Senador Jorge Eliécer Guevara DECLARACIÓN DEL SENADOR JORGE GUEVARA SOBRE EL PARO NACIONAL AGRARIO
El Paro Nacional Agrario es un hecho social y político de gran importancia nacional. El movimiento protagonizado por más de 200.000 pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general, además de indígenas y afrodescendientes, se desarrolla en más de 25 departamentos que han sido afectados por numerosas concentraciones, marchas y bloqueos de vías, acciones frente a las cuales el Gobierno adoptó una estrategia persuasiva de choque que ha dado lugar a excesos de la Fuerza Pública en distintos lugares del país, lo que no ha generado el proceso de repliegue esperado sino, por el contrario, la extensión de la protesta. Así mismo, las marchas realizadas en solidaridad con el Paro Nacional Agrario por los trabajadores, maestros, trabajadores de la salud, estudiantes y otros sectores populares de las ciudades han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social. La respuesta del Gobierno Nacional ha cambiado, optando por implementar una estrategia de negociaciones por separado con los protagonistas del paro en cada región. Por ejemplo, mediante promesas logró dividir al gremio de los camioneros; persuadió a los indígenas del cauca prometiéndoles recursos para adquisición de tierras e impulso de proyectos, y, además, consiguió la desvinculación del paro de los cafeteros. En la actualidad, el Gobierno persiste en esta estrategia, con la colaboración de gobernadores y alcaldes, en función del propósito de montar mesas regionales y locales de negociación, para impedir la convergencia y la coordinación nacional del movimiento. La implementación de esta política puede ofrecer soluciones parciales y temporales, pero no se ignora que los problemas de la agricultura colombiana son de carácter estructural. A los campesinos no se les tiene en cuenta cuando de formular políticas agropecuarias se trata. Esto se refleja, por ejemplo, en el caso de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que los efectos de estos tratados para el empresariado agropecuario han sido objeto de un amplio debate, hasta ahora comenzarán a discutirse las consecuencias para el campesinado, no obstante que lo acordado en los TLC será particularmente nocivo para los pequeños productores agropecuarios. Se ha ignorado que, precisamente el campesino, pequeño o mediano productor, es el actor principal de la denominada economía campesina y la agricultura familiar, que alimentan a los pueblos del mundo, cuyas características, su racionalidad de producción, del uso del suelo y la mano de obra, la fuente de los ingresos en dinero, sus formas de vinculación a los mercados de productos y de trabajo, determinan la necesidad de inscribirlos dentro del marco del desarrollo agropecuario por la vía campesina. Sin embargo, esto no sucede: no se les garantizan los créditos, la asistencia técnica, ni un mercado justo.
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Senador Jorge Eliécer Guevara Por otra parte, La estructura de propiedad del sector agropecuario que se impuso a sangre y fuego durante las últimas décadas, mediante la intensificación de la violencia en el campo, permitió consolidar el desmesurado crecimiento del latifundio, a través de la legalización e institucionalización del despojo de las tierras de los campesinos desplazados. El latifundio se agigantó gracias al agravamiento del conflicto armado y al poder de compra de tierras de los narcotraficantes. De esta manera, el monopolio de la tierra en Colombia, está ligado a la violencia y al narcotráfico. Además, desde la década de los 90, la apertura a las importaciones liquidó las posibilidades del desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria. Resumiendo, el país tiene una de las más inequitativas distribuciones de la tierra del continente. Los grandes terratenientes poseen el al 53.5% del territorio. Un 68.2% de la población campesina padece una situación de pobreza grave. 2.3 millones de campesinos poseen tierras o predios de menos de 3 hectáreas. Muchos de ellos sólo cuentan como mano de obra barata. Los Planes de Desarrollo que se han impuesto en el país, no contemplan una reforma agraria por la vía campesina, sino el desarrollo del capitalismo en la agricultura, fundado en la gran propiedad terrateniente y la producción agropecuaria para el mercado externo. Más, aún, la iniciativa oficial en marcha, busca modernizar el campo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra. CONCLUSIONES Lo anteriormente planteado determina la necesidad de adoptar una nueva legislación que supere el marco institucional existente y ponga en vigencia las normas constitucionales sobre protección y fomento de la producción de alimentos, acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y a los demás recursos productivos, defensa de la diversidad étnica y cultural, y protección del ambiente y los ecosistemas. Una legislación en función de seguridad y soberanía alimentaria y de una economía agropecuaria dinámica, sana y equitativa, base del mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. En la coyuntura actual es necesario y posible promover un proceso de organización campesina que sirva de marco protector frente a la amenaza de los grupos paramilitares de impedir la restitución de tierras, y que viabilice el desarrollo de políticas públicas complementarias a la restitución, tales como: el crédito, la asistencia técnica, programas de mercado justo, seguridad social y la educación. La gran experiencia de éste paro agrario, es que nuestros campesinos han venido tomando conciencia sobre la necesidad de la organización y la coordinación nacional de sus demandas, que les permita tener mayor protagonismo en la definición de las políticas públicas para el desarrollo del sector agropecuario. Y esto no puede ser ignorado por el Gobierno y la sociedad colombiana. Por todo lo anterior, es una demanda legítima la conformación de una Mesa Nacional de Negociación, donde se concreten compromisos que permitan avanzar en procura de satisfacer las legítimas demandas del campesinado. Bogotá, D.C., 28 de Agosto de 2013
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