S igno S UN ARBITRAJE ELECTORAL DEL LUMPEN

La ley y las autoridades que los rigen han desnaturalizado los procesos de confrontación política de las campañas electorales en México como en ninguna nación civilizada del planeta, en tanto la retórica y la propaganda y no las pruebas de las acusaciones recíprocas, debieran ser en ellas el recurso esencial de los combatientes.

Porque no se trata de procesos penales para condenar culpables -a menos que haya candidatos con perfiles carcelarios por flagrancias criminales mayores-, sino de unos donde deben ponerse en juego las competencias y las habilidades para defender las posiciones de estos y de aquellos, a costa de las debilidades de sus contrincantes.

Si se ha de denunciar y atacar, son los protagonistas de la guerra los que deben pelear con sus propias armas. Y la ley y la autoridad en México, con tantos requiebros y banalidades donde los más débiles y ladinos acuden a ellas porque no tienen capacidad de fuego por cuenta propia, se convierten en protagonistas innecesarios que sólo envilecen con tontas menudencias lo que debe ser una lucha abierta y donde quien debe decidir es el público elector y donde lo que debe regir es la plena libertad de decir y de expresarse.

Si la vacua vulgaridad es la artillería de uno, la fuerza testimonial del otro debe confrontarla, evidenciarla y vencerla, si es que las mayorías electoras están del lado correcto en una democracia virtuosa.

Las campañas políticas deben ser debates y careos sin censura entre liderazgos verdaderos. Y la ley y la autoridad sólo deben validar que unos y otros tengan la certificación de candidatos legítimos a la representación popular que pretenden, y que no representen en realidad intereses criminales y punibles.

Pero la ley y la autoridad en México se han forjado en la mezquindad política de unas y otras cúpulas eventuales que se han alternado en el poder de legislar a conveniencia. Y han producido los mamarrachos reglamentarios e institucionales, con zafias presunciones vanguardistas, donde las denuncias formales mutuas y las bagatelas verbales consignadas como delitos definen el valor de las contiendas y la razón y la estatura de los contendientes.