bienestar de las personas se entiende hace décadas como una tarea que no sólo no debe excluir, sino que, al contrario, requiere involucrar a la gente que habita el territorio o que se relaciona con éste de diferentes formas. Este “cambio de paradigma”, como lo llaman algunos, se nutre de argumentos éticos, pragmáticos y epistemológicos. Todos ellos adquieren en Colombia un significado especial.

Argumentos para la inclusión En primer lugar ¿no tenemos ya suficientes motivos para el desplazamiento forzoso? Colombia es el país con más desplazados internos del mundo; para 2012 más de 5.500.000 personas habían sido desplazadas por la fuerza desde 1985 (CODHES, 2013). Se ha documentado copiosamente la fragilidad ética y el escaso sustento empírico de los efectos positivos sobre la conservación, al excluir, sin matices ni consideraciones localizadas, poblaciones humanas de sitios con alto valor en biodiversidad, entre otras razones porque se promueve el poblamiento de zonas ambientalmente frágiles y se inculpa del deterioro a los desplazados (Agrawal, 2009). La ley no prevé la expropiación en páramos, pero la prohibición tajante de cualquier tipo de actividad productiva es un motor de desplazamiento demasiado probable. En segundo lugar ¿quién, si no la sociedad misma, va a velar por el territorio? ¿Tiene sentido excluir y satanizar a los potenciales, cuando no actualmente activos, aliados para hacer la tarea? Las bondades –la necesidad- de hacer partícipes a las organizaciones sociales en la gestión ambiental ha sido documentada empíricamente en Colombia (por ejemplo, Cárdenas y Maldonado, 2013; Palacio, 2010). La fuerza de la resistencia local en torno a lo ambiental1 da indicios poderosos en este sentido. 1. Ver ejemplos en Censat (www.censat.org) y en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (http://olca. cl/oca/portada.php?mc=91&ip=02032400), entre otros sitios.

Hace ya más de diez años, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), entidad que tiene a su cargo más del 12% del territorio nacional, formuló la Política de Participación Social en la Conservación. Esta Política hace una apuesta clara a favor de la conservación como un proceso incluyente, que parte de la construcción colectiva de conocimiento, define el manejo de las áreas protegidas como “el resultado de la capacidad institucional para involucrar a las personas, sus organizaciones instituciones como sujetos activos (…) de la misión protectora de las áreas” (UAESPNN 2001: 26) y establece las bases para su gestión colectiva (UAESPNN 2001). Esa política se llevó al terreno a través de proyectos a lo largo y ancho del país, principalmente a través de la estrategia de Sistemas Sostenibles para la Conservación, que establecen, a través de acuerdos sociales, arreglos productivos sostenibles (Rojas, 2005). Es un experimento que sigue en marcha -desgraciadamente, con un

descenso en el respaldo político y financiero de la misma institución- y que no se puede ignorar, especialmente si se tiene en cuenta que casi el 40% de la superficie de páramos del país está representada en PNN. Por fuera de los Parques, donde se ha dado gran parte de la real conservación de la biodiversidad del país, abundan experiencias fundamentales construidas sobre la idea de que la gestión territorial ambiental es ante todo una labor de inclusión social. Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una figura jurídica creada por la ley en 1996 (Ley 160) a partir de prácticas y reivindicaciones campesinas, como mecanismo de defensa frente al crecimiento de los latifundios y a la ausencia de inversión social del estado; una alternativa a la política estatal de erradicación forzada de la coca. Además de ser un “mecanismo de ordenamiento productivo del territorio” (art. 305, proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural), le apunta a controlar la frontera agropecuaria y a fortalecer la cohesión social en torno a planes de desarrollo sostenible, construidos y ejecutados colectivamente, que incluyen normas de conservación y utilización sostenible de recursos naturales. La complejidad de la historia de creación, reglamentación, declaratoria y puesta en marcha de las seis ZRC constituidas en el país desde 1997, que suman alrededor de 830.000 hectáreas, no son el objeto de este texto3: sin embargo, se trata de experiencias clave ante el reto del manejo sostenible de ecosistemas habitados por población históricamente marginada. Otras historias vivas con las que cuenta el país para pensar en cómo promover la conservación incluyente en los páramos son los Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos, y las iniciativas de conservación privada y voluntaria, como las Reservas de la Sociedad Civil. Los más de 800 resguardos indígenas y 6 títulos colectivos de comunidades negras que hay en Colombia, que abarcan en conjunto alrededor del 34% de la superficie nacional, son territorios de propiedad colectiva reconocidos por la Constitución colombiana como “inalienables, inembargables

2. Me refiero aquí a la thick complexity, en los términos de Strand (2011).

3. Sobre este tema, ver, entre otros, Fajardo (2000) y Osejo (2013).

No hay que inventar de cero

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Finalmente, definir qué es un páramo, cómo funciona, dónde empieza y dónde termina, (trazar un límite a escala 1:25.000, como lo exige la Ley), para tomar decisiones que van a afectar a miles de personas no sólo es un problema urgente y que implica enfrentamientos entre sistemas de valores, sino también uno cargado de incertidumbre. Los ecosistemas son entidades complejas y dinámicas en el tiempo y en el espacio, constituidas por actores humanos y no humanos; sus límites se definen en función de la disponibilidad de información y de las preguntas que se requiera responder. Estas preguntas, a su vez, emergen de una preocupación social, inmersa en circunstancias políticas e históricas. En la medida en que la delimitación es un problema profundamente complejo2, involucrar a la sociedad, en particular a los habitantes del páramo, en la construcción de conocimiento, si bien puede parecer inmanejable, es un requisito para la calidad de ese conocimiento (Funtowicz & Ravetz, 1990; Strand, 2002)

e imprescriptibles”. La asignación de estos territorios a indígenas y afros por parte del estado está condicionada, entre otras, por su función ecológica y por la formulación colectiva de planes de vida y planes de desarrollo locales. En las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que se superponen a estos territorios se da un ejercicio constante de coordinación intercultural, con la participación de las autoridades ambientales reconocidas por el estado y las autoridades propias (cabildos indígenas y consejos comunitarios afro). La estrecha relación entre uso y conservación en territorios indígenas y afrocolombianos se remonta, por supuesto, a la prehistoria y a la época colonial, respectivamente; son siglos de aprendizajes sobre gobernanza ambiental que se suman a los más recientes, asociados a las relaciones entre autoridades locales y estructuras de gobierno estatales, y que hacen parte del acervo con el que cuenta el sector ambiental para pensar la conservación de los páramos4. Las Reservas de la Sociedad Civil son figuras propuestas por la sociedad y reglamentadas al final de la década de 1990. Se trata de predios privados en los que individuos o colectivos, respondiendo voluntariamente a sus convicciones, reservan porciones para la conservación y manejan “bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales” (decreto 1996 de 1999). El papel que las 309 Reservas registradas (51.300 hectáreas) y al menos seis Organizaciones Articuladoras5 han jugado en el tejido social regional, desde la Costa Atlántica hasta el Sur de los Andes; sus formas de resistencia en medio de la guerra y de las presiones de los grandes proyectos de desarrollo; sus maneras de enfrentar los problemas de titulación de la tierra en el país y la precariedad de los incentivos públicos, su papel en la conectividad regional de los ecosistemas, son también lecciones que hay que retomar para la protección de los páramos (Awad, 2009; Escobar y Solano, 2009). 4. Para más información sobre áreas indígenas y comunitarias para la conservación, ver Riascos (2008). 5. Esta cifra está subestimada, existen Reservas y Organizaciones Articuladoras no registradas oficialmente.

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Claro que es difícil, es una apuesta Por supuesto, estos modelos no son recetas. Hay experiencias más o menos exitosas, más o menos efectivas, más o menos catastróficas; los riesgos, además, se magnifican ante la fragilidad del páramo y lo que está en juego. Pero sin duda son precedentes indispensables en cualquier discusión sobre gestión integral del territorio. Nadie duda de la necesidad de regular el impacto de las actividades productivas sobre los páramos (y sobre todo el territorio); nadie duda ya de la escasez inminente de agua, de la relación entre deslizamientos y deforestación, de la catástrofe cercana si no se toman medidas radicales. Nadie duda que estas medidas son por naturaleza conflictivas y que tendrán consecuencias sobre la vida y las actividades de muchas personas. Nadie duda tampoco que las comunidades locales no se pueden ver ingenuamente como depositarias de la bondad y la pureza y el conocimiento verdadero del territorio, que están inmersas en relaciones y tensiones de poder históricamente consolidadas; nadie duda del papel central de actores globales con intereses exclusivamente extractivos en un eventual proceso colectivo. Y nadie duda que los procesos participativos son, con demasiada frecuencia, mecanismos perversos. Nadie duda, en fin, de que la apuesta de hacer conservación con gente en los páramos es un reto abrumador. Para afrontarlo, se requiere, entre otras muchísimas cosas, una apuesta real por el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones sociales locales. Es una apuesta que implica riesgos, por supuesto, como todas las apuestas. Pero construyendo sobre el centralismo, las medidas maniqueas, la exclusión y la desconfianza ya sabemos cómo nos ha ido.

Agradecimientos Agradezco los valiosos aportes de Alejandra Osejo, Margarita María Nieto y Carlos Sarmiento.

Agrawal, Arun y Redford, Kent, “Conservation and Displacement: An Overview,. Conservation & Society 7 (1), 2009, p. 1- 10. Awad, Miriam, “Hacia la construcción de una estrategia financiera conjunta de las Redes de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas en Colombia”, Patrimonio Natural. Bogotá. 2007. Codhes – Consultoria para los derechos humanos y el desplazamiento (2013) “La crisis humanitaria en Colombia persiste”, Informe de desplazamiento forzado en 2012. Documentos CODHES No. 26, 2007. Cárdenas, Juan Camilo, Maldonado, Jorge Higinio, “El papel de las comunidades locales en la conservación, el manejo de los recursos de uso común y sus políticas públicas”, Notas de Política No. 15, Universidad de los Andes, Bogotá, 2013. Escobar, Pía, Solano, Clara, “Colombia”, B. Monteferry y D. Coll (eds). Conservación Privada y Comunitaria en los Países Amazónicos. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009. Fajardo, Darío, “Las Zonas de Reserva Campesina: ¿Estrategia de Desarrollo Regional y contra el Desplazamiento?”, MAMACOCA, Bogotá, 2000. Disponible en: http://www.mamacoca. org/FSMT_sept_2003/es/ebook/Compendio%20regional/Dario_Fajardo%20.htm. Ultima revisión noviembre 8 de 2013. Funtowicz, Silvio, Ravetz, Jerome R, “Science for the post-normal age” Futures, 25, 200, p. 739–755. Hofstede, Robert (1995) “Effects of livestock farming and recommendations for management and conservation of páramo grasslands (Colombia)”. Land Degradation and Rehabilitation 6, 1993, p. 133–147. Instituto Alexander Von Humboldt, “Identificación de los límites inferiores de los páramos a escala 1:100.000: un aporte a la gestión y conservación de los ecosistemas”, 2012, p.79.

Rangel, Orlando, “Biodiversidad en la región del páramo: con especial referencia a Colombia”, Congreso Mundial de Páramos. Memorias, Tomo I. Conservation International, Ministerio de Ambiente, CAR, IDEAM 2002. Strand, Roger, “Complexity, Ideology and Governance”, Emergence 4, 2002, p. 164 – 183. Uaespnn – Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, “Política de Participación Social en la Conservación”, Bogotá, 2001. Van Der Hammen, Thomas, “Diagnóstico, cambio global y conservación”, Congreso Mundial de Páramos. Memorias, Tomo I, Conservation International, Ministerio de Ambiente, CAR, IDEAM, 2002. Vargas, Orlando, “Efecto del pastoreo sobre la estructura de la vegetación en un páramo húmedo de Colombia”, Ecotrópicos 15(1), 2002, p. 35-50. Osejo, Alejandra, “Zona de Reserva Campesina: política pública y estrategia para la defensa de territorios campesinos. Aportes para su reglamentación y aplicación”, Informe elaborado para INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Disponible en http://www. indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/ Zona_de_Reserva_Campesina_Politica_publica_y_estrategia_para_la_defensa_de_territorios_campesinos.pdf. Ultima revisión noviembre 8 de 2013. Palacio, Dolly C., “Reflexividad y territorios sostenibles: la valoración ambiental participativa en Soacha”, Trabajo Social no. 12, enero-diciembre 2010, p. 101-107. Rojas, Alberto (ed), “Proyecto Desarrollo Sostenible Ecoandino”. Tomo II: Resultados, 2005. Riascos, Juan Carlos, “Caracterización de las Áreas Indígenas y Comunitarias para la conservación en Bolivia, Ecuador y Colombia”, Informe Proyecto “Understanding and Promoting Community Conserved Areas (CCAs) for Conservation of Biodiversity and Sustainable Use of Natural Resources in Andean Region”, 2008.

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Referencias

Propuestas para una justicia intergeneracional ‘omnicomprensiva’ Joshua Beneite Martí*

“Se está en mayor confusión que nunca en cuanto a las normas que (…) pudieran orientar y regular el trato con las demás realidades presentes en nuestro contorno: el mineral, el vegetal y el animal. Hay quien cree de buena fe que no tenemos obligaciones para con las piedras” (Ortega y Gasset, T.VI: 308)

Actualidad crítica de la justicia intergeneracional El ámbito de la justicia intergeneracional comprende a todos aquellos que vivieron en el pasado, que viven en el presente y que vivirán en el futuro: «significa que el potencial de los niños y las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones debe ser, al menos, tan grande como el que pueden esgrimir las generaciones hoy» (IJR, 2002: 4). Aunque es

¿Qué ofrece?

¿Justicia con quién?

Responsabilidad por el futuro

Comunidad moral

Hans Jonas (1995)

Total responsabilidad por nuestras acciones

Biocéntrica

Contractualismo

John Rawls (1995)

Tras un velo y atenuada por una tasa de descuento

Limitada a humanos bajo el mismo acuerdo

Utilitarismo

Derek Parfit (1991)

Atenuada y si no contradice la utilidad presente

Limitada a ciertas especies

Comunitarismo

De-Shalit (1995)

Atenuada por la distancia en el tiempo y el espacio

Limitada a cierta comunidad humana

Pragmatismo Ecológico

Brian Norton (1991)

Tras un velo de ignorancia intertemporal

“Hipótesis de la convergencia”

Paradigma

Referencia

Metafísica/Ontologismo

Cuadro 1. * Universitat de València (joshuabeneitemarti@gmail.com)

cada vez más común la inclusión de las generaciones futuras de humanos en la prospección política, es de lamentar la ausencia injustificada de la protección de la biodiversidad y las generaciones futuras no humanas. A grandes rasgos, la justicia intergeneracional tiene una génesis filosófica (en la idea de ‘responsabilidad’) que se va perfilando hasta alcanzar el empaque político actual (en términos de ‘justicia’). Veamos algunas características de los paradigmas que la fundamentan:

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El lobby por el futuro La obra de Andrew Dobson ofrece un análisis imprescindible de la intersección ecología/políLa Foundation For The Rights Of Future Generations ofrece la única revista especializada en el tema (IGJR), disponible en http://www.intergenerationaljustice.org/.

tica, una lúcida crítica del “desarrollo sostenible” y el planteamiento de una ciudadanía ecológica responsable y reivindicativa. Respecto a la protección de las generaciones futuras humanas, nos sugiere una aproximación democrática a través del nombramiento de un lobby capaz de elegir un representante (proxy) que traslade sus intereses al área de debate internacional (Dobson, 1996). Este lobby debería constituirse por individuos cuyo estilo de vida sea favorable a la protección del futuro, por ejemplo aquellos que trabajan por la sustentabilidad medioambiental: “un voto a favor de las generaciones futuras es también (…) un voto por un tipo de política actual: la política de la sustentabilidad” (Dobson, 1996: 134). Esta propuesta no carece de dificultades: la representación de los intereses de dos entidades ‘mudas’, como las generaciones futuras humanas y la naturaleza-no humana, da lugar a muchas especulaciones. Sin embargo, Riechmann sintetiza la argumentación a su favor: “…los dos únicos prerrequisitos lógicos necesarios para que algo (…) pueda ser representado son (I) que A tenga intereses, y (II) que el representante o bien conozca los intereses de A por habérselos comunicado el propio A, o bien sepa lo suficiente sobre los intereses de A como para hacer juicios razonablemente fundados (no aleatorios) sobre cómo afectarían a los intereses de A los diferentes cursos de acción. Ambos prerrequisitos se cumplen en el caso de los animales no humanos y de las generaciones futuras” (Riechmann, 2000: 190). Otra dificultad es que los integrantes de este lobby deberían estar dispuestos a sacrificar su voto presente por uno para el futuro aunque, como mencionamos antes, esto es consecuente con la sustentabilidad medioambiental en el presente. Pero Dobson nos recuerda que no sirve cualquier modelo de sustentabilidad, lo adecuado es un paradigma que considere el valor intrínseco de todos los elementos que forman el ecosistema ([conception ‘C’] Dobson, 1998, p. 50-54). Esta concepción obliga a que se tomen en cuenta los ‘intereses’ de la biodiversidad, que no son más que “asegurarse las condiciones necesarias para su supervivencia y florecimiento”; el problema entonces ecologíaPolítica

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Esta matriz de espectros filosóficos, cristaliza en la práctica de una teoría del derecho (Weiss, 1999; Tremmel, 2008) que marcará un hito con la inclusión del Ombudsperson (Göpel, 2010) como representante político y legal de los intereses de las generaciones futuras humanas. Sin embargo, cuando Jörg Tremmel –representando a la FRFG1– afirma que: “La naturaleza a menudo se recupera por sí misma si se la deja sola. (…) la ‘inversión’ [en protección y conservación] es a menudo -aunque no siempre- ociosidad” (Tremmel, 2008: 81), sospechamos que existe un trasfondo de pragmatismo ecológico (Tabla I). Es por ello que decimos que la actual justicia intergeneracional y su acción político/legal, adolece de antropocentrismo. El pragmatismo ecológico opera según la “hipótesis de la convergencia” de Brian Norton (Tabla I): protegiendo únicamente los intereses de las generaciones futuras humanas ya se están protegiendo los de las generaciones futuras no humanas (Norton, 1991: 240). Podemos objetar que los intereses de las generaciones futuras humanas no siempre coinciden con los de las generaciones futuras no humanas; además, esta omisión da cancha a entidades poco éticas: omite la protección de todos aquellos elementos de la biodiversidad que –aparentemente- no interesarían a las generaciones futuras humanas (Dobson, 1998: 255-8). Consideremos pues las contribuciones de dos importantes pensadores (y activistas) de la ecología política: Andrew Dobson y Jorge Riechmann. Dobson aborda la estructura de la justicia intergeneracional y Riechmann el carácter de la responsabilidad hacia las generaciones futuras; ambos coinciden en la necesidad de plantear alternativas para una justicia intergeneracional omnicomprensiva capaz de incluir a la vida del presente y del futuro.

no radica en qué interesa a las generaciones futuras no humanas, sino en cómo proporcionar las condiciones para que estos intereses se cumplan (Dobson, 1996: 137). En cualquier caso, esta apertura nos sitúa, como Dobson afirma, allende el lenguaje de la justicia y más próximos al cultivo de una “virtud ecológica”. Hemos de reconocer que el marco planteado excede lo democrático formal; pero no dudamos en que cualquier jerarquía del metabolismo social estaría discursivamente mejor construida con la aportación de los representantes directos de los intereses de la biodiversidad. La mera jerarquía contiene ya dosis de antropocentrismo y la protección ha de tener un carácter holista e integrador: las exclusiones están injustificadas.

Un ministerio de las generaciones futuras Comprender “lo ecológico” sería mucho más complicado sin el análisis de Jorge Riechmann en la Trilogía de la Autocontención y su culminación en el principio de la Biomímesis. Para Riechmann “a la Tierra –a los seres vivos que vivimos en ella y a los que la habitarán en el futuro- le siguen faltando defensores lo suficientemente poderosos como para contrarrestar con éxito la coalición productivista bajo cuya hegemonía la destrucción del mundo continúa avanzando imparable” (Riechmann, 2006; 2000, p. 193). Su propuesta institucional concreta es convocar un “Defensor de las Generaciones Futuras, un Defensor de los Animales (…) y un Ministerio de las Generaciones Futuras encargado de velar por los intereses de éstas y educar a las generaciones presentes en su respeto”. También sugiere la creación de un Fondo de Compensación para las Generaciones Futuras, gestionado por el Ministerio de las Generaciones Futuras y “nutrido por tasas ecológicas, con el que se pagarían las medidas de protección ambiental difíciles de financiar por otras vías. (Sería precisamente lo contrario de la inmoral práctica de ‘descontar el futuro’)” (Riechmann, 2000: 190, 192). Descontar el futuro ha sido una constante en la tabla comparativa del inicio. El “problema 22

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de la no identidad” muestra porqué: seres no existentes no tienen derechos ni intereses y, aun asumiendo que pudieran considerarse sus intereses, los stakeholders no pueden reivindicar sus derechos. Por ello se tiende a descontar, de forma inadmisible, la gravedad de nuestras acciones en el futuro. Sin dejar de reivindicar la protección de las generaciones futuras humanas, no podemos sino concluir reiterando la necesidad de proteger la biodiversidad –también sin identidad- con el mismo empeño; debemos, como nos invita Riechmann, “superar nuestro arrogante antropocentrismo y aprender a hablar en nombre del lobo, en nombre de las generaciones futuras, de las restantes especies vivas, de todos aquellos que no pueden participar (…) pero se ven sin embargo afectados por nuestras decisiones” (Riechmann, 2000: 190). Lo paradójico de esta discusión es que no tomar en cuenta la conservación holística de la biodiversidad, resulta un argumento en detrimento del defendido antropocentrismo -constituye una grave pérdida para la Naturaleza a la que estamos inextricablemente ligados. No deberíamos nunca olvidar que ”nuestra vida es un diálogo, donde es el individuo sólo un interlocutor: el otro es el paisaje, lo circunstante” (Ortega y Gasset, T. II, p. 28).

Referencias De Shalit, Avner , Why posterity matters, New York, Routledge, 1995. Dobson Andrew, Justice and the environment, Oxford University Press, 1998. Dobson, Andrew, “Representative Democracy and the Environment”, W. Lafferty, y J. Meadowcroft (eds.), Democracy and the environment, Cheltenham, Edward Elgar, 1996. Editorial, ”Generational Justice”, IJR, nº 3 2002, p. 3. Göpel, Maja, ”Guarding our Future”, World Future Council, 2010, p. 10. Jonas, Hans, El principio de responsabilidad, Barcelona, Herder, 1995. Norton, Brian, Toward unity among environmentalists, Oxford Univ. Press, 1991.

Tremmel, Jörg, Theory of intergenerational justice, Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf, 2008. Weiss, Edith, Un mundo justo para las generaciones futuras, México, Mundi-prensa, 1999.

Opinión

Ortega y Gasset, José, Obras completas, Madrid, Taurus, 2004-2010. Parfit, Derek, Reasons and persons, Oxford, Clarendon Press, 1991. Rawls, John, Teoría de la Justicia, México, FCE, 1995. Riechmann, Jorge, Un mundo vulnerable, Madrid, Catarata, 2000.

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En profundidad Convenio sobre la Diversidad Biológica: la última oportunidad de evitar la tragedia, acorralada Jaume Grau Lopez

Responsabilidad global y extraterritorialidad en la pérdida de biodiversidad

David Llistar, Eneko Garmendia, Leire Urkidi e Iñaki Arto

El debate sobre áreas marinas protegidas en la Antártida: ¿conservación o pesca? Ricardo Roura

Convenio sobre la Diversidad Biológica: la última oportunidad de evitar la tragedia, acorralada

Palabras clave: Biodiversidad, CDB, Convenio, Nagoya, Metas de Aichi, sexta extinción, Plan Estratégico, mercantilización Desde hace ya unas décadas toma fuerza en el debate científico la idea de identificar el actual período como la sexta extinción masiva de especies en la historia geológica del planeta, y la única hasta la fecha causada fundamentalmente por un único factor biótico: la especie humana (Wilson, 2002). Las anteriores, según la evidencia recogida en el registro fósil, se produjeron al final de los períodos geológicos Ordovícico (hace 444 Millones de Años – M.A.), Devónico (360 M.A.), Pérmico (251 M.A.), Triásico (210 M.A.) y Cretácico (65 M.A.). La diversidad biológica o biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de ecosistemas. La biodiversidad es importante por sí misma: es un indicador de la riqueza de la vida en el planeta. Y a mayor diversidad, mayor capacidad de pervivir en el futuro (resiliencia) a través de la adaptación a las condiciones ambientales o * Jaume Grau López es licenciado en Biología, Coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción y extrabajador del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya. Ha asistido a las COP 10 y 11 del CDB, a la COP15 del Convenio de Cambio Climático y a la Cumbre de Río+20, entre otras.

de la especiación (aparición de nuevas especies). Pero, además, la biodiversidad es básica para el ser humano por los innumerables aspectos que de ella aprovecha nuestra especie. Se denominan servicios ecosistémicos al conjunto de funciones de las especies y sus hábitats que son aprovechados, directa o indirectamente. Se suele clasificar los servicios ecosistémicos en cuatro grupos: suministro de bienes básicos (alimento, madera, medicinas, tejidos, compuestos bioquímicos...); regulación (atmosférica, hídrica, prevención de desastres…); culturales (educación, ocio, estética, espiritualidad…) y de soporte (reciclaje de nutrientes, formación de suelo fértil, producción primaria, depuración del agua…).

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Jaume Grau López*

Situación actual: la urgencia de actuar es inaplazable El informe “Perspectiva Mundial de la Biodiversidad1” (SCDB, 2010), adoptado por la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB2) es un documento de síntesis realizado a partir de una revisión amplia de estudios, análisis e informes estatales de la situación de la diversidad biológica a escala mundial. Se formuló como herramienta para contribuir a la toma de decisiones de los países firmantes del CDB, así como para divulgar al público en general la situación de la naturaleza. 1. http://www.cbd.int/gbo3/ 2. Más adelante se define el CDB i la COP, así como su rol.

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El informe remarca algo ya sabido: el impacto humano sobre el planeta ha ido creciendo a lo largo de los últimos siglos, especialmente desde la revolución industrial. En estos momentos, la humanidad estamos superando de largo la biocapacidad de la Tierra, tanto la provisión de recursos como los sumideros del metabolismo social. Se citan estudios sobre las presiones a la biodiversidad como la Huella Ecológica (REES, 1992), de acuerdo con los cuales en la actualidad se ha superado esta biocapacidad en más del 170%. Otros indicadores mencionados son la deposición de nitrógeno, las poblaciones de peces sobreexplotadas o plenamente explotadas o agotadas, la presencia de especies exóticas en Europa o el indicador de cambio climático. Asimismo, se referencian indicadores del estado de la biodiversidad, tales como el Índice Planeta Viviente, el Índice de la Lista Roja, el Índice de Aves Silvestres, el Índice Trófico Marino, la extensión forestal o de manglares, o el estado del coral, entre otros. En la gran mayoría de indicadores recogidos, se refleja una clara y acelerada tendencia de las especies y los ecosistemas a la degradación. La situación actual de la biodiversidad se puede resumir mediante algunas figuras; como vemos en la figura 1, cerca del 45% de las especies estudiadas se encuentran amenazadas o casi:

Igualmente, las tendencias de los diferentes grupos, según el Índice de la Lista Roja, son claras: Figura 24. Tendencias de los principales grupos. (Fuente: Perspectiva Mundial de la Biodiversidad5 (SCDB, 2010) )

A nivel europeo, y según datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente, un alto porcentaje de especies se encuentran en estatus de conservación negativo o inadecuado, y en algunas regiones no se dispone de información científica fiable para ni tan siquiera evaluar el estado de las especies, de acuerdo con la evaluación llevada a cabo en 2010 (EEA, 2010):

Figura 1. Porcentaje de especies en distintas categorías de amenaza (Fuente: Perspectiva Mundial de la Biodiversidad3 (SCDB, 2010) ) 3. http://www.cbd.int/gbo3/

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4. Un valor de 1 en la gráfica indica que todas las especies de un grupo se considerarían incluidas en la categoría «preocupación menor». Por el contrario, un valor de 0 indicaría que todas las especies de un grupo se han extinguido. 5. http://www.cbd.int/gbo3/

En profundidad Figura 3. Especies de interés europeo. Estado de conservación por región biogeogràfica (Fuente: EEA, 2010)

Este estado tan preocupante se da en la Unión Europea, que es uno de los actores políticos a nivel mundial que más medidas legales e inversiones ha realizado en conservación de la biodiversidad. La Red Natura 2000, la principal herramienta europea para preservar de forma homogénea y coordinada su biodiversidad, no ha sido suficiente hasta la fecha para detener la degradación de hábitats y especies6. Por otro lado, uno de los elementos más remarcables del informe del CDB es la creciente evidencia científica del hecho que un número cada vez mayor de especies y ecosistemas están

a punto de traspasar ciertos umbrales críticos o puntos de no retorno, a partir de los cuales solo pueden entrar en procesos de degradación acelerada e irreversible a escala humana. Los casos de la reducción del casquete de hielo ártico o de la degradación de la selva amazónica son los dos ejemplos paradigmáticos en este sentido. Otro aspecto que resulta de enorme interés es el apartado “Presiones actuales sobre la biodiversidad y alternativas para resolverlas” (SCDB, 2010: 55 y ss), donde se enumeran las 5 principales causas directas que están ocasionando la pérdida de biodiversidad:

6. Ver en relación a esto el artículo de L. P. Gavilán sobre Natura 2000 en este mismo número de Ecología Política.

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La pérdida de la biodiversidad en sí es un problema que causa profunda preocupación. La biodiversidad también sustenta el funcionamiento de los ecosistemas, que prestan una amplia gama de servicios a las sociedades humanas. Por lo tanto, su pérdida constante tiene graves repercusiones para el bienestar presente y futuro de la humanidad. El suministro de alimentos, fibras, medicamentos y agua dulce; la polinización de los cultivos; la filtración de contaminantes y la protección frente a los desastres naturales, son algunos de los servicios ecosistémicos que pueden verse amenazados por la disminución y los cambios que se producen en la biodiversidad. También están en crisis los servicios culturales, como los valores espirituales y religiosos, las oportunidades para adquirir conocimiento y educación así como los valores estéticos y recreativos. (…) Si los ecosistemas exceden de ciertos umbrales o puntos de inflexión, existe un gran riesgo de que se produzca una pérdida drástica de la biodiversidad, con el consiguiente deterioro de una amplia variedad de servicios ecosistémicos. Probablemente esos cambios repercutan primero y con mayor intensidad en los pobres, pero, a largo plazo, todas las sociedades y comunidades sufrirán las consecuencias. (...) Para evitar las repercusiones más graves de la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, problemas que están muy interrelacionados, los responsables deben formular políticas que aborden ambos con la misma prioridad y en estrecha coordinación. (...) La mayor protección de la biodiversidad debería interpretarse como una inversión

prudente y económica para prevenir el riesgo que corre la comunidad mundial. Las consecuencias de los cambios ecosistémicos bruscos a gran escala, afectan la seguridad humana a tal punto que resulta lógico reducir al mínimo el riesgo de provocarlos, aunque no sepamos precisamente la probabilidad de que ocurran. Se ha determinado que la degradación de los ecosistemas y junto con la pérdida de los servicios que prestan, es una de las principales fuentes de los riesgos de desastre. Invertir en ecosistemas diversos y capaces de recuperarse, que puedan soportar las múltiples presiones a las que están sometidos, tal vez sea la mejor póliza de seguro que se haya concebido. No podemos seguir siendo testigos de la continua pérdida de la biodiversidad como una cuestión ajena a las principales preocupaciones de la sociedad: atacar la pobreza, mejorar la salud, garantizar la prosperidad y seguridad de las generaciones presentes y futuras, y hacer frente al cambio climático. El logro de esos objetivos se ve dificultado por las tendencias actuales del estado de nuestros ecosistemas, pero cada uno será muy fortalecido si damos su justo valor al papel que desempeña la biodiversidad apoyando las prioridades compartidas de la comunidad internacional. Para lograrlo, será necesario incorporar los temas de la biodiversidad en los principales procesos de toma de decisiones de los gobiernos, el sector privado y otras instituciones del plano local al internacional. (...)

Pero la gran novedad del informe es que, tras los anteriores fracasos a escala mundial, se ha podido ahondar en el análisis de las causas profundas que explican la actual crisis de la biodiversidad. Así, el documento analiza las razones por las que hasta ahora han fracasado los esfuerzos para frenar la pérdida de biodiversidad, llegándose a la conclusión de que, por debajo de las

causas directas, existen unos impulsores indirectos o causas subyacentes que explican por qué no es posible reducir los impactos directos contra la diversidad biológica. Estas causas subyacentes se encuentran en la propia esencia del modelo económico capitalista de explotación de la naturaleza, aunque la formulación del informe use términos más vagos:

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Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad – 3. Resumen ejecutivo (fragmentos)

Causas subyacentes o impulsores indirectos

Pérdida y degradación de los hábitats

El cambio demográfico

Cambio climático

La actividad económica

Carga excesiva de nutrientes y otras formas de contaminación

El volumen del comercio internacional

Sobreexplotación y utilización insostenible

Las pautas de consumo per cápita, vinculadas a la riqueza individual

Especies exóticas invasoras

Los factores culturales y religiosos Los cambios científicos y tecnológicos

Como era de esperar, el documento no va más allá en el cuestionamiento de la lógica de fondo del modelo. Es interesante subrayar la falta de valentía (y de coherencia) de los autores del informe, así como de los responsables técnicos de la elaboración de informes como la “Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3”. En un ejercicio ambicioso, identifican las causas directas y los impulsores indirectos, que están asociados directamente a un sistema que prima la obtención de beneficios y la maximización del rendimiento monetario por encima del bienestar social. Sin embargo, fallan en señalar la imposibilidad de continuar con el actual sistema socioeconómico predominante y la urgencia de un cambio drástico de paradigma. Las propuestas que formula el informe para acabar son interesantes, y señalan algunos aspectos imprescindibles para iniciar el cambio de modelo. Sin embargo, carecen del nivel de ambición y contundencia acorde con la urgencia que el propio documento ha señalado en sus primeras páginas.

La respuesta institucional a la crisis de biodiversidad global: el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro 1992 Los países participantes en la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro en 1992 adoptaron, como es ampliamente conocido, un paquete de medidas para frenar la degradación del medio

ambiente mundial. Entre las conclusiones de aquella conferencia convocada por las Naciones Unidas (NNUU) se encuentra la adopción de la Agenda 21, así como la formulación de los tres Convenios de Río: el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica7 (CDB). Llama la atención que prácticamente todos los estados soberanos forman parte del CDB. Todos, excepto Estados Unidos de América (EEUU) y algún otro como el Vaticano o Andorra. El CDB entró en vigor en diciembre de 1993, una vez se alcanzó el número mínimo de países signatarios. Los tres objetivos del CDB son “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”. Su funcionamiento institucional, como todos los convenios internacionales, es complejo. Los principales organismos se resumen a continuación:

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Causas directas de la pérdida de biodiversidad

• La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano y se reúne regularmente para acordar el desarrollo e implementación del Convenio. • La Secretaría Ejecutiva, que recae en el PNUMA por decisión de la COP, lleva a cabo las 7. http://www.cbd.int/

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tareas de gestión del Convenio entre reuniones de aquella. • Existen varios órganos asesores, siendo los principales el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (OSACTT) y el Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio. Asesoran y preparan los documentos que son más tarde negociados en las COP. El primero de ellos debería ser un órgano de carácter científico que recogiera la información disponible sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aunque su utilidad ha quedado en entredicho dada la alta politización de sus componentes (propuestos básicamente por los Estados). Desde 2010, además, desde NNUU se ha apostado por la creación de un organismo independiente de asesoramiento y formulación de informes mundiales, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES8 por sus siglas inglesas), similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)9. Las dificultades de gestión de un Convenio con 193 partes (más EEUU que tiene el status de Observador en todo el proceso) son enormes, tal y como sucede de forma similar en el ámbito del cambio climático. Se da el hecho que en los procesos de toma de decisiones a menudo los representantes de los Estados son personas de perfil político con un conocimiento técnico escaso de la situación de la biodiversidad y las consecuencias de no actuar, cuando no son representantes de Ministerios de asuntos exteriores, economía o comercio de sus respectivos países. Asimismo, la capacidad de influencia y negociación en el seno del CDB se ve condicionada por los recursos económicos y humanos que cada país puede disponer para la participación en las múltiples reuniones que se producen por los cinco continentes cada año. Así, los países del Norte global (fundamentalmente los europeos, EEUU, Ja8. http://www.ipbes.net/ 9. Para un análisis del papel que puede desempeñar IPBES, ver el artículo de S. Faizi en este mismo número de la Ecología Política.

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pón, Canadá y Australia) tienen una capacidad muy superior a la mayoría de los del Sur global, con lo cual sus intereses siempre se ven reforzados en los procesos de negociación multilateral. Es destacable el peso que tiene (o se desea que tenga) dentro del CDB el debate y análisis de la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la biodiversidad, lo que se denomina la aplicación del artículo 8 (j). En buena parte de las regiones y países megadiversos (básicamente en la franja intertropical), el cuidado y uso sostenible de la naturaleza ha estado durante milenios, y está aun hoy, en manos de los pueblos indígenas, quienes han desarrollado sus culturas y formas de vida alrededor de la matriz de su medio natural. Pese a que las Partes del CDB son los Estados signatarios, existe un amplio consenso en tomar en cuenta las necesidades y opiniones específicas de los pueblos indígenas en la implementación del Convenio. Las decisiones que adopta la COP del Convenio se desarrollan a través de diferentes herramientas. Unas de ellas son los Programas temáticos o de cuestiones intersectoriales. Los primeros tratan específicamente sobre la biodiversidad de grandes tipologías de ecosistemas (bosques, islas, aguas continentales, etc.), mientras los segundos tratan asuntos en los que la biodiversidad interacciona con otros elementos (cambio climático, educación, género, áreas protegidas, turismo, etc.). Otra de las herramientas que dispone el Convenio son los Protocolos. El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad entró en vigor en 2003 y regula la manipulación, transporte internacional y uso de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) con biotecnología moderna, con efectos potencialmente negativos sobre la diversidad biológica y la salud humana. A pesar de ser un acuerdo fundamental, su utilidad ha resultado ser hasta la fecha muy limitada, por las dificultades de aplicar a la práctica los preceptos del Protocolo. Así las cosas, en 2010 se acordó un nuevo Protocolo Complementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación de los daños transfronterizos que potencialmente se puedan producir a partir del comercio y uso de OMG.

También en 2010 se adoptó el Protocolo de Nagoya (PN) sobre acceso y reparto equitativo de los beneficios que surgen del uso de la diversidad genética, el cual se analiza más adelante. Por otro lado, las Partes del Convenio también llevan a cabo mecanismos de implementación tales como la adopción de estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad o informes nacionales regulares. Además, el CDB pone a disposición de los países firmantes herramientas para facilitar la transferencia de recursos o de tecnología, esencialmente de los países más enriquecidos hacia los más empobrecidos económicamente. La realidad, sin embargo, es que esta transferencia ha tenido una relevancia pequeña hasta la fecha, tanto por cuestiones presupuestarias como comerciales y empresariales. Es relevante señalar que las aportaciones económicas en el marco del CDB son voluntarias para las Partes. Esto incluye el apoyo financiero para el funcionamiento del Secretariado y la organización de las COPs y otras reuniones, así como los fondos disponibles para facilitar que los Estados menos desarrollados pongan en marcha las acciones derivadas de los compromisos surgidos del CDB. La financiación de proyectos vinculados a los objetivos del CDB se vehicula a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial10 (GEF por sus siglas en inglés). Se trata de un organismo creado por una de las instituciones internacionales más criticadas: el Banco Mundial, y que es gestionado conjuntamente con varios programas y organizaciones de las NNUU, así como los Bancos de desarrollo de cada región del planeta. Este instrumento financiero es responsable de otorgar donaciones a países “en desarrollo y con economías en transición” para proyectos relacionados, no solo con la biodiversidad, sino con el cambio climático y otros problemas ambientales mundiales. El GEF ha sido cuestionado por organizaciones sociales críticas con los organismos internacionales. Así, por ejemplo, se critica que el 80% de los proyectos del GEF están vinculados con líneas de crédito del Banco Mundial11,

que vincula la concesión de estos créditos a la adopción de agendas gubernamentales liberalizadoras del mercado interno y privatizadoras de servicios públicos.

En 2002 se estableció la meta 2010 de la biodiversidad, que pretendía “reducir significativamente el ritmo de pérdida de diversidad biológica” para esta fecha. Para reforzar el compromiso político, NNUU declaró 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad. Sin embargo, ese objetivo fracasó claramente pues, no solo la comunidad internacional no logró reducir ese ritmo, sino que incluso las causas que provocan el debilitamiento de especies y ecosistemas se han agravado. Por ello, desde el Secretariado del CDB se planteó la siguiente cita como el momento de dar un impulso a la acción global para la conservación de la diversidad biológica. La décima COP12 del CDB tuvo lugar en Nagoya (Japón), en octubre de 2010. En ella se aprobaron 47 decisiones, aunque el grueso del debate se centró alrededor de tres grandes cuestiones. Por un lado, estaba la aprobación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. En otro vértice del triángulo, la financiación de las medidas a acordar en el Plan Estratégico. Y en el tercer lugar, la aprobación del esperado y necesario acuerdo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (ABS en sus siglas en inglés, Access and Benefit Sharing), denominado Protocolo de Nagoya13. Este protocolo pretende dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los pueblos del Sur en relación al uso de sus recursos naturales: el fin de la biopiratería. Así, el Protocolo de Nagoya debería permitir la consecución del tercer objetivo del Convenio: un reparto justo y

10. http://www.thegef.org 11. http://alainet.org/cajaherramientas/CambioClimaticoAlaiT3.pdf

12. http://www.cbd.int/cop/ 13. http://www.cbd.int/abs/

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Un hito fundamental en el proceso: la cumbre de Nagoya en 2010

equitativo de los beneficios obtenidos por el uso de los recursos genéticos y la aplicación efectiva del artículo 15, sobre acceso a los recursos genéticos, y del 8j, sobre el mantenimiento y respeto de los conocimientos tradicionales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de las comunidades indígenas y locales. Las otras dos grandes cuestiones de la COP de Nagoya se discutieron conjuntamente. Por un lado, la adopción de un Plan Estratégico 2011-2020 del CDB era una necesidad imperiosa para evitar el fracaso del Convenio, y debía ser un Plan Estratégico ambicioso y suficientemente concreto para enfrentar los retos planteados. Los países del Norte (especialmente la UE) insistían en la necesidad que este Plan fuera fuerte y vinculante. Los países del Sur, sin embargo, planteaban la contradicción de unos países del Norte, ricos, que después de haber degradado sustancialmente la naturaleza en su propio territorio y a lo largo y ancho del planeta, ahora exigían medidas a los del Sur que podían frenar su crecimiento económico y, por ello, reivindicaban un generoso plan de financiación (transferencia de recursos tecnológicos y económicos) de los países ricos a los más empobrecidos para implementar el Plan. Las negociaciones se prolongaron durante dos semanas y fueron especialmente largas y tensas los últimos dos días, cuando asumieron el protagonismo los Ministros y otros jefes de delegación, durante los cuales el Protocolo de Nagoya fue la herramienta de presión del Norte hacia el Sur para exigir una aceptación del Plan Estratégico. Finalmente, un consenso de mínimos fue alcanzado. El protocolo de Nagoya El Protocolo de Nagoya establece un marco internacional que debe asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la Parte que proporciona los recursos genéticos y obliga a cumplir condiciones de cooperación previa y mutuamente acordadas a la Parte que usa los recursos. 32

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Los países del Sur tenían un gran interés en la aprobación de un Protocolo fuerte y vinculante, por motivos evidentes. En cambio, los países del Norte consideraban esta cuestión como menos importante, ya que para ellos el gran tema de preocupación es frenar el ritmo de pérdida de diversidad biológica, por razones básicamente económicas, aunque también incidió la creciente preocupación de las sociedades y la comunidad científica por el estado de la naturaleza en general. El acuerdo logrado en Nagoya sobre ABS, a pesar de ser un punto de partida esencial, se ha criticado como muy insuficiente. Se ha usado una afortunada metáfora para describirlo: hacía falta construir una herramienta para recoger agua, y el utensilio creado en Nagoya es del tamaño necesario, tiene la forma adecuada y está hecho del material adecuado. Sin embargo, está lleno de agujeros que lo hacen, por ahora, inaplicable. El Protocolo se basa en el hecho que un usuario potencial de un recurso genético (por ejemplo, una compañía farmacéutica del norte) desea usar un recurso genético y/o conocimiento tradicional (por ejemplo, el principio activo de una planta endémica de un bosque tropical) con fines comerciales. Entonces, el usuario sólo puede hacer ese uso mediante el Conocimiento Mutuo Consentido y en unas Condiciones Previas Pactadas con el poseedor de ese recurso (por ejemplo, un pueblo indígena). Los déficits principales tienen que ver con los problemas que existen a la hora de definir quién es el titular del derecho sobre determinado recurso genético o conocimiento tradicional asociado a su uso. Los pueblos indígenas, poseedores ancestrales de muchos de esos conocimientos, no tienen entidad jurídica, ni es sencillo delimitar su alcance territorial y temporal. Además, los Estados no siempre (más bien casi nunca) representan y recogen adecuadamente los intereses de esos pueblos indígenas. Por otro lado, no se crea ningún organismo que asegure el cumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo. No se puede, por tanto, apelar a ningún tribunal internacional para dirimir disputas cuando se incumplan los requisitos establecidos en el Protocolo.

El Plan Estratégico 2011-2020 incluye 20 metas principales denominadas “Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”14, organizadas en cinco objetivos estratégicos: • Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de • diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en • todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad. • Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad • biológica y promover la utilización sostenible. • Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica • salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. • Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los • servicios de los ecosistemas para todos. • Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación • participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad.

las cosas, lo único que se concretó fue el procedimiento para calcular, a partir de 2012 (COP 11 en Hyderabad, India), la cantidad que cada país del Sur necesita para llevar a cabo del Plan. Sin embargo, a fecha diciembre de 2013 y una vez celebrada la COP de Hyderabad, sigue sin concretarse ni la cifra ni el origen de los fondos que los países ricos deben aportar a los pobres para poder conservar su biodiversidad.

La sociedad civil en las negociaciones del CDB

A pesar de tratarse de una herramienta fundamental, el Plan Estratégico fue valorado por organizaciones sociales como insuficiente para el objetivo que persigue15. Especialmente porque las medidas incluidas en las Metas de Aichi fueron “recortadas” en los momentos finales de negociaciones, especialmente por los países con gobiernos más ultraliberales (Canadá, Australia) o bien los países empobrecidos o en rápido crecimiento que no deseaban ver recortadas sus opciones de “desarrollo” por restricciones ambientales (Brasil, África), mientras no se solucionara el tercer eje de las negociaciones: la financiación. Brasil estimó en 200.000 millones de dólares el importe necesario para implementar el Plan Estratégico entre 2011 y 2020 en los países del Sur, pero la negociación embarrancó en el objetivo de fijar una cifra. Así

La participación de los pueblos indígenas en el CDB se vehicula a través de organizaciones que los representan, quienes eligen el sistema de representación de acuerdo a sus costumbres. Las ONG intervienen como un sector diferenciado, en calidad de observadores, igual como los pueblos indígenas. La mayoría de las ONG más activas y críticas se organizan en la Alianza del CDB16, una estructura paraguas que lleva a cabo el seguimiento y la función de lobby ambiental en todo el proceso del CDB, no solo las COP, sino de todos los órganos subsidiarios y grupos de trabajo. En España, desde hace años, Ecologistas en Acción desarrolla una tarea continua de monitoreo de las políticas de biodiversidad del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, tanto en cumplimiento de la legislación estatal y europea como de los acuerdos internacionales. Así, en 2010 se hizo un seguimiento específico de la COP10, que se divulgó en directo a través de un blog17. Igualmente, en la COP11 de la India, se desarrolló una tarea de divulgación de los debates y acuerdos (o falta de ellos), tanto hacia la comunidad científica como hacia la población en general18. Como ejercicio propositivo, esta misma ONG lanzó en 2011 una Guía para las administraciones públicas en España con el objetivo de contribuir a la implementación del CDB y de sus Metas de Aichi (GAVILAN, 2011-1). Hay que decir, sin embargo, que las administraciones han mostrado muy poco interés por llevar

14. http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 15. https://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18987

16. http://www.cbdalliance.org 17. http://caminoanagoya.blogspot.com.es 18. http://biodiversidadesfuturo.wordpress.com/

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El Plan estratégico 2011-2020

a la práctica los compromisos del CDB, pese a que los tratados internacionales forman parte del cuerpo legislativo vigente en España. Pese al interés y recursos invertidos por las ONG internacionales en participar en el proceso del CDB, estas mismas organizaciones alertan continuamente de la desigual capacidad de influir en las negociaciones sobre la biodiversidad y otras materias ambientales (cambio climático, o el debate sobre la “Economía Verde”, por ejemplo) respecto de los intereses privados representados por lobbies de las principales corporaciones empresariales transnacionales. Así, existen campañas mundiales de denuncia de la cooptación de estas grandes corporaciones hacia el proceso de las Naciones Unidas19, influyendo mediante métodos legales o delictivos sobre los negociadores en beneficio de sus intereses monetarios. Resulta muy interesante, por ejemplo, la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo20, lanzada durante la Cumbre de la Tierra de Río+20, en el año 2012.

A modo de conclusión

La visión economicista de la naturaleza y su biodiversidad, que tiene su principal base teórica en los estudios de “La Economía de la Biodiversidad y los Ecosistemas21” (TEEB), se pusieron de manifiesto de forma sangrante en la Cumbre de Río+20, con la apuesta de la comunidad internacional, presionada por los sectores económicos especulativos (fondos de inversión de los grandes bancos, empresas extractivistas y organismos financieros internacionales) por la llamada “economía verde” y “economía azul”. Frente a esta amenaza, las organizaciones sociales ecologistas, campesinas, indígenas, de mujeres, etc., se reunieron en Brasil durante la cumbre de Río+20, en la llamada Cumbre de los Pueblos, para articular las resistencias y reforzar el apoyo mutuo de los pueblos que combaten esta oleada

La actual es, además de financiera, económica, social, ética, política e institucional, una crisis ecológica. Los dos elementos más significativos de esta crisis son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y ambos amenazan muy seriamente la estabilidad relativa de la vida en la Tierra de la cual dependemos en buena medida. La descripción de la crisis ambiental que se puede leer en los informes científicos actuales relativos al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad da la razón en gran medida a los miedos y denuncias que los primeros movimientos ecologistas, en las décadas de 1960 y 1970, lanzaban al calor de las oleadas keynesianas que impulsaron el “crecimiento” económico en los países del norte. Pero, paradójicamente, la constatación del acierto de los críticos “verdes” al capitalismo neoliberal no ha llevado a sus máximos defensores al cuestionamiento de sus dogmas y principios de funcionamiento. Más bien al contrario. Las políticas ultraliberalizadoras que impone la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en los países europeos rescatados son una vuelta de rosca más en la lógica de hacer del mercado la única fuerza rectora de la sociedad. Son las mismas políticas impuestas en latinoamérica o el sudeste asiático en las décadas de 1980 y 1990 bajo el Consenso de Washington

19. https://www.ecologistasenaccion.org/article20612.html?artpage=4-16 20. http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es 21. http://www.teebweb.org/

22. http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/ Declaracion_final_ESP.pdf 23. En relación a la mercantilización de la naturaleza, ver el manifiesto “No a las compensaciones por Biodiversidad”, en este mismo número de EP.

Nuevas amenazas en la segunda década del tercer milenio

neoliberal. La Declaración final22 es un excelente ejemplo de denuncia de las nuevas estrategias de los poderes financieros, así como de la defensa del bien colectivo por encima del interés privado. En este sentido y en el marco español y europeo, en diciembre de 2011, Ecologistas en Acción realiza una jornada de debate bajo el título Valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos que se convierte en una publicación (GAVILÁN, 2011-2) en la que se analizan algunos de los peligros que en los años sucesivos se están demostrando como reales23.

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esta herramienta antes de que sea demasiado tarde y se hayan traspasado los umbrales críticos. Las negociaciones sobre cambio climático no son un buen augurio, pero aún existe algo de tiempo para reaccionar. Probablemente, la clave estará en la capacidad de los pueblos y de sus organizaciones sociales de ser conscientes de las amenazas que la crisis actual y las nuevas estrategias corporativas suponen para su propia supervivencia, y de reaccionar de manera acorde a ello.

Referencias Castro Herrera, Guillermo, “Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina”, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura – Casa de las Américas, 1994. EEA – European Environment Agency, “Species of European interest” (SEBI 003/CSI 007), 2010. (http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/species-of-european-interest/species-of-european-interest-assessment) Gavilán, L.P., Grau, J y Oberhuber, T., “Cómo cumplir con las Metas de Aichi. Manual de Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica”, Ecologistas en Acción24, 2011-1. Gavilán, L.P., Grau, J y Oberhuber, T., “Valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos”, Ecologistas en Acción25, 2011-2. Rees, William E., “Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out”, Environment and Urbanisation 4, Vancouver, 1992. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, “Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3”, Montreal, 2010, p. 94. Wilson, Edward Osborne, The Future of Life, 2002.

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y que significaron el despegue del PIB de aquellos países a costa de la aniquilación de los servicios públicos e incluso del concepto de “estado social”, a la par que la depredación de los recursos naturales de aquellos países, tanto por el capital transnacional como por sus propias oligarquías nacionales (CASTRO, 1994). El reto es sin duda formidable, pero la necesidad apremia. Es probable que durante algún tiempo las recetas neoliberales, junto a la persistente colonización cultural y las crecientes estrategias de control y represión social logren mantener el status quo y permitir que, en lo fundamental, el sistema no cambie y las élites económicas sigan acaparando la mayor parte del capital. En este intervalo, los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza con toda probabilidad van a continuar acentuándose. Esto incrementará las contradicciones y engrosará las filas de pueblos desposeídos y desesperados que reclamarán soluciones y una vida digna. Si la sociedad fracasa en prevenir la extinción masiva de especies, probablemente las generaciones futuras vivan mucho peor de lo que lo ha hecho la humanidad (por lo menos en ciertas partes privilegiadas del planeta) en los siglos XX y XXI. En ese hipotético futuro, la población se preguntará cómo fue posible que, a principios del siglo XXI, con la capacidad tecnológica actual, el conocimiento científico y el desarrollo cultural general, la humanidad fuera incapaz de ver la magnitud de la tragedia que se avecinaba y actuar en consecuencia. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es una de las mejores herramientas de las que dispone la comunidad internacional para hallar los caminos que transiten de forma pacífica y ordenada hacia una sociedad que, necesariamente, cumplirá con la Visión incluida en el Plan Estratégico del CDB: “Viviendo en harmonía con la Naturaleza: para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.” Gobiernos, empresas, organizaciones sociales e individuos tienen la oportunidad de aprovechar

24. http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/manual_ cdb.pdf 25. http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_ conclusiones.pdf

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Responsabilidad global y extraterritorialidad en la pérdida de biodiversidad David Llistar*, Eneko Garmendia**, Leire Urkidi***, Iñaki Arto**

Palabras clave: Deuda Ecológica, Metabolismo Social, Biodiversidad, Impactos socioecológicos, Catalunya, País Vasco

logía y los principales resultados de los estudios catalanes y vascos, finalizando con un apartado conjunto de discusión y conclusiones.

¿Quién destruye la biodiversidad global? Aunque existen evidencias claras que el aumento del comercio internacional, y con ello de los flujos de energía y materiales asociados, contribuyen significativamente a la pérdida de biodiversidad, lo cierto es que no existen demasiados estudios globales sobre cómo las economías más consumidoras interfieren sobre la biodiversidad más allá de sus fronteras. A los autores de este artículo sólo les consta que se hayan realizado tres estudios con la perspectiva de disponer de un diagnóstico sistémico que permita desplegar políticas públicas que permitan afrontar la extraterritorialidad de las obligaciones hacia la conservación de la biodiversidad. Estos son los casos del Reino Unido (Scott Wilson Ltd, 2006; y recientemente actualizado a través del estudio (West et al., 2013)), de Catalunya (Llistar, Jurado et al., documento interno 2009, pendiente publicación) y de Euskadi (Urkidi y Garmendia, 2013). Pese al número limitado de estudios, la necesidad de abordar esta problemática desde el punto de vista del desarrollo de políticas internas es, tal como veremos en este artículo, evidente. A continuación se expone brevemente la metodo-

La responsabilidad extraterritorial de la economía catalana en la pérdida de biodiversidad1

* Observatori del Deute en la Globalització (ODG) (david. llistar@odg.cat) Twitter: @superllisti. ** Basque Centre for Climate Change y Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Ecología Política (EKOPOL) (eneko.garmendia@bc3research.org) *** Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Ecología Política (EKOPOL).

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El primer reto metodológico al que se enfrentan los estudios de responsabilidad exterior en el ámbito de la biodiversidad es acotar el potencial abanico de temas a tratar en la investigación, que por defecto es de alcance mundial en lo geográfico, multisectorial en lo económico y multinivel en lo que a la diversidad biológica se refiere. En este caso se optó por acotar el marco de búsqueda a espacios geográficos de biodiversidad que cumplieran tres características: un intenso grado de pérdida de riqueza biológica; presencia de interferencias ambientales con origen en actividades económicas catalanas; y que dichas actividades tuvieran un fuerte efecto sobre la destrucción de biodiversidad. Dicho de forma sintética, se establecieron tres focos para el análisis: hotspots de biodiversidad, internacionalización catalana e impactos específicos en la diversidad biológica.

La huella en el exterior de la economía catalana En Cataluña, en 2012, vivían 7,5 millones de personas. Su economía representa alrededor de una quinta parte del producto interior bruto es1. Este estudio está teniendo cierto eco en la Convención de Diversidad Biológica. Una referencia al mismo puede encontrarse en:http://www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/ cbo/cbo-action-and-policy-executive-summary/key-messages (visitado por última vez el 12/11/2013)

A partir de los principales flujos de materiales del sistema económico y el estudio de sus orígenes, se cruzaron los mapas de zonas de mayor riqueza de biodiversidad a nivel mundial2 con el rastreo de impactos del “factor catalán”, a menudo recogidos a partir de referencias directas con colectivos de afectados, redes de justicia ambiental, o de literatura gris rastreada en hemerotecas e internet. La red de relaciones del ODG, con redes diversas de justicia ambiental, fue clave en muchos casos. Se organizó la lista de hallazgos en función de los mecanismos de anticooperación según marcos conceptuales habituales en las redes de justicia socioambiental utilizados en la investigación activista del ODG y grupos afines, y descritos en la Teoría de la Anticooperación (Llistar, 2009). Los principales resultados son los siguientes:

Las importaciones: el primer vector de anticooperación destructor de biodiversidad

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pañol (Idescat, 2013). Históricamente, Cataluña dispone de una base industrial importante. El porcentaje de producción generado por el sector industrial en 2010 fue del 18,5%, frente al 18,6% en la zona euro y el 15,6% a nivel estatal. A esta base industrial hay que añadir un sector terciario ampliamente diversificado que representa el sector con más peso de la economía catalana, con el 71,2% en el año 2010. El sector de la construcción se sitúa por debajo de los sectores de industria y servicios, con una participación de 9,1% en el PIB, y es actualmente el sector con mayor retroceso debido a la crisis (en 2005 tenía una participación de 16% en el PIB). El sector de la agricultura, similar al de otros países europeos, tiene poco peso en cuanto a la contribución al PIB, ya que en 2010 representaba el 1,1%. No obstante, este tipo de caracterización de la economía no da cuentas del consumo de recursos que representan los diversos sectores en términos biofísicos ni del impacto que supone la importación de muchos de ellos en términos de costes socioambientales a nivel mundial, ni en el presente ni en el futuro. El indicador simplificado más extendido a la hora de dar una idea de la disponibilidad de recursos y del impacto del modelo económico, social y ambiental de un territorio (por ejemplo, Cataluña) en el sistema ecológico planetario es la huella ecológica, aunque un análisis mucho más preciso puede obtenerse a través del estudio del metabolismo social que nos permite analizar la relación entre el uso de recursos naturales, los servicios ecológicos y la actividad económica de una sociedad dentro y fuera de sus fronteras (Martínez-Alier et al., 2010). De esta forma, el metabolismo social analiza en qué medida las economías “ingieren” materias primas, que son “metabolizadas” para producir bienes y servicios, y “excretan” residuos en forma de materiales desechados y contaminación. Esta metodología permite identificar, no sólo qué actividades económicas acaparan espacio socioambiental ajeno, sea de tipo transnacional o transgeneracional, sino también identificar dónde se produce dicho acaparamiento, un aspecto crítico a la hora de diseñar políticas públicas.

Las importaciones catalanas actúan como la principal fuerza motriz transnacional de la pérdida de biodiversidad exterior. La secuencia de impactos empieza a partir de una demanda localizada en un marco territorial como Cataluña, que se transmite hacia los países exportadores a través de una cadena de operadores comerciales y financieros que buscan el máximo lucro en el menor tiempo posible, y que sumada a otras contribuciones semejantes procedentes de otras economías consumidoras, termina con una suerte de presión extractiva de materias primas y especies vivas sobre territorios ricos con condiciones más favorables para el capital invertido. A escala global, la extracción y la comercialización internacional del producto extraído ha sido señalada en la literatura como la causa central de degradación biológica. Por ejemplo, Lenzen et al., (2012) en Nature muestran cómo el comercio internacional de bienes como el aceite de palma, los textiles u otras manufacturas son la causa del 30% de las amenazas a la biodiversidad a 2. Concepto introducido en los 80 por Conservation International.

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escala mundial. La globalización de la economía también es responsable del avance de las fronteras agrícolas, petroleras, mineras en detrimento de bosques, comunidades humanas y otros ecosistemas de diversidad biológica y cultural. Los modelos deslocalizados, como por ejemplo el actual sistema agroalimentario catalán (incluido el pesquero), o el sistema energético y mineral, propios de economías internacionalizadas como la catalana, se convierten en la práctica en sistemas de “depredación deslocalizada”, donde el comprador se desentiende de las condiciones de explotación en origen apelando a la falta de conocimiento, justificándose en la competencia, delegando responsabilidades y/o apoyándose en una falsa soberanía de las autoridades en los países exportadores. Las dificultades de gobiernos de Estados pequeños, frágiles y/o corruptos para extender un régimen protector de la biodiversidad, la asimetría de las fuerzas en contienda y los intereses particulares de las élites gobernantes en los países conducen a una “ley de la selva contra la selva”. En el caso catalán se han analizado las importaciones de petróleo, gas, carbón, uranio, soja, aceite de palma, café, flores, pesca, madera, cobre, y las importaciones usadas para bioprospección por parte de las farmacéuticas catalanas. Las seis primeras materias primas citadas tienen un vínculo directo con el metabolismo social energético catalán y el modelo puesto en práctica por los decisores políticos. El 93% de la energía primaria que consumió la economía catalana en 2009 se produjo a partir de fuentes no renovables (petróleo y sus derivados en un 47,2%, gas natural en un 24,6% y uranio en un 20, 1%) (ICAEN, 2013). Por otra parte, estas fuentes de energía no se encuentran disponibles en su territorio, por lo que dependen en su totalidad de las importaciones de origen externo. Durante el periodo 2007-2011, la procedencia del petróleo fue principalmente, y por orden de importancia, de Rusia, México, Arabia Saudí, Irán, Nigeria y Libia. Mientras que durante el mismo periodo, el gas procedió de Argelia, Nigeria, Qatar, y Egipto, entre otros suministradores menores. El petróleo y gas consumido apuntan directamente a uno de los mayores desastres ecológicos 38

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y humanos de mundo, el del Delta del Níger. Por otro lado, Indonesia y Colombia fueron los principales suministradores de carbón, mientras que el biodiesel importado procedía de aceite de soja argentino y aceite de palma indonesio. El uranio utilizado por las tres centrales nucleares catalanas se alimentó de uranio extraído de Rusia, Australia, Níger y Kazajstán. Las bases estadísticas disponibles en la mayoría de casos no permiten ubicar el origen de las importaciones y relacionarlas directamente con las áreas concretas de extracción, aunque algunos institutos cartográficos de estados como el ecuatoriano empiezan a georeferenciarlas y ofrecen sus datos en sitos oficiales. En ocasiones resulta efectivo cruzar los mapas de extracción oficiales con los de conflictos que se están creando de forma colaborativa por redes de afectado/as ambientales y resistencia como Oilwatch, Red Mexicana de Afectados Ambientales, Red Ríos, etc. En el caso del petróleo nigeriano o el carbón colombiano que llega a las fronteras españolas, es lógico relacionarlos con la extracción del Delta del Níger y de la gran mina a cielo abierto del Cerrejón en la Guajira, dado que son las principales zonas de explotación de esos dos stocks energéticos en cada uno de los países. El segundo vector significativo en cuanto a responsabilidad transnacional de la economía catalana en la pérdida de la biodiversidad es el asociado al efecto que el cambio del clima tiene sobre los hábitats, los ecosistemas y las especies de zonas sensibles. Algunas predicciones sitúan una pérdida de aproximadamente una cuarta parte de las especies terrestres para el 2050 debido al cambio climático si no hay cambio de modelo (Campbell et al., 2009). Cataluña también tiene su parte de responsabilidad en esta problemática. Un tercer vector es el que producen empresas de capital catalán operando fuera de sus fronteras bajo distintas fórmulas asociadas a la inversión extranjera o al comercio de servicios (inversión de planta, contratos de construcción de infraestructuras, presencia de capital financiero, servicios turísticos, etc.). Ello nos remite a analizar la presencia de transnacionales catalanas y de la financiación o garantía

3. Esta temática se trata explícitamente en otros dos artículos en esta misma revista.

utilizado como punto de enlace entre países de origen y países receptores (desde África ecuatorial y Latinoamérica hacia Europa y Japón; desde el Sudeste asiático hacia EEUU y Canadá). Se han reportado varios casos de tramas con implicación catalana. Respecto al tráfico legal de especies, tal y como se constata en CITES-España (2012), desde 2004 hasta 2009 han predominado la importación de pieles, flancos y trozos de animales, que en un 98% corresponden a reptiles. Sobre todo, pieles de lagartos (géneros Tupinambis y Varanus), serpientes (género Python y Ptyas) y cocodrílos (género Cayman y Aligator). Una vez importados, muchos de ellos se reexportan en forma de pieles teñidas y acabadas, de zapatos, bolsos y demás manufacturas de piel. Un pequeño porcentaje de las pieles importadas se corresponde con mamíferos (zorro argentina, lince rojo, lince canadiense, etc.). La importación de animales vivos viene disminuyendo desde 2005 debido, en gran parte, a la restricción de importación de aves vivas debido a la gripe aviar. Aproximadamente el 85% de las importaciones son reptiles, predominando la iguana común (Iguana iguana) criada en cautividad, las tortugas (familias Emydidae y Testudinae) y algunas serpientes pitones. Como ejemplo representativo, en Cataluña se importaron de forma legal entre 2006-2007 514 unidades de hipopótamo procedentes de Tanzania y Zambia, o 2.175 camaleones de Ghana, Madagascar, Tanzania o Camerún. ¿Para qué? En origen, las fuerzas motrices en el comercio de especies -tanto legal como ilegalson principalmente 4: el lujo (peletería, joyería, restauración) ligada a la exclusividad de especies raras y, por tanto, caras; la parafarmacia (por ejemplo, las cápsulas de Omega3 procedente de la grasa de foca que se consumen en las parafarmacias catalanas); trofeos, caza y pesca deportiva (como puso de manifiesto la caza de un elefante en Bostwuana por el Rey Juan Carlos, ambas especies amenazadas); la posesión de mascotas (como los macacos de berbería, especie endémica de las montañas del Rif y el Atlas magrebíes que se introducen en Europa a través de Algeciras). ecologíaPolítica

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sobre operaciones llevadas a cabo por terceros actores, cuando estos destruyen por alguna vía la biodiversidad. Así, mientras que las inversiones catalanas en América Latina y África tienen un carácter ligado a las exportaciones de materias primas, que son las que mayor impacto tienen sobre la biodiversidad, las asiáticas están asociadas mayormente a la deslocalización industrial. En este vector se analizaron los sectores de servicios financieros y banca, energía y agua, materias primas, empresas químicas y farmacéuticas, y construcción y hostelería. Los resultados son diversos y ofrecen evidencias que deberían desarrollarse en ulteriores investigaciones. Casos como el de la construcción de 40.000 viviendas de lujo en la zona de dunas cercanas a la ciudad brasilera de Natal (por el Grupo Sánchez, cofinanciado por Caixa Cataluña, Proyecto “Natal Elegance”). O el de la cementera Ciments Molins que opera en Bangladesh cerca de la frontera con la India y que ha sido denunciada por grupos locales. O el acaparamiento en Gambia de entre 150 y 200 mil hectáreas para producción de agrocombustible (por Mercatalonia Banjul, Co. Ltd, “Proyecto Afropalma 2020 Gambia”, cofinanciado por La Caixa). O fondos de inversión ofrecidos por el Banc Sabadell como el “Index UBS Commodity” que especulan con alimentos. El estudio analiza también el fenómeno venidero del biodiversity offsetting3, es decir, de los mecanismos financieros de mercantilización y compensación de la biodiversidad, todavía no implantados en Cataluña. Un nuevo vector de presión sobre la naturaleza, de financiarización y, finalmente, de desposesión. Respecto al comercio de especies (vivas o muertas), se analizó, tanto el comercio legal reportado a CITES como los circuitos de tráfico ilegal. El tráfico ilegal a nivel global se estima en cerca de 55.000 millones de euros, el tercero en importancia después del de drogas y de armas. Por el territorio español pasa más del 30% de ese comercio ilegal de animales y plantas protegidas debido a su estratégica situación geográfica. Es

Mapa dinámico de casos de pérdida de biodiversidad producida por anticooperación catalana (Fuente: ODG, 2012)

Otros drivers específicos han sido considerados y analizados, desde los patrones de consumo turístico de los catalanes (3,5 millones de viajes emitidos durante el 2011 al extranjero), hasta la importación de madera ilegal, o la inclusión de criterios de conservación en las políticas oficiales con potencial impacto extraterritorial del gobierno catalán, como la compra pública ética, el apoyo público a la internacionalización de las empresas catalanas o la ayuda oficial catalana al desarrollo. Igualmente, se ha puesto de relieve la estrecha correlación entre las pérdidas de diversidad biológica y de diversidad cultural (por ejemplo entre ecoregiones y grupos etnolingüísticos). La aplicación de conocimientos y costumbres tradicionales ha permitido proteger y mantener en el tiempo la biodiversidad única e importante de muchas de estas zonas. Un estudio de caso referido al pueblo wayúu en la Guajira colombiana afectado por la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, corrobora este fenómeno. Esta mina es uno de los dos orígenes principales de suministro de carbón a Cataluña. Hay que destacar que este estudio ha realizado un resumen cartográfico dinámico en el que se puede encontrar información sobre los principales impactos producidos (Figura 1). 40

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La responsabilidad extraterritorial de la economía del País Vasco en la pérdida de biodiversidad En el caso del País Vasco (PV), el análisis de su metabolismo social revela que se trata de una economía altamente intensiva en recursos. En el año 2004, los Requerimientos Totales de Materiales (RTM) del PV ascendieron a las 108 toneladas per cápita (t/cap) (Arto, 2009). Este valor es similar al de Finlandia (109 t/cap), pero superior al de la mayoría de países de la UE como España (50 t/cap) o el Reino Unido (35 t/cap). De estos materiales, únicamente el 17% se obtienen dentro del PV, mientras que el 83% restante proviene de fuera de sus fronteras: el 35% de España y el 48% del resto del mundo. Esta dependencia externa está condicionada en gran medida por el elevado peso del sector industrial en la economía y por la escasa disponibilidad de recursos en relación con el tamaño de la región, población, PIB y estructura productiva. En este sentido, las industrias metálicas han sido tradicionalmente uno de los motores de la economía vasca, lo cual condiciona la composición de los RTM de la región: los minerales metálicos suponen el 46% de los RTM, la totalidad de los cuales son importados. Otra de las características de la economía vasca es su elevada intensidad

se estima que en los últimos cincuenta años sólo en el Delta del Níger, una de las regiones abastecedoras del PV, se han derramado más de 13 millones de barriles de petróleo, el equivalente a 50 veces lo vertido en el accidente del Exxon Valdés. Por otro lado, en consonancia con lo observado en el caso catalán, cabe destacar los impactos de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas del uso de combustibles fósiles en el PV. En este caso, la deuda de carbono del PV (medida en términos de la deuda histórica acumulada por las emisiones de CO2) superó en el año 2005 los 5.000 millones de €, más del 9% del PIB de ese año (Hoyos, 2009).

Figura 1. Composición de los Requerimientos Totales de Materiales del País Vasco (Fuente: adaptado de Arto, 2009).

A continuación se señalan los principales vectores que vinculan el metabolismo del País Vasco con la pérdida de biodiversidad más allá de sus fronteras territoriales. Para una descripción más detallada de los impactos socioecológicos asociados a la economía vasca ver Urkidi y Garmendia (2013).

Impactos ligados a la importación de combustibles fósiles Las importaciones de gas y petróleo constituyen más del 90% del consumo de energía del PV. Estos combustibles fósiles provienen de países como Rusia, Irán, México, Nigeria o Argelia, donde su extracción está causando en muchas ocasiones la deforestación de bosques, destrucción de numerosos hábitats, daños a la fauna terrestre y marina, lluvia ácida, contaminación de recursos hídricos y la emisión de grandes cantidades de CO2 y otros desechos tóxicos, con graves afecciones para los ecosistemas y las comunidades cercanas. Por poner solo un ejemplo,

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energética, representando los combustibles fósiles el 17% de los RTM. La totalidad de estos combustibles fósiles se importa de otras regiones del mundo, lo que aumenta la dependencia externa de la región.

Derrame de crudo en el Delta del Niger (Fuente: Sosialistisk Ungdom under Creative Commons)

Impactos ligados a la importación de agrocombustibles El PV también presenta un elevado volumen de importaciones de agrocombustibles. En 2010, las importaciones vascas de aceite de palma alcanzaron la cifra récord de 35.000 toneladas. El 96% de este aceite provenía de Indonesia, el mayor productor de aceite de palma del mundo. En este país las plantaciones de palma africana (Elaeis guineensis) se están expandiendo alarmantemente impulsadas por la demanda de la industria agroalimentaria y energética. Se estima que la mitad del terreno ocupado por estas plantaciones se habría logrado a costa de la tala de bosques primarios (Koh et al., 2008) en algunas de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, poniendo en riesgo especies endémicas en peligro de extinción como el orangután de Borneo (Pongo pygmaeus) o el tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae). ecologíaPolítica

Sin embargo, estas no son las únicas especies amenazadas. En las plantaciones de palma sólo se encuentran entre un 5% y un 53% de las especies de aves que habitan en los bosques primarios, un 10% de las especies de mamíferos medianos o grandes y un número menor de invertebrados, especies clave para el desarrollo funcional de los ecosistemas, por ejemplo, en la polinización o en el ciclo de nutrientes (ver Persey y Anhar, 2010). La expansión de la palma también está provocando el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas junto a una creciente vulneración de derechos humanos por parte de las compañías y las fuerzas de seguridades privadas y estatales. Paradójicamente, en Europa y el PV los agrocombustibles se están promoviendo para reducir las emisiones de GEI, a pesar de que la proliferación de este monocultivo está causando la liberación de una gran cantidad de carbono: con una superficie de menos del 0,1% del planeta, Indonesia contribuye al 4% de las emisiones globales de GEI debido a la destrucción de bosques y turberas.

español y el 9% de la Unión Europea, y suponen el 29% de los RTM del PV. El estaño se utiliza principalmente para la producción de cápsulas de taponado para el vino y se extrae principalmente en el Sur, en países como Bolivia, donde la deuda ecológica de los países europeos se remonta a épocas coloniales. Debido a su baja concentración, la extracción de estaño requiere remover grandes cantidades de roca y otros materiales (6.791 toneladas por cada tonelada de estaño) causando importantes daños ambientales. Además, durante el proceso de fundición se generan grandes cantidades de residuos tóxicos y emisiones. En el caso de Bolivia, la extracción de estaño está causando la degradación de numerosas cuencas como la de Huanuni (Oruro), donde la contaminación por drenaje ácido y metales pesados ha generado importantes impactos sobre la flora y la fauna (Zamora et al., 2010). La contaminación afecta a la vegetación de ribera y lacustre, a los cultivos, a la fauna acuática y salvaje, al ganado, y por ende, a la salud humana. Varias especies endémicas de flora de gran valor ecológico, entre otras, la lampaya (Verbenaceae) o la Chersodoma (Compositae) se están viendo amenazadas (Zamora et al., 2010). La cuenca fue declarada Zona de Emergencia Ambiental en 2009.

Rescate de orangutanes apresado en una plantación de palma en Borneo (Autor: Karmele Llanos)

Impactos ligados a la importación de minerales A pesar de la tradición minera de ciertas zonas del PV, en la actualidad todos los metales utilizados en la región son importados desde el exterior. Por su volumen e impacto destacan las importaciones de estaño, níquel y aluminio. Las importaciones vascas de estaño constituyen el 70% de las importaciones del Estado 42

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Colas, sedimentos apilados en la cuenca del Huanuni, Bolivia (Autor: Leire Urkidi)

Las importaciones de níquel al PV alcanzaron su máximo en 2006 y supusieron el 30% del total del Estado español. Este níquel proviene principalmente de Rusia, desde ciudades como Norilsk, donde se localiza el mayor yacimiento de níquel del mundo. Debido a la extracción

Impactos de otras actividades económicas de empresas vascas en el exterior Además de los impactos relacionados con las importaciones de materias primas, existen actividades de empresas vascas en el exterior que están

afectando gravemente a la biodiversidad global y a los ecosistemas de otras regiones del mundo. Por ejemplo, tras el agotamiento de los recursos pesqueros en el Atlántico, en la actualidad, la mayor parte de las capturas de la flota vasca se llevan a cabo en otros océanos donde los stocks pesqueros y la pesca tradicional se ven amenazados por la expansión de la pesca industrial. A modo ilustrativo, en el año 2004 la mitad de la flota pesquera vasca se dedicaba a la pesca de poblaciones de túnidos en el Océano Indico. En las últimas décadas, las empresas vascas han invertido más de 60.000 millones de € en Inversión Extranjera Directa, correspondiendo el 85% de esa cantidad a empresas de los sectores financiero y energético. Entre sus actividades con mayor impacto sobre la biodiversidad, destacan las inversiones y préstamos en el sector de la minería, la agroindustria, la extracción de petróleo y las centrales hidroeléctricas principalmente, pero no exclusivamente, en Sudamérica. Estas actividades han sido vinculadas a la apropiación indebida de tierras, violación de derechos humanos, contaminación y agotamiento de reservas de agua y daños irreversibles para la biodiversidad. La construcción de la mega planta Hidroeléctrica de Barra Grande (ver Foto 4), que supone la inundación de 8.138 hectáreas de bosques primarios, o el Proyecto Camisea de gas natural en la Cuenca del Bajo Urubamba (sudeste del Amazonas peruano) son dos ejemplos de los numerosos proyectos financiados por empresas con domicilio social en el PV (como el BBVA), con graves afecciones para la biodiversidad.

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de este metal, la ciudad se encuentra entre las 10 más contaminadas del mundo y no tiene un solo árbol en 48 kilómetros a la redonda debido a la lluvia ácida. Para hacernos una idea, en esta ciudad al año se emiten más de 4 millones de toneladas de desechos tóxicos (ej. cobre y arsénico) a la atmósfera. Las importaciones de aluminio también constituyen una fuente importante de deuda ecológica en el PV. Sólo en 2010, estas importaciones ascendieron a 66.000 toneladas. En este caso, además de los efectos directos del proceso de extracción, los daños relacionados con la producción de aluminio tienen que ver con los recursos energéticos necesarios para su transformación (según World Watch Institute el 2% del consumo de energía mundial se dedica a la producción de aluminio). Para satisfacer esta demanda de energía se están construyendo grandes represas hidroeléctricas en países como Mozambique y Brasil (origen de las importaciones vascas), destruyendo bosques tropicales, inundando áreas protegidas y obligando a la reubicación de miles de familias, muchas de ellas provenientes de comunidades indígenas con un gran vínculo territorial.

Construcción de la represa de Barra Grande en Brasil (Fuente: International Rivers) ecologíaPolítica

Conclusiones Las conclusiones de ambos estudios demuestran como desde el punto de vista de las políticas de conservación y, sobre todo, del grave problema de destrucción de la biodiversidad planetaria, las economías altamente internacionalizadas y de alto nivel de consumo analizadas estaban en distinta medida interfiriendo en los puntos más ricos en biodiversidad. A través de una economía globalizada, el sistema socioeconómico carece de controles en cuanto a sus efectos sobre la biodiversidad exterior y presenta un comportamiento habitual en los mecanismos de anticooperación Norte-Sur (Llistar, 2009). Es decir, no existen controles públicos para evitar la presión fuera de las fronteras, salvo en materia de comercio de especies vivas, ni tampoco una valoración de qué políticas internas causan un mayor daño, a qué dispositivos transnacionales se debe, ni sobre qué ecoregiones, ecosistemas, hábitats, especies y endemismos del planeta se producen. Por ello, en los estudios se aconseja la inclusión de criterios de responsabilidad exterior sobre la pérdida de biodiversidad global en las distintas medidas gubernamentales. Es decir, introducir el principio de extraterritorialidad, o mejor dicho, de "responsabilidad global" en las políticas domésticas. Algo muy parecido a lo que en el ámbito de las políticas de ayuda al desarrollo se conoce como “coherencia de políticas” para el desarrollo: la eficacia en la erradicación de las insoportables desigualdades mundiales (o en sus términos más naif, la erradicación de la pobreza) no deben atajarse sólo mediante las políticas de ayuda oficial al desarrollo (AOD), sino sobre todo mediante las políticas para frenar los impactos negativos. Algo que requiere una aproximación de conjunto de la acción de Gobierno (“The whole government approach”) (Millán, 2013). Satisfacer las necesidades de toda la humanidad preservando la biodiversidad y los ecosistemas, que son esenciales para la continuidad de la vida humana en el planeta, es probablemente nuestro mayor reto como especie (Ehrlich et al., 2012). Ello requiere una profunda transformación de los modelos de producción y consumo y de las relaciones comerciales y humanas entre los países enriquecidos y empobrecidos, entre 44

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los seres humanos y la naturaleza. Las economías más opulentas, como la vasca o la catalana, deben ajustarse a criterios ambientales y sociales más allá de sus límites territoriales y, para ello, deben contener sus aspiraciones de crecimiento ilimitado y reducir sus niveles de consumo. De esta forma, favoreceríamos la reducción de los impactos ambientales globales y dejaríamos de limitar el acceso de las comunidades del resto del mundo a sus propios recursos, a los servicios de sus ecosistemas y a su bienestar. Los desafíos son enormes, pero los esfuerzos son inevitables si realmente queremos evitar el colapso del planeta y lograr una sociedad más justa y sostenible. Por otra parte, ambos casos de estudio muestran los múltiples canales por los que Cataluña y el País Vasco interfieren negativamente sobre la conservación de la biodiversidad a escala global y en los pueblos que dependen de ella directa (campesinado, pueblos indígenas, pescadores) o indirectamente (población urbana y periurbana). Es decir, describen lo que podríamos conceptualizar como una anticooperación ambiental catalana y vasca desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad. De modo que resulta lógico inferir dos resultados útiles, el primero de visión y el segundo metodológico: i)- Si existe anticooperación, existe una responsabilidad exterior. Mejor dicho, una “responsabilidad global” dado que se distribuye por el globo, aunque como hemos visto, predominan las interferencias sobre ecoregiones tropicales biológicamente muy productivas, y/o en países empobrecidos con estados incapaces de controlar las presiones sobre su territorio. De aquella responsabilidad global de economías y sociedades como la catalana y la vasca, se desprende una obligación moral que algunos han referido como deuda ecológica y que tiene carácter histórico. Pero también una obligación pragmática que resuelva urgentemente la brecha entre la retórica oficial vociferada ante el problema mundial de la quinta gran extinción y los “servicios” de los ecosistemas, y la orientación de las políticas públicas estatales o subestatales. Por ende, se trataría de incluir criterios de respeto a la naturaleza global

Agradecimientos El caso de estudio de Cataluña es el resultado de los encargos de la Generalitat de Catalunya al ODG, imposible sin el impulso, visión y orientaciones de Salvador Grau, y la colaboración de Elisenda Roca. El equipo de investigación ha sido formado por A.Jurado, M.Vargas, A.Pérez, M.Ortega, D.Ortega, A.Schimpf, R.Sànchez,

E.Peritz, E.Galán, P.Ariza, M.Conde, R.Binimelis, B.Mínguez y D.Llistar. El caso de estudio del País Vasco es el resultado del Proyecto BIORES desarrollado por el equipo de investigación formado por I.Barcena, R.Bermejo, D.Hoyos, R.Lago, M.Mantxo, L.Musoles, I. Arto, L.Urkidi y E. Garmendia y financiado parcialmente por el Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOCAD) del Gobierno Vasco (PRO2010K3/0009) y el proyecto CSO2010-21979 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

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en todo el espectro de medidas de los distintos gobiernos, especialmente en los devoradores de materias primas. En el argot tecnocrático podría apelarse a la aplicación del principio de “coherencia de políticas para la conservación” de la biodiversidad planetaria; pudiéndose inspirar en otros campos incipientes de las políticas públicas donde se busca aplicar el principio de extraterritorialidad desde una perspectiva cosmopolita, como en el campo de la coherencia de políticas para el desarrollo, o en códigos legales estatales que evitan violaciones a los derechos humanos en países terceros, como la Aliens Tort Act estadunidense. ii).- Este tipo de estudios deberían ser replicados en otros marcos administrativos. Principalmente a escala estatal, donde se centraliza buena parte de las competencias regulatorias y, por supuesto, para el marco europeo y cualquier otro regionalismo internacional. La metodología triple-foco planteada en estas investigaciones (análisis de la internacionalización, análisis de los impactos, análisis de las zonas críticas), aunque laboriosa, es relativamente fácil de aplicar en otros países o marcos administrativos consumidores. Ahora bien, disponer de evidencias sistematizadas no es garantía de que se consiga aplicar criterios de responsabilidad global en la actuación de los gobiernos. En cualquier caso, resulta un paso previo y necesario que puede conducir a una paulatino cambio de marco cognitivo en las políticas de conservación, hoy desplegadas en una arquitectura obsoleta y en un escenario de destrucción global urgente. La presión para ese marco necesario debe, si es posible, proceder desde fuera y desde dentro de las instituciones. En este mundanal ruido urgen visionarios/as.

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El debate sobre áreas marinas protegidas en la Antártida: ¿conservación o pesca? Ricardo Roura*

Palabras clave: Antártida, Áreas Marinas Protegidas, Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, conservación del medio ambiente, Oceáno Austral.

Introducción La Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (Convención de la CRVMA) de 1980 reconoce en su preámbulo, entre otras declaraciones fundamentales, la importancia de salvaguardar el medio ambiente y proteger la integridad de los ecosistemas de los mares que rodean a la Antártida. En consequencia, el objetivo de la Convención es la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, aun cuando ésta incluye la recolección sujeta a estrictos criterios ecosistémicos. Sin embargo, este objetivo básico se está desvirtuando debido al aumento de intereses pesqueros en la región y a la posición intransigente de algunos Esta* Dr. Ricardo Roura (ricardo.roura@worldonline.nl) es un especialista en conservación en las regiones polares. Asesor político en Europa de la Alianza del Oceáno Austral (AOA), organización que promueve el establecimiento de áreas marinas protegidas en la Antártida, y asesor principal de la Coalición de la Antártida y del Oceáno Austral (ASOC, en sus siglas en inglés), organización observadora de las reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos y otros foros antárticos. Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no representan necesariamente las de estas organizaciones. [Dirección postal: Joos Banckersplantsoen 40, 1056 LC Amsterdam, Países Bajos.]

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“Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them.” George Orwell, 1984

dos miembros en la adopción de Áreas Marinas Protegidas (AMP)1 en un organismo que toma decisiones por consenso. El organismo que regula la pesca en el Océano Austral - la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), compuesta por 24 estados y la Unión Europea - se ha comprometido a establecer una red representativa de AMP en el Área de la Convención, de conformidad con los objetivos de conservación de la Convención (e.g. CCRVMA 2005, párrafo 4.12; CCRVMA 2007, párrafo 7.18), y en los últimos años ha logrado avanzar hacia este objetivo por medio de, inter alia, discusiones conceptuales; compilación y análisis de datos sobre zonas marinas; y la adopción de un marco general para el establecimiento de las AMP. El siguiente paso lógico en este proceso es trazar líneas en el mapa que delimiten ecosistemas importantes para su protección. En consecuencia, varios Miembros han presentado dos propuestas a la Comisión para proteger zonas marinas en la región del Mar de Ross y en la Antártida Oriental. Estas propuestas cubren varios millones de kilómetros cuadrados del Océano Austral con una combinación de AMP de uso múltiple y reservas marinas. Se esperaba que una o ambas de estas propuestas se aprobasen en la reunión anual de 1. En este artículo se utiliza el término AMP para referirse a una amplia gama de opciones de manejo de áreas marinas, desde áreas de uso múltiple donde se permite la recolección controlada hasta reservas marinas totalmente protegidas.

Con una superficie terrestre de 14 millones de km2 y una superficie marina de 20 millones de km2, abundante fauna y flora en gran medida endémicas, y una presencia humana permanente que cubre muy por debajo del 1 % de la superficie terrestre, el continente antártico y el Océano Austral que lo circunda se describen con frecuencia como uno de las últimas zonas vírgenes del mundo (por ejemplo, Geoff, 1986). Partes del Océano Austral, en particular la región del Mar de Ross, han sido identificadas como las regiones marinas menos afectadas por las actividades humanas a nivel mundial (Halpern et al., 2008). El Océano Austral contiene más de 10.000 especies únicas, incluyendo numerosas especies de aves marinas (entre ellas la mayoría de los pingüinos del mundo), varias especies de ballenas y focas, y una rica fauna bentónica y pelágica entre las que se cuentan especies de valor comercial como las austromerluzas y el kril antártico (véase, por ejemplo Shirihai, 2002 y Knox, 2007)2. Además, el Océano Austral es un área crucial para la investigación científica de ecosistemas marinos

relativamente intactos, así como del cambio climático global (AOA, 2012a). Desde el comienzo del siglo XXI, los Estados han comenzado a discutir, en diversos ámbitos, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Este debate fue impulsado por el aumento de la evidencia de las amenazas a estas áreas (sobreexplotación, cambio climático, acidificación de los océanos, polución y los nuevos descubrimientos científicos con respecto a la riqueza de los recursos genéticos marinos (Druel et al., 2013)3. Un debate paralelo ha tenido lugar con referencia a la Antártida de acuerdo a los instrumentos vigentes en esta región. La Antártida se rige por un conjunto de instrumentos conocidos colectivamente como el Sistema del Tratado Antártico. Éste consiste del Tratado Antártico de 1959, las medidas en vigor según ese Tratado, varios instrumentos internacionales asociados (pero separados) en vigor, y las medidas vigentes que emanan esos instrumentos. Los instrumentos asociados son la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas de 1972, la Convención de la CRVMA de 1980 y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente de 1991 (el Protocolo). La Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos de 1988 no ha entrado en vigor, ya que fue abandonada en favor del Protocolo que prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica. El Sistema del Tratado Antártico gobierna el continente antártico, las islas circundantes y el Océano Austral. Sin embargo, distintos instrumentos y organismos se aplican a la parte terrestre y a la parte marina. Si bien existe una superposición importante entre las membresías, éstas no son idénticas. Lo mismo ocurre con sus áreas de aplicación. El área de la CCRVMA se extiende hasta los límites aproximados de la Convergencia Antártica, que en parte coinciden con los límites de la Área del Tratado Antártico a 60 grados de latitud sur y, en parte, en los

2. Si bien históricamente, y tambien en la actualidad, se captura más kril (Euphasia superba) que austromerluza (Dissostichus spp.), esta última da veinte veces más ganancia (Brooks, in press).

3. Para una discusión detallada sobre la protección de la biodiversidad marina en alta mar en el contexto de la Convención de la Biodiversidad, ver Druel et al., 2013.

La gobernanza de la biodiversidad en el Océano Austral

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la Comisión en octubre de 2012. Sin embargo, la Comisión no pudo llegar a un consenso en esa oportunidad, ni en una reunión especialmente convocada para tratar estas propuestas en julio de 2013, ni tampoco en la siguiente reunión anual en octubre de 2013. Esta ralentización de las negociaciones pone en dudas la adopción de AMPs por parte de la CCRVMA en un futuro cercano. Este artículo resume la gobernanza de la biodiversidad en aguas antárticas, el papel de la CCRVMA como organismo de conservación, y la discusión sobre las AMP hasta la fecha. El artículo concluye con un llamado a la CCRVMA para que complete estas negociaciones en un futuro próximo y, al hacerlo, que vuelva a sus orígenes - la conservación.

Océanos Atlántico e Índico, se extienden más hacia el norte hasta los 45-50 grados de latitud sur, abarcando también las zonas económicas exclusivas en torno a archipiélagos subantárticos, incluyendo grupos de islas que son objeto de disputas territoriales. Una característica fundamental del Tratado Antártico es que su artículo IV “congela” los reclamos territoriales en su área de aplicación. Siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, y Noruega) reclaman soberanía sobre sectores de la Antártida y otros dos países (EE.UU. y Rusia) se reservan el derecho a futuros reclamos y son, en cierta medida, semireclamantes (Fig. 1). Los reclamos territoriales impulsan gran parte de la política en la Antártida y esto se manifiesta en el papel más activo de las Partes reclamantes, EE.UU. y Rusia, en establecer la agenda política para el continente y en la actividad científica (Dudeney y Walton, 2012). La mayoría de los países del mundo no reconoce los reclamos territoriales en la Antártida, y para ellos la zona de alta mar se extiende hasta la costa del continente antártico bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La geopolítica antártica influencia la CCRVMA, con la añadidura de intereses pesqueros y estratégicos con respecto al uso de la alta mar, tanto en el Oceáno Austral como más ampliamente. La Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y su Comité para la Protección del Medio Ambiente regulan las actividades en el Área del Tratado Antártico, con excepción de la pesca y la caza de focas y ballenas. Por su parte, la CCRVMA y su Comité Científico regulan las actividades pesqueras en el área de la CCRVMA. La Convención de Focas no ha entrado en funcionamiento en ausencia de la caza comercial de focas. Fuera del Sistema del Tratado Antártico, la Comisión Ballenera Internacional regula la caza de ballenas, incluyendo en el Oceáno Austral. En líneas generales, esta superposición de regímenes y competencias en la región antártica ha resultado en un desarrollo institucional distinto a través de la división entre lo continental y lo marino, así como en distintos estándares de protección (o conservación) del medio am50

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biente. Si bien la Antártida ha sido designada como una “reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia” (Artículo 2 del Protocolo), el medio ambiente antártico se encuentra bajo crecientes presiones provenientes de las actividades humanas, incluyendo infraestructura relacionada con las actividades científicas, la prospección biológica, la pesca legal e ilegal de peces y kril, y la expansión del turismo en las costas y en el interior (Roura y Tin, 2014). Fenómenos mundiales como el cambio climático, el transporte de contaminantes a larga distancia y la globalización en sentido amplio resultan en presiones adicionales. El establecimiento de áreas protegidas permite controlar, en parte, algunas de estas presiones, y el Anexo V del Protocolo contiene una normativa para la protección y gestión de zonas. Bajo el Protocolo, cualquier zona, incluyendo las zonas marinas, puede ser designada como “Zona Antártica Especialmente Protegida” o “Zona Antártica Especialmente Administrada”, de acuerdo a los objetivos de la gestión. Aunque el Protocolo abarca el Océano Austral al sur de los 60 grados de latitud sur, en la práctica la RCTA ha cedido a la CCRVMA y a su Comité Científico derechos en relación con la injerencia del Protocolo en el medio ambiente marino, en particular con respecto a la designación de áreas protegidas. La designación de un área protegida vinculada con el medio marino por parte de la RCTA requiere el “consentimiento previo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos” (Protocolo, Anexo V, Art. 6 (2)), una cesión confirmada por Decisión 9 de la RCTA (2005). La paradoja es que la RCTA, que ha negociado la Convención de la CRVMA y creado su Comisión, ahora debe solicitar a esta última su aprobación para establecer áreas protegidas que tengan un componente marino. Hasta ahora, RCTA ha designado diez zonas parcial o totalmente marinas como áreas especialmente protegidas o administradas, cubriendo un total de aproximadamente 5.000 km2. La CCRVMA ha dado su consentimiento para la adopción de estas áreas, pero dejando abierta la opción de pescar en la más grande de ellas, que

En profundidad Figura 1. Los Miembros de la CCRVMA de acuerdo su actividad pesquera actual en el Área de la Convención de la CRVMA; reclamos territoriales en el Área del Tratado Antártico; y participación en las propuestas de AMP en el Mar de Ross o Antártida Oriental. Estos dos últimos factores son variables e.g. Gran Bretaña ha sido una proponente de AMP anteriormente; y Argentina, Namibia y Uruguay han tenido actividad pesquera años atrás. Los países miembros de la UE no son proponentes de AMP en sí mismos pero son un bloque asociado a la UE que sí lo es.

abarca unos 3.000 km2. Esto significa que actualmente sólo unos 2.000 km2 de aguas antárticas están protegidos efectivamente de las actividades pesqueras por medio de los instrumentos diponibles en el Protocolo (y aun así hubo incidentes de pesca en dos de estas zonas). Esto pone de relieve la importancia de la designación de áreas marinas protegidas por parte de la CCRVMA. Hasta la fecha, la CCRVMA ha designado una AMP, ubicada en la vecindad de las Islas Orcadas del Sur, con una superficie de unos 94.000 km2 4. 4. Debe notarse que varias zonas dentro del área de la Convención, denominadas “unidades de ordenación en pequeña escala”, permanecen cerradas a la pesca no científica, por razones de gestión de pesca más que de conservación, y no se conciben como algo permanente.

LA CCRVMA como un organismo de conservación La adopción de la Convención de la CRVMA fue un cambio importante del enfoque predatorio prevalente hasta entonces para gestionar recursos marinos vivos antárticos. La historia de la explotación del medio marino en la región antártica se ha caracterizado por episodios sucesivos de extracción de recursos, seguido por un colapso de las poblaciones objetivo, y el desplazamiento de las industrias a nuevas zonas o a nuevos recursos. La explotación de los recursos marinos vivos se remonta a finales del siglo XVIII, cuando la caza de focas se inició en las islas ecologíaPolítica

que rodean la Antártida. Durante un período de 150 años, las focas, luego las ballenas, y luego algunas especies de peces fueron sobreexplotadas. Algunas de estas especies no se han recuperado aún por completo de la depredación de décadas atrás. Consciente de los riesgos de sobreexplotación de los recursos marinos vivos resultando de la explotación no regulada, el Tratado Antártico de 1959 asigna a sus Partes responsabilidades con respecto a la “preservación y conservación” de los recursos vivos de la Antártida (Tratado Antártico, art. IX, párrafo 1 (f )). Como se ha notado anteriormente, en 1980 las Partes del Tratado Antártico negociaron la Convención de la CRVMA, que entró en vigor en 1982. A diferencia de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) en vigencia en otras partes del mundo, el objetivo principal de la Convención de la CRVMA, como lo indica su nombre, es la “conservación” de los recursos vivos marinos antárticos. El Artículo II (1) de la Convención establece este objetivo básico. El Artículo II (2) señala que a los efectos de la CCRVMA, el término “conservación” incluye la “utilización racional”. Si bien este término no se encuentra definido en la Convención, se suele emplear en el lenguaje diplomático como forma abreviada para referirse a la explotación de los recursos vivos marinos antárticos. Sin embargo, también se ha descrito en el uso no extractivo de recursos como formas de utilización racional, incluyendo inter alia la conservación de las estructuras y funciones ecológicas a través de la prohibición de la pesca en hábitats de importancia para mamíferos, aves, peces e invertebrados autóctonos; y el mantenimiento de áreas de referencia cerrada a la pesca para discernir mejor los efectos del cambio climático en el ecosistema (EE.UU., 2011:1; CCRVMA, 2011a, párrafo 7.10), si bien esta interpretación de utilización racional genera el rechazo de algunos países pesqueros (párrafo 7.15) . Se ha argumentado también que las AMP son también una parte integral de la utilización racional de los ecosistemas marinos de la Antártida, ya que pueden utilizarse para evitar o minimizar cambios en el ecosistema marino resultantes directa o indirec52

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tamente de la recolección (CCRVMA, 2011b, párrafos 5.15 y 5.16). En todo caso, bajo el Artículo II (3) de la Convención de la CRVMA toda recolección y actividades conexas en la zona del Convenio deberán efectuarse de conformidad con las disposiciones de la Convención y con varios principios importantes de conservación basados en la precaución y el enfoque ecosistémico. El principio de precaución implica que si existe incertidumbre científica acerca del impacto de la pesca en los ecosistemas, los proponentes deben tomar medidas de precaución (como por ejemplo limitar o suspender la pesca) antes de contar con una prueba científica completa del riesgo causado por la recolección. El enfoque ecosistémico requiere que se consideren todas las especies marinas de la región, así como las relaciones entre las distintas especies. (En contraste, las ORP en el resto del mundo tienden a considerar solo las poblaciones objetivo). Como señala Miller (2014:77), “la aplicación operativa del Artículo II de la Convención requiere un equilibrio entre “conservación” y “utilización racional” para asegurar que las relaciones ecológicas existentes entre poblaciones recolectadas, las especies dependientes y afines se mantengan y que las poblaciones mermadas se restauren a niveles donde la productividad biológica es mayor”. La CCRVMA es el primer acuerdo internacional en incorporar enfoques ecosistémicos y precautorios como preceptos básicos para el manejo de los recursos vivos marinos, y ha sido reconocida como la única entidad regional con competencia pesquera que sistemáticamente lleva a cabo una aplicación detallada del enfoque ecosistémico en su gestión (Gascón González y Werner Kinkelin, 2008). Los principales logros de la CCRVMA incluyen: una gestión basada en el enfoque ecosistémico desde 1980; la reducción de mortalidad de aves como resultado de la captura incidental durante la pesca; la adopción de medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y medidas de protección de ecosistemas marinos vulnerables bénticos (CCRVMA, 2012).

En 2002, los gobiernos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible trataron la protección del medio ambiente marino y acordaron, inter alia, el compromiso de establecer “... zonas marinas protegidas de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de información científica, incluso el establecimiento de redes antes de 2012.” (Naciones Unidas, 2002, párrafo 32 (c)). En 2004, la CCRVMA empezó a abordar el tema de las AMP en sus reuniones anuales, y con los años avanzó a través de una serie de talleres, el desarrollo de un proceso de bioregionalización del Oceáno Austral5 previo a la identificación de zonas candidatas como AMP, la adopción de la primera AMP en las Islas Orcadas del Sur en 2009 (Medida de Conservación 91-03), y la aprobación de un marco general para el establecimiento de las AMP de la CCRVMA en 2011 (Medida de Conservación 91-04). Este último instrumento debía de agilizar la adopción de nuevas áreas marinas protegidas. Sin embargo, como se señaló anteriormente, las tres rondas de conversaciones que siguieron entre 2012 y 2013 (y numerosos contactos bilaterales) no pudieron lograr el consenso necesario para adoptar las AMP en consideración. Éstas eran una propuesta de EE.UU. y Nueva Zelanda para una AMP de 1,3 millones de km2 en el Mar de Ross, incluyendo 1,25 millones de km2 totalmente protegidos; y una propuesta de Australia, Francia y el de la UE para una red de AMP en la Antártida oriental de 1,6 millones de km2, donde las actividades de pesca futuras tendrían que aprobarse por consenso6. Después de casi una década de progreso, esta pérdida de dinamismo en las negociaciones no es un buen presagio. 5.¨Se considera una biorregión a una zona que constituye una comunidad ecológica natural con flora fauna y condiciones ambientales características. Dicha zona está delimitada por fronteras naturales en lugar de artificiales.” (Miller 2013: 75 traducción del autor). 6.Una propuesta de la UE para establecer zonas marinas protegidas en zonas anteriormente cubiertas por capas de hielo que se derrumbaron como consecuencia del cambio climático, se debatió por algunos años, pero fue abandonada en 2012 debido a la fuerte oposición de algunos Miembros.

Si bien la CCRVMA logró el consenso para adoptar las Medida de Conservación 91-03 y 91-04, es evidente que algunos Miembros son hostiles al concepto de AMP, en tanto éstas interfieran con la pesca. Por ejemplo, a raíz de la adopción de la primera AMP en el Océano Austral en 2009, al sur de las Islas Orcadas del Sur, Japón declaró que “.... pudo aceptar la propuesta revisada del Reino Unido porque se excluyó el área donde se lleva a cabo la pesca de la propuesta original para no restringir la pesquería”. Además, Japón señaló que este representaba un buen precedente para las futuras deliberaciones sobre el establecimiento de AMP por parte de la Comisión y “...reiteró su esperanza de que cuando se considere el establecimiento de AMP en el futuro, se de la misma consideración a las pesquerías” (CCRVMA, 2009, párrafo 7.4). La República de Corea y Rusia apoyaron esta declaración (párrafo 7.5), mientras que “numerosos miembros rechazaron el concepto expresado por Japón de que las AMP y las actividades de pesca son mutuamente excluyentes. “ (párrafo 7.7). Las concesiones que se han pedido de los proponentes incluyen reducir la superficie total y el número de subáreas de las AMP y limitar su duración por medio de fechas de expiración. Más recientemente, Rusia ha declarado, por medio de varios documentos presentados a la CCRVMA, que no cree en la capacidad jurídica de la misma para adoptar las AMP (CCRVMA, 2013, párrafo 3.18), un concepto que también ha manifestado Ucrania (CCRVMA, 2013 párrafo 3.26). Muchos Miembros han rechazado estas declaraciones, citando entre otras razones las Medidas de Conservación sobre AMP ya aprobadas por la CCRVMA. Como es evidente en estos ejemplos, algunos argumentos usados en la discusión de la CCRVMA parecen contradecir los objetivos básicos de la Convención y su historia temprana, y ponen en duda la vocación conservacionista de algunos Miembros. Rusia y Ucrania han expresado su oposición a las AMP en la forma más estridente, pero han contado con el beneplácito de otros Miembros, particularmente China. No es sorprendente que la mayor oposición a las AMP surja de países con una agenda pesquera estratéecologíaPolítica

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EL debate sobre las áreas marinas protegidas en la Antártida

Figura 2. Pingüinos de Adelia (Pygoscelis adeliae) sobre hielo marino en la region del Mar de Ross (Autor: John Weller)

gica, pero en todo caso debe notarse que algunos de los proponentes son también países pesqueros (Fig. 1). En balance, la CCRVMA, debido a la necesidad de alcanzar consenso, podría estar derivando hacia un régimen de ordenación pesquera que acepta, o tolera, medidas de conservación, siempre y cuando la recolección mantenga la primacía. Como lo señala Brooks (en prensa), desde que la CCRVMA entró en vigencia en 1982 el número de países pesqueros en la Antártida se ha cuadriplicado, en correlación con el aumento de la pesca de austromerluza, y esto puede influir en la posición de países pesqueros con respecto a las áreas marinas protegidas y a otras medidas de conservación. Desde fines de la década del setenta, las ONG ambientalistas, nucleadas bajo la Coalición de la Antártida y el Oceáno Austral (ASOC, en inglés)7 han impulsado la protección del medio ambiente 7. www.asoc.org.

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antártico (Roura, 2007). La Alianza para el Oceáno Austral (AOA)8, formada en 2011 y compuesta por más de 30 organizaciones a nivel mundial, trabaja específicamente para promover la protección del Oceáno Austral por medio de áreas marinas protegidas de la CCRVMA. Estas ONG participan como observadoras en las reuniones de la CCRVMA y han sido testigos de cómo las negociaciones sobre las AMP se han ralentizado. Al cierre de la reunión de CCRVMA XXXII ,el 1 de noviembre de 2013, los representantes de las ONG pidieron a los Miembros que retomaran las negociaciones en 2014 dispuestos a lograr el consenso sobre las dos propuestas de AMP sobre la mesa, allanando así también el camino para futuras propuestas. Los ecologistas también se sintieron obligados a declarar: “Se ha afirmado que las propuestas presentadas no contienen justificaciones científicas suficientes, pero están basadas en décadas de investigación. Algunos se quejan de que estas AMPs interfieren demasiado con la pesca. ASOC no está en contra de la pesca, pero las AMP tienen diferentes objetivos, en consonancia con los objetivos originales de la CCRVMA. Esto crea una situación perversa en la que la designación de las AMP requiere más evidencia de que la apertura de una pesquería. LA CCRVMA siempre se ha enorgullecido de ser algo más que una Organización Regional de Pesca. ¿Debemos concluir que la segunda “C” en CCRVMA representa algo distinto de “conservación”? ¿Tal vez debería llamarse ahora la “Convención para el Consumo de los Recursos Vivos Marinos Antárticos?9”.

Conclusiones Después de casi una década de progreso acumulativo hacia la adopción de áreas marinas protegidas en el Océano Austral, no solo las negociaciones se han frenado, sino que también parecería que la CCRVMA se enfrenta a una crisis de identidad que pone en peligro su misión como organismo de conservación. Esto tendría 8. www.antarcticocean.org. 9. Declaración final de Jim Barnes, jefe de la delegación de ASOC.

Referencias Antarctic Ocean Alliance (AOA), ”Antarctic Ocean Legacy: A vision for circumpolar protection”, 2012. Brooks, Cassandra M (en prensa), “Competing

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En profundidad

implicaciones más amplias para la protección del medio ambiente antártico de acuerdo a los diversos instrumentos del Sistema del Tratado Antártico. En efecto, la protección del medio ambiente antártico, en sentido amplio, se basa en dos pilares: el Protocolo ambiental y la Convención de la CRVMA. El Protocolo trata de algunas cuestiones relativas al mar, tal como la prevención de la contaminación marina, pero el establecimiento de áreas marinas protegidas y la protección de las fuentes de alimento para la fauna marina que se reproduce en tierra y se alimenta en el mar, tales como focas y pingüinos, dependen principalmente de un solo pilar: la Convención de la CRVMA. En forma casi Orwelliana, algunas interpretaciones parecerían implicar que en el Art. II (2) de la Convención, el mandato de “conservación” significa principalmente “utilización racional”, esto es, un eufemismo para la recolección. Si la interpretación e implementación de la Convención de la CRVMA se vuelcan hacia la explotación, su objetivo original se desvirtuaría y, además, se comprometerían algunos de los logros del Protocolo, particularmente en tanto a la protección de la fauna antártica. En este contexto, es hora de que los Miembros de la CCRVMA, en forma individual y colectiva, vuelvan a los orígenes de la Convención, tal y como se comprometieron en 1980, y también desde entonces, antes de que cambie el carácter de este organismo. La conservación y la recolección deben coexistir en el marco de un régimen de gestión de los recursos vivos marinos basado en los enfoques ecosistémicos y precautorios. Un legado de zonas marinas protegidas en el Océano Austral, complementario de otros procesos globales afines, indicaría que la palabra “conservación” en la Convención de la CRVMA no es un concepto vacío de significado, sino una realidad tangible.

DOI: 10.3402/polar.v31i0.11075, 2012. EE.UU. , ”An MPA scenario for the Ross Sea region”, SC-CAMLR-XXX/9 22, 2011. Gascón González, Virginia, Werner Kinkelin, Rodolfo, “La CCRVMA y el kril: Aplicacion del Enfoque Ecosistémico en Aguas Antárticas”, Diplomacia 114, 2008, p. 66-79. Geoff, Mosley, Antarctica: “Our Last Great Wilderness”. Hawthorn, Victoria: Australian Conservation Foundation, 1986. Halpern, B.S., Walbridge, S., Selkoe, K.A., Kappel, C.B., Micheli, F., D’Agrosa, C., Bruno, J.F., Casey, K.S., Ebert, C., Fox, H.E., Fujita, R., Heinemann, D., Lenihan, H.S., Madin, E.M.P., Perry, M.T., Selig, E.R., Spalding, M., Steneck, R., Watson, R., “A global map of human impact on marine ecosystems”, Science 319, 2008, p. 948-951. Knox, George A., “Biology of the Southern Ocean”, Boca Raton: CRC Press., Taylor and Francis Group, 2007. Miller, Denzel, «Antarctic Marine Living resources: “The future is not what it used to be”». In: Tin, T., Liggett, D., Maher, P.T., Lamers, M. (eds.), Antarctic futures: Human Engagement

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Breves Desmercantilización de la biodiversidad: El Banco de Semillas del Milenio de Kew Gardens y la economía política de las semillas Jeff Vance Martin Natura 2000: la gran apuesta de la UE para la conservación de la biodiversidad, ¿frustrada por la crisis? Laura-Patricia Gavilán Iglesias El mecanismo de compensación por pérdida de biodiversidad, ¿una senda hacia la mercantilización de la conservación? Alfred Burballa Nòria Diversidad y biodiversidad como ejercicios de autonomía: alternativas locales ante el impacto de la industria forestal en Chile Marien González-Hidalgo, Martín Fonk y Gabriela Toledo Defendiendo la biodiversidad: resistencia a megaproyectos en América Latina Lucrecia S. Wagner Definiendo la Conservación: el caso del Parque Nacional Iguazú, Argentina Brián Ferrero, Nancy Arizpe y Elías Gomez Inercia política: una amenaza para la conservación de la biodiversidad marina en el Mediterráneo Joan Moranta Mesquida ¿Qué tienen que decir las aves sobre la política pesquera comunitaria? José Manuel Arcos Los enclaves del ‘Uruguay Natural’ en los márgenes del neodesarrollismo. Carlos Santos y Magdalena Chouhy

Desmercantilización de la biodiversidad:

El Banco de Semillas del Milenio de Kew Gardens y la economía política de las semillas Jeff Vance Martin* Traducido por: Francisco Reche Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio1, entre 60 y 100 mil especies de plantas, alrededor de una cuarta parte de todas las conocidas, están en peligro de extinción (Smith, P., et al., 2011), lo que representa una crisis de biodiversidad y hace de la conservación “una carrera a contrarreloj” (Fry, Seddon & Vines, 2011, p.76). Dado que las plantas son esenciales para la vida humana (proporcionan el aire que respiramos, agua potable, alimentos, materiales de producción, etc.), así como una fuente de valor económico actual y potencial (como los productos agrícolas y farmacéuticos, entre otros), su conservación y gestión se han convertido en cuestiones internacionales apremiantes. La bioprospección -el desarrollo de productos médicos, agrícolas, y otros productos industriales basados en los recursos y el conocimiento tradicional de regiones del mundo ricas en biodiversidad- se presentó como una solución: un beneficio mutuo para la conservación, el desarrollo, la gestión eficiente y las ganancias corporativas. La mercantilización del germoplasma, sin embargo, dio lugar a las prolongadas “guerras de semillas”, generando un debate polarizado y lucha político-social sobre la propiedad intelectual, los derechos de los indígenas y la responsabilidad corporativa (Kloppenburg, 2005, p.184). * Estudiante graduado del Departamento de Geografía de la Universidad de California, Berkeley (j.vance.martin@berkeley. edu) http://geography.berkeley.edu/people/person_detail. php?person=434 1. http://www.millenniumassessment.org/

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Los Reales Jardines Botánicos del Reino Unido de Kew pusieron en marcha el Proyecto del Banco de Semillas del Milenio (PBSM) en 2000, y en pocos años se ha convertido en el mayor proyecto de conservación ex situ de plantas en el mundo. En 2009 superó el 10 por ciento de las especies vegetales del mundo2, gracias al impuso de la Alianza del Banco de Semillas del Milenio - ahora una red transnacional de 123 instituciones en 54 países que cuenta con más de mil millones de semillas y más de 30.000 especies en su centro de operaciones en West Sussex. En 2020, el PBSM espera ampliar su colección a un 25 por ciento de la flora mundial a la vez que trata de estimular y facilitar la utilización sostenible de sus colecciones por parte de los investigadores y comunidades de todo el mundo (Fry, Seddon & Vines, 2011; van Slageren, 2003). En paralelo a este crecimiento, es oportuno realizar un análisis crítico de esta experiencia teniendo en cuenta su importancia en la gobernanza de la biodiversidad y su posible relación con la acumulación del capital. Hasta el momento, las perspectiva críticas con la conservación y la gestión de la biodiversidad se han centrado en la bioprospección corporativa como una forma de limitación al acceso y uso, con énfasis en las implicaciones de la mercantilización y al control monopólico (ver Castree, 2003; Flitner de 1999, Hayden, 2003; Kloppenburg, 2010; Shiva, 1998, 2007). El PBSM, sin embargo, presenta un potencial contra-modelo a la mercanti2.http://www.kew.org/news/kew-millennium-seed-bank-partnership-top-banana-celebrate-banking-10-percent.htm

la adquisición de recursos (Shiva, 1998, p.49). Según Kloppenburg (2010) y contra el “desarrollismo verde” defendido por sus partidarios, esta apropiación de germoplasma vegetal se entiende mejor si se conceptualiza como un proceso de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003), una apropiación y limitación del acceso a los bienes comunes de biodiversidad global. La privatización, sin embargo, ha provocado en estos años un “doble movimiento” de oposición (Polanyi, 2001). Por una parte, activistas campesinos, grupos de consumidores, científicos de plantas públicas y políticos del Tercer Mundo comenzaron a cuestionar esta “biopiratería” (Shiva, 1998), haciendo hincapié en la distribución asimétrica de beneficios y la replicación de las relaciones coloniales de poder (véase Katz, 1998; Pearce & Moran, 1994; Shiva, 2007). Por otra parte, los bioprospectores también han visto como deben hacer frente a desafíos internos. Si bien el desarrollo de fármacos “taquilleros” prometió enormes beneficios económicos, el valor de los productos finales obtenidos a partir de la

Breves

lización de la biodiversidad a través de acuerdos internacionales previamente negociados y la promoción de la ciencia pública de semillas, y plantea la necesidad de complejizar los análisis del capitalismo y de la naturaleza más allá de la dinámica de la mercantilización hacia una economía política más amplia de la biodiversidad vegetal. A continuación, se presenta la emergencia del Banco de Semillas del Milenio en el contexto de la crisis mundial de la biodiversidad y bioprospección corporativa. Basándonos en el trabajo de James O’Connor (1998) y Jack Kloppenburg (2005), puede leerse el PBSM como indicativo de un realineamiento del Estado y el capital (cf. Bridge & Perreault, 2009, p.486): un caso de desmercantilización y “bioprospección socializada” que sirve a la prestación continua de biodiversidad vegetal, tanto como necesidad humana como condición necesaria de la acumulación capitalista. Concluyo señalando las oportunidades para la participación política y el avance teórico emergente de tal estructura.

Bioprospección: naturalezas neoliberales y una crisis de gobernabilidad El germoplasma vegetal - la materia prima para la agroindustria y gran parte de la química industrial y médica - con el auge de las tecnologías de ADN recombinante en el siglo XX, se convirtió en una fuente importante de lucro (Kloppenburg , 2005). La biotecnología es la nueva “esclava del capital”, y la bioprospección el medio para ecologíaPolítica

El PBSM: un nuevo modelo para la conservación vegetal

bioprospección es desconocido y la probabilidad de éxito es en sí bastante baja. El aumento de la investigación y los costos regulatorios también redujo los márgenes de beneficio y crearon barreras para la entrada de todos menos para las empresas más grandes (ten Kate & Laird, 1999, p.10-48). Así, a pesar de la tentación de una “fiebre del gen” (Flitner, 1999) y de una necesidad real de desarrollar nuevos cultivos y medicamentos, los problemas de “responsabilidad y gravamen” llevaron a la retirada de muchos agentes empresariales de los procesos de bioprospección (Hayden, 2003, p.231-233; ten Kate & Laird, 1999, p.9). Así pues, estos retos económicos, ecológicos y sociopolíticos interrelacionados presentaron un estancamiento que derivaron en la posibilidad “para una reestructuración profunda” (Kloppenburg, 2005, p.190). Los llamamientos a nuevas definiciones globales, regulaciones e instituciones dieron finalmente lugar a la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 19923. El “híbrido” de la CDB trató de abordar una diversidad de temas a través de su “triple mandato”: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes y un reparto de beneficios justo y equitativo bajo un régimen de soberanía nacional (McAfee, 1999, p.134; ten Kate & Laird, 1999, p.4). De carácter ambicioso y de gran alcance, la CDB no pudo, sin embargo, delinear explícitamente cómo se llevarían a cabo en la práctica las nuevas normas internacionales. 3. http://www.cbd.int/. Para más información, ver Flitner, 1999; Goldman, 1999; Kloppenburg, 2004.

ecologíaPolítica

Los Reales Jardines Botánicos de Kew se fundaron inicialmente para ayudar a la expansión del Imperio Británico como centro de la “botánica económica” y de la “ciencia colonial estatal” en 1800 (Hayden, 2003, p.30; Schiebinger, 2004, p.12). En la década de 1970, sin embargo, en el contexto de la creciente preocupación mundial por la extinción de plantas silvestres, Kew pasó de ser un agente del imperio a un agente de la asociación y la conservación internacional (Fry, Seddon & Vines, 2011, p.184; Prance, 2010, p.501-503). Desde que abrió el Welcome Trust Millennium Building en Wakehurst en el año 2000, el Banco de Semillas del Milenio de Kew ha cosechado ya la atención mundial por el alcance y el éxito de sus esfuerzos de conservación. Siendo un “banco de trabajo”, el PBSM no sólo almacena el germoplasma de cultivos y especies silvestres – su bóveda subterránea es “sin duda el lugar más genéticamente diverso del planeta” (Fry , Seddon & Vines, 2011, p.93) – sino que produce de forma activa “conocimiento sobre plantas públicas”: los rasgos básicos de semillas, las técnicas de germinación y las “mejores prácticas” de almacenamiento son investigadas y documentadas para cada especie almacenada en el banco, una actividad que se complementa con cursos de formación on-line ofrecidos a todo el mundo. Con el fin de apaciguar las sensibilidades y el escepticismo justificables sobre la bioprospección, así como para concretar nuevas reglas de la CDB en la práctica, el PBSM desarrolló procedimientos de acceso y beneficios compartidos (ABC) que eran jurídicamente vinculantes, evitaron la “permeabilidad” de especímenes e información, y promovió ayuda genuina, servicios y creación de capacidad entre sus socios – adelantándose de varias maneras a las sugerencias de Kloppenburg (2010) en la “soberanía de semillas”. Kew tiene todos los materiales “en custodia” para los países socios, en condiciones estrictamente definidas de no comercialización y todos los resultados científicos permanecen en el dominio público4. 4. Para más información sobre las asociaciones y las prácticas del Banco de Semillas del Milenio, véase Fry, Seddon & Vines, 2011; Smith, P. et al., 2011; or http://www.kew.org/science-conservation/save-seed-prosper/millennium-seed-bank/.

La naturaleza provee los insumos esenciales para la producción de mercancías, así como una condición externa necesaria para los procesos de producción capitalista que O’Connor, siguiendo los pasos de Marx, define como “condiciones generales de la producción” (1998, p.149). Así, el capital tiene un doble interés en la biodiversidad: como valor de cambio a través de una futura explotación, y como valor de uso para el mantenimiento de los sistemas de producción y el bienestar humano general. Justificada como una “póliza de seguro” pragmática y prudente y “protectora del futuro” (Fry, Seddon & Vines , 2011), la priorización de especies amenazadas y “útiles” del PBSM también apunta a los intereses de la utilización futura (Fry, Seddon & Vines , 2011, p.25, 44-45). A través de O’Connor, el PBSM se leería como una intervención basada en el Estado para garantizar, tanto la disponibilidad continua de la biodiversidad como condición de la producción, como para amortiguar las amenazas de la oposición sociopolítica (1998, p.148, 164). El mantenimiento de la biodiversidad vegetal a través de su eliminación de la propiedad privada y del mercado de intercambio directo - desmercantilización efectiva - sirve a una práctica científica obstaculizada por leyes restrictivas sobre la propiedad intelectual empresarial (Kloppenburg, 2010) y preserva y crea un “exterior constitutivo” no capitalista (Harvey, 2003, p.141) necesario para el suministro continuo de biodiversidad para el bienestar humano y las necesidades capitalistas sistémicas. El PBSM es entonces un subsidio a las actividades de bioprospección que se consideran demasiado pesadas, largas, o de otra manera no rentables para el sector privado (Kloppenburg, 2005, p.12-39; Pearce & Moran, 1994, p.103; ten Kate & Laird, 1999, p.11-12): no estando limitada por “los parámetros ineludibles de rentabilidad” (Kloppenburg, 2005, p.286), puede llevar a cabo “lo que el capital privado no está dispuesto o es incapaz de hacer “ (Smith, N., 2008, p.71-72), incluido el almacenamiento a

largo plazo, la creación de capacidades científicas y la investigación básica intensiva. El trabajo de Kew representa así la renegociación de una división social del trabajo en torno a la ciencia de la semilla de nuevo hacia el sector público (cf. Kloppenburg, 2005, p.14), una nueva forma de bioprospección socializada.

Conclusión: una vez más la semilla... Este doble movimiento Polanyiano, sin embargo, sigue siendo un “proceso altamente contradictorio” (O’Connor, 1998, p.150-151). Esta es la actividad del PBSM, mientras restringe la mercantilización absoluta y produce beneficios ecológicos y humanos cualitativos sobre el terreno, sigue siendo “ambientalismo en servicio de la expansión mundial del capitalismo” (McAfee, 1999, p.134; cf Goldman, 1999, p.6, 16), como un medio, tanto de estabilización del sistema, como de acumulación para el futuro. Lo público y lo privado no debería verse como algo opuesto, sino como modalidades dentro de un compromiso aún ampliamente capitalista con la naturaleza (cf. Chander & Sunder, 2004). Si la bioprospección corporativa estaba asociada con la mercantilización - penetración del capital en nuevas esferas para subvertir una crisis de sobreacumulación (McCarthy, 2009, p.511, cf. Harvey, 2003), entonces la bioprospección socializada podría estar asociada con la desmercantilización liderada por el Estado para subvertir la crisis de la degradación, o de baja producción de la naturaleza (O’Connor, 1998). El entorno sociopolítico establece los términos iniciales de aceptabilidad para esta nueva era de la gobernanza de la biodiversidad. Si bien la bioprospección socializada aparece como “una condición necesaria pero no suficiente” para el “socialismo ecológico” de O’Connor (1998, p.161), sería a través de las luchas políticas en curso y las alianzas entre científicos públicos y los movimientos sociales (Kloppenburg, 2010) que el PBSM e instituciones similares podrían buscar el cambio verdaderamente progresista, poniendo las necesidades humanas y ambientales por encima de la continua acumulación de capital. ecologíaPolítica

Breves

Las condiciones de producción: la ciencia pública y la economía política

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Natura 2000: la gran apuesta de la UE para la conservación de la biodiversidad, ¿frustrada por la crisis?

La Red Natura 2000 se creó en 1992 a través de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat), en el seno del “Cuarto Programa Ambiental de la Unión Europea”, con el objetivo último de favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, considerando al mismo tiempo las necesidades económicas, sociales y culturales de las distintas regiones europeas. Su filosofía es diferente a la de conservación tradicional, mucho más estricta y excluyente. La Red Natura 2000 apuesta por la transversalización de la protección de la naturaleza dentro de otros sectores económicos para así apostar por un desarrollo racional: actividades económicas sí, pero respetando nuestra herencia natural. De hecho, debería considerarse como un instrumento de ordenación del territorio de carácter transfronterizo, marco de políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas. La Directiva Hábitat establece la obligación de preservar los hábitats y especies de interés comunitario (listados en los correspondientes Anexos I y II), para lo que se designarán y protegerán aquellos lugares que los albergan, que se denominarán LIC (Lugares de Interés Comunitario) y se implementarán las medidas de conservación necesarias para mantener o restaurar estos hábitat y especies en un estado de conservación favorable. Tras la designación de los LIC, los Estados miembros cuentan con un plazo de 6 años para redactar instrumentos de gestión que expongan los objetivos de conservación propuestos para cada * Ecologistas en Acción (laurapgavilan@gmail.com)

hábitat y especie de interés y desarrollen medidas encaminadas a la consecución de estos objetivos con el fin último de lograr un estado de conservación favorable. A partir del momento en el que un LIC cuenta con un plan de gestión, se designará como ZEC (Zona de Especial Conservación). La Directiva Hábitat incluye también los espacios designados por la Directiva 79/409/CEE (Directiva de Aves, en la actualidad Directiva 2009/147/CE), las conocidas ZEPA (Zonas de Especial Protección para Aves), y les confiere el mismo estado de protección. El conjunto de ZEC y ZEPA conforman la Red Natura 2000.

Breves

Laura-Patricia Gavilán Iglesias*

La Red Natura 2000 y su relación con los objetivos de biodiversidad europeos La completa implementación de la Red constituye la piedra angular de las políticas de biodiversidad de la Unión Europea y es, por tanto, el primer objetivo de la Estrategia de Biodiversidad 2011-2020 para detener la pérdida de biodiversidad y frenar la degradación de nuestros ecosistemas. La Estrategia Europea1, basándonos en los resultados publicados por el ETC-BD (European Topic Centre on Biological Diversity) 2 según los cuales en 2010 sólo el 17% de los 1. http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/ brochures/2020 Biod brochure final lowres.pdf 2. COM(2009). Informe de síntesis sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats.

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hábitat y las especies y el 52% de las aves presentaban un estado de conservación favorable, dispone que para el 2020 el 34% de los hábitat valorados, el 26% de las especies y el 80% de las aves muestren una mejora en su estado de conservación. El alcance de la Red Natura 2000 transciende la escena europea al repercutir en el cumplimiento de compromisos internacionales firmados por la Unión Europea y el Estado español, como son las Metas de Aichi3 formuladas desde el Convenio de Diversidad Biológica. Directamente, la Red Natura 2000 contribuye a la consecución de los meta 11: “para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservarán por medio de sistemas de áreas protegidas gestionadas de manera eficaz y equitativa, y serán ecológicamente representativas y bien conectadas e integradas en paisajes terrestres y marinos más amplios”, y la meta 12: “para el 2020 se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive”.

La Red Natura 2000 en números En la actualidad, la Red Natura 2000 es la red de espacios protegidos más extensa del mundo, cuenta con más de 985.700 km² 4y todavía está en proceso de expansión, fundamentalmente en el medio marino (217.465 km² marinos) que supone sólo un 22% de la Red. Centrándonos en España, más del 27 % del territorio terrestre está integrado en la Red, algo más de 137.500 km² terrestres y 10.103 km² marinos, distribuidos en 1.448 LIC (272 ya designados como ZEC) y 598 ZEPA repartidas por las Regiones Biogeográficas Mediterránea, Atlántica, Alpina y Macaronésica. Estas cifras hacen 3. Decisión X/2. Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 4. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/

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que el Estado español sea el que mayor superficie aporta a la Red, lo que resulta lógico conociendo la riqueza natural de nuestro país. España alberga 118 hábitats de interés comunitario (Anexo I), 263 especies de interés comunitario (Anexo II) y 125 especies de aves del Anexo I de la Directiva de Aves están presentes en España5. El siguiente cuadro compara el número de hábitat y especies (Anexos II, III y IV) presentes en cada Estado miembro6. Como puede observarse, España es el país que alberga más especies de interés comunitario (Anexo II) y especies de interés comunitario que requieren una protección estricta (Anexo IV). Las especies del Anexo V son aquellas especies de interés comunitarios cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. Respecto al estado de conservación de estos hábitat y especies, en el último ejercicio de evaluación del artículo 177 de la Directiva Hábitat publicado en 20098, en España puede apreciarse un alto porcentaje de hábitat y especies que todavía tiene un estatus de conservación desconocido y un bajo porcentaje con un estado de conservación favorable. Lógicamente, estas cifras hacen que España deba hacer un mayor esfuerzo para gestionar e implementar las Directivas de Naturaleza (Directiva Hábitat y Directiva Aves).

5. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_ IC_aves.aspx 6. b_Habitats_and_species _covered_by_the_Art_17_report_version 1.pdf 7. Los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las disposiciones, en particular incluye información sobre las medidas de conservación a que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales resultados de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. 8. Composite Report on the Conservation Status of Habitat Types and Species as required under Article 17 of the Habitats Directive.

HABITATS Anexo I

ESPECIES Anexo II

Anexo IV Anexo V

¿Pero está realmente España esforzándose para cumplir con sus obligaciones? No lo suficiente teniendo en cuenta que la gestión de los espacios Natura 2000 es uno de los principales desafíos para la conservación de la biodiversidad en España, ya que el 86% del territorio protegido coincide con la Red Natura 2000 9. Sin una adecuada implementación de las Directivas, España fallará en detener la destrucción de nuestra biodiversidad y contribuirá al fracaso a escala europea. Ni las Comunidades Autónomas ni la Administración General del Estado (responsable de los espacios pertenecientes al Ministerio de Defensa y lugares marinos situados fuera de aguas interiores) han mostrado el suficiente interés en la implementación de las Directivas, prueba de ello es que desde 2007 España debería haber empezado a declarar ZEC y aprobar los correspondientes planes de gestión y, sin embargo, más de 20 años después del nacimiento de la Directiva Hábitats y superados todos los plazos establecidos, España no cuenta ni con un 20% de ZEC declaradas. Esto supone que más del 80% de los LIC y el 95% de ZEPA carecen de una protección efecti-

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ESTADO

9. Informe 2011 sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España.

HABITATS

ESPECIES

FV - Favorable

U2 - Desfavorable - malo

U1 - Desfavorable - inadecuado

xx - Desconocido

NA - Sin información

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va. Además, Ecologistas en Acción estima que de los ZEC designados un 18% no tienen aprobado el correspondiente plan de gestión y en muchos casos estos planes son inadecuados, ya que carecen de objetivos de conservación específicos o no adoptan medidas para la conservación de todas las especies y hábitat que motivaron su protección. Por ejemplo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEC de los encinares y pinares de los ríos Alberche y Cofio (Comunidad de Madrid), que no incluye objetivos específicos para la conservación de la ZEC, no reconoce la existencia de múltiples especies que fueron el motivo de su declaración como LIC, y que considera compatibles, entre otros usos, la construcción de campos de golf en casi el 60% de la superficie. La Comisión Europea considera que muchos hábitat y especies no están todavía suficientemente bien representadas en España, por ello señala que deberían declararse más LIC que alberguen 11 hábitat y 12 especies comunitarias10, la mayoría de los cuáles son marinos, lo que no es sorprendente debido a la escasa cobertura de la Red Natura 2000 marina en España y a la ausencia de información sobre la distribución y abundancia de estos tipos de hábitat y de especies de interés comunitario. La Red marina parece que experimentará un fuerte empuje cuando termine a finales de 2013 el Proyecto INDEMARES (“Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del estado Español”) 11. Otro dato bastante evidente de la falta de compromiso general a la hora de implementar las Directivas son las sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Reino de España y la inacción de muchas CCAA de ejecutar estas sentencias. Por citar algún ejemplo, la sentencia sobre la evaluación de las repercusiones de los proyectos de duplicación y/o acondicionamiento de la carretera M501 ( C-560/08) todavía no ha empezado a ejecutarse.

10. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_espana.aspx 11. http://www.indemares.es/

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¿ Un reto frustrado por la crisis? En una encuesta hecha por Ecologistas en Acción en 2011 para contribuir a un estudio impulsado desde el European Environmental Bureau sobre la gestión de la Red Natura 2000 en Europa, las CCAA reportaban falta de medios económicos y humanos para dedicarse exclusivamente a la Red Natura 2000. En este informe, la mayoría de Estados miembros aseguran que para la Red Natura 2000 prima la financiación comunitaria sobre la estatal, y denunciaban que la falta de medios está afectando fundamentalmente a las labores de gestión de lugares, a la vigilancia y al monitoreo12. El Reino de España presentó a finales de 2012 a la Comisión Europea sus necesidades presupuestarias de cara a la cofinanciación en el período 2014- 2020. En el marco de acción prioritaria exponía sus objetivos y prioridades, entre ellos destacaban las necesidades de actuación en ecosistemas agrarios, forestales, azonales, fluviales y palustres, costeros y marinos, las lagunas de conocimientos sobre la biodiversidad marina y sobre los hábitats y especies con estado de conservación desconocido, la restauración de hábitats, los aprovechamientos forestales y agrícolas sostenibles, la mejora de la conectividad ecológica, la restauración del régimen hidrológico y caudales ecológicos, la adquisición de tierras de alto valor ecológico y la pesca sostenible. Parece que están claras las necesidades de actuación en la Red Natura 2000, sin embargo a nivel estatal, o a España se le ha olvidado lo propuesto o sufrimos una esquizofrenia preocupante. Analizando los últimos movimientos políticos en materia de biodiversidad nos encontramos con una dirección opuesta a las prioridades planteadas, con cambios en la ley de evaluación de impacto ambiental, en la ley de costas, nuevos planes de las demarcaciones hidrográficas, una Política Agraria Comunitaria (PAC) cada vez más marrón en vez de verde, una apuesta por la flota pesquera industrial frente la artesanal, etc. 12. Where there is a will there is a way. Snapshot report of Natura 2000 management. Diciembre 2011.

turas y trasvases como cuenca receptora, para así también recuperar las Tablas de Daimiel en vez de centrarse únicamente en la recuperación del acuífero y de los ríos que la alimentan y en la disminución de las extracciones subterráneas. Los Planes de las Demarcaciones Hidrológicas no sólo no están cumpliendo las expectativas, sino que están siendo un gran revés a la coherencia y conectividad de la Red Natura 2000 porque no inciden lo suficiente en la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los sistemas fluviales o en el establecimiento de los caudales ecológicos que permitan mantener la funcionalidad ecológica de los hábitats y especies (áreas de reproducción, cría, alimentación y descanso) de interés comunitario. Otro reto al que se enfrenta la Red Natura 2000 en España es el de mejorar los hábitats y especies ligados a sistemas agrarios, objetivo que debería estar incluido en todos los planes de gestión de los lugares con este tipo de ecosistemas. Resulta necesario identificar e incentivar adecuadamente las prácticas agrarias beneficiosas para poder beneficiarse de las oportunidades de financiación comunitaria. El argumento que respalda estas decisiones no podía ser otro que la falta de presupuesto en un escenario de crisis, sin embargo, como en otras políticas estatales, la crisis no es más que el contexto perfecto para instaurar la falta de compromiso con la implementación de la legislación y avanzar hacia la desprotección y privatización de la naturaleza. La crisis está excusando la falta de voluntad, que ya llevaba años produciéndose, y le proporciona un marco socioeconómico idóneo para desproteger lo público, y establecer un status quo a la situación mientras se mantiene anclada la línea de favorecer los intereses de ciertos sectores privados. Nosotros nos reiteramos: no es una crisis, es una estafa.

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Breves

La Directiva Hábitat establece que cualquier plan o programa que pueda afectar de manera significativa a los objetivos de conservación de un lugar deberá ser objeto de una evaluación apropiada. En España, las evaluaciones de impacto ambiental suelen caracterizarse por la falta de independencia de los redactores y en ocasiones presentan estudios de baja calidad técnica, lo que origina falta de conocimientos sobre los impactos reales de los proyectos, sus impactos acumulativos y, en general, sobre la coherencia global de la Red Natura 2000. Las medidas compensatorias tampoco se diseñan siempre de forma adecuada ni responden al principio de compensar los daños producidos a hábitats o especies y las labores de vigilancia y seguimiento caen pronto en el olvido. Todo esto repercute en la eficacia de las evaluaciones y ralentiza los trámites. Está claro que se necesita mejorar en este ámbito, pero las últimas modificaciones presentadas a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental están lejos de solucionar estas carencias, sólo abren la puerta a la comercialización de la naturaleza mediante bancos de conservación y al uso de créditos de conservación como otra forma de medidas correctoras. Otra vuelta de tuerca desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los planes de demarcaciones presentados. A pesar de las sensibles condiciones de los ecosistemas hídricos peninsulares, los Planes de las Demarcaciones Hidrológicos no tienen suficientemente en consideración la Red Natura 2000 y desentierran antiguos fantasmas de gran impacto ecológico. No puede explicarse como el Plan del Ebro se plantea la construcción de nuevos embalses como medida ambiental para mantener los caudales ecológicos, o como los Planes del Guadiana plantean incrementar la superficie de regadío gracias a nuevas infraestruc-

El mecanismo de compensación por pérdida de biodiversidad, ¿una senda hacia la mercantilización de la conservación? Alfred Burballa Nòria*

El presente artículo trata de analizar el mecanismo compensatorio de pérdida de biodiversidad aportando las visiones de distintos agentes que se han expresado sobre el mismo: organizaciones pro justicia ambiental, gestores o promotores de la iniciativa y académicos. Diversas organizaciones para la justicia ambiental ya lo tienen claro: dicho mecanismo no evita la pérdida de biodiversidad y perjudica a las comunidades. Además, la propia operación que se diseñe con objetivo de compensar tal pérdida puede causar aún mayores daños a la biodiversidad. De hecho, varias organizaciones de todo el mundo -más de 60- críticas con el mecanismo, han elaborado un manifiesto1 oponiéndose al susodicho (ver también sección Redes de resistencia de éste monográfico). El manifiesto fue presentado junto con varias acciones, además de la celebración de un contra-foro sobre “natural commons” (recursos naturales comunes) el pasado noviembre de 2013 en Edimburgo. Pero, ¿en qué consiste exactamente tal instrumento? También conocido primero como habitat banking (bancos de hábitat) y luego biodiversity offsetting, esta iniciativa persigue compensar los daños ambientales ocasionados por determinados proyectos u obras. Su origen se remonta a Estados Unidos, con leyes como la “Clean Water Act” o la “Endagered Species Act” que obligaban

a la no pérdida neta de ecosistemas acuáticos o especies en peligro de extinción (Ecologistas en Acción, 2011). Su base legal en Europa reside en la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y la reparación de daños medioambientales, traspuesta al ordenamiento jurídico español en 2007. No obstante, su uso no está muy extendido a día de hoy; de hecho, la estrategia de la UE sobre la biodiversidad 20202 se hace eco de que la Comisión trabaja para proponer en 2015 una iniciativa que evite la pérdida neta de ecosistemas y servicios ecosistémicos mediante el uso, por ejemplo, de sistemas de compensación. Su funcionamiento se basa en la creación de un supuesto valor ambiental correspondiente -como mínimo- a la afectación del proyecto u obra a ejecutar, de modo que se registre una compensación ambiental por el deterioro causado. Un término clave con referencia al objetivo final del instrumento es la “no pérdida neta” (no net loss) o el beneficio neto, en términos de biodiversidad, lo que significa que, en un hipotético cómputo final (biodiversidad generada - biodiversidad perdida) el saldo debería ser siempre positivo3.

* Colaborador de EJOLT (aburballanoria@gmail.com) 1. El manifesto y los firmantes están disponibles en la siguiente página web: http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/ espanol/

2. http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/ comm2006/2020.htm 3. The Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP – http://bbop.forest-trends.org/)

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Presentado el concepto, pasemos a analizar las descripciones, evaluaciones y críticas que se han hecho del habitat banking o biodiversity offsetting. En primer lugar, es fácil encontrar diversos artículos elaborados por autores vinculados a empresas gestoras de iniciativas de compensación que obviamente lo presentan como algo de lo más útil en términos de sostenibilidad y mejora ambiental y paisajística. Así pues, un artículo de The Guardian4 firmado por D. Hill y R. Gillespie -presidente y director ejecutivo respectivamente de Environment Bank Ltd- afirma que el habitat banking no es en ningún caso una “ licencia para destruir”, ya que el sistema operará teniendo en cuenta aquellos espacios reconocidos y protegidos según la política vigente. Más allá de que se apresuren a decir lo que no es, destaca el enfoque económico-monetarista respecto al medio ambiente que se desprende en todo momento: mención del valor de 3bn de dólares del banco de mitigación de humedales en 2008 en los USA y definición del mecanismo como “una oportunidad para aplicar una conservación basada en el mercado”. Finalmente, menciona que la herramienta funcionó de forma eficaz en USA durante dos décadas, sin aportar referencia o dato alguno. Es CEEweb for biodiversity quien pone un poco de luz en el asunto con una recopilación de literatura crítica5 sobre el mecanismo -parte de ella referente a los USA- en la que se da detalle, entre otros aspectos, de las siguientes problemáticas: un déficit en el seguimiento post-proyecto, una tendencia a la simplificación en las evaluaciones y una excesiva priorización de la compensación respecto a eludir o minimizar daños ambientales. En la misma línea, D. Álvarez García e I. González Alcalde, promotores de la iniciativa española “Mercados de medio ambiente” en un artículo publicado en Ecosystem Marketplace6, subrayan la necesidad de “un cambio en el para-

digma actual que permite a todos evaluar los impactos ambientales en términos ecológicos y no económicos pero con escasa efectividad ecológica”. Insistencia nuevamente, en el enfoque de evaluación económico-monetarista y mención de una supuesta escasa efectividad ecológica sin justificar de modo alguno tal afirmación. Por otro lado, existen las opiniones contrarias al mecanismo que en buena parte recogen los impulsores del manifiesto mencionado al comienzo del presente artículo. Uno de los principales argumentos que se usan es que la naturaleza, como algo específico y complejo, no es algo que se pueda trasplantar de un sitio a otro como quien, pongamos por ejemplo, expropia viviendas y las ofrece en otro lugar. Este hecho, añade, al menos, cierta complejidad al instrumento, ya que no sería coser y cantar contabilizar el valor de la biodiversidad eliminada en un sitio para poderla reemplazar en otro. Así lo apunta una representante de Friends of the Earth según recogía el periódico The Guardian7 en una noticia que se hacía eco de una mayor variedad de sensibilidades que el anterior artículo citado. De hecho, el mismo título recoge la opinión de los ambientalistas de que sí se podría tratar de una “licencia para arrasar naturaleza” con referencia a determinados planes de desarrollo urbanístico del Gobierno. También se citan las opiniones de dos miembros de la Woodland Trust y de la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), dos ONG ambientales. Por un lado, el de la primera afirma que “es crítico que el proyecto compensatorio se ejecute en el área local donde se produjo la afectación”, mientras que el de la segunda sanciona que “se puede tratar de una herramienta útil una vez el resto de opciones han sido descartadas; sin embargo, es de gran dificultad llevarlo a cabo correctamente, siendo mucho más seguro mantener los hábitats salvajes donde están [...]”. Desde Ecologistas en Acción8 señalan más riesgos a tener en cuenta con relación al mercado de activos naturales generado

4. 16/11/2009. Habitat banking is the future of nature conservation in the UK. 5. http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/Critical-review-of-biodiversity-offsets_for-IEEP_Final.pdf 6. 18/06/2013. Habitat Banking In Spain: Moving Towards The Future.

7. 05/09/2013. Biodiversity offsetting proposals ‘a licence to trash nature’. 8. 19/04 y 30/08 de 2013. “La ley de impacto ambiental esconde la mercantilización de la biodiversidad” y “Pasos atrás en la evaluación ambiental.”

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Distintas visiones del mecanismo

por el instrumento, dado que se abre la puerta a una posible especulación con los mismos, al igual que sucedió con el comercio de los derechos de emisión de carbono. Otros argumentos esgrimidos realzan el perjuicio a comunidades locales y se hallan igualmente recogidos en el manifiesto señalando vínculos de profundas raíces históricas y culturales entre dichas comunidades y los ecosistemas que las sustentan. Se considera, por lo tanto, que en ningún caso se podría recrear de inmediato un escenario semejante al existente previo deterioro. También se citan ejemplos donde, a juicio suyo, el mecanismo ha dejado mucho que desear. En la Bretaña francesa, donde en el marco de la construcción de un nuevo aeropuerto, el plan de compensación no ha generado satisfacción alguna, el gobierno ha invalidado dicha propuesta (por considerar incorrecta la metodología usada) terminando el asunto, al parecer, en manos de la Comisión Europea. Por otra parte, en el nordeste de Inglaterra, donde un proyecto de construcción de más de 300 viviendas ha sido aprobado gracias a la posibilidad de compensación del daño ambiental9.

¿Y el mundo académico? Intentemos ahora indagar en vertientes académicas. Según E. Gerebizza, miembro de la organización italiana Re: common -entidad firmante del manifiesto- hay una mayoría de autores que propugnan las bondades de la expansión del mercado mediante el uso de tal mecanismo. Es por ésta razón y porque ya se han recogido sus argumentos anteriormente, que aquí no se analizan artículos académicos de tal idiosincrasia. Maron et al. (2012) analizan la utilización de la restauración ecológica asociada al mecanismo de compensación por perdida de biodiversidad, destacando que se trata de un campo científico con todavía mucho camino por recorrer y cuyo éxito, usado tal contexto, se halla limitado por 3 factores: dificultad en medir el valor en biodiversidad a reponer, incertidumbre en los resultados de la restauración o similar, e influencia 9. http://saveourwoods.co.uk/articles/nppf/biodiversity-offsetting-permits-previously-rejected-housing-development/

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de los intervalos temporales. Consecuentemente, recomiendan férrea colaboración entre gestores y expertos en restauración ecológica y sugieren emplear únicamente la restauración para compensar la biodiversidad cuando se den tres condiciones: (I) que los impactos a la biodiversidad y los ecosistemas puedan ser explícitamente definidos y mesurados; (II) que haya suficiente evidencia demostrada de que la restauración de los valores en cuestión es factible, y (III) que en el cómputo pérdidas-ganancias se deben considerar los intervalos de tiempo y las incertidumbres, y dichos intervalos de tiempo no supongan en sí una amenaza provisional respecto a la continuidad del valor compensado. Analizando los marcos de aplicación de la herramienta McKenney & Kiesecke (2010) se constatan las debilidades ya mencionadas anteriormente y remarcan la necesidad de consolidar la jerarquía de actuación (no afectación - mitigación - compensación) como primer punto en la toma de decisiones. Por su parte, sugieren un marco de aplicación del instrumento en base a 3 puntos: (I) adicionalidad (el grado en que la compensación proporciona valor añadido a la conservación), (II) probabilidad de consecución de los beneficios de conservación previstos, y (III) tiempo de alcance de la madurez ecológica (o un nivel de madurez similar al que se perdió debido al impacto). Asimismo, no se olvidan de los perjuicios potenciales para comunidades cuyo sustento se halle íntimamente ligado al ecosistema en el que habitan. Bekessy et al. (2010) van un paso más allá, proponiendo un biodiversity savings bank (podría definirse como una caja de ahorros de la biodiversidad) haciendo hincapié en que nunca debería funcionar como un banco de crédito; en otras palabras, para poder proceder en una determinada afectación, primero habría que haberse creado el valor equivalente en biodiversidad. Previa autorización de cada operación, se llevaría a cabo un análisis exhaustivo para determinar que el saldo sigue siendo positivo en cuanto a beneficios para el medio ambiente.

Identificar Identificar los valores de la biodiversidad Evitar Evitar los impactos de los valores de la biodiversidad identificada Mitigar

Compensar Compensar impactos que no pueden ser evitados o mitigados

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Cuando no sea posible evitar, implementar medidas de mitigación para reducir la severidad del impacto

Figura 1. Jerarquía de la mitigación. ¿Pero quién y bajo qué conceptos decide que un impacto es inevitable? (Fuente: www.ipieca.org) En general, los artículos académicos comentados analizan la herramienta en cuestión desde un cierta ortodoxia de la ciencia de la ecología, reconociendo a la vez la existencia de los riesgos que denuncian las entidades firmantes del manifiesto. En ningún momento se decantan por su abolición, si bien es innegable que reclaman máxima meticulosidad en su aplicación subrayando en todo momento sus complicaciones técnicas y la necesidad por priorizar la no afectación, o en su detrimento, la mitigación. En cuanto al biodiversity savings bank, aunque se insista en que no debe funcionar como un banco de crédito, innegablemente incentiva una visión mercantilista de los hábitats y ecosistemas y es de hecho un escenario criticado por el primero de los artículos académicos tratados (Maron et al., 2012) puesto que alentaría a aquellos que ahora promueven una gestión por encima del llamado “duty of care ” (deber de cuidado) a intentar sacar provecho de ello aunque eso significase daño ambiental en otra parte y erosionando así estos “beneficios medioambientales extras”. Es imprescindible, antes de terminar, tratar la enmienda a la totalidad al mecanismo que hace Sullivan (2013) también desde el ámbito académico y con un análisis más en la línea de

la ecología política, ya que integra en él factores ecológicos, políticos, económicos y sociales. En un primer lugar, desgrana los pilares sobre los que se sustenta el instrumento y mientras lo hace apunta a la subjetividad de definir un daño ambiental como inevitable para que luego requiera el uso del mecanismo de compensación; y es que, ¿quién y dónde lo decide? Hay que entender, pues, que “la apuesta por este tipo de herramientas se produce en un determinado contexto, bajo una determinada terminología y con unas dinámicas de poder que favorecen tales decisiones”. Es muy ilustrativo igualmente el caso de estudio que utiliza relacionando en un todo dos ejemplos en los que se estudia aplicar la compensación y que además están relacionados entre sí: de un lado, la construcción de un nuevo reactor nuclear en Inglaterra, por el otro las implicaciones de la extracción de uranio -que será utilizado por el reactor- en Namibia, y cómo las compensaciones en biodiversidad son usadas, en su opinión, como un “lavado verde”. Redondea su disertación recurriendo a la figura de Polanyi -ampliamente recordada en el anterior número de Ecología Política- y su concepto de “mercancías ficticias” en el que, a su parecer, cabría añadir las compensaciones por pérdida de ecologíaPolítica

Figura 2. Viñeta anunciando el Contra-Foro en recursos naturales comunes en Edimburgo (Fuente: Save Our Woods)

biodiversidad, producto de la “commodification” de la naturaleza.

A modo de conclusión A la luz de lo expuesto, parece razonable recelar de la capacidad de la herramienta en cuestión para evitar la pérdida de biodiversidad, dado que no existe certeza inequívoca que el mercado asigne un precio mayor a los ecosistemas ecológicamente más valiosos y de tal manera reduzca los impactos en éstos sitios trasladándolos a otros emplazamientos de menor valúa. Queda fuera de toda duda que los avaladores de la iniciativa siguen teniendo en su imaginario un mundo y una sociedad regidos por los designios del mercado y donde sigue primando el crecimiento económico como finalidad última y por encima de todo, por lo que dar un precio de salida a un hábitat, una especie o un ecosistema no es sino un trámite más en pos de la tan ansiada eficiencia. Igualmente, se han dibujado los límites de la ecología estricta a la hora de dilucidar y poner en tela de juicio los cimientos más profundos sobre los que se quiere asentar el mecanismo de compensación de pérdida de biodiversidad. Y aquí es donde el campo de la ecología política entra en acción con su tarea de exploración de los distintos niveles de conexiones entre procesos locales y glo72

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bales, no solo en el campo ambiental, sino en el de la toma de decisiones y de relaciones de poder (Adger et al., 2001). Bajo esta óptica, es posible afirmar que no es casual el planteamiento de tal herramienta en base a un determinado modelo de desarrollo y con el mercado como elemento central viniendo de quien viene. Que el mercado presenta dificultades para valorar correctamente ciertos elementos, por ejemplo hábitats y ecosistemas (se ha insistido en la dificultad de medirlo, no ya en términos económicos, sino en métricas ecosistémicas), es de sobra conocido. Parece sensato, pues, sugerir que la senda a seguir no es el de la expansión del mercado vía “activos ambientales”, sino el de la superación de la concepción hegemónica del mercado como único árbitro válido de un juego con el crecimiento como meta.

Referencias Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K., Svarstad, H., “Advancing a Political Ecology of Global Environmental Discourses”, Development and Change, 32, 2001, p. 681–715. Bekessy, S.A., Wintle, B.A., Lindenmayer, D.B., McCarthy, M.A., Colyvan, M.,Burgman, M.A., Possingham, H.P., “The biodiversity bank cannot be a lending bank”, Conserv. Lett. 3, 2010, p. 151–158. Ecologistas en Accion, 2011, “Conclusiones del Seminario sobre la valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos”. Maron M., Hobbs, R. J., Moilanen A., Matthews, J. W., Christie, K., Gardner, T. A., Keith, D. A., Lindenmayer, D. B., McAlpine, C. A., “Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset polizie”, Biological Conservation 155, 2012, p. 141–148. McKenney, B.A., Kiesecker, J.M., “Policy development for biodiversity offsets: a review of offset frameworks”, Environ Manage, 45, 2010, p. 165–176. Sullivan, S., “After the green rush? Biodiversity offsets, uranium power and the ‘calculus of casualties’ in greening growth”, Human Geography, Vol. 6, num. 1, 2013.

Diversidad y biodiversidad como ejercicios de autonomía: alternativas locales ante el impacto de la industria forestal en Chile

En el año 2011, las exportaciones forestales de Chile supusieron más de 5 mil millones de dólares, constituidas principalmente por astillas, papel y madera aserrada (INFOR, 2012). Esta generación de capital económico es posible gracias a más de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente de Pinus Radiata y Eucaliptus Globulus, que ocupan las regiones del Centro y Sur del país. Este sistema de desarrollo forestal, basado en plantaciones exóticas privadas, fue impulsado durante la dictadura militar a través de la promulgación del Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, en 1974. El DL 701 ha supuesto importantes incentivos para grandes empresas forestales, como son los holdings de los grupos Arauco, CMPC y Masisa, que en 2007 acumulaban un 62% de las exportaciones forestales (Fundación Sol, 2007). Estos tres grupos dominan toda la cadena de producción y comercialización y expanden sus negocios en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y México, entre otros. Todo esto para poder sostener las necesidades de pulpa de papel y madera de China, Estados Unidos o Japón, principalmente.

* Autora principal, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, ENTITLE (mariengonzalez@uchilefau.cl) ** Pontificia Universidad Católica de Chile (mfonck1@uc.cl) *** Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile (gtoledor@uc.cl)

Impactos socioambientales del modelo forestal en Chile

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Marien González-Hidalgo*, Martín Fonk** y Gabriela Toledo***

Los impactos de la industria forestal a base de plantaciones han sido documentados por numerosos colectivos y comunidades (WRM, 2004) y el caso chileno no es una excepción (Frêne y Núñez, 2010). A escala regional y local, la entrada y permanencia de la industria forestal ha supuesto grandes transformaciones territoriales y socioambientales, siendo una de las principales causas de sustitución de bosque nativo (Echeverría et al., 2006). A pesar de las promesas de “desarrollo” para las comunidades, la industria extractiva forestal en Chile no ha conseguido el desarrollo que prometía. En particular, las cuatro regiones con mayor desarrollo forestal tienen los Índices de Desarrollo Humano más bajos (PNUD, 2008) y las comunas con principal actividad productiva, la forestal, en las regiones de la Araucanía y el Biobío, tienen un alto índice de pobreza, alcanzando el 26% (162.137 personas), casi el doble del promedio nacional (RIMISP, 2010 en Frêne y Núñez, 2010). Las plantaciones forestales en Chile son principalmente rechazadas por colectivos Mapuche (el mayor grupo indígena del país) por asentarse en sus territorios ancestrales, y las comunidades campesinas alertan también de impactos en su soberanía alimentaria, como el acceso a productos forestales no madereros y calidad y cantidad de agua (Armesto et al., 2001). Así mismo, varios colectivos ecologistas denuncian las malas prácticas de ecologíaPolítica

las empresas, como la tala rasa, la substitución de bosque nativo por plantaciones y los impactos ambientales de las plantas de celulosa.

¿Qué había antes de las plantaciones? Donde ahora domina el monocultivo, hubo antes bosque nativo, con especies del bosque templado como las del género Nothofagus (hualle, raulí, coigüe, lenga) y otras destacadas como la Araucaria (pehuén) y el canelo (Drimys winteri). Sin embargo, en algunos lugares, antes de la llegada de las plantaciones forestales, las sucesivas colonizaciones desde países europeos transformaron el paisaje, siendo estos dominados por el cultivo de trigo y la ganadería extensiva (Armesto et al., 1994). La alta degradación de algunos suelos por estas prácticas fue utilizada para justificar las plantaciones en pos de la recuperación de los suelos. En 1998, el D.L. 701 fue modificado restringiendo los incentivos a plantaciones solo a pequeños y medianos propietarios. Esta medida fue impulsada como motor de desarrollo económico de las personas en dichos territorios. Sin embargo, su contribución al desarrollo económico es cuestionada y está siendo actualmente evaluada, mientras en el congreso se está discutiendo su prolongación por 40 años más. ¿Quieren los pequeños propietarios más plantaciones forestales? ¿Cómo se viven las relaciones con las plantaciones y con el bosque nativo? En este artículo reflexionamos a partir de la experiencia de terreno en Septiembre de 2013, en las comunas de Contulmo (Región del Biobío) y Nueva Imperial (Región de la Araucanía), donde pudimos conversar y compartir prácticas con varios pequeños propietarios/as de bosques nativos y bosques mixtos.

¿Quién permanece en los territorios? Recorrer los territorios plantados con grandes extensiones de pinos y eucaliptos es encontrarse con la ausencia de las personas que decidieron marchar: entre otros factores, el monocultivo forestal, en su avance, ha implicado la emigración hacia zonas 74

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urbanas (Melo et al., 2006). Por un lado, están quienes han vendido sus terrenos a las forestales en el intento por mejorar su calidad de vida, existiendo casos de pequeños propietarios forestales que marchan a vivir a la ciudad desde donde cobrar las rentas que les proporciona la plantación. Por otro, principalmente las personas jóvenes, que ante la escasez de posibilidades locales, marchan a estudiar o a buscar trabajo. Así, quien se queda en el territorio, lo hace de manera consciente a pesar de que no expresen una vida fácil. En general, frente al éxito con que se reporta el desarrollo forestal en Chile -afirmación que ha sido corroborado por pequeños propietarios que relacionan dicho fenómeno con la entrada de ingresos a las localidades-, existen propietarios forestales que, desde otro punto de vista, expresan estar en una situación de vulnerabilidad. Esta última perspectiva supone que la permanencia (o resistencia en algunos casos) en el territorio, a pesar de las transformaciones productivas, se desarrolle a través de prácticas relacionadas a la autodependencia o autonomía ecológica. Así mismo, las personas que permanecen mantienen sus prácticas culturales. En este sentido, el “progreso” no ha modificado sustancialmente la forma de sustento en los territorios (aunque sí la de quienes se marcharon) y las formas de permanecer son diversas: ganadería, huerta, bosque nativo y exótico, entre otros, permiten cierta capacidad de autonomía o autodependencia a quienes permanecen.

El bosque nativo como seña de autonomía material y simbólica Autonomía alimentaria En contraste con las especies exóticas, que solo proporcionan madera (para autoconsumo en caso de bosques mixtos o para la venta a las empresas forestales), el bosque nativo es fuente de recursos forestales no madereros. Destacan los frutos, como el piñón de araucaria (Araucaria araucana), la avellana (Gevuina avellana) y la murtilla (Ugni molinae), y los hongos como los digüeñes (Cyttaria sp) o los changles (Clavaria coralloides), que los pequeños propietarios forestales consumen directamente o con procesamientos sencillos (Tacón, 2004).

Breves Vista de plantación forestal desde comunidad mapuche en Región de Biobío (Autores: González-Hidalgo, Fonk, Toledo)

Asimismo, el bosque nativo proporciona gran variedad de plantas medicinales que amplían la autonomía también a los ámbitos del autocuidado y de la salud. Ejemplos son el boldo (Peumus boldus), salvia (Satureja multiflora), pingo-pingo (Ephedra chilensis), natre (Solanum ligustrinum), palqui (Cestrum parqui) o el quinchamalí (Quinchamalium chilense). Aunque la recolección con

fines de intercambio fue una importante actividad económica en el pasado, en la actualidad muchos pequeños propietarios forestales consideran la recolección de estos productos como de autoabastecimiento, incorporándolos a su dieta (ver foto 2). Varias personas alertan de la disminución de hongos y miel debido al deterioro de las condiciones ambientales.

Digüeñes (Cyttaria espinosae) sobre un hualle (Nothofagus obliqua) y posterior comida (Autores: González-Hidalgo, Fonk, Toledo) ecologíaPolítica

Autonomía forestal Entre los pequeños propietarios forestales encontramos perfiles diversos: chilenos y mapuches, que mantienen solo bosque nativo, bosques mixtos (con especies nativas y exóticas), o pequeñas propiedades de plantación. En el caso de los dos primeros, postulamos que la separación entre autonomía alimentaria y forestal no existe, ya que la presencia de bosque nativo rompe la dicotomía agricultura-forestal-ganadería. Sin embargo, existen propietarios que, teniendo parte o la totalidad de sus tierras con plantación forestal, comentaban su escasa rentabilidad. Durante varios años, la promoción de plantación de exóticas fue directa, desde organismos estatales como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) regalando plántulas de Pino y Eucalipto a los pequeños y medianos propietarios. Ahora, algunos de los propietarios se sienten, a pesar de ser cómplices, también engañados: el pino y el eucalipto proporcionan ganancias en unos márgenes de 10-15 años, y los beneficios recibidos dependen de los valores de los productos madereros en los mercados. Reconocen haber sido seducidos por la ganancia a corto plazo, así como también por los servicios que las forestales han proporcionado, sustituyendo al Estado en proporcionar servicios públicos, como la restauración de caminos rurales. Además, denuncian una dependencia y vulnerabilidad ante el poder de las empresas forestales, que dominan varios de los rubros locales. Así, en el caso de los propietarios de bosques mixtos, las especies exóticas se ven como una entrada adicional de dinero, pero con costos asociados visibles: la bajada de la cantidad de agua de arroyos y ríos es constantemente nombrada como el impacto más visible de las plantaciones debido a la gran necesidad de agua de dichas especies, especialmente del eucalipto. Los bosques mixtos mantenidos por pequeños propietarios forestales tienen un menor impacto ambiental, puesto que son cultivados sin fumigaciones y permiten la coexistencia con otras especies como el maqui (Aristotelia chilensis) y pequeños matorrales para el alimento de los animales. Además, la diversidad de maderas permite usos variados como leña, construcción de casas o pequeños trabajos de carpintería. 76

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Así, frente a la consideración del bosque nativo como espacio de desorden que no permite el desarrollo de procesos productivos, las prácticas de los pequeños propietarios forestales dependen del bosque nativo, a la vez que mantienen su existencia.

Bosque mixto, hualles (Nothofagus obliqua) colindando con una plantación de Pinus Radiata (Autores: González-Hidalgo, Fonk, Toledo)

Autonomía territorial La relación con lo nativo se acrecienta en pequeños propietarios forestales mapuches. En los procesos de transformación forestal descritos y sus consecuencias, destaca un apego por la tierra y sus frutos, lo cual está íntimamente relacionado a su cosmovisión. Las reivindicaciones del pueblo Mapuche por la ocupación de las forestales de territorios ancestrales son históricas y contemplan una gran complejidad que acá no podemos cubrir (Catalán y Ramos, 1999). Existen comunidades Mapuche en conflicto activo con las forestales, otras en conflicto pasivo o latente, así como comunidades que han permitido el paso de las forestales e incluso trabajan para ellas (Carrasco, 2011). La importancia de la tierra (Mapu) para la cultura mapuche es directa, al ser un pueblo campesino. Además, Lemu, el bosque es fundamental en la construcción de la identidad cultural Mapuche, ya que la biodiversidad presente en los ecosistemas es asociada a las fuerzas y espíritus (Newen) del bosque y, además, a las generaciones que lo han conservado y a las futuras que lo usarán (Catalán y Wilken, 2006). Relación que emerge, tanto a través de rituales como en usos cotidiano (recolección de plantas medicinales), siendo central una posición ética de respeto ha-

El modelo forestal hoy: necesario debate Hasta acá, hemos revisado la diversidad de razones, prácticas o sueños por los que las personas permanecen en territorios de donde las especies exóticas empujan a expulsarles. En todas hay una necesidad, una búsqueda de autonomía de sus medios de subsistencia y desarrollo (no únicamente económico), un intento por independizarse de un modelo forestal que no les favorece. Esto se hace desde la biodiversidad, material y simbólica. En el contexto actual, en que se plantea la continuidad del Decreto Ley 701, Chile necesita distinguir entre políticas forestales y políticas de fomento forestal, entre plantaciones y bosque nativo, y entender y respetar las identidades campesinas, forestales e indígenas. Esto sólo puede ser posible si los intereses de las grandes empresas se mantienen al margen de las definiciones de qué tipo de desarrollo rural-forestal, a medio y largo plazo, necesitan las comunidades1.

Referencias Armesto, Juan J., Villagrán, Carolina, DONOSO, Claudio, “Desde la era glacial a la industrial: La historia del bosque templado chileno”, Ambiente y Desarrollo 10 (1), 1994, p. 66-72.

Armesto, Juan J., Ramirez-Smith, Cecilia, Rozzi, Ricardo, “Conservation strategies for biodiversity and indigenous people in Chilean forest ecosystems”, Journal of the Royal Society of New Zealand, 31(4), 2001, p. 865–877. Catalán, Rodrigo, Ramos, Ruperto, Pueblo mapuche, bosque nativo y plantaciones forestales : las causas subyacentes de la deforestación en el Sur de Chile (1a ed.), Ediciones Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile, 1999. Catalán, Rodrigo, Wilken, Petra, Kandzior, Angelika, Tecklin, David, Burshel, Heinrich, Bosques y Comunidades Del Sur de Chile, Editorial Universitaria, 2006, p. 359. Carrasco, Noelia, “Trayectoria de las relaciones entre empresas forestales y comunidades mapuche en Chile”, Polis, 31, 2011. Echeverría, Cristian, Coomes, David, Salas, Javier, Rey-benayas, José M., Lara, Antonio., Newton, Adrián, “Rapid deforestation and fragmentation of Chilean Temperate Forests”. Biological Conservation, 130(4), 2006, p. 481-494. Frêne, Cristián, Núñez, Mariela, “Hacia un nuevo Modelo Forestal en Chile”. Revista Bosque Nativo 47, 2010, p. 25–35. Fundación Sol, 2007, “Informe Industria Forestal”, Cuadernos de Investigación 3. http:// www.fundacionsol.cl/ Infor, “El sector forestal chileno 2012”, 2013, www.infor.cl Melo, Óscar, FOSTER, William, Anriquez, Gustavo, “Patrones de Migración Interna en Chile”, Departamento de Economía Agraria, Revista Agronomía y Forestal, Universidad Católica, 2006. Pnud, “Desarrollo Humano en Chile Rural”, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008. Tacón, Alberto, “Manual de productos forestales no madereros”, Programa de Fomento para la Conservación de Tierras Privadas de la Décima Región, Proyecto CIPMA-FMAM, 2004. Wrm, “Las plantaciones no son bosques”, World Rainforest Movement, 2004.

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cia éste. Por tanto, las comunidades Mapuche que mantienen o reaprenden la vinculación con el bosque nativo, lo hacen desde lo material (cohabitando con la agricultura y pequeña silvicultura) y lo simbólico (como sustento de cultura e identidad). Sin embargo, la cultura Mapuche, costumbres, idioma y relación con el bosque nativo, se han ido perdiendo de manera forzada desde el inicio de las colonizaciones. En la historia reciente, la estructura político-económica del Estado chileno no ha contribuido, como se ha demostrado en su tardanza, en la ratificación del Convenio 169 de la OIT (en 2007) al respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

1. Para ampliar información: (http://www.bosquenativo.cl/), (http://mapuexpress.org/), (http://politicalecology.eu/)

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Crónicas del estallido Viaje a los movimientos sociales que cambiaron América Latina

Martín Cúneo y Emma Gascó Icaria Antrazyt, 400 ISBN 978-84-9888-555-2 Págs. 408 · Pvp. 19€

la idea de que los movimientos sociales tienen la oportunidad de transformar —porque ya lo han hecho, porque lo hacen constantemente— los consensos sociales que determinan el destino de países enteros, de que «se puede».

A finales de los años noventa parecía que nada podría detener la expansión de las políticas neoliberales. Pero en América Latina la historia fue otra. Millones de desempleados, trabajadoras informales, indígenas y campesinos, organizados en movimientos sociales de base, tumbaron gobiernos neoliberales, echaron para atrás recortes y leyes antisociales, frenaron privatizaciones y crearon alternativas de vida para cientos de miles de personas. Esta es la historia que cuenta Crónicas del estallido, un libro sobre las victorias de los movimientos sociales en América Latina, una crónica basada en los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje de quince meses, 10.000 kilómetros por la carretera Panamericana, desde Argentina a México. Una historia, contada por sus protagonistas, que puede servir para reforzar

Martín Cúneo (Buenos Aires, 1978) es periodista y miembro del periódico Diagonal. Coordinó la sección Global, encargada entre otros temas de la información sobre América Latina, desde la fundación del periódico en 2005 hasta 2010. Emma Gascó (Sevilla, 1982) forma parte del colectivo editor del periódico Diagonal. De formación, traductora. Trabaja como ilustradora y periodista, y está especializada en campañas de incidencia política. Durante los últimos años han firmado artículos en Diagonal, Viejo Topo, eldiario.es, El Ecologista, Público, Pikara Magazine, Viento Sur, Sin Permiso, Rebelión, Desinformémonos, Revista Pueblos, Servindi, Bolpress, Argenpress, Azkintuwe, Alainet, Kaos en la Red, Alterinfos y Otramérica, entre otros. Más información en cronicasdelestallido.net

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Evocando al edén Conocimiento, valoración y problemática del Oasis de Los Comundú

Micheline Cariño, Aurora Breceda, Antonio Ortega, Lorella Castorena Icaria Perspectivas agroecológicas, 8 ISBN 978-84-9888-502-6 Págs. 544 · Pvp. 28 €

Los oasis de la Península de Baja California fueron construidos en el siglo XVIII por la colonización jesuita para introducir la agricultura e implicaron una de las mayores transformaciones de sus ecosistemas. El resultante paisaje oasianomexicano se asemeja a los oasis del Levante, África del Norte, Medio Oriente, India y China. Con sistemas de regadío, huertas y una ganadería extensiva, sus habitantes forjaron una cultura de oasis que alcanzó la sustentabilidad mediante un complejo conocimiento socioambiental adaptativo. Sin embargo, desde 1950, los oasis bajacalifornianos se enfrentan al despoblamiento, el deterioro ambiental y la pérdida de su cultura. ¿Por qué han sido abandonados a pesar de contar con la base de recursos naturales necesarios para ser productivos? ¿Cómo es posible que siendo sitios emblemáticos para la sustentabilidad en la región, estén extinguiéndose sin que se

haga lo suficiente para evitar su pérdida? Estas y otras preguntas son las que desde 2006 nos condujeron a formar un grupo de investigación al que llamamos Red Interdisciplinaria para el Desarrollo Integral y Sostenible de los Oasis Sudcalifornianos (ridisos) formado por treinta académicos de México, España y EE UU. El libro que tienen en sus manos es el principal producto de nuestra investigación y espera contribuir al rescate de la oasisidad. Micheline Cariño es historiadora ambiental, profesora e investigadora de la UABCS y coordinadora de la RIDISOS. Aurora Breceda especialista en ecología vegetal, investigadora del CIBNOR y miembro de la RIDISOS. Antonio Ortega es historiador ambiental, profesor de la Universidad de Granada y miembro de la RIDISOS. Lorella Castorena es socióloga, profesora-investigadora de la UABCS y coordinadora de la RIDISOS.

Defendiendo la biodiversidad: resistencia a megaproyectos en América Latina Lucrecia S. Wagner*

Introducción Las actuales políticas de desarrollo económico aplicadas en América Latina y el Caribe privilegian el equilibrio de las variables macroeconómicas por sobre de las políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales (Gligo, 2001: 163). Esta tensión no es menor, dado que tanto en la variable protección de la biodiversidad del planeta, como en la de mantener los ecosistemas que son fundamentales para mitigar el cambio climático, este espacio biogeográfico ha adquirido una importancia gravitante; pero, a su vez, estos países dependen de la explotación de sus recursos naturales para su desarrollo y crecimiento económico, por lo que la ecuación “no intervención industrial de los ecosistemas y crecimiento y desarrollo económico”, es un tema de difícil resolución (Estenssoro Saavedra, 2010). Los megaproyectos a los que haremos referencia se insertan en el ansiado modelo de desarrollo para Latinoamérica. Entre sus consecuencias se destaca la afectación directa “a gran escala” del ecosistema en el que se instalan. Por ejemplo, la megaminería suele localizarse en nacientes y/o reservorios de agua, y comparte con otros megaemprendimientos la caracterís* Integrante del Grupo de Historia Ambiental y Antropología - Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (lucreciawagner@ yahoo.com.ar)

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tica de ocupar grandes extensiones de territorio que constituyen hábitats de diversas especies animales y vegetales, e incluso de población humana, pudiendo ocasionar desplazamientos de población local. Realizando un recorrido por las diversas luchas emblemáticas contra estos megaproyectos extractivos en América Latina, se observa la repetida alusión a la protección de ciertos ambientes como parte de la defensa de las formas de vida locales, ya que en la mayoría de los casos estos ecosistemas guardan una relación directa con las estrategias de supervivencia de las comunidades que en ellos habitan u obtienen los bienes naturales necesarios para la vida.

Resistencias biodiversas Las luchas y resistencias emblemáticas llevadas adelante en ciertos países de América Latina en las últimas décadas en contra de megaproyectos extractivos tienen intrínseca relación con la protección de la biodiversidad. Una de las más destacadas es la que se ha llevado adelante en Colombia rechazando la megaminería en zonas de páramos, siendo el ejemplo más trascendente el caso del páramo de Santurbán, amenazado por una explotación de oro a cielo abierto. Los páramos son considerados estratégicos tanto por su biodiversidad como por la variada provisión de bienes y servicios ambientales, en especial la regulación hídrica -retienen agua y la liberan paulatinamente hacia cuencas hidro-

1. Para mayor información sobre los hechos relacionados con la sanción de la ley de glaciares, y sobre las resistencias a la megaminería en Argentina ver: http://www.editorialelcolectivo. org/ed/images/banners/15%20mitos%20mineria%20final%20 final.pdf.

ción y explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas, así como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad” (Donadio, 2009: 250). La presencia de explotaciones mineras en áreas protegidas también acontece en Bolivia, reconocida mundialmente como uno de los países con mayor riqueza natural y uno de los 10 con mayor biodiversidad del planeta, resguardada principalmente por 22 áreas nacionales. Éstas representan el 15,5% del territorio boliviano, y 11 de las 22 están afectadas por la nueva frontera hidrocarburífera. 7 de ellas, entre las que figura el TIPNIS, enfrentan un alto nivel de afectación, ya que más del 30% de su superficie ha sido definida como área petrolera, justificada bajo la declaratoria de necesidad estatal y utilidad pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) calcula que en el área de influencia inmediata de las 22 áreas nacionales viven cerca de 200.000 habitantes entre indígenas, campesinos y comunidades interculturales (Jiménez, 2013). Las marchas en las que participaron ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños que se movilizaron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno, lo que implicó 60 días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), denunciando los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el megaproyecto de construcción de una carretera transoceánica que dividiría el TIPNIS en dos partes (Barrozo Mendizábal, 2012), son un ejemplo de cómo la defensa de la biodiversidad se empalma con la de la diversidad cultural. Bolivia comparte con Ecuador la paradoja de poseer legislación en materia de derechos de la naturaleza y de, paralelamente, avanzar en la expansión de las fronteras extractivas. En el caso boliviano, la ley 71 de 2010 de “Derechos a la Madre Tierra” reconoce el derecho “a la diversidad de la vida”: a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura ecologíaPolítica

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gráficas-. Otro de los proyectos que ha generado un fuerte rechazo social es La Colosa, de la empresa Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, Tolima, que planea extraer una mayor cantidad de oro que en Santurbán en un área que actualmente es reserva forestal nacional (Molina Roa, 2011). El valor como zona de reserva y regulación hídrica que se les otorga a los páramos en países tropicales es similar al que tienen los glaciares en países del sur latinoamericano. En Argentina, en el año 2008 se sancionó una ley para protegerlos, como resultado de una importante coalición de fuerzas sociales y políticas -movimientos socioambientales, intelectuales, partidos políticos, organizaciones sociales de diversa índole- y fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner. Ante este hecho, que se vinculó al interés por desarrollar minería a gran escala, como el proyecto binacional argentino-chileno Pascua Lama, de Barrick Gold, se lanzó una campaña social y política para reimpulsar la ley, que fue finalmente sancionada en el año 2010. Esta ley establece la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y para la protección de la biodiversidad, entre otras funciones1. Paradójicamente, el proyecto minero metalífero Pascua Lama, junto al de Veladero –de oro, que la minera Barrick ya tiene en explotación en San Juan, Argentina- se encuentran dentro de los límites de la Reserva de Biosfera San Guillermo. Ello ocurre a pesar de que las agencias de manejo de áreas protegidas de Latinoamérica, incluyendo a la Administración de Parques Nacionales de Argentina, han expresado su desacuerdo con el desarrollo de la minería, al menos dentro de las áreas protegidas. Este posicionamiento fue hecho público a través de la declaración acordada para cerrar el Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (Bariloche, octubre de 2007), que expresaba: “La explora-

Corte de la ruta que une Argentina con Chile, en rechazo al proyecto minero San Jorge, en Mendoza, Argentina. Año 2009, en plena campaña de apoyo a la sanción de la Ley de Glaciares. (Autora: Lucrecia Wagner)

de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro2. Por su parte, la reforma constitucional del Ecuador de 2008 introduce los Derechos de la Naturaleza, con un apartado específico para la biodiversidad. En éste, se establece que es el Estado quien ejercerá la soberanía sobre la misma, cuya administración y gestión se realizará ”con responsabilidad intergeneracional”. Además, su conservación se declara de interés público, libre de cultivos y semillas transgénicas, y se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional3. Paralelamente, el gobierno ecuatoriano impulsaba la iniciativa Yasuní-ITT, presentada por el presidente Rafael Correa a las Naciones Unidas, para mantener indefinidamente las reservas petroleras bajo ti2. http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2689 3. http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf

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erra, con el objetivo de reducir el calentamiento global, proteger la biodiversidad del Parque Yasuní –reconocido por la Unesco como uno de los lugares de mayor riqueza en el planeta-, y permitir la sobrevivencia de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, con el apoyo de una compensación internacional que cubra parte del lucro cesante de la actividad petrolera (Larrea, 2009: 84). Sin embargo, desde agosto de 2013, el gobierno ecuatoriano viene anunciando la decisión de avanzar en la explotación petrolera en Yasuní-ITT debido a la falta de cooperación internacional para compensar la pérdida económica que implica dejar el petróleo bajo tierra. Esta decisión recibió diferentes respuestas. Por un lado, miembros del gobierno nacional, alcaldes e incluso algunos grupos indígenas se manifestaron a favor, amparándose en la necesidad de recursos económicos para el país y la promesa del presidente de que los beneficios de esta actividad contribuirán a combatir la pobreza y ampliar la dotación de servicios públicos. Por

4. http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/03/ nota/1669491/diversos-frentes-se-trabaja-detener-explotacion-yasuni 5. http://www.amazoniaporlavida.org/es/Table/Consulta-popular-por-el-Yasuni/

va (Alimonda, Hoetmer y Saavedra Celestino, 2009)6.

Protección de biodiversidad ¿protección de las poblaciones locales? En este artículo deseamos destacar aquellas luchas sociales que desde una perspectiva local, enmarcada en algunos casos en procesos transnacionales, defienden la biodiversidad como parte intrínseca de sus formas de vida. Una protección que no se enmarca en un exclusivo ”culto a lo silvestre” sino en un “ecologismo popular”, es decir, no estamos haciendo referencia a una protección que implique mantener reservas naturales libres de interferencia humana, sino a aquella que nace desde una demanda de justicia social contemporánea entre humanos que combina la apelación a la sacralidad de la naturaleza con el interés material por el medio ambiente como fuente y condición de sustento (Martínez Alier, 2004). Es necesaria esta distinción porque la apelación a la naturaleza constituye un recurso de discursos políticos varios, y también puede volverse argumento para el ejercicio de una “violencia civilizada” sobre sectores sociales considerados indeseables, por parte de quienes buscan la privatización de la biodiversidad en beneficio de ciertos grupos (Carman, 2011). A ello se suma que a veces la percepción ecológico-popular se expresa en la terminología científica de pérdida de biodiversidad –entre otraspero ese no es el lenguaje siempre utilizado por los movimientos ecologistas actuales o históricos, que disponen de otros lenguajes (Martínez Alier, 2009). Asistimos a una realidad latinoamericana en la que los Estados se encuentran entrampados entre la sanción de medidas progresistas –algunas de ellas en relación a la naturaleza- y la paralela apuesta a megaproyectos que garanticen el desarrollo y el crecimiento económico. Ante ello, las resistencias a estos avances de las fronteras extractivas representan un límite y una condición con

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su parte, sectores ecologistas y representantes indígenas, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana (Gonoae), expresaron su desacuerdo con la explotación en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Sumado a ello, diversos sectores sociales, nucleados principalmente en Yasunidos, Resiste Yasuní y el Frente de Defensa de la Amazonía, rechazan la explotación e impulsan una consulta popular sobre este tema4. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional ha aprobado los informes para el debate de la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera -que fue posteriormente aprobada por la Asamblea Nacional- pero con algunas salvaguardas, como la exclusión de esta explotación en la zona intangible, y la paralización de la actividad si se detectan grupos no contactados. Mujeres amázonicas, grupos indígenas, ecologistas e intelectuales han presentado cartas a la Asamblea y al mismo presidente abogando por el territorio de Yasuní-ITT libre de actividades extractivas. En estos últimos meses las posturas se han polarizado, y avanza la campaña de recolección de firmas para impulsar la consulta popular (reconocida en el art. 104 de la Constitución Ecuatoriana)5. Otra lucha previa con un importante componente indígena que representó un punto de inflexión en la historia peruana fue la de Bagua, que colapsó el 5 de junio de 2009 con el desalojo violento de bloqueos pacíficos organizados por comunidades amazónicas en contra de una serie de decretos legislativos que habilitaban el desarrollo de proyectos de empresas privadas – principalmente petroleras, mineras, forestales y de energía- en territorio indígena, y vulneraban derechos de los pueblos que allí habitan, como el de consulta previa. Ante los levantamientos y la solidaridad que despertaron, el gobierno peruano debió dar marcha atrás a su iniciati-

6. http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/6F0DF16BD16F2D1F052576810058C1C9/$FILE/informe_bagua_amnistia_internacional.pdf

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la que estos Estados deben lidiar, y que en algunos casos, como los aquí comentados, han paralizado –aunque temporalmente- los proyectos cuestionados, han potenciado la marcha atrás de medidas poco participativas y ambientalmente dañosas, y han apoyado la sanción de legislación protectora de los ecosistemas. Por ello, consideramos que estas resistencias constituyen, en este contexto, una parte esencial de la protección de la biodiversidad, aun reconociendo sus limitaciones. Como destaca Martínez Alier (2009: 30), estos movimientos suelen perder la contienda, o ganan provisionalmente, pero son una principal fuerza social en busca de aliados en todo el mundo para encaminar la economía en una ruta más justa y sostenible.

Referencias Alimonda, Héctor, Hoetmer, Raphael, Saavedra Celestino, Diego (eds.), La Amazonia Rebelde, Perú, Clacso. Barroso Mendizábal, Verónica, “Tipnis ¿un conflicto ambiental o de territorio?”, Letras Verdes Nº 11, 2012, p. 112-122. Carman, María, Las trampas de la naturaleza, Buenos Aires, FCE, 2012. Donadio, Emiliano, “Ecólogos y mega-minería, reflexiones sobre

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por qué y cómo involucrarse en el conflicto minero-ambiental”, Ecología Austral, Vol. 19, Nº 3, 2009, p. 247-254. Estenssoro Saavedra, Fernando, “Crisis ambiental y cambio climático en la política global: un tema crecientemente complejo para América Latina”, Universum, Nº 25, Vol. 2, 2010, p. 57-77. Gligo, Nicolo, La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. Chile, CEPAL, 2001.Jimenez, Georgina, ”Territorios indígenas y áreas protegidas en la mira: la ampliación de la frontera de industrias extractivas”, Petropress, Nº 31, 2013, p. 4-18. Larrea, Carlos, ”Naturaleza, sustentabilidad y desarrollo en el Ecuador”, en A. Acosta y E. Martínez (comp.), Derechos de la naturaleza, Quito, Abya-Yala, 2009, p. 75-84. Martínez Alier, Joan, “El ecologismo de los pobres, 20 años después”, Curso Internacional de Economía Ecológica, UNGS, Buenos Aires, Argentina, 2009. Martínez Alier, Joan, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, Icaria Antrazyt-Flacso, 2004. Molina Roa, Javier A., ”Minería en los páramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica”, Ecología Política Nº 41, 2011, p. 74-81.

Definiendo la Conservación:

el caso del Parque Nacional Iguazú, Argentina

Parque Nacional Iguazú. (Autora: Nancy Arizpe)

Conservación y áreas protegidas Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen formas particulares de presencia del Estado, definiendo, delimitando y visualizando territorios. Las ANP emergen de las formas en que los Estados construyen los espacios, por tanto, no solo son formas de gubernamentalizar los territorios, sino también de darle impronta física al espacio de gobierno (Scott, 1998). Desde las últimas décadas del siglo XX, nuevos actores se suman de manera novedosa a este proceso: los mercados, junto a las agencias internacionales de conservación, intervienen con fuerza en la * CONICET, Universidad Nacional de Misiones, Argentina. ** Estudiante postdoctoral, Center for Integrative Conservation Research, University of Georgia. Autor para correspondencia

gestión de las ANP, al comodificar la naturaleza, las poblaciones y los espacios. Desde fines del siglo XIX, el modelo de conservación predominante a nivel mundial ha llevado a crear ANP bajo la premisa de que es necesario preservar determinados espacios naturales de la presencia humana, lo que ha llevado a excluir a los intereses de las poblaciones rurales e indígenas de la conservación. Este tipo de políticas recibieron fuertes críticas durante todo el siglo XX, y en las últimas décadas del siglo se planteó de forma sistemática la necesidad de trabajar más allá de las ANP, dejar de manejar estas áreas como islas amenazadas por el entorno, lo que a largo plazo ha profundizado el aislamiento ecológico. Las nuevas tendencias impulsaron el trabajo a nivel ecosistémico, donde se busca conectar ambientes, crear corredores biológicos y trabajar a nivel de ecorregiones. A su vez, también se iniciaron discusiones tendientes a incorporar a las poblaciones locales en la gestión de las ANP. En torno al Parque Nacional Iguazú (PNI), en el noreste de Argentina, entre los años 2004 y 2012, las autoridades del Parque, junto a agencias no gubernamentales de conservación y agencias de cooperación internacional, en particular la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y la Japan International Cooperation Agency (JICA), impulsaron programas de conservación que buscaron incluir a las poblaciones humanas que viven en torno a ecologíaPolítica

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Brián Ferrero**, Nancy Arizpe* y Elías Gomez*

este ANP. En este marco, se puso énfasis en la necesidad de reconvertir las actividades productivas de los pequeños productores locales hacia formas de producción sustentable. Este movimiento dentro de las políticas de conservación derivó en un boom de programas de educación ambiental, en particular en las escuelas rurales de la región.

Las voces de los actores y la conservación A continuación detallamos los principales agentes que, sumados a los Estados nacional y provincial ya mencionados, están involucrados en la gestión del área en torno al ANP. Estos son el Sector Forestal, los colonos, los mbya-guranarí, el sector turístico y las agencias de desarrollo.

Sector forestal Aproximadamente, un 50% del límite sur del PNI limita con la empresa transnacional forestal Alto Paraná S.A. (APSA), de capitales chilenos. El forestal es el principal sector productivo de la provincia, y en torno a esta empresa gravita buena parte de la economía regional, tal es así que en la actualidad la empresa es propietaria de más del 8% de la superficie provincial. La actividad forestal en el área se concentra en la reconversión de la masa boscosa en cultivos de coníferas (principalmente pino ellotis, y taeda, ambas especies nativas de Norteamérica). Grupos ambientalistas locales han señalado reiteradamente que esta empresa es una de las principales responsables de la reducción de la selva paranaense. A partir de lo cual, APSA ha elaborado un plan de manejo donde asume que “la protección y la conservación del medio ambiente, así como la protección y la preservación de la vida de las personas, son prioridades fundamentales para el desarrollo de sus actividades en el largo plazo y, además, una contribución hacia las comunidades vecinas a su área de influencia y hacia las generaciones futuras” (Alto Paraná, 2008). En esta misma línea de acción, APSA creó, en 1999, dentro de su lote y lindando con el PNI, una reserva natural privada, 86

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la Reserva Forestal Privada San Jorge. A su vez, la empresa mantiene convenios con diferentes agencias gubernamentales y nacionales como la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones para desarrollar planes de manejo. Otro convenio importante en materia de conservación e investigación se ha establecido con el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, donde la empresa participa y apoya diversos proyectos de investigación en temas biológicos dentro de su terreno.

Los colonos El límite Este del PNI está poblado por “colonos”, denominación local para los pequeños y medianos productores rurales, quienes organizan su explotación en torno al trabajo proveniente de las unidades domésticas. La actividad productiva más importante se encuentra en el cultivo del tabaco, té y yerba mate, los cuales se destinan mayormente a ser comercializados; mientras que los que también producen cultivos anuales se destinan al consumo familiar. La caza furtiva realizada por los colonos es la principal fuente de conflictos y tensiones frente al personal del PNI. Entre las autoridades del PNI y los biólogos predominan dos tipos de posiciones respecto a la caza ilegal. Por un lado, encontramos un conjunto de respuestas, que podemos denominar de corte materialista, donde se considera que la caza es producto de necesidades energéticas. Desde este supuesto, los colonos cazarían para contar con carne para ser consumida en su núcleo familiar. Al otro conjunto de respuestas podemos llamarlo de corte cultural y apunta a que se caza por costumbre, “porque forma parte de la tradición de los colonos”, “porque la gente no tiene conciencia del daño que hace”, e incluso algunos guardaparques postulan que los pobladores cazan “porque son criminales”, considerando que la falta de respeto a las leyes es intrínseca a este grupo social. Ambas posiciones no se oponen totalmente, sino que suelen complementarse, aunque con peso desigual, en los discursos de los agentes de conservación. Pero para los cazadores, la caza es una actividad recreativa, prac-

de dedicarse a la caza y recolección, aunque sus ingresos principales derivan de emplearse como peones en las chacras vecinas y recibir subsidios del Estado. Las aldeas aledañas al PNI encuentran uno de sus principales fuentes de recursos económicos en la venta de artesanías dentro del Parque. Esta actividad es regulada en forma conjunta por los caciques de las comunidades y las autoridades del PNI. Esto ha sido beneficioso, según los miembros de las aldeas, ya que permite llegar a mayor cantidad de turistas y disminuye las disputas entre artesanos de distintas comunidades. El PNI y otras entidades de cooperación han trabajado con los guaraníes, principalmente, en temas de educación ambiental. Pero la voz de los guaraníes es una de las menos escuchadas, ya que éstos contribuyen poco a la economía de la región y, sin embargo, es utilizada como un emblema de conservación en cuanto a usos y costumbres del monte.

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ticada porque genera esparcimiento, diversión y, sobre todo, porque es un desafío frente a los guardarparques. Si bien los cazadores consumen la carne de las presas, éste no es el objetivo principal de la caza. Los cazadores ingresan al monte para competir con los guardaparques en un juego donde se mide la masculinidad, quién conoce más el comportamiento de la fauna nativa, el seguimiento de rastros, y quién es más astuto. De manera que las políticas de conservación no se imponen simplemente sobre el terreno y poblaciones, sino que toman su forma en las interacciones y en lo que podemos llamar una arena política local (Ferrero, 2009).

Otras agencias de conservación Tabacaleros de Cabureí. (Autora: Nancy Arizpe)

Mbya-guaraníes Uno de los actores sociales más relegados en cuanto a temas de conservación son las comunidades de la etnia mbya-guaraní. El territorio del PNI y zonas aledañas, históricamente fueron habitados por guaraníes y otras comunidades originarias, hoy muy dispersas o extintas. Hasta mediados del siglo XX, las comunidades indígenas basaban su economía en la horticultura, caza y recolección en los montes nativos, tanto dentro del PNI como fuera. La forestación y la agricultura degradaron el monte nativo de forma prácticamente irreversible, con fuerte impacto sobre los mbya-guaraníes, perdiendo territorio y los sustentos que obtenían de la selva. Actualmente, existen diversos tipos de aldeas guaraníes aledañas al PNI, desde las más influenciadas por la urbe y el sector turístico, hasta aquellas localizadas en zonas rurales, donde los pobladores tienen ciertas posibilidades

En torno al PNI actúan diversas agencias de conservación y desarrollo no gubernamentales locales. Pero las agencias internacionales AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo) y JICA (Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional), son las de mayor peso en el área (por fuera del Estado local) por los recursos que movilizan, el largo plazo y la amplia expansión territorial de sus proyectos. La AECID, junto con el Ministerio provincial de Ecología y la Administración del PNI, integraron el Proyecto regional de Araucaria XXI (2007-2011) en el norte de Misiones. Entre sus objetivos se presentó la conservación del patrimonio natural y gestión sostenible de los bienes y servicios ambientales que ofrece el bosque atlántico, y respaldar la investigación aplicada para la obtención de bases científicas para el diseño de políticas de desarrollo sostenible. Este proyecto planteó las bases del plan de manejo del PNI (2013) en temas de desarrollo rural y turístico. La JICA participó en diseñar acciones de conservación y desarrollo en el amplia área de influencia hacia el Este del PNI que abarca varios ecologíaPolítica

Guaraníes y artesanías. (Autora: Nancy Arizpe)

municipios, denominado Proyecto Caburé-í. Si bien su labor se extendió entre 2003 y 2006, aún (2013) están en marcha las principales propuestas sobre cómo trabajar a nivel de conservación de cuencas, así como en la localidad de Andresito, donde aún está en funcionamiento un ecolodge creado por esta agencia Japonesa.

Sector turístico En torno del PNI se está experimentando un acelerado crecimiento turístico. Éste es uno de los principales destinos turísticos de Argentina, con más de un millón de vistas anuales desde 20111. Desde el Estado provincial y la Administración del PNI se impulsa un modelo de turismo ligado a la selva y a las Áreas Na1. http://hojadenoticias.com/mas-de-un-millon-de-turistas-ingresaron-a-cataratas-durante-2013/

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turales Protegidas. Este modelo es propuesto como capaz de conciliar la protección de la naturaleza con el desarrollo, atrayendo inversiones y asignando valor a la selva. La propuesta para el área vecina al PNI es que se establezcan ecolodges y circuitos que promuevan el turismo hacia las regiones vecinas, más allá de las cataratas. Se postula que estos emprendimientos implicarán beneficios sociales y económicos locales, así como ecológicos. El principal beneficio ecológico radica en que el empleo en el sector turismo contrarrestará las prácticas degradantes del ambiente desarrolladas por los productores rurales (desmontes, uso de agroquímicos). Los beneficios sociales y económicos consisten en que se generarán puestos de trabajo para los pobladores rurales, a su vez que éstos podrán vender su producción a los emprendimientos turísticos. En torno al Parque existen tres ecolodges, uno con más de una década de establecido, y otros dos creados en 2012, todos trabajando sobre todo con turistas extranjeros. A su vez, desde la presidencia del PNI se ayudó a consolidar circuitos turísticos dentro de las aldeas mbya-guaraní, cuyos guías y manejo están a cargo de los indígenas. Así mismo, el PNI ha creado dentro de su predio una “maloca”, espacio donde los guaraníes comercializan sus artesanías. Todo esto ha llevado a que la fabricación y venta de artesanías sea la principal actividad económica de las aldeas. La tendencia general es de un acceso diferencial a los beneficios que reporta el turismo. Quienes cuentan con un mayor capital y acceden a redes del sector turístico y político, sacan mayor provecho. Pero los productores menos capitalizados, en el mejor de los casos, solo alcanzan a proveer a los emprendimientos con productos agrícolas, y aportan personal de baja especialización y con bajos salarios, tales como mucamas, carpinteros, jardineros, etc. El modelo turístico implementado tiene uno de sus puntales en atraer grandes inversiones de capital, mientras pasa a un segundo plano la participación de las poblaciones rurales e indígenas.

En la última década, desde las diversas agencias de conservación estatales como no estatales, se han desarrollado intentos de integrar a la población local. Si bien el Plan de Manejo del PNI, aprobado en 2013, tiene un tono participativo y busca reconsiderar las estrategias de conservación en la zona de amortiguamiento, aún es necesario prever los intereses económicos presentes en la región, en particular de los sectores forestal y turístico. Por tanto, es una prioridad que se abra la discusión sobre las posiciones de poder relativas de todos los actores sociales presentes, para no caer en formas naïf de participación, que no pasen de ser ficciones basadas en propuestas simplistas de igualdad. De manera que consideramos que los espacios de poder deben ser pensados como campos de lucha donde confrontan y negocian actores con intereses divergentes. Por ejemplo, entre los funcionarios del PNI existen quienes consideran que la población local es una amenaza a la conservación y están a favor de políticas represivas más severas, mientras que otros se enfrentan señalando que muchos problemas se resolverían con acciones que integren a los locales en la gestión del Parque. Las relaciones de poder son desiguales, pero el entramado de actores presentes no permite considerar que las políticas sean totalizantes o unidireccionales. Por tanto, la conservación debe comenzar a ser pensada como proceso de negociación en lugar de imposiciones sobre

el territorio y las poblaciones humanas que lo habitan. Para esto, es necesario que quienes generan e implementan las políticas de conservación reconozcan que la cultura, y las predisposiciones a colaborar, se construyen a partir de transformaciones de condiciones sociales y no son una herencia cerrada y difícil de transformar que solo puede ser abordada mediante talleres y charlas de educación ambiental.

Referencias Alto Parana, “Plan de manejo Forestal”, Informe anual. Misiones, Argentina, 2008. Elias, Norbert , Sociología fundamental, Gedisa, Barcelona, 1982. Ferrero, Brián, “Caza, masculinidad y ambientalismo. Transformaciones en la práctica cinegética en el norte argentino”, Suplemento Antropológico, CEA. Universidad Católica de Asunción, Vol. XLIII, N° 2. Junio, 2009. Korol, Sebastián, “Informe El caso de Alto Paraná S.A. en la Provincia de Misiones”, Revista Superficie2, 2011. Miño G., Scalerandi V., “Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Misiones”, Convenio AECI-APN-Gobierno de Misiones Relevamiento e identificación de actores sociales y proyectos en marcha, Puerto Iguazú, Misiones, 2005. Scott, James, “Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed”, New Haven: Yale University Press, [AKG], 1998.

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Definiendo una nueva conservación

2. http://revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=702:el-caso-de-alto-parana-sa-en-misiones&catid=26:no-a-la-certificacion-a-apsa.

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Inercia política:

una amenaza para la conservación de la biodiversidad marina en el Mediterráneo

“No se ha alcanzado la meta acordada en 2002 por los gobiernos del mundo, de lograr para el 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la biodiversidad”. Ésta es una de las principales conclusiones a las que se llega en la evaluación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)1,2. De los diferentes indicadores utilizados para analizar la evolución hacia la meta de biodiversidad 2010, únicamente la cobertura de áreas protegidas y la asistencia oficial prestada al desarrollo del CDB evolucionaron positivamente. Sin embargo, aunque se ha producido un aumento significativo de la cobertura de las áreas protegidas, muchas regiones ecológicas, y en especial los ecosistemas marinos, siguen estando poco protegidas.

La singularidad de la biodiversidad marina del Mediterráneo El Mediterráneo (en lo sucesivo MED), debido probablemente a la poca profundidad en su comunicación con el Atlántico, a su extensión y orientación este-oeste, y a su propia historia geológica, constituye un punto caliente de diversidad de especies y hábitats marinos. El último censo global realizado estima que la diversidad de especies marinas asciende a 17.000, aunque seguramente está incompleto ya que *Instituto Español de Oceanografía (joan.moranta@ba.ieo.es) (www.vizify.com/joan-moranta) 1. www.cbd.int 2. www.cbd.int/information/library.shtml

faltan especies por descubrir, la diversidad de microorganismos está subestimada y las zonas más profundas y algunas partes del Sur y del Este están poco estudiadas (Coll et al., 2010). También destaca la gran diversidad de hábitats que presenta como las praderas de Posidonia oceanica, humedales, sistemas dunares, lagunas costeras y estuarios. Otros hábitats importantes son: bosques de Cystosiera spp., biocenosis de coralígeno, corales de aguas profundas, fondos de Maërl, montañas y cañones submarinas y surgencias frías, entre otros.

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Joan Moranta Mesquida*

Amenazas que afectan a la pérdida de biodiversidad marina El MED se ha identificado como una de las áreas dónde se prevé un mayor incremento del impacto humano sobre los ecosistemas marinos (Sala et al., 2000). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio3 proporciona una visión actualizada del estado de los ecosistemas de todo el mundo. Uno de sus mensajes fundamentales postula que “las causas directas más importantes de pérdida de biodiversidad son la modificación del hábitat, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático” (Tabla 1). En el caso del MED las amenazas más importantes que afectan a la biodiversidad son la pérdida y la degradación del hábitat, relacionadas directamente con el aumento de la den3. www.unep.org/maweb/es/Index.aspx

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Tabla 1. Principales amenazas que afectan a los ecosistemas marinos y a la pérdida de biodiversidad

Amenazas directas 1. Transformación del hábitat

Impactos 1.1. Construcción y desarrollo costero 1.2. Pesca de arrastre de fondo

2. Pesca

2.1. Sobreexplotación 2.2. Pesca ilegal, no declarada ni regulada 2.3. Capturas accesorias y descartes 2.4. Pesca recreativa ilegal

3. Intercambio biológico

3.1. Invasión/introducción de especies

4. Contaminación

4.1. Contaminación química 4.2. Basura 4.3. Tráfico marino

5. Cambio climático

5.1. Calentamiento global 5.2. Acidificación 5.3. Subida del nivel del mar

6. Otras

6.1. Turismo 6.2. Acuicultura 6.3. Actividades de recreo

Para una revisión más extensa centrada en el MED se puede consultar la publicación UNEP-MAP RAC/SPA (2010) disponible en el link www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_cop/biodiversity.pdf.

sidad de población y el incremento de infraestructuras a lo largo de la costa. Otras amenazas importantes son la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la eutrofización, aunque se prevé que el cambio climático puede pasar a un primer plano en los próximos 10 años (Coll et al., 2010). El tráfico marítimo4 también tiene efectos negativos debido a la contaminación por hidrocarburos y basuras, emisiones de gases contaminantes, colisiones con mamíferos y tortugas, ruido submarino y transporte de especies alóctonas (Abdulla y Linden 2008).

La situación jurídica para la protección del MED es relativamente compleja, debido a que el régimen legal para la conservación de la biodiversidad

está fragmentado y es difícil de aplicar5. Además, existen diferentes rutas que se pueden seguir para conseguir su conservación. A partir del año 1946 con la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Convención para la Regulación de la Pesca Ballenera se ha ido estableciendo una extensa lista de normativas (acuerdos, directivas, planes de acción y protocolos) para la conservación de la biodiversidad marina, aplicables a escala mundial, europea o específicos para el MED. A nivel mundial destacan la Convención sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (1958), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1973), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979) y las Metas de Aichi para 2020 del CDB (2011). A nivel de la Unión Europea (UE) destacan la Directiva Aves (1979, modificada en 2009), la Directiva Hábitats (1992), la Directiva

4. El intenso tráfico marítimo del MED se puede seguir en directo en www.marinetraffic.com/ais/es/ y www.vesselfinder.com/es

5. Un análisis detallado la estructura jurisdiccional del MED se puede consultar en www.eurocean.org/np4/file/2063/download.do.pdf

El marco legislativo para la conservación de la biodiversidad marina en el Mediterráneo

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Las AMP como herramienta de conservación de la biodiversidad

eficaz para proteger y conservar la biodiversidad de los océanos y mares del mundo. En este sentido, las AMP son valiosas herramientas de gestión que pueden abarcar una gran variedad de objetivos, incluyendo la conservación del patrimonio natural y cultural, la protección de hábitats y especies vulnerables o en peligro, la explotación sostenible de los recursos, la compatibilización de usos y la restauración de ecosistemas. Aunque los beneficios ecológicos, económicos y sociales de las AMP son innegables (Sala el at., 2013), la creación de AMP en el MED, al igual que en otras zonas del mundo, se ha convertido en una medida de conservación polémica con variedad de objetivos y resultados diversos. Esto se debe a que en muchos casos las AMP se han creado sin saber cómo su diseño puede afectar a los procesos biológicos o si es adecuado para conseguir eficazmente los objetivos planteados. El número de AMP en el MED se ha incrementado significativamente en los últimos años con unas 110 AMP en 22 países, que representan 9 millones de ha (aproximadamente el 4% de la superficie del MED)7. Sin embargo, si se consideran únicamente las zonas estrictamente protegidas (donde está prohibido cualquier tipo de extracción o actividad no científica) el porcentaje se reduce al 0,1% y el 92% son inferiores a 30 km2 (de Juan et al., 2012). La mayoría de estas AMP son costeras y tienen varias características en común, aunque la más importante es que muchas de ellas sólo existen sobre el papel, ya que su protección real, con planes de gestión y vigilancia efectiva, nunca se ha aplicado. Esta situación ha empeorado en los últimos años debido a que, con la escusa de la crisis económica actual, se han reducido los recursos económicos dedicados a la gestión de las AMP y en algunos casos se ha eliminado la vigilancia y se han suspendido los planes de seguimiento.

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Marco del Agua (2000), la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008) y la Estrategia sobre la Biodiversidad hasta 2020 (2012). La normativa de referencia relacionada con la conservación de los hábitats y las especies en el MED es el Plan de Acción del Mediterráneo (1975)6 responsable de la implantación del Convenio de Barcelona (1976, modificado en 1995). De los siete protocolos que constituyen el Convenio cabe destacar dos: i) el Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica (1995) establece, por una parte, las medidas necesarias para proteger, conservar y gestionar áreas con valor natural o cultural particular, creando la lista de Zonas Especialmente protegidas de Importancia para el Mediterráneo y, por otra, establece las medidas necesarias para proteger y preservar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro; ii) el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (2008) establece la necesidad de proteger y conservar las zonas marinas que albergan hábitats y especies de alto valor de conservación, independientemente de su calificación como áreas protegidas, a través de legislación, planificación y gestión de las zonas costeras. Además de esta dimensión internacional existe una larga lista de leyes a nivel nacional. No hay que olvidar que la mayoría de problemas relacionados con la protección de la biodiversidad se dan a una escala local, sobre todo en las zonas costeras donde existen verdaderos conflictos de usos y donde es posible plantear soluciones razonables. Una consecuencia clara de esta complejidad legislativa se traduce en el gran número de figuras de protección que se encuentran en el MED para designar las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Actualmente, existen hasta 38 nomenclaturas para denominar las AMP, como resultado de la aplicación de las diferentes normativas internacionales y regionales.

Conclusión

La creación de zonas donde las actividades humanas se encuentran reguladas es una herramienta

Dada la diversidad de amenazas que afectan a los ecosistemas marinos, deben darse cambios fundamentales en la forma en que nuestros océanos son gestionados. La mercantilización

6. www.unepmap.org

7. www.mapamed.org

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Grupo de gaviotas alimentándose de la captura descartada por una embarcación de arrastre (Autor: Joan Moranta Mesquida)

de la biodiversidad, donde la naturaleza ya solamente es vista en términos de los beneficios que aporta y como un valor económico añadido, no ha supuesto ningún beneficio para su conservación (Maris, 2103). Se ha avanzado en la reducción de algunas presiones a través de una legislación específica sobre emisiones atmosféricas, calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales, pero la pesca sigue siendo un sector problemático que necesita una mayor atención para reducir sus impactos negativos. Si bien los gobiernos han adoptado una amplia gama de reglamentos de pesca, muchos han sido ineficaces porque, o se han aplicado con poca convicción, o simplemente no se han aplicado. En el caso del MED, a pesar de la variedad de tratados internacionales y legislaciones nacionales, y a pesar del esfuerzo realizado por muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, todavía urge la necesidad de una protección y conservación real y efectiva de la biodiversidad marina. El principal obstáculo para esta urgente necesidad se puede encontrar 94

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en la compleja situación política y geográfica, con un gran número de países con zonas costeras (hasta 22) y sus dos orillas del mar, es decir, los países de la UE frente a terceros países. Principalmente, la existencia de una amplia zona de alta mar requiere un alto nivel de cooperación entre los Estados ribereños que garantice la conservación de la biodiversidad. Las AMP pueden ser una importante herramienta de conservación para estas zonas de ecosistemas profundos que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, el éxito de cualquier AMP, como herramienta de conservación y gestión, dependerá de su diseño adecuado, basado en estudios científicos de los hábitats y especies que deben protegerse y en la participación de todas las partes con intereses socio-económicos en la zona. Sólo cuando se cumplan estos requisitos y la gestión de las AMP sea el resultado de un consenso entre todas las partes implicadas, podrá ser posible su viabilidad y eficacia. Además, sin una adecuada implementación de planes de gestión y seguimiento, las AMP sólo representan

Agradecimientos Este artículo se ha realizado con una ayuda José Castillejo, concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. El autor quiere agradecer a M.J. Kaiser, C. Barberá, C. Ojeda, H. Hinz, J. Lleonart, S. de Juan, D. Oro, S. Tudela, F. Ordines, E. Olafsson, A. Cañadas, X. Pastor, A. Tejedor y E. Massutí sus valiosas aportaciones realizadas en versiones iniciales del documento.

Referencias Abdulla, A. y Linden, O., “Maritime traffic effects on biodiversity in the Mediterranean Sea: review of impacts, priority areas and mit-

igation measures”, IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain, 2008, p. 184. Coll, M. et al., “The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats”, PLoS ONE 5 (8), e11842. doi:10.1371/ journal.pone.0011842, 2010 de Juan, S. et al., “A regional network of sustainable managed areas as the way forward for the implementation of an Ecosystem-Based Fisheries Management in the Mediterranean”, Ocean & Coastal Management 65, 2012, p. 51-58. Maris, V., “De la naturaleza a los servicios ecosistémicos – una mercantilización de la biodiversidad”, Ecología Política 44, 2012, p. 27-32. Sala, O.E. et al., “Global biodiversity scenarios for the year 2100”, Science 287, 2000, p. 1770-1774. Sala, E. et al., “A general business model for marine reserves”, PLoS ONE 8 (4), e58799, doi:10.1371/ journal.pone.0058799, 2013. UNEP-MAP RAC/SPA, “The Mediterranean Sea biodiversity: state of the ecosystems, pressures, impacts and future priorities”, By Bazairi, H. et al., Ed. RAC/SPA, Tunis, 2010, p. 100.

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“parques de papel” que proporcionan una falsa impresión del éxito de la conservación. Aunque las AMP pueden ser una buena solución para detener la actual pérdida de biodiversidad a nivel global, es necesario que se aplique de forma rigurosa la legislación existente para reducir sus amenazas y que se fomenten políticas de conservación valientes que permitan poner solución a lo que se ha denominado como el sexto episodio de extinción masiva de especies.

¿Qué tienen que decir las aves sobre la política pesquera comunitaria? José Manuel Arcos*

Alguien podría preguntarse qué pintan las aves en un tema tan trascendental como el de la política pesquera. Para los que alberguen esa duda, es importante empezar por el principio. En primer lugar, cada vez es más evidente que nos enfrentamos a una grave crisis de biodiversidad1, una crisis que subyace a la actual coyuntura económica2. La búsqueda de soluciones pasa por un cambio de modelo en el que el medio ambiente deje de verse como una molestia y se entienda como parte de la solución3. La pesca representa un ejemplo paradigmático de esta situación, especialmente porque es una actividad extractiva que depende directamente de los recursos explotados, los cuales no han recibido la atención que debieran a la hora de regular la actividad. A lo largo del último siglo, la actividad pesquera ha crecido exponencialmente, causando un creciente impacto sobre los recursos marinos hasta llegar a niveles insostenibles. Las constantes mejoras tecnológicas, los numerosos subsidios a la actividad y la expansión hacia nuevos caladeros han eclipsado en parte el problema, pues durante décadas las capturas fueron creciendo pese al deterioro creciente de los recursos; pero hoy en día la crisis del sector * Coordinador del Programa Marino de SEO/BirdLife (jmarcos@seo.org) 1. http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/ 2. http://www.smartplanet.com/blog/science-scope/why-thebiodiversity-crisis-is-worse-than-the-global-economic-crisistheres-no-bailout-for-this-one/1279 3. http://www.neweconomics.org/publications/entry/natural-solutions

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es indiscutible a nivel global (Pauly et al., 2005). Y la crisis del sector no sólo afecta a los recursos pesqueros, aunque éstos han sido los únicos a los que se ha tenido en cuenta (bien es cierto que no lo suficiente) a la hora de gestionar la actividad. En efecto, la pesca representa un impacto de primer orden para el ecosistema marino en su conjunto (Jakson et al., 2001), y cada vez existe mayor consciencia de la necesidad de abordar la gestión pesquera desde un punto de vista ecosistémico (Pikitch et al., 2004). En este contexto, el papel que juegan las aves es múltiple. Por un lado, éstas son unos excelentes indicadores del estado de conservación del medio, y las aves marinas no son una excepción (Furness & Greenwood, 1992). En el caso de la pesca, las aves pueden aportar información muy valiosa sobre el estado de los stocks de peces (Cairns, 1987), así como del grado de presión que la actividad ejerce sobre el ecosistema marino (Piatt et al., 2007). Por otro lado, las aves entran en la ecuación como un componente más del ecosistema marino que se ve afectado por la pesca. Este no es un tema baladí desde el punto de vista de la conservación, ya que las aves marinas son el grupo de aves más amenazado hoy en día (Croxall et al., 2012), y la pesca se encuentra entre sus principales amenazas (Lewison et al., 2012). Más aún, las aves suelen jugar un importante papel como “especies bandera”, capaces de captar la atención del gran público en la lucha por causas medioambientales que van más allá

Radiografía de una gaviota de Audouin (Larus audouinii) muerta por la ingestión de anzuelos de pesca (en este caso deportiva) frente a Barcelona (Autor: José Manuel Arcos y C.R.F. Torreferrussa)

de las propias aves. Un buen ejemplo de ello es el rol que han jugado en diversos vertidos de hidrocarburos, si bien es cierto que en temas pesqueros suelen quedar en un segundo plano. Durante el proceso de reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC)4, que concluye en 2013, BirdLife International y sus socios europeos han trabajado con el resto de ONG ambientalistas en pro de un modelo de pesca ambiental y socioeconómicamente sostenible, y respetuoso con el ecosistema marino en su conjunto. Más allá de este mensaje común, desde BirdLife se ha prestado especial atención a las aves marinas, buscando un modelo de pesca que también las tenga en cuenta. Los siguientes son algunos de los puntos a los que se ha prestado mayor atención desde esta perspectiva singular.

de diversas especies de albatros y petreles5. Esto llevó a desarrollar medidas de mitigación que minimizaran las capturas, como el uso de “líneas espantapájaros”, con notable éxito en algunas regiones6. Mientras tanto, en Europa el problema ha pasado más desapercibido. Pero cada vez existen más evidencias del impacto de las capturas accidentales de aves en nuestras aguas, que podrían causar la muerte de más de 200.000 individuos cada año en la UE7. Por ello, en los últimos años BirdLife ha luchado por conseguir un plan de acción comunitario para minimizar las capturas accidentales de aves, logrando la publicación de éste en 20128. El trabajo continúa ahora para enmarcar dicho plan en la nueva PPC, así como transponerlo a la regulación nacional de cada uno de los Estados Miembros. Hay que decir que en algunas zonas de la UE el problema de las capturas accidentales de aves es tan o más serio en el caso de algunas artes de pesca artesanal, que por norma concuerdan más con un modelo de pesca ambiental y socioeconómicamente sostenible. Pero si apostamos por el principio ecosistémico no podemos olvidar el impacto sobre las aves, sobre todo cuando pone en riesgo la viabilidad de algunas especies. La solución pasa por afrontar de cara el problema y trabajar junto a los pescado-

Capturas accidentales Las aves marinas son organismos longevos (pueden vivir varias décadas) y con tasas de reproducción bajas, por lo que sus poblaciones son muy sensibles a aquellos factores que incrementan sus tasas de mortalidad natural. Las capturas accidentales en artes de pesca (especialmente en palangres y redes de enmalle) son probablemente el más preocupante de estos factores. El problema cobró relevancia hace casi dos décadas en los mares del sur, al asociarse con un fuerte declive 4. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm

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Gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) aprovechando los descartes de un arrastrerofrente a Barcelona (Autor: José Manuel Arcos)

5. http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/116 6. http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/263 7. http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/preventing-seabird-bycatch-fisheries 8. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

ecologíaPolítica

res para buscar medidas que minimicen las capturas accidentales o adaptar las ya desarrolladas en otras regiones. Al fin y al cabo, las capturas accidentales no dejan de ser una molestia para los pescadores, por lo que minimizarlas también repercutirá en beneficio del sector.

Descartes de pesca Los descartes pesqueros son capturas que se devuelven al mar por varias razones, principalmente por exceso de cuota, tallas no legales o especies de escaso o nulo valor comercial. Las aves marinas hacen un uso extensivo de este recurso como fuente de alimento predecible y de fácil acceso. Por ello, a menudo se achaca a las organizaciones conservacionistas de aves el apoyar este tipo de prácticas, que conllevan por otro lado un alto impacto sobre el ecosistema marino. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que algunas poblaciones de aves han crecido gracias a los descartes, también lo es que las aves estrictamente marinas prefieren capturar presas de forma natural, y solo recurren de forma significativa al consumo de descartes cuando las presas naturales (principalmente pequeños peces pelágicos) escasean (Tew Kai et al., 2013). Además, los descartes favorecen diferencialmente a las especies más oportunistas, causando puntualmente problemas indirectos derivados de la superpoblación de éstas, y en definitiva alterando la composición de las comunidades de aves marinas. Por otro lado, los descartes pueden ser contraproducentes para las aves, al estar compuestos por especies a menudo menos nutritivas y con más contaminantes (Arcos et al., 2008). Por todo ello, BirdLife ha trabajado en sintonía con el resto de ONGs ambientales a favor del objetivo de reducir o eliminar los descartes, como contemplaba la reforma de la PPC. Sin embargo, dicho objetivo no debe lograrse a cualquier precio. La reducción de descartes debe conseguirse a través de una mejora en la selectividad de las artes y la gestión del sistema de cuotas, a la vez que se establezca un mayor control sobre el impacto de la pesca en especies que no son objetivo. Por el contrario, la simple obligación de desembarcar las capturas que hoy 98

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en día se descartan no arreglará el problema por sí sola, y puede traer numerosas complicaciones. En primer lugar, se retira un volumen de biomasa que antes era devuelto al ecosistema, causando un mayor impacto sobre el ecosistema marino (Sardà et al., 2013). Además, el desembarco sistemático de los descartes puede crear nuevos mercados, especialmente de productos derivados del pescado (harinas y piensos), que de ser económicamente rentables podrían conducir a un incremento de la presión pesquera. Esto puede ser beneficioso para la acuicultura, actividad en auge, pero desde luego es un problema para el medio marino. Por todo ello, el establecimiento de unos mínimos de descartes para ciertas pesquerías puede ser aceptable, siempre y cuando se desarrollen los mecanismos de control adecuados y se apueste por la selectividad. Y en cualquier caso, la reducción de los descartes deberá ir acompañada de un buen seguimiento, que permita evaluar y minimizar el impacto de dicha medida sobre las comunidades de aves y el resto del ecosistema marino.

Pesca y Red Natura 2000 Hasta ahora, las políticas pesqueras europeas se han caracterizado por su poca vinculación a las políticas ambientales, como las Directivas Aves y Hábitats. Estas dos directivas forman la base de la red Natura 2000, una red de espacios protegidos cuyo objetivo es compatibilizar las actividades humanas que en ellos se desarrollan con los valores naturales por los que se designan. Pero la red Natura lleva un notable desfase en el medio marino respecto al terrestre (p.ej. menos de un 0,5% de las aguas españolas están incluidas en la red, contra más de un 25% de la superficie terrestre), y la mayoría de los espacios aún no cuentan con planes de gestión. Por otro lado, la aplicación de medidas de gestión relacionadas con la pesca en estos espacios debía pasar hasta ahora por un proceso complejo, en el que las políticas ambientales estaban totalmente supeditadas a las pesqueras9. Con la nueva 9. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines_es.pdf

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ficar las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) marinas11, y se ha desarrollado en el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES. En definitiva, contamos con una nueva política pesquera que apuesta por un modelo ambiental y socioeconómicamente más sostenible, y que apuesta por una visión del ecosistema marino en su conjunto. Por primera vez las aves tienen la oportunidad de jugar un papel destacado, especialmente en el contexto del plan de acción para minimizar las capturas accidentales y en la gestión de las ZEPA marinas. Ahora toca pasar de la teoría a la práctica, y debemos asegurar que los detalles técnicos están en sintonía con los principios generales estipulados. Como suele decirse, “el Diablo está en los detalles”.

Referencias

Charrán común (Sterna hirundo), Azores. Los charranes se encuentran entre las aves marinas más dependientes de pequeños peces pelágicos, y a menudo son buenos indicadores de la presencia de presas. (Autor: José Manuel Arcos)

PPC, y gracias también al papel integrador de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE), se espera una mayor integración entre políticas ambientales y pesca (Fock, 2011). En el caso de las aves, esto afectará a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los espacios de la Red Natura 2000 designados por los valores para este grupo de organismos. Precisamente la entrada en vigor de la nueva PPC coincidirá en el tiempo con la designación de 39 ZEPA marinas en España, que cubrirán más del 5% del territorio marino. Los planes de gestión deberán aprobarse en 2 años, y ya se ha empezado a trabajar con el sector pesquero para hacerlo partícipe10. La propuesta de ZEPA se basa en el trabajo de SEO/BirdLife para identi10. http://www.seo.org/blog/primeros-pasos-para-una-red-natura-2000-marina-de-todos/

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Los enclaves del ‘Uruguay Natural’ en los márgenes del neodesarrollismo.

Uruguay ha sido uno de los países de América Latina en crear más recientemente un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A partir de una Ley del año 2000 y con el apoyo de la cooperación financiera de organismos internacionales, recién en 2007 se comenzó a estructurar este Sistema. En 2008 se decretó la primera área y en 2012 se estableció el primer Plan de Manejo. Este proceso se ha desarrollado manteniendo una de las ‘marcas país’ de la década neoliberal (la idea de ‘Uruguay Natural’, asociada a la promoción turística del país), en el contexto de profundas transformaciones productivas dadas por la consolidación del agronegocio mediante sistemas productivos forestales (para la producción de celulosa) y agrícolas (básicamente soja). Cambios que son concebidos por algunos como neodesarrollismo, en tanto que superación de la ortodoxia neoliberal, pero sin desprenderse de la dependencia de la inversión extranjera que lucra con la renta extraordinaria de los recursos naturales y genera procesos de aumento de la desigualdad económica y social (Santos et al., 2013). El estado no ha puesto en cuestión estas intensas transformaciones, con sus serias consecuencias económicas, sociales y ambientales, por lo que no es extraño encontrar dichos sis* Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Universidad de la República, Uruguay (carlos.santos@extension. edu.uy) ** Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay (holalolachouhy@hotmail.com)

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Carlos Santos* y Magdalena Chouhy**

Mapa de Uruguay con dos áreas protegidas identificadas

temas productivos en los límites de las áreas de conservación. A su vez, la implementación de las áreas que se incorporan al SNAP, en esta etapa, no ha estado exenta de diferentes conflictos con poblaciones locales en relación a los usos tradicionales de la naturaleza que chocan con concepciones de “diseño” ambiental. La definición de las actividades que pueden realizarse, o no, en un área protegida, pone en juego nociones sobre naturaleza y amecologíaPolítica

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Farrapos (Autor: Álvaro Adib)

biente, no necesariamente comunes a todos los actores implicados. Generalmente, en estos procesos, las ideas de naturaleza y las concepciones de conservación que se despliegan tienen poco que ver con las dinámicas de relación con el entorno de las poblaciones locales (mediadas por el uso y aprovechamiento directo de los recursos) a favor de una visión alienada de la sociedad en relación con la naturaleza, un tipo de naturalismo al entender de Descolá (2010). Los procesos participativos implicados en la implementación de las áreas protegidas en Uruguay, se despliegan en una densa trama horizontal de corte institucional, que deja poco espacio para la voz de los pobladores afectados, evidenciando que la ejecución de esta política ha estado orientada a la recuperación de la legitimidad del Estado (desmoronada durante el neoliberalismo), antes que a la construcción de poder popular. La función del Estado a través de políticas públicas que regulan la compleja relación conservación-producción, así como las características 102

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que está teniendo el proceso de implementación de las áreas protegidas en Uruguay, se exponen a continuación a través de dos Parques Nacionales estudiados: Cabo Polonio y Esteros de Farrapos, respectivamente al este y al oeste del país.

Cabo Polonio La aún pendiente definición del plan de manejo del Cabo Polonio, pese a su ingreso oficial al SNAP en el 2009, pone de manifiesto la complejidad que envuelve el proceso de implementación del área. Ubicado en el departamento de Rocha, este cabo se adentra siete kilómetros en el océano Atlántico, bordeado por dos playas de finas arenas y puntas rocosas. Enfrente, un grupo de islas (de Torres) alberga a la mayor comunidad de lobos marinos de la región, cuya explotación ha sido, junto a la pesca artesanal, motivo de la formación de un pequeño poblado a mediados del pasado siglo (la explotación lobera o lobería, llevada adelante por el Estado desde la independencia de la nación, fue prohi-

parte del plan de manejo– sino que los reordena hacia la captación de un perfil socioeconómico más alto (Chouhy, 2013). Por otro lado, si bien aún no rige un plan de manejo, una fuerte intervención burocrática y fiscal de la Intendencia de Rocha, determinan el ingreso del Polonio -y sus temporalidades atravesadas por un imaginario de libertad y aislamiento del control público- en un intrincado universo legal y administrativo. La presión de hecho sobre los pobladores, la incertidumbre sobre la continuidad de sus casas, lugares y habilitaciones para el trabajo, sobre la heredabilidad de sus inmuebles, en suma, sobre la continuidad de los proyectos de vida, enfatizan la percepción social de que se está ante un proceso de elitización del lugar. En ese sentido, la medida de protección ambiental está siendo, paradójicamente, entendida en tanto amenaza de desplazamiento de parte de la población del área.

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bida en 1992). La localidad ha recibido desde la década de los ochenta, pobladores de variado origen, a raíz de su desarrollo turístico -paralelo al retroceso de las faenas marítimas- y del interés creciente por cambios de vida urbana hacia espacios de naturaleza escasamente intervenida. Cabo Polonio integra la cuenca de la Laguna de Castillos, lo que ha motivado su inclusión en la Reserva de los Bañados del Este de UNESCO, en 1976, y como espacio Ramsar a partir de 1984. Comporta, además, el remanente de un campo de médanos y dunas que antiguamente se extendía a lo largo de la costa uruguaya. Tal condición relictual determina la singularidad del ecosistema dunar, cuyo deterioro ha motivado numerosas iniciativas de protección ambiental, siendo finalmente, y a instancias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), declarado Parque Nacional. El proceso de implementación del área refleja, ya desde la definición de su categoría, perspectivas contrapuestas entre los pobladores y el Estado respecto del lugar. Esta categorización -marco para el plan de manejo- puede entenderse como la regulación gubernamental de las relaciones sociedad-naturaleza. Los pobladores entendieron que la categoría adecuada al área era la de Paisaje Protegido, que por definición valora los productos de las interacciones entre sociedad y naturaleza. Esta perspectiva nutre una matriz de sentido -presente en la población del Cabo- que impugna una concepción dual y racionalista de las relaciones sociedad-naturaleza. El Estado propone y decreta la categoría de Parque Nacional que, en cambio, implica que la explotación u ocupación humana sea mínima en vinculación con algunos de los ecosistemas a proteger. La prioridad es la conservación de biodiversidad, en el sentido dado a la naturaleza en la cosmología occidental y moderna, excluyente de la sociedad (Descola, 2004). Enmarcado por tal categoría, el enfoque de una propuesta de plan implica modificaciones que impactarán sobre los modos de vida del Cabo: propone una zonificación que interviene drásticamente en el asentamiento, la arquitectura local, las modalidades de poblamiento, no impugna usos turísticos en el área – la categoría alienta la recreación, y la apuesta ecoturística sería

Esteros de Farrapos Para los habitantes del entorno del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (oeste de Uruguay), el reciente carácter de área protegida de este espacio ha implicado una nueva inscripción en el proceso de globalización, del cual formaban parte hasta ahora a partir de su dimensión productiva (en términos de proveedores de materias primas del mundo desarrollado). Aquí se aborda las tensiones y transformaciones generadas entre estos pobladores a partir del proceso de implementación de un área protegida, en un contexto de alta intensificación productiva (Santos, 2011). El Parque es un humedal con islas fluviales que se ubica en ambas márgenes del Río Uruguay. Su extensión abarca desde la ciudad de Concepción (en la margen argentina), mientras que a la altura de la localidad de San Javier el humedal cruza a la margen uruguaya, extendiéndose en ambas márgenes hasta la altura de la ciudad de Fray Bentos (donde está localizada la planta de celulosa de UPM/Botnia, que ha generado el conocido conflicto internacional con Argentina). Los objetivos de conservación son el propio ecosistema de bañados (el área protegida está ecologíaPolítica

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amparada desde 2004 en la Convención Ramsar) y en la presencia de relictos de monte chaqueño (blanqueales) únicos en el país, con su biodiversidad asociada (hormigas atta), incluyendo otras especies que incluso tienen valor y utilización comercial (es el caso de peces como distintos tipos de bagre, boga, tararira o patí). A partir de la intensificación y la transformación de la producción agrícola -desde la década del sesenta- ha tenido lugar un proceso de concentración de población en los centros urbanos en detrimento de la población rural, aunque no todos los centros urbanizados han sido igualmente receptores, ya que en algunos casos también estos últimos han tenido tasas negativas de crecimiento. La población rural que ha migrado a los centros urbanos ha transformado sus dinámicas de reproducción social. En muchos casos, trabajadores rurales provenientes de la ganadería o la agricultura han adaptado sus dinámicas a la realización de actividades extractivas como la pesca, la recolección y la caza; u optaron por la especialización en actividades productivas como la apicultura. La principal transformación productiva de Río Negro con la instalación del agronegocio (Hernández, 2009) ha sido la transnacionalización de la producción agrícola con la emergencia de empresas que compran tierras (en el caso de la forestación) o las arriendan (en el caso de la soja) en grandes extensiones. Entre 2000 y 2010, en el departamento de Río Negro tuvo lugar el aumento de la superficie destinada a la producción forestal (eucalyptus y pino)1. Se 1. Mientras entre 1975 y 1989 la superficie departamental destinada a la forestación era de 3.494 hectáreas, en 2008 la superficie total forestada llegaba a 104.217 hectáreas . En lo que respecta a los actores de este proceso de expansión, dos empresas concentran la mayor cantidad de superficie: Forestal Oriental (propiedad de los capitales finlandeses que también son dueños de la Planta de Celulosa de UPM/Botnia en la ciudad de Fray Bentos, también en el departamento de Río Negro) y EUFORES (propiedad hasta el año 2009 de la española ENCE, desde entonces ha pasado a manos de una asociación entre la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, bajo el nombre de Montes del Plata). En lo que respecta a la producción de soja la superficie cultivada en el departamento de Río Negro prácticamente se triplicó desde la zafra 2003/2004 (55.218 hectáreas) a la zafra 2009/2010 (151.812 hectáreas). En este rubro es más difusa la identificación de los actores detrás de la expansión del cultivo, pero las empresas que han tenido una mayor proyección

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ha procesado un cambio a nivel de los actores empresariales, con protagonismo directo de conglomerados empresariales transnacionales, y la incorporación de innovaciones tecnológicas permitieron (o provocaron) significativos cambios en la escala de producción. Este proceso, a su vez, se refleja en la tenencia y de control de la tierra.

Discusiones generales La generación de áreas protegidas de ningún modo supone límites al avance de la expansión del capitalismo sobre la naturaleza, al contrario. Al entenderse como territorios de conservación circunspectos, estarían legitimando la desprotección del resto del territorio (Santos, 2011), lo que plantea el cuestionamiento al respecto de los impactos de esta política, tanto a escala nacional como local: ¿por qué se prohíben actividades extractivas de subsistencia y a pocos metros de distancia el agronegocio se desarrolla a escalas históricas nunca antes registradas, generando una serie de beneficios que no son distribuidos, por lo menos a nivel local? Desechando la idea de que las áreas protegidas formen parte de un proyecto más amplio de país sustentable, el “Uruguay Natural”, los casos aquí presentados dan cuenta de que tampoco es evidente aún su contribución a la producción de condiciones de equidad socioeconómica en las poblaciones involucradas. Concomitantemente, su implementación no ha asumido el respeto de prácticas, concepciones y estéticas locales: en lugar de construirse participativamente, hacia la reproducción de condiciones naturales y sociales de vida y el mejoramiento de las relaciones ambientales de las áreas, la protección se introduce unilateralmente, concebida sobre una división a priori entre sociedad y naturaleza. Es claro que las áreas protegidas apenas son una herramienta acotada, que no van a resolver en sí mismas la tensión conservación/producción. Pero podrían contribuir a ello. Sería necesario -para intervenir contratendencialmente en la producción sojera en el litoral oeste de Uruguay son las empresas de capitales argentinos El Tejar y Agronegocios Del Plata (Santos, 2011).

de la expansión del capitalismo sobre los bienes de la naturaleza. La institucionalidad ambiental transnacional y multiescalar es el contrapeso de la consolidación del agronegocio en el campo -en lugar de la producción campesina y de la producción familiar- y del avance de industrias extractivas sobre la naturaleza (como la minería o aún la propia intensificación de procesos de producción agrícola).

Farrapos (Autora: Mariana Ríos)

en los procesos de degradación y depredación ambiental- que la implementación de esta política pública de conservación tomara en cuenta las dinámicas propias de las poblaciones afincadas en el espacio que ocupan las áreas, así como los procesos socioeconómicos en los cuáles están insertas, para poder minimizar los conflictos que se producirán a la hora de tratar de acompasar la protección ambiental con la generación de riqueza a partir de la explotación de los recursos naturales. En cierto sentido, la idea de naturaleza que orienta la implementación de áreas protegidas parece tener mucho más en común con la visión ‘desde arriba’ que tiene el agronegocio. No es otra cosa que lo que ha planteado Horacio Machado Araóz (2009): una ecología política de la modernidad que debe desentrañar la articulación Ciencia-Estado-Capital con el fin de desnaturalizar la naturaleza. En este marco, también es crítico entender si el establecimiento de áreas protegidas forma parte de una estrategia de mitigación de los impactos del desarrollo, o de la superación de las limitantes que el avance de las relaciones capitalistas de producción genera sobre la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, la idea de superación de las nociones tradicionales de desarrollo -aún las de desarrollo sustentable- debe ser contemplada. Esto es lo que Arturo Escobar (1996) ha denominado posdesarrollo. Entendida como parte del proceso de globalización, la expansión de las áreas protegidas registrada en los últimos 30 años es la contracara

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ecologíaPolítica

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Referencias

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EL JARDÍN escondido

Un libro de Pilar Sampietro e Ignacio Somovilla Editado bajo criterios auditados de ecoedición por Pol·len edicions

19,5€

Redes de resistencia Resistiendo a la privatización de las semillas Josep Maria Antentas y Esther Vivas

No a la compensación de biodiversidad Declaración abierta: varios autores

Conflictos socioambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México

Víctor M. Toledo, David Garrido y Narciso Barrera-Basols

Un año antes de las jornadas de movilización de junio de 2013 en Brasil, el encuentro de Río+20 Lúcia Ortiz

Colombia y TLC: entre la movilización y el conflicto Lyda Forero y Danilo Urrea

Resistiendo a la privatización de las semillas Josep Maria Antentas* y Esther Vivas**

La mercantilización de la agricultura y del sistema alimentario forma parte del proceso de mercantilización generalizada de la sociedad, la vida y la naturaleza que ha significado históricamente el ascenso del neoliberalismo. Esta es una dinámica de larga duración que se intensificó a partir de los años sesenta con la revolución verde y ha comportado una creciente penetración capitalista en la agricultura (Bello, 2009). El sistema alimentario es como una larga cadena horizontal que se ha alargado cada vez más, alejando producción y consumo, y favoreciendo la apropiación empresarial de las distintas etapas de la producción (Desmarais, 2007). Las semillas son el primer tramo de la cadena y su control ha ido basculando hacia un reducido núcleo de grandes firmas. Son, como señala Kloppenburg (2008), a la vez un medio de producción y un producto, y se han convertido en el símbolo y en el objeto mismo de la resistencia a la mercantilización de la agricultura. Su control es estratégico pues supone en gran medida la posibilidad de dominar el conjunto del sistema alimentario. Tradicionalmente, el campesinado poseía una casi completa soberanía sobre las semillas, y la reciprocidad y el intercambio determinaban las * Profesor del Departamento de Sociología de la UAB y miembro del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)-Institut d’Estudis del Treball (IET) (josepmaria.antentas@uab.cat) ** Miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF. (esther.vivas@pangea.org) Blog: http://esthervivas.com

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decisiones sobre qué plantar, almacenar o traspasar. Estas prácticas fueron progresivamente desplazadas a medida que aumentaba el control empresarial del sistema de semillas. En la actualidad las diez empresas más grandes controlan el 67% del mercado mundial de semillas, y las tres mayores, Monsanto, DuPont y Syngenta, el 47%, cuya fuerza no ha dejado de crecer gracias a su política de adquisiciones y absorciones (ETC Group, 2008). El avance de la mercantilización de las semillas varía regionalmente. En los países industrializados el peso del agrobusiness es aplastante en la provisión de semillas, mientras que en los países del Sur Global todavía no. En India, las semillas comerciales representan entorno a un 30% y en África menos del 10%. Por ello, es en el Sur Global donde se libran las batallas más feroces contra las multinaciones de la biotecnología (The Center For Food Safety & Save Our Seeds, 2013). La intensificación del control empresarial sobre el sistema de semillas y la expropiación del control campesino ejemplifica muy bien la lógica de “acumulación por desposesión” que Harvey (2004) señala como característica de la dinámica propia del capitalismo y en particular de su fase contemporánea. Las grandes corporaciones de la biotecnología intentan apropiarse de las semillas mediante una serie de tratados internacionales y reformas legales nacionales. Se ha desplegado toda una panoplia de medidas que incluye acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tratados bilaterales de libre-comercio, y leyes sobre la propiedad intelectual, cuya forma más agresiva son las leyes

La soberanía de semillas La movilización para defender el control campesino de las semillas frente al agrobusiness se ha convertido en un elemento estratégico en la batalla más general en defensa de la soberanía alimentaria. Ésta no existe sin la soberanía de semillas. El avance del control empresarial del mercado de semillas en los países occidentales ya desde los años setenta y ochenta multiplicó las iniciativas campesinas para preservar el control sobre las mismas. Así, por ejemplo, en Canadá, en 1984, se puso en marcha el Heritage Seed Programme (actualmente Seeds of Diversity Canada) con el objetivo de preservar, compartir y defender la variedad de las semillas que el avance de la privatización ponía en riesgo. Iniciativas similares florecieron en otros países. Desde los años noventa, fruto de la aceleración de la mercantilización de la agricultura, las resistencias campesinas fueron en aumento de forma exponencial. Casos conocidos como el del granjero Percy Schmeiser, demandado en 1998 por Monsanto por violar la licencia de las semillas Roundup Ready, son ejemplos concretos de la muy amplia movilización campesina en las dos últimas décadas. Con el objetivo de coordinar y dar una coherencia global a las resistencias en ascenso contra la privatización de semillas La Vía Campesina, en el Foro realizado en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma (2002), lanzó la campaña internacional “Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad”, que sería propulsada con más fuerza en ocasión del Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2003 y diseñada y definida en las sucesivas

reuniones de coordinación internacional de la campaña que se realizaron en Paraguay y México aquél mismo año. En esta década de existencia, la campaña internacional ha actuado como un paraguas coordinador de diversas iniciativas locales y nacionales autónomas y les ha proporcionado un marco de referencia general. Siendo esencialmente una iniciativa campesina ha contado con el apoyo de organizaciones sociales, ONGs, grupos de investigación..., aliados de La Vía Campesina, y ha intentado involucrar al conjunto de la sociedad más allá de las comunidades rurales, enmarcando la defensa de la soberanía de semillas en una lucha más general contra la mercantilización de la agricultura y el planeta. A falta de victorias significativas ante el tsunami privatizador, La Vía Campesina ha logrado popularizar de forma creciente la idea que las semillas son patrimonio común de los pueblos y no un negocio en manos privadas. Muchas han sido las formas de acción desplegadas por el movimiento campesino esta última década en defensa de la soberanía de semillas: bancos de intercambio, festivales de la biodiversidad, mantenimiento de las prácticas tradicionales de almacenaje e intercambio, y campañas de presión política contra reformas legislativas. Por todo el planeta se han organizado redes campesinas en defensa de las semillas, desde la red Semences Paysannes en Francia hasta la Campaña de la Semilla en Chile, pasando por la Red de Semillas de África Occidental. Una de las formas típicas de acción han sido las Ferias de productores e intercambio destinadas a promover las prácticas campesinas tradicionales (como por ejemplo los Seedy Saturdays “Sábados de Semillas” en Canadá). También en diversos países latinoamericanos (como Brasil, Uruguay o Colombia, por citar algunos) se han venido organizando iniciativas como las Fiestas Nacionales de Semillas, como espacio de encuentro, reivindicación e intercambio. América Latina ha sido un continente particularmente activo en la defensa de las semilllas. En Chile, aunque en 2010 se aprobó una Ley de Semillas favorable al agrobusiness, la reacción social a la misma fue muy relevante. En Argentina, ecologíaPolítica

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UPOV (en particular el Convenio UPOV 91). La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales es un organismo internacional creado en 1961 cuya misión formal es “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales” lo que, traducido al mundo real, supone la defensa acérrima de los intereses del agrobusiness (Grain, 2013).

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el anuncio del gobierno de Cristina Fernández en junio de 2012 de que Monsanto realizaría de nuevo inversiones en el país despertó también un importante rechazo popular y todavía no se ha producido una modificación regresiva de la Ley de Semillas vigente. En Colombia, la movilización campesina de este mismo 2013 obtuvo una importante victoria con la anulación de la Resolución 9.70 que penalizaba a los agricultores por el uso de semillas no certificadas. En Venezuela, la Campaña Libre de Transgénicos y otras organizaciones sociales están en guardia ante un posible proyecto de modificación de la Ley de Semillas. En México, las movilizaciones campesinas consiguieron impedir que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara en dirección aún más favorable al agrobusiness (Grain, 2013). Debido a su posición específica en la cadena agrícola, el rol de las mujeres en las campañas de defensa de las semillas como las mencionadas es particularmente relevante. Es por ello que los debates acerca de la soberanía alimentaria y la soberanía de semillas deben analizarse, para ser completos, desde una perspectiva feminista, comprendiendo los problemas propios de las mujeres campesinas y su papel en el movimiento campesino. La soberanía alimentaria y el feminismo se cruzan en el camino (Vivas, 2012). Finalmente, conviene hacer mención a las campañas específicas, promovidas en general por colectivos ecologistas y no tanto directamnte por movimientos campesinos, contra Monsanto, el gigante de la bioctecnología. Aunque no están centradas específicamente en la defensa de la libertad de semillas, dicha reinvindicación aparece en el marco de una crítica global al papel de esta firma. Así, el 25 de mayo de 2013 tuvo lugar un Día de Acción Global contra Monsanto con acciones en varios países, mientras que el 12 de octubre del mismo año se desarrolló la Marcha contra Monsanto, con actividades en 400 ciudades de 52 países. Estas iniciativas han sido hasta ahora más bien simbólicas en lo que se refiere al tipo de acciones realizadas y a su alcance cuantitativo, si bien su principal mérito es su capacidad de articulación internacional.

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¡Quit India! India es uno de los países donde las resistencias a la mercantilización de las semillas ha sido más intensa. No en vano, entre 1995 y 2009, 241,679 campesinos se suicidaron debido al hundimiento del mundo rural (Center for Human Rights and Global Justice, 2011). En 1998 estalló la campaña “Quema Monsanto” tras la quema de varios campos de la compañía en Karnakata. Pocos meses después varios miles de campesinos se manifestaron ante la sede de Monsanto, lanzando la campaña “Monsanto Fuera de la India” el 9 de agosto, fecha del aniversario del llamado de Gandhi en 1942 al poder colonial inglés a abandonar el país. Simbólicamente se enlazaba la lucha por la independencia frente al Imperio Británico con la pérdida de soberania a manos de la agroindustria. Desde entonces, la reivindicaciones campesinas contra la mercantilización de la agricultura y el sistema alimentario en el país han sido una constante. El último episodio de esta larga lucha ha sido la campaña contra el Proyecto de Ley de Regulación de las Biotecnologías, presentado a trámite el 22 de abril de 2013 en el Parlamento, y que favorece la entrada de OGMs en la agricultura y alimentación y los intereses de las compañías del sector, motivo por el cual es apodado como Proyecto de Ley de Protección y Promoción de Monsanto. En India, precisamente, nació recientemente una de las iniciativas internacionales más publicitadas en defensa de la libertad de semillas. La Campaña Global para la Libertad de Semillas (Global Campaign for Seed Freedom) fue lanzada en 2012 por Vandana Shiva, con manifiesto inaugural apoyado por 15.000 signatarios procedentes de 76 países. Busca convertirse en una campaña internacional contra el monopolio de las multinacionales de la biotecnología del sistema de semillas, y aprovechando la estela del movimiento Occupy impulsó en 2012 dos semanas de lucha (del 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Ghandi, hasta el día 16 del mismo mes, Día Mundial de la Alimentación) en favor de libertad de semillas, Occupy the Seed, en el marco de la cual se llevaron a cabo 195 acciones simbólicas en 335 países.

Referencias Bello, W., Food Wars, London, Verso, 2009. Center For Human Rights and Global Justice (2011). “Every Thirty minutes. Farmer Suicides, Human Rights and the Agrarian Crisis in India”. New York, Center For Human Rights and Global Justice, 2011. Desmarais, A., La Vía Campesina, Madrid, Editorial Popular, 2007. ETC Group, ¿De quién es la naturaleza?, Ottawa, ETC Group, 2008.

Grain, “Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma” (disponible en: http:// www.grain.org/article/entries/4801-leyesde-semillas-en-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistencia-quecrece-y-suma), 2013. Kloppenburg, J., “Seeds, Sovereignty, and the Vía Campesina: Plants, Property, and the Promise of Open Source Biology”, Paper prepared for the Workshop on Food Sovereignty: Theory, Praxis and Power, St. Andrews College, University of Saskatchewan, November 17-18, 2008. Harvey, D., El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004 Shiva, V., Biopirartería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento, Barcelona, Icaria, 2001. The Center For Food Safety & Save Our Seeds, “Seed Giants vs U.S. Farmers”, Washington, The Center For Food Safety. 2013. Vivas, E., “Soberanía alimentaria, una perspectiva feminista”, El Viejo Topo 288, 2012.

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La lucha por la soberanía de semillas encierra todo un verdadero nudo gordiando estratégico en el que se mezclan cuestiones medioambientales, culturales, tecnológicas, económicas y sociales. Por ello, como afirma Vandana Shiva (2001) “la semilla se ha convertido en el sítio y el símbolo de la libertad en la era de la manipulación”. Una libertad que la movilización campesina contra los gigantes de la biotecnología no cesa en reclamar desde todos los rincones del planeta.

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No a la compensación de biodiversidad 1 Declaración abierta: varios autores Traducido por: Teresa Rego Cabanas

Por todo el mundo, los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos son dañados por grandes proyectos de infraestructuras, industrias extractivas y mercados financieros2. Para facilitar estas actividades, entidades públicas y privadas están promocionando nuevos planes para permitir que los impactos medioambientales sean “compensados”. Esto podría suponer un aumento de los daños, pero lo que aún es más preocupante es que podrían derivar en la mercantilización de la naturaleza. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes alertan de los impactos negativos de esta falsa solución diciendo “No a la compensación de biodiversidad”. La compensación por la pérdida de biodiversidad se fundamenta en la promesa de compensar la naturaleza destruida y perdida en un lugar reponiéndola con la de algún otro lugar. Al igual que con el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y los planes para el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (Programa REDD), la compensación de biodiversidad depende de “expertos” quienes con du1 Esta declaración está abierta para recibir firmas de organizaciones, grupos, redes, asociaciones y colectivos. Para adherirse, por favor, envíe un correo electrónico a: nobiodiversityoffsets@ gmail.com (Fuente: http://no-biodiversity-offsets.makenoise. org/espanol/) 2. La minería, la tala industrial, los monocultivos y los megaproyectos de transporte están llevando a más expropiaciones y cambios de uso de la tierra, entre ellos la conversión de bosques en zonas de cultivo intensivo. Al mismo tiempo, en nombre de la seguridad energética, los esfuerzos a gran escala están en camino de aumentar la extracción de combustibles fósiles convencionales y no convencionales, como arenas aceiteras y gas de esquisto.

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dosos cálculos pretenden equiparar una zona natural a otra. Como si se pudieran intercambiar.

¿Quién se beneficia realmente? La compensación de biodiversidad permite, o incluso fomenta, la destrucción medioambiental con la promesa de que el hábitat se puede recrear en algún otro lugar. Esto beneficia a las empresas que causan daños, ya que se pueden presentar como empresas que invierten en protección medioambiental, haciendo pasar así sus productos y servicios por ecológicos. También crea nuevas oportunidades de negocio para los intermediarios: consultores de conservación que calculan las pérdidas, banqueros que las convierten en créditos, comerciantes que intercambian y especulan con ellos en nuevos mercados especializados e inversores que quieren obtener beneficios del llamado “capital natural”. El “capital natural” es un concepto artificial basado en cuestionables suposiciones económicas, más que en valores ecológicos, y abre la puerta a la mercantilización de la naturaleza. Todo esto ocurre con la fuerte implicación de los gobiernos estatales que están creando políticas públicas para asegurar que los derechos de propiedad sobre elementos de la naturaleza, como el carbón o la biodiversidad, se pueden transferir a empresas y a bancos.

La naturaleza es única y compleja. Es imposible medir la biodiversidad en su totalidad, así que sugerir que se pueden encontrar áreas naturales equivalentes es una falacia. Algunos ecosistemas necesitan cientos, incluso miles de años para llegar a su estado actual, sin embargo la compensación de biodiversidad quiere hacernos creer que se puede encontrar un repuesto. Una investigación extensiva demuestra que esto es imposible3.

La compensación de biodiversidad perjudicará a las comunidades La compensación de biodiversidad implica que la protección medioambiental se convierte en un subproducto de un proyecto comercial, marginando comunidades y amenazando su derecho a la vida. La naturaleza desempeña un importante papel social, espiritual y de subsistencia para las comunidades locales, que definen sus territorios a través de una relación equilibrada e histórica con la tierra y la naturaleza. Estos valores no se pueden medir, tasar o compensar, de la misma forma que las comunidades no pueden simplemente mudarse a vivir en otro sitio4. La compensación de biodiversidad pretende separar a la gente del entorno en el que vive, donde se asienta su cultura y donde su actividad económica ha tenido lugar tradicionalmente.

La compensación de biodiversidad podría suponer un aumento de la pérdida de biodiversidad Casos anteriores de compensación de biodiversidad demuestran cómo se abren los recursos naturales a la explotación y se socavan los derechos de las comunidades de ser capaces de gestionar 3. http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/Critical-review-of-biodiversity-offsets_for-IEEP_Final.pdf 4. La desproporcionada e injusta carga de falsas soluciones/ compensaciones para las comunidades más vulnerables, que no son responsables de la destrucción medioambiental, y cuyo medio de vida depende directamente de un entorno sano y de la posibilidad de interactuar con él.

y proteger los bienes naturales. Los ejemplos incluyen: • El nuevo Código Forestal de Brasil, que permite a los propietarios de tierras destruir bosques si compran “certificados de reservas medioambientales” que emite el estado y se comercializan en BVRío, la “bolsa de valores verde” que ha establecido recientemente el gobierno de Brasil. • La legislación que planea la UE sobre la compensación de biodiversidad (la llamada “Iniciativa para evitar la pérdida neta”. No net loss, como es llamado en inglés) que puede socavar las directivas ambientales actuales. • Instituciones de financiación pública como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del Banco mundial para el sector privado) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) están convirtiendo la compensación de biodiversidad en parte de sus principios y prácticas, permitiendo los elevados niveles de compensación para “equilibrar” el daño ambiental permanente causado por los proyectos que ellos mismos financian.

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La compensación de biodiversidad no evitará la pérdida de biodiversidad

Las grandes infraestructuras destructivas y los proyectos extractivos no se pueden compensar. Una vez que se destruye un ecosistema, no se puede volver a crear en ningún sitio. En muchos lugares en los que se ha permitido la compensación de biodiversidad, se han debilitado las leyes existentes para evitar la destrucción. Si se produce la compensación (como ocurre con la compensación de emisiones de carbono), se allana el camino a la especulación por parte de los actores financieros y las empresas privadas, amenazando la naturaleza y los derechos de las comunidades que dependen de ella. Después de siete años de compensación de emisiones de carbono que no han conseguido reducir las emisiones5, la compensación de biodiversidad no se debería usar para permitir una destrucción que sería ilegal o contraria a las políticas locales y nacionales bajo las leyes medioambientales o los estándares de inversión. 5. http://scrap-the-euets.makenoise.org/english/

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Por estas razones, rechazamos cualquier intento de incluir la compensación de biodiversidad en cualquier legislación, estándares o políticas públicas enfocadas en la creación de nuevos mercados que incluyan en su contabilidad la naturaleza o el “capital natural”.

Anexo: algunos ejemplos de políticas y proyectos de compensación 1. El gobierno del Reino Unido está planeando introducir la compensación de biodiversidad (la consulta está abierta hasta el 7 de noviembre de 2013. http://www.fern.org/UKbiodiversityconsultation). Los primeros casos de compensación muestran que la promesa de “compensar la biodiversidad” está socavando la planificación de leyes para evitar la destrucción. Los proveedores de compensación de biodiversidad están interfiriendo en el proceso legislativo con éxito, socavando el proceso democrático de toma de decisiones y debilitando la voz de las comunidades6. 2. Notre Dame des Landes, Francia: una propuesta de aeropuerto que ha estado en trámite los últimos 40 años, para ser construido en más de 1000 hectáreas (ha) de zona pantanosa, donde los agricultores habían conservado un paisaje tradicional y la biodiversidad. La compensación fue solicitada por las leyes francesas de biodiversidad y agua. Biotope creó una nueva metodología basada en “funciones” en lugar de en “hectáreas”, proponiendo que Vinci, el desarrollador del aeropuerto, compensase sólo 600 ha. La resistencia local en contra de la compensación hasta ahora ha paralizado el proyecto y desafiado el plan de compensación propuesto. La Comisión europea está interviniendo. 3. La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 – la UE está considerando la posibilidad de legislar la compensación de biodiversidad, que podría incluir un “banco de hábitats” para permitir la compensación de especies y hábitats dentro de las fronteras de 6. http://saveourwoods.co.uk/articles/nppf/biodiversity-offsetting-permits-previously-rejected-housing-development/

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la Unión. El objetivo es evitar la pérdida neta de biodiversidad, una importante diferencia con el objetivo anterior de evitar la pérdida. 4. El Banco Mundial ha financiado el gran proyecto minero de níquel y cobalto en Weda Bay en Indonesia. Está operado por la empresa minera francesa Eramet (http://wedabaynickel.com/). La empresa forma parte de BBOP (Programa de Compensación Empresas y Biodiversidad: http://www.business-biodiversity. eu/default.asp?Menue=133&News=43). El proyecto ya ha recibido la garantía del OMGI (la sección del Banco Mundial que cubre la garantía del riesgo económico y político para los inversores), y se supone que va a recibir una nueva financiación del Banco Mundial, el Banco de desarrollo asiático, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JPIC), Coface y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para el programa de compensación. Los impactos en la gente y los territorios son enormes y tienen la oposición de la sociedad civil Indonesia e internacional7.

7. Ver la sesión informativa de Les amis de la Terre, aquí (en francés): http://www.amisdelaterre.org/Mine-de-nickel-WedaBay-d-Eramet.html

Conflictos socioambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México

Introducción El 22 de octubre de 1992, el periódico mexicano La Jornada publicó una pequeña nota que pasó como agua de río: “Esta madrugada fue asesinado Julián Vergara, líder campesino y presidente del comisariado ejidal de El Tianguis, por un desconocido que le disparó en el pecho con una escopeta. El hoy occiso era un ecologista que se oponía a la tala inmoderada de los bosques en el municipio de Acapulco”. Hasta donde se sabe, nadie dio seguimiento legal o periodístico a esta infamia y, como suele suceder el recuerdo del sacrificio de Julián Vergara, quedó sepultado bajo las pesadas losas del tiempo. ¿Cuántos Julianes Vergara habrán sucumbido en su heroica defensa de los bosques, los manantiales, las lagunas y los ríos de México? El caso revela que esa conciencia de solidaridad con la naturaleza, con el prójimo y con las generaciones del futuro, que con tanto afán buscan los ecologistas de todo el mundo, se encuentra presente en el inconsciente colectivo de las culturas indígenas de innumerables pueblos * Víctor M. Toledo es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace cuatro décadas dedicado a temas como etnoecología, ecología política y sustentabilidad de México y América Latina. David Garrido es Licenciado en Ciencias Ambientales de la misma UNAM. Narciso Barrera-Bassols es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y se dedica a etnoecología, historia ambiental y analiza los movimientos de resistencia campesina. (vtoledo@cieco.unam.mx)

rurales. Con ello descubriríamos también que entre los antiguos mártires campesinos de las luchas agrarias y los nuevos defensores rurales de la naturaleza no hay más diferencia que la que nos dan nuestros aparatos conceptuales de moda. En México, los “zapatas” de hace un siglo hoy son, para utilizar el término cada vez más difundido de Joan Martínez-Alier (2005), los nuevos “ecologistas de los pobres”. Dos décadas después, los conflictos socioambientales y las resistencias locales y regionales se han multiplicado. Este ensayo ofrece un panorama de tres procesos que se mantienen indisolublemente conectados en el caso de México: a) el notable incremento de los conflictos socioambientales; b) la multiplicación y maduración de las resistencias ciudadanas, comunitarias o colectivas; y c) el aumento de la violencia ambiental, que se expresa por el número de víctimas registrado en los últimos años. Con ello hacemos una contribución a un tema que, pese a su importancia, ha sido muy poco analizado a escala nacional, en la literatura reciente.

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Víctor M. Toledo, David Garrido y Narciso Barrera-Basols*

La perspectiva ecopolítica Sin ser un campo de conocimiento consolidado, sino más bien una nueva área en construcción, la ecología política intenta analizar los conflictos desde una perspectiva que articula las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos con las relaciones sociales mismas. Surgida ecologíaPolítica

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Figura 1. Conflictos socioambientales registrados por municipio en México

con gran fuerza en la década de los noventas del siglo pasado, un hecho corroborado por la aparición de revistas sobre el tema en Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Grecia e India1, el número de autores que abrazan esta disciplina híbrida se ha extendido y multiplicado en los últimos años, algunos de los cuales han realizado reflexiones teóricas (Toledo, 1983; Garrido-Peña, 1996). No obstante, muy frecuentemente, las contribuciones realizadas bajo este rubro se confunden con la economía ambiental y ecológica, la antropología política, la agroecología y otras disciplinas híbridas (ver Durand, et al., 2011 y 2012; Delgado, 2013). Como en el resto del mundo, en Latinoamérica la ecología política ha tenido una expansión inusual, especialmente en los conflictos sobre el uso de los recursos naturales que se escenifican 1. Se trata de Capitalism, Nature, Socialism, Journal of Political Ecology, Ecología Política, Journal de Ecologie Politique, Capitalismo, Natura, Socialismo, The Ecologist, Down to the Earth y Nature and Society.

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en las áreas rurales (Toledo, 1992; 1996; Alimonda, 2002 y 2006). En la perspectiva ecopolítica, un marco teórico de utilidad es aquel que analiza las relaciones entre los tres poderes más significativos de toda sociedad: el poder político representado por los partidos y los gobiernos que resultan del juego de una democracia representativa o formal, el poder económico representado por las empresas, corporaciones y mercados, y finalmente el poder social o ciudadano, es decir, comunidades, asociaciones, cooperativas, sindicatos, organizaciones profesionales, etc. Esta distinción llamada el “modelo de las tres partes” (Cohen y Arato, 1994), en realidad ha sido profusamente discutido por politólogos, filósofos y antropólogos, y no resulta ninguna novedad sino porque ha sido re-contextualizado en el panorama de la crisis socioecológica global (para detalles ver Toledo, 2011). En México, los cada vez más agudos procesos de destrucción ambiental han ocurrido, como

Conflictos socioambientales en México: tipología y numerología En México existen una docena de grandes problemas ecológicos (Toledo, 2012), y la mayor parte de estos suponen generación de conflictos

de tipo socioambiental. Las causas de estos conflictos son, por lo regular, las actividades llevadas a cabo por empresas o corporaciones (nacionales y extranjeras), o políticas públicas diseñadas para favorecer al sector privado, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello, los organismos estatales, normalmente, o se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales. El registro y análisis de los conflictos hacen posible ubicar, tanto a las empresas y corporativos que depredan recursos y procesos naturales como a las organizaciones que los protegen y defienden. El panorama que sigue se ha realizado con base a una revisión hemerográfica de noticias realizada entre septiembre de 2009 y marzo de 2013 del diario mexicano La Jornada, a la que sumaron noticias provenientes de otros medios. La revisión es, por lo tanto, limitada a algo más de tres años y no es exhaustiva. Lo anterior permitió reconocer diez tipos principales de conflictos socioambientales: agrícolas, biotecnológicos, energéticos, forestales, hidráulicos, mineros, por residuos peligrosos y rellenos sanitarios, turísticos y urbanos. Cada tipo de conflicto tiene

Tipo de conflicto

Número de municipios afectados

Biotecnológico

Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas

Energético

Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz.

Hidráulico

Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz.

Minero

Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas.

Turístico

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz.

Urbano

Colima, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo

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ha sucedido en el resto del mundo, a partir del desmantelamiento del Estado nacionalista, y la aplicación de políticas bajo la ideología neoliberal ocurrida en, por lo menos, los últimos veinte años. Lo ocurrido en México coincide con el proceso global neoliberal, es decir, de la expansión sin límites del capital en su fase corporativa. Lo anterior desencadenó una creciente complicidad del poder político (gobiernos mexicanos) con el poder económico (nacional y transnacional). Este proceso que ha desencadenado por igual deterioro ecológico, explotación social y marginación cultural, ha sido enfrentado cada vez con más fuerza por la resistencia a todas las escalas, del poder social o ciudadano, especialmente en las áreas rurales y en territorios de comunidades indígenas, campesinas o de pescadores artesanales, las cuales, por lo común, no son consultadas (López-Bárcenas, 2013).

Estados afectado

Cuadro 1: Número de municipios afectados por conflictos socioambientales.2 2. Los cuadros número 2, 3, 4 y 6 se pueden consultar en web: www.ecologiapolitica.info

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repercusiones a diferentes escalas e involucra diferentes clases de actores sociales. El recuento una vez georeferenciado arroja conflictos en casi 180 municipios (Cuadro 1). Los conflictos de carácter agrícola están íntimamente ligados a la contaminación por agro-químicos y pesticidas y se articulan con otras modalidades ligadas a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el desvío del agua a las ciudades e industrias, la introducción de cultivos transgénicos y la erosión de los suelos. En un país donde domina la pequeña producción y las modalidades de la agricultura tradicional mesoamericana, la conversión hacia las formas agroindustriales que son ecológicamente inapropiadas en varios rubros, conforma de entrada una conflictividad potencial. Los conflictos biotecnológicos son provocados esencialmente por tres corporaciones: Monsanto, Dupont y Pioneer que, en conjunto con autorizaciones del gobierno, han logrado la siembra de campos experimentales de maíz genéticamente modificado (maíz transgénico o MT) en México, que es el área de origen de este cereal. Esto representa un alto riesgo, pues se ponen en peligro a las numerosas variedades nativas de este grano, que es la base de la alimentación de los mexicanos. A la fecha, se han realizado 195 experimentos con MT en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas. Al momento de preparar este ensayo, el gobierno mexicano estaba por autorizar, tras varios años de debate, la siembra comercial de MT en al menos 2.6 millones de hectáreas (Barrera-Bassols, et al., 2009). La posible entrada al cultivo comercial de MT ha desencadenado una fuerte reacción en comunidades y regiones de muchos sitios del país. El número de organizaciones indígenas y campesinas locales ha crecido de 18, en 1999, hasta alrededor de 80. Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Puebla, entre otros estados, han visto crecer el número de resistencias colectivas durante los dos últimos años. El ejemplo de Yucatán es significativo: en 2012 se realizaron 14 ferias del maíz en un respectivo número de comunidades mayas. Oaxaca es otro lugar emblemático, pues allí las resistencias se han multiplicado alrededor de una organización 118

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estatal que defiende los territorios y localidades en lucha activa. También existe una clara sobreposición de los lugares en donde se ha encontrado contaminación de transgenes en áreas de gran densidad de razas y variedades de maíces nativos localizados en el interior o cercanos a territorios indígenas, generalmente de montaña o en áreas de producción maicera de subsistencia con población mestiza (ver: www.uccs.mx). Los actores principales en resistencia son pueblos indígenas; mujeres indígenas y campesinas y campesinos mestizos. Pero también se han manifestado en contra grupos urbanos, o de científicos y académicos como La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Sin Maíz no hay País, Greenpeace, El Barzón, La Magia de Mi pueblo, el Frente Democrático Campesino, la Unión de Pueblos de Morelos y varias decenas más. Actualmente, emergen relaciones robustas entre ONGs, académicos, activistas y organizaciones locales a lo largo y ancho del país. Los conflictos energéticos están presentes en diez estados. Estos surgen a partir de la presencia o las intenciones de construir proyectos termoeléctricos, presas hidroeléctricas, parques eólicos y plantas de energía nuclear. Dentro de las empresas o corporativos involucrados en este tipo de conflictos están dos paraestatales: Petroleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las empresas mexicanas Energía Costa Azul, Comexhidro, Demex S.A. de C.V.; así como varias empresas extranjeras entre las que estan: Elecnor, Abengoa, Conduit Capital Power, Sempra Energy, Mareña Renovables, Mitsubishi Corporation, Iberdrola, Windpower, Gaya y General Motors. Dentro de las afectaciones que causan este tipo de proyectos están la destrucción de ecosistemas, muerte de fauna, desecación de mantos acuíferos, inundación de terrenos con asentamientos humanos, daños a casas habitación, despojo de tierras y enfermedades presentadas por habitantes de comunidades cercanas. Hay una gran cantidad de organizaciones que se oponen a este tipo de proyecto entre las que están el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Alianza Mexicana por la Au-

tro Mexicano de Derecho Ambiental, el Comité Ciudadano en Defensa de Puerto Marques y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Los conflictos urbanos generalmente surgen por la intención de construir carreteras, megaproyectos inmobiliarios e incluso supermercados. Los más conocidos son la reacción ciudadana provocada contra la llamada Supervía en el sur de la ciudad de México, el proyecto del mega-túnel en Morelia y de un proyecto para perforar el Cerro de la Silla en Monterrey, así como las protestas contra la ampliación de la autopista Cuernavaca-Cuautla en Morelos. La mayoría de estos conflictos ocurren en el centro del país y, más recientemente, en Quintana Roo, con el Proyecto Dragon Mart en Cancún.

Los conflictos mineros en México Como en el resto de América Latina, el papel estelar lo conforman los conflictos mineros (Delgado, 2010). Fue durante los dos gobiernos pasados que las concesiones mineras se incrementaron de manera irracional. Como ejemplo está Oaxaca, donde entre los años 2002 y 2011 se entregaron 344 concesiones, equivalentes a casi el 8% de su territorio, algunas de ellas con vigencia hasta 2062 (La Jornada, 16/02/2013). En la escala nacional, se estima que una cuarta parte del territorio del país (más de 50 millones de hectáreas) ha quedado concesionado a las mineras como resultado de las acciones gubernamentales de la última década. Hacia mayo del 2013 se habían aprobado 287 concesiones, de las cuales 207 fueron para compañías canadienses (Secretaría de Energía, Dirección general de Desarrollo Minero) y el resto para empresas inglesas, estadounidenses, australinas, chinas, indias, japonesas y mexicanas, que extraen oro, plata, cobre y otros metales prácticamente gratis, afectando y usurpando territorios comunitarios, y contaminando aguas, tierras y aire. Las emisiones tóxicas de la minería constituyen el 70 por ciento del total registrado a escala nacional, principalmente plomo, ácido sulfhídrico, cadmio, cromo, níquel y cianuro. Cada gramo de oro o cobre supone, además, un gasto descomunal de agua. ecologíaPolítica

Redes de resistencia

todeterminación de los Pueblos, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Terra Peninsular A.C., Comité de Pueblos Unidos en Defensa de Río Verde, Red Manglar México, Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, Tiyot Tlali, entre algunas mas. En el tema de los conflictos hidráulicos, hay doce estados con este tipo de afectaciones. De los proyectos que originan estos conflictos están la construcción de acueductos y presas. También en esta categoría se encuentran problemas como la contaminación de cuerpos de agua, sobrexplotación de mantos acuíferos y la mala distribución del líquido vital. En este caso no hay un gran cantidad de empresas involucradas, solo cuatro mexicanas, que son: Abengoa, Malova, Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V. y la CFE; y una empresa extranjera: Aguas de Barcelona. De entre las organizaciones que se encuentran en defensa ante este tipo de conflictos están el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, el Observatorio Ciudadano Cuenca Amanalco Valle de Bravo, Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense, Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, el Frente Ecológico en Defensa de la Laguna de Zacapu, Fasol, Pro Regiones, Niuwari A. C., el Comité de Defensa Movimiento Campesino de Anahuac, la Coalición de Comunidades y Ejidos del Valle del Yaqui en Sonora y el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto. En cuanto a los conflictos turísticos, hay nueve estados afectados por ellos. En su mayoría estos afectan manglares, arrecifes y fauna marina, pero también hay proyectos “ecoturísticos” que despojan de tierras a comunidades o ponen en riesgo su acceso a manantiales. Entre los corporativos involucrados están Grupo Martinon, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Vidanta e incluso algunas instituciones bancarias españolas como Caja de Ahorros del Mediterraneo y Caja de Valencia. En contraparte, están organizaciones como Alcosta, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, el Cen-

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Hoy existen al menos 53 municipios afectados por la minería, en 18 estados (Cuadro 2). Esto incluye los casos en los que la minería se encuentra realizando extracción y genera contaminación, enfermedades a pobladores de comunidades cercanas, desplazamiento de familias, malas condiciones de trabajo a sus empleados o que las minas no cumplen con lo pactado en contratos firmados con comunidades. También se consideraron los casos en los que se han dado concesiones a empresas mineras para realizar explotación de yacimientos y que, por consiguiente, ha generado protestas para impedir que se comience el trabajo de explotación de minerales. Son 18 los estados afectados por esta actividad, la cual está saqueando los recursos minerales del país y enriqueciendo únicamente a las empresas y los corporativos que tienen el capital para llevarla a cabo, y dejando en el país o devolviendo a las comunidades prácticamente nada en comparación a las ganancias de la explotación minera. Además, esta actividad destruye en dos dimensiones, una de ellas es la natural, que en la mayoría de los casos acaba con los ecosistemas cercanos a las minas de una manera que es imposible remediar; y la segunda es cultural, en donde comunidades enteras tienen que cambiar sus dinámicas por la presencia de la mina, o incluso ven en peligro la realización de tradiciones ancestrales, como es el caso de Wirikuta, donde se ven afectados los principales sitios sagrados del pueblo wixárika. Hoy, es posible identificar por lo menos unas cuarenta empresas, tanto extranjeras como sus filiales mexicanas, con actividades de extracción minera (Cuadro 3). Como contraparte, existen tres decenas de organizaciones que se oponen a esos proyectos mineros (Cuadro 4).

Las resistencias ciudadanas Como se ha visto, han surgido decenas de movimientos de resistencia socioambiental esencialmente rurales, y primordialmente en las regiones indígenas del país. En México existen 14.9 millones de mexicanos que se autoreconocen como indígenas (Censo Nacional de Población, 2010), distribuidos en 26 regiones indígenas, principalmente en el centro, sur y sureste del territorio. 120

ecologíaPolítica

Estas regiones captan más de la cuarta parte del agua que la nación recibe, aloja áreas de enorme riqueza biológica (biodiversidad), mantiene buena parte de las selvas y bosques que aún quedan, y es el ámbito donde se manejan y conservan los principales recursos fitogenéticos del país: maíces y otras 100 especies más de especies domesticadas (Boege, 2008). Si a lo anterior se agregan los territorios de los campesinos mestizos, buena parte de los cuales presentan rasgos similares a los indígenas, salvo que no hablan otra lengua más que el español, el panorama se ensancha. Si los pueblos indígenas poseen 28 millones de hectáreas en prácticamente todas las zonas ecológicas del país (Boege, 2008), el sector de propiedad social (30.000 ejidos y comunidades) detenta más de la mitad del territorio del país con 106 millones de hectáreas (Concheiro y Robles-Berlanga, 2004). En estas resistencias aún se escuchan los sonidos y ecos de la revolución agraria de principios del siglo XX, pues ese movimiento logró dos cosas: la recampesinización del campo y la restitución de la memoria de la civilización mesoamericana. Por lo anterior, en estas batallas socioambientales se defienden al mismo tiempo la Naturaleza, el territorio, la cultura, la memoria histórica, la vida colectiva y la autogestión comunitaria. Las luchas socioambientales adquieren dos principales expresiones: (1) las resistencias, de carácter defensivo, que buscan evitar la implantación de proyectos destructivos; y (2) aquellas que impulsan y realizan proyectos alternativos al modelo dominante. Resulta obvio decir que, por lo común, las segundas resultan de la transformación cualitativa de las primeras. A escala nacional, las resistencias han quedado organizadas en ocho grandes Redes, que en conjunto agrupan a casi 300 organizaciones regionales (Cuadro 5) y entre las que se encuentran las redes contra la minería, los pesticidas o las presas, en defensa del agua y por el turismo alternativo. De manera especial debe citarse el caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANNA), que es sin duda la organización de mayor presencia en México. La ANNA se originó en 2006 y agrupa hoy en día a más de 130 organizaciones. Su 8a Asamblea tuvo lugar en la comunidad de

Sitio web

REMA

Red mexicana de Afectados por la Minería

41 organizaciones

http://rema.codigosur.net

MAPDER

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

50 organizaciones

http://mapder.codigosur.net

COMDA

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua

18 organizaciones

http://www.comda.org.mx

RAPAM

Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México

10 organizaciones 300 simpatizantes

http://www.caata.org/main_page.html

ANAA

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

130 organizaciones

http://www.afectadosambientales.org/

RITA

Red Indígena de Turismo Alternativo

32 organizaciones

http://www.rita.com.mx

GEMA

Red de Género y Medio Ambiente

30 organizaciones

http://redgeneroymedioambiente.org.mx

RETMOR

Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos

20 mercados 1,136 afiliados

Redes de resistencia

Movimiento de resistencia

Número Aproximado de Organizaciones o Miembros

http://www.mercadosorganicos.org.mx

Cuadro 5: Redes nacionales de resistencia socioambiental

Cherán, Michoacán, en noviembre del 2012, a la cual asistieron alrededor de mil participantes de 14 estados del país. Las batallas que se dan en el ámbito de los proyectos alternativos, generalmente ligados a la producción o a los servicios, y que implican una organización sólida y permanente, información y conocimientos científicos y tecnológicos, aparatos administrativos y vías de comercialización, son luchas que se dan fuera de la órbita de un mundo dominado por el Neoliberalismo. Aquí, las batallas son por la creación a contracorriente de modos alternativos de articulación con la naturaleza y de nuevas maneras de producir, circular, transformar y consumir. Dado que se basan en principios y valores contrarios al capital, tales como la cooperación, la solidaridad, la acumulación colectiva o comunitaria de la riqueza, el respeto irrestricto por los procesos naturales, la democracia participativa y el comercio justo y

orgánico, sus desafíos son de índole diferente. Aquí destacan las cooperativas de pescadores en Baja California o Quintana Roo, las comunidades forestales de selvas tropicales o bosques templados, y las cooperativas productoras de café orgánico bajo sombra, que solamente en Chiapas rebasan las cien. Se estima que sólo en cinco entidades (Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Michoacán), el número de proyectos e iniciativas alternativas alcanza los 1.040 (Toledo, et al., 2012).

La política ecocida del Estado Neo-liberal (2006-2012) La causa primera y última de la crisis ecológica a toda escala, incluido el cambio climático, ha sido el modelo que busca mercantilizar los procesos naturales, explotar lo que se ha denominado el capital natural. En el caso mexicano, ecologíaPolítica

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esta realidad fue enmascarada bajo una política doble: por un lado haciendo compromisos retóricos y concesiones irrelevantes mientras se facilitaban los grandes proyectos depredadores de la naturaleza. Como sucede en muchos países, en México la cosmética verde se volvió una práctica común. Corporaciones, empresas, gobiernos y élites científicas se hacen la corte de manera recíproca, se conceden premios, se hacen cómplices, inventan espectáculos, guardan silencio y terminan formando parte de un círculo perverso. Esto fue especialmente notable durante el último gobierno (2006-2012). Desde el inicio, el presidente Felipe Calderón aprendió a manejar un discurso “pintado de verde”, pero su primera acción fue bajarle el presupuesto al ministerio del ambiente (SEMARNAT) en 21 por ciento. En la dimensión internacional, Calderón estuvo siempre en sintonía con la corriente buscadora de un “capitalismo verde”, que intenta hacer negocios de cada asunto ecológico. Esto explica por qué organizó la Cumbre Mundial de Negocios para el Medio Ambiente (B4E, por sus siglas en inglés) en octubre de 2010. Lo anterior, le permitió obtener el reconocimiento del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Campeones de la Tierra en 2011, y el Premio Ecología y Medio Ambiente, de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Calderón fue, no sólo puntual, sino muy destacado en propiciar y facilitar una política ecológicamente destructiva de gran escala en seis principales frentes: la minería a cielo abierto, los megaproyectos turísticos, hidráulicos, urbanísticos y comerciales, el tema energético y el de la producción de alimentos y otras materias primas. Si bien Felipe Calderón promulgó una Ley General del Cambio Climático, no hizo nada por detener el modelo agroindustrial que produce, a escala global, el 28 por ciento de los gases de efecto invernadero. Los monocultivos agrícolas, forestales y ganaderos, orientados a la exportación, basados en agroquímicos, pesticidas, el despilfarro del agua y los altos costos energéticos, fueron objetivo central de la política agropecuaria y forestal de su gobierno. Como contraparte, fueron mínimos los apoyos para incentivar, fa122

ecologíaPolítica

vorecer o fortalecer la agroecología dirigida a la soberanía y autosuficiencia alimentarias y a los productores tradicionales, pese a que México es un país pionero a escala mundial en este campo. Algo similar sucedió en el campo energético. Si bien su gobierno lanzó un programa de focos ahorradores en los hogares, toda la política en el sector estuvo basada en las energías fósiles, buscando delegar su producción a las empresas privadas nacionales y transnacionales, dejando al margen la opción por las energías renovables.

La violencia neoliberal Todos estos conflictos, no solo generan tensión social, sino víctimas, seres humanos privados de la vida. Hoy, defender in situ a la naturaleza es enfrentarse ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital: grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas mineras, de energía o del agua. Cada conflicto ambiental es una batalla recia entre los intereses corporativos o privados y el bienestar de los ciudadanos convertidos en voceros, defensores y militantes de la naturaleza. En estas batallas, el Estado actúa casi siempre del lado de los primeros, y bajo los escudos justificativos del “progreso”, la “modernización” y el “desarrollo”. Cuando los intereses de la ganancia económica no logran corromper a abogados, jueces, presidentes municipales, funcionarios estatales y federales, o bien dividir a las comunidades en resistencia, echan mano del último recurso que les queda: la cárcel, el secuestro, la amenaza de muerte y la muerte de líderes, abogados defensores y aún de funcionarios honestos. El saldo en víctimas mortales va en ascenso. Se trata mayoritariamente de gente rural, campesinos e indígenas, pero también de miembros de organizaciones ambientalistas e incluso de funcionarios de oficinas de gobierno dedicadas a la protección y conservación del ambiente. El Cuadro 6 muestra un recuento todavía incompleto de los activistas asesinados en los últimos seis años. Se citan los nombres como un mínimo homenaje y con la intención de mantener su memoria.

A pesar de lo anterior, el recuento de estas resistencias socioambientales, y su representación geo-política, ofrece un panorama esperanzador, pues poseen un potencial organizativo enorme. Queda como reto articular estos cientos de movimientos y, sobretodo, encauzarlos dentro de una gran corriente que, no solamente resista los embates del capital, sino que construya un poder social basado en una modernidad alternativa, es decir, que deje de imitar las formas dominantes de concebir a la naturaleza, de producir, circular, consumir y de mirar al mundo, y que retome la historia, la cultura y la memoria de los pueblos. Esto está sucediendo, no solamente en México, sino en buena parte de Latinoamérica y en países como India. Ello supone el esclarecimiento y la discusión teórica capaz de ofrecer con claridad fórmulas concretas de construcción del poder social, traducido en proyectos productivos, financieros, jurídicos, tecnológicos y culturales, por fuera y en contra del orden dominado por el capital.

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Redes de resistencia

Conclusión

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ecologíaPolítica

Un año antes de las jornadas de movilización de junio de 2013 en Brasil, el encuentro de Río+20

Un año antes de las jornadas de movilización de junio y julio de 2013 en Brasil, el 20 de junio de 2012 en Río de Janeiro, los movimientos y organizaciones sociales celebraban el hecho de haber llenado la Avenida Río Branco y el largo de la Candelaria con casi 100 mil personas, movilizadas por la Justicia Social y Ambiental, contra la Mercantilización de la Vida y en Defensa de los Bienes Comunes. El éxito superó incluso las expectativas de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos1. La movilización fue un éxito, pero ¿cómo se llegó a este hecho que pareció entonces un gran logro? ¿Qué impactos tuvo sobre la agenda del capitalismo verde, para frenar el acaparamiento de la biodiversidad por el capital? ¿Y qué relaciones se pueden establecer con las jornadas de movilizaciones en junio de este año en Brasil?

El encuentro Río+20 y el intento de convertir biodiversidad en capital El encuentro Río+20, realizado en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, fue un hito en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Nunca antes la brecha entre las propuestas realizadas por sus * Coordinadora del Programa Justicia Económica Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional (lucia@ natbrasil.org.br) 1. Camila Moreno, Las Ropas Verdes del Rey, “La economía verde: una nueva fuente de acumulación primitiva”, Alternativas al Capitalismo / Neocolonialismo del Siglo XXI, Colombia: Ediciones Abya Yala, 2013, p. 63-97. En: http://www.rebelion.org/docs/166924.pdf

agencias y las demandas de los pueblos fue tan profunda. La insostenible Captura Corporativa de la ONU resultó en una conferencia vaciada de contenido y significado, mientras la Cumbre de los Pueblos, con mas de 30 mil personas en actividades fuera y lejos de la cumbre oficial, era el único espacio vivo y de alternativas reales por la justicia ambiental, frente a las múltiples crisis creadas por los mismos proponentes de las falsas soluciones. Acciones, debates y movilizaciones de masa durante cuatro días consecutivos y que culminaron con la marcha del día 20 de junio, rechazaron la estrategia contenida en el paquete de la “economía verde” de la ONU, forjada por banqueros y CEOs de corporaciones, en un esquema de puertas giratorias. A los mercados climáticos, legalizados primeramente con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención de Cambio Climático, y luego a la Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (TEEB, por sus siglas del inglés, aprobada en la COP 10 de la Convención de Diversidad Biológica - CDB, realizada en Nagoya, Japón en 2010), les llegaba la hora de una nueva “ropa verde”2. La “economía verde”, un nuevo gran salto del capital hacia el acaparamiento de la naturaleza y la desposesión de los pueblos en sus territorios, que tenía la particularidad de usar un lenguaje más positivo y un alcance más amplio.

Redes de resistencia

Lúcia Ortiz*

2. Ver Capítulo X del Nueo Código Forestal Nacional sancionado en Octubre de 2012 en: http://www.in.gov.br/visualiza/ index.jsp?data=18/10/2012&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=128

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La Cumbre de los Pueblos en Rio+20 (Fuente: Galeria de fotos de radio mundo real sobre rio+20 y las movilizaciones3

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tuvo un rol central en desarrollar y popularizar el concepto de “economía verde”. En su informe de febrero de 2011, ponía el énfasis en el crecimiento económico, la tecnología y en los mecanismos de mercado para salvar el planeta. El portavoz jefe del informe, el banquero inversionista Pavan Sukdhev, el mismo ideólogo del concepto de TEEB, trabajó para el PNUMA durante su sabático en el Deutsche Bank (uno de los mayores comerciantes de derivados del mundo)4. Sukdev, el PNUMA y luego la ONU, proponen que ponerle un precio a la naturaleza es la mejor manera de protegerla. Que la naturaleza debe cuantificarse y valorarse de acuerdo a los “servicios” que proporciona (limpiar agua, capturar carbono, etc.). De esta manera, los servicios de la naturaleza pueden ser compensados y comercializados en los mercados a través de bonos, de forma similar al comercio de carbono. La biodiversidad ha sufrido en la ONU ataques desde el capital para lograr su apropiación. Con los derechos de propiedad intelectual se ha tratado de privatizar su riqueza genética; con diversos procesos de comodificación se ha intentado convertirla en una cosa vacía de contenidos culturales, espirituales y de derechos colectivos; más recientemente, se ha tratado de convertir en un activo financiero para que las bolsas de valores de todo el mundo decidan sobre la mis3. http://www.radiomundoreal.fm/Galerias-de-Imagenes? debut_articles_ultimas=40#pagination_articles_ultimas) 4. http://www.uncsd2012.org/content/documents/370The%20 Future%20We%20Want%2010Jan%20clean%20_no%20 brackets.pdf

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ecologíaPolítica

ma y determinen su rol, ya no de vida. Con este nuevo ataque, la biodiversidad se convertiría en un elemento más que compensaría los impactos del modelo capitalista para la eternización del mismo. Río sirvió para darle más fuerza a este paradigma. Río fue útil para que, no solo la CBD, sino todo el aparato de Naciones Unidas, diga que la biodiversidad se puede salvar en tanto tenga un valor económico que en la práctica se convierte en un precio. Este paradigma ha obtenido eco en algunas organizaciones de la sociedad civil que ven en la utilización del valor económico una herramienta táctica, perdiendo de vista que reduciendo todo a números, finalmente, se da un paso hacia esa lógica que deja de lado la cultura, la espiritualidad y los derechos. Un ejemplo concreto de cómo este paradigma se convierte en políticas nacionales fue la reforma del Código Forestal en Brasil. A camino de la cumbre de Río, en el Congreso Nacional se negociaban la reforma del Código Forestal y proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques tropicales (REDD, por sus siglas del inglés) y de Servicios Ambientales. El objetivo era aprobarlos antes del encuentro Río+20, para que el anfitrión fuera un modelo de “buenas practicas” de implementación de los mecanismos de la “economía verde”. El Nuevo Código Forestal, tras más de un año de confrontaciones entre Agronegocio, Ambientalismos y Gobierno, sólo se aprobó con la sanción y vetos presidenciales, después del encuentro de Río+20, en octubre del mismo año, y con un capitulo específico de creación de un mercado de compensación de biodiversidad a ser operado por la Bolsa de Valores, Verde, de Río (BVRío)5.

Resistencia de los Pueblos al proceso oficial La superación de una pauta político-económica compleja, enmascarada y traída al ámbito aparentemente amigable de las conferencias de las Naciones Unidas sobre “desarrollo sustentable”, considerada “de interés de ONGs ambientalistas”, no fue 5. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement

6. Natural Capital Declaration en: http://www.naturalcapitaldeclaration.org 7. http://www.foei.org/en/media/archive/2012/rio-20-protest-against-2018the-future-corporations-bought2019

por bancos y ONGs8. Terminó por suavizar tanto el lenguaje de implementación como el propio concepto de economía verde, originalmente criticado por países como Venezuela – como una imposición del Norte - y por Bolivia – como un modelo monocultural. Asimismo, la declaración oficial fue rebautizada por movimientos de la juventud, el día que se retiraron del espacio oficial en protesta, como “El futuro que las corporaciones compraran”9.

La Cumbre de los Pueblos La Cumbre de los Pueblos de Río, en 2012, fue un proceso y una herramienta fruto de la acumulación histórica de las luchas de los diversos movimientos sociales a nivel local, regional y global. Un proceso políticamente enmarcado en la luchas anticapitalistas, contra la ofensiva del capital en los territorios y la pérdida de los derechos, expresando la lucha de clases, antirracista, antipatriarcal, antihomofóbica, en defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la vida y de la naturaleza, el extractivismo y los megaproyectos. Una herramienta para, conectando luchas locales y apoyando y visibilizando luchas populares simbólicas de Río y de Brasil desde el debate y la movilización, fortalecer a movimientos y organizaciones sociales y crear y/o fortalecer canales de solidaridad internacional. Fue un proceso libre de corporaciones y autónomo de gobiernos. Una contribución a la convergencia de las luchas de los diferentes movimientos y organizaciones sociales y populares; construcción de unidad en la diversidad y la movilización y acción conjunta. Un proceso decisivo para construir una posición diversa y conjunta frente a la “economía verde”, resistiendo las falsas soluciones, presentando nuestras propuestas, deslegitimando el proceso oficial y disputando sentido al mensaje hegemónico. La construcción de acuerdos, plasmados en el Documento final10, fue basada en la búsqueda de convergencia sobre cinco temas

Redes de resistencia

una tarea fácil. La apropiación real de la crítica al capitalismo verde se basó en un largo proceso de reflexión, estudio y educación popular. Hasta se realizó un Foro Social temático. Pero sobre todo, fue un proceso de intercambio y conexión entre experiencias de resistencia a la implementación de estos mecanismos, buscando territorializar el discurso verde en el campo, los bosques o las ciudades. Fue un proceso de fortalecimiento del poder popular asentado en una relectura de la acumulación de las luchas vivas en los territorios. El lanzamiento de un “borrador cero” de la declaración de Río+20, en enero de 20126, tornó más claras las intenciones de la conferencia: configurar un nuevo método de implantación de ajustes estructurales con el objetivo de acaparar lo que resta de “verde” en el Sur. Nombrar a la naturaleza como ‘capital natural’ y enfatizar la importancia de los mecanismos de comercio e inversiones, y el partenariado público privado, facilitaría un desplazamiento hacia la implementación a niveles nacionales de políticas e instrumentos de la economía verde. Todo sin haber alcanzado aún un consenso multilateral; sobre todo con los países llamados “en desarrollo”, pues estaba claro que la “transición para una economía verde” no era una receta del Norte para cambiar su propia economía contaminante y extractivista. Durante las negociaciones de marzo del 2012 en Nueva York, el ataque explícito al Derecho al Agua, derecho humano fundamental reconocido por la Naciones Unidas, sirvió de alarma para que se sumaran más y más movimientos de rechazo a las propuestas de la “economía verde”, que al servicio de los intereses de las corporaciones pretenden lucrarse con la gestión y el suministro del agua; una vieja meta de las corporaciones trasnacionales. La declaración final de Río+20, “El Futuro que Queremos”7, a diferencia de los borradores previos en negociación, reafirmó el derecho al agua y eliminó las referencias al capital natural asunto relegado a una iniciativa paralela firmada

8. http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/ Declaracion_final_ESP.pdf 9. http://www.foei.org/en/media/archive/2012/rio-20-protest-against-2018the-future-corporations-bought2019 10. h t t p : / / c u p u l a d o s p ov o s . o r g . b r / w p - c o n t e n t / uploads/2012/07/Declaracion_final_ESP.pdf

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centrales y articuladores de las luchas concretas y de una diversidad de sectores y actores sociales, desafiante. Tan diversas como la búsqueda de convergencia sobre el mundo del trabajo y las corporaciones entre movimientos feministas, sindicales, campesinos, indígenas, ambientales y de la Economía Solidaria. Otro ejemplo fue el debate sobre la defensa de los bienes comunes, desde perspectivas tan diferentes como las luchas: en defensa de la cultura de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; por una comunicación libre de control corporativo y de infotóxicos; de resistencia a la privatización de la salud y la educación; por el reconocimiento de los saberes de las personas trabajadoras jubiladas y ancianas; por el derecho a la ciudad; por la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, su territorio; y en rechazo a los mecanismos de financiarización de la naturaleza y de la vida. Desde la diversidad de culturas políticas y formas de organización, estas luchas encontraban causas y propuestas comunes. Algunos de estos temas emergieron, con mayor o menor fuerza, en las protestas de junio y julio de 2013, que llevaron millones a las calles de las principales ciudades en Brasil. Al final de la conferencia de Río+20, los más diversos sectores estaban en alerta y solidarios contra los ataques multilaterales contra los pueblos. Una cosa quedó clara después de la Cumbre de los Pueblos: sin unidad popular movilizada no será posible profundizar y amplificar las reales soluciones que desde los pueblos organizados emergen contra las crisis; desde la resistencia y la movilización para la transformación. El proceso de construcción y ejecución de Nuestra Cumbre fue un paso largo hacia dicha unidad, pero la caminata no puede parar.

Brasil 2013 y más allá Las jornadas de movilización que ocurrieron en Brasil en junio y julio de este año fueron convocadas inicialmente por demandas progresistas – transporte público de calidad, mejores condi-

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La cumbre de los Pueblos (Fuente: Galeria de fotos de radio mundo real sobre rio+20 y las movilizaciones)

ciones sociales, políticas públicas universales para la salud, educación y cultura, etc. -. Les siguieron movilizaciones de crítica al capitalismo y mostraron solidaridad con todas las formas de opresión, violencia, militarización, ampliando así los mensajes en defensa de los derechos a la ciudad o a otros territorios. Pese a la tentativa de los medios corporativos de secuestrar la pauta o convocar a la calles a los sectores de derecha, lo que se vio fue un estallido llamando a la lucha por derechos. Pero no derechos civiles o individuales, sino derechos colectivos a una vida digna, sea en los espacios públicos o para la movilidad en las ciudades, respetando las formas de vivir de los Pueblos Indígenas atacados por la construcción de represas en la Amazonía o por las propuestas de reformas constitucionales que los alejan cada vez más de su derecho a territorios colectivos y ancestrales. Aunque la agenda de la “economía verde” de la ONU haya sido enflaquecida en la declaración de la Río+20, o travestida en otros procesos como de definición de las “Metas de Desarrollo Sustentable” (SDGs por sus siglas del inglés)’, la lucha sigue para combatir tales mecanismos, que llevan a la pérdida y desterritorialización de los derechos colectivos, para territorializar el capital y la financiarización de la vida. Una lucha en todos los niveles: en los mismos espacios multilaterales, nacionales y locales, y en la calles, en defensa de la soberanía de los pueblos, por la justicia social y ambiental, en defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la naturaleza y la vida.

Colombia y TLC:

entre la movilización y el conflicto1

El pasado 19 de agosto, organizaciones y movimientos sociales ligados al sector agrario iniciaron un paro nacional que prontamente tomó el carácter de movilización popular, gracias a la adhesión de otros sectores. Trabajadores de la salud y la educación, transportadores, y también organizaciones urbanas, de indígenas y afrodescendientes, paulatinamente nutrieron las calles y carreteras de distintas partes del país, lugares que se convirtieron en escenarios de disputa y en los que se vivió una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares. Las demandas presentadas al gobierno nacional y las movilizaciones que por momentos llegaron a tener el carácter de un levantamiento popular demuestran que no se trata de un descontento coyuntural, sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales relacionados con el modelo productivo, el sistema político y la propiedad de la tierra, conflictos que se han intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y en 2012 con Estados Unidos. Esta situación presenta una clara perspectiva de los posibles impactos del TLC con la Unión Europea, que se implementó provisionalmente a partir de julio de 2013. * Transnational Institute / CENSAT agua Viva – FoE Colombia (agua@censat.org) 1. El artículo fue publicado inicialmente en las páginas del Trasnational Institute y CENSAT Agua Viva: http://censat.org/es/analisis/colombia-y-tlc-entre-la-movilizacion-y-el-conflicto http://www. tni.org/es/briefing/entre-la-movilizacion-y-el-conflicto

La combinación de factores estructurales detrás de las crisis y las resistencias Históricamente ha existido una profunda concentración de la tierra en Colombia, que se exacerbó durante los últimos años por una contrarreforma agraria que, a través de la acción paramilitar, agenciada con mayor rigor entre los años 2002 y 2010, desplazó a 4 millones de personas de sus territorios y despojó a sangre y fuego 8 millones de hectáreas en las que ahora se imponen los principales megaproyectos de empresas trasnacionales y privadas nacionales. De acuerdo con datos oficiales (IGAC, 2012), en los años 50 cerca del 55% de los propietarios tenían menos de 10 hectáreas y ocupaban alrededor de 7% de la superficiedel país; en 2010 la situación es aún peor, el 77.6% de los propietarios posee el 13,7% de la tierra. La política agraria ha privilegiado la producción agroindustrial frente a la campesina a través de subsidios/promoción a los grandes industriales del agro, lo que, a su vez, ha favorecido el acaparamiento de tierras por parte de capitales transnacionales. El campo se enfrenta a una de las mayores crisis en los últimos años, ante el incremento de las importaciones a bajos precios con los que no puede competir la producción nacional. En consecuencia, las y los productores campesinos han solicitado al gobierno políticas de protección a la producción interna, subsidios y control de precios, tanto de los insumos como de los productos finales. ecologíaPolítica

Redes de resistencia

Lyda Forero y Danilo Urrea*

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De la misma manera, y en directa relación con las complejidades antes presentadas, la política minero–energética del gobierno Santos que promueve proyectos extractivos a través de incentivos y medidas de protección a la inversión extranjera, y que se garantizó con el despojo legal y violento de los años anteriores a su mandato y cuando él ejercía como ministro de defensa, ha tenido una férrea oposición por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos territoriales. Aunque el gobierno ha pretendido presentar esta política como una de las locomotoras del desarrollo y la gran innovación económica para el país, el empobrecimiento de las zonas mineras, los conflictos ambientales y los desplazamientos forzados enfrentados por las poblaciones aledañas a las zonas de influencia de estos emprendimientos hablan por sí mismos. La política minero–energética actual en Colombia desconoce la vocación productiva del país, ejerce presión sobre los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hidrológico y atenta contra los principios constitucionales que instan a la garantía de un ambiente sano. En este contexto, la combinación de estas políticas: minero-energética, tierras y agraria, han ocasionado una crisis en el campo que se expresa también en diferentes sectores de la estructura social y económica colombiana, agudizando el conflicto social, político y económico, y se suma a la ya precaria situación del agro y la tenencia de la tierra en Colombia.

Los Tratados de Libre Comercio y la agudización del conflicto social La estructura productiva de Colombia se ha basado históricamente en la producción de bienes primarios, principalmente para la exportación. De productores de café derivados fue el principal producto de exportación hasta los años 90, nuestra matriz productiva y exportadora paso a ser movida por las exportaciones de petróleo y carbón. Si bien se presentó un desarrollo de industria manufacturera y de industria liviana entre los años 50 y 80, ligado a las élites productoras de 130

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café, el crecimiento de la producción industrial se detuvo a partir de los años 90 con la implantación de políticas de liberalización comercial, que ocasionaron un proceso de desindustrialización, con el consecuente deterioro de las condiciones de trabajo e incremento del desempleo y la mayor dependencia del mercado interno frente a las importaciones, tanto de bienes de capital como de consumo. Este proceso se acompañó de un incremento de los flujos de capital financiero, que absorbieron recursos de otros sectores de la economía, principalmente aquellos destinados a la provisión de derechos sociales (salud, educación, pensiones), incrementando la volatilidad y vulnerabilidad económica y, al mismo tiempo, generando una financiarización de la economía en general y en particular de la política pública, a través de la implementación de políticas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera y de procesos de privatización de los sectores sociales que dependen cada vez más de actores financieros (como los fondos de pensiones) para su administración. Así, la década del 2000 culminó con una economía reprimarizada, lo que intensificaba los conflictos sociales y la desigualdad históricos. En este periodo, la explotación del patrimonio natural se convirtió en el principal motor de la economía nacional, y a lo que se sumó la creación de políticas encaminadas a ofrecer seguridad jurídica y física a las inversiones extranjeras a través de lo que se denominó búsqueda de la confianza inversionista mediante la seguridad democrática, que en última instancia representó garantía para la territorialización del capital trasnacional en Colombia (Comisión de Justicia y Paz, 2012). En este contexto, el gobierno de Álvaro Uribe, y posteriormente de Juan Manuel Santos, negociaron TLCs con diferentes bloques de países con una profunda asimetría entre las economías de los países. Negoció, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá, EFTA y la Unión Europea, y actualmente está negociando, entre otros, con la Alianza del Pacífico, Corea del Sur e Israel, aunque los tratados se frenaron por unos años debido principalmente a cuestionamientos existentes sobre la situación de derechos humanos en

2. Solo el 30% de la población trabajadora tiene condiciones de trabajo decente, las inspecciones laborales no han sido efectivas y se mantiene la impunidad en un 93.4% en casos de asesinatos de sindicalistas y 99.9% en casos de amenazas; además, durante este período se han presentado 47 asesinatos, 18 atentados de muerte, seis desapariciones forzadas y alrededor de 760 amenazas de muerte.

mayor dependencia del comercio exterior para garantizar la provisión de comida en el país. Para los últimos gobiernos, la atención se centra en la seguridad alimentaria, que bien puede consistir en la importación de alimentos, y con ello, supuestamente, garantizar el acceso a la comida por parte de la población, mientras que las organizaciones y movimientos sociales del campo defienden la idea de una soberanía alimentaria, para la cual el control territorial es condición necesaria, también así la protección especial de los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico integral. Uno de los temas más polémicos en la negociación de los TLCs en Colombia está relacionado con las llamadas medidas sanitarias y fitosanitarias que reglamentan las condiciones de salubridad para la producción y exportación de bienes agrícolas. En seguimiento a los acuerdos en esta materia, el gobierno nacional promovió el decreto 9.70 que reglamenta el uso de semillas y prohíbe la reutilización de las provenientes de cosechas anteriores por parte de las y los agricultores, y los obliga a comprar semillas certificadas (normalmente producidas por corporaciones agroindustriales), con sanciones que pueden llegar a la privación de la libertad para quienes incumplan dicha ley. Ante la situación descrita, las y los campesinos han solicitado al gobierno políticas de protección a la producción nacional, subsidios y control de precios, tanto de los insumos como de los productos finales, y garantías legales y democráticas para el acceso a la propiedad y uso de la tierra.

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Colombia. A partir de 2010, el gobierno acordó algunos parámetros de respeto a los derechos laborales, que debían ser cumplidos en un tiempo límite (Plan de Acción-Estados Unidos, Acuerdo de Protección Ambiental y Laboral con Canadá y Hoja de Ruta con la UE). Sin embargo, como lo ejemplifica el caso del plan de acción con Estados Unidos, dos años después de su firma no se han generado mejorías sustanciales en la situación laboral de las y los trabajadores colombianos. Como se presenta en el informe elaborado por la Escuela Nacional Sindical (2012), aún se mantienen las contrataciones indirectas y no existen garantías para el derecho de asociación colectiva para la mayoría de la población2. En el momento de la negociación se argumentó que habría sectores “ganadores” y “perdedores”, pero se presentaba como un acuerdo que generaría impactos positivos para el conjunto de la economía colombiana. Un año después de la implementación del TLC con Estados Unidos y dos años después de la del acuerdo con Canadá, es posible identificar algunos de los perdedores del modelo que se impulsa a través de estos acuerdos. Son precisamente quienes han iniciado una de las más grandes protestas en las dos últimas décadas en Colombia, bajo la denominación de Paro Nacional Agrario y popular. A pesar de que se presentaba el TLC como la oportunidad para incrementar las exportaciones de bienes agrícolas que tradicionalmente se habían producido en el país, el sector rural se enfrenta a una de las mayores crisis en los últimos años ante el incremento de las importaciones de productos agrícolas a bajos precios, generando una situación de desigualdad y desequilibrio en la cual no puede competir la producción nacional. Los productores de café, papa, frutas, leche, arroz y hortalizas han sido los más afectados. Se trata de productos esenciales en la canasta colombiana, lo que implica que hay cada vez una

Conclusiones y proyecciones Así, tras este breve repaso a algunas de las condiciones históricas que han dado origen a la situación actual en Colombia y que se agudizan con la entrada en rigor de los Tratados de Libre Comercio, consideramos que el actual modelo económico ha fracasado, producto de la combinación de varios factores. En primer lugar, la política de desagrarización del campo para permitir la entrada de productos extranjeros y la territorialización del capital trasnacional ha generado conflictos e impactos ecologíaPolítica

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contundentes para la población campesina. Esto, combinado con la política minero–energética y los conflictos que genera con el despojo territorial que le es correlativa, lleva a un escenario de malestar social, de presión en los territorios, violación sistemática de los derechos y precarización de las condiciones de vida de la población étnica y campesina. Aunque las políticas de liberalización comercial y de atracción de inversiones extranjeras reforzadas a través de los TLC se presentaron como herramientas para desarrollar la economía colombiana, los resultados de los primeros años de su implementación demuestran una reprimarización del aparato productivo y una mayor dependencia del mercado exterior, que profundiza los problemas estructurales y deteriora aún más las condiciones de vida de la población, tanto en el campo como en la ciudad, intensificando con ello los conflictos socioambientales. Es importante tener en cuenta que no se han presentado cambios sustanciales en la situación de derechos humanos y laborales en el país, lo que implica un incumplimiento de los acuerdos firmados como condición para la aprobación de los TLCs . Aún queda abierta la pregunta por la aplicación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control que se establecieron en el marco de dichos acuerdos. Aunque los TLC se han presentado como innegociables, el despertar social en Colombia impulsa a renegociar o suspender los Tratados ya ratificados e implementados, como los de Estados Unidos y Canadá, y especialmente con la UE, pues ésta última aún no se ha ratificado en los parlamentos de todos los estados miembro, pero sobretodo a una oposición argumentada y con peso en la evidencia histórica frente a los tratados que hoy se pretenden firmar con Corea del Sur, Israel y la Alianza del Pacífico, Costa Rica, entre otros. También vale la pena señalar que las movilizaciones agrarias y populares dan cuenta de un doble movimiento que se registra en la sociedad colombiana. Por una parte, la visibilización del campesinado para sectores urbanos y para capas de la sociedad que nuevamente comprenden la importancia del sector respecto a la garantía de 132

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la vida en el país. Al mismo tiempo, y como la otra cara de la misma moneda, la comprensión por parte del campesinado de ser sujeto político con el derecho a defender la soberanía alimentaria, los controles territoriales que la garantizan, y con la capacidad de desplegar poder en relaciones que históricamente han sido controladas por los terratenientes, las burguesías y las élites nacionales.

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Series estadísticas: Ministerio de Comercio Exterior Colombiano Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo Nacional de Estadística Banco de la República

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Referentes ambientales Chico Mendes, 25 aĂąos despuĂŠs Entrevista realizada en el III Congreso de la CUT el 9 de septiembre de 1988

Chico Mendes, 25 años después Equípo técnico de Ecología Política

En memoria del vigésimo quinto aniversario del asesinato de Chico Mendes, reproducimos la entrevista “Chico Mendes, la defensa de la vida” publicada en el número 2 de esta misma revista, el año 1990. Francisco Alves Mendes hijo, seringueiro desde su infancia, dedicó prácticamente toda su vida a la defensa de los trabajadores y los pueblos de la selva. Participó en la fundación de los Sindicatos de Trabajadores Rurales de Brasilia y Xapuri, así como en la del Partido de los Trabajadores en el Acre y del Consejo Nacional de los Seringueiros. Chico Mendes unió en su lucha el trabajo sindical, la defensa de la selva y la militancia en el partido. El trabajo de Chico Mendes fue reconocido internacionalmente y fue premiado en varias ocasiones, incluso por la ONU, que lo distinguió como uno de los más importantes defensores de la naturaleza en el año 1987. A través de su lucha por la implantación de reservas extractivistas, Chico combinaba la defensa de la selva con la reforma agraria reivindicada por los seringueiros, oponiéndose a los intereses de los seringalistas, los latifundistas y de la UDR (Unión Democrática Ruralista). El 22 de diciembre de 1988, tres meses después de esta entrevista, Chico fue asesinado.

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¿Cómo surgió esta propuesta de alianza entre los pueblos de la selva? Chico- La alianza de los pueblos de la selva surge en función de una historia que empieza con la colonización de la Amazonia. Para que se haga una idea, los indios eran los dueños legítimos de la Amazonia, y cuando en 1877 empezó su colonización hubo una especie de tráfico de esclavos hacia allí: eran nordestinos, cuyos patrones -los grandes seringalistas del inicio del ciclo del caucho- aprovechándose de su miseria, los usaron para esta colonización. Esas personas fueron preparadas para luchar contra los indios, formando un ejército de blancos en defensa de los seringalistas, de las empresas, de los grupos y de banqueros internacionales, como era el caso de Inglaterra y Estados Unidos, que estaban interesados en el caucho de la Amazonia. En ese momento empezó el conflicto entre los indios y los blancos. En esa época, más de sesenta tribus de la Amazonia fueron masacradas en beneficio de los patrones. A cada grupo diezmado correspondía la formación de grandes áreas de seringales (el árbol del caucho). Así es como empezó esta historia. Esto seguía así cuando, en la década de los 70, el gobierno militar decidió acabar con el monopolio estatal del caucho y los seringalistas quebraron. La situación empeoró mucho para los seringueiros que hasta entonces se consideraban como una especie de esclavos con la supervivencia garantizada. A principios de la década de los 70, con la implantación del sistema

latifundista en la Amazonia, con la política de especulación de la tierra, la situación cambió, iniciándose entonces la gran deforestación y los despidos en masa. Entre 1970 y 1975 llegaron los hacendados del sur que, con el apoyo de los incentivos fiscales de SUDAM (Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia), compraron más de 6 millones de hectáreas de tierra, repartiendo centenares de jagunços (guardias armados) por la región, expulsando y matando a posseiros (colonos pobres) e indios, quemando sus barracas, matando incluso a mujeres y animales. En aquel momento, aunque todos vivían en el bosque, nadie tenía conciencia de lucha. Los patrones no permitían que los hijos de los seringueiros fueran a la escuela, pues allí aprenderían a sumar y descubrirían que estaban siendo robados. En mi región, en cinco años fueron expulsadas más de 10 mil familias de seringueiros. Cuatro mil de éstas fueron a las ciudades a vivir, aumentando los cinturones de miseria. El resto fue a Bolivia para buscarse la vida en los seringales de allí, y allí están aún

viviendo en una situación difícil, pues no son considerados ni brasileiros ni bolivianos, y viven en la clandestinidad. A partir de 1975 empieza a nacer una consciencia y se organizan los primeros sindicatos rurales paralelamente a la actividad de la Iglesia Católica. Todo ocurrió de manera muy lenta hasta 1980, cuando se generalizó por toda la región el movimiento de resistencia de los seringueiros para impedir la gran deforestación. Nos inventamos el famoso “empate”, nos poníamos delante de los peones con sus sierras mecánicas e intentábamos impedir la deforestación. Era un movimiento de hombres, mujeres y niños. Las mujeres tenían un papel muy importante como línea de frente, y los niños se utilizaban para evitar que los pistoleros disparasen. Teníamos un mensaje para los peones: nos reuníamos con ellos y les explicábamos que si destruían la selva no tendrían con qué sobrevivir y, así, muchas veces se nos unían. El mayor enemigo era la policía contratada por los hacendados. Durante ese periodo hubo muchas detenciones y palizas. ecologíaPolítica

Referentes del pensamiento ambiental

Chico Mendes con Sandino Mendes (Autora: Miranda Smith)

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¿Cómo cambió el contexto de defensa de la Amazonia? Chico- Cambió en esta lucha por la preservación de los recursos naturales, al ver que la región se estaba convirtiendo en poco tiempo en una gran región de pastos. Sólo en mi región, entre 1970 y 1975, se destruyeron, por el fuego o por las sierras mecánicas, 180 mil árboles de caucho, 80 mil árboles de castaña de Pará y más de 1,2 millones de árboles de madera de ley, sin contar las diferentes especies de árboles medicinales en tierras que fueron devoradas y transformadas en pastos. El objetivo era la especulación: arrasaban dos mil hectáreas de selva virgen, cultivaban mil con pastos, y así los seringueiros ya no tenían con qué vivir. Toda esta situación, la política de desarrollo financiada por los bancos internacionales, por ejemplo Polonoroeste en Rondonia, empezó a incidir incluso en las grandes empresas madereras. Se creó, en 1985, el Consejo Nacional de Seringueiros por iniciativa del sindicato. Hasta ese momento vivíamos una lucha aislada, sin el apoyo del movimiento sindical, en el que a cada uno le preocupaban más sus problemas regionales. ¿Qué podíamos hacer? La única forma de tener representación de toda la lucha que habla en el país era un encuentro nacional de seringueiros en Brasilia. Nació la idea de realizar este encuentro y, finalmente, en octubre de 1985, se hizo. Éste determinó que a partir de ese momento se realizaría una campaña para intentar una alianza con los indios, puesto que las luchas eran iguales y muchas de las cosas que sabíamos, por ejemplo nuestras costumbres en el bosque, venían de los indios. Teníamos una herencia india. Nos empezamos a reunir con los principales líderes de las naciones indígenas. En 1982, antes de este encuentro, ya hubo una oportunidad de acercamiento a los indios. Fui candidato a diputado estatal por el Partido de los Trabajadores y el pueblo consiguió proponer un candidato indio para diputado federal, haciendo una alianza entre los pueblos de la selva. En esa convocatoria ninguno de los dos tuvo un resultado positivo, pero fue importante que pudiéramos establecer esa alianza. 138

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En el Encuentro Nacional de Seringueiros, al que acudieron observadores nacionales y extranjeros, empezó a crecer esa consciencia de alianza, y después se han realizado varios encuentros con propuestas conjuntas entre indios y seringueiros. Es aquí donde surge la lucha por las reservas extractivistas de la Amazonia, que también es un área indígena. Los indios no quieren ser colonos, quieren tener la tierra en común, y los seringueiros se unieron a esta consciencia. No queremos un título de propiedad de la tierra, queremos que sea de la Unión y que los seringueiros tengan el usufructo. Esto llamó la atención de los indios que empezaban a organizarse. A nivel de los dirigentes esa idea ya estaba clara. Por eso empezamos a trabajar la base, con la realización de encuentros regionales en áreas vecinas habitadas por indios, éstos empezaron a participar, y creamos comisiones conjuntas de indios y seringueiros. Recientemente, en el Valle de Juruá, hicimos una manifestación ecologista en la que había 200 indios. Con el avance de la lucha, el sindicato se fortaleció y las mujeres empezaron a participar más exigiendo la creación de un departamento femenino. Hicieron su primer congreso el día 1 de mayo de 1988 y, desde entonces, las mujeres indias también empezaron a participar más y pronto formarán parte de la mesa de un congreso. Este nuevo crecimiento preocupa cada vez más a los grandes latifundistas. Ahora, la UDR se preocupa mucho intentando estructurarse en la Amazonia.

Chico y Ilsamar Mendes (Autora: Miranda Smith)

sensibilizar al Congreso americano. Ese fue un momento político muy importante en el proceso del Consejo Nacional de Seringueiros y en la propuesta de los indios. Antes dijo que durante prácticamente un siglo los seringueiros eran tratados como esclavos. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cuáles son las formas de trabajo en la selva? Chico- Desde la época en que la tierra de la Amazonia no tenía dueña, el seringalista que sabía que había una determinada región habitada por indios, preparaba a los seringueiros y atacaba la región, destruían las casas de los indios e implantaban el sistema de barracón (trabajo endeudado). Así, contando con profesionales, colonizaban un área de 30 ó 40 mil hectáreas dentro de la selva, abriendo caminos y estableciendo las poblaciones de los seringueiros. Éstas se dividían en “colocaçoes”, estos lugares no son lotes de tierra. Se colocaban entre cien y doscientas familias de seringueiros, las cuales explotaban aproximadamente de 300 a 500 hectáreas en varios bloques de seringueíras, lo que llamábamos “estradas de seringa” (rutas de seringa). Por ejemplo, un seringalista que tuviera treinta, cuarenta o cincuenta familias con una producción anual de 50 toneladas de caucho iba al banco, conseguía financiamiento y el seringueiro estaba obligado a cubrir esa producción y se convertía en un esclavo, porque el grupo no podía vender la producción a otro seringalista. Si lo hacía, la policía lo castigaba o los jagunços lo mataban. Empezó el tráfico de nordestinos hacia la Amazonia. Los traían en barco hasta el puerto de Belem, que era la principal sede de los seringalistas. Cuando el barco atracaba, los patrones se llevaban un buen número de personas a la selva. Se hacía propaganda en el nordeste, se decía que el caucho era una mina, cuando la realidad era totalmente diferente. Cuando los nordestinos llegaban a la Amazonia ya no podían volver. Estaban atrapados por el río, caminaban durante horas por la selva, en la que había indios que luchaban y que mataban, a los que había que sumar la malaria y otras enfermedades. Los que conseguían sobrevivir, cuando lograban un saldo que les permitiera el sueño de volver a su tierra ecologíaPolítica

Referentes del pensamiento ambiental

¿Puede repetirse esta experiencia en otros estados? Chico- Se está coordinando este trabajo para todos los estados de la Amazonia. El único problema que existe, como ya informamos a la dirección del Consejo Nacional de Seringueiros, es la falta de personas. Al ser tan grande la Amazonia, nos es difícil contactar con toda la región por problemas financieros. El proyecto Calha Norte (control militar de la frontera norte de la Amazonia) permite que los bancos internacionales puedan llegar a afectar territorios indios, eso ha hecho que éstos se organicen mucho más. Esa alianza se ha fortalecido también en el Acre. Esta área es el objetivo principal de la codicia de los grandes latifundistas y las empresas madereras a causa de la carretera (asfaltada a Río Dranco). Conseguimos centralizar nuestra acción en Rondonia y en Acre, ya que el resto de la región amazónica es de difícil acceso. Estos dos estados son el centro de atracción, porque la carretera BR-364, que ha sido muy polémica, posibilita el acceso de los grandes latifundistas y de los grupos de extranjeros a la región. En enero de 1987, recibimos una visita de una comisión de la ONU que siguió de cerca nuestra lucha con los hacendados contra la deforestación. Denunciamos que esa deforestación era el resultado de los proyectos financiados por los bancos internacionales. Fue así como la ONU y los grupos ecologistas americanos nos invitaron a participar en una reunión del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Miami, en marzo de 1987. Fui, sabiendo que era terreno enemigo. Denuncié esa política y eso pegó de lleno en el presidente del Banco Central, que estaba presente e intentó impedir mi entrada. Conseguí acreditarme con la prensa internacional y entré y denuncié ante varios directores ejecutivos del BID lo que se estaba haciendo en la Amazonia. Concerté una cita con el jefe de la comisión de presupuesto del Senado americano para el día 28 y llevé los documentos que comprobaban todas las consecuencias que la deforestación, con la ayuda financiera del BID, estaba causando. Así, el día 2 de abril de 1987, el banco decidió cancelar el resto del desembolso para asfaltar la carretera. Esto sucedió porque los grupos ecologistas tenían bastante poder y consiguieron

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natal, no conseguían que les pagaran. Como había varios grupos de seringalistas, financiados por entidades internacionales, cada uno controlaba un área determinada. Uno no podía entrar en el área de otro. Si un seringueiro iba al barracón de un seringalista al que no pertenecía, y si su seringalista lo descubría, mandaba a la policía al barracón, cogían el caucho del seringueiro y lo quemaban. Mucha gente murió así. El propio banco financiaba todos estos crímenes porque el caucho estaba marcado -cada seringueiro tenía una marca diferente para su caucho- y por eso el patrón siempre reconocía el caucho diferente de su lote. Aún ahora, en algunas regiones de la Amazonia, se mantiene este sistema del seringueiro esclavo. El gobierno se resolvió a moderar la acción de la policía contra los seringueiros, pero la explotación continuó. No mataron más, pero encarcelaron y torturaron, lo que aún ahora se hace en algunas regiones. En nuestra región empezamos a luchar por la autonomía de los seringueiros y ya existe la figura del seringueiro autónomo. De un total de unas 15 mil familias de seringueiros, el 30% son autónomas. Sin embargo, para la gran mayoría aún existe la figura del patrón, ya que el Consejo Nacional de Seringueiros aún no ha conseguido crear bases en los lugares más alejados, pero por lo menos ya se ha dado un gran paso. Entre 1975 y 1985, conseguimos evitar que más de 1,2 millones de hectáreas de selva fuesen arrasadas. También conseguimos recuperar todos los lugares donde los seringueiros habían sido expulsados en la región del valle del Acre. ¿C6mo fue ese proceso de defensa? Chico- Fue un trabajo difícil, nos tuvimos que enfrentar a los jagunços y a la policía. Empezamos a recuperar esas zonas creando comunidades. A medida que creábamos una comunidad organizada, ésta iba atrayendo a familias que se colocaban en las zonas desocupadas. Cuando había una acción policial de desalojo de la comunidad se volvía a reorganizar y se reocupaba. Conseguimos, con todas las limitaciones del Estatuto de la Tierra, defender esas áreas, basándonos en el decreto 4504 - que dice que los posseiros no 140

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pueden ser expulsados de su tierra- o también conseguimos eliminar el descuento que hacía el patrón hasta 1970, el 10% del peso del caucho de los seringueiros, además del 30 % de alquiler que estaba obligado a pagar. Trabajamos para evitar que los seringueiros paguen una renta, para que empiecen a construir su autonomía. ¿Qué hicimos? Los comerciantes estaban interesados en comprar directamente del seringueiro, pero no podían entrar en el seringal porque el patrón los mandaba detener. Con nuestro apoyo, empezó a haber un mejor negocio para el seringueiro, es decir, un mejor precio para el caucho e, inicialmente, la venta de productos alimenticios más baratos. Empezamos a dar un apoyo a los comerciantes como una forma de dar autonomía al seringueiro. Pero ocurrió que esos mismos comerciantes, después de verse libres para circular, se transformaron en figuras autoritarias y explotadoras. Ahora luchamos para combatirlos. En el pasado nos fueron útiles, pero ahora nos son enemigos. Por eso, la única alternativa es crear cooperativas. Hicimos una primera cooperativa agroextractivista el 30 de junio de este año. Antes de su fundación, los patrones pagaban 150 cruzados el quilo de caucho. Después de nacer la cooperativa, con el objetivo de destruirla, empezaron a pagar 230 cruzados el quilo. Nosotros conseguimos pagar a 264 cruzados. Tres semanas después alcanzaron ese precio y nosotros pasamos a 285. Cuando creían que pararíamos, empezamos a pagar 380. En esta cuestión de los precios, los fabricantes, interesados en el aumento de la producción de caucho y en el beneficio, son aliados nuestros. Nosotros los aceptamos tácticamente, destruimos la figura del patrón y del comerciante y dejamos al seringueiro libre. Ahora el seringueiro compra las mercancías más baratas, conseguidas por nosotros, pero todo es aún muy precario, pues aunque existen una serie de propuestas de apoyo de entidades, incluso a nivel internacional, nada se ha concretado hasta ahora. ¿Cómo nace la idea de la cooperativa? Chico- La cooperativa es una forma nuestra de luchar por la libertad. Se ha conseguido con

¿Cómo ha sido la relación entre los seringueiros autónomos y los que tienen patrón? Chico- Es un proceso muy lento. El seringueiro, con toda su historia pasada, ha aprendido, de generación en generación, a ser un esclavo del patrón. No es posible llegar a una comunidad donde no existiera un trabajo anterior y empezar a montar una escuela o una cooperativa. No resulta. Conseguir el 30% de autónomos nos ha costado 15 años. Desde 1980, las escuelas han avanzado, pero aún así somos pocos los que estamos interesados en preparar a las personas. Como la Amazonia es muy grande, encontramos

dificultades para llegar a los lugares. Tampoco es posible llegar a una región alejada, hacer una reunión con los seringueiros, hablar de nuestra experiencia y no dejar a nadie preparado para continuar el trabajo. Por tanto, vamos a tardar en llegar a algunas regiones, pero queremos hacerlo preparando a las personas. ¿Aún continúa el antiguo esquema de las multinacionales y de los seringalistas que contratan grupos de seringueiros en una relación de trabajo semi-esclavivo? Chico- No. Aquel esquema del esclavo del noreste permaneció hasta 1955. Lo que ha pasado es que las empresas agropecuarias toman a los trabajadores rurales asalariados del sur y los llevan como si fueran esclavos a trabajar en las haciendas. Hemos pedido ayuda al Ministerio de Trabajo, que la ha dado después de mucha presión, pues en realidad no hay una preocupación por el trabajador. Son trabajadores eventuales de varias regiones, llevados hasta allí en camiones y arrojados en haciendas de varias regiones de la Amazonia. A cambio de su trabajo reciben comida y aguardiente. ¿Cómo ha sido su vida. y cómo se ha convertido en un líder de esta lucha hace quince años? Chico- Quizá me haya tocado la lotería. Es una historia que cuento desde hace poco tiempo. Antes estábamos en una fase más difícil: represión desde 1978, cuando empezamos la resistencia contra la deforestación. La policía federal empezó a pegarme, me sometieron a varios interrogatorios, aislado, sin ninguna compañía. Después fui juzgado por un tribunal militar. En 1980, fue asesinado Wilson Pinheiro, gran líder de toda la Amazonia. En aquel momento él encabezaba todos los movimientos. Los hacendados, que lo sabían, lo mandaron matar. Los trabajadores, siete días después, se vengaron matando a un hacendado. Así funcionó la justicia. Esto coincidió con la época en que Lula y yo estábamos organizando el Partido de los Trabajadores en la región. Terminamos una reunión a medianoche y salimos. Al día siguiente, al amanecer, fusilaron al hacendado, y lo atribuyeron a nuestro discurecologíaPolítica

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cinco alias de cooperación. Hubo cooperativas antes, pero estaban controladas por el gobierno y no ayudaban, sino que se convertían en otro patrón del seringueiro. Para nosotros, la cooperativa es un instrumento del propio seringueiro, una conquista suya. Para hacerlo, empezamos a construir una escuela de alfabetización de los seringueiros en la que adoptamos una política de enseñanza con la que pretendíamos que el trabajador aprendiera a luchar por una mejor condición de vida. Creamos una cartilla, llamada Poronga, con apoyo tanto del Cedi como de otros grupos de universitarios y de profesores. La poronga es la luz que los seringueiros se colocan en la cabeza para caminar por la selva. Por lo tanto, ésta sería la cartilla que nos enseñaría el camino para luchar con más fuerza. Fue difícil construir la primera escuela, porque los hacendados decían que recibíamos dinero de Cuba. Y los órganos de seguridad vinieron varias veces hasta que se convencieron de que no era verdad. Fuimos creciendo, y ahora tenemos más de dieciocho escuelas en la región. Éstas han hecho posible un gran avance, pues a medida que los seringueiros han estudiado, han visto una forma de librarse del patrón. Los profesores eran personas elegidas por las comunidades, comprometidas. El único problema es que se trata de un trabajo lento. Las personas han de estar comprometidas en las luchas de la comunidad, creando confianza mutua, han de estar preparadas para enfrentarse a la policia. Entonces, un equipo inició la preparación de las personas que harán un trabajo de defensa de la selva.

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so, a pesar de que estábamos a 85 km de ese lugar y no podía haber ninguna influencia ni de Lula ni mía. Mi padre, nordestino, trabajaba como seringueiro, y yo, con nueve años, también era seringueiro. Nací en 1944 y en 1955 ya había aprendido a cortar seringa. En 1962, vivíamos en una región de seringal cerca de la frontera con Bolivia y de alguna manera descubrimos que cerca nuestro vivía un exilado político del tiempo de la intentona comunista. Era un ex-oficial del ejército que se había unido a Prestes todavía muy joven, a los veinte años. Con la derrota de Prestes, le encarcelaron en la isla de Fernando de Noronha. Como tenía parientes en el otro bando, su fuga fue más o menos fácil. Huyó a Bolivia y allí se unió al Partido Comunista Boliviano, que en aquel entonces estaba haciendo un trabajo muy importante, liderando el movimiento obrero. Allí también fue perseguido y volvió a la clandestinidad. Parece que se relacionó con trabajadores y después de algunos años volvió a crear el movimiento de resistencia con campesinos bolivianos. Ahí hubo otra acción reaccionaria de la derecha, y al no saber dónde esconderse, vino a la frontera. Optó por la selva, pues estaba cerca de la frontera, la atravesó y conoció a algunos seringueiros que le enseñaron a sangrar la seringa y a hacer el caucho. Se aisló para que nadie descubriera que vivía allí. Un día decidió salir y venir a nuestra casa. No sé cómo conseguía periódicos. Con meses de atraso, pero los conseguía. Después de una conversación sobre la explotación con mi padre, que odiaba a los seringalistas, me quiso llevar a su casa a pasar el fin de semana. Así, entre 1962 y 1965, salía todos los sábados de la selva para ir a su casa caminando por el bosque durante tres horas. Empezó a enseñarme a leer los sábados y los domingos hasta la madrugada, pues el lunes había que ir a trabajar. Empezamos a leer el periódico, me explicaba las noticias y yo empecé a interesarme por las noticias de los trabajadores. Pegábamos noticias de trabajadores de países socialistas o de otros países de América Latina. Consiguió una radio con batería que me prestó, y empecé a oír las noticiarios internacionales de las 6 de la tarde en portugués de la central de Moscú, de la BBC de Londres y los de la Voz de América. 142

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Finalmente, en 1964, hubo el golpe militar. En mayo y junio de ese año, la Voz de América decía que la democracia había vencido, que los comunistas iban a acabar con el país. Al día siguiente se oía la versión de la central de Moscú que hablaba del encarcelamiento de sindicalistas, de torturas. Yo conocía las dos versiones: la de los americanos y la de los comunistas. Él me explicaba lo que era aquella contrarrevolución, hecha por la CIA con el apoyo de la reacción. Decía que Joao Goulart, a pesar de ser un gobierno populista, había abierto una brecha y los movimientos se estaban articulando para hacer una reforma agraria en el país y, preocupada por ese movimiento, la CIA financió y organizó el golpe militar. También me dijo: “hoy los trabajadores están siendo rechazados, pero por grande que sea la masacre siempre habrá una semilla que renacerá, y tú tendrás que participar dentro de ocho o diez años”. Su nombre era Euclides Fernando Távora. Era muy inteligente, decían que sólo sabía leer, pero descubrí que quemaba todo lo que apuntaba. En junio de 1965, empezó a adelgazar, pensaba que era una úlcera. Dijo que iba a la ciudad a buscar a un médico, que no había peligro. Se fue y no volvió nunca más. No conseguí localizarlo. Debe haber muerto. Me quedé medio perdido, tenía 19 años. No se hablaba de sindicatos, en las ciudades solo se hablaba de los militares. Empecé a discutir con mis compañeros. Como sabía leer, empecé a descubrir cuánto robaban a la gente. Para los seringueiros, aunque los patrones hubiesen cambiado sus formas de opresión, ¿qué cambiaba? Uno producía durante un año un monte de caucho, gastaba la mitad en la cantina de los seringelistas y entretanto suponía que a final de año tendría la mitad de su ingreso garantizado, pero, cuando llegaba el momento, resultaba que aún debía. Descubrí que era un robo absurdo. Y empecé, solo, un trabajo de autonomía del seringueiro a través del comerciante. Hasta 1968 salía por la noche con compañeros que hacían citas con los comerciantes para vender su caucho y comprar más barato. La cosa funcionaba. Había seringueiros oprimidos, sin consciencia, que iban a explicarlo al patrón, y por eso

pasé por horas apretadas. Hasta 1975 viví esa vida aislada, haciendo un trabajo casi inútil, pero conseguí alfabetizar a casi 50 personas y formar un grupo, pero me tuve que ir de manera precipitada. El alcalde y el cura de la ciudad me mandaron llamar diciéndome que estaba formando un grupo de agitadores. Tuve que pasar casi dos años y medio escondido si no quería ir a la cárcel. En 1975, oí que estaba legando una comisión de la CoRlag para hacer un curso de sindicalismo en Brasilia. Recordé la recomendación de Euclides y fui para allá. Hice bien, pues como él me había enseñado mucho durante tres años, acabé siendo elegido secretario general del sindicato. Cuando inició su trabajo sindical, ¿existía alguna otra forma de organización de los seringueiros? Chico- La cosa estaba muy verde, principalmente entre los seringueiros, de los que el 95% no votaba. Era muy difícil. Empezaron a decir que eran explotados a partir de la creación del sindicato. Como yo tenía que trabajar en la producción para ayudar en casa, aprovechaba los fines de semana para dedicarme al movimiento. Durante ese pe-

riodo pasé muchas dificultades. Con la creación del sindicato, en 1975, tenía que pasar mucho tiempo en la ciudad para ayudar llevar adelante las propuestas, pues de repente empezaron a llegar preguntas de todos lados. En marzo de 1976, vivía más en la ciudad de Brasilia, porque el movimiento estaba muy agitado. Allí pasaba hambre, no tenía dinero ni para comer. Recuerdo que el 10 de marzo de 1976 llegó el primer movimiento importante, cuando llegaron tres seringueiros de un seringal próximo a Brasilia y denunciaron que la zona estaba siendo devastada por 100 peones y por pistoleros de la región. Por primera vez nos reunimos 70 personas e hicimos una trinchera en la selva para impedir la deforestación. Este hecho llamó la atención de todos, incluso del ejército y de la policía. Pero la gente llegó a la conclusión de que ésa era la lucha.

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Chico Mendes en casa, 1988 (Autora: Miranda Smith)

El Sindicato de Xapuri ¿es sólo de seringueiros o también abarca otras categorías? Chico- Principalmente de seringueiros, pero también integra a algunos colonos y a algunos ecologíaPolítica

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peones de hacienda. En Xapuri tenemos 3 mil afiliados. Este sindicato supera la Federación de Trabajadores, amarilla, aliada a la UDR. En las elecciones pasadas la federación apoyó al PFL/ PDS, los más reaccionarios. ¿Qué era una trinchera? Chico- Nos dábamos las manos y hacíamos una cadena que rodeara la zona que estaba siendo deforestada, no dejábamos que los tipos entraran y desmontábamos sus campamentos. Nadie iba armado, es decir, teníamos a dos o tres personas armadas pero con la recomendación de solo usar las armas en caso de extrema necesidad, si estaban matando a alguien. Nuestro objetivo era intentar convencer a los peones para que se pusieran de nuestro lado. Siempre lo conseguíamos. Pero cuando llegaba la policía, los mismos peones estaban obligados a ponerse en nuestra contra. Recuerdo unas cuatro veces en que la gente fue detenida y arrojada al suelo y ellos nos pegaban y después, todos ensangrentados, nos tiraban al camión. En el camino, mucha gente junta, cantábamos los himnos de la Iglesia. Llegábamos a la comisaría de la policía, más de cien personas, no había sitio para alojar a tantas personas y nos metían en los corredores. La policía rodeaba el edificio, pero al final, nos tenían que soltar. Dices que cantabais himnos de la Iglesia, ¿erais de algún movimiento ligado a la Iglesia? Chico- A partir de 1973, empecé a participar en los trabajos de las comunidades de base cristianas. En aquel momento, el sindicato sólo podía funcionar en los locales de la Iglesia debido a la represión. Tuvo un papel muy importante, a pesar de que después retrocedió un poco. Durante este tiempo milité activamente en las comunidades de base que tenían curas progresistas y ellos inventaban himnos ligados a nuestra causa. Era una vida sufrida, pero la gente estaba animada porque sabía que empezábamos a molestar al poder. En 1980, pasé noventa noches durmiendo en lugares diferentes. Hasta ahora he sufrido seis intentos de emboscada, la última de ellas fue en abril de este año. El día 27 de mayo, cuando ha144

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cíamos una manifestación pacífica por la defensa de la selva y acampamos en el edificio del IBDF -éramos más de 400 personas- fuimos atacados por pistoleros a la 1:30 de la mañana, a treinta metros del cuartel de policía militar. Fue un tiroteo horrible. Por suerte todos dormían. Dispararon a dos muchachos, pero escaparon. Yo nunca más he salido solo. A partir de las siete de la noche no salgo más en la ciudad. Si voy a un seringal, vuelvo por otro. Tuvimos que aprender a luchar por nuestra seguridad. Un mes después de que la UDR se instalara por allí, tuvo lugar este ataque en Xapuri, por el grupo que es su brazo armado. No se contentaron, y el 18 de marzo fueron a por el compañero Ivair Higino, gran líder de una comunidad de la Iglesia al que hicieron una emboscada. Él, desde su trabajo en la comunidad de base y en el sindicato, empezó a molestar a un concejal del PMDB que vivía cerca. Este candidato tenía el apoyo de los hacendados más reaccionarios de la región y su nombre es Chico Tenorio Cavalcante. Fue él quien organizó la emboscada, pues Ivair, candidato a concejal por el PT, seguramente iba a ganarle. Se dijo públicamente que mandó matar a Ivair. El alcalde hizo la vista gorda. Es más, recibió el aval de la justicia, pues ni tan solo su candidatura fue impugnada. ¿Cómo es compatible el trabajo extractivista con la defensa de la naturaleza? Chico- Los seringueiros y los indios hace mucho que viven en esta región. Los seringueiros viven del extractivismo, deforestan además lo necesario para sus cultivos de subsistencia y nunca amenazan la Amazonia. Por otro lado, la principal actividad económica de la región continúa siendo la extractivista: caucho y castaña de Pará. Durante mucho tiempo hemos luchado por la Amazonia, pero no teníamos una propuesta alternativa. Pero a partir de 1985 empezamos a articular propuestas alternativas: queremos que la Amazonia sea preservada, pero también que sea económicamente viable. Creemos que con las reservas extractivistas garantizamos la política de comercialización del caucho, que sabemos está amenazada por las plantaciones de seringueiras del sur. Pero el pro-

¿Cuál es la causa de los incendios? Chico- El problema es el incentivo a la ganadería que fomenta una política de especulación de la tierra. En las áreas donde los seringueiros no llegan, los hacendados provocan incendios, dejando la tierra improductiva. Ni tan siquiera siembran pasto. Su objetivo es quemar la tierra y el IBDF es tan incompetente que no los puede frenar. Ahora ya no es así, porque la ONU hizo una denuncia, la Televisión Globo la está mostrando. Pero no basta con hacer denuncias o con enseñar los incendios. El año pasado la pista de aterrizaje de Acre no se pudo utilizar durante tres días, este año durante más de tres semanas, debido a los incendios. Los pilotos me contaron que los incendios más graves fueron en Rondonia y Mato Orosso. Con nuestra resistencia en Xapuri, este año sólo han conseguido deforestar 50 hectáreas, y éstas porque tenían el aparato policial de su lado. No nos pudimos acercar más porque no queríamos provocar un enfrentamiento armado. Queremos crear hechos políticos para concienciar a la opinión pública. Así conseguimos detener esta deforestación con el apoyo de São Paulo y Río de Janeiro, que enviaron telegramas de pro-

testa, y el gobierno se vio obligado a llamarme para negociar la retirada de la policía de la zona. Pero la empresa Autobrás, en una región donde el Sindicato de Río Branco no tiene ninguna fuerza, consiguió, a escondidas, deforestar 15 mil hectáreas. Estos incendios ¿pueden dejar al seringueiro sin trabajo? Chico – Sí. En la década de 1970, cuando eran muy fuertes, ocasionaron mucho desempleo y miseria. Los seringueiros despedidos entre 1970 y 1975 (se cree que eran unas 10 mil familias) fueron a la ciudad y formaron un cinturón de miseria. Se puede ver uno de estos barrios en la capital de Acre. Hay miseria, prostitución, tráfico de drogas..., porque la gente está desesperada. ¿Por qué hay en las ciudades tantos grupos marginales? Esas personas no fueron allí por convicción, sino por las circunstancias. ¿Cómo reacciona el suelo a esos incendios sistemáticos en la región? Chico- Se vuelve improductivo. Por ejemplo, en una tierra de pastos de 2 o 3 mil hectáreas deforestada, la tierra no tiene fuerza para resistir y al cabo de dos años es tierra yerma. ¿Por qué los proyectos ganaderos utilizan este método que en el futuro también les va a ser a ellos mismos perjudicial? Chico- La ganancia es enorme. Quieren establecer su dominio por toda la región, principalmente con la posibilidad de que la carretera sea asfaltada. Y esa actividad ganadera está exenta de ICM (Impuesto de Circulación de Mercancías). El año pasado, el caucho, a pesar de la crisis que está sufriendo, aún fue el responsable del 45% de recaudación del ICM, mientras que la ganadería sólo llegó al 5%.

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blema no es solo ése. También tenemos la castaña, que es uno de los principales productos de la región y que está siendo devastada por lo hacendados y los invernaderos. También tenemos la copaíba, la bacaba, el açaí, y la miel de abejas, y una variedad de árboles medicinales que hasta ahora no han sido investigados, y el babaçu, una variedad de productos vegetales cuya comercialización e industrialización garantizaría que la Amazonia, en diez años, se transformase en una región económicamente viable, no solo dentro del país, sino también para el resto del mundo. Lo que hace falta es que el gobierno dé prioridad a la industrialización de estos productos. También está la cuestión del cacao, el guaraná y de otros cultivos que se pueden utilizar sin destruir la selva. La verdadera amenaza son los hacendados: el año pasado quemaron 20 millones de hectáreas. Este año, sólo en el Acre, los técnicos del Inpe descubrieron que habían quemado más de 800 mil hectáreas.

Además de los proyectos ganaderos, ¿qué otros están siendo implantados? Chíco- Las madereras, que incluso son financiadas en dólares por las grandes empresas internacionales. El año pasado, entre junio, julio y agosto, salieron de Acre 300 metros cúbicos de caoba al día para la exportación. ecologíaPolítica

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¿ Y el proyecto Calha Norte? Chico- Es otro desastre. Es una forma más del gobierno de expandir su dominio militar por toda la frontera de la Amazonia para evitar el fortalecimiento de los trabajadores. Vosotros, que vivís en la región de frontera, ¿veis alguna situación delicada que justifique la implantación del proyecto, como contrabando, frontera insegura, etc.? Chico- No. Todo es una invención. En los seringales no hay nada de todo esto. Durante toda esta década el seringueiro ha sido el verdadero guardián de la frontera de la Amazonia. Lo que amenaza esta frontera es justamente la devastación, la expulsión de los seringueiros. ¿Cuál es la relación de los trabajadores con los militares que se han implantado en la región? Chico- No es buena. Ellos nos consideran mala gente. Los más afectados son los misioneros que están trabajando con los indios. Se les considera elementos peligrosos, piensan que están preparando a los indios para una guerra o que los están utilizando. Es un argumento que están difundiendo para intentar impedir cualquier organización de los indios. Y lo peor de todo es la colonia indígena. Quieren transformar al indio en colono, o lo que es lo mismo, acabar con él. ¿Se ha producido algún incendio con el objetivo premeditado de destruir un objeto de defensa del trabajador? Chico- También. Están alegando, para justificar el proyecto Caiha Norte, que hay grupos de guerrilla, de Sendero Luminoso. Todos son argumentos falsos porque lo que podría justificar la presencia de estos elementos aquí es la situación creada por la propia devastación, que causa la desesperación de las personas, llevándolas a organizarse creando focos de resistencia. Pero si el seringueiro tiene su zona garantizada, no es necesario recurrir a esto. ¿Ha habido algún enfrentamiento más grave entre los militares y alguna comunidad indígena o seringalista por la implantación del proyecto? Chico- Hasta ahora solo ha habido problemas graves con indios de otras regiones a las que no 146

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llegamos, como los Ticunas. Hubo un problema serio con los garimpeiros (buscadores de minerales). Aún no tenemos acceso a aquella zona, pero el Consejo de Seguridad Nacional está acorralado por los indios del Acre que no permiten, por ningún motivo, la implantación de colonias indígenas. Esa unión se ha fortalecido mucho y los militares vinieron al Acre para convencerme a mí y a otros líderes, para que convenzamos a los indios para que acepten las colonias. ¿De qué pueblos son los indios? Chico- Con los que más contacto tenemos son los Kaxinawá, los Machineri, los Apurina. ¿Son grupos contactados desde hace mucho tiempo? Chico- Sí, desde hace mucho. Es un grupo que ya tiene 54 cooperativas, varios puestos de sanidad, varias escuelas y viven en Río Envira, en la región del Valle de Juruá. ¿Qué dificultades tuvieron para hacer los primeros contactos con los indios? Chico- No fue difícil, porque los primeros contactos se hicieron con los lideres. Cuando llegamos a la base, ya íbamos con ellos. Esto fue una presión muy grande en la batalla contra las colonias indígenas. Un coronel del Consejo de Seguridad Nacional me llamó un día para preguntarme por qué los seringueiros estaban contra las colonias indígenas. Dije que estábamos en contra porque en nuestra región el gobierno había planeado tácticamente un proyecto de colonización para acabar con los seringueiros y fue un desastre. Él me dijo: “Son esos agitadores de la Iglesia que les están poniendo ideas raras en la cabeza”, y le contesté: ”No, no somos tan niños que no sepamos lo que queremos”. Además de con los indígenas ¿con qué otros grupos de la selva se están coordinando? Chico- Además de con los seringueiros y los indios, con los colonos, es decir con los agricultores de los proyectos de colonización, porque ellos también están contribuyendo a la destrucción sin saber que ésta será más adelante un problema para ellos mismos, y también con los colonos ribereños. Muchos fueron expulsados por los

¿Cuáles son las reivindicaciones comunes de los seringueiros? Chico- Ahora la principal lucha es por la creación de la reserva extractivista. Tuvimos un éxito en una zona de 60 mil hectáreas en Cachoeira, donde los seringueiros se organizaron en piquetes de más de 400 hombres para impedir la deforestación y el Mirad tuvo que expropiarla. Allí estamos ahora abriendo escuelas y un puesto de sanidad.

¿Cuál es la receptividad de estas prácticas en los grupos de las ciudades de la región? Chico- En algunos empieza a haber más consciencia. La gente de la ciudad está amenazada por el humo de los incendios que provoca algunos casos de neumonía, deshidratación y malaria, sobre todo entre los niños. El pequeño comercio -llamado de regateo, nombre que viene de los judíos y los turcos que hay en la región- ha creado la ciudad de Xapuri. Éstos compraban caucho y castaña de Pardo. Ahora hay una mayor receptividad en la ciudad. Antes había muchos prejuicios en la ciudad, en relación con el campo, porque el seringueiro, al no tener el privilegio de estudiar, al llegar a la ciudad quedaba medio atontado, y entonces bebía aguardiente para darse ánimo. Por eso les llamaban borrachos. Ahora no. Ahora es una persona de respeto porque en la ciudad se empieza a entender que ella misma sobrevive gracias a la resistencia de los seringueiros.

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hacendados. El río Acre es ahora un río amenazado. Antes, el propio transporte de caucho se hacía por él, y ahora un barco de 50 toneladas ya no consigue entrar porque está lleno de arena. El mismo clima está cambiando a causa de la deforestación de las orillas.

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Crítica de libros, informes y webs La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global Jesús Ramos Martín

Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma GRAIN

Nuestras semillas, Nuestro futuro La Vía Campesina

Decrecimiento o Geoingeniería Federico Demaria

La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global Autores: Jordi Roca Jusmet (Coord.), Vicent Alcántara, Iñaki Arto, Emilio Padilla y Mònica Serrano. Editorial: Los Libros de la Catarata, Madrid Año: 2013 ISBN 978-84-8319-849-0 Idioma: Castellano 160 pp. Crítica del libro: Jesús Ramos Martín* (Departament d’Economia

i Història Econòmica, e Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universitat Autònoma de Barcelona) La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global hace un análisis exhaustivo de las emisiones de CO2 de la economía española, aplicando diferentes metodologías y llegando a resultados muchas veces sorprendentes. Se trata de un muy buen ejemplo del enfoque cuantitativo que está creciendo en el ámbito de la economía ecológica o bioeconomía. Los autores distinguen el periodo analizado en dos tramos, uno anterior a la crisis económica (1990-2007) que recoge las consecuencias ambientales del boom económico, y otro posterior (2007-2011) en el que se demuestra que la caída de emisiones no se debe tanto a las buenas prácticas o a las políticas activas de los gobiernos, como bien indican los autores (p. 44): “solo la crisis ha comportado la reducción de emisiones”. Destaca la diversa utilización de metodologías de cálculo, desde simples pero efectivas descomposiciones factoriales a análisis input-output. Las metodologías están convenientemente explicadas o referenciadas, lo cual aporta un valor añadido al libro pues permite ser utilizado como punto de partida de futuras investigaciones. En cuanto a los principales resultados, se destaca a menudo en el texto que el principal moti* (Jesus.Ramos@uab.es)

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vo del crecimiento de las emisiones totales es el aumento de las emisiones per cápita. Esto enlaza con el propio título que nos habla de la responsabilidad diferenciada. Los españoles tenemos una responsabilidad creciente y esto debería ser motivo de preocupación por sí solo. Así, por ejemplo, en 2010 las emisiones de la economía española representaron un 0,92% de las emisiones globales, cuando su población solo era un 0,68% del total. Como los autores muestran, el aumento en las emisiones en el conjunto del periodo analizado se debe, a su vez, a un aumento del PIB per cápita, lo que muestra la estrecha relación que existe entre actividad económica y consumo de energía. Un par de factores han mejorado, no obstante. Por un lado, se ha descarbonizado algo la generación de electricidad, pues ha caído el consumo de carbón y ha subido el de gas natural (con menores emisiones). Por otro, ha bajado la intensidad energética, la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB. Ahora bien, como dicen los autores, esta bajada se ha debido más a la caída de los niveles de actividad de sectores altamente intensivos como la construcción y no tanto a un cambio de modelo productivo. Mientras las emisiones en la UE tienden a bajar, en España aumentan en todos los sectores, con el transporte como fuente principal, con un

bienes consumidos) correspondientes a los hogares en función de su gasto. Las emisiones derivadas del transporte son las principales, seguidas de las derivadas de la alimentación. El resultado quizás más llamativo es que las emisiones crecen en paralelo con el nivel de gasto. Se podría pensar que llegados a un nivel de gasto, las emisiones no tendrían por qué seguir subiendo, sin embargo, éstas lo hacen, y esto se debe a que los patrones de gasto son diferentes en función del nivel de gasto. Cuanto más alto es el gasto en un hogar, menor es la proporción de gasto destinada a alimentación y mayor la destinada a transporte, que es muy intensivo en emisiones. Este resultado es crucial desde un punto de vista de políticas públicas, pues como muestran los autores, el transporte es casi el primer responsable de las emisiones, y son los hogares de mayor gasto (y probablemente de mayor renta) los mayores responsables de ese aumento de emisiones. En conclusión, a pesar de que la crisis económica ha provocado una reducción en el consumo de energía y con ello una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, no se ha producido en España un cambio de modelo de uso del suelo, ni de transporte y movilidad e incluso se ha dado una regresión en materia de energías renovables, hechos que hacen prever que el consumo de energía y las emisiones de gases contaminantes crecerán de nuevo cuando se reactive la actividad económica. Los poderes públicos son los responsables de cambiar las políticas que afectan a todas estas variables. Con este libro cuentan, además, con herramientas y análisis profundos que deberían ser utilizados en la formulación de las mismas.

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57,5% de crecimiento en el periodo, muy por encima de la media de la economía, del 25,4%, que lo convertirán –de continuar la tendencia– en el principal sector emisor. Una de las novedades importantes del libro es el cálculo de las emisiones del comercio exterior según la responsabilidad del consumidor. Según los acuerdos internacionales, las emisiones se calculan en base a su territorialidad, allí donde se han generado. Esto hace que países exportadores de productos intensivos en energía, como China, se vean perjudicados, pues se les contabilizan las emisiones responsables de la producción de bienes que son consumidos en otros países como España. Así pues, algunos países desarrollados estarían reduciendo sus emisiones simplemente trasladando su producción a terceros países. Con el cálculo que nos ofrecen los autores se corrige este efecto y podemos imputar al consumo las emisiones derivadas de sus actos. Con este cambio, las emisiones en España en 2007 hubiesen sido un 31% superiores a lo reportado. Además, la diferencia entre las emisiones producidas dentro del territorio y las que se derivan de nuestro consumo va en aumento, lo que se explica porque estamos trasladando al exterior las actividades intensivas en energía e importamos directamente los productos sin tener que producirlos, reduciendo el impacto en nuestro territorio, pero trasladándolo a otros territorios. El libro también se adentra en el análisis del metabolismo de los hogares, es decir, los patrones de consumo del sector doméstico. Los autores analizan las emisiones directas (generadas en el consumo de bienes como gas natural o gasolina) e indirectas (generadas en la producción de los

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Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma1 Autores: GRAIN Año: 18 de Octubre, 2013 Idioma: Castellano 8 pp. Crítica de informe: Equípo técnico de Ecología Política

Introducción “Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.” GRAIN, una conocida ONG especializada en temas de soberanía alimentaria, ha publicado el informe “Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma”, el pasado 18 de Octubre. El informe analiza las últimas propuestas de leyes de semillas y los movimientos de resistencia ante los nuevos cambios legislativos. Ya en el año 2005, denuncíaban: “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas 1.http://www.grain.org/article/entries/4801-leyes-de-semillasen-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistenciaque-crece-y-suma

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no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente2.” Los cambios, desde entonces, no han sido a mejor, por ello no es extraño que en el nuevo informe señalen: “Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional”.

2. Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola, GRAIN, 29 de octubre, 2005

El nuevo informe, después de explicar la historia y la estructura de UPOV4, se centra en las leyes que facilitan la privatización de las semillas, unas leyes que están repletas de problemas: a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”. b) El robo, luego, es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y 3. http://www.grain.org/article/entries/4801-leyes-de-semillasen-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistenciaque-crece-y-suma 4. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza) creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, (www.upov.int)

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Miles de personas se manifestaron en contra de las leyes de semillas en Chile. (Fuente: GRAIN3)

que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución. c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación, no solo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel. Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse. Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación. Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas. Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en reali-

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dad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más. Sin embargo, GRAIN recalca que la resistencia crece y se multiplica. Especialmente en América Latina, las resistencias se “están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía.” Explicando la situación en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México opinan que “las resistencias dan sus frutos”. Lo sorprendente, en un contexto de avance del agronegocio en toda la región, es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas. En Argentina, el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó esta-

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do parlamentario. En Chile, las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto. En Colombia, la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada. En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados. También en México, las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. El informe describe, breve y claramente, cada una de las iniciativas.Nadie puede decir que pasará en el futuro, pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy conscientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

Nuestras semillas, Nuestro futuro1 Autores: La Vía Campesina Año: Junio de 2013, Yakarta Idioma: Castellano 52 pp.

Las semillas tienen un lugar especial en la lucha por la soberanía alimentaria. Estos pequeños granos son la base del futuro. Ellas determinan, en cada ciclo vital, qué tipo de alimento consumen los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Pero las semillas también son el recipiente que transporta el pasado, la visión, el conocimiento y las prácticas acumuladas de las comunidades campesinas en todo el mundo que, durante miles de años, han creado la base de todo lo que nos sostiene en el presente. Las semillas no fueron creadas para permanecer siempre inalteradas. No son objetos, sino parte de un proceso constante de recreación. Y por esta razón, han sido siempre el centro de las distintas visiones sobre cómo cultivar y qué debe ser la agricultura. Hace unos 100 años, un proceso inspirado por la visión de la vida industrializada empezó a cambiar la agricultura, acabando por transformar la producción de alimentos en muchas áreas del mundo. La modificación de las semillas ha sido

central en esta transformación, haciendo posibles los cultivos homogéneos y basados en el petróleo que dominan la agricultura industrial. Pero a pesar del predominio de la industria y sus constantes esfuerzos por marginalizar e incluso criminalizar la agricultura campesina, sabemos que nuestras semillas campesinas tienen raíces más profundas. Por todas partes se están reclamando y recuperando las semillas campesinas como parte central de la vida de las comunidades, incluso en las ciudades. Ellas son la base de una agricultura sostenible, saludable y justa. Las páginas de este informe centran su atención en algunos lugares donde se llevan a cabo las luchas diarias por nuestras semillas. Muestran las semillas de las campesinas y campesinos en Asia, África, Europa y las Américas. Muestran intercambios, resistencia, descubrimientos y solidaridad entre los pueblos; así como las agri-culturas que hilan el tejido de La Vía Campesina y el tejido de nuestro futuro.

Crítica de libros, informes y web

Disponible en: http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/

1. Disponible en: http://www.viacampesina.org/downloads/ pdf/sp/ES-notebook6.pdf

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Decrecimiento o Geoingeniería Autor: Clive Hamilton Titulo: Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering Editorial: Yale University Press Año: 2013 ISBN: 978-0-300-18667-3 Idioma: Inglés 247 pp. Crítica del libro: Federico Demaria1 (Research & Degrowth, ICTA. Universitat Autònoma de Barcelona)

Clive Hamilton es un economista ecológico cuyos libros han sido polémicos y han llegado a una gran audiencia. Growth fetish (2003) se convirtió en un bestseller en Australia y resuena claramente con la economía de estado estacionario y decrecimiento, mientras Scorcher: The Dirty Politics of Climate Change (2007) y Requiem for a Species: why we resist the truth about climate change (2010) marcó su compromiso con el cambio climático. Hamilton ha declarado que “el mundo está en el buen camino hacia un futuro muy desagradable y es demasiado tarde para detenerlo”2. Probablemente por esta razón, se decidió a escribir Earthmasters (2013), una crítica a la geoingeniería (o ingeniería del clima). El libro tiene como objetivo investigar el quién, qué, por qué, dónde y cuándo de una intervención deliberada y a gran escala, diseñada para contrarrestar el calentamiento global o compensar algunos de sus efectos. El trabajo de Hamilton es oportuno, ya que el quinto informe del IPCC sobre el Cambio Climático menciona por primera vez, a pesar de la suave crítica, la geoingeniería. La primera parte del libro explica el “por qué” de la geoingeniería. La ciencia del cambio 1. (fede@degrowth.net) 2. http://www.smh.com.au/environment/too-late-for-all-butprayers-20100226-p95h.html

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climático abrupto ha dado lugar a la idea de que podríamos enfrentar una “emergencia climática” en las próximas décadas. Para Hamilton, la geoingeniería presenta un dilema: “Si el Plan A, persuadir al mundo para reducir las emisiones, está fallando, ¿no deberíamos tener un plan B?”. La Ingeniería Climática surgió de la búsqueda de una alternativa a la reducción de emisiones, a menudo presentada como fácil, eficaz y barata. Precisamente porque esto podría representar una distracción de la verdadera tarea de reducir las emisiones de CO2 , el tema siguió siendo un tabú hasta que fue roto en 2006 por el premio Nobel Paul Crutzen. La segunda parte del libro tiene que ver con el “qué”. Hamilton presenta los dos principales métodos de geoingeniería: la retirada de dióxido de carbono (Carbon Dioxide Removal, CDR) y el manejo de la radiación solar (Solar Radiation Management, SRM). La CDR pretende extraer el CO2 de la atmósfera y almacenarlo en el suelo, la vegetación, los océanos o ponerlo de nuevo en el subterráneo. En su lugar, la SRM apunta a enfriar el planeta reflejando una mayor proporción de la radiación entrante del sol de vuelta al espacio. En resumen, CDR interviene sobre la ‘fuente’ del problema, la concentración de CO2 en la atmósfera, mientras que SRM sobre

3. Nota del traductor: Prometheans y Soterians en la versión inglesa original

humilde que duda de las soluciones tecnológicas no naturales y de la arrogancia de los proyectos de dominio. Simplificando, el primero parece prevalecer en los EE.UU., mientras que el segundo en Europa. Hamilton analiza el enfoque de los Prometheanos hacia la geoingeniería como la búsqueda de un technofix que no infrinja la libertad económica y no requiera ningún cambio social. Por ejemplo, los economistas neoclásicos son la vanguardia en la defensa de esta tecnología, con el análisis de costo-beneficio. Además, hay un proceso de militarización de la geoingeniería, con un emergente lobby militar liderado por institutos como el Laboratorio Nacional Livermore (EE.UU.). La quinta parte del libro está dedicada a la geopolítica atmosférica y se ocupa esencialmente de cómo se podría regular la geoingeniería, incluyendo la investigación y, sobre todo, los experimentos. Los conflictos sobre la fertilización oceánica ya han llegado a la luz. Se discuten varias opciones: los regímenes nacionales de gobierno; la recolección de los códigos de conducta, principios y soft law; los tratados y las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la regulación nacional no sería suficiente en caso de despliegues unilaterales con efectos transfronterizos. Es cierto que existen lagunas en el derecho internacional. Por el momento, sólo el convenio sobre la diversidad biológica ha pasado en 2010, gracias a la insistencia de los países del Sur, una resolución no vinculante de moratoria en el caso que afectara a la biodiversidad, pero esto está lejos de ser suficiente. En particular, han declarando que “ninguna actividad de geoingeniería relacionadas con el clima que pueda afectar a la biodiversidad se debería llevar a cabo” sin valoración científica adecuada de los potenciales riesgos”, con la excepción de los estudios de investigación científica a pequeña escala que se llevan a cabo en un ambiente controlado” y aún así “sujetos a una evaluación previa exhaustiva de los posibles efectos sobre el medio ambiente”. Sus objeciones no se basaban en el temor de que los grandes países contaminantes intenten utilizar la geoingeniería para eludir su responsabilidad de reducir las emisiones, sino más bien en que jugar con la naturaleza sería erróneo y peligroso. ecologíaPolítica

Crítica de libros, informes y web

las consecuencias, el exceso de calor. Hamilton presenta y discute las opciones más relevantes. Para la CDR, considera: la fertilización de los océanos, el incremento de CaO en los océanos, el aumento de la erosión de las rocas, la captura de aire y la bio-ingeniería. El problema general del CDR es que el proceso podría tomar décadas para tener efecto. En cuanto el SMR, Hamilton considera como opciones aclarar las nubes marinas, la modificación de las nubes cirrus y la pulverización de aerosoles de sulfato (es decir, rociar la atmósfera con partículas de azufre). El problema general con el SRM es lo que sucedería una vez que finalizáramos la experiencia. Las preocupaciones comunes con ambos métodos, CDR y SRM, son los costos económicos, la intensidad energética, las dificultades técnicas y las incertidumbres sobre los posibles efectos ecológicos no deseados. En la tercera parte del libro, Hamilton esboza en líneas generales sobre quién está involucrado en la geoingeniería. En el centro, hay una red de personas con vínculos personales, institucionales y financieros, científicos como David Keith y Ken Caldeira, quien, entre otras cosas, han sido los informadores de Bill Gates en materia de cambio climático. La pregunta sigue abierta sobre si la ayuda financiera a este tipo de iniciativas es desinteresada o busca una recompensa a través de las patentes de ciertas técnicas. Otros patrocinadores de este tipo de iniciativas son capitales de riesgo, multimillonarios (como Richard Branson) y también las empresas petroleras. Algunos partidarios de la geoingeniería están verdaderamente alarmados por el cambio climático, otros, que lo niegan, también apoyan la geoingeniería, esencialmente quieren que el sistema industrial actual se mantenga. En la cuarta parte del libro, Hamilton entra en uno de sus principales argumentos: la existencia de dos enfoques diferentes, Prometheanos y Soterianos3. Los primeros tienen una visión tecnocrática racionalista y confían en la capacidad de la humanidad para controlar la naturaleza, mientras que los segundos tienen una visión más

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En la sexta parte del libro, Hamilton analiza las principales justificaciones de la geoingeniería: nos permitiría ganar tiempo, podría ser una respuesta a una emergencia climática y podría ser la mejor opción económica. Por otro lado, hay algunas preocupaciones: la corrupción moral y el riesgo moral. En el primer caso, si la geoingeniería se hace por razones de interés propio (por ejemplo, porque no estamos dispuestos a reestructurar nuestras economías o ajustar nuestro estilo de vida), entonces es una especie de cubierta o autoabsolución. En cambio, si la geoingeniería es inferior a la reducción de emisiones (por ejemplo, menos efectiva y arriesgada), entonces es una falta moral. En cambio, el riesgo moral podría surgir en caso de que la investigación de la ingeniería climática pudiera erosionar los incentivos para reducir las emisiones. En la última parte del libro, Hamilton replantea el cambio climático y la geoingeniería en el marco de la historia humana y geológica. Hamilton ve en la geoingniería el propósito más profundo de expansión incesante y reinterpreta los dos enfoques propuestos en la geoingeniería. Los Prometheanos lo ven como una forma de defender el orden establecido, por lo que la expansión puede continuar sin interrupción. Por otro lado, para los Soterianos es una medida lamentable para proteger los valores más profundos ahora amenazados por las consecuencias de la expansión sin fin - las sociedades viables, comunidades vulnerables, los valores ecológicos y la vida misma. Las principales cuestiones que permanecen abiertas son: ¿hay que emprenderla? ¿Cómo la utilizamos? En opinión de Hamilton, la geoingeniería como medida para defender la continua expansión no puede funcionar en el largo plazo. Con el tiempo, el efecto principal de la geoingeniería podría ser político, frenar la conciencia de la necesidad de transformar nuestras economías y

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sociedades para que podamos vivir de una manera que no interrumpa los ciclos naturales de la Tierra y los procesos que han permitido que la vida florezca. Hamilton ofrece una excelente visión general y crítica matizada de un tema crucial en la política del cambio climático. Las reacciones a la geoingeniería difícilmente pueden ser en blanco y negro. No debemos confiar en ella, debido a la incertidumbre y la complejidad que implica. Sin embargo, no la podemos excluir por completo, ya que en realidad podría ser la única opción. Hamilton aún deja muchas preguntas abiertas. La ecología política debe explorar otras cuestiones, por ejemplo, por qué los que no son (o menos) responsables del cambio climático deben asumir los riesgos. La economía ecológica podría criticar los análisis de costo-beneficio poco convincentes y a su vez empujar en su lugar a un análisis multicriterial de las alternativas. Por último, las conclusiones de Hamilton podrían resumirse con el lema “Decrecimiento o Geoingeniería “ porque nos ofrece argumentos a favor de abandonar la senda de crecimiento económico sin fin y en contra de una tecnología arriesgada y conservadora: la geoingeniería.

Agradecimientos Quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores y participantes del taller sobre escenarios promovido por el proyecto, financiado por la UE, EuTrace (Evaluación Transdisciplinario Europea de Ingeniería del Clima), celebrada en Potsdam en el IASS el 5-6 de septiembre 2013. Me han ofrecido una perspectiva interesante sobre la geoingeniería. También quiero expresar mi agradecimiento a Joan Martínez-Alier y Giorgios Kallis por sus comentarios.

Entidades colaboradoras La revista Ecología Política quiere ampliar su difusión entre organizaciones y movimientos sociales, para así conseguir llegar a un público más amplio. Al mismo tiempo la revista espera ser un canal de difusión que permita apoyar a los colectivos y movimientos sociales interesados en «ecología política». Por ello hemos creado la figura de ENTIDAD COLABORADORA DE LA REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA. Mediante esta figura las entidades colaboradoras se comprometen a distribuir la revista a todas las personas que estén interesadas y a cambio consiguen revistas a un precio reducido para su posterior distribución. Si estáis interesados buscad información más detallada en www.ecologiapolitica. info o escribid un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica.info

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