El Bestiario La resistencia social clave contra el crimen organizado; Italia

ganizó una cena freegan el año pasado. “Llegamos a ello estudiando el concepto de parasistema. Si los antisistema quieren destruir el sistema, los parasistema quieren vivir dentro de él, en sus aristas. De la otra manera, ya que el sistema tiene el monopolio de la violencia, solo se consigue reforzarlo”, explica el miembro del colectivo Luis Tamayo. “Así llegamos al concepto de freegan, que vive de los desechos de la sociedad de consumo”. Para su cena freegan, varios ‘comandos’ recolectaron comida durante cinco días. “El truco es conocer los buenos puntos de recogida. En un día puedes obtener provisiones para un mes, de otra manera puedes tirarte la noche rebuscando por cubos de basura. El sitio adecuado son los supermercados, que desechan mucha comida y en buenas condiciones. Una bolsa de naranjas porque una esté pocha o un pack de huevos porque uno esté roto”, cuenta Tamayo. “Los particulares somos menos dados a tirar cosas aprovechables”. Al final comieron unas 60 personas: “Solo nos hizo falta comprar aceite y sal. Hubo hasta langostinos”, comenta divertido. “En esto del freeganismo se puede estar por actitud o necesidad. Hay gente que recoge sin ni siquiera conocer el concepto. En ambos casos, cada vez se practica más”.

Para entender la realidad del desperdicio de alimentos en México, una periodista fue a un súper, un restaurante y un mercado

La periodista Sarah del Moral esto es lo que encontró en su aventura ‘freegans’. “Vivimos un paradoja alimentaria: hay comida suficiente para alimentar a todo el mundo, pero el hambre es una de las principales causas de muerte. El planeta produce alimento suficiente para 12 mil millones de personas y sólo somos 7 mil millones de habitantes; sin embargo, cada cinco segundos una persona muere de hambre, desnutrición y sus enfermedades derivadas. Por otro lado, el 39 por ciento de los adultos en el mundo sufren de algún tipo de obesidad, según la OMS…”. El problema es la pésima distribución de los alimentos, aunada a la mala educación alimentaria. En 2050 tendremos 9 mil millones de bocas que alimentar y nadie sabe cómo lo lograremos. Sin embargo, ante este futuro desesperanzador, cruzar los brazos no es opción. El desperdicio de alimentos es uno de los problemas más graves. Según la FAO, alrededor de un tercio de los alimentos producidos para consumo humano anualmente se desperdicia. Mil 300 toneladas de desperdicio en total, 67 por ciento ocurre en África y Asia, mientras que los Estados Unidos, uno de los países que más alimento produce, tira a la basura el 47 por ciento de su alimento total. En México, 30 mil toneladas de alimento se desperdician al día, según Sedesol. El desperdicio en la industria representa una pérdida de alrededor de 120 mil millones de pesos al año. A nivel nacional tenemos los alimentos suficientes para alimentar a toda la población. “El hambre no es un problema de falta de producción”, dice en entrevista Genaro Aguilar, coordinador de la Red Latinoamericana para la Disminución de la Pérdida de Alimentos de la FAO. Así es, la comida no falta, se tira a la basura, se desecha. Hay distintas formas de combatir el desperdicio de comida. Por ejemplo, el friganismo es un movimiento internacional que surge como protesta ante el capitalismo. Los friganos son personas que viven fuera de la economía convencional, se alimentan de los desperdicios alimentarios de los demás, no porque sean mendigos, sino porque quieren reducir el desperdicio y el impacto que éste tiene sobre el ambiente y la sociedad. Una de sus prácticas más comunes es el llamado ‘dumpster diving’, que literalmente consiste en echarse un clavado dentro de los contenedores de basura y comer lo que te apetezca. De hecho, tienen una guía para hacerlo como todo un profesional. ¿No sacar un peso de mi cartera para poder comer? Tenía que intentarlo Sarah del Moral.

“En esta sucursal gastamos 150 mil pesos a la semana en puras frutas y verduras que van a la basura”, me informa un gerente en México capital

“Decidí poner en práctica el ‘dumpster diving’. Comencé el día con mucha hambre, así que me dirigí a un supermercado enorme donde venden la comida al por mayor. Seguramente encontraré un montón de manjares desperdiciados, pensé. Le conté al gerente sobre el movimiento y mis intenciones de conseguir comida en la basura. Resultó interesado y dispuesto a mostrarme la merma mañanera. Lo malo era que sólo podía ver y no tocar. La empresa, ubicada en el Mercado Medellín en la capital de México, no podía arriesgar su reputación. “Vendemos frescura y calidad, eso tenlo por seguro. Hacemos tiempo exacto en el traslado de la mercancía con tal de mantener la temperatura de los alimentos”, me contó mientras caminamos hacia la merma. Tres carritos de súper repletos de alimentos me esperaban. ¡Tres carritos de comida en perfecto estado desperdiciada por el segundo corporativo más grande del mundo en la categoría de comercio! Y eso que era temprano aún. ¿Es en serio? Empezamos con el carrito de frutas y verduras. “En esta sucursal gastamos 150 mil pesos a la semana en puras frutas y verduras que van a la basura. Si la apariencia no es buena o hay alguna hoja que no tiene un tono verde apetitoso, la desechamos, aunque sea completamente comestible”, me cuenta el gerente, cuya identidad quiere permanecer en el anonimato. Este corporativo tiene aproximadamente 40 sucursales en México. Hagamos cálculos: cada semana se gastan aproximadamente 6 millones de pesos solamente en frutas y verduras desperdiciadas. ¿Cuánta gente puede comer con un millón de pesos semanales en vegetales? No quiero imaginar la suma a nivel mundial. “En las carnes no es tanto”, continuó el gerente. “Como 25 mil pesos semanales”. Ok. ¿Y cuál es la estrategia para reducir la merma? “Reducirla no”, contestó el directivo. Tenemos un equipo que está monitoreando constantemente la temperatura de los alimentos, para que no se echen a perder, nuestra infraestructura es buena y cuidamos nuestro producto, a veces hay factores que no podemos controlar como que los clientes ya no se animen a comprar lo que tenían pensado y lo dejen por ahí, una vez fuera de refrigeración ya no hay vuelta atrás y se vuelve deshecho o sencillamente la producción es demasiada, y no podemos tenerla aquí por mucho tiempo. Las frutas, verduras y panadería que aún son comestibles pero están próximos a su fecha de caducidad o su empaque está dañado, son enviados, a veces, a orfanatos o asilos con los que tenemos convenio, pero con las carnes o alimentos de origen animal es distinto: no los regalamos nunca porque son más propensos a contaminarse y no queremos meternos en problemas”, me contó. No me dejaron llevarme nada, a pesar de que había muchas cosas comibles en ese carrito. Mi estómago seguía vacío.

“Las raciones en un restaurante japonés son relativamente pequeñas y es por eso que no hay tanto desperdicio que en un fast food”

Siguiente parada: un renombrado restaurante de comida japonesa ubicado en la Del Valle. A ver si me va me-

jor, pensé. Después de dar la debida explicación sobre mi nuevo estatus como frigana, me metí a husmear los botes de basura. Los desperdicios del día no eran tantos como imaginaba, apenas se llenaba un botecito de arroz batido mezclado con servilletas sucias, palillos usados y colillas de cigarro. El chef del lugar me contó que en su restaurante no hay tanto desperdicio porque las porciones que sirven son relativamente pequeñas y casi siempre el comensal acaba con todo lo que pide. Pero, si alguien deja algo en el plato, ellos tienen prohibido comerlo. “Va directo al basurero. Es la regla de todos, o al menos la mayoría de, los restaurantes”. “He trabajado en muchos restaurantes y te puedo decir que nada se compara con lo que se tira en un ‘fast food’ o en un buffet, o en esos con promoción de ‘come todo lo que quieras por 199 pesos”, me dijo. Mientras escuchaba, hurgué en la basura para ver qué podía rescatar. Nada. Todo estaba revuelto con cenizas de cigarros y otras cosas que hacían incomestible a la comida. “Sería más sencillo si dividiéramos la basura en orgánica e inorgánica”, me dijo al final con cara de culpa. Me voy a buscar a otro lado. Arigato! Caminé entre distintos puestos callejeros, cafeterías y tiendas de abarrotes que tuvieran basureros a la vista. Quería pescar algo de comer con o sin permiso, pero no pude recuperar ni una papita, no porque no hubiera comida, sino porque todo lo comestible estaba revuelto con líquidos sospechosos, plásticos, cigarros y otras cosas asquerosas. Puros menjurjes apestosos. Si algo era comestible, seguramente ya estaba contaminado. Entonces entendí lo difícil que es vivir siendo frigano en México. No puedo esperar que cada dos calles me encuentre cajas repletas de donas con chocolate, pasta intacta o bolsas de lechugas orgánicas, limpias. Quizás en Nueva York sea más fácil que ocurra ese escenario. Aquí no. En México, ensuciarte las manos para conseguir alimento está más relacionado a una necesidad que a una convicción.

“Residuos de alimentos”, los consumidores tiran conscientemente, ya sea por comprar demasiado o porque simplemente ya no quieren comerlo

Según la guía visual de desperdicios de alimentos del periódico británico The Guardian, existe el término “desperdicio no intencional”, que es consecuencia de la falta de infraestructura y transporte en la industria alimentaria. En los países ricos las pérdidas involuntarias son bajas, pero existen niveles elevados de “residuos de alimentos”, es decir, la comida que los consumidores tiran conscientemente, ya sea por comprar demasiado o porque simplemente ya no quieren comerlo. De nuevo derrotada, y pensando en la abundancia de nuestros mercados mexicanos, me dirigí al mercado de Medellín, en la Ciudad de México. Ahí amablemente me abrieron las puertas de su basurero y me dieron acceso. Desafortunadamente no había nada que se pudiera salvar, uno de los trabajadores me explicó que dividían la basura en orgánica e inorgánica, pero después de que el camión de la basura pasara por ella, desconocía su destino. Entré al mercado y me sorprendió que en el primer puesto de frutas y verduras, la señora a cargo, Marta, me obsequió muy amablemente dos bolsas llenas de comida. No tuve que explicar mucho sobre el friganismo, pues ella y su esposo ya sabían todo al respecto. Me dijeron que había llegado un poco tarde, y que los alimentos desechados en buen estado ya estaban en manos de ‘Comida no Bombas’, una organización de activistas que inició en los 80 en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo promoviendo el veganismo no violento y recuperando desperdicios de comida para elaborar platillos y regalarlos en las calles. Sin embargo, Marta acudió a los vecinos para juntarme otras bolsas llenas de mangos, aguacates, flor de calabaza, calabazas, manzanas y otros vegetales que se iban a ir a la basura. Evidentemente mis verduras y frutas no tenía la apariencia a la que estoy acostumbrada, pero estaban perfectos (no echados a perder, no contaminados) y su sabor era igual de rico. Le pregunté a Marta si las personas que viven en la calle saben que pueden entrar al mercado para recolectar alimentos. Me dijo que a veces algún niño de la calle se acerca y ella le regala comida, pero regularmente no sucede. “Supuestamente ése es el trabajo de los bancos de alimentos, venir por todos los desperdicios del mercado para después repartirlos en diferentes centros, pero a veces se les olvida venir y no podemos dejarlo aquí, tenemos que tirarlo”, me contó. Actualmente, México tiene 66 bancos de alimentos que rescatan más de 112 mil toneladas de comida, según la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos AC. Estos bancos funcionan a través de donaciones de distintas empresas que ofrecen sus productos que son comestibles, pero no adecuados para la venta. Después de realizar estudios socioeconómicos, eligen a las personas que realmente lo necesitan y les piden una cuota de recuperación que no exceda el 10% del valor comercial de la comida. “Los que son responsables de las donaciones pocas veces vienen, vemos más a los de ‘Comida no Bombas’ que a los bancos. Hay muchos que vienen a friganear y nuestros puestos están siempre abiertos para ellos, porque no nos gusta ver cuánto se desperdicia”. Salí muy satisfecha con mi nutritiva adquisición. Comí pasta con calabacitas, berenjenas, y pimientos, acompañada con agua de mango. Gratis, y no solo eso: con comida que pudo echarse a perder en el bote de basura. Al parecer el friganismo en México va viento en popa, y representa un mínimo esfuerzo del país por reducir el desperdicio. Quizás algún día tengamos restaurantes y supermercados que no general desperdicios, como los hay en Europa; o tal vez nuestros chefs comiencen a hacer cenas comunitarias para aprovechar los desperdicios, como Dan Barber. Estrategias sobran, mientras esparcimos gotas de consciencia a la industria alimentaria que sólo se preocupa por el fondo de nuestros bolsillos, está en nuestras manos crear una cultura de menos consumo que logre alimentar a todo el mundo. Podríamos empezar por no dejar que la comida de nuestro refri se eche a perder, o ¿por qué no?, comer lo rescatado de la basura. Créanme, esto se podría hacer a diario sin problema. Si van a París no se pierda una visita al restaurante Freegan Pony Resto vegan alternatif. Varias fotos acompañan esta columna ‘freegans’.

@SantiGurtubay @BestiarioCancun www.elbestiariocancun.mx

El BEstiario

Cuba logró convertirse en el primer país del mun- de sangre, de colorines verdes, casi siempre nocturnas, do ‘libre de gordos’. Los habaneros y los santiagueros como si estuviéramos jugando al Nintendo o al PlaySta-Santiago J. Santamaría Gurtubay de entonces soñaban con ser gordos. Nadie quería ser flaco. Todos querían ser gordos. Parecía un mundo al tion…”, nos explican varios cubanos. El director manchego de la ‘Movida Madrileña’, Pe *Columnista Colaborador revés. El cantante español Javier Gurruchaga, el de la “Orquesta Mondragón”, se inspiró en ese deseo reprimido de los cubanos para su canción donde loaba a las gordas. Esta canción, “Ellos las prefieren gordas” fue un éxito de ventas en España y en otros países europeos y latinoamericanos. Gurruchaga, donostiarra (nacido en San Sebastián, País Vasco), era visitador asiduo de las fiestas que se celebraban casi todos los días de la semana en la capital cubana. La más famosa, la que se conocía como ‘El Periquitón’. Era el lugar de encuentro de una auténtica ‘movida habanera’. El escenario, una amplia propiedad privada, ‘visitada’ más veces que menos veces por la Policía. No faltaba alguna que otra ‘bronca’ de gente pasada de tragos, donde algo tenían que ver los adulterados rones y los ‘terminators’ que se obtenían mediante alambiques y filtros caseros instalados ilegalmente en barrios como Marianao, La Lisa, Santa Fe, San Miguel del Padrón; Centro Habana, Diez de Octubre, Luyanó…, a partir de los alcoholes que se repartían en la ‘Bodega’, a la población para sus hornillos de cocina, muchos de ellos también ‘inventados’. Estos ‘tragos de la hostia’, como los bautizaban los gallegos borrachines, y conocidos en Cuba como ‘chipetrenes’ y ‘azuquines’, aparte de ‘arrasar’ las gargantas, los esófagos y estómagos de lo flacos cubanos, ofrecían un súbito ‘colocón’ al consumidor. Algunos, llevados por el empacho etílico y por sus fiebres nacionalistas y antiimperialistas no dudaban en afirmar… “Esto es lo mejor de Cuba… Un día si prueban estos ‘chipetrenes’ y ‘azuquines’ los yanquis, olvídate de la coca en ‘la yuma’ y en el mundo mundial. Te metes tan solo un par de tragos y comienzas a bailar bajo las estrellas como si estuvieras en ‘Tropicana’….”. La falta de ‘jama’ aceleraba, como no, los ‘colocones’ de ‘El Periquitón’. No faltaban también fármacos como ‘parquisonil, ‘atropinas’ o ‘mercas’ -éstas últimas no eran más que anfetaminas, tranquilizantes, relajantes, ‘meprobamatos’, ‘diazepanes’… machados-. Se ‘expendían’ sin recetas en las amplias ‘farmacias’ instaladas y abiertas las 24 horas en todos los cuartos de baño y cocinas de las viviendas de Cuba. Comida no había en las ‘fridges’, pero sí medicamentos. ¿Qué hubiera sido de los cubanos sin ellos? La medicina preventiva desarrollada por los dirigentes revolucionarios, ostigados por el bloqueo enemigo que impedía disponer de material para desarrollar una medicina hospitalaria, tenían un efecto ‘terciario’: La hipocondria generalizada. Había que educar a la población a prevenir y estar atento a cualquier brote de dengue u otra epidemia, alguna inducida desde el vecino exterior del Norte. “No estábamos paranoicos. Pudimos demostrar en más de una ocasión que llegaban a regar con productos químicos nuestras casas y nuestras cosechas para jodernos. Esta gente de los gobiernos de EE UU tiene un lado no amable, no democrático. No les importa bombardear Bagdag y matar a miles y dro Almodóvar y sus chicas, entre ellas Bibi Andersen, viajaban hasta ‘El Periquitón’ Con ellos compartíamos un descanso tras ‘Andar La Habana’, como dice el historiador Eusebio Leal, recientemente fallecido, sentados en los soportales del emblemático edificio ‘art deco’ de El Vedado, López Serrano… El agua era el producto VIP (el very important personality, el que más mea, el mocomgo achevere, el pincho…) de las estanterías de las destartaladas neveras, en su totalidad norteamericanas, usuales en Cuba antes del triunfo de la Revolución, y que habían aguantado firmes décadas de socialismo… “Si hubiéramos metido de repente un kilo de carne, de pollo o de pescado en esos frigoríficos -entenderá que hablar así era delirar en los noventa…-, estamos convencidos que se hubiesen quemado sus motores o hubiesen comenzado a reírse los ‘fridges’…”. Estos psicotrópico eran los ‘éxtasis’ y los ‘cracks’ del ‘Período Especial’ de la gente más ‘guapa’. Pedro Almodóvar y sus chicas, entre ellas Bibi Andersen, hablando de ‘movidas’, protagonistas ellos una década atrás de la ‘Movida Madrileña’ en el barrio de Malasaña y en sus bares de copas como la “Vía láctea”, acudieron al encanto de ‘El Periquitón’. En una ocasión, hubo una redada y fueron trasladados a una estación policial. La popularidad de los ‘Almodóvar’ movilizó al personal de la Embajada de España. La detención se convirtió casi en secreto de Estado tanto en Cuba como en el país ibérico. La Isla, desafortudamente para Pedro y Bibi, disponía por entonces de unas ‘redes virtuales a lo cubano’, conocidas popularmente como ‘Radio Bemba’. Una historia verídica acaecida en una calle se convertía como por arte de magia en leyenda en apenas una cuadra. El personal de la noche habanera, que recibía el amanecer sentado en El Malecón, frente a la Fiat o al Hotel Nacional, se solidarizó con el director manchego y su “Ley del deseo”. Su detención era el ‘monotema’ esa madrugada. Hay quienes situaban a los españoles en prisión, cuando estaban ya en libertad, siguiendo su juerga en el corazón de El Vedado. Dicen que Bibi Andersen se enamoró ese día de un ‘jinetero’ tonto que vivía en plena Rampa, Asdrúbal, con quien convivió en Madrid durante años. Asdrúbal es hoy un cotizado modelo, ‘desfilador’ de la Cibeles. Bibi Andersen sigue trabajando en cine y en teatro. Y Almodóvar, estrenando. Todos ellos encontraron la marcha y libertad de antaño que se vivió en los primeros años de la transición en España, en las calles de la ‘dictadura castrista’, como gustan así calificarlas los dirigentes del Partido Popular de España, eufóricos al conocer por las encuestas que España quiere cambiar de Zapatero. Los españoles arrastraban mil ‘historias’ sexuales, buscando una libertad que no tenían en su país, aderezadas de soledad “Muchos españoles que no hablaban más que ‘mieda’ de nuestro sistema y dirigentes -eran un ‘falLA RESISTENCIA SOCIAL CLAVE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO; ITALIA PROCESA A EXTORSIONADORES, MÉXICO ‘PASA’ DE LOS NIÑOS SOLDADOS DE GUERRERO La sociedad tiene un papel más trascendental de lo que popularmente se cree en la lucha contra la delincuencia y ese papel se hace particularmente importante contra el crimen organizado. Superar las tradicionales fórmulas de análisis que parten de la separación del mundo en delincuentes y víctimas nos permitirá entender la interrelación entre los actores afectados por la criminalidad e, irremediablemente, nos hará identificar las herramientas más efectivas para su lucha; la resistencia social es una de ellas. Hace escasas semanas se iniciaba el mayor juicio contra la Mafia calabresa de las últimas décadas en Italia; además de un éxito en el combate contra el crimen organizado, este enorme gesto anti-Mafia lleva aparejado un altísimo impacto social. ¿Qué supone este proceso para la sociedad italiana?; ¿y qué podemos aprender de la lucha contra el crimen organizado? Estas preguntas de Carmen Jordá Sanz, profesora de la Universidad Camilo José Cela de España, plantean el análisis de la respuesta policial y judicial a una organización criminal dedicada a innumerables actividades delictivas interrelacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión. Ahora bien, para analizar de forma más adecuada este escenario se hace imprescindible contemplar, además de la actuación y la presión del Estado, también la respuesta de rechazo social, especialmente aquellos aspectos de victimización, rechazo y denuncia que han llevado a una con gran arraigo territorial y fuertes vínculos políticos y policiales ante la justicia italiana. Sin esta respuesta social no habría sido posible asistir a este proceso judicial. El estudio de la respuesta italiana ante la Mafia permitirá detectar elementos que promuevan el rechazo a las prácticas extorsivas y argumentar por qué la cultura de la legalidad es una vacuna efectiva contra el crimen organizado. Si bien cuenta con innumerables maneras de generar ingresos e influencia en un territorio, lo cierto es que el empleo de empresas legales es sin duda una de las más efectivas. No cabe duda de que el ánimo de lucro puede llevar a una organización, de forma directa o indirecta, a su infiltración en la economía legal de muy diversas formas. De hecho, es habitual la combinación de negocios legales e ilegales como resultado de la búsqueda de maximización de beneficios por parte de los grupos de delincuencia organizada en un territorio concreto. Así pues, permite a la organización invertir para generar beneficios en la esfera legal, bien sea como forma de inversión económica, bien para obtener control o lograr una determinada reputación social en el territorio. Invirtiendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, una organización puede tanto obtener beneficios miles de civiles… y pasarnos imágenes, sin una gota taderespeto’- venían buscando una libertad en las re-con apariencia legal como generar influencia en los negocios de la zona e incluso en los decisores políticos.

Además, no debemos olvidar la incesante necesidad de blanquear los beneficios que la organización genera ilegalmente. Se trata de una actividad muy frecuente debido a los enormes beneficios que la delincuencia organizada obtiene por vía ilegal y las enormes dificultades para introducirlo en la economía legal. Un ejemplo ilustrativo de ello es la creación de negocios de restauración que permiten al grupo criminal generar facturas falsas para justificar ingresos obtenidos ilegalmente. En ocasiones el negocio puede convertirse en rentable, constituyendo una nueva vía de financiación o control. Contar con una empresa puede también facilitar la comisión de delitos: en este supuesto la estructura legal puede actuar como una pieza dentro del engranaje de una actividad delictiva especialmente compleja o que presenta unas necesidades específicas para su ejecución. Es el caso del empleo de empresas legales, cuyo objeto social está vinculado a productos químicos, para facilitar la adquisición de elementos que permiten la producción y el tráfico de fármacos ilegales o la inversión en negocios de transporte para el tráfico ilegal de drogas.

Consecuentemente, los procesos extorsivos a empresas permiten al crimen organizado establecer relaciones predatorias sostenibles, hasta cierto punto, y mantenidas en el tiempo. De hecho, la extorsión se ha considerado tradicionalmente como la actividad propia del crimen organizado, muy extendida en América Latina, particularmente en Centroamérica, y lo cierto es que actualmente constituye una importante actividad delictiva en la UE (Unión Europea), que continua en crecimiento. Independientemente de la región donde opere, se debe considerar que el punto óptimo de aprovechamiento se alcanza cuando la organización criminal se asienta en un territorio, pues los procesos extorsivos resultan especialmente apropiados para la explotación de la zona, debido esencialmente a dos razones. En primer lugar, obviamente aporta ingresos directos, a través de obligaciones contractuales con negocios de un territorio específico en forma de suministro de bienes o servicios, lo que supone a fin de cuentas una fuente de financiación. En segundo lugar, y no por ello menos importante, estas redes funcionan como formas de comunicación entre la organización y los empresarios, lo que supone un control inmediato del entorno, e incluso de la competencia.

El impacto social de la extorsión mafiosa

Un claro ejemplo de este mecanismo dual de control y financiación es la clásica imposición, por parte de un grupo criminal, de implantar máquinas tragaperras en negocios de restauración, tales como bares y clubs nocturnos en un barrio concreto, constatado ya en zonas de Italia y de México y probablemente muy extendido en otros países también. Esta obligación impuesta a los empresarios de restauración permitió al grupo ejercer su dominio sobre dicho territorio mientras se lucraba con las ganancias de las máquinas. El control se llevaba a cabo a través de las visitas regulares y para aquellos negocios que rechazaban la imposición: se les amenazaba e intimidaba, y a continuación se les exigía el pago de unas cuotas a cambio de protección. En este tipo de casos la protección estatal es realmente limitada, como puede constatarse en España. El impacto social y económico derivado de las actividades extorsivas del crimen organizado puede resultar devastador. Se debe tener presente que cuando un empresario es víctima de un proceso extorsivo, su afectación es doble: por un lado, los aspectos personales vinculados con las amenazas contra su integridad física o la de su familia; por otro lado, los aspectos económicos de una relación parasitaria que absorbe su capacidad decisoria y en ocasiones incluso lucrativa. Un ejemplo extremo de esta doble afectación tiene lugar en ocasiones ante el impago de la extorsión: en determinadas regiones del sur de Italia cuando un empresario se niega a cumplir las exigencias extorsivas, la Mafia le da por muerto socialmente: los habitantes de la zona no deben relacionarse con él, ni tan siquiera pueden servirle un café en la cafetería del pueblo; además se hacen con las llaves de su casa, pudiendo acudir a cenar o dormir cuando les parezca oportuno a los extorsionadores. Esta respuesta no sólo empobrece al negocio, debido a la ausencia absoluta de clientes y proveedores, sino que genera un significativo daño psicológico para la víctima y sus convivientes. Este escenario extremo suele derivarse de la intimidación ambiental de una organización criminal que actúa con impunidad dada una cierta reputación, lo que en última instancia genera el denominado silencio social. Se trata del silencio al que deben sumarse miembros, colaboradores y víctimas de una organización criminal, que genera un entorno de inseguridad y deriva en el aislamiento ante el rechazo de las exigencias extorsivas, dando lugar a fuertes reticencias para hacer pública la oposición ante estas prácticas. Es precisamente este escenario el que permite la perpetración de procesos extorsivos a gran escala y con total impunidad, gracias al clima de inseguridad que limita las alternativas al cumplimiento de las exigencias extorsivas e impide de forma efectiva que víctimas y testigos pongan la situación en conocimiento de las autoridades.

Libertad de actuación de los empresarios y libre competencia

En términos económicos, estas prácticas también afectan a la libertad de actuación de los empresarios y a la libre competencia. Frecuentemente, esta limitación consiste en la prohibición de contratar a otros proveedores más competitivos o de abrir segundos locales o la obligación de traspasar el negocio a determinados territorios controlados por el grupo criminal. Así, si deben contratar determinados productos con proveedores concretos se coarta su libertad de contratación y se limita el nicho de mercado que ofrecen otros proveedores que no están vinculados al crimen organizado. Además, este impacto sobre el mercado también afecta a los usuarios o clientes, particulares que conforman la demanda de un servicio o producto, pues se pueden encontrar una oferta distorsionada, no pagando un precio justo por lo contratado debido al ajuste del mercado con los intereses financieros del crimen organizado. Por ejemplo, los empresarios pueden repercutir en el precio final el coste de los pagos al grupo extorsivo. A medio plazo también se puede producir un aumento de precio generalizado debido a la orientación monopolística provocada por las organizaciones criminales de un territorio.

No se debe olvidar que se trata de una actividad criminal claramente explotadora, pues se lucra, sin desarrollar actividad económica alguna, de personas que desarrollan actividades económicas, normalmente en la economía legal. Consecuentemente, a medio y largo plazo, el control del crimen organizado puede conllevar una tendencia hacia el monopolio, lo que implica la distorsión de la economía del mercado en un sector o territorio concreto, además de tener un impacto significativo en el crecimiento económico de las regiones concernidas. Esto puede afectar no sólo a las empresas directamente victimizadas sino a los negocios dentro del sector o a las empresas proveedoras, que ven limitada su actividad económica. En última instancia, los procesos extorsivos arraigados, en un territorio pueden terminar empobreciendo la zona y haciendo desaparecer sectores empresariales a nivel local: cuando un gran grupo de negocios, concentrado físicamente en un entorno, sufre procesos extorsivos durante un tiempo prolongado, se puede superar la capacidad explotadora que es capaz de soportar la zona, es decir, que los negocios dejen de ser rentables y ya no puedan aportar los beneficios que el crimen organizado busca. En tal momento, los grupos estosdías I 10/05/2021 15

organizados tenderán a desplazar sus actividades extorsivas a otras regiones o negocios explotables que puedan dar la rentabilidad deseada, a la vez que desaparecerán de forma generalizada los negocios previamente victimizados y las actividades económicas en una zona o en un sector específico.

La respuesta italiana en la lucha contra la extorsión

Lo cierto es que Italia, por razones evidentes, ostenta una durísima experiencia contra el crimen organizado y, concretamente, contra los procesos extorsivos mediante los que la Mafia solicitaba el pago denominado ‘pizzo’. Uno de los aspectos más destacables es, sin duda, la implicación del Estado en la lucha contra la extorsión mafiosa a través de medidas específicas contra este fenómeno; buenos ejemplos de ello son el programa de protección de testigos, la interceptación legal de las comunicaciones, el agente encubierto o la incautación de bienes. Sin embargo, lo cierto es que existen otras herramientas más específicas, como se expone a continuación: Los colaboradores con la justicia han demostrado ser el factor más efectivo e importante de la lucha contra la Mafia en Italia, asumiendo la protección personal, económica y judicial mediante un acuerdo con el Estado italiano. La confiscación de bienes previa a la condena, que separa las medidas cautelares del proceso penal y centra los recursos estatales en la lucha contra la financiación, en lugar de contra sus integrantes, extremo que resulta altamente efectivo en la lucha a medio y largo plazo. La reutilización social de activos confiscados, que compensan a las comunidades afectadas por las actividades ilícitas de la organización criminal. Esta medida, además de económica, contiene un importante simbolismo social, pues hace partícipe a la sociedad de la efectividad de las investigaciones policiales y judiciales.

Ahora bien, existen dos tipos de medidas especialmente interesantes para el presente análisis: el apoyo económico a los negocios y la salvaguarda física de la víctima y su familia. Como es lógico, se hace necesaria la protección física para las víctimas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada, así como para colaboradores y testigos siempre que haya un peligro inminente frente a la Mafia, provocado por el testimonio que se presta. Dicho testimonio deberá ser fiable y crucial para una investigación o procedimiento penal. Además de servicios de protección y dispositivos técnicos de seguridad, se pueden aplicar medidas de mayor intensidad mediante un programa especial de protección, que incluya el traslado de las personas protegidas y sus familias a un lugar seguro, la prestación de asistencia personal y económica, el cambio de identidad e incluso el apoyo necesario para comenzar una nueva vida. Sin olvidar que las víctimas son empresarios, y con el propósito de garantizar la continuidad de sus negocios y, en definitiva, su forma de vida, Italia cuenta con un fondo de solidaridad para con las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura. La cuantía de las ayudas económicas depende de las pérdidas económicas directas sufridas por las víctimas, el lucro cesante, las lesiones sufridas por la víctima o su familia y ayudas que pueden consistir en una compensación económica o un préstamo. Ahora bien, tal asignación sigue un procedimiento estipulado: se requiere de las víctimas, como primer paso, una denuncia formal a las autoridades, tras lo cual se les puede conceder el acceso al fondo. Esta exigencia de poner la actividad delictiva en conocimiento de las autoridades competentes es clave en la eficacia de la lucha contra la extorsión mafiosa, pues rompe la impunidad con la que opera habitualmente la Mafia.

Un elemento esencial en la lucha: el rechazo en bloque

Se trata, por tanto, de un doble enfoque: el crimen organizado dedicado a la extorsión es un objetivo de la represión, especialmente en términos de financiación e impunidad, pero también las víctimas directamente afectadas son objeto de protección. Esta especificidad en la respuesta del Estado, que ha posibilitado el rechazo a las exigencias extorsivas y limitado el espacio de impunidad en el que el crimen organizado se desenvuelve con soltura, ha permitido consecuentemente que emerja poco a poco un elemento esencial en la lucha contra este fenómeno: el rechazo en bloque. Ahora bien, aunque las víctimas se junten y resistan, deben asumir un doble riesgo ante la denuncia: la muerte física suya o las de sus familiares y la muerte social, al ser aislados o ignorados por la sociedad como castigo de la organización criminal. Nace así la idea de que la implicación de la sociedad civil es claramente relevante. Como se desprende de la argumentación sobre el impacto social de la extorsión mafiosa, cuando se extorsiona a un empresario se ataca doblemente a sus ámbitos físico y económico, lo que supone una agresión contra el entramado socioeconómico, la legalidad de las actividades económicas de la zona y, en última instancia, la libertad y la democracia de la región. La proactividad institucional en la protección a las víctimas y el rechazo en bloque han requerido una ayuda imprescindible de la sociedad: la verdadera eficacia en la lucha contra la extorsión radica en el rechazo social, bajo la premisa de que quien paga la extorsión carece de valor social. En un significativo esfuerzo por dar respuesta a esta necesidad, diversas asociaciones italianas antiextorsión han realizado una titánica tarea triple: agrupar empresarios para la resistencia conjunta, involucrar a la sociedad en el rechazo generalizado a la Mafia y cooperar con las autoridades policiales y judiciales, especialmente apoyando a las víctimas en la dura decisión de denunciar la extorsión. A través de diversas entidades cubren necesidades sociales, como hace la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) que, además de agrupar las asociaciones en la lucha contra la extorsión y la Mafia, tiene otras actividades relevantes como promover el consumo de bienes y servicios en negocios que no se someten a la Mafia, apoyar a las víctimas en los procedimientos penales y dar asistencia financiera a través de centros específicos, además de emprender acciones civiles contra la Mafia en procedimientos penales de extorsión. Otro ejemplo es Libera, una red que también se dedica a la agrupación de asociaciones y está muy orientada hacia la promoción de la cultura de la legalidad en entornos empresariales y sociales. Uno de los principales compromisos de Libera es la reutilización social de activos de la Mafia para la educación en la legitimidad democrática, la lucha contra la corrupción, los campamentos de educación y las actividades anti-Mafia. Por su parte, Addiopizzo es una asociación que centra sus esfuerzos en apoyar a víctimas de la extorsión y promover una nueva forma de comportamiento en el mercado. Una de sus propuestas más destacadas es el denominado Consumo Crítico, que consiste en un pacto entre ciudadanos, consumidores y actores económicos destinado a crear una economía independiente de la Mafia, promoviendo el consumo en forma de recompensa a aquellas empresas que rechazan las extorsiones de la Mafia. Derivado de ello, esta asociación ha creado un Mapa sin Extorsión que muestra la distribución geográfica de los negocios que cumplen el consumo crítico y no pagan a la mafia. Para formar parte de este mapa el empresario solicita el alta y la asociación evalúa su situación a través de determinada documentación e información que el empresario debe aportar, además de suscribir una declaración formal de legalidad y un compromiso solemne de no someterse a la mafia en el futuro.

El crimen organizado y la sociedad no son independientes

En conclusión, el crimen organizado y la sociedad no

son entes separados e independientes a pesar de que en ocasiones los investigadores departamentalizamos los ámbitos de estudio; así pues, asumir que los fenómenos vinculados con la delincuencia organizada están en permanente diálogo con la ciudadanía en su conjunto permite razonar que la actuación del Estado requiere también medidas sociales que promuevan el rechazo en ese diálogo implícito. Cabe señalar, por tanto, que, a tenor de la experiencia italiana, la inclusión de medidas que mejoren la protección de las víctimas y de iniciativas orientadas hacia la implicación civil aportarían a cualquier realidad afectada por esta lacra una mayor eficacia en su incansable lucha contra el crimen organizado. Aquella mañana de agosto, Libero Grassi se levantó temprano para ir a trabajar a su empresa de Palermo. A las 7.30 salió de su casa y enfiló la Via Alfiere para buscar su coche. Segundos después, era tiroteado en plena calle, junto a su vivienda. Grassi tenía 67 años y fue el primer comerciante que denunció las amenazas que recibía de la ‘Cosa Nostra’ (la mafia siciliana) por haberse negado a pagar el ‘pizzo’, el dinero que la mayor parte de los empresarios entrega a cambio de ‘protección’. Dieciocho años después del crimen, una gran mancha de pintura roja y una corona de flores recuerdan el lugar en el que fue abatido este empresario, que cada 29 de agosto es homenajeado en Palermo por vecinos, políticos y, sobre todo, empresarios que como él, se han atrevido a decir ‘no’ a la mafia. Se calcula que el 80% de los comerciantes de Palermo paga una tasa a la mafia. En 1991 Grassi se convirtió en noticia porque rechazó pagar el ‘pizzo’ en una época en la que nadie se planteaba no hacerlo. Su negocio textil y su familia fueron amenazados por la mafia y él tuvo el coraje de denunciarlo públicamente. Concedió entrevistas y escribió un artículo en ‘Il Giornale di Sicilia’ en el que señalaba a sus extorsionadores y denunciaba la falta de apoyo de las organizaciones empresariales. La mafia lo asesinó a sangre fría a pesar de que estaba solo y no contaba con el respaldo de sus colegas.

Un pueblo entero que paga el ‘pizzo’ es un pueblo sin dignidad

Sin embargo, poco a poco las cosas están cambiando en Palermo gracias a ‘Addiopizzo’, una asociación creada en 2004 para respaldar y animar a los comerciantes a que digan ‘no’ a la mafia y dejen de pagar el ‘impuesto’ mafioso. Su lema: ‘Un pueblo entero que paga el ‘pizzo’ es un pueblo sin dignidad’. Cada vez son más los comerciantes que se unen a esta asociación, que cuenta ya con 403 empresas. Son una minoría pero hasta hace pocos años prácticamente todos pagaban el ‘pizzo’. ‘Es una revolución constante, gradual e imparable’, explica Veronica Chisari, voluntaria de ‘Addiopizzo’. ‘Avanzamos lentamente. La mafia existe desde hace 250 años y no podemos acabar con ella de un día para otro’, afirma. La presencia mafiosa está tan enraizada que se calcula que el 80% de los comerciantes palermitanos pagan una tasa a la ‘Cosa Nostra’. El subsecretario de Interior del Gobierno italiano, Alfredo Mantovano, junto con autoridades locales y representantes de asociaciones de empresarios, acompañaron a la viuda y a los hijos de Grassi durante la ofrenda floral. Como su padre, Davide Grassi es comerciante textil y cree que en los últimos años se están produciendo cambios esperanzadores: ‘Antes se hacía el homenaje pero todo continuaba igual. Sin embargo, desde que existe ‘Addiopizzo’ las cosas están cambiando lentamente. Nos queda mucho camino por recorrer pero lo importante es no pararnos’, afirma.

Decenas de comerciantes asistieron al homenaje para rechazar públicamente la extorsión. Giuseppe Todaro es uno de ellos. Este empresario siciliano, propietario una cadena de heladerías presente en varias ciudades italianas, sufrió la extorsión mafiosa durante diez años. Hace un año y medio decidió decir ‘basta’ y se unió a ‘Addiopizzo’: ‘La gran diferencia entre ayer y hoy es que ya no estás solo. En la asociación te asesoran, te respaldan y te acompañan cuando vas a denunciar’, afirma Todaro, que ha incluido en sus productos una etiqueta que indica que su empresa pertenece a esta asociación antimafia. Su ejemplo ha animado a algunos colegas de su entorno, que han acudido a él buscando información y que, finalmente, se han atrevido a dejar de pagar. Todaro sufrió la extorsión por parte de dos grupos de Palermo (la mafia divide la ciudad en áreas y cada zona está controlada por un grupo). 76 extorsionadores del ‘pizzo’ han sido encarcelados gracias al testimonio de 14 empresarios. Algunos de ellos llevan escolta. Asimismo, 14 empresarios han testificado contra los extorsionadores en el caso contra el clan de ‘Lo Piccolo’, en el marco del proceso legal conocido como ‘Addiopizzo’.

Extorsionadores condenados a un total de 400 años de prisión

Se trata de la primera vez que los mafiosos han sido identificados en una rueda de reconocimiento y, gracias a la declaración de los comerciantes, 76 extorsionadores del ‘pizzo’ han sido encarcelados y condenados a un total de 400 años de prisión. Algunos de los denunciantes llevan ahora escolta. Además de la ofrenda floral, Palermo acogió una carrera en bicicleta de 30 kilómetros que recorrió lugares simbólicos en la lucha contra el crimen organizado. Y mientras cientos de palermitanos participaban en la jornada homenaje a Grassi, la mafia no desaprovechó la ocasión para amenazar a más empresarios. Por un lado, incendiaron los vehículos de un padre y un hijo propietarios de una tienda de ropa de Palermo. El segundo acto intimidatorio se produjo en una agencia inmobiliaria que será inaugurada próximamente. Los mafiosos sellaron con cola la persiana métalica de entrada al local, un método muy usado en Palermo. “Te lanzan el mensaje de que son ellos los que deciden cuando puedes entrar a tu tienda”, explica Veronica Chisari. “Nosotros les explicamos cómo quitar la cola y les asesoramos para que presenten la denuncia. Los pequeños incendios también son frecuentes y en la actualidad estamos en un periodo caliente de ataques”, afirma. No hay una única forma de extorsión. Siempre se pide dinero pero no siempre el ‘pizzo’ se exige directamente. “A veces son comerciantes de su entorno los que le ‘aconsejan’ que se informe sobre a quién tiene que pagar. Otras, el propio empresario pregunta antes de abrir su negocio a dónde debe dirigirse para evitar problemas”, explican en ‘Addiopizzo’. Las cantidades que se pagan varían mucho y oscilan entre los 50 euros al mes que pueden pagar las tiendas pequeñas y los 3.000 euros trimestrales que se pide a los grandes comercios. Además de dinero, a veces exigen que contraten a determinadas personas. La ayuda de las instituciones es fundamental para ‘Addiopizzo’, que asegura sentirse respaldada por el Gobierno. “Antes la mafia era el Estado. Se encargaba de dar trabajo y seguridad, así como servicios que el Estado no ofrecía. Ahora ya no”, asegura Veronica. Lo más importante, sin embargo, es cambiar la mentalidad de los sicilianos. La asociación ha publicado una guía con los comercios adscritos para concienciar a los palermitanos de que hagan sus compras en estas tiendas y apoyen así a los comerciantes que se oponen a la extorsión. En el centro de Palermo (Via Vittorio Emmanuele 172), el supermercado ‘L’Emporio Addiopizzo’ ofrece productos de empresarios que no pagan a la mafia. Los jóvenes juegan un papel fundamental para conseguir el cambio social. Por ello, ‘Addiopizzo’ lleva a cabo numerosas iniciativas con niños y jóvenes. De ellos depende que ningún empresario que se rebele contra la mafia vuelva a sentirse solo. La sed de venganza del Güero Palma, el viejo socio del Chapo

La inminente salida de la cárcel de otro histórico narcotraficante ha vuelto a abrir la puerta de los viejos fantasmas en México. La madrugada del Primero de Mayo una inesperada resolución judicial llegó a la prisión del Altiplano: Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, uno de los capos del cartel de Sinaloa, era absuelto de los cargos de delincuencia organizada. El martes, 4 de marzo, también de madrugada, Palma abandonaba la prisión del Estado de México rumbo a la capital para presentarse ante la Fiscalía especializada en crimen organizado. Encerrado desde 1995, si ningún otro juzgado mexicano lo reclama, el veterano compadre del Chapo Guzmán, con quien compartió en los noventa la corona criminal, vendettas personales y hasta vida entre rejas, volverá a pisar de nuevo la calle. Pese a la avanzada edad del capo, 80 años, la onda expansiva de la decisión del juez ha llegado hasta el Palacio Nacional, que ya ha puesto en marcha a las 32 fiscalías estatales e incluso a la cancillería para que rastreen otras posibles cuentas pendientes de Palma con la justicia. El objetivo es no repetir lo sucedido con Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 tras un polémico fallo de los tribunales. El histórico narcotraficante, fundador en los ochenta del cartel de Guadalajara, llevaba 28 años preso y aún le quedaba más de una década entre rejas. Desde su liberación, Quintero se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades mexicanas. El Narco de narcos, volvió al negocio y hoy en día es el fugitivo más buscado por la DEA (la agencia de control de drogas estadounidense). En México cunde el pánico a que vuelva a suceder lo mismo de confirmarse la liberación de Palma. Más todavía porque el capo aún tiene cuentas pendientes en el mundo del hampa. Un episodio que viene de principios de los noventa, diluido ya el cartel de Guadalajara y en pleno ascenso del nuevo imperio de Sinaloa. Durante su enloquecida guerra por el control de la frontera oeste, los hermanos Arellano Félix, jefes del cartel de Tijuana, infiltraron un sicario en el círculo más cerrado del poder sinaloense. Primero sedujo a la esposa del Güero. Después la mató y envió la cabeza a su marido en una caja metálica refrigerada. Una semana después, el Güero recibió otro macabro mensaje. Una cinta de vídeo que recogía cómo sus dos hijos, Nataly y Héctor, de cuatro y cinco años, eran arrojados por un puente de más de 150 metros de altura en Venezuela. Los tres familiares del capo están enterrados en un gigantesco panteón del cementerio de los Jardines de Humaya, en Culiacán (Sinaloa). Un abigarrado fresco los representa con alas de ángel, y nunca faltan juguetes y muñecas para recordar a los pequeños.

Una persona de baja empatía social y alta capacidad criminal

La respuesta sinaloense a la afrenta fue también salvaje. El sicario, el venezolano Rafael Clavel Moreno, fue rápidamente asesinado. Lo mismo hicieron con sus tres hijos, y otros tres cómplices venezolanos, que fueron hallados desmembrados en una cuneta. Luego cayeron el abogado del cartel de Tijuana y cuatro familiares de los Arrellano. La venganza abarcó al menos cinco años y aún no está claro ni cuántos cadáveres sembró ni si está completamente saldada. El cartel de Tijuana está considerado hoy en día prácticamente un fósil tras la muerte o encarcelamiento de todos los hermanos. Pero un nuevo giro inesperado podría resucitar la vieja y sangrienta rivalidad. Eduardo Arellano, uno de los fundadores del clan, también podría volver a pisar la calle en libertad, según adelantó Milenio la semana pasada. Encarcelado en EE UU desde 2013, el Doctor, considerado el cerebro financiero del cartel, ha logrado reducir su pena y será liberado este verano gracias un programa de colaboración con la DEA. El propio Palma también pasó por prisiones de EE UU tras una aparatosa detención. En 1995 iba a una boda en Guadalajara, pero el avión se estrelló. 18 10/05/2021 I estosdías Herido, se resguardó en una casa en Zapopan bajo la protección de un comandante judicial federal. El operativo de detención lo halló convaleciente en la cama. Los primeros cinco años los pasó en la cárcel de Puente Grande, en el Estado de Jalisco, donde coincidió con El Chapo, su antiguo camarada desde sus inicios como ladrón de coches en Culiacán, apresado dos años antes Guatemala. Durante ese corto intervalo, el vacío de poder tras la caída del jefe, fue ocupado por el Güero, que ostentaba un cargo alto en la mafia sinaloense —jefe de la plaza de Sonora y Arizona— desde los tiempos de Félix Gallardo, El Padrino del cartel de Guadalajara. El Gobierno de Felipe Calderón solicitó su extradición en 2007. En el penal de Atwater (California) le esperaba una larga condena, pero en 2016 fue liberado por buena conducta. Como está sucediendo ahora, el anuncio de su salida encendió las alarmas de las autoridades mexicanas. Cuando cruzó la frontera con Matamoros, allí lo estaba esperando la Marina y el Ejército para enviarle de nuevo a prisión por el asesinato de un subcomandante de policía y su escolta que, tras haber estado supuestamente a sus órdenes, se pasaron al cartel de Tijuana. El 18 de mayo de 1995, en el poblado de Trigomil (Nayarit), sus cuerpos fueron hallados en el interior de su camioneta Chevrolet blanca. Les habían pulverizado la cara con más de 20 balazos. Pese a su reconocida buena conducta durante su odisea penitenciaria, los exámenes psicológicos desclasificados por las autoridades estadounidenses tras su liberación en 2016 dibujan al Güero Palma como una persona de baja empatía social y alta capacidad criminal. Los mismos documentos resaltan que nunca habló del macabro asesinato de su esposa y sus hijos. En el caso de que se confirme su puesta en libertad, el viejo capo tendrá la oportunidad de demostrar si aquella afrenta ya quedó saldada o si aún tiene sed de venganza.

Los niños soldados de Guerrero claman contra el narco

‘Los niños soldado de Guerrero claman contra el narco armados y con tiros al aire. La comunidad indígena de José Joaquín de Herrera, cada vez más aislada y pobre, pone a desfilar a los infantes en una nueva prueba de fuerza y petición de auxilio’. Estos los titulares del periódico español EL PAÍS de una investigación realizada por Carmen Morán Breña. “Bajo un sol cenital, los niños armados desfilan uno tras otro lanzando vivas a los huérfanos, a las viudas, a los pueblos originarios, al general Zapata. ‘¡Viva! ¡viva! ¡viva!’. Por tercer año consecutivo, los menores se han sumado a los adultos de la policía comunitaria en una suerte de desfile militar que es una llamada de auxilio al Gobierno de México y también una demostración de fuerza ante los grupos de delincuencia organizada que los asedian en la Montaña Baja del Estado de Guerrero. Son ya apenas una irreductible aldea de 600 habitantes en una zona donde el cultivo de la amapola ha ido ganando terreno a tiros. Los Ardillos, un grupo de delincuentes, quieren la tierra y la mano de obra semiesclava para la goma de opio. Quien no se pliega lo paga caro. Y en el municipio de José Joaquín de Herrera no quieren plegarse. Los menores comenzaron a marchar acompañados de los adultos y unas 200 personas de la comunidad…”.

El año pasado, la estrategia de armar a los niños, bien que sea con escopetas de juguete para los de siete a 12 años, dio resultado. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a reaccionar ante la alarma internacional. Niños armados en México. Este año, la policía comunitaria ha forzado el pulso un poco más: los chavos han disparado al aire en un abierto del campo después de lanzar consignas y exigir al Gobierno “que apoye a las viudas, huérfanos y desplazados. Ya basta de delincuencia y discriminación a los pueblos indígenas de México”. Los tiros

también parecían de juguete, pero no lo eran. Las llamadas autodefensas tienen larga tradición en Guerrero y se han extendido por medio país. La gente de a pie se arma para protegerse de los peligros que les acechan. Después de todo, la Constitución consagra para los pueblos indígenas autonomía en cuestiones de justicia y policía, entre otras. Y la ejercen, no siempre con mucho tino. El asedio de la delincuencia organizada ha convertido a estas patrullas locales en fuerzas de defensa que cada año pierden vidas en sus balaceras con el narco. En ambos bandos se pierden. En 2020 hubo seis ataques, según las cuentas de Bernardino Sánchez Luna, de 48 años, veterano guerrillero que organiza estas milicias en la zona.

Le pedimos ayuda al Gobierno de AMLO y no la ha prestado

La defensa armada de estas comunidades nació con un objetivo de seguridad comunitaria, pero, al tiempo, se fue convirtiendo en un grupo cuasi militar al que ahora suman a los niños para irles formando. ¿Por qué implicar a los niños? ¿Por qué criarles con una escopeta en las manos? “El Gobierno no nos ha cumplido. Le pedimos ayuda contra los grupos y no la ha prestado. Le pedimos maestros de secundaria, porque no podemos salir del pueblo, y no han llegado. Nuestra tarea es cultivar el campo, si no quiere que nos armemos, que nos dé seguridad”, dice Bernardino, como le llaman todos. Ya, pero ¿los niños? “El Gobierno no nos ha cumplido”. Ahí queda el pulso. Lo demás es una bravuconada para que los Ardillos sepan con quién se la juegan. La hilera de soldaditos de cabello negro y piel oscura desfila por el pueblo. Llevan gorra de visera y calzan huaraches de cuero rígido. Con un paliacate atado al cuello se cubren la nariz y la boca, como si fueran guerrilleros mínimos. Muñequitos de carne y hueso que sonríen con todos los dientes ante el paquete de galletas. El polvo de las calles de terracería lo cubre todo y el sol no da su brazo a torcer. Portan armas de madera, pistolas de juguete; los más pequeños enarbolan palos. Y lanzan vivas tras del vehículo de la megafonía. Casi parece un día de fiesta. La procesión la han encabezado las mujeres, que tienen poca voz en estos pueblos. Después van los críos, luego los adultos. Sus escopetas también delatan años de lucha: las cachas gastadas, el cañón sin brillo, correajes caseros. Más que una demostración de fuerza parece un ejército que vuelve a casa tras años de batalla. Derrotado. Los periodistas han llegado en caravana de autos. Se protegen así de carreteras peligrosas con retenes de uniformados de toda laya. Son bienvenidos a un lugar donde no entra nadie, porque los anfitriones quieren lanzar un mensaje “al mundo”. “No somos delincuentes”, le dicen los niños al Gobierno en el micrófono bajo el polideportivo con las canastas de baloncesto. Pero el discurso simplificado que en México convierte en narco todo aquello que deja muertos no permite distinguir a simple vista una realidad muy compleja. En muchas partes de la República, los ciudadanos visten ahora camisetas de autodefensa sin que se sepa del todo quiénes son ni qué defienden. En este municipio solo hay una certeza: son pobres y no quieren violencia, pero generación tras generación van pasando por las armas. Sentadas al borde de la cancha, tres mujeres parecen ajenas al asunto. La más mayor habla náhuatl, como todos, y hace como que no entiende. La más joven, de 27 años, no quiere que sus hijos empuñen fusiles. “Será lo que Dios quiera. No me gustaría que mis hijos… pero si el pueblo así lo eligió, pues ni modo”. Se llama Claudia Bolaños y tiene un crío de 5 años y un bebé que duerme en sus brazos.

¿Qué saben en la montaña de Félix Salgado Macedonio?

Los hombres eligen. Entre ellos votan al Consejo Comunal que gobierna en asamblea. Decidirán si se ponen las urnas este 6 de junio, cuando México votará 20,000 cargos públicos y 15 gubernaturas, entre ellas la de Guerrero. Medio país se ha llevado las manos a la cabeza porque el aspirante para gobernar esta tierra por el partido Morena, el mismo de López Obrador, está acusado de violación y su candidatura ha sido anulada por inconsistencias fiscales. ¿Qué saben en la montaña de Félix Salgado Macedonio? Bernardino dice que poco o nada. Que no hay televisión. Nada que añadir sobre un caso que ha derrochado ríos de tinta desde hace semanas. Ningún candidato, también según el guerrillero, se ha presentado por allí todavía. La asamblea votará si consienten que se vote el día 6. La ausencia del Estado en esta zona es manifiesta. ¿Están en el abandono? “Se podría decir que sí. Ante un discurso simplificado que todo lo atribuye al narco, las autoridades acaban mirando para otro lado, no hay nada que hacer, parecen decir”, empieza el sociólogo francoargentino Romain Le Cour. Lleva 12 años en México y trabaja para la ONG internacional Noria, especializada en violencias en todo el mundo. Le Cour sabe mucho de la mexicana. “Lo que ocurre aquí es mucho más complejo. Se trata de un problema social, de pobreza y desatención. No basta con achacar la violencia al narco y dejar que las comunidades indígenas se gobiernen sin ayuda”, explica. Los mensajes sencillos acaban en soluciones simples. Y la falta de paz que se vive en esta montaña requiere algo más. Perfilar con detalle la delgada línea entre el cacique, el narco o su prima la alcaldesa, relaciones muy difuminadas. Intereses más cruzados que las propias balas. En José Joaquín de Herrera viven nueve viudas, 14 huérfanos y 34 desplazados de comunidades cercanas asediadas. Y están aislados. El médico se acerca cuando hay una emergencia. Nadie le echa el alto en la carretera, porque también cura a los afligidos en otros poblados. Llegan algunos comerciantes a surtir de lo básico, previo pago al que cobra. Y, por supuesto, el camión de la Coca-Cola. “Y el de la Pepsi”, se ríe Bernardino. Poco más. Cuando acaban la primaria, los alumnos no siguen estudiando porque tendrían que desplazarse unos kilómetros más allá, donde anida el peligro: balas o secuestros, dicen. Tampoco se acercan a ver a los familiares que viven en la cabecera de comarca. En este pueblo, cuando señalan a la montaña ven cañones de escopeta en lugar de pensar en maíz, frijoles o calabazas. A un lado unas cabras ramonean, dos cerdos blanquinegros están atados de una cuerda, algún burro rebuzna más allá. La tropa sudorosa se interna en el campo. “¡Niños comunitarios, firmes, ya! ¡Embrazar armas, ya! Si no hay quien nos defienda, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios, ¡hijos de la chingada!”. Una decena de tiros deja nubecillas de humo en el aire. Y la montaña les presta eco.

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EMPRESARIOS ALISTAN AMPAROS CONTRA LA REFORMA PROMOVIDA POR EL SENADOR PECH, QUE LES REDUCE LA MINA DE ORO QUE SIGNIFICA LA DESREGULADA Y MUY ARBITRARIA CONCESIÓN DE LAS PLAYAS

Las playas del Caribe mexicano siempre han sido botín de grandes consorcios hoteleros e inversores turísticos, bajo el amparo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, las cuales les han permitido apropiarse de las áreas de playa contiguas a sus negocios, hoteles o mansiones, e impidiendo el acceso a los mexicanos que no son sus clientes o invitados. Esta situación fue creciendo en el curso de las últimas décadas, de modo que casi todas las playas de rentabilidad turística fueron prácticamente privatizadas en Quintana Roo, en lugares como Cancún y la Riviera Maya, principalmente. Tras la crisis generada por la pandemia, el año pasado se implementaron medidas preventivas tales como el cierre de las mismas para evitar la aglomeración de personas, lo que provocó la molestia de los empresarios, quienes propusieron que, para apoyar a la economía, los arenales fueran abiertos sólo para los turistas, mientras que la población local tendría que pagar por un pase que ofrecían algunos hoteles, con un costo de entre 250 y dos mil pesos el día. Es decir que, con el argumento de que así se tendría más control sobre la entrada de personas, aprovecharían para privatizar descaradamente las costas. De inmediato el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, les advirtió que por mandato constitucional no existen playas privadas en México, por lo que dichos espacios públicos son para el disfrute de todos los mexicanos, sin excepción. Sin embargo, ignoraron la advertencia y los bloqueos a las playas continuaron. Para evitar que situaciones como esta siguieran repitiéndose, el Senado de la República aprobó una iniciativa de ley impulsada por el quintanarroense José Luis Pech Várguez, para modificar la Ley General de Bienes Nacionales y garantizar el acceso libre de los ciudadanos a todas las playas del país, limitando en diez metros la explotación privada de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y ampliando con ello, en esa medida, el uso público y abierto de dichas áreas. Como era de esperarse, el sector empresarial local y nacional advirtió que recurriría a los amparos, al considerar que perjudicaría sus ingresos -y la integridad de una economía cifrada en la arbitrariedad y en la impúdica tolerancia de los Gobiernos-, y ha comenzado una campaña para pedir a los diputados federales que los escuchen y reconsideren el “error” de la iniciativa del senador Pech Várguez. Pero la reforma en cuestión, además de homologar los derechos y los beneficios de las llamadas “playas marítimas” con las de algunos países que mejor protegen el uso social de estos espacios –entre ellos España, Uruguay, Brasil y Honduras- también pretende, como en ellos, acabar con el nocivo libertinaje de construir sobre las dunas costeras, lo que acaba con ellas, con su naturaleza biótica, y, como en el caso de ámbitos tan frágiles y tan críticos cual el de Cancún y la Riviera Maya, constituye el peor de todos los males.

Javier Ramírez

Nada del otro mundo: La mayoría de los inversores turísticos que despliegan sus capitales en el Caribe mexicano son de los más abusivos del orbe, de los más depredadores del medio natural, y de los que más rentabilidad obtienen gracias a la corrupción del poder público. No es ninguna novedad que en la edificación y en la operación de sus patrimonios inmobiliarios y sus negocios playeros desconozcan los más elementales derechos y normas que limitan sus posibilidades de lucro; que supongan que sus bienes y sus beneficios particulares están por encima del interés público y de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos; que, como ha sido la regla en la idiosincrasia y la cultura mexicanas que ellos conocen, entiendan que los poderes fácticos y de los grupos de poder son los que, a fin de cuentas, dominan las decisiones institucionales y de Gobierno; que no puede haber iniciativa, por tanto, de ninguna especie, que deba cambiar tal estado de cosas o tal retorcido Estado de derecho, ni que un mandato constitucional que ordena que las playas -como el aire o el sol que pertenecen a todos en una patria civilizada- son de quien quiera disfrutarlas, no pueda violentarse para que la chusma popular no se mezcle en ellas con la gente bonita y exclusiva que tan bien paga por la privacidad de sus aguas y de sus arenas. Si bien es cierto que hay una Zona Federal Marítimo-Terrestre a cuyo uso comercial se accede mediante concesiones y permisos, también lo es que es demasiado amplia –en relación con los países que mejor regulan el aprovechamiento de sus playas públicas- y que, además, sobran los empresarios que asumen los territorios de su colindancia como propios, y que cierran sus accesos con la abierta y flagrante complicidad o en sociedad con las autoridades que deben impedírselo.

Y, más que eso, nunca se ha impedido que se finquen inversiones inmobiliarias encima de la misma duna costera, lo cual constituye un atentado contra el medio natural, que promueve la erosión, y que ataca con mayor perjuicio las áreas más frágiles y vulnerables, como las del Caribe mexicano, cuyos suelos son los más recientes y porosos del planeta, y sus arenas, también, por tanto, las más volátiles y huidizas.

En Quintana Roo, la pandemia ha contribuido a promover los excesos patrimonialistas y delictivos de los empresarios turísticos más atrevidos.

El pasado 29 de abril, con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), con el objetivo de asegurar que los mexicanos tengan libertad para acceder, usar y disfrutar de las playas del país. Se trata de una iniciativa presentada por el senador José Luis Pech Várguez el 2 de septiembre de 2020, la cual destaca que al no definirse en la Carta Magna ni en la ley un concepto específico de ‘playa para uso público’, el Estado mexicano carece de capacidad para dar prioridad al derecho general antes que a intereses privados.

Con la necia y cínica excusa de contener los contagios en las inmediaciones, por ejemplo, decidieron restringir y reservar el acceso a ‘sus playas’ únicamente a huéspedes, clientes y usuarios que pagaran el impuesto de uso respectivo; es decir: un delito mayor, tratándose de la invasión y la toma de

Con las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) pasará de 20 a 10 metros en aquellos espacios de costa que no se encuentren concesionados. En tanto, en las fracciones de Zofemat bajo concesión, los cambios entrarán en vigor al concluir la vigencia de este derecho privado. Además se precisan los límites de la Zofemat, pues cuando menciona que esta iniciará a partir del punto más alto de la marea, o sea la pleamar, “cuando la costa presente playas”, no especifica si se refiere a las Playas Marítimas. Con estos cambios, la nueva configuración de las costas mexicanas ganaría 10 metros para uso público y reduciría la zona con capacidad de ser concesionada por pertenecer a la Zofemat.

unos predios de propiedad federal. Pero también se incrementaron las denuncias de los potenciales usuarios agraviados, y asimismo los abusos de otros, que decidieron que el pago de los derechos debidos de la Zofemat no los alcanzaba ni les impedía que, a su vez, invadieran a su antojo los espacios legalmente comercializados y afectaran el mercado de los contribuyentes efectivos.

Pero el caso es que ahora la exclusividad de la Zofemat será bastante más reducida, que el espacio libre crecerá en la medida de tal reducción, que no habrá pretexto para las invasiones arbitrarias –de negocios y de público-, y que clientelas hoteleras y gente de la calle compartirán como nunca antes las arenas mexicanas y caribes, como la lluvia y la luna y las estrellas.

Conforme las acciones preventivas contra la pandemia fueron relajándose y la gente comenzó a regresar a las playas, fueron aumentando las denuncias sobre la prohibición de acceder a ellas. Las autoridades poco o nada hicieron para resolver la situación, hasta que, a principios del pasado mes de abril, personal de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y policías locales, removieron mobiliario que el Hotel Mandala Beach Club había colocado en Playa Gaviota Azul, en Cancún. Empresarios y organizaciones civiles aplaudieron la acción entonces, pues aseguraron que de esta manera se reponía el orden en las playas. Sin embargo, tras la aprobación de la reforma propuesta por el senador Pech Várguez, que amplía en 10 metros más la delimitación actual de las playas, ahora los afectados reclaman que al reducirse la Zona Federal Marítimo-Terrestre disminuirá la recaudación por este concepto, que es utilizada para la vigilancia, limpieza y conservación de los arenales.

La propuesta

El pasado 29 de abril, con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), con el objetivo de asegurar que los mexicanos tengan libertad para acceder, usar y disfrutar de las playas del país. Se trata de una iniciativa presentada por el senador José Luis Pech Várguez el pasado 2 de septiembre de 2020, la cual refiere que al no definirse en la Carta Magna ni en la ley reglamentaria un concepto específico de ‘playa para uso público’, el Estado mexicano ha carecido de capacidad para dar prioridad al derecho general antes que a intereses privados.

Por ello era necesario, en principio, reformar la LGBN para modificar la definición de Playas Marítimas, añadiéndole una faja de 10 metros tierra adentro, y así garantizar para los mexicanos el uso público, libre y gratuito, y con fines recreativos, de este espacio, como prioridad, antes que otros intereses. Como consecuencia, la Zona Federal MarítimoTerrestre (Zofemat) pasará de 20 a 10 metros en aquellos espacios de costa que no se encuentren concesionados. En tanto, en las fracciones de Zofemat bajo concesión, los cambios entrarán en vigor al concluir la vigencia de este derecho privado.

Además, destaca, era necesario precisar los lí-

mites de la Zofemat, pues cuando la ley mencionaba que esta inicia a partir del punto más alto de la marea, o sea la pleamar, “cuando la costa presente playas”, no especificaba si se refería a las Playas Marítimas. Esta modificación permite también actualizar la definición de Playas Marítimas según un criterio de 2016 por el que “los acantilados, las formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma que por virtud de la marea el agua los cubra y descubra, deberán ser concebidos como playa marítima, y en consecuencia deberá considerarse como parte de la Zofemat”.

Con estos cambios a la legislación, la nueva configuración de las costas mexicanas ganaría 10 metros para uso público y reduciría la zona con capacidad de ser concesionada por pertenecer a la Zofemat.

En su estudio, el senador destaca que, para efectuar un análisis comparativo, se revisaron las normas vigentes para la definición, límites y usos de las playas públicas en cuatro países -España, Brasil, Uruguay y Costa Rica-, las cuales superan por mucho los 20 metros de costa bajo su dominio público, lo que obliga a las construcciones turísticas y propiedades privadas mantenerse a una distancia que garantice el uso público de las playas, al mismo tiempo que las protege de la erosión, lo que no sucede en México, donde la infraestructura fue edificada sobre las dunas y prácticamente a la orilla del mar.

Menos impuestos, la queja de empresarios

Unos días después de que se aprobaron las reformas, un grupo de alrededor de 30 empresas del sector turístico, así como organizaciones civiles, publicaron un desplegado en el que expresaron su rechazo a la reducción de la Zofemat en 10 metros, pues, afirmaron, afectará negativamente a 165 Municipios costeros en 17 Estados.

De acuerdo con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Barra de Abogados, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y organismos como Cancún Observa y México S.O.S., entre otros, con la reducción de la Zofemat se reducirán a la mitad los recursos que los Municipios recaudan por dicho concepto, aunque Pech aclaró que esta ley no es retroactiva, por lo que las concesiones vigentes se mantendrán en los 20 metros, hasta que culmine su vigencia. Según los quejosos, esta disminución en los ingresos dejará desprotegidas a las playas, ya que de lo que sale de la Zofemat se financian acciones como la limpieza, inspección, vigilancia y protección de los arenales.

Además, señalan, no se reconoce el problema de fondo, que es el hecho de que las playas han sido tomadas por la delincuencia organizada y el comercio informal. Aseguran que estas mafias se han apoderado de espacios de playa no concesionados, para rentar camastros, sombrillas, motos acuáticas y demás actividades recreativas, aunque nunca mencionan que vigilar y detener estas actividades es trabajo de otras instancias de Gobierno, principalmente de las municipales.

Asimismo, recriminaron a Pech Várguez que la Federación no destina recursos para las playas, mientras que los concesionarios sí. Afirmaron que la iniciativa del senador se vendió como un tema de “justicia social”, pero que provocará mayor incertidumbre legal a los concesionarios, y por ello ya están listos para interponer los amparos correspondientes, además de comenzar el cabildeo con los diputados federales para que den marcha atrás a la propuesta.

Letra muerta

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, garantiza que todas las playas del país son propiedad de la nación, y, por tanto, de uso y disfrute de todos los mexicanos. Su regulación se establece mediante la Zofemat, que es la franja de 20 metros (que con la reforma aprobada se reduciría a 10) de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Se trata de un área regulada principalmente por la propia Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, y por el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados al Mar.

De esta manera, todo hotel o inmueble costero contiguo a la playa concesionario de la Zofemat, deberá apegarse a los mandatos de las referidas disposiciones. Para el uso y explotación de dicha área, deberá tramitar y pagar un derecho, el cual no les permite cercar o impedir el acceso libre a su frente de playa. Sin embargo, en la práctica, eso no se cumple, pues por más que las autoridades municipales aseguran que impedir el acceso a las playas o expulsar de ellas a los usuarios son acciones que son sancionadas, son pocos los casos en que se hace cumplir la ley, ya que, además, por la forma en la que están establecidas una gran cantidad de propiedades a lo largo de Cancún y la Riviera Maya, no hay posibilidad de que dejen accesos libres a las playas, con el argumento de que son propiedades privadas. Así, simplemente no se permite el paso a los ciudadanos, a menos que se haga un camino público, o por el mar.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, sigue siendo un organismo de pocos o nulos resultados. Desde el comienzo de la actual administración federal, ha presumido detenciones de peces gordos -gracias, sobre todo al trabajo de aparatos como la Unidad de Inteligencia Financiera que maneja Santiago Nieto Castillo, con quien Gertz Manero ha tenido fuertes diferencias-, pero se ha visto incapaz de procesarlos tras las rejas. Las condenas han sido más mediáticas, sin mayores castigos que, a lo mucho, unos días tras las rejas, lo que al final mancha la imagen de los responsables de hacer cumplir la justicia, incluido el presidente de la República. Y mientras se pone énfasis en lo mediático, el combate a otros delitos, como el robo simple, se mantiene a la baja. Además, la ley orgánica, propuesta por el propio fiscal y aprobada recientemente en el Senado, ha provocado el disgusto de organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, pues, aseguran, ignora a las víctimas y permite a la Fiscalía escudarse en su autonomía para dar un paso atrás en el derecho de acceso a la justicia. Por esta razón, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realizaría este 10 de mayo una protesta en Palacio Nacional justamente para pedirle al jefe del Ejecutivo que, de ser necesario, vete esta ley

TRAS DOS AÑOS DE OPERACIÓN, LA FISCALÍA DE GERTZ MANERO FRACASA EN RESULTADOS Y EN TRANSPARENCIA, SEGÚN ÓRGANO DE MONITOREO CIUDADANO

Javier Ramírez

Recientemente, la organización México Evalúa, enfocada en la evaluación y monitoreo de la operación gubernamental, presentó un análisis del segundo año de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los resultados, la Fiscalía no cuenta con las condiciones para operar de forma óptima, pues al menos 95.1 por ciento de los casos que atrae quedan impunes, además de que, entre otros puntos, presenta retrasos a la hora de proporcionar información actualizada y carece de un servicio profesional de carrera para formar investigadores.

Lejos de investigar y resolver los delitos que más impactan a la sociedad, como el robo, la violencia sexual y la corrupción, la Fiscalía está enfocada en el combate de los delitos en materias de armas de fuego y contra la salud, destaca el referido análisis.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

El documento de México Evalúa destaca que la evaluación de la FGR se realiza a través del análisis de su autonomía (política, operativa), sus desarrollos institucional y normativo, y el ritmo con el que se da la transformación, en su transición de Procuraduría a Fiscalía. Estos datos constituyen el 70 por ciento de la evaluación, mientras que el porcentaje restante se toma de dos puntos: la efectividad de la resolución y la confianza ciudadana.

Para ello, la organización se ha valido de información obtenida en portales de internet y otros medios institucionales, como la Plataforma Nacional de Transparencia, aun cuando esta última presenta datos desactualizados e inconsistencia,

Llama la atención la toma de decisiones en casos de interés público, como los recientes casos que involucraron al general Salvador Cienfuegos, al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya o a la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles, pues en todos ellos, se ha observado como constante la discrecionalidad y el trato diferenciado, que a la luz de la información pública no se justifica. Por ejemplo, si bien Rosario Robles tiene responsabilidad en el caso de la Estafa Maestra, también la tienen otros exfuncionarios que hasta el momento han permanecido intocables, como Alfredo del Mazo, José Antonio Meade Kuribreña y Emilio Chuayffet. Entonces, señalar a una sola persona en el marco de todo un aparato criminal es un indicativo de que hoy los ojos del aparato de justicia han decidido acotar su campo de visión al objetivo más próximo y disponible.

pues la Fiscalía nunca dio respuesta alguna a sus solicitudes de información, no así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Ciudad de México.

En su autonomía, se observa el proceso de designación del fiscal general y si el procedimiento y las posibles causales de remoción son claras y brindan certidumbre jurídica. También se analiza la manera en la que los fiscales y la institución realizan su trabajo. Si este se aprecia basado en criterios técnicos, libre de presiones, intereses y posibles influencias políticas, económicas o de otra naturaleza; o si por el contrario, su actuación y decisiones desprenden cuestionamientos razonables.

En este sentido, llama la atención la toma de decisiones en casos de interés público, como los recientes casos que involucraron al general Salvador Cienfuegos, al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya o a la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles, pues en todos ellos, se ha observado como constante la discrecionalidad y el trato diferenciado, que a la luz de la información pública no se justifica.

Por ejemplo, si bien Rosario Robles tiene responsabilidad en el caso de la Estafa Maestra, también la tienen otros exfuncionarios que hasta el momento han permanecido intocables, como Alfredo del Mazo, José Antonio Meade Kuribreña y Emilio Chuayffet. Entonces, señalar a una sola persona en el marco de todo un aparato criminal es un indicativo de que hoy los ojos del aparato de justicia han decidido acotar su campo de visión al objetivo más próximo y disponible.

Lo que es más: el trabajo de la FGR, bajo la conducción de Gertz Manero, se ha desarrollado desde una perspectiva de aislamiento de las instituciones, mecanismos y ámbitos de gobierno con los que debe articular su trabajo, tanto de forma horizontal, como con autoridades estatales. Este distanciamiento, recalca el informe, se ha convertido en una práctica constante, tanto para la investigación y procesamiento de casos individuales, como para la investigación y persecución de macrocriminalidad. Sin esta articulación de esfuerzos, ni el sistema nacional de seguridad pública ni el de justicia penal lograrán funcionar.

Mientras que en 2019 el atributo de Autonomía tuvo un avance del 27.7%, en 2020 tuvo un retroceso al registrar 20.1%

INCONSISTENCIAS Y RETROCESOS

En términos de desarrollo institucional, se observa que la estructura y la operación de la FGR, así como sus prácticas de gobernanza y participación ciudadana, no han sido transformadas y

La estructura y la operación de la FGR, así como sus prácticas de gobernanza y participación ciudadana, no han sido transformadas y mantienen la inercia de las formas de operación de la antigua Procuraduría. Esto en parte puede ser explicado porque el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía continúa, no obstante, no se observan en este atributo los avances de la transformación, sino, por el contrario, retrocesos importantes. Por ejemplo, en cuanto a transparencia, la información que hace pública la FGR se encuentra en el portal de transparencia de la institución, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se observa información inconsistente en ambas plataformas.

mantienen la inercia de las formas de operación de la antigua Procuraduría. Esto en parte puede ser explicado porque el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía continúa, no obstante, no se observan en este atributo los avances de la transformación, sino, por el contrario, retrocesos importantes.

Por ejemplo, en cuanto a transparencia, la información que hace pública la FGR se encuentra en el portal de transparencia de la institución, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se observa información inconsistente en ambas plataformas. La FGR tendría que informar a cualquier persona interesada sobre las razones que justifican, en su caso, las posibles inconsistencias, mantener una vía única de publicación de información, o bien asegurar que cualquier información publicada de manera oficial cumpla con la misma calidad, oportunidad, completitud y consistencia.

El ejercicio de las facultades de los fiscales, cuando se hace de manera transparente, se convierte en un mecanismo de gestión y evaluación de política pública. Pero cuando estas decisiones no se conocen públicamente, la opacidad puede constituir la puerta de entrada a una ruta de arbitrariedad y posible corrupción.

Además, se observa un nulo esfuerzo por parte de la Fiscalía para desarrollar ejercicios de participación ciudadana e involucrar a la sociedad en los trabajos de planeación, fortalecimiento y evaluación de la operación.

Los atributos de desarrollo institucional y normativo descendieron de 13.2% a 3.5% y de 22% a 9.9%, respectivamente.

ALTA IMPUNIDAD

En términos de eficacia, la FGR mantuvo un nivel de impunidad alto, al ubicarse el Índice de Impunidad Federal en 95.1%. Esto implica que sólo el 4.9% de los casos conocidos en el ámbito federal recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de judicialización con una sentencia, o bien de una salida alterna o anticipada.

En este sentido, de las respuestas otorgadas por la FGR para 2019 se observa un alto uso de resoluciones ministeriales como archivo temporal (39%), así como un alto porcentaje de resoluciones por incompetencia (9%) y de resoluciones en las que el Ministerio Público se abstuvo de investigar (4%). Por otra parte, se identifica un mínimo uso de acuerdos reparatorios (0.7%) y de criterios de oportunidad (0.5%).

La especialización del personal es otro requisito que se debe cumplir para la adecuada

operación de la FGR. Pero se observa que aún mantiene su operación con los esquemas de especialización propios de una procuraduría, esto es, estructuras burocráticas rígidas competentes para el conocimiento de fenómenos criminales específicos. Como consecuencia de esto, las competencias entre las diferentes estructuras se traslapan y suelen existir conflictos en detrimento de las víctimas.

En este atributo, la FGR tuvo un retroceso el año pasado, al pasar de 20.2% a 10.3%.

¿MAYOR CONFIANZA PESE A REZAGO?

En 2019 hubo una disminución del 12.7% de investigaciones iniciadas por la FGR, al pasar de 112,635 (2018) a 98,285 (2019), lo que significa una intención de investigar menor. Además, el rezago institucional aumentó de 66.3% (2018) a 71.7% (2019). El rezago de la FGR, medido como las investigaciones que quedan pendientes al cierre del año respecto al total de las investigaciones en trámite del periodo (ya sean iniciadas, en existencias anterior y reactivadas del archivo temporal) aumentó en 2019 en 5.4%, al pasar de 66.3 % en 2018 a 71.7% en 2019.

Debido a que la competencia de la Fiscalía General de la Republica se limita a delitos federales, cuando los ciudadanos piensan en levantar una denuncia, en una situación de victimización o en el nivel de confianza que les genera la justicia, es más común que lo asocien con las fiscalías locales que atienden delitos del fuero común, tales como robos, homicidios, violaciones, lesiones u otros. En 2018, las investigaciones del fuero federal iniciadas sumaban un total de 112,635 y en 2019, 98,285, lo que significa una caída del 12.7%. La cantidad de delitos que no son denunciados ha mantenido un comportamiento constante durante el periodo de 2011 a 2019, con un mínimo de 91.6% y un máximo de 93.8% de los delitos no denunciados. Es decir que más de nueve de cada 10 delitos no se denuncian.

Sin embargo, y por increíble que parezca, de acuerdo con la información proporcionada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), desde 2018 la confianza en la FGR se mantiene al alza. De 2018 al 2019 se pasó de 57.5 a 61.4% y en 2020 alcanzó el 65.2%. En concordancia, la percepción de corrupción de la FGR disminuyó de 63.7% en 2019 a 56.9% en 2020.

La FGR mantuvo un nivel de impunidad alto, al ubicarse el Índice de Impunidad Federal en 95.1%. Esto implica que sólo el 4.9% de los casos conocidos en el ámbito federal recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de judicialización con una sentencia, o bien de una salida alterna o anticipada. En este sentido, de las respuestas otorgadas por la FGR para 2019 se observa un alto uso de resoluciones ministeriales como archivo temporal (39%), así como un alto porcentaje de resoluciones por incompetencia (9%) y de resoluciones en las que el Ministerio Público se abstuvo de investigar (4%). Por otra parte, se identifica un mínimo uso de acuerdos reparatorios (0.7%) y de criterios de oportunidad (0.5%).

CON VACUNAS PROPIAS, CUBA INICIA VACUNACIÓN CONTRA COVID EL LUNES

CUBA.- Cuba comenzará a inmunizar a su población contra el coronavirus durante la primera quincena de mayo, principalmente en La Habana y las provincias de Santiago de Cuba (este) y Matanzas (centro), con dos candidatos a vacuna desarrollados en la isla, informaron las autoridades el viernes.

El país es el único de América Latina que cuenta con cinco candidatos a vacuna concebidos y desarrollados por sí mismo. La campaña de inmunización iniciará con los dos más avanzados, Abdala y Soberana 2, que requieren tres dosis.

«Nosotros pensamos que ya en el mes de junio tengamos inmunizadas a 22.6% de la población, en julio 33.5% y en agosto al 70%», dijo el ministro de Salud, José Ángel Portal, durante su participación en el programa de debate Mesa Redonda. 32 10/05/2021 I estosdías El ministro explicó que la vacunación empezará dentro de un amplio ensayo de intervención, pero que se espera que en junio el Centro Estatal de Calidad de Medicinas (Cecmed) otorgue la autorización de emergencia.

El proyecto de vacuna Abdala terminó la tercera y última fase de ensayos clínicos y se encuentra en una etapa de análisis y evaluación de esos resultados, mientras que está previsto que Soberana 2 concluya su tercera fase de ensayos entre el 15 y 18 de mayo.

En las próximas semanas, «quizá en el mes de junio», si los resultados «son favorables y se cumple la hipótesis que se planteó, estaríamos en condiciones de dar un autorizo de uso de emergencia y o un registro condicionado que no es más que la autorización para hacer una vacunación ya masiva», dijo de su lado, Olga Lidia Jacobo, directora del Cecmed.

por los Municipios

Othón P. Blanco

DESINTERÉS DE ALCALDE PROVOCÓ DEVOLUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES

Un error de las autoridades municipales provocó que el Ayuntamiento devolviera más de 10 millones de pesos de recursos federales, denunció el regidor Manuel Martínez Valdez. Explicó que esto se debió a que el alcalde Otoniel Segovia no realizó a tiempo la licitación de varias obras previstas para la capital del Estado, por lo que al cumplir el año fiscal, el Gobierno municipal sólo pudo ejercer 170 millones 486 mil pesos de los 180 millones 562 mil que se recibieron del Fondo para la Infraestructura Municipal. Explicó que con 10 millones de pesos se pudieron haber pavimentado aproximadamente 10 mil metros cuadrados de calles o instalado más de 15 mil lámparas del alumbrado público, suficientes para iluminar la tercera parte de Chetumal. Señaló que también van a pedir un informe detallado en la manera en la que se gastó cada peso de los 170 millones que sí se ejercieron, pues a primera vista resaltan muchísimas irregularidades que dan la pauta a pensar que se realizó un desfalco de las arcas municipales.

Ante el retroceso del semáforo epidemiológico estatal a naranja, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, Bertha Medina Núñez de Cáceres, dio a conocer que la ocupación hotelera se desplomó, por lo que no duda que los centros de hospedaje empiecen a reducir su plantilla laboral. Comentó que lamentablemente el 10 por ciento de la plantilla laboral de los 75 centros de hospedajes que están afiliados a la asociación pasarán a engrosar la larga lista de desempleos. Dijo que tal como sucedió en las mismas fechas de 2020, los empresarios hoteleros están enfrentando dificultades para mantener su nómina y en operación al no existir las condiciones favorables en materia turística; por lo tanto y por segunda ocasión empezarán a prescindir de personal e incluso ya se prevén nuevamente cierres.

Dos organizaciones ambientalistas denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las autoridades municipales por poner en peligro la vida animal protegida en el zoológico de Chetumal, informó Rafael Rivero, presidente de la Asociación Civil “Toda Vida es Importante”. Dijo que por la reducción en 50 por ciento del presupuesto destinado para la alimentación y el cuidado de los animales del zoológico, está complicándose la situación. Declaró que aunque han solicitado en varias ocasiones la intervención de las autoridades para solucionar este problema, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Informó que el caso ya fue turnado a Isidora Montoya García, jefa de Denuncias en la Delegación de la Profepa en Quintana Roo, para el

desahogo de la investigación.

Un ex trabajador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHeQROO) identificado como J.A.S.C presentó en la XVI Legislatura solicitud de juicio político contra el titular de esa dependencia, Marco Antonio Toh Euán, señalando acoso laboral, trato déspota, despido injustificado e “insinuaciones directas de carácter personal”. Explicó que los actos de acoso laboral iniciaron el 15 de febrero de 2019 cuando de manera verbal le notificaron que había sido comisionado a las oficinas de la CDHeQROO en Cancún y ante la negativa de aceptar su reubicación fue llamado al as oficinas del ombudsman. Como represalia, le redujeron el 50 por ciento del salario el 31 de mayo de 2019 y al pedir una explicación el acoso laboral se intensificó hasta que el 30 de junio del mismo año lo presionaron a firmar su renuncia y un documento en el cual se comprometió a no realizar ningún acto en contra del ombudsman.

El kilogramo de carne de puerco podría registrar un incremento de ocho pesos en los próximos días ante el desabasto del producto en Chetumal, informó Alberto Armando Buenfil Mora, tablajero del mercado Lázaro Cárdenas del Río. Recordó que en los últimos dos meses la carne de puerco ha registrado dos aumentos: De 90 pasó a 100 pesos y posteriormente a 110 pesos. Precisó que ante los últimos aumentos hay familias chetumaleñas que han dejado de comprar o solamente llevan lo más indispensable. “Ahorita el precio del canal de puerco anda en 52.90 pesos y ya nos amenazan con que subirá otros dos o tres pesos más, y tenemos en puerta que para principios de mayo el canal de puerco cueste 60 pesos”, explicó.

Benito Juárez

PARA JULIO, RECUPERACIÓN TOTAL DE LA CONECTIVIDAD AÉREA

El aeropuerto internacional de Cancún habrá recuperado en julio, casi el 100% de la conectividad que tenía previo a la crisis por la pandemia del covid-19, de acuerdo con los pronósticos de la consultora Cirium. Ese mes Cancún recibirá vuelos directos provenientes de 39 ciudades estadounidenses, mientras que en julio de 2019 estaba conectada con 40. La única ciudad que permanece sin reactivar sus vuelos al destino mexicano es Sacramento, de acuerdo con la consultora internacional. Un total de 10 aerolíneas, nueve estadounidenses y una mexicana llevarán a cabo siete mil 194 vuelos programados entre Cancún y las 39 ciudades de Estados Unidos durante julio, ofertando un millón 258 mil asientos, 31% más en comparación con los niveles prepandémicos, cuando se ofertaron 954 mil 584 asientos, de acuerdo con Cirium.

Alrededor de 40 socios, en representación de 500 agremiados, realizaron una protesta el pasado 3 de mayo frente al edificio administrativo de Asur en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Roberto Rubio Sánchez y Juan Luna, presidentes de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas A.C., y de la Unión de Transportistas, denunciaron que el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) les cobra ilegalmente una cuota que no está establecida en la Ley de Transporte, de 27 pesos, para poder ingresar a las terminales. Denunciaron que Asur no tiene facultades para cobrar ni verificar los documentos. También piden que cesen los bloqueos contra las unidades, pues afirman que también les evitanel bajar a los turistas de las unidades, a pesar de tener precontrato desde sus lugares de origen.

Denuncian desde La Asociación de Cultura y Turismo de Latinoamérica (Latam) una nueva modalidad de fraude a través de Internet que consiste en la venta de clubes vacacionales “fantasma”. Ya en el pasado, los tiempos compartidos han sido de los primeros en la lista de Profeco por diversas formas de fraude en ventas; sin embargo, ahora la nueva estafa es vender tiempo compartido en propiedades que no existen o tiempos compartidos en inmuebles que no operan los supuestos vendedores. Latam advierte que la mayor parte de esas ventas se hacen por inter-

net, por lo que han empezado a colaborar con la Policía Cibernética para ubicar y alertar a los consumidores.

Solidaridad

CONTINÚA EL RECALE DE SAR-

GAZO EN EL RECODO

Se acentúa el recale de sargazo en gran parte de las costas de Solidaridad, a pesar de las barreras antisargazo colocadas en la rada. Luego de que en semanas pasadas incrementara la presencia del sargazo sobre el litoral costero de este destino turístico, se desbordó el recale en la costa, dejando ver enormes cantidades de dicha alga y que prácticamente hicieron imposible el acceso al mar por los bañistas. La zona más afectada fue la playa El Recodo, la cual recibió una gigantesca cantidad de sargazo, por lo que toda esa línea costera pasó de ser color turquesa a color café. Llegaron pocos bañistas, quienes buscaban la zona menos invadida para poder ingresar y disfrutar del mar para refrescarse, y aunque el clima se prestaba para ello, para muchos fue prácticamente una misión imposible tras hacer contacto y enredarse con el alga.

El coordinador de la Zona Centro de la Cofepris, Javier Francisco Toledo Alvarado, reveló que en los últimos días han sido suspendidas cuatro fiestas clandestinas en Playa del Carmen. Indicó que durante abril pasado se efectuaron siete suspensiones de este tipo. Expuso que los responsables de estas fiestas clandestinas deberán pagar una multa económica de entre los tres mil a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 268 mil 860 pesos a los 358 mil 480 pesos. Reconoció que hay varios puntos donde la gente continúa reuniéndose sin los cuidados necesarios para contrarrestar la propagación del covid-19.

Cozumel

CONFORMAN NUEVA COOPERATIVA TURÍSTICA

Con el firme propósito de apoyar a los prestadores de servicios náuticos, para gestionar programas de apoyo para sortear la pandemia de covid-19, se constituyó la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Turísticos, Acuáticos y Subacuáticos de Cozumel “Domingo Meléndez Álvarez”. Su presidente, William Güemes Vidal, fue el encargado de hacer la presentación de esta cooperativa, iniciando su integración con 139 socios y 50 en proceso de cumplir con los trámites que requieren para afiliarse. Refirió que antes estaban como independientes pero al requerir apoyos para afrontar la pandemia, deciden integrar la cooperativa, esperando que puedan acceder principalmente a programas federales para apoyar a los socios, quienes estuvieron prácticamente abandonados durante la contingencia.

Personal de la Dirección de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) asignado a la limpieza de playas retira diariamente más de 20 toneladas de sargazo, las cuales son depositadas en las dunas para aprovechar el material orgánico. Ricardo Lizama Escalante, director de Zofemat, explicó que ya se esperaba esta importante cantidad de sargazo en las costas de la Isla, aunque dejó claro que es en menor cantidad de la que se recibió hace dos años e incluso que el año pasado. Indicó que la macroalga recogida de las playas es depositada en las dunas, ya que esto permite su recuperación natural y sirven como barrera natural ante las inclemencias meteorológicas, destacando que hasta el momento no se requiere de una lancha sargacera para contener el problema, ya que aún no es una gran cantidad la que llega hasta las costas.

Isla Mujeres

PERMISIONARIOS NO PIERDEN

LA ESPERANZA ESTA TEMPORADA

Los permisionarios para el avistamiento y nado con el tiburón ballena de Isla Mujeres esperan que la pandemia termine para que puedan laborar al 100 por ciento de su capacidad en esta temporada que inicia el próximo 15 de mayo y concluye hasta el próximo 15 de septiembre. Marcelo Cupul, presi-