Texto de Resolución 281 Aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU el 30 de julio de 2014 Expresando preocupación por los informes persistentes y creíbles acerca de la sustracción de órganos, sistemática, impulsada por el Estado y sin consentimiento, de prisioneros de conciencia, en la República Popular China, incluyendo a un gran número de practicantes de Falun Gong encarcelados por sus creencias religiosas, y miembros de otras religiones y grupos étnicos minoritarios. Considerando que cuando se realiza de conformidad con las normas éticas, la disciplina médica del trasplante de órganos es uno de los grandes logros de la medicina moderna; Considerando que la República Popular China realiza anualmente más de 10.000 trasplantes de órganos, sin embargo, aún en mayo de 2013 no contaba con un sistema público organizado o efectivo para la donación de órganos o su distribución; Considerando que el sistema de trasplante de órganos en China no cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a transparencia y trazabilidad acerca del proceso de obtención de órganos, y el gobierno de la República Popular China se ha resistido a que se realice una investigación independiente del sistema; Considerando lo publicado en el Informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en China para el 2011, medios de comunicación nacionales y extranjeros han reportado casos de sustracción de órganos, en particular de practicantes de Falun Gong y uigures; Considerando que, debido a la concepción tradicional respecto a la importancia de preservar el cuerpo intacto luego de la muerte, China tiene índices muy bajos de donaciones voluntarias de órganos; Considerando que la República Popular China implementó regulaciones en 1984 que autorizaron la sustracción de órganos de prisioneros ejecutados; Considerando que en junio de 2001, el médico chino, Wang Guoqi, declaró ante el Subcomité de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que los hospitales trabajaban en connivencia con los organismos de seguridad estatales para sustraer órganos de prisioneros ejecutados sin que haya un consentimiento escrito de los donantes de órganos, y que éstos trasplantes eran una lucrativa fuente de ingresos; Considerando que el ex Viceministro de Salud, Huang Jiefu, admitió públicamente que más del 90 por ciento de los órganos trasplantados sustraídos de donantes fallecidos procedían de prisioneros ejecutados en China;
Considerando que el consentimiento voluntario e informado es la condición previa para una donación de órganos ética y las organizaciones médicas internacionales establecen que los prisioneros, privados de su libertad, no están en condiciones de brindar un consentimiento libre y que la práctica de la abastecerse de órganos de prisioneros es una violación de las normas éticas de la medicina; Considerando que Falun Gong, una práctica espiritual que incluye ejercicios de qigong y meditación basada en los valores de verdad, benevolencia y tolerancia, se hizo inmensamente popular en la década de 1990, con múltiples estimaciones que calculaban el número de practicantes en más de 70 millones; Considerando que en julio de 1999, el Partido Comunista Chino inició una persecución intensa, a nivel nacional para erradicar la práctica espiritual de Falun Gong, poniendo de manifiesto la intolerancia de larga data que tiene el Partido respecto a la existencia de grandes grupos independientes de la sociedad civil; Considerando que, desde 1999, cientos de miles de practicantes de Falun Gong han sido detenidos extrajudicialmente en campos de reeducación mediante el trabajo, centros de detención y prisiones, donde la tortura y el abuso son habituales; Considerando que en muchos centros de detención y campos de trabajo forzado, los prisioneros de conciencia de Falun Gong constituyen la mayoría de la población, y se ha declarado que suelen recibir las condenas más largas y el peor trato; Considerando que, para proteger a sus familias y conocidos, muchos prisioneros de de conciencia de Falun Gong se niegan a declarar sus nombres reales u otra información personal identificatoria a las agencias de seguridad, lo cual los hace más vulnerables a los abusos; Considerando que el número de operaciones de trasplantes de órganos en China se incrementó significativamente después de 1999, lo que corresponde con el inicio de la persecución a Falun Gong; Considerando que este aumento no parece ser atribuible a un aumento general en el número de sentenciados a muerte o a un incremento de las donaciones voluntarias, y que en realidad, los grupos de derechos humanos y expertos legales creen que en los últimos años ha habido una disminución en el número de ejecuciones en China; Considerando que el Gobierno de la República Popular China no ha logrado explicar adecuadamente las fuentes de los órganos adicionales; Considerando que hospitales chinos han publicitado tiempos de espera de 2 a 4 semanas para los trasplantes de riñón e hígado, y documentado casos de trasplantes cardíacos programas con 3 semanas de anticipación; Considerando que, debido a los órganos tienen una supervivencia muy breve estando fuera del cuerpo, esos cortos tiempos de espera se explican debido a la existencia de un
gran número de donantes vivos cuyos órganos puedan ser sustraídos cuando sea necesario; Considerando que las entrevistas realizadas a los practicantes de Falun Gong que estuvieron encarcelados anteriormente sugieren que, durante su detención, se les realizaron exámenes médicos, incluyendo pruebas de sangre y orina, radiografías, ultrasonidos, y exámenes físicos selectivos; Considerando que la naturaleza específica de estos exámenes indica que apuntaban a evaluar el estado de los órganos vitales de los practicantes y su posible aptitud para la sustracción de órganos; Considerando que generalmente a otros grupos de prisioneros no los someten a este tipo de pruebas médicas; Considerando que los investigadores canadienses, David Matas, abogado de derechos humanos, y David Kilgour, ex Secretario de Estado canadiense para la región de AsiaPacífico, realizaron una investigación sobre las denuncias de sustracción de órganos a prisioneros de conciencia de Falun Gong en 2006, basado en amplias pruebas circunstanciales, el informe llegó a la conclusión que las denuncias eran ciertas y que decenas de miles de practicantes de Falun Gong podrían haber sido asesinados por sus órganos; Considerando que en 2006, médicos de 17 hospitales chinos admitieron en llamadas telefónicas con investigadores encubiertos que utilizaban o podrían conseguir órganos vitales de prisioneros de conciencia de Falun Gong para trasplantes, con algunos de los médicos involucrando a tribunales y organismos de seguridad locales en el proceso de obtención de órganos; Considerando que el investigador y periodista, Ethan Gutmann, estima que aproximadamente 65.000 practicantes de Falun Gong podrían haber sido asesinados por sus órganos desde 2000 a 2008, y que un número menor de otras minorías religiosas y étnicas también podrían haber sido víctimas; Considerando que Gutmann publicó evidencias de que las agencias de seguridad chinas comenzaron a sustraer órganos de miembros de la minoría étnica uigur, predominantemente musulmana, en la década de 1990, incluyendo a prisioneros políticos uigures; Considerando que en mayo de 2012, la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong (WOIPFG) dio a conocer las transcripciones telefónicas y grabaciones de audio de las conversaciones entre los investigadores encubiertos y altos funcionarios del Partido Comunista Chino, en las cuales varios funcionarios indicaron que las autoridades centrales estaban al tanto o involucradas en la sustracción de órganos a practicantes de Falun Gong; Considerando que entre los implicados se encontraban el ex miembro del Politburó, Bo Xilai, y su colaborador, Wang Lijun;
Considerando que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Tortura han expresado su preocupación por las denuncias de sustracción de órganos a practicantes de Falun Gong, y han solicitado al gobierno de la República Popular China que mejore el monitoreo y la transparencia en el sistema de trasplante de órganos y castigue a los responsables de abusos; Considerando que el asesinato de prisioneros religiosos o políticos con el fin de vender sus órganos para trasplantes es una violación flagrante e intolerable del derecho fundamental a la vida; Considerando que el Departamento de Salud de Taiwán instó a los médicos taiwaneses a disuadir a sus pacientes de someterse a trasplantes de órganos comerciales en China; y Considerando que en septiembre de 2012, expertos declararon ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de que pacientes estadounidenses continúan viajando a China para realizarse trasplantes de órganos y que la comunidad médica continúa cooperando y entrenando a colegas chinos, creando el riesgo de estar indirectamente colaborando con estas prácticas abusivas: Ahora, por lo tanto, se declara Que la Cámara de Representantes(1) solicita al gobierno de la República Popular China a que pongan fin de inmediato a la práctica de sustracción de órganos de todos los prisioneros, y en particular de los prisioneros de conciencia de Falun Gong y de los miembros de otras minorías religiosas y étnicas; (2) solicita una investigación completa y transparente del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las prácticas de trasplante de órganos en la República Popular China, y el procesamiento legal de aquellos que han participado en este tipo de prácticas contrarias a la ética; (3) exige que se ponga fin inmediatamente a la persecución de 14 años a la práctica espiritual Falun Gong por parte del Partido Comunista Chino, y la liberación inmediata de todos los practicantes de Falun Gong y otros prisioneros de conciencia; (4) recomienda que el Departamento de Estado de Estados Unidos emita una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses que viajan a China para trasplantes de órganos, informándoles de que la fuente de órganos para su operación podría ser un prisionero de conciencia; y (5) recomienda que el Gobierno de los Estados Unidos condene públicamente los abusos de trasplante de órganos en China y prohíba la entrada de quienes han participado en la sustracción ilegal de tejidos y órganos humanos, inician acciones judiciales ante estos individuos en caso de que se encuentran en suelo estadounidense.