DIGNIDAD Y DEMOCRACIA SE PRONUNCIA
LAS LEYES DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL SIGUEN COBRANDO VÍCTIMAS HUMANAS. LOS PUEBLOS DE LA SELVA CENTRAL TIENEN DERECHO A PROTESTAR Pronunciamiento La intervención policial armada contra las manifestantes civiles del distrito de Pichanaki, que protestan contra las concesiones de explotación petroleras hechas por el Estado sin ninguna consulta a las poblaciones, ha cobrado el día de ayer dos víctimas según dan a conocer medios radiales, existiendo versiones de la gente que indican que en realidad serían 6 muertos, y más de una treintena de heridos de bala. Frente a ello los congresistas de la Bancada de Dignidad y Democracia manifestamos nuestra resuelta condena, por tratarse de una violación de la libertad, el derecho a la vida y el derecho de protesta de las poblaciones. Las fuerzas policiales tienen el encargo de custodiar el orden, pero están prohibidas de atentar contra la vida de las personas. Denunciamos que el patrón de intervención de las fuerzas policiales contra la población se vuelve a repetir en el caso de Pichanaki, como antes se vio en Cajamarca, en Espinar, en La Convención, y consiste en el uso a discreción de armas de fuego sin medir las consecuencias, sin cumplir el protocolo de uso de medios disuasivos. Denunciamos también que la Policía vuelve a ser usada por el Estado para servir a los pedidos de las grandes empresas, como ocurrió hace unos días con la intervención policial contra las posesiones de la señora Máxima Acuña Chaupe, por oponerse a las actividades mineras invasivas de la empresa Yanacocha. En el caso de Pichanaki la Policía interviene para proteger una concesión de exploración otorgada a la empresa Plus Petrol, sin considerar la afectación que la industria petrolera puede traer no sólo a las actividades productivas de la gente, sino a los valiosos recursos ecológicos de estas zonas de selva. Denunciamos que parece constituir una hipocresía mayor del ejecutivo que llama a un presunto diálogo con las fuerzas vivas, mientras a través de su Ministro del Interior, ordena la intervención represiva sistemática e inflexible contra las poblaciones que protestan contra las políticas actuales, aprovechando las leyes de criminalización que aprobaron los sucesivos gobiernos de Fujimori, Toledo, García y ahora Humala, en clara violación del derecho de protesta que ampara la Constitución. Llamamos a la ciudadanía a condenar este ejercicio irregular del poder represivo del Estado y a que el Congreso demande la salida inmediata de los Ministros responsables de tales atropellos.