La cosa pública De escándalos a escándalos

DE ESCÁNDALOS A ESCÁNDALOS…

En Puerto Morelos la punta del “iceberg” de la corrupción es de 3 millones de pesos; en el Ayuntamiento de Mara Lezama en Benito Juárez, es de más de 157 millones…

En el Municipio de Puerto Morelos, ese que administró para su peculio, desde su nacimiento y durante cinco años, Laura Fernández Piña, hoy diputada federal verdeecologista, ya de salida algunos regidores y la presidenta municipal interina se llevaron algo así como tres millones de pesos en bonos auto asignados de 500 mil pesos cada uno. Y se habla de un “escándaloso” hurto a las arcas municipales, que no es para menos, dado el descaro con que actuaron los ediles en retirada.

En cambio en Benito Juárez, al que mediante una “cuauhtemiña” llegó a presidir, ya por dos ocasiones, María H. Lezama Espinosa, tan solo a la entrada se esfumaron más de 157 millones de pesos de las arcas municipales, en los tres primeros meses de gestión, los últimos de 2018, y pocos son los que se asombran y le dan eco a tan voraz tajada, no obstante la fe pública que sobre el desvío, hurto, robo o lo que resulte, dio la Auditoría Superior de la Federación desde el mes de octubre de 2019.

Así la punta del iceberg de la corrupción oculta en el Municipio de Puerto Morelos la muestra la acción que tomó la presidenta municipal interina Ana Luisa Betancourt Canul, que antes de entregar el gobierno a Blanca Merari Tziu Muñoz dispuso de 3 millones de las arcas municipales para auto otorgarse un bono de 500 mil pesos y darles otra cantidad similar a cinco miembros del Cabildo en fuga.

A Puerto Morelos, no obstante el sinnumero de casos de corrupción que han aflorado desde que asumió la presidencia municipal en 2016 Laura Fernández Piña, no le ha tocado ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sí ocurrió en 2019 en el Municipio de Benito Juárez, que en ese año le auditaron el ejercicio 2018, detectándosele la desaparición de más de 157 millones de pesos, producto de un excedente en las percepciones municipales que no reportó ni justificó su gasto la administración de Mara Lezama, por lo que permanecen desaparecidos hasta la fecha. De ahí pues que la punta del iceberg de la corrupción en el Ayuntamiento cancunense sea abismalmente mayor que el del Municipio que se le desprendió hace cinco años.

Sin embargo el escándalo parece ser mayor en Puerto Morelos, por el bajo perfil político de la sucesora de Laura Fernández, que el multimillonario saqueo a las arcas municipales de los cancunenses por parte de la administración de Mara Lezama que no sólo mantuvo el poder de coptación del Municipio, sino que aspira a ampliarlo con la capacidad corruptora que ha alcanzado.

En Solidaridad faltan muchos escándalos por estallar una vez que la recién ungida presidente municipal Lilí Campos comience a ventilar los guardaditos que dejaron Laura Beristain Navarrete y familia en la Quinta de Playa del Carmen, en seguridad pública y en los programas sociales de reparto de alimentos que utilizaron para simular grandes desvíos con el pretexto de la pandemia del COVID-19.

Y ni qué decir de Tulum, en donde Marciano Dzul Caamal se la tiene jurada a Víctor Mas. Motivos tiene de sobra el ahora primer edil, al igual que tela donde cortar para diseñarle un traje a rallas a su antecesor en la presidencia municipal tulumnense.

En Felipe Carrillo Puerto ya los trabajadores municipales se encargaron de exhibir el incumplimiento del pago de su salario por parte del que fuera hasta hace unos días su presidente municipal, José Esquivel. Por esos salarios no pagados tendrán que responder las autoridades entrantes encabezadas por la morenista Mari Carmen Hernández Solís; su antecesor tendrá que responder ante la ley, si así lo procuran las nuevas autoridades municipales, por las causas que llevaron a esa falta de pago, así como por el incumplimiento de múltiples obras iniciadas y la falta de esclarecimiento de más de tres millones de pesos que le observó la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de 2018, los cuales pretendió justificar con la adquisición de una camioneta Van modificada y el pago de salarios a supuestos inspectores de obra, cosa que la fiscalizadora federal no le pasó y sigue esperando hasta la fecha la comprobación de dichos recursos, catalogando su desvío como una afectación a la Tesorería General de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.