Pablo adame ciudadanía digital 16 junio by Fco Javier Lastra Freige

CIUDADANÍA DIGITAL: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

JUA N P AB LO ADAM E ALEM ÁN

CIUDADANÍA DIGITAL: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

ISBN: 978-607-8389-06-3 Impreso en México

Printed in Mexico

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A Eli y Mar铆a, mi inspiraci贸n diaria.

ÍNDICE PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PRIMER CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Democracia directa: un viejo recuerdo . . . . . . . . 23 La democracia directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 La democracia radical en el periodo de Pericles . . . . . . . 28 Un modelo perfectible de gobierno . . . . . . . . . . . . . . . 31 La República Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nuevos intentos por definir la democracia . . . . . . . . . . 35 Instrumentos de la democracia directa . . . . . . . . . . . . 43 Los desafíos de la democracia directa . . . . . . . . . . . . . 45

SEGUNDO CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Democracia indirecta y su crisis de participación . . 49 Representatividad y democracia . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tenencia y transferencia del poder; la burocracia. . . . . . 53 La crisis de representatividad, gobierno, élites y privilegios 62 Representatividad y participación efectiva . . . . . . . . . . 51 7

La democracia del consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Redefinir el papel del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Tecnologías de información y comunicaciones, la gobernanza digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 TERCER CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Partidos y medios de comunicación: la democracia infinitesimal . . . . . . . . . . . . . . . .

Los Partidos Políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Las elecciones y la búsqueda del poder . . . . . . . . . . . . 74 Los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Atomización del Poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Vicisitudes de la democracia mexicana . . . . . . . . . . . . 83 Las tecnologías de la información y comunicaciones como alternativa en la sociedad de la información, desinformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 La democracia infinitesimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

CUARTO CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Desarrollo y posibilidades de las tecnologías de la información y comunicaciones: hacía una ciudadanía digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

¿Qué son las tecnologías de la información y comunicaciones? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tecnologías de la información y comunicaciones para la movilización social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Nuevas tendencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8

La gobernanza en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Ciudadanía digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

QUINTO CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Parlamento abierto, una propuesta para transparentar el poder legislativo . . . . . . . . . .

135

¿Qué es el gobierno abierto? . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 ¿Por qué el Parlamento? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Parlamentos abiertos alrededor del mundo . . . . . . . . . 153 SEXTO CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Ciudadanía digital y sociedad abierta . . . . . . . . . 165 Sociedad abierta, participación desde la apertura con aspiraciones hacia la colaboración . . . . . . . . . . . . .

166

Participación Política desde la Ciudadanía . . . . . . . . . 170 Cultura política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 El ciberespacio como espacio público . . . . . . . . . . . . 179 Ciudadanía para la democracia . . . . . . . . . . . . . . .

182

¿Más gobierno abierto o más ciudadanía? . . . . . . . . . 187

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Prólogo

l libro escrito por Juan Pablo Adame es una nueva referencia hacia la evolución del ejercicio democrático en la sociedad. Pasando por un análisis histórico del nacimiento de la democracia y su evolución hasta nuestros días, Juan Pablo nos lleva de la mano a entender la relevancia que tienen hoy las tecnologías de la información como herramienta de creación de espacios para el debate y la participación ciudadana en torno a diversos temas entre los que se incluye, por supuesto, la política. Después de que la historia en los últimos siglos permitió la construcción de la democracia representativa en diferentes sociedades, hoy –como nos reseña el autor– la legitimidad de esta forma de gobierno depende no solo de los procesos electorales, sino de la capacidad del sistema político para absorber de manera cotidiana, las opiniones, intereses y acciones de la sociedad civil en el debate parlamentario y en las políticas públicas. Efectivamente –como bien señala el libro– el antecedente de la democracia directa en la antigua Grecia, se volvió impracticable en sociedades mucho mas numerosas y con problemáticas más complejas, de tal manera que la invención de la “democracia representativa” permitió el desarrollo de gobiernos civiles, mediante sistemas parlamentarios o presidenciales, a través de elecciones periódicas que legitimaban el ejercicio del poder público y el Estado de Derecho. Sin embargo, en la medida que el ejercicio de gobierno se fue haciendo más indirecto, es decir, a través de “representantes electos” pero también mediante burocracias muy complejas y especializadas, la sensación de muchos ciudadanos es la de que el gobierno “está demasiado lejos” y por ello se ha perdido la 11

conexión entre las necesidades del gobernado y el ejercicio del gobierno. El ejercicio electoral es hoy “la herramienta más poderosa de la democracia” sin embargo, no es suficiente para que el ejercicio del poder se legitime a los ojos ciudadanos ni para que se pueda considerar como el ideal de la democracia en que las decisiones son tomadas y el gobierno ejercido en conjunto con la población a quien se representa. Por ello es indispensable, ampliar las formas de participación e involucramiento de la sociedad en los procesos de gobierno, no solo de manera tradicional sino también a través de mecanismos que liberen las barreras de entrada a la arena política y simplifiquen la interacción directa entre el ciudadano y su representante. En cierto sentido –como señala el libro– la democracia se volvió infinitesimal ya que se redujo a que millones de personas ejercieran su derecho al voto, concediendo con ello lo que parecía una especie de “cheque en blanco” para que los funcionarios lo ejercieran con base en un único mandato, es decir, el ejercicio del propio sufragio por un periodo determinado. No obstante, con la evolución de las tecnologías de la información y los medios con los que cuenta la ciudadanía para hacerse escuchar, la evolución natural de la democracia pasó de tener al voto como el fin último del ejercicio político ciudadano, a constituir el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana en la política y toma de decisiones gubernamentales. Hoy, el ciudadano ejerce su derecho a votar a su representante como una muestra inicial de confianza en la persona a quien favorece con dicho sufragio. El siguiente eslabón es el seguimiento a la labor que realiza la persona elegida a quien se exigirá una apropiada rendición de cuentas. Es aquí donde toma una mayor relevancia el uso de las tecnologías de la información debido a que mediante su uso y apropiación, el ciudadano está en posibilidad de exigir que su representante actúe con transparencia, 12

que las decisiones que toma las haga acompañadas de una consulta a sus representados y que si no lo hace así, la ciudadanía que lo eligió –y la que no, también– pueda llamarlo a que revise las decisiones tomadas y finalmente a que rectifique el camino en beneficio de la población a quien debe representar. En este contexto, es indispensable pasar –en la mejor tradición de Acción Nacional– de la reflexión a la acción. Por ello, Juan Pablo Adame explica con detenimiento las iniciativas del “Parlamento Abierto” que permite una relación mucho mas estrecha entre los ciudadanos y sus legisladores, a través de las redes sociales. La iniciativa propone fundamentalmente, que ciudadanía y representantes, se retroalimenten de manera permanente –no sólo a través del voto– sino de información, crítica y propuestas para construir las políticas públicas del gobierno de manera conjunta. De esta forma, los observatorios ciudadanos, las Organizaciones de la sociedad civil, la academia, etc., conocen la labor y el contenido del trabajo legislativo, permiten la transparencia en los procesos, abren la discusión a foros mas amplios que el “Salón de Sesiones” y a su vez, el voto puede ejercerse de manera mucho mas precisa, considerando el desempeño de los representantes y los partidos políticos a los que pertenecen. Finalmente, el autor, se pregunta: ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo va a cambiar el ejercicio del Poder en esta nueva lógica? Y nos responde atinadamente que, se esta construyendo una “Ciudadanía Digital” que –cada vez más– va a impedir que el ejercicio del poder público sea exclusivo de unos cuantos actores legitimados mediante las urnas, y en el que la ciudadanía va a tener una influencia cotidiana en el quehacer público. El futuro, efectivamente, es la “Ciudadanía Digital”, que implica no solo el involucramiento ciudadano en procesos adicionales, al mero sufragio o al hábito de estar bien informado, sino 13

también el conocer las propuestas, vigilar a los representantes, proponer formulas innovadoras de resolver los problemas y construir –valiéndose de las tecnologías de la información– una democracia mucho más cercana al ciudadano en el siglo XXI. Felicito a Juan Pablo por este texto que no sólo es una reflexión pertinente y necesaria frente a la consolidación del ejercicio del poder político a través de las redes sociales –como se vio en la primavera árabe– sino que también busca y propone fórmulas imaginativas e innovadoras para construir el régimen democrático que los mexicanos nos queremos dar para construir una Patria ordenada y generosa en la que todos podamos contribuir en su formación. León Felipe Sánchez Ambía

INTRODUCCIÓN

a democracia se ha convertido en una noción de uso común sobre cuyo significado rara vez nos detenemos a reflexionar. Nos pasa con ella un poco lo que a San Agustín le sucedía con el tiempo, con respecto al cual llegó a decir: “Si pienso en el tiempo, sé lo que es, si me lo preguntan, ya no lo sé”, frase que sin dificultad alguna podríamos aplicar al concepto de democracia, en la medida en que todos nos referimos a él y lo entendemos más o menos claramente, pero pocos la concebimos en forma precisa y bien definida, y menos aún estamos de acuerdo respecto de lo que significa. Ello no tendría mayor importancia si aquello que concebimos como democracia no fuera un aspecto tan relevante ni si el debate alrededor de la misma no fuera un elemento central de la vida política e institucional en nuestras sociedades. Como dijera José Ortega y Gasset en su libro En torno a Galileo: Una misma cosa se puede pensar de dos modos: en hueco o en lleno. [Cuando pienso en hueco uso las palabras] fiduciariamente, a crédito, como uso un cheque, confiado en que siempre que quiera lo podré cambiar en la ventanilla de un banco por el dinero contante y sonante que representa. [...] Este pensar en hueco y a crédito, este pensar algo sin pensarlo en efecto, es el modo más frecuente de nuestro pensamiento. La ventaja de la palabra que ofrece un apoyo material al pensamiento tiene la desventaja de que tiende a suplantarlo, y si un día nos comprometiéramos a realizar el repertorio de nuestro pensamientos más habituales, nos encontraríamos penosamente sorprendidos con que no tenemos más que 15

los cheques, pero no las monedas que aquellos pretende valer; en suma, que intelectualmente somos un Banco en quiebra fraudulenta (1982:35).

Con palabras como democracia sucede con frecuencia precisamente lo descrito: la utilizamos todo el tiempo, damos por descontado lo que significa, pero si nos detenemos un momento a reflexionar sobre su sentido nos quedamos pasmados y comenzamos a balbucear incómodamente sin tener plena confianza sobre lo que entendemos por ella. No sólo eso, en la actualidad observamos una gran paradoja respecto de la democracia: mientras que nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos países bajo regímenes que se califican a sí mismos como democráticos, la democracia sufre una de sus mayores crisis de legitimidad, en la medida en que pareciera respirarse un desencanto generalizado respecto de su capacidad para responder a las necesidades y demandas del mundo actual. En palabras de Carlo Galli (2013:9-10): Existe un malestar en la democracia. No es el malestar (en realidad, un rechazo) que, en el curso de la historia occidental alimenta la rica producción de ideas “contra” la democracia, ni ese otro que linda con la angustia “ante” la democracia; ni es tampoco el malestar “en” la democracia, el desasosiego que veía Ortega en el interior de la democracia en la época de la rebelión de las masas. Es exactamente el malestar “de” la democracia, de sus instituciones políticas y de su realidad social. [...] El malestar de la democracia es doble: es en primer lugar subjetivo, el del sujeto que debe considerarse “ciudadano”. Se manifiesta como un desafecto, como una indiferencia cotidiana hacia la democracia que equivale a su aceptación pasiva y acrítica, al rechazo implícito de sus 16

presupuestos más complejos y comprometedores. [...] Es también un malestar objetivo, estructural. Nace de la inadecuación de la democracia, de sus instituciones para mantener sus propias promesas, para estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad. La democracia ha sido arrasada por las transformaciones del mundo.

Esto es doblemente paradójico, ya que no sólo vivimos en una época en la que se podría decir que la democracia como sistema político ha triunfado casi indiscutiblemente, sino porque tal vez, desde la época de su invención en la Grecia de los siglos VI y V a.c., en ninguna otra época –salvo tal vez aquella que la vio nacer– se habían dado como hoy las condiciones sistémicas y tecnológicas para alcanzar el mayor grado de participación posible ni existían los mecanismos para regular y vigilar el desempeño del gobierno que hoy tenemos a la mano. En muchos sentidos –como insinuamos más arriba–, el problema de la democracia tiene que ver con la multiplicidad de sentidos y significados que se le asocian, así como con la variedad de conceptualizaciones que de la misma se han hecho, a tal grado de que a veces es dudoso que estemos hablando de lo mismo. Olvidamos demasiado fácilmente que el debate político e ideológico se da en primer término en torno a la definición legítima de las categorías claves de la lucha política, y hoy por hoy una de estas categorías es sin lugar a dudas precisamente la democracia, y detrás de los discursos y las polémicas que experimentamos se fragua una lucha por lograr que se acepte la definición de la misma que le es más conveniente a cada actor político. De tal forma que no podemos suponer que existe algo así como La Democracia, con “D” mayúscula, ante la que todas las otras democracias de carne y hueso y con “d” minúscula no serían más que encar17

naciones imperfectas que se acercan más o menos a la definición legítima. Y esto es precisamente lo que está en el tintero. Para algunos, la democracia se limita a la repartición de poderes, el respeto irrestricto a las leyes y a la formalidad de un proceso electoral. Para otros, en cambio, si bien las anteriores son necesarias, lo que justamente está en juego es la distribución justa y equitativa del poder y de las oportunidades, en la que exista un verdadero sistema de participación que garantice la inclusión en la tomas de decisiones de todos los sectores de la sociedad. En esta última definición, el proceso electoral es sólo un aspecto de lo que se persigue, sin lugar a dudas imprescindible pero no el único ni forzosamente el más importante. Por otra parte, el contexto en el que se ha podido desarrollar aquello que entendemos como democracia ha ido cambiando en forma por demás significativa, desde sus inicios en la Grecia clásica, con sociedades relativamente simples y con apenas decenas de miles de “electores”, hasta las sociedades contemporáneas con padrones superiores a la decenas de millones, como es el caso de México, con un padrón que supera los 60 millones de electores. Además del número de ciudadanos con posibilidades de participación en el sistema democrático, la forma democrática ha variado desde la directa hasta la universal y participativa, pasando por la censitaria y representativa. Otro cambio significativo que aquí nos ocupa de manera especial, tiene que ver con los cambios tecnológicos que han favorecido uno u otro tipo de participación ciudadana en los asuntos públicos, como el ocurrido a mediados del siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles por parte de Johannes Gutemberg (1398-1468), o la emergencia de lo que hoy se conoce como opinión pública posibilitada por el surgimiento y la generalización de la prensa escrita a finales del siglo XVIII, lo 18

que ocurrió en primer lugar en Inglaterra con el inicio de la circulación diaria del Daily Courrant (1702). La historia de la democracia se encuentra íntimamente relacionada con el cambio en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como magistralmente lo expuso Jürgen Habermás en su libro Historia y crítica de la opinión pública y como los nuevos y sorprendentes desarrollos en esta materia nos lo demuestran día con día. Aunque esta relación no es sencilla ni unilateral, sino compleja y polivalente. Como ya dijimos antes, y como lo desarrollaremos más adelante en el capítulo II, después de la ola democratizadora de fines de los 80 y los 90, la democracia indirecta y representativa entró en una grave crisis de legitimidad y participación, en muchos sentidos debido a la incapacidad para cumplir sus promesas y hacer frente, al mismo tiempo, a los retos que la globalización le ha impuesto a los sistemas estatales, por un lado; y por el otro, e íntimamente relacionado con lo anterior, debido a la fragmentación, atomización y anomia que dichos procesos han provocado, junto con otros más directamente relacionados con el desarrollo político de cada país. Detrás de dicha crisis de legitimidad, también se encuentran las distintas distorsiones y perversiones observadas en formas diversas en la gran mayoría de los sistemas democráticos del mundo, tanto en aquellos que habían alcanzado su madurez en los países más avanzados del orbe, como en los que iniciaron hace relativamente poco tiempo su periplo democrático después de haber experimentado regímenes totalitarios (como en Rusia), autoritarios o semi-autoritarios, como creemos que es el caso de México; en los cuales la desigualdad, la inseguridad, el clientelismo, el corporativismo, la falta de mecanismos claros y confiables de rendición de cuentas y transparencia, la corrupción y, en fin, la falta de una cultura democrática sólidamente establecida, entre muchos otros factores, han mermado en for19

ma grave la confianza en las relativamente jóvenes instituciones democráticas. Entre los factores asociados con la globalización como causantes de la crisis democrática que nos ocupa, tal vez uno de los más importantes tenga que ver con las fallas que aquella ha provocado en los mecanismos de contrapesos que constituyen la columna vertebral de toda democracia, debido al surgimiento en el seno del sistema global de fuerzas de distinta índole que trascienden el marco estatal dentro del que, y para el cual, el sistema democrático funciona. Algunas de estas fuerzas son por su misma naturaleza globales, como la transnacionalización del capital, la fragmentación mundial del proceso productivo, las finanzas globales, los cárteles del crimen organizado, las compañías transnacionales y los medios de comunicación que operan a nivel planetario; y otras locales, si bien asociadas a los procesos desarticuladores provocados por la globalización, como lo son la fragmentación y feudalización del poder estatal, la relativa independencia respecto a la regulación en el seno del espacio estatal, el excesivo poder de algunos grupos de interés nacionales e internacionales, la pérdida de intermediación ciudadana por parte de los partidos y las instituciones estatales, la oligopolización de las estructuras partidarias y la partidocracia resultante, entre muchos otros factores. Por debajo de todos estos fenómenos pensamos que se encuentra la pérdida de valores democráticos y, sobre todo, la atomización ciudadana y la desvinculación y des-intermediación comunicativa entre las instituciones democráticas del estado y la ciudadanía, la cual se siente cada vez menos representada y no ve reflejados sus intereses y aspiraciones en la agenda nacional. A nuestro entender, es aquí donde las nuevas TIC pueden llegar a jugar un papel determinante, en la medida en que se pueden convertir en un nuevo espacio público dentro del cual el 20

ciudadano pueda participar en forma significativa. Ya que si hay algo común a cualquier noción de democracia es el reconocimiento del derecho de todo ciudadano a participar activamente en el diseño de las instituciones y las leyes que lo van a representar y gobernar, a emitir su opinión respecto de la cosa pública, así como respecto del proyecto colectivo dentro del que se inserta su propio proyecto de vida personal. La democracia, en este sentido, no es tanto el poder del pueblo como entidad abstracta y anónima, sino la defensa del derecho de toda persona a participar activamente, a través del diálogo y la argumentación racional, en la definición de los asuntos públicos y en el diseño de las instituciones y leyes bajo las cuales se desarrolla su vida, y esto es así ya desde sus inicios, en la Grecia clásica. En todo caso, el ideal político positivo y relativamente universal en el espacio político griego no es la democracia sino la parrhesía o parresia, la franca libertad de palabra en público, y la isonomía, es decir, la igual sujeción de todos a la ley, a la ley escrita y a la no escrita, natural o divina, ideales que pueden ser reivindicados en algunas circunstancias incluso por los nobles (Galli, 2013:16).

En aquella sociedad el uso directo de la palabra en la discusión de los asuntos públicos era materialmente posible en virtud del tamaño de la comunidad y del espacio público de las asambleas. Las discusiones, por ejemplo, tenían lugar ya sea en el Consejo (boulé) (conformado por 500 representantes de las 10 fylai (tribus) en las que se agrupaban las 30 tryttes y los más de 150 demoi que conformaban la sociedad ateniense), ya en la Asamblea (ekklesía) que “se reunía en un lugar abierto, la Pnix, cuya capacidad máxima apenas sobrepasó las seis mil personas” (García Moreno, 2008). Por sus dimensiones, en las sociedades contemporáneas las discusión directa y en persona de los asuntos públicos es mate21

rialmente imposible, razón por la cual la representación política a través de delegados ha constituido la mejor opción para llevar a cabo la discusión en vivo de los asuntos de interés general. Gracias a las TIC, sin embargo, hoy es posible ampliar el espacio público y hacer un uso directo de la palabra en espacios virtuales de dimensiones extraordinarias, con lo que se abren enormes posibilidades para el diseño de formas de participación directas que hace tan sólo algunos años habría sido imposible si quiera imaginar. Después de una revisión y discusión crítica en los capítulos I y II de la historia de la democracia directa en la antigüedad y del surgimiento y consolidación de la democracia indirecta y representativa a finales del sXVIII, durante el sXIX y a lo largo del siglo XX, revisaremos en el capítulo III la relación entre los partidos y los medios de comunicación y la democracia infinitesimal que parecen haber producido, y en el capítulo IV el desarrollo y posibilidades de las TIC con miras a la emergencia de una ciudadanía digital, para finalmente, en los capítulos V y VI discutir una propuesta para transparentar el poder legislativo y esbozar las características de la ciudadanía digital en la sociedad abierta, respectivamente. La tesis general del libro se centra en el potencial de las TIC para facilitar la consolidación del ciberespacio como espacio público en el que se puedan desarrollar formas eficaces de participación ciudadana directa como estrategia para el fortalecimiento de una democracia plural, abierta y participativa en las sociedades complejas contemporáneas.

Primer Capítulo DEMOCRACIA DIRECTA; UN VIEJO RECUERDO

evolver la mirada sobre los caminos que ha recorrido la democracia, en particular sobre sus orígenes en la Grecia clásica en la que se inventó este sistema político, es de particular importancia para nosotros en la medida en que nos permitirá llevar a cabo una reflexión sobre las condiciones y el contexto en que vio la luz este sistema político y, sobre todo, sobre las características de la forma directa que adoptó la misma en sus orígenes, lo que nos permitirá, a su vez, delinear algunos de los aspectos relevantes de la democracia directa que son de interés para el tipo de participación directa que se puede lograr hoy en día por medio de las TIC. Al intentar realizar un bosquejo de la evolución histórica de las concepciones acerca de la democracia y la vida política de la civilización occidental, resulta obligado referirnos a las instituciones democráticas y republicanas de Grecia y Roma; particularmente de la primera, por haber sido la cultura en la que se inventó la noción misma de aquella que hemos heredado. Si bien entre la democracia actual y la Griega existen enormes diferencias y discontinuidades, no cabe la menor duda de que la noción que de la misma tenemos hoy en día está en deuda con la configuración política creada en la sociedad de la Grecia Clásica, en particular con la desarrollada en Atenas entre los siglos VI y IV a.C. En este sentido, el presente capítulo busca, en primer lugar, echar un breve vistazo sobre el legado democrático y republicano de Grecia y Roma, respectivamente, revisando las concepcio23

nes y dinámicas creadas en aquellas culturas en torno al involucramiento ciudadano en la vida política; y, en segundo lugar, ahondar en la diversidad de definiciones y concepciones sobre la democracia por parte de los principales pensadores de la ciencia política, a fin de reflexionar sobre algunas de estas nociones y arrojar alguna luz sobre su pertinencia en la incorporación de las TIC en la vida política y democrática de nuestros días.

La democracia directa La democracia como forma de gobierno introduce desde su etimología la noción del “poder del pueblo” como política igualitaria y liberal para la solución y el manejo de los problemas de una comunidad; constituye un ideal inherente a la vida política y social de las sociedades modernas, garantía indispensable, mas no suficiente, de libertad e igualdad, como principio máximo de una sociedad que se concibe como justa, racional, ejemplar y afable. El régimen político y social que conocemos como democracia se originó en la Atenas de finales del s. VI a.C., con las reformas impulsadas por Clístenes en el 506-507, a.C., precedidas por las de Solón a principios del mismo siglo (Fernández Nieto, 2008; García Moreno, 2008; Osborne, 2007). Se trató de un sistema de gobierno que más que poner el poder en manos del pueblo llano, amplía a todo ciudadano la posibilidad, el derecho y la obligación, de participar libremente en los asuntos de la polis, un sistema que tal vez merezca más el nombre que recibía en el vocabulario político griego de politeia, que: […] trasciende la tradicional traducción de “constitución”, y hasta incluso al de régimen político en sentido lato. Ciertamente suponía 24

que el poder estaba en las manos de la mayoría de los ciudadanos, el pueblo o demos, en su mayor parte formado por gentes de condición social y económica humilde. Y de ahí el nombre que recibía: democracia, el “poder del pueblo”. Pero era mucho más que eso, constituyendo todo un sistema de relaciones y de actitudes entre las gentes, tanto en sus actividades privadas como en las públicas y para con el Estado; tutelado y sancionado por las leyes, sí, pero también y sobre todo por un sistema de valores no escrito sancionado por la tradición (García Moreno, 2008:73).

Se trata de un sistema político que se regía no tanto por el principio del poder ‘exclusivo’ del pueblo (acepción un tanto errada que ha prevalecido a lo largo del tiempo), como por el de la igualdad o isonomía entre todos los ciudadanos de la polis: “igualdad para hacer propuestas (isegoría), igualdad para votarlas (isopsefía) y plena libertad de palabra (parrhesia) para cualquier asambleísta (García Moreno, 2008:87); igualdad que se extendía a la libertad (eleuthería) –exigencia, incluso– de todo ciudadano para participar en los asuntos de la polis como parte del deber cívico que se esperaba de él. Como puede apreciarse, la democracia en la Grecia clásica, de la misma forma que la versión moderna que emerge, lenta y fragmentariamente primero –en la Europa del siglo XVII y principios del XVIII (particularmente en los Países Bajos e Inglaterra)–, violenta y vertiginosamente después –a finales del sXVIII y a lo largo del XIX en algunos países de la Europa occidental y en los Estados Unidos–, representa antes que nada el esfuerzo por frenar los abusos absolutistas, aristocráticos o tiránicos del poder, así como por alcanzar el derecho a la libre participación de todos en el diseño, el gobierno y la administración de la polis, primero, y del Estado, después. En sus inicios, en la Atenas de los siglos VI, V y IV a.C., tales anhelos tomaron la forma de democracia directa, dada la exis25

tencia de sociedades relativamente pequeñas –comparadas con las actuales–, en las que predominan las relaciones cara a cara y en las que la decisión de los asuntos más relevantes de la comunidad se ventilan en asambleas ciudadanas mediante la discusión libre y abierta, en la que impera el diálogo, la argumentación racional, la persuasión y la defensa ponderada de las ideas. Sin embargo, si bien no cabe duda de que se trata de una democracia directa en la que participan potencialmente todos los ciudadano de la polis, es un error de perspectiva asumir acríticamente, a partir de su etimología más evidente, que la democracia ateniense se distingue por ser un “gobierno del pueblo”, entendiendo por este a las masas desposeídas en contraposición a las élites dominantes, aristocráticas y oligárquicas. Al igual que sucede en la época moderna, el trasfondo de la democracia ateniense tiene que ver con los esfuerzos llevados a cabo para poner límites al abuso despótico y tiránico del poder; en el caso concreto de Atenas, al que tuvo lugar a mediados del siglo VI a.C., por parte de los así llamados Pisistrátidas, primero el tirano Pisístrato y, después, su hijos Hiparco e Hipias. Efectivamente, entre la democracia antigua (la de Atenas) y la moderna hay paralelos múltiples. En uno y otro caso se trata de salir de una situación de opresión, de llegar al autogobierno, aumentando la autoestima, el orgullo si quieren. En Atenas, lo tiranos habían favorecido al pueblo, buscando su bienestar económico y su participación en las fiestas de la ciudad y en sus cultos, integrándole en ella: pero seguía sin tener poder político. Así, en el siglo VI a.C., con el tirano Pisístrato y sus hijos Hiparco e Hipias. El pueblo quería ese progreso económico y algo más: dignidad (Rodríguez Adrados, 2008:35).

No debemos pasar por alto el significado dado al demos a partir del cual se construye el término demo-cracia. Los de26

mos a partir de los cuales construye Clístenes el régimen que habría de bautizarse posteriormente con el nombre de democracia, no es el pueblo entendido simple y llanamente como el estrato bajo de la sociedad, la masa de ciudadanos desposeídos –si bien demos también se refiere a ellos–, sino los demoi que constituyen antes que nada “unidades administrativa de base territorial [basadas] en el tipo de hábitat normal en el Ática, de pequeñas aldeas o pueblos de tamaño variado, genéricamente denominados con aquél nombre” (García Moreno, 2008:88). Es decir, demoi significa antes que nada pueblo en el sentido de población u localidad y sólo por extensión significa ‘pueblo’ en el sentido de gente común y humilde calificada como de menor categoría o de clase baja en las sociedades estamentales o de clase, respectivamente. Esta aclaración es importante, puesto que aleja el sentido etimológico de la democracia de sus acepciones tanto populistas como elitistas que la asocian al gobierno del pueblo en el sentido del gobierno de los de abajo, ‘exclusivamente’. Precisamente, más que el gobierno ‘exclusivo’ del pueblo, entendido como las clases bajas, la democracia ateniense se configuró como un sistema que incluía en el gobierno y en la toma de decisiones al conjunto total de ciudadanos, incluidos los “ciudadanos carentes de bienes raíces”, sin exclusión de los otros grupos. En cierta manera, se trató de un mecanismo para crear contrapesos políticos en los procesos de tomas de decisión de la polis, tanto en la Asamblea (ekklesía) como en el Consejo (boulé) y en los tribunales. Lo realmente histórico de las reformas de Clístenes era que permitía por vez primera el ejercicio de plenos derechos al demos, a la masa de ciudadanos carentes de bienes raíces [...] Clístenes había partido de una correcta comprensión de las profundas transformaciones socioeconómicas sufridas por Atenas a lo largo del siglo 27

VI a.C., de tal manera que sólo un nuevo edificio institucional que estableciera el equilibrio entre las antiguas y nuevas realidades sociales sería capaz de asegurar la paz política. Sería precisamente esta luminaria conciencia política de los elementos más dinámicos del demos y de ciertas familias de la nobleza, que prestaron su colaboración, lo que otorga su gran singularidad histórica a los acontecimientos atenienses del 508-507 a.C. (García Moreno, 2008:96-97).

Esto es de capital importancia para la comprensión, antes que nada del contexto que da origen por vez primera a la democracia, así como del que permitió su resurgimiento, bajo condiciones ciertamente distintas, en la época moderna; pero sobre todo, del contexto que hoy estamos viviendo en donde los cambios socia-políticos, económicos, culturales y tecnológicos nos obligan a reformular la democracia y hacer uso de nuevas y novedosas formas de ejercer la ciudadanía, acorde con las realidades del siglo XXI. Para lo cual resulta necesario detenernos un poco más en la reflexión sobre las características de la democracia en la cultura que la vio nacer: la griega.

La democracia radical en el periodo de Pericles En Grecia, la democracia como régimen de gobierno se consolida en el año 462 a.C, aunque, como ya vimos, inicia mucho antes, a finales del siglo VI a.C. Dicho régimen ha sido denominado por diversos estudiosos como una democracia radical en el seno de la polis o ciudad-estado como unidad política. En aquella, el ciudadano –como base fundamental de la democracia– accedía al poder sin intermediarios, en los diferentes espacios políticos de debate y deliberación como la Asamblea, la cual se reunía cerca de cuarenta veces al año, y el Consejo de los Quinientos, que 28

organizaba las decisiones junto con el Comité de los Cincuenta, que era a su vez el comité ejecutivo de la Asamblea. En la Atenas de Pericles, la Asamblea consistía en la reunión general de los ciudadanos varones mayores de dieciocho años para decidir sobre leyes, finanzas, relaciones exteriores, orden público, entre otros asuntos de la polis. El acceso a la palabra era una de las peculiaridades apreciables de las asambleas, la palabra era el objeto de intercambio político en la democracia. Las asambleas se caracterizaban por debates extensos y populares en el que todos los participantes tenían la libertad para hablar, proponer, deliberar y votar, en condiciones de igualdad y equidad. La centralidad de la palabra hacía que el éxito dependiera sobre todo de las habilidades oratorias, antes que del prestigio, el poder o la riqueza de los participantes, aunque ciertamente llegaban a pesar, sobre todo el prestigio, en la autoridad conferida a los oradores. Los atenienses realizaban la votación a mano alzada, pues se asociaba el voto y la voluntad de la mayoría con la proporción y lo justo, valores fundamentales, junto con el respeto a la Ley –escrita y no escrita–, misma que fundamentaba y era fundamentada por los principios de la libertad y la igualdad. Es decir, tanto una como otra se constituían en el marco de la Ley y ésta se legitimaba sobre estos principios fundamentales que al mismo tiempo garantizaba y respaldaba. Los tribunales de justicia (dikasterioi), otra de las instituciones fundamentales de la democracia ateniense, estaban conformados por ciudadanos comunes, y la mayoría de las magistraturas eran cargos públicos que debían rotarse periódicamente y a los que se accedía mediante sorteo. La administración de la justicia también estaba en manos del pueblo, pues votaban tanto la culpabilidad como la pena. Los tribunales o jurados populares se organizaban con criterios similares a la Asamblea, los magistrados eran elegidos por periodos de un año y cumplían funciones ejecutivas, diseñándose además una variedad de mé29

todos para seleccionarlos, como el sorteo y la elección directa, una manera radical de ver la igualdad. Los ideales de la democracia ateniense pueden verse sintetizados en la oración fúnebre de Pericles, plasmada por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso: Tenemos un régimen político (politeia) que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre que cada uno, a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto, es honrado en la cosa pública; y no tanto por la clase social a la que pertenece como por su mérito, ni tampoco, en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a loa negocios públicos, sino también lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo per sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y a las leyes y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escitas, traen una vergüenza manifiesta a quien las incumple.

De las palabras de Pericles que sintetizan el ideal de la democracia ateniense, Héctor Ceballos (1995) extrae los siguiente principios democráticos: 1) El gobierno debe estar al servicio de la mayoría y no de la minoría, 2) La ley tiene que regir en 30

igualdad de condiciones tanto para los ricos como para los pobres, 3) La democracia es una forma buena de gobierno que se caracteriza por el imperio de las leyes y no de los hombres, y 4) El respeto irrestricto a la libertad ciudadana ya se trate de la vida privada o de la pública.

Un modelo perfectible de gobierno La democracia en Atenas se ha concebido como el estándar más alto de un régimen de gobierno, empero, el surgimiento de estas democracias ideales fue un proceso en continuo cambio a lo largo de generaciones, en el cual uno de los factores más importantes fue el surgimiento de la ciudadanía. La democracia era posible por la composición social del pueblo y la extensión de los derechos políticos, sobre todo la igualdad política entre clases sociales. La democracia en Atenas se caracterizaba por la virtud cívica, los hombres sólo podían vivir honorablemente como ciudadanos. La perfección de la democracia o al menos la consecución de ésta en las sociedades actuales, sucederá asimismo como producto de un proceso y suma de cambios a lo largo de generaciones, aunque sin duda es lógico suponer que dicho proceso podría haber sido más sencillo o asequible en comunidades compactas, donde la comunicación entre los ciudadanos sucedía de forma relativamente directa y sin mediaciones, y el impacto social de las decisiones se podía ponderar de forma casi inmediata. Así mismo, el volumen reducido de población y las estructuras sociales simples, permitían que la toma de decisiones fuera menos ardua. Si bien la sociedades contemporáneas están lejos de contar con tales características –derivadas, entre otras cosas, de sus dimensiones y de su elevada complejidad–, la velocidad en la 31

verificación del impacto de las deliveraciones, la abreviación de los tiempos y la aminoración de las complejidades de los procesos, la discusión y deliberación de los asuntos públicos, entre muchos otros aspectos inherentes a la vida democrática, son factibles de lograrse o facilitarse a través de TIC. No cabe duda de que la democracia ateniense ha sido fuente de inspiración para el pensamiento filosófico y político moderno, estableciendo principios fundamentales como la igualdad, la justicia, la libertad y el respeto. Su legado se presenta ahora paradójicamente como el compilado de los retos que enfrentan las sociedades modernas para poder consolidarse como regímenes democráticos. Algunos de estos principios, sintetizados por Héctor Ceballos (1995) son: la responsabilidad del hombre público ante la ley, las limitaciones temporales en el ejercicio del poder político, la participación activa y directa de los ciudadanos en el quehacer político, la obediencia cívica a la ley estatuida, la prevalencia del diálogo público y racional sobre la violencia represiva y la vigilancia de la acción gubernamental por parte del pueblo, entre otros. De este modo, se hace realidad por primera vez en Grecia la idea de que un grupo de hombres encuentra en sí mismo la fuerza, los motivos y las razones para gobernarse, sin esperar recibir la legitimación de ninguna entidad de orden superior y sin entregarse a élites que aleguen detentar una verdad oculta para la mayoría o ser mejores por naturaleza: el todo está animado por la independencia de las partes, entre las que no se supone la existencia de ningún tipo de jerarquía natural. Existen en el mundo Griego, sin lugar a dudas, valores parecidos a los que nuestra sociedad asocia de manera indefectible con la democracia y que hoy por hoy parecen verse amenazados en forma preocupante: la igualdad ante la ley, la transparencia de la política, el autogobierno, la tolerancia hacia la diversidad de los individuos (si bien su concepción de la misma sea mucho 32

más limitada que la que, afortunadamente, hemos alcanzado en los últimos años), la aceptación y reconocimiento de obligaciones y derechos para con los otros y con la sociedad y, sobre todo, sin pretender con ello ser exhaustivos, la orientación y legitimación final de la política hacia el libre y equitativo florecimiento individual y colectivo.

La República Romana Si bien en el régimen romano no se utiliza el término democracia, se puede argumentar en forma convincente que la noción de república utilizada por los romanos guarda similitudes importantes que nos autoriza a compararlas. Los romanos denominaron a su sistema República, compuesto del latín res, que significa “cosa o asunto”, y publicus, que se refiere a lo “público” y que deriva de la palabra popûlus, que significa “pueblo”. La república comprendía, entonces, lo perteneciente al pueblo romano. La cosa pública, res pública, es asunto del pueblo, y el pueblo no es cada grupo de hombres, asociados de cualquier manera, sino un amplio conjunto de hombres unidos por un acuerdo común acerca de la ley y los derechos y por el deseo de participar de mutuas ventajas (Cicerón, s.f ).

Aristóteles afirmaba que la democracia existía cuando una mayoría de ciudadanos pobres ejercían la soberanía, y en torno escribió: La primera forma de democracia recibe este nombre en atención sobre todo al principio igualitario. La legislación de esta democracia, en efecto, hace consistir la igualdad en que los pobres no 33

tengan preeminencia sobre los ricos, ni uno u otra clase tenga la soberanía, sino que ambos estén en el mismo nivel. Si como algunos opinan, la libertad se encuentra principalmente en la democracia, y también la igualdad, esto se realizará más cumplidamente cuando todos participan plenamente del gobierno por igual, y como el pueblo está en la mayoría, y la decisión de la mayoría es soberana necesariamente será este régimen una democracia. (Aristóteles. Etica Nicomáquea, Cap. Iv. Libro Cuarto)

La república consolidó la Ley como elemento fundamental para cuidar los principios sobre los cuales estaba construido el régimen de gobierno. La democracia se legisló y la igualdad de condiciones ante la ley permitía que a los asuntos de la república se les dieran salidas justas. Así mismo, la idea de república se basa en la de soberanía, como pilar y residencia del poder, aunque el ejercicio de la misma no se realizaba de manera directa; se necesitó de representantes e instituciones para dar salida a los requerimientos de ciudades más populosas e indiscutiblemente más complejas. Al respecto, Aristóteles resumió los retos de la democracia, y propuso algunos componentes para dar forma a la organización de la república: Donde quiera que el territorio tiene tal extensión que le permita alejarse mucho de la ciudad, es fácil construir una excelente democracia o república, toda vez que la masa de la población se ve obligada a establecerse en el campo, y por más que haya gente que frecuente la plaza pública, es mejor para las democracias no celebrar asambleas sin la población campesina. Queda dicho en suma, cómo debe establecerse la democracia mejor y primera; y es claro también como deben organizarse las demás, las cuales se desviarán progresivamente de aquel modelo, y en este grado deberán admitir un pueblo siempre inferior. La última forma de democracia por ser aquella en la que todos participan, no puede llevarla cualquier ciudad ni es 34

fácil que perdure a menos de concurrir la influencia de las leyes y las costumbres. Para establecer, pues, esta democracia y hacer fuerte el elemento popular, sus dirigentes tienen por costumbre hacer de su pedido a todos cuantos pueden, y otorga la ciudadanía no los a los hijos legítimos , sino a los bastardos. [...] De este modo por tanto suelen proceder los demagogos, cuando lo debido sería no incrementar la ciudadanía sino hasta el punto en que la masa popular sobrepase las clases superior y media, y no ir más allá de este límite. [...] Deben crearse más tribus y fratrías, reducirse los ritos privados, convirtiéndolos en públicos, e ingeniarse por todos los medios para que los ciudadanos se mezclen entre sí y se disuelvan las antiguas asociaciones . (Aristóteles. Ética Nicomáquea, Cap II. Libro V)

La idea romana de ciudadanía en el seno de la República hace referencia a una posición de hombres libres con derechos y deberes, pero generó nuevos debates acerca de lo que es la cosa pública y sobre lo que se considera necesario resolver en colectivo. Este debate sigue vigente en la actualidad, con la aparición de nuevos actores y la diversidad de intereses característica de nuestras sociedades, con la natural heterogeneidad y contraposición entre algunos de ellos a causa de la enorme desigualdad existente entre las distintas clases sociales.

Nuevos intentos por definir la democracia La derrota final de Atenas en la Guerra del Peloponeso en el 406 a.C. significó el fin de la hegemonía ateniense y el declive irremediable de su democracia, la cual sufrió la estocada final con la paz forzada impuesta por Filipo II de Macedonia, en los años 346-345 a.C. La democracia prácticamente desapareció como sistema político hasta su reinvención como democracia representativa en 35

la Europa de los siglos XVII y XVIII, con la República Romana como uno de los pocos sistemas políticos que durante ese lapso de tiempo se regía por principios que pueden calificarse de democráticos. Podría argüirse, como lo hace Carlo Galli (2013:22), que: [El] puente específico y peculiar entre la Antigüedad y el Medioevo, que llega hasta la modernidad, lo constituye el hecho de que con el nombre clásico de “república”, sobre la que no pesaban las críticas que en cambio recaían sobre la democracia, se entiende una forma de gobierno en el cual el poder del pueblo se manifiesta como “parte”, como lucha contra la aristocracia y, aún más, contra la tiranía, a favor de la libertad.

En este sentido, la república se manifiesta como un sistema político de raigambre humanística “que considera que el objetivo de la política es la libertad del hombre, o sea, no ser dominado” (Galli, 2013:22), con lo que se recupera la preocupación griega por la libertad bajo la ley, al tiempo que se desplaza el acento desde la igualdad como isonomía y del ‘gobierno del pueblo’ –como la expresión de la deliberación entre las partes que conforman un todo unido por la idea de ciudadanía, pero diferentes en tanto que parcialidades dialogantes encontradas–, hacia la soberanía y la voluntad general, bajo las cuales en adelante se definirán y distinguirán tanto la igualdad como la libertad; entendida la primera en un sentido abstracto como igualdad ante la ley y dentro del contrato social que instituye la soberanía y expresa la voluntad general; y la segunda, la libertad, como el derecho a no ser gobernado más que por sí mismo a través de representantes delegados y electos, y como la posibilidad de ver garantizada, también bajo la ley y por la ley, su independencia como sujeto autónomo e individual. 36

Es en el espacio de tales concepciones que los teóricos políticos de la democracia moderna y representativa discurrirán sus ideas y concepciones sobre la misma, más preocupados, desde los primeros pensadores, por el origen de la soberanía, por los frenos posibles al despotismo regio absolutista, por la división de poderes y el impedimento y distribución del poder monopólico, así como por la legitimación del Estado a través de la constitución de una unidad legal encargada de garantizar, antes que nada, los derechos humanos, políticos y sociales de los individuos para los que él se instituye y quienes son instituidos por él mismo como los ciudadanos que lo dotan de sustancia. En una época relativamente temprana, John Locke (16321704) desarrolla su teoría contractualista de la sociedad y el Estado, que anticipa muchos de los principios del liberalismo dieciochesco y decimonónico. En el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), por ejemplo, describe que todo gobierno y toda formación de una comunidad legítima es la representación de un contrato social donde todos tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, así como a resistirse a cualquier gobierno injusto y arbitrario. Locke, en este sentido uno de los principales precursores del liberalismo y de la teoría política moderna, supo identificar el conflicto permanente entre los derechos humanos y las exigencias de la propiedad privada, equiparando la protección de las libertades civiles con los derechos de propiedad, para lo cual es menester limitar el poder del Estado, a través de dispositivos democráticos y republicanos como el federalismo y la división de poderes, proponiendo un sistema político que articula la libertad económica del individuo con la existencia y preeminencia de un Estado fuerte capaz de dirimir las querellas entre sus ciudadanos. Por su parte, Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689-1755), adopta como preocupación principal en sus escritos no tanto la democracia en sí misma, 37

sino la tendencia del poder del Estado a convertirse en un poder absoluto y, por lo tanto, se preocupa antes que nada por idear fórmulas y mecanismo que permitan equilibrarlo. En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu distingue tres tipos ideales de gobierno: la monarquía, el despotismo, y el gobierno republicano o popular, que demanda de las personas en el poder virtud pública o el deseo de alcanzar el bien común. El pueblo escoge a hombres a quienes confía la autoridad con base en la virtud mostrada por éstos a través de su interés por el bien común y por representar la voluntad general. Montesquieu afirma que el pueblo tiene la capacidad de discernir, y que dudar de sus capacidades es olvidar las admirables elecciones que los atenienses y romanos hicieron bajo regímenes democráticos y republicanos. Así mismo, sostuvo que la duración y prosperidad de una democracia depende de la división de clases, más las distinciones entre los que tienen derecho al sufragio y los que no. Para Montesquieu, la naturaleza del gobierno se compone entre la diferencia de lo que le hace ser, es decir sus estructuras y los principios que lo hacen obrar o el producto de las pasiones humanas que lo mueven. Es así que en todo Estado se necesita más que las Ley, se requiere de la virtud y los valores que contribuyan a canalizar los deseos y las pasiones humanas. Por su parte, Thomas Hobbes (1588-1679), enaltece la libertad del hombre y considera que la virtud del gobierno radica en su capacidad para garantizarla. El gobierno se basa en el control de la opinión pública, pero toda sociedad vive en la paradoja de someterse a los gobernantes, aunque su fuerza resida en ellos. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es uno de referentes ineludibles del pensamiento democrático moderno, para quien, sin embargo, la democracia es incompatible con los principios representativos, pues considera que la soberanía del pueblo no puede ser representada, cuando el pueblo consiente en ser representado deja de ser libre. 38

La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada [...] Los diputados del pueblo, no son, por tanto, ni pueden ser sus representantes, no son más que delegados; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula, no es una ley.”(Rousseau, 1762.)

Rousseau sugiere que los gobiernos democráticos son viables si se reúnen en confederaciones, y aunque acepta la existencia de varias formas de gobierno, admite sólo una forma de Estado: la República. Ya en el siglo XIX, John Stuart Mill (1806-1873), sostiene también a la necesidad del hombre libre como elemento esencial de la democracia, pero a diferencia de Rousseau defiende al gobierno representativo: [...] como la forma de gobierno que inviste de la soberanía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de vez en cuando, intervención real por el desempeño de alguna función local o general (Citado en: Abellán, 2008:182).

En Sobre la libertad (1859), Mill sostiene que entre las libertades esenciales para una democracia funcional se encuentran la libertad de asociación, de pensamiento y discusión. Para Mill, la forma de gobierno ideal es la democracia pues es la que mejor cumple con dos fines característicos del buen gobierno: una gestión pública eficaz y el progreso individual y social. La democracia es la forma más eficaz de administrar los asuntos públicos y favorece el progreso humano al fomentar la participación pública de los ciudadanos. La democracia es presentada por Mill, como una forma de vida y un componente necesario para evitar la deshumanización. 39

Años después, John Dewey (1859-1952), en Democracia y educación (1916), concibe a la democracia no sólo como una forma de gobierno sino, más aún y sobre todo, como una forma de vida; explica que en la democracia los ciudadanos cooperan entre sí para solucionar los problemas comunes a través de vías racionales, en un espíritu de respeto mutuo y buena voluntad, de tal forma que la participación en una democracia exige hábitos mentales críticos, una inclinación hacia la cooperación y el deseo de alcanzar el bien común. También para Karl Popper (1902-1994), filósofo racionalista austriaco compañero de viaje del famoso Círculo de Viena, partiendo del el supuesto de que la esencia de la democracia es la soberanía, considera que la proporcionalidad se revela también como esencial. Sostiene que el resorte y el motor de la evolución y el progreso es la variedad del material que puede llegar a ser objeto de selección, siempre que se seleccione mediante la fuerza de la crítica y de la argumentación sin necesidad de recurrir a la violencia. Popper dice además, que la función de los partidos es canalizar la opinión pública, por lo que a mayor pluralismo mayor participación crítica y mayor democracia; si bien no piensa que la pluralidad de ideologías necesariamente debe traducirse siempre en pluralidad de partidos. Desde un enfoque diferente, respecto a otros pensadores liberales en lo que se refiere al papel del Estado y de la propiedad privada, Karl Marx (1818-1883), considera que la democracia representa la superación entre la división de lo público y lo privado, es decir, piensa que las sociedades alcanzan su máxima libertad cuando se establece una plena soberanía popular. Para Marx, el ideal de la democracia se puede ejemplificar con lo sucedido en la Comuna de París, un movimiento insurreccional que tuvo lugar en París, entre 18 de marzo al 28 de mayo de 1871; puesto que, para este pensador, el resultado de este movi40

miento fue la instauración por primera vez en la historia de un verdadero proyecto político popular. La Comuna fue un gobierno de la clase obrera que buscó transformar las instituciones vigentes en una democracia directa, con la finalidad de realizar redistribuciones del ingreso, perseguir la igualdad y eliminar las divisiones de clase existentes. La Comuna estableció la elección directa y por sufragio universal de sus representantes en diferentes distritos de la ciudad, los cuales eran responsables ante la sociedad y revocables en todo momento; el desempeño de cualquier cargo público devengaba un salario de obrero, ejerciéndose un ejercicio de crítica y autocrítica permanente. Marx consideraba al régimen comunal como el verdadero gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y no solo una forma de descentralización del Estado. Se buscaba la regeneración de la organización y del tejido social, donde la ciudadanía demostraba su capacidad de transformación política y social. Por otra parte, desde la perspectiva del humanismo político, la democracia se basa en el precepto de que el papel del ciudadano es el más elevado al que puede aspirar cualquier individuo y es la forma legítima de defender la libertad. Como exponente de esta perspectiva, Joseph Raz (1939) cree que la libertad política personal es un aspecto de la vida buena, derivada del valor de la autonomía y el pluralismo. La virtud ciudadana representa la diferencia esencial que constituye a la polis en una auténtica comunidad política, sin embargo, los individuos que participan en las decisiones deben trazar esquemas de acción cooperativa y distinguir entre el proceso de deliberación y de ejecución, comprometiéndose a respetar tales decisiones. Como expusimos desde un principio, no cabe duda de que existen casi tantas nociones de democracia como pensadores hay, tan diversas que a veces lo único que tienen en común es el término mismo: democracia. Y aun así, pese a sus diferencias, al 41

revisarlas no parece quedar ninguna duda de que en todas ellas hay un núcleo común, un conjunto de principios que si bien no son formulados explícitamente por todos los pensadores, subyacen sin lugar a dudas en cada una de sus concepciones de la misma. Toda concepción de democracia demanda cierto grado de igualdad entre los sujetos (ciudadanos que la constituyen), igualdad que ha de manifestarse en diversas formas concretas de libertad: libertad para hablar y proponer, libertad para negarse a la imposición injusta y arbitraria, libertad para elegir y ser elegido, libertad de participación en todos los asuntos de interés general y en aquellos que afecten de una u otra manera la vida de los individuos, libertad para asociarse, libertad para elegir, etcétera; y de igualdad; igualdad de derechos y obligaciones, igualdad ante la Ley, igualdad de oportunidades, igualdad política y económica. La democracia no se reduce al gobierno sino que se constituye en una forma de vida activa entre los individuos que la conforman, y debe traducirse en el libre florecimiento en igual dignidad de las partes diferenciadas en un espacio público en el que las diferencias se resuelven mediante el diálogo y el argumento racional, bajo el acuerdo irrestricto del rechazo a la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. En fin, las diversas definiciones en torno a la democracia tratan de mostrar cómo las estructuras pueden condicionar las formas de gobierno y cómo los diferentes actores en un sistema político interactúan en un contexto institucional e histórico, la democracia porta características del sistema político, pero a su vez queda determinada por él. En consonancia con la complejidad de las sociedades contemporáneas y el volumen de su población, los regímenes definidos como democráticos han adoptado en su mayoría formas indirectas y representativas; aunque con la aspiración a conser42

var algunos fundamentos de la democracia ateniense y la república romana, algunos países han incorporaron en sus constituciones algunos mecanismos de democracia directa que faciliten la participación sin mediaciones de la ciudadanía en los asuntos públicos, para lo cual las tecnologías de la información y comunicación ofrecen novedosas y atractivas posibilidades.

Instrumentos de la democracia directa La democracia directa es un sistema en el que todos los ciudadanos intervienen y deciden directamente y sin intermediaciones sobre asuntos comunes y de interés general; dadas sus dimensiones y complejidad, en las sociedades actuales ella se ha hecho posible a través de instrumentos tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, aunque su capacidad para contribuir a canalizar las demandas sociales sin caer en excesos populistas depende en buena medida de la evolución, cultura y capital “democrático” de la sociedad civil. La democracia directa puede contribuir en la canalización institucional del conflicto y abreviar la distancia entre las preferencias ciudadanas y la conducta de sus representantes, sin embargo, la escasa utilización de estos mecanismos, la difícil organización de la sociedad, el alto costo de los procesos y la débil confianza en las instituciones, han obstaculizado su consolidación como práctica corriente y efectiva en los países democráticos. Las TIC constituyen una alternativa para ayudar a superar los retos arriba mencionados, pues poseen el potencial para facilitar, agilizar y mejorar la conectividad y la comunicación en la sociedad civil, y entre ésta y el Estado, contribuyendo en forma significativa a mejorar y potenciar la comunicación, el debate 43

y el diálogo entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos de gobierno, en particular con aquellos encargados de legislar y tomar decisiones. Como ya dijimos, entre los instrumentos de democracia directa con que actualmente se cuenta en las democracias contemporáneas están la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, el veto y la revocación de mandato. La iniciativa popular consiste en el procedimiento a través del cual se presenta al poder legislativo propuestas de ley respaldadas por consultas populares. Por su parte, el plebiscito representa una fórmula mediante la cual el pueblo expresa su parecer respecto a un determinado planteamiento o iniciativa del Estado. En muchas ocasiones el plebiscito se equipara con el referéndum, y se entiende asimismo como el derecho del cuerpo electoral para rechazar o aprobar las decisiones del poder legislativo, permitiendo reformas o adiciones a la constitución de los Estados o a algunas normas de carácter local. Los anteriores recursos constituyen claras alternativas para superar las trabas entre instituciones a causa de la división de poderes, aunque el resultado de éstas depende desde luego de que los actores respeten su legalidad y de que no se abuse de ellas ni en un sentido populista ni en uno autoritario. La reforma realizada en el 2012 al artículo 71 de la Constitución Mexicana introdujo la iniciativa popular como mecanismo por medio del cual los ciudadanos tienen la facultad de presentar al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma, adición, erogación o abrogación de leyes o decretos en la materia de su competencia, pero su aplicación requiere aún la expedición de leyes reglamentarias. Aquella establece el derecho de los ciudadanos a promover leyes o decretos, respaldados por al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Las principales materias que se encuentran al abrigo de la Iniciativa Popular 44

son la materia tributaria o fiscal y presupuestos del Estado, el régimen interno de los poderes, algunas disposiciones constitucionales, y la Auditoría General del Estado. Al día de hoy, en México, sólo 23 de los 31 estados, cuentan con legislaciones al respecto. Las entidades que a nivel Constitucional regulan como tal el término de Iniciativa Popular son: Aguascalientes , Colima , Durango , Michoacán , Puebla, Veracruz , Baja California , Chihuahua , Guanajuato , Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila , Distrito Federal , Guerrero , Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas El jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela criticó la rigidez al respecto de la Constitución Política Mexicana, argumentando que ésta no contempla el referéndum popular para que las reformas o adiciones constitucionales que impliquen actos supresivos o restrictivos se sometan a plebiscito, haciendo que el pueblo externe su voluntad al aprobarlas o rechazarlas. En este sentido me parece que nuestra Constitución requiere de reformas que refuercen el sistema de pesos y contra pesos entre los poderes e impulsen la participación directa de la ciudadanía en los asuntos generales del Estado y en la formulación e implantación de las leyes que afectan sus intereses y regulan su vida privada y en sociedad.

Los desafíos de la democracia directa El ágora de la antigua Grecia y el foro romano constituían el espacio público donde las asambleas se realizaban, junto con otras actividades en las que los ciudadanos tenía la oportunidad de expresar su opinión, debatir sus ideas y deliberar mediante la argumentación racional, espacios que se presentaban como el referente urbanístico de una comunidad en proceso de consolidación. 45

Hoy en día el ciberespacio constituye un lugar que puede hacer las veces de plaza pública y abierta en la que los ciudadanos –al igual que en el ágora y el foro en la Antigüedad– logren dialogar, manifestar sus ideas, expresar sus intereses y necesidades e interactuar y hacer valer sus derechos políticos; un espacio en que el ejercicio del poder se vea contrapesado por la reducción de distancias entre gobernantes y gobernados, y en el que se pueden implementarse nuevas formas de careo, contraloría ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos y de la función pública, tanto ejecutiva, como legislativa y judicial. El ciberespacio representa el ágora contemporánea, un ágora digital, y quizás la vía para recuperar el ejercicio responsable del tipo de democracia directa que acompañó a las sociedades que dieron luz a la que sin duda sigue siendo la mejor forma de gobierno que hayamos inventado hasta el día de hoy: la democracia. La democracia moderna está ligada a muchas tradiciones ideales e institucionales; es política y social; directa y parlamentaria-representativa; individualista y colectivista; promueve e institucionaliza la participación abierta, respetuosa y tolerante de los ciudadanos en el diseño de sus vidas, formas de gobierno e instituciones; excluye la violencia en cualquiera de sus manifestaciones como recurso legítimo en la lucha por el poder; y, por lo tanto, está abierta a los cambios que democráticamente los ciudadanos alcancen a visualizar como medios para profundizarla y mejorarla. Tal es la intención y el reto de la inclusión creativa y novedosa de las TIC en el diseño democrático como recursos para promover y potenciar la participación ciudadana en los asuntos públicos; razón de ser y esencia de toda democracia. La democracia directa se vio desafiada por la dimensión y complejidad de las sociedades modernas, por lo que democracia representativa se erigió como la alternativa práctica a la mano 46

para la organización política y óptimo régimen de gobierno. La democracia representativa representa un pacto constitucional para el ejercicio, distribución y división equilibrada del poder, con la soberanía y la voluntad general como fundamentos y principios del poder. Si bien la democracia se ha convertido en ocasiones en adjetivo de procesos políticos o de mecanismos de toma de decisiones, no hemos de olvidar que ella es sobre todo un proceso en sí misma, llena de matices y factible de perfeccionarse. El escenario político que hoy se nos presenta ha evidenciado las insuficiencias de algunos instrumentos indispensables a toda democracia, como la emisión del voto para la elección de representantes y gobernantes, haciendo imperativo recurrir a la ideación e implementación de otros mecanismos como el referéndum y el plebiscito para fortalecer la democracia y el ejercicio igualitario y responsable del poder. Los instrumentos de la democracia directa pueden ser complejos, a veces ambiguos y contradictorios, de difícil articulación o de discutible eficacia, haciendo equívoca su incidencia e idoneidad en el proceso de toma de decisiones o en su capacidad de inclusión, lo que vuelve urgente el diseño y la implementación de nuevos instrumentos jurídicos capaces de promover y garantizar una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado, lo cual augura un impacto significativo en el desarrollo de estructuras normativas y de prácticas de gobierno más acordes con las aspiraciones democráticas de las sociedades actuales.

SEGUNDO CAPÍTULO DEMOCRACIA INDIRECTA Y SU CRISIS DE PARTICIPACIÓN

omo ya hemos adelantado en el capítulo anterior, el surgimiento de los Estados modernos introdujo nuevas estructuras de organización del poder y nuevos mecanismos para la toma de decisiones. El crecimiento de la población y el aumento de la complejidad en las sociedades modernas, junto con la emergencia, ascenso y consolidación de nuevas clases sociales –como la burguesía y el proletariado–, implicaron nuevas retos para atender las necesidades de la sociedad y mediar entre los intereses y necesidades de los diferentes grupos que la conforman. La reunión en asambleas donde todos los ciudadanos podían discutir en persona y de viva voz acerca de los asuntos de la polis quedó en el pasado por su imposibilidad práctica, dando lugar a la elección de representantes que fungieran como portavoces del resto de la población. El sistema de deliberación y ejecución en asambleas en las que cada ciudadano cuenta con voz y voto propio de la democracia directa de la antigüedad es impracticable en los grandes estados modernos. Para las democracias modernas, salvo en los casos de referéndum, plebiscito y las otras formas de democracia directa que hemos mencionado, la alternativa se halló en la toma de decisiones políticas por parte de cuerpos colectivos (parlamentos, congresos) o unipersonales (presidentes o primeros ministros) representativos, elegidos por un tiempo determinado y con sistemas de contrapesos y división de poderes que evitaran la centralización excesiva y despótica del mismo; dan49

do lugar a una transferencia de poder y su refrendo periódico por parte del pueblo mediante un contrato social y político. Bobbio, en El futuro de la democracia, expone una definición mínima de la misma en este sentido: “se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectiva en las que está prevista y propiciada las más amplia participación posible de los interesados” (Bobbio, 1984). Esta concepción de la democracia enfatiza el aspecto normativo y procesal en la toma de decisiones, una noción acaso más adecuada a un contexto dimensionalmente diferente y a los cambios sustanciales en la composición de las sociedades contemporáneas.

Representatividad y democracia La democracia indirecta y representativa es para Sartori (1984), es la transformación de la voluntad popular en actos de gobierno, “el principio en el que se basa la representación política es exactamente la antítesis de aquél en el que se fundamenta la representación de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los intereses particulares del representado, está sometido a un contrato obligatorio”. Dicho contrato, implica el respeto al fundamento básico de la democracia que es la soberanía y a que el representante se inserte en las estructuras e instituciones del sistema de gobierno con el fin de perseguir el bien común. El nuevo proceso de toma de decisiones bajo el esquema de la democracia indirecta, consiste entonces en la delegación, a través de la celebración periódica de comicios, del poder de decisión de la mayoría en un individuo o grupo de individuos. Esta nueva dinámica de la democracia, pone de manifiesto la creación de estructuras cada vez más verticales y jerárquicas 50

–de democracia vertical como apunta Sartori– dando lugar a un nuevo debate sobre la voluntad del pueblo expresada por la mayoría a través de sus representantes electos, donde se entiende a la mayoría como lo mayoritario o lo de mayor número, o como él lo señala, “la democracia es el mandato de la mayoría, entendiendo que las decisiones se someten a la regla mayoritaria”(Sartori, 1984); tal ideal sobre el consenso se ciñe a la adhesión que otorgan distintos grupos y clases sociales a las formas y medios que se usan para dirigirlos. Esta perspectiva concuerda con lo expuesto por Gramsci, quien además señala que el consenso brinda legitimidad y confianza y que sólo es viable obtenerlo mediante la democracia indirecta. La democracia indirecta y los procesos de participación de selección de quienes son depositarios del poder de decisión, representando a quienes los han elegido, busca evitar la monopolización absoluta del gobierno en una persona o un grupo de personas en detrimento del todo social. Las elecciones constituyen la nueva forma de reunir a los ciudadanos para que tomen decisiones de forma colectiva a través de sus representantes. En este sentido, Weber ve las elecciones más que nada como mecanismos para garantizar la lealtad popular, aunque, “si bien constituyen un pilar central de la eficiencia democrática, también representan la fuente de los riesgos inherentes a la dinámica democrática”. Entre estos riesgos, menciona, “el mayor es el de que a través de las elecciones, lleguen a predominar los elementos emocionales en la configuración de las políticas estatales”. Este nuevo régimen de gobierno enfrenta, pues, contrariedades a resolverse en el curso del paso entre la teorización y su aplicación efectiva; que son actualmente los retos de los gobiernos que definen sus acciones y arreglos institucionales bajo esquemas democráticos, al igual que las sociedades que inscriben y forman su cultura política alrededor de esta visión. 51

El Estado-nación como lo conocemos ahora se encuentra lejos de la situación vigente en los tiempos en que Aristóteles teorizó al respecto, así como la legada por la civilización griega y romana. Al respecto, Bobbio señala que el Estado, el Gobierno y la política han sido sistemas políticos inventados por del hombre “para organizar el poder”, para generar y mantener organizaciones sociales que aseguraran un mínimo de orden y estabilidad capaces de salvaguardar al mismo tiempo el bien común o la voluntad general. La democracia indirecta, a través de la representación, es también una organización de las relaciones políticas y de poder en sociedades diferenciadas en las que existen relaciones desiguales de dominación y oportunidades, con el fin de vincular a los individuos entre sí y con el Estado, y mediar, regular y equilibrar los diferenciales de tal forma que se mantenga la igualdad, la libertad y la equidad junto con la armonía y el orden social. La democracia representativa lleva a cabo una división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, e introduce mecanismos de contrapeso entre ellos, con el fin de evitar la excesiva centralización del poder. Ella requiere de una sociedad civil para aprovechar las instituciones creadas y garantizar su adecuada articulación. Desde el enfoque de Robert Dahl, para el mantenimiento de una cultura política insertada en una democracia representativa existen instituciones y arreglos institucionales que deben satisfacer algunos criterios, tales como: representantes electos, elecciones libres, libertad de expresión, de circulación, asociación, posesión y de participación, y una ciudadanía inclusiva con una participación efectiva, el control de la agenda, la igualdad de voto, la comprensión ilustrada de los problemas públicos, así como una inclusión plena.

Tenencia y transferencia del poder; la burocracia El acercamiento a la comprensión de la transferencia y tenencia del poder bajo regímenes democráticos incluye la reflexión sobre la posesión de monopolios y de la división en clases en las sociedades contemporáneas. Sobre este punto Weber considera que hay tres formas de dominación: la de carácter tradicional, la de carácter carismático, o la de carácter regional o con la validez de preceptos legales. Es así que un gobierno puede declararse como democrático cuando existe la suposición de que todos están igualmente calificados para acceder al mando y se reduce al mínimo el acceso a dicho poder. Para este esquema de gobierno, resulta fundamental el surgimiento de liderazgos que orienten la política y fomenten la participación y la inclusión de la ciudadanía en la vida política. En su libro, La política como vocación, Weber sostiene que las masas suelen elegir de forma emocional, es decir seleccionan líderes ante la incomprensión de los asuntos públicos. Lo que hace necesaria la existencia de asociaciones políticas, grupos de interés, de presión y partidos políticos, que como describe Robert Dahl, son esenciales para brindar educación cívica y colaborar a inculcar competencias políticas entre los ciudadanos. Para Weber las democracias se consolidan cuando hay límites de territorio y de participantes, poca diferenciación socioeconómica, una determinación objetiva de los medios y fines, así como cuando las tareas de gobierno son estables y simples; características con las que no cuentan un sinnúmero de países en la actualidad: la diferenciación socioeconómica en nuestra sociedad es evidente, la determinación de objetivos está sujeta a quienes ostentan el poder y las tareas del gobierno se han ido complejizando cada vez más. Lo cual ha favorecido la formación de burocracias como formas prácticas de organización del Esta53

do que concentran poder, garantizan y sistematizan su eficacia y extienden su marco de control. Bobbio (2001) coincide con la anterior perspectiva: “todos los Estados que se han vuelto más democráticos a su vez se vuelven más burocráticos, porque el proceso de burocratización ha sido en gran parte una consecuencia del proceso de democratización”. Osbourne y Gaebler en su libro La reinvención del gobierno, a su vez, coinciden en dicho diagnóstico, por lo que sostienen que: En el mundo contemporáneo las instituciones públicas también requieren flexibilidad para responder a situaciones complejas y en rápida transformación. Esto es difícil si los responsables políticos solo pueden usar un método, el de la producción de servicios por su propia burocracia. Y es prácticamente imposible si, cuando las necesidades varían , no se puede transferir sus empleados a organizaciones no gubernamentales cuando pueden realizar un trabajo mejor, ni despedirlos por bajo rendimiento. Los gobiernos burocráticos [...] son cautivos de una fuente única de recursos, de proveedores monopolistas. (Osbourne y Gaebler, 1994)

En un sentido similar, Bobbio (2001) reflexiona sobre la incapacidad de los regímenes democráticos para solucionar los problemas de sus gobernados y describe el rendimiento del sistema democrático explicando la ingobernabilidad concomitante al crecimiento inagotable de demandas cada vez más inalcanzables y costosas por parte de la sociedad civil, de tal forma que cuando las comunidades crecen, crecen sus problemas y la jurisprudencia se complejiza en grado superlativo. A lo que se suman los problemas de credibilidad y legitimación asociados con la separación creciente entre gobernantes y gobernados propiciado por el mismo proceso de burocratización 54

que acompaña al desarrollo democrático, provocando el divorcio cada vez más acentuado entre las necesidades del Estado y las de la ciudadanía. Recordando a Gramsci, la consolidación de un proyecto político se funda sobre un sistema de creencias y de concepciones comunes sobre el mundo. Cuando estas presentan desajustes, dejan de asumirse los intereses de los gobernados y se pierde la cohesión social; la hegemonía –entendida como la capacidad de una clase, fracción de clase o grupo de hacer pasar su visión del mundo y sus concepciones políticas y culturales como las legítimas y ganarse de este modo el reconocimiento y el consentimiento (aunque sea parcial) de su liderazgo por parte de las clases subalternas– requiere de la búsqueda de alternativas y de la formación bloques que den consistencia a las visiones históricas, políticas y culturales de la sociedad civil. El concepto de hegemonía de Gramsci nos remite a un imaginario social compartido que media la dominación y contrarresta la pérdida de confianza de los sectores populares, contribuyendo a disminuir la distancia entre lo social y lo político. En este sentido, la democracia es una práctica que se asienta nada más y nada menos que sobre la acción común, el trabajo común y la construcción común de nuevas posibilidades. En relación con la discordancia anteriormente expuesta y desde la perspectiva de David Held, en La Democracia y el Orden Global, las personas deben autodeterminarse y los gobiernos democráticos estar limitados, para lo cual introduce el concepto de nautonomía1 y hace una propuesta orientada a generar un equilibrio entre la soberanía estatal y la del pueblo:

Nautonomía: producción y distribución asimétrica de las oportunidades, es la monopolización de los recursos bajo algún criterio social (raza, género, clase social) que limita las posibilidades de participación política.

Allí donde las relaciones de poder generan asimetrías sistemáticas de perspectivas de vida, se crea una situación que puede ser determinada “nautonómica”. La nautonomía se refiere a la producción y distribución asimétricas de perspectivas de vida que limitan y erosionan las posibilidades de participación política. Por perspectivas de vida entiendo las oportunidades con que cuenta una persona para participar de los bienes económicos, culturales y políticos socialmente generados, las recompensas y posibilidades características de su comunidad […] La nautonomía hace referencia a cualquier pauta socialmente condicionada de perspectivas de vida asimétricas, que impone límites artificiales sobre la creación de una estructura común de acción política. (Held, David, 1997)

La crisis de representatividad, gobierno, élites y privilegios

El Estado como sistema de poder implica la concentración ciertos monopolios imprescindibles para garantizar y procurar el orden social, a saber, el monopolio del uso de la fuerza legítima, de la recaudación fiscal, de la aplicación de justicia y de la emisión de leyes. A su vez el Estado juega un papel fundamental como mediador entre la diversidad de intereses sociales y contribuye a coordinar, dirigir y distribuir la riqueza y energía sociales y a equilibrar el balance de oportunidades y costos existentes en una sociedad. La dirección de la energía social se lleva a cabo a través del consenso activo de la mano de asociaciones políticas, al igual que de procedimientos, instituciones y mecanismos intelectuales, políticos y morales. Sin embargo, la globalización y las dinámicas inherentes al Estado, señaladas por diversos pensadores políticos de distintas filiaciones ideológicas (Marx, Mill, Schumpeter, Weber, etcétera), han provocado la creciente separación entre la sociedad civil 56

y el Estado, por un lado, y por el otro, la simultánea y paradójica fragmentación y atomización de las tareas integradoras y distributivas que desde su surgimiento y como parte de su propia dinámica, el último tiene la función de cumplir. Las grietas que comienzan a aparecer en el sistema político contemporáneo han sido parcial y simultáneamente causa y consecuencia de una crisis de representatividad. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero en los Estados contemporáneos, la minoría no son los menos que quieren algo, si no los que tienen menos poder. La desigualdad como característica de las sociedades modernas y la polarización de las clases sociales, es un diferenciador de acceso a los recursos, al ejercicio del poder, y a la materialización de los derechos individuales. Las oportunidades de alcanzar beneficios sociales como educación, información, y de contar con voz pública para influenciar la toma de decisiones, se han visto severamente limitadas, manteniendo a gran parte de la sociedad marginada de la política y de tomar parte en el diseño y conformación del proyecto social y político de las formaciones sociales de las que forman una parte sustancial. Existe abundante información sobre del deslizamiento contemporáneo hacia situaciones socio-económicas que ponen en grave riesgo a la democracias representativas. La organización internacional Oxfam, en su informe de 2014 Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, redactado con recomendaciones a los participantes del Foro Económico Mundial en Davos, señala que la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países, en los que la mitad de la riqueza está en manos del 1% más rico de la población, mientras la otra mitad se reparte entre el 99% restante. Así mismo, el informe de Oxfam identifica la inequidad de los sistemas fiscales y de las leyes que promueven las políticas económicas de austeridad, como ejemplos de un secuestro democrá57

tico de regímenes que generan desigualdad económica, magros esfuerzos en el combate a la pobreza e inequidad en la representación política. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando (Oxfam Internacional, 2014).

Por su parte, en noviembre de 2013, el Foro Económico Mundial publicó su informe Perspectivas de la Agenda Mundial 2014, que situaba el aumento de la desigualdad en los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial de los próximos 12 a 18 meses, detallando que la apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas tiene efectos perniciosos para las sociedades democráticas. Situación descrita en la cita de Louis Brandeis dentro del informe: “podemos tener democracia, o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”. México no es ajeno a tales los retos; todo lo contrario: en 2010 el índice de Gini2 alcanzó la cifra de 47,2; además de que de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial la tasa de incidencia de la pobreza en México en 2012, sobre la base de la línea de pobreza nacional, fue de 52,3%, dato que muestra el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de la pobreza nacional.

Indicador que mide el alejamiento de la distribución en el ingreso entre los individuos de una economía, donde 0 es la equidad perfecta y 100 la inequidad perfecta.

Comparación Coeficiente de Gini 2010 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

México

Alemania

Bangladesh

Camboya

China

Dinamarca

Estados Unidos

Kazajstán

Tailandia

47.2

30.6

32.1

33.6

42.1

26.2

41.1

28.6

39.4

Figura 1. El coeficiente de Gini en México es más alto que en países con tasas de pobreza más elevadas, el desarrollo inequitativo es uno de los grandes retos en la actualidad para el fortalecimiento de la democracia. Cerrar las brechas en las desigualdades permitirá a los países brindar mejores oportunidades a sus habitantes, fortalecer la cohesión social y así tener una participación ciudadana de mayor calidad y que los gobiernos trabajen por los intereses en equidad de representación política. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

En cuanto a la desigualdad en América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que la heterogeneidad estructural es una de las causas que permea las brechas de productividad, de capacidades y por tanto de incorporación al progreso técnico, al poder de negociación, al acceso a la protección social y a la movilidad ocupacional en la vida laboral. En gran medida la heterogeneidad estructural contribuye a explicar la profunda desigualdad en América Latina y el Caribe, ya que las brechas de productividad reflejan, y a la vez refuerzan, las brechas de las capacidades, de la incorporación del progreso técnico, de poder de negociación, 59

de acceso a redes de protección social y de opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral, de modo que se generan círculos viciosos no sólo de pobreza y bajo crecimiento, sino también de lento aprendizaje y débil cambio estructural” (CEPAL, 2010).

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

Porcentae de la población

60 50 40 30 20

Venezuela

R. Checa

Mongolia

India

Guinea

25.8

Uurguay

Perú

52.3

Tanzanía

México

R. Dominicana

40.9

28.2

12.4

25.4

8.6

27.4

21.9

55.2

Figura 2. El porcentaje de pobreza en México es sumamente elevado, este es un desafío compartido con América Latina, en el caso de nuestro país la población joven es un foco de atención en tanto que al canalizar acciones para garantizar su acceso a la educación permitirá que estos se reintegren en la vida productiva permitiendo romper con los ciclos de la pobreza. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

Las instituciones políticas insertadas en contextos con altos niveles de pobreza y desigualdad, sufren graves distorsiones y enfrentan serias dificultades para mantener las instituciones de60

mocráticas; pues los actores que ostentan el poder, a saber, los partidos políticos, grandes empresas y uniones sindicales, construyen monopolios de privilegios que se reparten las ganancias del crecimiento (Byrdall, de la Torre y Valencia, 2010: 31). La consolidación de un régimen democrático requiere que los ciudadanos sean colocados en situación de igualdad política, cultural, económica y social, y cuenten con mecanismos y procesos que les permita participar libremente en la elección de sus representantes, al igual que en las discusiones, debates y procesos deliberativos sobre los asuntos que los afectan, en un marco en el que se respeten las reglas del juego electoral, dentro de un sistema económico equitativo con iguales oportunidades para todos los agentes involucrados, y en el que la distribución del ingreso se realice de forma igualitaria, a través de la cobertura de las necesidades sociales básicas. La igualdad política consiste en que todos los individuos como integrantes de la sociedad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante el Estado, ante la ley y entre sí, lo cual genere derechos y obligaciones tanto entre los representantes de los individuos como entre los individuos mismos (González, 2003).

Si bien los representes realizan compromisos relacionados con la consolidación de un régimen democrático, el divorcio entre el poder y la política evita con frecuencia el cumplimiento de las mismas. El gobierno requiere de personas capaces de observar el panorama complejo de los problemas de un país y equilibrar las demandas sociales con los recursos existentes

Representatividad y participación efectiva Para ser efectiva, la democracia indirecta necesita de representantes capaces, para quienes lo político signifique la aspiración a tomar parte en el poder con el espíritu de servir a la sociedad y al Estado y no servirse de ellos para la consecución de sus propios intereses, o, en el límite, que la consecución de los intereses particulares esté mediada por la de los intereses colectivos. En este sentido, Weber considera que “hay dos formas de hacer de la política una profesión: vivir para la política o vivir de la política [...] entre vivir “para” y vivir “de” existe una diferencia, ya que el individuo que vive de la política se coloca en un nivel mucho más burdo, esto es el nivel económico” (Weber, 2007). Hoy requerimos de políticos comprometidos que vivan más para la política y menos, mucho menos, de la política, o para quienes vivir de la política signifique vivir para la política en pos del bien común. Para Robert Dahl, algunos criterios han de ser satisfechos por cualquier gobierno a fin de cumplir las exigencia de sus miembros sobre las decisiones políticas son: una participación efectiva donde todos los miembros muestren sus puntos de vista sobre cómo deber ser la política, igualdad de voto, comprensión ilustrada de los asuntos públicos o que los miembros se instruyan sobre las políticas alternativas relevantes, control de la agenda, e inclusión positiva. Para que las instituciones muestren la voluntad de la ciudadanía, se necesita de la coparticipación de éstos en la organización política, y como señala Skinner (1989) “la comunidad en su conjunto debe conservar en última instancia la autoridad soberana, asignando a sus diversos gobernantes o magistrados, un rango no superior al de funcionarios electos”. La formulación de la democracia actualmente batalla por conservar los ideales de soberanía y bien común, pero cada vez necesita más de generar legitimidad para mantenerse con vida. 62

La legitimidad se entiende como la aceptación de la mayoría sobre el ejercicio del poder, sus formas, sus razones, y sus representantes. Ésta se logra cuando los ciudadanos conservan su facultad de elegir libre, igualitaria y equitativamente a sus gobernantes, conformidad que se traduce en estabilidad. Las elecciones a su vez constituyen una fuente de legitimidad de las autoridades públicas. Desde una perspectiva polémica, el economista austriaco Schumpeter, en su teoría democrática reduce el significado de la democracia a la competencia electoral. La ponderación sobre las elecciones en los sistemas políticos de los Estados contemporáneos, arroja nuevos paradigmas sobre la efectividad de la democracia como ha venido siendo concebida. Schumpeter, se concibe como defensor de la democracia liberal para quien éstas pueden planificarse al igual que los mercados, ya que son procesos asociados al ascenso de las masas a la esfera pública. La democracia es entonces, este autor, un método de combate político en el que el pueblo reacciona ante los estímulos de la propaganda política. Schumpeter cuestiona los principios de las teorías clásicas de la democracia, pues considera que es casi imposible establecer de forma racional un criterio unívoco en torno al bien común. Bajo el análisis económico de la política, que supone que para conseguir el voto se genera una dinámica igual a la de la venta de mercancías, en muchas ocasiones los ciudadanos son presas de sus pasiones y de la desinformación. Los ciudadanos se reducen a la categoría de electores que participan únicamente mediante el voto, sosteniendo la ilusión del demos gobernándose. Para Schumpeter a al final, la lucha por los votos no es otra cosa que la lucha por el poder, y no la defensa de estrategias estatales y de propuesta de políticas públicas, reduciendo así la democracia al consenso sobre las reglas electorales. 63

La democracia del consumo Las culturas democráticas de la actualidad han estado asociadas con las economías de mercado, Para Robert Dahl, existe una estrecha relación entre prosperidad y democracia, pues se da una afinidad entre la democracia representativa y la economía de mercado, ya que coincide con regímenes donde los derechos de propiedad gozan de mayor protección, buscar información es más fácil y las barreras de comunicación son menores. Esta relación expone una paradoja sobre la desigualdad en los recursos públicos que disponen los ciudadanos, como anteriormente expusimo, pero además las economías de mercado traen consigo la reducción del individuo a un mero consumidor. A través de la masificación del crédito se ejerce una forma de ciudadanía, la del ciudadano credit-card, insertado en una gigantesca cadena de consumo con pago diferido...este ciudadano credit-card es normalizado, puesto en orden, regulado por el consumo con pago diferido. Tiene que subordinar sus estrategias de conflicto, a sus estrategias de sobrevivencia como asalariado. Ha aprendido que su futuro esta en seguir siendo un trabajador creíble (Tomás Mouli, 1997).

El mundo del consumo genera publicidad que crea a su vez constructos sociales en forma de necesidades para albergar nuevos productos, de tal forma que el ciudadano queda expuesto constantemente a la manipulación en sus elecciones. El poder de consumo erosiona el ideal de la soberanía, pues expone que la inestabilidad política puede controlarse a través del manejo de la opinión política, de la misma forma que se influye en el consumo a través de la publicidad. Esquema en el que el ciudadano como consumidor e insertado en las dinámicas del mercado remite a un segundo plano su participación en los asuntos 64

públicos, desvinculándola de la satisfacción de sus necesidades e intereses. En contraste, en una democracia plural y participativa, los ciudadanos deben adquirir educación cívica para tener nociones de los asuntos públicos y ganar espacios para generar una participación efectiva, sólo así lograrán el pleno ejercicio de sus derechos y la consecución de sus necesidades, sin que éstas dependan en su totalidad de los mecanismos de la economía. En este sentido, para Robert Dahl las democracias son intrínsecamente sistemas de derechos, por lo que para satisfacer las exigencias de las democracias deben satisfacerse los derechos inherentes a los ciudadanos, cuyos intereses fundamentales debe proteger, al igual que sus libertades de elección, y la oportunidad de conformar sus ideas en libertad. Sin embargo, un ciudadano ya sea enajenado o bien marginado a causa de la desigualdad política difícilmente se incorporará como actor estratégico y esencial de ningún sistema político. La promesa incumplida del “gobierno de los ciudadanos”, descrita por Norberto Bobbio (2001), es el conflicto entre la conceptualización perfecta del gobierno y su verdadera dinámica real y compleja. Ello da pie a la aparición de figuras de independientes que manifiestan el desencanto por la política mediante movimientos contraculturales, o peor aún, a la expansión de pasividad e indiferencia hacia lo político por parte de la población, síntoma inequívoco de deterioro democrático. La democracia se reduce al proceso de la elección; ha de añadir la capacidad de los gobernados para destituir a sus representantes, originando mecanismos que le permitan corregir sobre el camino las elecciones realizadas. La celebración de los comicios no asegura por sí misma el desarrollo de la democracia. Urge la consolidación de una ciudadanía proactiva, potenciar el capital social y establecer vínculos y mecanismos que permitan un mayor abanico para acceder a recursos y al poder. 65

Redefinir el papel del Estado Las sociedades modernas padecen de una disonancia cognitiva, es decir la falta de concordancia entre la visualización de un ideal y la realidad. La crisis de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos –a causa de la falta de confianza en las instituciones, a la discordancia en la representación de sus intereses, a la desigualdad política, a las condiciones de las dinámicas del mercado en el sistema político y a la incapacidad del gobierno para atender las crecientes demandas de sus gobernados–, amenaza la constitución de la democracia misma, y obliga a la reconsideración de la gobernabilidad del Estado y a la redefinición del papel del gobierno. La denominada sociedad de la información ha construido nuevas condiciones en torno a la economía y la vida política de las naciones, incorporando la ciencia, la tecnología y el conocimiento cada vez más especializado en la vida social y política; lo que implica que el flujo de la información es esencial para generar mejores productos y servicios y mejorar los procesos, lo cual a su vez invita a las organizaciones a replantearse su conducta y su relación con la tecnología, para poder adaptarse a los cambios económicos, sociales y políticos. En ese sentido la reingeniería de procesos se vuelve una estrategia fundamental para que las organizaciones puedan ser competitivas, capaces de continuar funcionando en forma efectiva en un contexto global cambiante. Entrar en un proceso de reingeniería tiene como finalidad agregar valor a las actividades que se entregan al cliente o usuario para el que trabaja la organización. Los gobiernos alrededor del mundo han comenzado a ser receptivos ante esta propuesta a partir de la experiencia exitosa mostrada por el gobierno de los Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton en la década de los noventa, cuya 66

propuesta principal era priorizar a la ciudadanía, sustituir normas y regulaciones por incentivos, establecer objetivos con base en resultados y sobretodo buscar la satisfacción del usuario: el ciudadano. Se puede explicar la gobernabilidad como la capacidad del gobierno de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, lo que nos remite a la delimitación de la presencia del gobierno para que una sociedad funcione. Bajo los escenarios actuales y los retos que deben enfrentar los gobiernos democráticos, anteriormente descritos, urge el replanteamiento del papel del gobierno. “La palabra gobierno proviene de la voz griega ‘kibernetes’ que significa «llevar el timón»”, lo que en el fondo y sobre todas las cosas implica que éste se convierta en un catalizador que asiste a la comunidad para resolver sus problemas, tal como lo sugiere E.S Savas: “La tarea de gobierno consiste en llevar el timón de la nave, no en remar. Prestar servicios es remar, y el gobierno no es muy bueno remando” (citado por Osbourne y Gaebler, 1994). Replantear la administración pública implica pensar de manera estratégica en un enfoque de largo plazo, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos para satisfacer sus expectativas. La reinvención del gobierno implica plantear un modelo de gobernabilidad donde la democracia se traduzca en la canalización de las demandas más que en la provisión de servicios, en la que se redefina la relación entre gobernantes y gobernados. Las transferencia de poder del ciudadano a sus representantes serán más una alianza estratégica que una dominación o mandato. Los gobiernos que se centran en llevar el timón dan forma a sus comunidades, Estados y naciones. Toman más decisiones políticas. Ponen en movimiento más instituciones sociales y económicas. 67

Algunos incluso practican más regulación. En vez de tomar más empleados públicos, se aseguran de que otras instituciones presten servicios y satisfagan las necesidades de la ciudad (Osbourne y Gaebler, 1994).

Un sistema político en la actualidad será más gobernable como flexibles sean sus instituciones y dispuestas al constante cambio externo, de tal forma que la gobernabilidad se traduzca en la búsqueda de nuevas formas de organización que incidan además en la percepción del ciudadano respecto de sus representantes y de sus necesidades atendidas; es decir aunque siempre existan conflictos de intereses y el flujo de las demandas no cese, la forma de darles salida y la gestión de los recursos pueden hacerse de forma eficiente y generar condiciones de equilibrio y equidad, permitiendo que los sectores de la población marginados de la toma de decisiones políticas sean atendidos. Philipe Schmitter (1974), propone una gobernabilidad desde el neocorporativismo considerado como “un tipo de arreglo institucional para articular los intereses organizados de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Estado”, lo que de acuerdo con el autor podría coadyuvar a la generación de nuevas fórmulas de concertación entre diferentes sectores de la sociedad y entre diferentes actores políticos. El desafío de la gobernabilidad en las democracias consiste en vincularse con la ciudadanía y cerrar las brechas que separan y distinguen a gobernantes y gobernados, creando mecanismos que permitan no sólo una mayor participación de la ciudadanía sino una mayor injerencia directa mediante la cual se compartan la responsabilidad del diseño del gobierno y en la construcción del proyecto de país, además de generar acuerdos entre las élites para permitir el desarrollo social generando intercambios justos y mantener el liderazgo político. 68

Tecnologías de información y comunicaciones, la gobernanza digital

El número de personas y la extensión del territorio tienen consecuencias en los procesos de democratización, las oportunidades de participación disminuyen, de tal forma que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información pueden extender las posibilidades para que ciudadanos se reúnan e informen y superar los límites del gobierno representativo. Las TIC representan un medio para lograr un cambio fundamental en la forma en la que el sector público se relaciona con el sector privado y social, no obstante la implementación de la tecnología no generará un cambio por sí sola, sino que debe ir de la mano de la transformación del gobierno y la cultura política, a la par de un cambio en la mentalidad de los ciudadanos sobre una burocracia tradicional hacia la colaboración y el enfoque participativo. Las condiciones imperantes en la era de la información actual, así como el declive de la confianza en los gobiernos electos, demandan ajustes a la democracia actual, apremia la necesidad de difusión del poder hacia los actores no estatales, y en este aspecto el Internet se muestra como la alternativa a una buena parte de la población para el acceso a información. Las jerarquías tradicionales seguirán teniendo dificultades para funcionar al menos que comiencen a adaptar sus estructuras a formas más horizontales. Las TIC tiene un carácter estratégico ante el ineludible imperativo de cerrar la brecha entre las necesidades de la población y la forma en la que son atendidas. En los regímenes democráticos es función de las instituciones proveer información sobre los problemas públicos y las formas como están siendo atendidos, para lo cual el uso de tecnologías novedosas para el procesamiento de estadísticas y mecanismos de recopilación de datos 69

pueden hacer más eficiente el diseño de programas de gobierno, y de toma de decisiones políticas, pues la información verificable y con posibilidades de establecer bucles de retroalimentación, muestra panoramas más claros de las demandas, evitando el diseño de políticas bajo supuestos o bajo intereses de actores en las élites políticas. Las TIC incurren juegan un papel de la mayor importancia en la mejora de las capacidades organizacionales y los procesos de deliberación en las agencias gubernamentales, su incorporación en la administración y provisión de servicios permite modernizar los sistemas existentes y mejorar el ambiente organizacional. De cualquier manera, la incorporación de las TIC trae consigo retos correspondientes a las características inherentes de las mismas y las maneras de concebirlas. Se corre el riesgo de caer en una democracia mediatizada, como lo denuncia Richard Rorty (2005), en la que el ciudadano se ve reducido a ser un espectador de la cosa pública y los medios de comunicación generan simulacros para distraer a la población. Las contrariedades entre los beneficios y los riesgos de las democracias digitales serán abordadas en los siguientes capítulos, bosquejando algunas posibilidades para potencializar su uso y efectividad y contrarrestar los riesgos.

TERCER CAPÍTULO PARTIDOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA DEMOCRACIA INFINITESIMAL

a democracia indirecta requiere de mecanismos para canalizar los intereses de los distintos actores de la sociedad y facilitar su articulación en el sistema político, papel que cumplen de manera particular los partidos políticos. Éstos constituyen vehículos para encauzar y dar forma política a las inquietudes y demandas de la ciudadanía. No obstante, algunos de los retos de la democracia abordados en el capítulo anterior, como el crecimiento de la sociedad y la incapacidad de los elegidos para gobernar y dar salida a las demandas, a la par de las desigualdades que abren brechas para que todos los sectores de la población sean escuchados, han desembocado en la perdida de legitimidad de los representantes. En la democracia indirecta y representativa, los partidos políticos y los medios de comunicación se articulan en dos instancias de primer nivel en la conformación de la organización política de las sociedades. La comprensión de su papel nos permitirá profundizar en la comprensión de los elementos que facilitan o dificultan el proceso de consolidación y mantenimiento de la democracia, en tanto que ambos generan espacios de participación para otros actores y sus acciones condicionan las formas como se articulan los procesos políticos. Este capítulo pretende plantear algunas preguntas en torno a las tensiones presentes en la democracia a consecuencia de la relación compleja entre los partidos políticos, los medios de comunicación, el Estado y la sociedad civil, lo que a su vez nos 71

permitirá dilucidar las alternativas que TIC están generando en la conformación de nuevos espacios de participación accesibles a un mayor número de ciudadanos; a la vez que analizar la democracia en función de la atomización del poder y de la incidencia de nuevos actores en el sistema político

Los partidos políticos Los partidos constituyen agentes fundamentales y estratégicos del desarrollo de la vida política contemporánea, contribuyen al debate sobre la democracia y a la conformación y consolidación de mecanismos de pesos y contrapesos del sistema político. Representan el medio privilegiado de acceso al poder y, como tales, se han constituido como uno de los principales medios para la canalización de los intereses de los diversos grupos de la sociedad; a su vez, en su calidad de organizaciones políticas ciudadanas suelen ser intermediarios entre la sociedad civil de donde emanan y el gobierno. El surgimiento de estos agentes guarda relación con la conformación de los parlamentos y estados generales que a lo largo de más de dos siglos fueron consolidándose en facciones políticas bien diferenciadas, consolidándose como tales en el transcurso del sxix, durante el cual fueron solidificando corrientes políticas e ideológicas con visiones divergentes sobre la conformación del Estado y del sistema de gobierno bajo el cual debía de regirse, que comenzaron a dirimir sus diferencias y luchar por el poder bajo sistemas y procedimientos democráticos. Existen diversas teorías acerca de la génesis de los partidos políticos que bajo la perspectiva de La Palombara y M. Weiner, sintetizada por Andrea Sánchez, se pueden agrupar en tres categorías: la teoría institucional, la teoría de las crisis históricas, y la teoría desarrollista. 72

La teoría institucional, desarrollada por exponentes como Duverger y Max Weber, parte de la premisa de que las asambleas legislativas con participación política limitada facilitan la organización de grupos; teoría de las crisis históricas, explicada por La Palombara y Weiner, sostiene, en términos generales, que no todos los partidos políticos surgieron desde los parlamentos sino que las crisis en el proceso de construcción de las naciones generaron grupos que cuestionaban la legitimidad del statu quo; mientras que la teoría desarrollista vincula el surgimiento de los partidos políticos con la modernización de las sociedades, el desarrollo urbano y el surgimiento de sociedades industriales. Los partidos políticos de acuerdo con Cárdenas Gracia, cumplen importantes funciones sociales como la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político en tanto que conforman los órganos electorales, tienen funciones institucionales como el reclutamiento, la organización de las elecciones y la composición de los órganos del Estado. Estos entes, al fungir como movilizadores de la opinión pública, generan vínculos con la ciudadanía y en muchos de los casos empatizan con los intereses que los individuos persiguen. La identificación de la ciudadanía con un partido político, desde la perspectiva de Alejandro Moreno, se puede dar de tres maneras: la primera son las causas individuales de identificación y todas aquellas causas primarias de identidad sociopolítica como la familia, la segunda, los aspectos de identidad social y política asociados con el partidismo, es decir, todos aquellos elementos del contexto social , y la tercera los cambios individuales y agregados en el partidismo o aquellas causas que generan competencia política .

Las elecciones y la búsqueda del poder La competencia generalizada de los partidos políticos para acceder al ejercicio del poder se realiza a través de elecciones periódicas, sin embargo, la celebración de comicios no es exclusivo de las sociedades modernas. En el periodo republicano de la antigua Roma se votaban los cargos políticos, si bien de forma directa: Los procesos electorales, antes del establecimiento del sufragio universal, eran procesos públicos en el sentido de que los resultados eran colectivamente vinculantes, afectaban a lo común y a lo general, y legitimaban la autoridad pública (en el primer sentido); pero los mecanismos de procesamiento y expresión de esa voluntad no eran públicos, entendido esto como colectivamente accesibles, “abiertos”, al conjunto de la población (Rabotnikof, 2010).

La apertura de los procesos electorales generó que los partidos políticos experimentaran la necesidad de captar el voto para poder ganar espacios en el gobierno, mientras que el ciudadano podría plasmar su voluntad política y el gobierno seleccionado legitimar su autoridad por aceptación de la mayoría. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, la complejidad del proceso en la búsqueda del poder, en tanto que las elecciones son una competencia áspera, ha pervertido la función social de los partidos políticos; ya sea a causa de la ausencia de democracia interna al interior de los mismos, ya a través de fenómenos contrarios al espíritu democrático como el clientelismo, la formación de élites políticas apartadas con agendas disociadas de, y hasta encontradas con, el interés general y nacional, y el olvido y uso oportunista de los proyectos políticos y plataformas ideológicas que debían empatizar con los intereses y necesidades de la ciudadanía, además del abuso de alianzas oportunis74

tas y sin otro trasfondo político-ideológico que de la búsqueda oportunista de mayorías artificiales para el logro de objetivos políticos divorciados de cualquier proyecto consecuente de nación que vaya más allá del mantenimiento del statu quo, los privilegios alcanzados y el reparto de cuotas de poder de dudosa base social. El enrevesado escenario de las elecciones ha favorecido la profesionalización de los estrategas y de las estrategias, convirtiendo a las campañas electorales mera táctica para conseguir la victoria insustancial y más allá del proyecto político. El ciudadano votante se ve transformado en consumidor y sujeto a ser influenciado por el marketing, de forma tal que la propaganda política deja paso a la publicidad política enfocada en tácticas persuasivas sofisticadas para atraer la atención del votante, convirtiendo a los candidatos en meros productos mediáticos con imágenes cuidadosamente diseñadas y construidas desde los despachos publicitarios y los aparatos mediáticos, que muchas veces persiguen con ello sus propias agendas propias disociadas del programa político, económico y social que el candidato puede pretender sostener. De esta manera, la emisión del voto deja cada vez más de constituir el ejercicio de un derecho político, para convertirse en una salida al mercado para manifestar una decisión o preferencia en función de la construcción de un concepto que la campaña electoral creo para el votante: [...] el acto de votar es una clara expresión conductista de la opinión y puede incluso considerarse como una forma de participación en un debate público (si bien limitado por las alternativas electorales ofrecidas. [...] Las investigaciones indican que muchos votantes van a votar sin mucha información que guíe su elección (Price, 1992). 75

Las campañas políticas no sólo se personalizan para segmentos de la población, sino que buscan a su vez incidir en la opinión pública, brindando a los medios de comunicación la oportunidad para colocarse como piezas claves del juego político.

Los medios de comunicación Los medios de comunicación se han convertido en una de las figuras clave de la vida política y social, muchas de las relaciones, debates y consensos se realizan a través de ellos, entre sus actividades está la de recoger y presentar información, interpretarla y contribuir a la generación de la opinión pública. Como pieza clave del juego político, los medios de comunicación inciden en la conformación del espacio público y en la definición de la agenda, dotando de visibilidad al ejercicio del poder y a los agentes que lo despliegan. Aunque la incorporación de los medios en el debate en torno a la consolidación de la democracia es un fenómeno más reciente, son ahora trascendentales por su poder persuasivo: La influencia de los medios como nuevas ágoras privilegiadas para el proselitismo es reconocida por los hombres del poder político y sus partidos, en todo el mundo. Ya es tiempo de ubicar en sus auténticas dimensiones a la posibilidad de persuasión que tienen los grandes medios y especialmente la televisión. Sobre todo en épocas de campañas políticas. Los medios tienen una capacidad de propagación que ningún candidato político puede despreciar, pero también hay que reconocer que los mensajes drásticos, concisos, que se pueden transmitir por el lenguaje televisivo, son inevitablemente esquemáticos ( Orozco, 1998).

Los partidos políticos son conscientes del papel persuasivo de los medios de comunicación y del poder que ello les otorga, 76

con la capacidad para superar ampliamente las estrategias de acercamiento con la ciudanía que realizan éstos, con lo que cada vez con mayor frecuencia obliga al candidato a supeditarse a los imperativos y las agendas que le condicionan los medios de comunicación. Éstos, amenazan con suplir a los partidos políticos como aparatos ideológicos del Estado, quizás porque ellos diferencian entre actores y espectadores como explica Lippma : [...] en tanto que los actores son aquellos interesados, sean funcionarios o ciudadanos, que intentan influir en el curso de los asuntos políticos, la audiencia o los espectadores siguen dichas acciones con distintos grados de interés” (Lippma, 1925).

Lo que ha desembocado muchas veces en alianzas perversas y oportunistas entre partidos y medios de comunicación que tergiversan la función que los mismos cumplen en una democracia participativa. Al respecto, podemos coincidir con Crespi en concibir a “la opinión pública como la suma de las opiniones de los individuos que conforman el electorado, más que como una fuerza que emerge de una sociedad organizada” (Crespi, 1989). Si bien la opinión pública no puede disponer el modo en cómo se ejerce el poder, parece ser determinante en delinear el rumbo de las acciones de los agentes del sistema político. La emergencia de la opinión pública remite a la Ilustración, en la que los intelectuales discutían, hacían críticas y conformaban grupos de opinión tanto en espacios de asociación libre como cafés públicos como a través de medios impresos cuyas opiniones contribuían en forma importante en la orientación general de la población sobre los asuntos públicos y los problemas sociales. Locke identificaba tres leyes generales que gobiernan la conducta humana: la ley divina, la ley civil y la ley de la reputación 77

o de la opinión; lo que se dice de lo público o la apertura de las democracias ha dado lugar a que se puedan intercambiar información y críticas. No obstante, vale la pena hacer una distinción entre la opinión de masas y la opinión pública. De acuerdo con Staats (citado por Cantú, 2010), la opinión pública se conforma cuando “el público puede: 1) expresar opiniones al igual que recibirlas 2) tiene la oportunidad de responder a cualquier opinión expresada públicamente 3) encuentra opciones para la acción efectiva, incluso, si es necesario, oponerse a la autoridad y 4) se mantiene autónomo y aislado de la penetración de las instancias de autoridad”. En tanto que, para el mismo autor, la opinión de masa refleja una condición patológica de las élites de poder en la que los que expresan opiniones son menos de los que las reciben, no se ofrecen medios de participación para contestarla e la manifestación de las opiniones está controlada por las autoridades, con lo que el colectivo público no goza de autonomía. La distinción entre opinión pública y opinión de masas nos permite ver que el vínculo entre partidos políticos y medios de comunicación puede llegar a perseguir otros fines, dejando de lado todo aquel interés que se relacione con la incorporación de la ciudadanía como actor fundamental dentro de la fórmula de participación en el sistema político y bajo la visión de un régimen democrático. Podemos observar así mismo, la desproporción en los niveles de incidencia y de posesión del poder entre unos y otros actores, donde la ciudadanía cuenta una menguada capacidad de ejercer sus derechos y colocar en la mesa sus temas de interés, mientras que se reafirma que la formación de la agenda puede estar sujeta a los partidos políticos, en tanto fuerte sea su alianza con los medios de comunicación; ya bien descritos por varios como el cuarto poder: 78

La naturaleza social de los medios de comunicación desde un principio ha quedado determinada por la presencia de un fuerte contexto económico y político que ha condicionado herméticamente el uso social de los mismo por otros sectores más amplios que no sean los propietarios o representantes del gran capital interno y transnacional en el país. Esta situación ha alcanzado su mayor esplendor en el caso de la televisión mexicana, tanto pública como privada pues es el medio que más ha llegado a ser monopolizado por el poder nacional al grado de que a través de éste se ha construido otro proyecto cultural contrario al de los grandes grupos que sostienen nuestra nación (Esteinou citado por Cantú, 2010).

Al estar controlados por élites políticas y económicas que, precisamente por el poder que les confiere el monopolio sobre los medios, logran hacer uso de los mismos en la consecución de sus propias agendas e intereses, desvinculándose de la ciudadanía –a la que convierten en mera audiencia o en consumidor pasivo– y desmarcándose de cualquier tipo de control y responsabilidad social, consolidándose, de esta manera, en verdaderos monopolios fuera del alcance de los sistemas de pesos y contrapesos, pervirtiendo la función social y política, tanto de partidos como de los medios de comunicación. En una verdadera democracia plural y participativa los medios de comunicación conforman el espacio donde el ejercicio del poder se hace visible y se regula su ejercicio, lo cual nos hace reflexionar sobre los alcances que deben tener en el campo de la opinión pública y en el de campo de la negociación política. El empoderamiento sin contrapesos y desregulado de los medios de comunicación, les ha permitido en muchas ocasiones perseguir intereses particulares e incluso generar su propia agenda en función de los sectores de poder a los que están asociados. Lo anterior expone la falta de mecanismos eficaces en el siste79

ma político para controlar las irregularidades y excesos, en justo balance con el mantenimiento y la garantía de la libertad de prensa. Hay pocas industrias que funcionen de manera tan autoritaria como los medios de comunicación: unos cuantos tienen que asumir decisiones sobre los mensajes que serán transmitidos a muchos otros. La posibilidad de difusión reforzada por las nuevas tecnologías, que ya están en aptitud de superar prácticamente todo tipo de fronteras, multiplica el poder de los medios y de esa manera, también, la influencia de su operadores (Raúl Trejo, s.f).

Los mecanismos de control sobre los medios de comunicación por parte del Estado se resumen quizás a las interacciones y negociaciones entre los que integran las élites de poder dentro del sistema político, sin embargo dichos mecanismos son irrelevantes ante el abuso del poder de los medios para con el ciudadano. Por ello podemos cuestionar qué mecanismos le quedan a la ciudadanía para poder ampliar sus opciones de acceso a información y canales de difusión. En este caso las TIC se presentan como una posibilidad de primer orden y de la mayor importancia para como alternativas para disminuir el poder excesivo de los medios de comunicación sobre la opinión pública y para recuperar el espacio público como lugar de debate, diálogo y deliberación sobre los asuntos de interés general en la conformación de proyectos sociales inclusivos y plurales. La globalización ha puesto en marcha un proceso de interconexión a nivel mundial y ha añadido complejidad a la vida de los Estados en aspectos como la construcción de las agendas públicas y en la definición de la esfera pública y la privada. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones a la vida de los individuos y las sociedades impacta en forma por demás significativa e irreversible el flujo de la información 80

y, como tal obliga a acrecentar su uso por parte de los diferentes agentes sociales. La creciente velocidad en el flujo de la información, la posibilidad de acceso inmediato a ella, más la diversificación de los actores del sistema político que la hacen una herramienta preponderante, nos recuerda una premisa básica y la razón del vínculo de la información con la acción política, que es la comunicación. Ésta dota de sentido a muchas de las actividades humanas incluyendo la política, la sociedad humana no es posible sin la comunicación y tampoco la política. Gracias a las TIC y a los medios de comunicación masiva, se han transformado las relaciones económicas, culturales y políticas, por lo que representan una posibilidad democratizadora, y aunque la democracia no asegura que las sociedades sean más justas, sí supone que la organización del poder se efectúe de forma más afable.

Atomización del poder La organización del poder en la actualidad, con las peculiaridades de las sociedades modernas en un entorno globalizado, implica que su posesión no se reduce un solo agente perfectamente identificado y con constancia temporal, por el contrario, el poder se ha fraccionado y los diversos agentes del sistema lo poseen en diferentes grados y momentos y lo ejercen de diferentes maneras. La fragmentación de los intereses sociales y de las representaciones políticas es otra de las variedades de los retos de la persecución y el ejercicio del poder, con nuevos personajes que ofrecen resolver las demandas o que movilizan a la acción colectiva. Hasta ahora, el poder se ha concebido más como posesión que como capacidad de hacer, en tanto que la incidencia de las acciones de quienes se perciben como sus poseedores no 81

en muchas ocasiones no llegan a ejecutarse; por tal resulta relevante recordar que siempre existen interdependencias pues los actores se ubican dentro del funcionamiento de un sistema. Preocupan las transformaciones que está sufriendo el sistema de partidos que en muchos regímenes democráticos presenta una reversión de prioridades y favoreciendo la consolidación de partidocracias que condicionan los problemas y su resolución al monopolio, no ya de los partidos, sino de sus élites, convirtiéndolas en los únicos actores del sistema político. Las partidocracias emplean cada vez más prácticas mediante las cuales monopolizan el uso de los recursos del Estado para fines distintos a los legítimos. En este sentido, resulta urgente que los partidos políticos se revitalicen y rediseñen, con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de la población, eliminando o disminuyendo la desvinculación que tienen con el ciudadano a fin de que puedan representar verdaderamente sus intereses. Los partidos sufren de una débil democracia interna y de una falta de capacidad para la renovación democrática de liderazgos. La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto 82

es capaz de responder con un ‘sin embargo’, sólo un hombre construid de esta forma tiene ‘vocación para la política’. (Weber, 1997).

El tratamiento del poder desde una perspectiva democrática, requiere de espacios más flexibles para la negociación, la canalización de intereses y la persecución del bien común; espacios que podrían generarse a través del uso y diseño democrático de las TIC. Anteriormente hemos referido a que no son las tecnologías por sí solas la respuesta para enfrentar los retos de la democracia, esta debe plasmarse a través de la política, misma que con sus carencias ha producido desconfianza hacia los actores que la representan.

Vicisitudes de la democracia mexicana La democracia y el quehacer político muestran un escenario a nivel global en el que los Estados enfrentan un desequilibrio entre la actividad política y la economía de mercado, además de estar sujetos a un denominado orden internacional, situaciones que los sistemas políticos de representación están teniendo dificultad en procesar. Así aterrizando algunas de las ideas anteriormente expuestas al contexto mexicano, observaremos que en él se comparten –e incluso se acentúan– muchos de los retos descritos, con mayores dosis de complejidad en función del desarrollo de la historia política y de la de los medios de comunicación. En México la figura de los partidos políticos fue contemplada por primera vez en 1911 en la Ley Electoral Maderista, aunque la figura como tal no se incorpora a la Constitución sino hasta 1977, no obstante que en las leyes electorales secundarias se contemplaban algunos aspectos sobre sus constitución, regulación, obligaciones y derechos así como la organización de las elecciones. 83

En el caso de los medios de comunicación una breve descripción de su origen y crecimiento los equipara con los que poseían el privilegio del ejercicio del poder como describe Monsiváis: Con muy escasas excepciones, las prensa mexicana del siglo XX se sujeta voluntaria e involuntariamente al control, gubernamental y a la idea mítica de ese control, y en la cobertura informativa de las “razones de Estado”, tan amplias como indefinidas, rigen las supresiones el ocultamiento […] Se propician, y en gran escala, la mentira simple y directa, el manoseo y la tergiversación de datos y los hechos, el linchamiento moral de los disidentes y los opositores, etcétera (Monsivais citado por Cantú, 2010)

México fue el primer país latinoamericano en contar con televisión, y sin lugar a duda ésta ha sido el medio cuya influencia es tal que ha logrado permear en la cultura política, desarrollando procesos de aculturación y de construcción social de la realidad, así como de generación de opinión masiva y del delineamiento del rumbo del poder. Los dueños de dichas concesiones son actores con grandes privilegios y siempre cercanamente vinculados e interdependientes del gobierno en turno: [...] el régimen de concesiones concentra en el Ejecutivo la facultad de otorgarlas y revocarlas discrecionalmente, fruto genuino del modelo mexicano de control de los medios y de las complicidades propias del complejo político-empresarial (o burocrático-empresarial) que regirá desde entonces la actividad de los medios electrónicos (Carreño, citado por Cantú, 2010).

La situación del control de los medios en la actualidad ha cambiado significativamente de forma pero no de fondo, la misma relación de interdependencia entre éstos y el gobierno en turno ha favorecido formas monopólicas de interacción y ne84

gociación entre ambos, así como de protección y complicidad discrecional. No obstante, en lugar de hacer una separación de dichos agentes, podemos pensar que el modelo descrito se genera a partir de la relación del sistema político con las clases hegemónicas que a su vez son los propietarios de medios. La crítica situación del espacio mediático en México, tienen su origen en un fenómeno mundial, agravado con las deficiencias nacionales. La ausencia de un espacio mediático público es un mal global, y la principal causa es el surgimiento de los grandes conglomerados mediáticos, que como señala Ignacio Ramoneyt, transformaron a tal grado el negocio que antes “una empresa vendía información a los ciudadanos […] mientras que hoy una empresa mediática vende consumidores a sus anunciantes (Cantú, 2010).

En la actualidad podemos describir un panorama general del estado de la democracia en México, con base el en Índice de Desarrollo Democrático de México 2013, un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer que tiene como objetivo medir el grado de adhesión al sistema democrático y el nivel de satisfacción ciudadana con el ejercicio de sus derechos políticos y libertades civiles. La metodología para la generación del índice se puede explicar de manera general, como una valoración de 0 a 10,000 puntos en las diferentes variables, que al final se promedian para dar un índice total. Como conclusión general del estudio de 2013, se observa un escenario pesimista donde el desarrollo democrático retrocedió en función del índice, de 5505 puntos en 2012 a 5037 en 2013. Esta situación es descrita por los autores del Índice como fatiga ciudadana, que muestra que la percepción de la ciudadanía en torno a la democracia se modifica significativamente cuando no se dan soluciones inmediatas a sus problemas y necesidades 85

y después de haberse construido agendas electorales con propuestas y promesas en 2012.

Indice de Desarrollo Democrático 2010-2013

2010

5,828

2011

5,804

2012

5,505

2013 4,600

5,037 4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

Figura 3. La calidad del desarrollo democrático se ha visto influenciada por la baja confianza en las instituciones políticas en nuestro país. La inseguridad se percibe como uno de los grandes retos de México, y uno de los aspectos que refleja el déficit democrático al vincularse la seguridad con la libertad y otros derechos políticos. Para elevar los niveles de participación de la ciudadanía deben fortalecerse los medios de vinculación de los representantes con las necesidades de quienes los han elegido. Fuente: Elaboración propia con base en Informes de la Fundación Konrad Adenauer.

El estado de más alto desarrollo democrático en 2013, es Yucatán seguido por Baja California Sur, Coahuila, el Distrito Federal y Guanajuato. Aunque cabe destacar que hay 19 estados por debajo del promedio del índice nacional, mientras que otras 9 entidades calificaron con un índice de bajo desarrollo y 6 entidades con apenas un mínimo de desarrollo democrático. 86

Índice de Desarrollo Democrático por entidad federativa 2013 1789 1938 2534 2828 2877 2948 3168 3356 3705 3755 3895 4011 4168 4187 4205 4816 4927 4936 4996 5043

Tamaulipas Guerrero Chihuaha Puebla Durango México Michoacán Sinaloa Chiapas Zacatecas Quintana Roo Sonora Veracruz Tabasco San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco Baja California Tlaxcala Campeche Oaxaca Hidalgo Morelos Nayarit Nuevo León Querétaro Colima Guanajuato Distrito Federal Coahuila Baja California Sur Yucatán

5674 5764 6134 6142 6512 6651 6721 7337 7857 8336 9989 10000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Figura 4. El índice de desarrollo democrático entre las entidades federativas muestra disparidades que reflejan la heterogeneidad de contextos que los estados tienen que hacer frente para generar ambientes amables en sus sistemas políticos. Las entidades mejor evaluadas han desarrollado estrategias diversas para el perfeccionamiento de sus democracias, en el caso de Yucatán destaca sus bajos niveles de inseguridad, Coahuila ha apostado por la seguridad financiera, Baja California Sur enfocó su atención en el sistema educativo a nivel secundario, el Distrito Federal cuenta con altos niveles de involucramiento ciudadano, mientras que Guanajuato expone un clima de confianza para el ejercicio de los derechos civiles. Fuente: Elaboración propia con base en Informes de la Fundación Konrad Adenauer.

La primera variable referida a la dimensión de derechos políticos y civiles, dentro de la medición del índice trata de explicar el desarrollo democrático desde la visión de la ciudadanía, en esta variable se obtuvo un resultado promedio de todas las entidades federativas de 4,219 puntos un 20% menor respecto de 2012, siendo el Estado de Guanajuato el que obtuvo mejor puntaje con 6,933. Dentro de esta variable hay un subíndice que mide el condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad, lo cual es un situación de atención a lo largo del país por el fenómeno vivido en los últimos años y que ha influido en las decisiones políticas y en el desarrollo de las instituciones gubernamentales, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2014, 58% de los mexicanos consideran a la inseguridad como uno de los principales problemas del país, 33.9 por ciento de los hogares en México tiene al menos una víctima de delito, se generaron 33.1 millones de delitos y solo 3 de cada 100 delitos que ocurrieron en México en 2013 tuvieron una resolución judicial. Así el indicador de esta variable describe de acuerdo al estudio que sin seguridad no hay libertad y de esta manera se condicionan los derechos, por lo tanto este aspecto es uno de los puntos que representa uno de los déficit de la democracia más urgentes y significantes. Observamos también que otra de las dimensiones de estudio del índice de desarrollo democrático, es la Calidad Institucional y Eficiencia Política, es decir la democracia al interior de las instituciones, esta variable permite comprender la eficiencia y calidad en el sistema político institucional con aspectos como la rendición de cuentas y el balance de poder o aquellos mecanismos que permiten controlar a los funcionarios públicos y autoridades en sus acciones y cómo dan respuesta a las necesidades de la población. El primer componente de esta dimensión de estudio es el Índice de Percepción de la Corrupción en el que 17 de los Estados 88

califica por encima del promedio nacional, y son los estados de Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca y el Estado de México las entidades con mayores niveles de corrupción. El siguiente indicador es la Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, que permite evaluar la gobernabilidad de este poder, el estudio destaca sobre este aspecto que el sistema político mexicano se caracteriza por no contra con partidos políticos estatales estables, lo cual podría deberse a la debilidad de las leyes electorales de las entidades. Lo cual los hace competir en desventaja respecto de los federales. Sin embargo se describe a México como un país dentro de los estándares ideales democráticos por tener una cantidad ideal de partidos políticos participando en la vida legislativa, lo cual permite que haya diversidad en la representación y podría asegurarse la gobernabilidad. Otro de los indicadores es la Participación en  las decisiones públicas, esto refiere a que la participación política no solo se resume al voto, sino que las obligaciones políticas y civiles de los ciudadanos han cambiado, dando más espacios de incidencia. Las entidades mejor calificadas en este rubro son aquellas que cuentan con instancias de participación y que instrumentan su propia normativa estatal; no obstante en México solo el Distrito Federal, el Estado de México, Durango y Michoacán se encuentran en esta situación. El último indicador de esta dimensión es el de accountability entendida desde un enfoque legal y otro social, dentro del primer enfoque se contemplan los mecanismos institucionales que han sido diseñados para asegurar que los funcionarios públicos realicen sus acciones en un marco legal y constitucional, y la evaluación general de este aspecto retrocedió respecto de 2012 en un 5% con un total de 5, 113 puntos. El latinobarómetro es otro estudio que mide el desarrollo de la democracia, basado en la percepción de la ciudadanía, este 89

se realiza en dieciocho países de América Latina. El reporte de este estudio de 2013 expone que solo el 37% de la población apoya la democracia al visualizar que la alternancia en el poder no genera ningún cambio significativo, se menciona también el impacto de la violencia como fenómeno que incide en el desarrollo democrático. Un 44% de los encuestados considera que la democracia en el país tiene grandes problemas y un porcentaje similar considera que la democracia puede funcionar si partidos políticos. Apenas un 21% de la población encuestada se encuentra satisfecha con la democracia actual y solo un 30% se encuentra muy interesado o algo interesado en la política. Destaca como reto para la democracia las cifras en torno a la desigualdad, en México según este estudio, hasta 55% de la población se ha quedado sin dinero para comprar comida y a un 52% no le alcanza su ingreso. En cuanto a la percepción del gobierno un 53% ve poco probable que el gobierno pueda resolver los problemas en los próximos cinco años

Las tecnologías de la información y comunicaciones como alternativa en la sociedad de la información, desinformada

La mancuerna entre partidos políticos y medios de comunicación limita, como ya hemos argumentado, los espacios de participación, sin embargo, también hemos expuesto que las tecnologías de la información y comunicaciones podrían constituir la piedra angular de una propuesta democratizadora, en tanto que las formas de comunicación a través de éstas ocurre en forma más inmediata, con un alcance mucho mayor e interacción ágil y más cercana. La política se basa en la comunicación, sea a través de la persuasión, la negociación, la consecución de acuerdos, por lo que los medios de comunicación y las TIC, con un papel 90

de la mayor relevancia, si bien complejo y ambiguo, constituyen a su vez recursos de poder capaces de favorecer u obstaculizar el desarrollo de la democracia: Las sociedades cambian a través del conflicto y se gestionan mediante la política. Como Internet se está convirtiendo en un medio esencial de comunicación y organización en todos los ámbitos de la actividad, es obvio que los movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo utilizarán cada vez más, transformándolo en una herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contradominar. El ciberespacio se está convirtiendo en un terreno disputado (Castells, 2001).

El beneficio peculiar de las TIC y los medios de comunicación que hacen uso de éstas para difundir mensajes es que aceleran el flujo de la información: La oportunidad y pertinencia de la información implica que esta se difunda en el momento preciso y con la valoración adecuada , es decir, ni antes ni después y en el lugar y espacios apropiados a su importancia. Requiere hacerse pública en el momento que se cuenta con los elementos suficientes para brindar una información completa, no demorarla para buscar efectos ulteriores ni adelantarla con criterios comerciales, simplemente hacerlo en el tiempo exacto. Y la pertinencia consiste en darle su justa dimensión de acuerdo con su impacto en la vida pública de la comunidad (Cantú, 2010).

Aunque en la actualidad nos enfrentamos al problema de la edición de información, ya que mucha de la información que fluye a través del Internet y de otros medios contiene grandes vacíos y sin criterios claros para juzgar su pertinencia, relevancia y veracidad. Los medios modernos de comunicación no 91

siempre crean circuitos de comunicación y retroalimentación, reduciéndose a veces a meros difusores de información sin los filtros editoriales indispensables. La información sin edición es un grave defecto tanto de muchos de los medios de comunicación que hacen uso de canales digitales, como de los nuevos personajes difusores de información, y en general de aquellos que suelen hacer uso de las redes para generar información, pues la inmediatez ha suplantado a la investigación y a las fuentes. En el presente el poder también se ha tornado informacional; desde la perspectiva de Lash la información está organizada no por su valor de uso o de cambio sino por su valor en tiempo real, sin valía para el pasado y el futuro. El autor describe la dialéctica entre orden y desorden en la sociedad de la información : [el] desorden informacional genera sus propias relaciones de poder: por un lado, el poder y conocimiento inmediato de los bytes de información y, por otro, el reordenamiento de la información en categorías de propiedad intelectual “ (Lash, citado por Betancourt 2011). Mientras que la desigualdad en la visión de Betancourt, se da más en términos de exclusión que de explotación, va consolidándose una élite global que excluye a la periferia: “las elites se autoexcluyen de los flujos nacionales de información y comunicación y dejan de identificarse voluntariamente con ellos, mientras se autoincluyen e identifican con los flujos globales” (Betancourt, 2011) Mientras tanto el ciudadano, consume, percibe y recibe grandes cantidades de información, pero no siempre cuenta con la capacidad procesarla y digerirla en forma reflexiva: El saber el logos no es patos, y para administrar la ciudad política es necesario el logos. La cultura escrita no alcanza este grado de “agitación”. Y aun cuando la palabra también puede inflamar los ánimos (en la radio, por ejemplo), la palabra produce siempre 92

menos conmoción que la imagen. Así pues, la cultura de la imagen rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. La racionalidad del homo sapiens está retrocediendo, y en la política emotivizada, provocada por la imagen, solivianta y agrava los problemas sin proporcionar absolutamente ninguna solución. (Sartori, 1998)

El procesamiento de la información por el ciudadano es limitada, pero gracias a nuestras capacidades comunicativas, potencializadas por el uso de TIC somos capaces de proponer nuevas formas de acción y de organización. Los ciudadanos exigen ser informados y escuchados, “las asociaciones de ciudadanos de escasos recursos deberán ser capacitadas para que pudiesen competir eficazmente con los grupos de presión, que disponen de abundantes recursos, en el costoso ruedo de la deliberación política” (Hume citada por Cantú, 2010); y así fortalecer el papel de la sociedad civil para redefinir lo público, pues “si la democracia es (como lo es) un sistema político en el que los ciudadanos tienen una voz importante en los asuntos públicos, entonces la ciudadanía no puede permanecer desinformada respecto de esos asuntos públicos” (Sartori, 2003). Por tal, es tarea de los medios considerar las audiencias como ciudadanos capaces de participar y no como simples observadores o consumidores pasivos. Cubrir las noticias del ciudadano hacia arriba, en vez de hacerlo desde el experto hacia abajo. Tomando en cuenta a la gente ordinaria y asume el tratamiento de los asuntos que ellos consideran importantes, en vez de descansar únicamente en expertos a los actores para determinar la agenda (Cantú, 2010).

La democracia infinitesimal La democracia es una forma de vida del Estado que se vincula con las acciones del individuo y la sociedad condicionadas a su vez por la cultura y sus patrones. Las condiciones socioeconómicas, el tamaño de la población y el territorio son aspectos que contribuyen a dar forma a la cultura política y al ejercicio del poder, que constantemente plantea contradicciones pues da lugar a acciones que muestran el comportamiento de los actores en el sistema político. En la democracia representativa, podemos replantearnos el valor del voto, ya que la ciudadanía necesita en muchas ocasiones de los partidos políticos para acceder al poder, y el ciudadano observa que hay una credencialización del mismo. Su integración a un padrón electoral y el diseño de las estrategias para conquistar su voto se basan en el comportamiento de las unidades electorales, lo reduce al ciudadano a apenas una partícula del sistema político, a un fragmento atomizado que no puede definir el cambio por sí sólo. Hemos transitado de una democracia de ciudadanos a una democracia de electores en la que el sistema electoral otorga una nueva condición y serias limitaciones al ejercicio de la ciudadanía, que se reduce a la emisión del voto, momento fundamental pero insuficiente de la conformación ciudadana en una democracia plural y participativa. Por otro lado, a su vez por una parte el ciudadano se ha reducido a un mero espectador de la cosa pública, y por otra, en el actor que puja por hacer oír su voz en medio del caos y del ruido de la faena política; situación que combinada expone las contrariedades entre el beneficio y los riesgos de la incorporación de las TIC en la vida política, pero que sin duda permite revalorizar el papel del ciudadano y replantear su participación en la vida política. 94

En La democracia ciudadana el acento se desplaza del régimen político hacia el ejercicio de los derechos políticos, creando mecanismos que limitan la capacidad de los partidos y los medios de comunicación para modelar a su antojo las preferencias ciudadanas. Hablar de este tipo de democracia requiere de una concepción de la misma más amplia y compleja que implica además concebir el poder de forma distinta. Así, observaremos que si el Estado es una forma de organización de la sociedad y el flujo de poder se organiza con la finalidad de construir un régimen democrático, cambiarán las dinámicas entre los actores del sistema político; para lo cual se requiere afirmar que el poder en tanto capacidad de hacer, nunca es individual sino social y su ejercicio desde una perspectiva democrática deberá facilitar los medios para hacerlo, transformando la participación de la pasividad hacia la actividad y la proactividad ciudadana. Las TIC plantean respuestas, pero al mismo tiempo demandan cambios al interior del sistema político. Una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad implica la transformación de la política. La relación entre el ideal de la democracia y la realidad es compleja y divergente; y aunque los sistemas electorales se han ido adaptando a los procesos de transformación de la cultura política para que todos puedan hacer y ampliar sus medios de participación, para perfeccionar el régimen democrático habrá que expandir la ciudadanía, eliminar las desigualdades, ampliar el espacio público y armonizar la interacción entre los poderes fácticos –como los medios de comunicación–, la sociedad civil y el Estado; pero sobre todo recuperar la gobernabilidad, entendida como la representación de la ciudadanía en el gobierno. Así otra de las tareas de la democracia consiste en la reconstrucción del espacio institucional de ‘la polis’, de tal forma que la política vuelva a tener sentido como una actividad que articula y genera vínculos entre actores sociales. 95

CAPÍTULO CUARTO DESARROLLO Y POSIBILIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: HACÍA UNA CIUDADANÍA DIGITAL

a credencialización del ciudadano, reducido a mero emisor de un voto y a millonésima parte de un padrón, nos permite ver que la incidencia del sufragio se encuentra condenada a una democracia infinitesimal, incapaz de establecer las conexiones que fortalezcan el tejido social y permitan la comunicación en la diferencia. Ante ese escenario las tecnologías de la información y comunicaciones representan una posibilidad democratizadora para sortear al sistema que ha reducido y fraccionado la participación del ciudadano como actor fundamental del sistema político; colocando expectativas y una dosis de esperanza en las posibilidades por ellas creadas. La crisis de representación en la democracia indirecta, las fallas en el sistema de partidos, la democracia directa que perdió vigencia y la falta de uso de otros mecanismos, nos permiten ubicar áreas de oportunidad donde las tecnologías de la información y comunicaciones pueden ayudar a transformar los procesos democratizadores. La nota al pie acerca de la incorporación de la tecnología para la transformación social es que ésta solo pueden mejorar el estado de la cuestión cuando hay algo que mejorar: “La tecnología solo puede complementar la vida social y cultural cuando ya hay algo de valor para complementar y mejorar“ (Winocur, 2004) En este capítulo se busca analizar algunas de las ventajas de las TIC, dimensionar y cuantificar su impacto, revisar algunos 97

sucesos recientes de movilización social que han hecho uso de ellas y, ante los retos de la democracia descritos en capítulos anteriores, explorar las complejidades de éstas nuevas formas de ejercer ciudadanía.

¿Qué son las tecnologías de la información y comunicaciones? Las tecnologías de la información y comunicaciones son aquellas tecnologías de comunicación como la radio, la televisión, la telefonía y las surgidas más recientemente a través de la digitalización, la informática y, sobre todo, el Internet. Una de las principales características representativas de las TIC reside en su carácter inmaterial, en la medida en que funcionan en gran medida a través de simulaciones o se plasman en forma virtual; las TIC favorecen en forma extraordinaria la interacción y los intercambios de información, potencian la interconexión mediante la creación de redes; son de carácter virtualmente instantáneo y cuentan con procesos de digitalización que permite la unificación de formatos; todo lo cual se ha traducido en el n sorprendente impacto en todos los ámbitos de la vida en la sociedad global contemporánea, desde el cultural, hasta el económico, político, educativo e industrial, por mencionar tan sólo unos cuantos. El primer antecedente de una red de redes, que daría posterior surgimiento al Internet como lo conocemos en la actualidad, se remonta a los años sesenta en Estados Unidos, en el Instituto de Investigaciones de Standford se compartían recursos bajo el contexto de la Guerra Fría, con científicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos que crearon a partir de esta iniciativa un proyecto denominado ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) por sus siglas en inglés, cuyo objetivo 98

era resguardar la información. A principios de la década de los setenta se financia un protocolo de transferencia de datos (TCP/ IP) denominado Internet, mas es hacia mitades de los setenta que la parte científica y militar se separan de este proyecto, dando lugar a otras redes como la comercial American Online y es a partir de la década de los noventa, que después de una fase de experimentación las conexiones aumentan popularizando su uso. En México, el Internet llega gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) hacia 1991. Un año más tarde, la Universidad de Guadalajara fundó MEXNET, una asociación académica integrada por varias universidades del país, enlazándose directamente a Internet a través de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En 1993, el CONACyT estableció su propia red denominada Red Total CONACyT que se conectaba a un satélite directo al Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado, EEUU. En el sector comercial, se puede citar como antecedente el establecimiento de un Capítulo de la empresa Net Work Solutions en México hacia el año de 1995. Actualmente casi 2 mil millones de personas se conectan a Internet alrededor del mundo y algunas redes sociales como Facebook tienen hasta 600 millones de usuarios. El Internet cambió la organización del día a día en millones de personas, la forma de hacer negocios, y poco a poco el ordenamiento del sector público. La Asociación Mexicana de Internet AMIPCI, ha expuesto que México cuenta al 2013 con 51.2 millones usuarios de Internet, la penetración de Internet en México aumentó un 13% respecto de 2013. Y se sabe que el promedio de antigüedad del internauta mexicano es de 6 años, mientras que el tiempo promedio de conexión del internauta es de 5 horas y 36 minutos, 5 de cada 10 internautas se conectan a través de su smartphone, 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social. 99

Usuarios de Internet en México 2006-2013 60 50

51.2 45.1

40.6 34.9

30.6 27.6 23.9

20.2

10 0

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Figura 5. El crecimiento de usuarios de Internet en México a lo largo de los últimos años ha sido notable, empero esto no necesariamente podría ser a causa de las políticas o programas gubernamentales, sino al inevitable avance de la tecnología que ha puesto el acceso a esta última de manera más asequible. Aunque la brecha en conectividad ha disminuido, aún se necesitan acciones para promover la apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones a través del fortalecimiento de las habilidades digitales, lo cual impactará en la efectiva generación de oportunidades de desarrollo social, económico, cultural y político de la población. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

100

Tecnologías de la información y comunicaciones para la movilización social

Las juventudes suelen estar más relacionadas con el uso de las redes sociales, ya sea a causa de la distribución de la pirámide poblacional, ya porque es característico de las mismas su inmersión en las tendencias y modas. Los jóvenes han sido los protagonistas de muchas de las movilizaciones sociales acontecidas durante las últimas décadas en las que las TIC han jugado un papel estratégico, y han sido desde siempre portadores del cambio, canalizado su vitalidad y entusiasmo al resto de la sociedad Las movilizaciones sociales suelen surgir de manera espontánea como producto de la acción colectiva para hacer visible una o varias demandas de algún grupo social. Ante ello las TIC han potenciado en forma extraordinaria estos procesos, la facilidad de interacción que éstas permiten muestran la oportunidad de generar redes de forma más asequible, la difusión instantánea de los mensajes y su efecto multiplicador o viralizador, pues el Internet es un excelente medio de movilización social que a diferencia de otros medios de comunicación masiva permite mucha mayor interacción recíproca, igualitaria y reflexiva. Los movimientos sociales liberan la distensión de la acumulación crítica y catalizan el perfeccionamiento de la democracia, acumulan en una sola voz las demandas que no han sido satisfechas y se vuelven expresión manifiesta del poder de la acción colectiva. Los movimientos sociales son esencialmente procesos de comunicación más información. Desde la perspectiva de Sagástegui, los movimientos sociales en la actualidad en tanto que son esencialmente procesos de comunicación, requieren diversificar sus estrategias: […] los movimientos sociales contemporáneos enfatizan la dimensión expresiva, es decir, manifestada en sentimientos, situaciones, 101

estilos de vida, etcétera, sobre la exhortación prescriptiva –organizada antes con modos de sociedad o de gremio político-. Una consecuencia que se deriva de esta situación es que los movimientos sociales requieren establecer estrategias de comunicación cada vez más diversificadas, y entonces es indispensable que los grupos movilizados deben ser hábiles más en el manejo de códigos culturales, para que les sea posible constituir su propia acción como un mensaje a la sociedad. Esto supone que los grupos sociales deben ser capaces de construir representaciones de sí mismos y de su causa, de tal manera que pueden ser interpretadas por sustratos poblacionales más amplios y de este modo, influir en la formación de imaginarios colectivos. Evidentemente, todo esto implica el uso de medios de comunicación masivos (Sagástegui, 2004).

Las estrategias de movilización deben estar fundadas en la difusión de información para promover la reconformación del espacio público, una de ellas es la creación de redes que necesita empatizar con elementos de la identidad. Los movimientos sociales también han ganado nuevas formas y colaboradores a través del ejercicio del ciberactivismo, que ha mostrado reforzar las acciones y la amplificación de las voces en los movimientos sociales, introduciendo conceptos como las multitudes inteligentes, o las personas actuando de manera conjunta a pesar de estar localizadas en distintos lugares y de no conocerse. Yochai Benkler, profesor de la Harvard Law School, ha descrito los beneficios del trabajo en red con base en Internet, denominando producción colaborativa al producto de individuos estimulados por diferentes incentivos sociales que no siguen la lógica del mercado, no son órdenes de una organización jerárquica; desembocando en el aparecimiento de una nueva esfera pública organizada en redes. Uno de los primeros movimientos sociales que hizo uso del Internet para la invitación a la acción fue el movimiento zapa102

FOTO: V. Carrera

tista, lo que le permitió hizo posicionarse de imediato mediáticamente a nivel internacional, ofreciendo su mensaje a nuevas audiencias, “el movimiento zapatista se convirtió en 1994 en la primera guerrilla informacional” (Castells,1997).

Figura 6. “Marcos y McDonald´s”. El movimiento zapatista hizo su aparición en Enero de 1994, exponiendo los niveles de pobreza y falta de servicios públicos en las comunidades del sur de México. Para los integrantes de este movimiento la idea de autonomía estaba vinculada a la idea de un mundo donde quepan muchos mundos, respeto a los usos y costumbres y la propuesta de un modelo económico basado en la colaboración y la solidaridad, manifestando así alternativas a las estrategias económicas adoptadas por el gobierno.

El uso hábil del Internet para obtener resonancia en los medios de comunicación internacionales colocó a este movimiento como un ejemplo de cómo se transformarían las revoluciones sociales del siglo XX. El zapatismo se conformó como un movimiento heterogéneo que expresaba diferentes anhelos comunitarios y políticos. Su actividad en Internet consistió en circular información sobre lo que sucedía en Chiapas a través de diver103

sos sitios web, largas listas de correos y apertura de foros virtuales donde podía haber interacción y se recibían denuncias y peticiones de intervención a diversas organizaciones no gubernamentales, se hacían llamados a caravanas de ayuda y apoyo a proyectos, conferencias, protestas, marchas y manifestaciones. También se coordinaban y difundían los encuentros convocados por el EZLN. El carácter no institucional y alternativo de la comunicación por Internet hace a ésta especialmente apta para ser usada por gran número de personas que no tienen acceso a los medios de comunicación oficiales y que tratan de expresar opiniones e intereses opuestos a los de los grupos dominantes, al tiempo que desafían al orden político o cultural existentes. Otra movilización social que captó la atención mundial fue la denominada Primavera Árabe en 2010 en la que las redes sociales en boga cumplieron un papel fundamental. El auge de los teléfonos móviles contribuyó a que se diera un efecto dominó después de la Revolución Tunecina que se sumaba a otras protestas a lo largo del año, activistas de otros países se sumaron y difundían lo sucedido. Durante una manifestación en la Plaza Tahrir en el Cairo Twitter registró bastante actividad posicionando el tema en la atención mediática mundial, y la comunidad internacional se solidarizó difundiendo mensajes de lo que acontecía, así como de apoyo y de información sobre cómo actuar frente a las fuerzas del Estado. La Primavera Árabe invitó al ejercicio de un periodismo ciudadano en el que la información de los sucesos de primera mano, venían de los blogs y redes sociales pues muchos de los medios de comunicación tradicionales escondían los sucesos reales. La autonomía de la red, mostraba brindar un espacio de libertad que el sistema político negaba, por ello observamos como los movimientos sociales del siglo XX y XXI, ofrecen además nuevos códigos culturales y de valores. 104

FOTO: ARCHIVO FOTO: Ale Arillo

Figura 7. Lina Ben Mhenni, fue una de las voces de la revolución tunecina impulsando las demandas de la democracia en Egipto a través de su sitio web “A Tunisian Girl”, en donde cubrió las revueltas de la Primavera Árabe. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2011.

Figura 8. “Concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla”. El descontento social después de la crisis del 2008 que provocó recortes de los apoyos sociales, los integrantes se describieron como “indignados” al estar en disconformidad con las reformas políticas y económicas y la falta de escucha de los actores políticos. La visión de una sociedad con democracia directa y participativa con una ciudadanía activa y acceso a los medios de comunicación, los llevó a integrarse en colectivos para el desarrollo de propuestas en diferentes áreas temáticas.

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Un año más tarde, en España se desarrolló el movimiento social llamado 15M, en medio de las campañas para elecciones municipales y bajo una crisis económica que había ocasionado numerosos recortes. La intención del movimiento era la de promover una democracia participativa como alternativa al sistema bipartidista, que pugnaba por atención a los derechos constitucionales como vivienda digna, salud pública gratuita y refuerzo del sistema educativo. Este movimiento criticaba la reforma fiscal y de condiciones laborales, de impuesto al patrimonio y sucesiones. Exhortaba a que los medios de comunicación fueran éticos y veraces, al cierre de centrales nucleares y la promoción de energías renovables. El movimiento se describía a sí mismo como un movimiento de indignados, y diversos colectivos convocaron a acampar en la Puerta del Sol de forma pacífica. El Estudio sobre el 15M en las redes sociales realizado por el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y la empresa Cierzo Development, entre 25 de abril y el 26 de mayo de 2011 analizó palabras claves relacionadas con el 15M, cuantificando 581.749 mensajes provenientes de 87.569 usuarios tan solo en España, concluyendo que el movimiento fue de forma espontánea, no manipulada y que su crecimiento se dio de forma viral. Un caso también interesante, por ser una iniciativa direccionada a organismos internacionales, fue Ocupa Wall Street o Toma Wall Street, Occupy Wall Street en inglés, que han acampado desde 2011 en el Paque Zuccotti en Nueva York. El enfoque del mensaje de este movimiento es una protesta hacia el poder de las empresas y de la distribución de la riqueza inequitativa, por la crisis económica acontecida en 2008 en Estados Unidos y que permeó al resto del mundo. Dicha protesta nació en septiembre de 2011 en EE.UU. con el objetivo de denunciar los enormes niveles de desigualdad entre la minoría más rica 106

FOTO: Darwin Yamamoto

del país y el resto de los ciudadanos. El sitio web de este movimiento busca inspirar a los ciudadanos para participar en la arena política, e incluso se encuentran desarrollando su propia red social para garantizar la seguridad de la información y autenticidad de sus miembros.

Figura 9. “Occupy Wall Street takes over Washington Square Park”. El poder de los bancos y de las corporaciones multinacionales sobre los procesos democráticos, fue la motivación al llamado de este movimiento para llamar la atención de los actores del distrito financiero de Wall Street. A través de una ciudadanía reunida en solidaridad que convocó a hacer ejercicio de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y de asociación, se hizo un llamado a la revolución mundial para combatir las disparidades de la economía global y de la distribución inequitativa de la riqueza, a la par de un futuro incierto tras el colapso económico que causó la recesión mas grande en la historia de los Estados Unidos.

México vivió su propio fenómeno social durante las campañas electorales de 2012, llamado #YoSoy132 donde estudiantes universitarios y simpatizantes de otras ciudades del mundo, comenzaron movilizaciones que demandaban la democratización de los medios de comunicación, señalando el duopolio televisivo que coadyuvaba a la manipulación de la información durante la jornada electoral. Algunas peculiaridades de este movimiento fue que integró a población juvenil de clase media y media alta, 107

FOTO: IttaiF

que exhortaban a la transparencia de la información y mostraban que existen nuevas opciones de consumo de información en la red, además de que el consumo de información con conocimiento está relacionado con el empoderamiento ciudadano.

Figura 10. “Debate 132”. En una plaza pública del municipio de Cuernavaca Morelos, colectivos juveniles se organizaron para proyectar la transmisión del debate no oficial de los candidatos a la presidencia en 2012. El movimiento universitario #YoSoy132 logró convocar a los aspirantes presidenciales a un ejercicio de debate transmitido por Internet a través de la plataforma de YouTube, y generó más vistas que el que fue organizado por el Instituto Federal Electoral. Este fue el tercero de dos más que fueron mostrados a través de las principales televisoras nacionales, el primero organizado por la ciudadanía que además permitió que llegaran preguntas de los ciudadanos para ser hechas a los candidatos a través del moderador.

El valor agregado de este tipo de movimientos sociales, fue mostrar que ahora estos pueden verdaderamente generar organizaciones horizontales y con liderazgos extensos, mostraron además el desencanto de las juventudes y su renuencia a hacer uso de vías tradicionales para negociar. Los movimientos sociales de la última década que han hecho uso del Internet constituyen alternativas viables ante los medios tradicionales, el trabajo en red que han generado les permitió pasar de la predisposición a la acción, en tanto que aquellas personas dispuestas a partici108

par encontraron espacios de incidencia al contactar fácilmente con organizaciones ciudadanas horizontales e incluyentes. También han puesto de manifiesto que la movilización social acelera o relaja la acumulación crítica de esas necesidades no atendidas por los sistemas democráticos, y que un resultado de éstas puede ser el generar disrupción o innovación en los sistemas políticos y en el quehacer del gobierno en tanto se aproveche el uso del pensamiento colectivo donde las diferencias enriquecen una idea común. En suma, Internet genera la posibilidad de conectividad y efectividad política donde apenas existe, en este contexto se ve la relevancia del uso de herramientas digitales como YouTube, Facebook y Twitter, usadas habitualmente por los jóvenes, las cuales se sustraen de la posible influencia y manipulación del gobierno y de los partidos políticos. No obstante, debemos cuidarnos de sobredimensionar los alcances y objetivos de las TIC y su potencial de generación del cambio. Estudiar los movimientos sociales es un tarea compleja, pues hay que enfrentarse a algunos paradigmas relacionados con la cultura, a la par de tratar un suceso de naturaleza emergente. Generar conclusiones, en torno a las bondades de las tecnologías de la información y comunicaciones para movilización social, más allá de la documentación del optimismo, requiere emitir juicios no solo centrados en lo que paso a nivel macro social, y el efecto masivo provocado por la tecnología, sino lo que hizo la gente a nivel micro, individual con ellas, es decir en un ejercicio de ciudadanía. A pesar de la magnitud y lo abrumador de la efervescencia con la que surgen este tipo de movimientos, se debe puntualizar que el impacto generado suele ser de corto plazo y que las transformaciones sin bien significativas, no son sustanciales, pues se requiere más que solo la movilización social para cambiar las estructuras de poder. 109

Nuevas tendencias Las tecnologías de la información y comunicaciones, y en especial el Internet, no están limitados al uso de las redes sociales para la movilización social y para generar acciones que las consoliden como posibilidad democratizadora, otras de las posibilidades que vale la pena mencionar es la tendencia denominada Internet de las cosas y el big data. El Internet de las cosas, surge como resultado del crecimiento exponencial de individuos con objetos y dispositivos conectados en cualquier momento y lugar a Internet, por lo que se comienzan a desarrollar iniciativas donde convergen lo físico y lo digital en la vida cotidiana, creando ambientes permanentemente conectados. De tal suerte que todo objeto conectado a Internet se vuelve una fuente de datos, permitiendo predecir el comportamiento de los usuarios y su monitorización. Ahora el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos son actividades fundamentales de la economía, ya que la información se consolidó como otra fuente de capital productivo. El big data o megadata es un término que describe una situación en la que el volumen, la velocidad y la variedad de los datos excede el almacenamiento o el cálculo de la capacidad de una organización para la precisa y oportuna toma de decisiones. Un ejemplo es que la empresa Wal Mart maneja más de una millón de transacciones por hora a nivel mundial, generando una base de datos en constante cambio con cientos de millones de entidades y relaciones. Las áreas de aplicación del Internet de las cosas y de la megadata, plantean un nuevo paradigma en la solución de las demandas de la población, sea por medio del sector público o privado, pues sugiere que es necesario dar espacio a la innovación social, al mismo tiempo que se reconceptualiza la movilidad de la población, pues ahora todo es más inmediato que inmediato. En la 110

era de los grandes datos, podemos triturar una cantidad incomprensible de la información, que ocasiona que la información se constituya como elemento determinante de poder y riqueza. Las tecnologías de la información y comunicaciones apoyan no solo a recopilar la información, sino a entenderla y sacarle provecho. Incluso la información acerca de la información o metadatos, están generando nuevas industrias, ya sea para el control de la búsqueda de ellos o servicios de organización. La visión esperanzadora del uso de datos, es que las organizaciones serán capaces hacer uso de información para tomar las mejores decisiones. Estas nuevas tendencias en torno a las TIC han planteado nuevas interrogantes, como la regulación de la misma información, y el constante e inevitable monitoreo, en contraposición al derecho a la privacidad. Por un parte los individuos están perdiendo la noción de la exposición a la que están sometidos, y por otra los gobiernos se ven rebasados por la velocidad del cambio tecnológico que los desafía en un espacio de naturaleza público, pero que origina situaciones en las que se necesita de la intervención para marcar pautas en la interacción y uso. Además de la premisa de que en las sociedades informatizadas del presente el poder no reside ya en el ejercicio de la fuerza física, sino en el uso de informaciones que permiten influir y controlar las actividades de los ciudadanos. El desarrollo de algoritmos, ha avanzado para gestionar los datos como principal activo estratégico, obtener información rápida de datos grandes y ha permitido aumentar la capacidad de resolver problemas cada vez más complejos, así como desarrollo de servicios de software que los hacen accesibles, dando lugar a que los activos intangibles se conviertan en los recursos críticos de los que depende el éxito de una organización. Hay diferentes posiciones respecto de la posibilidad de regulación del ciberespacio incluso contrapuestas, desde la perspec111

tiva de Theodore Roszak (1986): “las tecnología de la información tienen la capacidad obvia de concentrar el poder político, de crear nuevas formas de ofuscación y dominación sociales”. Mientras que Sagástegui opina que existe un mito en torno a esto pues “la red se utiliza de diferentes maneras y con distintos propósitos y que no es susceptible a los intentos de institucionalización” (Sagástegui, 2004). Para control, hay diversas formas de institucionalización, como la privatización del servicio y limitar el acceso, incluso la misma gestión de la información pues en la práctica consigue su unificación en el espacio virtual, por ello vale la pena hacer una distinción entre regulación y censura. Internet es un sitio de investigación, en el que hay la posibilidad de estudiar las procesos sociales fundamentales, y en el que se eleva la perdurabilidad de los elementos de la interacción social, se visualiza al ciberespacio también como la promesa de espacio abierto, libre y alterno.

La gobernanza en Internet La gobernanza en Internet es un tema que nos permite acercarnos al debate sobre sus institucionalización, su configuración determinará el respeto a algunos derechos civiles o el mantenimiento de privilegios a ciertos actores. La lucha para el mantenimiento del carácter libre, público, abierto, descentralizado del Internet será ardua en tanto que se sigan engrosando y fortaleciendo los monopolios de información y comunicación, por ello es menester comenzar a generar los primeros esfuerzos para definir los denominados derechos digitales. Las telecomunicaciones son un medio en el que se ejercen algunos derechos fundamentales, como el derecho a la información y a la libertad de expresión, al tiempo que representa una 112

de las bases para el desarrollo económico, social y democrático de un país. En México, recientemente se propuso, discutió y aprobó la reforma en telecomunicaciones, en la que destacan la modificación al artículo sexto constitucional que obliga al Estado a garantizar el acceso a banda ancha e Internet para todos los mexicanos, una política de inclusión digital, nuevas disposiciones sobre la administración del espectro radioeléctrico que es el medio de transmisión de los servicios de telecomunicaciones, y la apertura a nuevos espacios de competencia en la provisión de servicios para evitar distorsiones en el mercado. Sobresale, así mismo, la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y la transformación de la Comisión Federal de Competencia en la Comisión Federal de Competencia Económica. Si bien las problemáticas no solo se resuelven con modificaciones a la constitución, algunas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México versaron sobre la necesidad de simplificar el otorgamiento de concesiones, garantizar la transparencia y la aplicación efectiva de las regulaciones, estimular la competencia, liberar espectro radioeléctrico para satisfacer la demanda de servicios de datos en banda ancha móvil. La banda ancha es el otro impulsor principal del crecimiento en el mercado de las telecomunicaciones en México, la OCDE menciona que en México comenzó tarde el desarrollo del mercado de banda ancha en comparación con otros países de la misma organización. El escenario futuro para México, es relativamente prometedor en tanto que se ha visualizado que para 2020 el país podía reducir la brecha digital en la banda ancha móvil, de acuerdo con Pablo Bello secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), aunque requerirá de una inversión de 8,500 113

millones de dólares al año entre 2013 y 2020. Enfrentamos además retos relacionados con la brecha digital, si bien el número de usuarios de Internet en nuestro país ha crecido, el rezago respecto de las habilidades y capacidades para hacer uso potencial del mismo, y volverlo una herramienta para la generación de ciudadanía, es aún un tema pendiente en el debate y su incorporación en las agendas. La brecha digital es la separación entre personas y sus limitaciones de acceso en relación al uso de las tecnologías de información. Serrano y Martínez (2003) apuntan que “la brecha digital es el reflejo de una condición de subdesarrollo humano en donde los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecnológico” , de esta forma este concepto describe no solo carencias en relación con cuestiones tecnológicas, sino también sociales y económicas. En la actualidad muchos estudios de diferentes organismos e instituciones han demostrado que las tecnologías de información y comunicaciones son una herramienta con potencial para generar desarrollo económico y social; la OCDE, por mencionar un ejemplo, incorpora la medición del uso de ellas como componente esencial para que un país sea competitivo, además de describir el impacto del desarrollo de estrategias en este rubro, tales como el aumento del PIB, la generación de empleos, el incremento de los promedios de escolaridad, el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y de los servicios públicos e incluso la atracción de inversiones. Muchos de los estudios en torno a la brecha digital coinciden en medirla a través de aspectos como el número de usuarios de Internet, la densidad telefónica, el número de usuarios de computadoras y otros dispositivos móviles, y la capacidad del ancho de banda pues esta condiciona al tráfico de datos, accesibilidad en costos, así como la amplitud y desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicaciones. 114

El cierra de la brecha digital se relaciona también con las condiciones de mercado justo en el sector de las telecomunicaciones, será así tarea del gobierno proveer incentivos para que éstos presten mejores servicios, y regulaciones para proteger los derechos de los consumidores. Los beneficios de la reducción en la brecha digital no solo están en la incorporación de más tecnología a las sociedades sino en su uso para generar alianzas y redes más solidas en el ámbito económico, social y político para generar flujos productivos de información. La Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 2013 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística contabiliza para abril de 2013, 49.4 millones de usuarios de computadora de los cuales 46 millones usan Internet. Así mismo 30.7% de los hogares en México cuenta con conexión a Internet, no obstante no es el único lugar donde los usuarios se conectan a Internet. Como podemos observar en la siguiente gráfica (gráfica 11.0) , el principal lugar de acceso a Internet es el hogar (58.9%) seguido por un sitio público (33%) y el trabajo (22.7%). Mientras que los principales usos que se hace de este es obtener información (64%), mensajería y correos electrónicos (42%), actividades de entretenimiento (36.2%) y apoyo en actividades escolares (35.1%). Respecto del equipo que los usuarios utilizan para conectarse a Internet, el más popular es la computadora de escritorio (78.2) y la computadora portátil (34.3%), mientras que hasta un 9.5 por ciento lo hace a través de su celular. Podemos observar también, que son en su mayoría los jóvenes quienes hacen uso de Internet, en la Figura 11 vemos que las personas que tienen entre 12 y 17 años son los principales usuarios de Internet (24%), seguido por un porcentaje similar de quienes se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 24 años (21%) y 25 a 24 años (18%). Lo cual permite apuntar que la brecha digital también es generacional pues apenas un 115

4 por ciento de los usuarios de Internet tiene 55 y más años de edad. Con datos similares, de acuerdo con la empresa de estudios de opinión pública Consulta Mitofsky, en 2013 la mitad de los mexicanos dijo haberse conectado alguna vez a Internet , aunque dicha situación cambia en relación con grupos de edad la generación de adultos entre 18 y 29 años ya tuvo contacto con Internet en 79% de los casos. En cambio, la de mayores de 50 años sólo reportan este contacto en 18%.

Usuarios de Internet por grupos de edad 2013 55 en adelante 4%

6 a 11 4%

45 a 54 9% 12 a 17 26%

35 a 44 14%

25 a 34 20%

18 a 24 23%

Figura 11. Los jóvenes son principalmente los usuarios de Internet, bien a causa de la distribución de la pirámide poblacional o por el estilo de vida que ha modificado sus formas de relacionarse y comunicarse. La población de 55 años y más aún muestra un rezago en el contacto con este medio, lo cual muestra un área de oportunidad para la elaboración de programas gubernamentales que les permitan insertarse en la era digital. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

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El nivel de escolaridad es uno de los aspectos que influye entre quienes hacen uso de Internet y quienes no, como observamos en la Figura 12. La mayor parte de los usuarios de Internet cuentan con estudios a nivel de preparatoria (29%), secundaria (24%) y licenciatura hasta un 23 por ciento.

Nivel de escolaridad de los usuarios de Internet 2013

Posgrado 2%

Licenciatura 23%

Preparatoria 29%

Otro / No especi cado 2%

Primaria 20%

Secundaria 24%

Figura 12. El nivel de escolaridad de los usuarios de Internet esta relacionado con la distribución de la tasa de nivel educativo de la población en México, es decir, el grado de estudios no es una variable que incida sobre el uso o no uso de este medio; al ser actualmente una herramienta que las personas sin importar la cantidad de años en la escuela han incorporado paulatinamente en su vida cotidiana. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Los usuarios de Internet que realizaron compras por este medio fueron 1,910, 256 personas, en la gráfica 3.0 podemos observar que lo realizaron principalmente con una frecuencia 117

semestral (35%), mensual (28%) y anual (24%). Las compras por Internet han ganado la confianza de los usuarios paulatinamente, respecto de 2012 se incrementaron los usuarios de Internet que realizaron compras en un 16.4 por ciento.

Frecuencia de compra por Internet 2013 No especi cado .2%

3% Diario Semanal 9%

Anual 24%

Mensual 28% Semestral 35%

Figura 13. La confianza de los usuarios de Internet en México para realizar compras por este medio, ha incrementado ligeramente a pesar de que el clima de la economía mundial ha mostrado tendencias a la baja. En nuestro país aún preocupa la falta de normatividad eficiente para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los datos del usuario; aunque ha habido esfuerzos para armonizar la legislación nacional con las normas internacionales suscritas, aún existen lagunas jurídicas para hacer frente a las nuevas dinámicas que la informática incorpora a las actividades económicas y mercantiles. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

Aunque el tema de la conectividad se resuelva, no se debe pasar por alto que [...] la brecha digital no solo se construye a partir de las diferencias socieconómicas, sino también de diferencias étnicas, 118

generacionales, de género y de capital cultural entre quienes comprenden y se apropian de sus ventajas y potencialidades, y entre quienes la perciben como un artefacto que ilusoriamente podría evitarles una nueva clase de exclusión social que cada día se percibe como más amenazante (Winocur, 2004).

La discusión en torno a la disyuntiva entre exclusión social versus la aceleración de la movilidad social a causa de las tecnologías de la información y comunicaciones, es tumbar el primer mito sobre el componente humano de las mismas y los procesos de apropiación que se generan alrededor de ellas, lo cual pone de manifiesto la necesidad indiscutible de entender cómo se da la apropiación de las tecnologías por los individuos, cómo la condición socioeconómica condiciona el acercamiento y el uso, pues el uso de las mismas genera reproducciones del capital cultural. En los sectores populares, la representación sobre los usos y posibilidades de la computadora se construye fundamentalmente sobre la base de la experiencia social de la desigualdad en el acceso a otros bienes culturales, en las que muchas otras formas de “no tener acceso” contribuyen a configurar el sentido primordial de esta nueva forma de inaccesibilidad . Frente a esto se impone una visión instrumental de la computadora en la que prevalece la idea de que en el futuro solo los hombres y las mujeres que sepan manejar de forma eficiente este aparato serán capaces de progresar (Winocur, 2004).

Si la apuesta es hacia ellas como movilizadores sociales, es necesario entender el concepto de movilidad social. Dicho concepto permite analizar con cuáles opciones cuentan las personas para cambiar su estado social, económico, educativo y así incidir y ser partícipes de todos los beneficios que el Estado tiene como función proveer a su vez; además de que la movilidad social se opone a la marginación y por tal coadyuva a la búsqueda de vi119

das más dignas y justas; desde un enfoque académico y metodológico la movilidad social mide la igualdad de oportunidades en una sociedad; por tal presentamos a continuación un panorama general de México en este tema recapitulado del Informe de movilidad social en México 2013. En cuestión de movilidad social desde un enfoque generacional, nuestro país cuenta con una movilidad relativamente favorable en los estratos socioeconómicos medios, sin embargo en los estratos más bajos se observa que 48 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más bajo de la distribución se mantienen , mientras que 52 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más alto de la distribución no se mueven de ahí. Acerca de la movilidad educativa o las oportunidades de educación para los mexicanos, el informe reporta un mejoramiento a lo largo de las últimas décadas, los hijos de padres con educación universitaria lograron una educación en una tasa casi 5 veces mayor que aquéllos de padres con estudios de primaria terminada, así mismo el origen de las personas condiciona a las mismas en el nivel medio y medio superior. Respecto de la movilidad ocupacional, o la realización de las personas en el mercado de trabajo, el informe analiza que sólo 6% de las personas cuyo padre cuenta con una ocupación manual de baja calificación, alcanzó una posición no manual de alta calificación, incidencia 7 veces menor a la que alcanzaron las personas cuyo padre contaba con una posición no manual de alta calificación (41%). Mientras que la movilidad en función del estatus socioeconómico mostrada en el informe nos dice que cuatro de cada cinco (81%) se mantienen en esa misma posición o bajan al quintil. Seis de cada diez entrevistados (60%) se mantienen en su posición de origen o suben al quintil 2. En los estratos socioeconómicos más bajos, hay alta persistencia en la posición de origen. 120

El informe plantea además que los factores psico-culturales, más que los económicos, son los que influyen en el bienestar de las personas, y se sugiere una tendencia de los mexicanos a pensar que las cosas siguen igual para ellos, por tal muchos no invierten esfuerzos adicionales en formación de capacidades al percibir que éstos no generan ganancias de largo plazo. El 69% de las respuestas mencionan que la pobreza tiene que ver con características individuales (falta de empleo, falta de educación y flojera) que pueden ser mejoradas vía la intervención de políticas públicas, así mismo el 74% de los encuestados piensa que se debe a la educación, la iniciativa personal y el trabajo responsable. En este sentido, las tecnologías de la información y comunicaciones generarán movilización social en tanto se consoliden como mecanismo de generación de oportunidades y ampliación del panorama de desarrollo de los individuos y sean accesibles para todos. Pues hasta ahora, podemos observar que sucede que “los que están en mejores condiciones de aprovechar las posibilidades de creación y comunicación en la Internet no son todos los que tienen acceso a una computadora (condición necesaria pero no suficiente), sino los que poseen un “capital informacional” [...] la capacidad financiera para pagar la utilización de redes electrónicas y servicios de información, la habilidad técnica para manejar las infraestructuras de estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar información y la habilidad de aplicar información a situaciones sociales” (Hamelink, 1995, citado por Winocur, 2004)

Ciudadanía digital El perfeccionamiento de la democracia a través de los movimientos sociales para generar un reajuste en el ejercicio del poder debe cambiar de enfoque, de tal manera que no se per121

siga el poder si no la revaloración y consecución de la dignidad humana, pues la consolidación de la democracia requiere de la humanización de la política. Desde la perspectiva de John Holloway (2005) en Cambiar el mundo sin tomar el poder, la lucha contra el poder deberá residir en la transformación de su propia existencia, que implique el reconocimiento de la dignidad humana en las relaciones sociales y el cuestionamiento de la naturaleza del Estado. Lograr una diferenciación con los que ostentan el poder, requiere de la búsqueda de nuevas formas, no se necesitan nuevos partidos ni más guerras, incluso a veces no se necesita ganar las elecciones, si no cambiar el mundo sin tomar el poder. Esto sin duda representa una tarea compleja, donde el proceso no merme el optimismo y abunde en frustraciones, por ello las TIC podrían permitir la documentación y viralización de lo positivo, mientras canalizan las frustraciones o las aminoran al hacer procesos un tanto más fluído. Y aunque bien hemos insistido en que las tecnologías no transforman la realidad por sí mismas, su utilización inteligente y creativa en las acciones sociopolíticas deberá ser crítica, entendiendo las limitaciones, alcances y formas en las que éstas han reordenado la vida social. La esperanza en ellas reside en su capacidad para facilitar que el ciudadano se sirva de ellas para ampliar su margen de acción y participación, formar redes sociales y solidaridades compartidas, para debatir ideas y hacer propuestas plurales y novedosas, en fin, para fortalecer su presencia, incidencia y participación en el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto, incluida su forma de gobierno. Las TIC facilitan extraordinariamente el acceso a la información y la gestión del conocimiento. En lo que se refiere al ámbito organizacional permite adaptarse y ser flexibles a nuevas circunstancias. Y desde luego en tanto el ciudadano aproveche y potencialice 122

beneficios de las mismas pujando y abriendo nuevos espacios; y sobre todo conforme el ciudadano se entienda a sí mismo como ciudadano digital. La ciudadanía digital puede describirse desde la perspectiva de los derechos humanos en la denominada sociedad de la información, que se interroga sobre los derechos y deberes de los individuos entorno a las nuevas tecnologías. Finlandia, por ejemplo, declaró como derecho constitucional la conexión a Internet, al considerarlo como servicio público básico. La ciudadanía digital supone ciudadanos mejor informados que enriquezcan la opinión pública general y estén más atentos a las cuestiones de la vida pública. Este concepto nos habla de la generación de conciencia de participación, la ciudadanía política deberá complementarse con la ciudadanía digital, que a su vez implica la formación de identidades globales y multiculturales que interactúan de forma igualitaria. El que se concibe a sí mismo como ciudadano digital ha pasado por un proceso de empoderamiento, sabe hacer uso de sus capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos escenarios de las nuevas tecnologías en forma crítica y creativa. El avance en el desarrollo de estrategias e incorporación de tecnologías de información y comunicaciones en los países en desarrollo dista de la realidad de los países que ya han logrado generar desarrollos digitales sólidos. México, por ejemplo, desde hace trece años ha incorporado en sus planes de desarrollo nacional este tema y lo ha incorporado a la agenda pública nacional, sin embargo esto no ha sido suficiente. El contexto al interior de las entidades federativas es una muestra de las diversas realidades sociales, económicas y políticas que describen a una nación con problemáticas complejas y particulares, que requieren de generación de políticas públicas adaptadas a las necesidades propias de cada entidad; es decir además de las es123

trategias para el desarrollo de TIC a nivel nacional, habrán de generarse las pertinentes a nivel local. Por agenda digital entendemos como un conjunto de políticas públicas para el desarrollo tecnológico de un país, entidad federativa, región o ciudad. La mayoría de las estrategias, se enfocan en incrementar el uso del Internet para crear un impacto en el desarrollo económico y social. Para conocer, como han desarrollado algunos gobiernos sus estrategias de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, se presenta a continuación la misión, visión y ejes estratégicos u objetivos de las llamadas agendas digitales de Chile, Colima, y la reciente Estrategia Digital Nacional, lanzada por el gobierno de la república en Noviembre de 2013.

Agenda Digital, Chile “Imagina Chile 2013-2020”

La Agenda Digital de Chile –una de las naciones latinoamericanas que ha mostrado avances significativos en el tema desde hace varios años– fue lanzada por el Presidente Sebastián Piñera Echenique. Descrita como una agenda ambiciosa, se lanza además como una invitación a todos los sectores de la población a sumar esfuerzos. La misión de esta agenda, también llamada Imagina Chile, es transformar la economía chilena en una economía del conocimiento, sustentable e inclusiva, logrando que las tecnologías de información y comunicaciones representen al 2020 un 10% del PIB del país, a través del uso generalizado de las tecnologías como facilitadoras del cambio. El gobierno de Chile, habla de la necesidad de que sus ciudadanos estén insertados plenamente en la era digital, y describe a la tecnología como el paso para que los países encuentren su pleno desarrollo, así pues, cuenta con una visión sintetizada de la siguiente manera: 124

Chile, un país plenamente conectado con el mundo, con más oportunidades, construido alrededor del talento, emprendedor, innovador y competitivo, un país que se moderniza constantemente, y donde las personas tienen un entorno favorable para el desarrollo de sus actividades en el mundo digital. (Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020)

Los ejes estratégicos de esta agenda son Conectividad e inclusión, Entorno para el desarrollo digital, Educación y capacitación e Innovación y emprendimiento; y en cada uno de ellos se describen líneas de acción e iniciativas concretas para alcanzar la misión y la visión anteriormente descritas. Si bien, la conectividad y cerrar la brecha digital continúan siendo uno de los grandes propósitos de esta agenda, es notable la mención que hacen hacia generar busca una economía del conocimiento, fortaleciendo el capital humano.

Estrategia Digital Nacional, México

El 25 de Noviembre de 2013, se dio a conocer la Estrategia Digital Nacional, un proyecto del gobierno federal que tiene como objetivo general mejorar el índice de digitalización establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018. Para ello cuenta con la siguiente misión “Facilitar el acceso y promover la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones en la vida cotidiana de la sociedad y del gobierno para que éstas contribuyan al desarrollo económico y social del país, y a mejorar la calidad de vida de las personas” (Presidencia de la República, 2013) Plantea además una visión que busca “Un México Digital con una sociedad conectada, participativa e innovadora que potencializa sus capacidades para tener mejores oportunidades; y un 125

gobierno abierto, cercano, moderno y transparente, que garantice que la tecnología sea motor del desarrollo del país.” (Presidencia de la República, 2013) Para el logro de la misión y visión antes descritos, la Estrategia Digital Nacional, cuenta con cinco objetivos principales: Transformación gubernamental, Economía Digital, Educación de Calidad, Salud Universal y efectiva y Seguridad Ciudadana; así mismo cuenta con objetivos transversales denominados habilitadores y que son Conectividad, Inclusión y habilidades, Interoperabilidad, Marco jurídico y Datos abiertos. La Estrategia Nacional Digital, toca algunos puntos que anteriormente se plantearon en el proyecto e-México, proyecto desarrollado en la administración 2000-2006 a cargo del presidente Vicente Fox. El proyecto e-México, estaba integrado por las dependencias de la Administración Pública Federal, y funcionó bajo la figura de fideicomiso. Como política pública, el Sistema Nacional e-México, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), buscaba impulsar la tradición del país a un nuevo entorno social, económico y político, propiciar la transición de México a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, dar cumplimiento a los compromisos internacionales en esa materia. Para su diseño se realizó un Foro de Consulta Ciudadana, después del cual se definieron tres estrategias básicas: Conectividad, Contenidos y Sistemas; sobre los cuáles se desarrollarían los servicios del Sistema Nacional e-México. Además se crearon cuatro pilares para el desarrollo de contenidos y servicios: e-aprendizaje, e-salud, e-economía y e-gobierno. Ante estos dos proyectos de agenda digital para México, que cuentan con puntos similares, podemos cuestionar y analizar los esfuerzos o proyectos incompletos, sin olvidar que para el éxito de las políticas públicas en esta materia, deben contemplarse la intervención de otros factores como la educación y 126

la cultura de los mexicanos. Es evidente que para alcanzar las metas planteadas habrá que resolver cuestiones fundamentales como las relativas a las normativas y regulaciones en sector de telecomunicaciones y las leyes secundarias aún no aprobadas de la reforma en telecomunicaciones.

Agenda Digital, México, Colima

Desde hace varios años, el estado de Colima ha sido citado como referente y experiencia exitosa en la implementación de estrategias para el desarrollo de las TIC. Parte del éxito de Colima en este rubro se debe a que lo impulsó en forma tempran y oportuna, desde la reforma constitucional realizada el 9 de Octubre de 2010, donde se plasmó el derecho a los ciudadanos de acceder a la sociedad de la información y el conocimiento. Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la información y el Conocimiento, como una política de Estado, para lograr una comunidad integrada y Totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en todos los sectores de la sociedad. (Constitución Política del Estado de Colima, Artículo 1)

Posteriormente se generó una Ley de Impulso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y un comité para desarrollar el proyecto. La Agenda Digital de Colima cuenta con los siguientes ejes estratégicos, Acceso Universal, Educación y capacitación, Desarrollo Digital del Sector Empresarial, Actualización de marco jurídico, Participación ciudadana en uso de tics, Atención a grupos especiales y Gobierno Electrónico. 127

Colima ha ganado varios premios a la innovación gubernamental, y fue el primer estado en incorporar un kiosco de servicios electrónicos, además de contar con una ley de firma electrónica que ha facilitado muchos procesos de interacción entre el sector público y el privado. La comparación de las agendas digitales anteriores nos permite ver que para estrechar la brecha digital se requiere de que las acciones tendientes a este propósito se elaboren a partir articulación entre el sector público y la sociedad en general, con la participación activa de universidades, empresas de tecnología estatales y organizaciones de la sociedad civil . El desarrollo tecnológico es necesario para la transferencia de conocimiento y para el crecimiento económico, los negocios de base tecnológica suelen ser de alta y muy alta rentabilidad, además de tener una gran escalabilidad y de la capacidad de impactar de manera significativa en los demás sectores de la economía; la apuesta por el impulso al desarrollo de este sector es una opción estratégica para aumentar la competitividad de los países, regiones, estados y municipios. La innovación tecnológica resulta clave para promover cambios en las estructuras estatales, incrementar la productividad y reducir la brecha digital. El sector de tecnologías de información y comunicaciones alrededor del mundo se encuentra en expansión acelerada mientras que el mercado crece generando interesantes oportunidades. El documento Base de conocimiento sobre el PROSOFT 2.0 realizado por la consultoría C230 para la Secretaría de Economía señala que “entre 2005 y 2011, las ventas del sector de Tecnologías de la Información (TI) en México aumentaron en más de 100%, alcanzado casi 169 mil millones de pesos (aproximadamente 13 mil millones de dólares) en 2011. De este monto, aproximadamente 40% provino de las exportaciones. En 2012, México se convirtió en el tercer país exportador de servicios de TI a nivel mundial, sólo después de India y Filipinas.” (C230, 2012) 128

Así mismo, describe la ampliación del capital humano empleado en el sector de tecnologías de la información, señalando un total de 180, 000 trabajadores en empresas de desarrollo de software, y una perspectiva de crecimiento en 2016 de hasta 212, 000 mil empleos. Las empresas que operan en este sector son en su mayoría micro, pequeñas y medianas, en 2011 se contabilizaban 3237 de ellas, adicionalmente existen siete transnacionales con operaciones en nuestro país que concentran hasta el ochenta por ciento de los ingresos y empleo de esta industria. Por otra parte, en el Diagnóstico del Sector TIC en México: Conectividad e Inclusión Social para la mejora de la productividad y el Crecimiento Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad 2012, se describe el impacto de la industria de medios interactivos en México, compuesta principalmente por micro y pequeñas empresas, dicho diagnóstico señala que “el 56% de las empresas de esta industria emplean como máximo 10 trabajadores, mientras que el 33% son pequeñas compañías que ocupan entre 10 y 50 trabajadores” (Palacios, 2012) El sector de las tecnologías de la información y comunicaciones es atractivo para la inversión y la generación de valor agregado, lo cual expone su relevancia para el desarrollo económico en el país. En materia de inversión en este sector “México tiene un largo camino por recorrer. Si comparamos el sector de capital de riesgo (VC) en México con el de EE.UU., las diferencias son impresionantes. EE.UU. cuenta con 923 empresas de capital de riesgo registradas, que en el año 2012 realizaron 3,752 inversiones por un total de 29 mil 100 millones de dólares. Por su parte, en México existen 14 organizaciones de este tipo, que en el 2012 realizaron 19 inversiones por 200 millones de dólares.” (Kieffer, 2013). Las inversiones que se realizan en empresas de este rubro son principalmente de capital nacional, de acuerdo con datos de la empresa SELECT, en 2012 el 86% de la inversión de capital era nacional, en comparación con tan sólo 14% capital 129

extranjero. México se ha posicionado como un destino para la subcontratación en el rubro de tecnologías de la información, logrando una participación del 5% en el mercado mundial de subcontratación. De manera adicional el diagnóstico describe que los ingresos del sector han crecido de manera sostenida en los últimos años, y que su crecimiento ha superado el incremento del PIB, el uso de tecnologías de información y comunicaciones ha estado asociado con un incremento de hasta 20 por ciento en la productividad de las empresas. Una apuesta reciente para el desarrollo de este sector es el apoyo hacia empresas de base tecnológica innovadoras, las denominadas startup. El apoyo gubernamental necesario para que estas se desarrollen debe ir tendiente a destinar financiamiento, y generar reformas a los marcos regulatorios. De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior reportadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2012 el total de exportación de bienes en Tecnologías de Información y Comunicaciones ascendió a 31 340 millones de dólares en contraste con la importación realizada de estos bienes que sumó un total de 37 698 millones de dólares. En relación con los bienes exportados observamos en la siguiente gráfica que en su mayoría fue en computadoras y equipos electrónicos (69%). “El principal destino de las exportaciones del sector de tecnología es EEUU que recibe aproximadamente 80% del total, seguido por los países de la Unión Europea que reciben alrededor de 15% de las exportaciones y los países de América Latina que son destino de la mayor parte de las exportaciones restantes. (Secretaría de Economía, 2012). Mientras que las importaciones de este tipo de bienes es principalmente de componentes electrónicos (42.6%) seguido por computadoras y equipo relacionado (37.1%), como observamos en la Figura 15. 130

Exportaciones de bienes TIC en 2012 16%

Otros bienes TIC

Componentes electr贸nicos

62% Computadoras y equipo relacionado

9% Equipo de audio y video

4% Equipo de telecomunicaciones Figura 14. Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del INEGI.

Importaciones bienes TIC 2012 Otros bienes TIC 12% Computadoras y equipo relacionado 37% Componentes elect贸nicos 43% 2%

Equipo de telecomunicaciones Equipo de audio y video 6%

Figura 15. Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del INEGI.

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Las agrupaciones empresariales en este sector han ayudado a impulsar la economía del mismo, así como la de otros sectores a través de los clusters. Estos pueden definirse como “un grupo, geográficamente próximo, de empresas interconectadas entre sí e instituciones asociadas en un campo particular y ligadas por externalidades de varios tipos” (Porter, 2003). La proximidad e interdependencia son componentes esenciales de los cluster, la proximidad se puede entender como la cercanía entre las empresas y la interdependencia como la interrelación funcional. Además, un cluster cuenta con otras características de acuerdo con Cortrigth (2006) como la relación entre oferentes y demandantes y las cadenas de valor con un ciclo de vida o como un continuo proceso, donde es esencial la innovación. Consideramos importante mencionar, algunas perspectivas teóricas de Humphrey y Schmitz, (2002) que incorporan el concepto de gobernanza a la idea de cadenas de valor, entendiendo por ello a la manera en que se gobiernan las relaciones entre los varios actores y segmentos productivos involucrados en una misma cadena, además describe las relaciones entre empresas y los mecanismos institucionales que crean coordinación, misma que se alcanza cuando actores negocian, y se fijan parámetros a cumplir. En este sentido, se entiende la toma de decisiones, en los clusters. La Secretaría de Economía define los cluster de tecnologías de información, como agrupaciones empresariales que, regularmente se constituyen en una Asociación Civil, con el principal objetivo de promocionar las capacidades de las empresas, organizaciones e instituciones que la integran. En México se han identificado 23 clusters de tecnologías de la información , ubicados en 20 Entidades Federativas. En el desarrollo del sector de las TIC el factor clave es el capital humano, por lo que se requiere de una política educativa de fondo, que fomente el desarrollo de recursos humanos altamen132

te calificados que precisan las corporaciones internacionales, y que al mismo tiempo permita el apoyo y creación de empresas nacionales. También es necesario que los clusters consideren un enfoque en demandas de la región, sin olvidar que el enfoque de cadenas de valor globales permite dar cuenta de las actividades que ocurren fuera del cluster y, sobre todo, entender el significado de las relaciones de los productores locales con los principales actores externos, el rol los compradores globales y la forma de organización de la cadena de valor definen las oportunidades de modernización de las de las empresas locales. La política pública federal para este sector denominada Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), fue creada en octubre del 2002 con el objetivo principal de aumentar la competitividad en la industria TI a través del fortalecimiento del sector y la consecución de tres metas principales: alcanzar una producción de Software de 5 mil millones de dólares, alcanzar el gasto promedio mundial en tecnologías de la información y ser el líder en producción de Software de Latinoamérica y España. En 2012 de destinaron a este programa 715.8 millones de pesos que en su mayoría se destinaron a subsidios para difundir el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el país y para volver competitiva a la industria del software. Para 2013, los objetivos de PROSOFT 2.0 fueron: alcanzar una producción anual de servicios de TI y de software de 194 mil millones de pesos, incrementar el empleo en este sector, posicionar a México como líder latinoamericano, incrementar el gasto en tecnologías de información a 2.3% del PIB (de 1.0% en 2006) En 2011, se contabilizaban aproximadamente 54 mil personas trabajando en proyectos de desarrollo en servicios de tecnologías de información y comunicaciones de los 43 de los 180 mil empleados del sector, de acuerdo con datos de la consul133

toría C230. Lo cual muestra la necesidad de contar con personal especializado en carreras relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones, en relación con ello podemos señalar que en 2011, casi 38,000 estudiantes se graduaron con títulos de educación superior (licenciatura y posgrado) en áreas relacionadas.

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quinto CAPÍTULO PARLAMENTO ABIERTO, UNA PROPUESTA PARA TRANSPARENTAR EL PODER LEGISLATIVO

lgunas de las bondades asociadas a las tecnologías de información y comunicaciones son su inmediatez, la reducción de costos y la facilidad de interacción que puede efectuarse a través de ellas, potenciar estas características podría coadyuvar al fortalecimiento y aminoración de la crisis de los sistemas democráticos. En el capítulo anterior abordamos las ventajas de las tecnologías de la información y comunicaciones y describimos algunos de los casos de éxito en el que su implementación en procesos sociales hicieron al mundo replantearse la forma de participar en política. Así mismo, planteamos una reflexión en torno a cómo el imaginario social construido alrededor de los beneficios de las tecnologías también puede hondar en su sobrevaloración, amenazando con que se pierda la noción de que para perfeccionar los sistemas políticos se debe profundizar en la generación de soluciones de fondo y no sólo de forma, sobre todo si se busca perfeccionar y desarrollar la democracia. Las TIC no funcionan por sí mismas con sólo adoptarlas o incorporarlas en las instituciones gubernamentales; para generar cambios de impacto en el sistema político es menester promover modificaciones estructurales y comenzar un ejercicio de reingeniería de los procesos en las actividades gubernamentales, así como nuevos arreglos institucionales que permitan habilitar la capacidad de hacer en el poder. Lo anterior debe ir acompañado de una serie de acciones que ayuden a entender y asimilar 135

el proceso de apropiación de la tecnología por los actores que harán uso de ella. A lo largo de este capítulo se plantea la forma como una propuesta para la consolidación de una Parlamento Abierto en México puede incidir en la generación de una nueva visión en torno a la interacción de la ciudadanía con los procesos de elaboración de política legislativa. Así mismo, se buscará responder a la interrogante sobre si las TIC pueden acelerar el proceso de apertura del poder legislativo, haciéndolo un órgano más transparente. Se espera que esta propuesta sirva para orientar y promover las discusiones alrededor de la necesidad de reconfigurar el quehacer del parlamento en función de mejorar la interacción de éste con la ciudadanía, fortalecer los vínculos con ella y perfeccionar sus acciones al abrir espacios para la sociedad civil. La generación de mecanismos continuos para relacionarse con la población es imprescindible en el proceso de representación en un régimen democrático y coadyuva a recobrar la confianza en el sistema político por parte de la ciudadanía. La presentación de esta propuesta busca además detonar preguntas que enriquezcan el debate en torno a la democracia en nuestro país y mostrar nuevas posibilidades de diseños institucionales en el que se muestre la voluntad política de contar con nuevas prácticas participativas en las agencias gubernamentales. Como ya vimos, en la democracia de la antigua Grecia la configuración de lo público requería de la participación activa de todos los ciudadanos, bajo el entendimiento de que se consideraba público todo aquello que afectaba a, o era de interés de, la comunidad y la participación se realizaba en un ambiente de libertad. La idea del espacio público de acuerdo con Habermas, citado por Sahuí (2002), está se refiere al lugar de la vida social donde se forma la opinión pública, se trata de un escenario institu136

cionalizado de interacción entre ciudadanos donde examinan, debaten y deliberan sobre sus asuntos comunes. El espacio público es así el lugar donde se discuten y dirimen de forma racional y argumentativa, las inquietudes de la vida en sociedad y se articulan la suma de voces que configuran la opinión pública. Las TIC plantean la posibilidad de reconfiguración del espacio público, es decir, abren o visibilizan nuevos problemas públicos, interrogan sobre el papel de los distintos actores del sistema político ante su configuración como espacios ciudadanos de participación y toma de decisiones. El incalculable flujo de información de los nuevos medios de comunicación puede hacer que la reconfiguración del espacio público a través de las TIC no logre articularse o valorarse de forma sistemática; ello evidencia, además, la necesidad de la apertura de información pública para generar diálogos más sustantivos y que el espacio público se forme a partir de verdaderos asuntos comunes y de interés general, y no sólo por aquellos relacionados con grupos o actores de mayor influencia política. En ese sentido, la transparencia es ahora más que nunca una herramienta valiosa e indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Lo transparente se relaciona con los objetos a través de los cuales puede verse claramente, cuando se puede observar a través de un cuerpo es posible conocer su estructura, o en el caso de los fenómenos sociales sus causas y posibles consecuencias. Relacionar la transparencia con el espacio público minimizar los espacios fuera de la vista y escondidos, y reducir al mínimo la información que no se muestra o de la que no se habla, pues solo así se enriquece la vida política de la comunidad y la participación democrática. Poder acceder a información pública para conocer cómo se darán soluciones a los problemas de la ciudadanía permite a su vez que ésta no se desvincule de la vida política, es decir que no 137

se sienta ajena a los asuntos políticos, ni se atomice o cierre sobre sí misma. Una ciudadanía bien informada sobre los asuntos públicos genera compromiso con el desarrollo de su país, y sólo aquellos gobiernos descritos como transparentes ofrecen datos de su quehacer para promover la participación, y para recibir retroalimentación; es decir la transparencia contribuye no solo a evitar la corrupción, sino también para facilitar la rendición de cuentas y hacer más eficientes los procesos y mecanismos de gestión, en medida que el ciudadano tiene derecho a recibir información sobre lo que hacen con el dinero de sus impuestos y está, en consecuencia, en posibilidades de participar más activamente en el debate sobre su mejor uso social. La transparencia del espacio público permite, así mismo, al ciudadano mantener una vigilancia sobre la acción del Estado y evaluar su desempeño de mejor manera, permitiéndole emitir su opinión con la finalidad de brindar una retroalimentación pertinente y oportuna, así como una valoración del desempeño de las autoridades para que éstas puedan mejorar su quehacer. A pesar de sus evidentes virtudes, la institucionalización de la transparencia en la vida política de los Estados modernos ha sido difícil debido sobre todo a la resistencia de los mismos actores políticos y a la cultura de servicio prevaleciente. Por lo regular, los funcionarios públicos no observan así mismos desde perspectiva de servicio, si no como autoridad poseedora de poder que necesita protegerse para mantener sus ventajas y privilegios, lo que provoca la evasión de toda visibilidad en el ejercicio del poder. Las democracias modernas para su perfeccionamiento deben cuidar tanto sus procesos políticos como el resultado de sus acciones, el ejercicio del poder político debe tener su base en principios como la equidad, la participación y el consenso; lo cual permitirá generar gobernabilidad, entendida como la vinculación del sector gubernamental con el sector privado y social. 138

El calidad de un sistema se puede apreciar contemplando la transformación de sus mecanismos de retroalimentación y en su capacidad para percatarse de como el comportamiento de un elemento de un sistema modifica el comportamiento de otro en función de la relación que mantienen entre sí; en el caso de un sistema político los procesos políticos así como los como burocráticos generan transformaciones de las necesidades de la población en políticas públicas o programas. La transparencia como política pública tendiente a mejorar la gobernabilidad debe comenzar a transitar por el ejercicio del poder desde perspectivas más horizontales que reconozcan el papel estratégico de la ciudadanía. En este sentido, la transparencia entendida como una política pública, se explica en razón de la gobernanza, porque se relaciona con prácticas horizontales del poder, que contribuyen a conceptualizar de manera diferente el papel del gobierno. Los gobiernos en la actualidad deben concebirse como generadores de puentes y vínculos, en un constante ejercicio de identificación de las áreas de oportunidad al interior de sus agencias dónde se requiere de innovación y de mejorar procesos para satisfacer las necesidades de sus gobernados. En México la cultura de la transparencia se ha comenzado a desarrollar recientemente, a pasos cortos aunque significativos, como la incorporación del reconocimiento del derecho a la información a favor de los ciudadanos en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, aún enfrentamos enormes retos en este tema como muestra el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de la organización Transparencia Mexicana, un estudio que mide la corrupción que afecta a los hogares. Este se calcula a partir de los resultados de las encuestas realizadas a jefes de hogar con la 139

finalidad de hacer un registro de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno y el que sucede en las empresas particulares. Entre los datos más significativos y preocupantes podemos observar3 que la frecuencia de corrupción a nivel nacional es de 10.3 lo cual ha incrementado desde la última encuesta de medición de este índice en 2007. Además de los 35 trámites analizados, se concluyó que en sólo en 14 se sedujeron sus niveles de corrupción, mientras que 21 trámites empeoraron sus niveles de corrupción. Se contabilizaron además, 200 millones de actos de corrupción, incrementando respecto de 2007 donde la cifra fue de 197 millones. Mientras que el estudio afirma que una “mordida” costó $165 pesos en promedio a los hogares, que en suma hacen 32 mil millones de pesos destinados acceder o facilitar a determinados trámites o servicios públicos, lo cual significa que los hogares en promedio destinaron hasta 14% de su ingreso en este rubro. Para promover la transparencia, desarrollar estrategias sobre Gobierno Abierto puede ayudar a las entidades gubernamentales a poner a disposición información y datos públicos de utilidad, para que la ciudadanía colabore a través de su derecho a la información a prevenir la corrupción e incentivar las buenas prácticas. Así mismo, facilitará enfrentar algunos de los retos de la democracia que hemos descrito anteriormente como la crisis de representatividad, las desigualdades sociales, la pérdida de confianza en los actores políticos; observamos que el gobierno debe comenzar a concebirse a sí mismo desde un enfoque de apertura y participación y en este sentido explorar las maneras de consolidarse como gobiernos abiertos.

Tomando en cuenta que se ha calculado sobre una escala del 0 al 100, donde a menor puntaje menor corrupción.

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¿Qué es el gobierno abierto? Para hablar de gobierno abierto, no puede citarse una definición única, diversos autores en torno al tema coinciden en la numerosa cantidad de enfoques para hablar de este concepto; sin embargo coincidimos con la aproximación a este concepto de Jaqueline Peschard (2011) que describe al gobierno abierto como una “iniciativa en iniciativa en marcha, que engloba muchas aspiraciones de sectores distintos de la sociedad” como proceso dinámico, Peschard explica que este va construyéndose por sus implementadores en la mayoría de los casos por medio del aprendizaje a través de otras experiencias y resultados. En su informe del año 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concebía el Gobierno Abierto como plataforma para regir el acceso a la información y la participación pública, mencionando la necesidad de los gobiernos de vincularse con la sociedad civil; por tal la OCDE define el Gobierno Abierto como “la transparencia de las acciones que realiza un gobierno, la accesibilidad a los servicios e información pública, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades. (OECD, 2005); además cita beneficios como el restablecimiento de la confianza en el gobierno, tener mejores resultados en las administraciones públicas menores costos, elevar los niveles de cumplimiento de las tareas gubernamenetales, formular políticas públicas más equitativas, fomentar la innovación, y hacer uso eficiente del conocimiento y recursos de los ciudadanos para eliminar las barreras de participación. El gobierno abierto como buena práctica se ha popularizado entre los Estados que persiguen el perfeccionamiento de su democracia y se ha establecido como novedoso modelo de gobernanza, lo cual abarca el desarrollo de mecanismos, estructuras e interacciones entre los actores de un sistema político. La 141

existencia del gobierno abierto de debe en cierta medida al auge del Internet y de la incorporación de ésta y otras tecnologías de la información y comunicaciones en el quehacer gubernamental, a la demanda creciente porque los actores gubernamentales adoptaran como valor institucional la transparencia y la rendición de cuentas, la urgencia de integrar sistemas de pesos y contrapesos en los sistemas políticos para evitar su colapso, además del apremio a incentivar la participación ciudadana para contar con democracias más sólidas pues el simple ejercicio del voto mostró no ser suficiente para asegurar la soberanía popular. El gobierno abierto es también una estrategia de reingeniería, pues obliga a concebir de manera diferente los proceso por medio de los cuales se da solución a las necesidades de los ciudadanos, cambiando la perspectiva del gobernado, hacia la conceptualización del ciudadano como cliente que exige rendición de cuentas, los gobiernos reconocen la fuerza del empoderamiento de la ciudadanía y su urgencia a la expansión de la democracia afirmando entonces, la prioridad de estos en las agendas públicas y su reconocimiento como actores estratégicos para crear valor social. Los Estados que han buscado afianzarse como gobiernos abiertos, han sido los mejores promotores del mismo a través de su experiencia, pues han demostrado que la gestión que se realiza con las aportaciones y respaldo de la ciudadanía da resultados sobresalientes, pues la solución o atención a los problemas públicos se comprenden desde perspectivas más amplias toda vez que se hace uso de la inteligencia colectiva y se crean marcos de confianza en las instituciones al establecer diálogos. Esto se genera a través de la apertura de información que al ser usada en el diseño de soluciones genera valor agregado e innovación. El Gobierno abierto, se puede entender como una política pública con visión al fortalecimiento del Estado desde un enfoque innovador, en la que la información pública será de vital 142

importancia para que en suma con las tecnologías de información se afiancen los procesos de toma de decisiones. Además se asume como una propuesta viable en costos y redituable en resultados porque habilita los proceso de comunicación entre los diferentes actores del sistema político y la retroalimentación sobre las acciones gubernamentales. Esta tendencia promete cerrar brechas entre el gobernante y el gobernado y llenar las carencias de la democracia representativa resultando en el contrato de compromisos por todos los participantes de la vida política de los Estados. Al final, no solo se trata de la persecución de un ideal democrático sino de una apuesta por construir una ciudadanía más integral y de una cultura política más afable. Como una tendencia que más allá del discurso, ha mostrado en aquellos gobiernos y sociedades que comienzan a incorporar prácticas y acciones de esta índole, los beneficios de permitirse transformar sus instituciones, su normatividad, sus procesos de toma de decisiones y en general la forma en como se relaciona el sector público, con el sector privado y el sector social. Las políticas de gobierno abierto, dificultan el abuso del poder, y permiten que los actores políticos tomen mejores decisiones. Así mismo, permiten desarrollar una mejor gobernanza, y obtener legitimidad con base en resultados. El gobierno abierto, está vinculado con la democracia deliberativa y participativa, este genera espacios para la conexión entre la sociedad civil, y la ruptura de brechas entre sectores marginados, de tal manera que la gestión de los asuntos públicos permite además la redefinición del papel del gobierno. Calificar al gobierno como abierto es concebirlo desde la apertura, esto implica que esta receptivo a las propuestas, que busca innovar para perfeccionarse, que reconoce sus puntos débiles y áreas de oportunidad y que se encuentra disponible a la colaboración con otros sectores para brindar mejores servicios, incluyendo la facilitación de recursos. Además de integrarse a 143

la comunidad y de modificar sus estructuras para permitir la inclusión de todo actor que busque contribuir a la mejora del funcionamiento de la sociedad. El establecimiento de un gobierno abierto, requiere de ir más allá de solo la incorporación de tecnologías de información en su quehacer, o el denominado gobierno electrónico, pasando de la implementación de mecanismos técnicos a la habilitación de instrumentos que cambian la lógica del funcionamiento de sus estructuras para dar resultados, con nuevas concepciones del poder esto a su vez reivindica su rol, y lo prepara para atender los grandes desafíos del contexto actual y las crecientes demandas de la ciudadanía. El gobierno abierto también implica cambiar la manera en la que se formulan las políticas públicas, la participación de la ciudadanía en este proceso se ve fortalecida toda vez que hace uso de la información que el gobierno pone a disposición y que sirven para la formulación de soluciones y planes de acción, así como el posterior monitoreo y evaluación de los resultados. El ciudadano funge como contralor social, no solo acompañando la materialización de los proyectos sino como impulsor de esta transformación. Por otro lado, la implementación de gobiernos abiertos tiene como reto que el sector público asuma la responsabilidad y se cuente con la voluntad política, al tiempo que visualice sus beneficios sociales y alcance. En 2011, se lanzó una iniciativa a nivel mundial denominada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en la que más de sesenta países hicieron compromisos para promover la transparencia, la participación ciudadana, el combate a la corrupción y el uso de tecnologías de la información para promover la gobernanza. Para ser elegible para participar de la alianza, se realizó una medición del compromiso de los países a través de diferentes indicadores en áreas como transparencia fiscal, acceso a la información, divulgación de información relacionada con fun144

FOTO: OGP/Evan Abramson

cionarios de alto rango, y participación ciudadana. El Comité promotor de la AGA, ha enlistado cinco grandes retos para esta iniciativa, a saber, que países mejoren sus servicios públicos, elevar la integridad pública, el manejo eficiente de los recursos, crear comunidades más seguras y aumentar la responsabilidad corporativa.

Figura 16. “Reunión de alto nivel. Nueva York, 2014” Alianza por el Gobierno Abierto.

Para integrarse a la AGA los países interesados deben adoptar una declaración y desarrollar un plan de acción realizado como resultado de una consulta pública, y comprometerse a informar sobre los avances, seleccionando al menos uno de los grandes desafíos: mejora de los servicios públicos como salud, educación, agua potable, justicia penal, telecomunicaciones contemplando la participación del sector privado. Disminuir 145

la corrupción, promoviendo la rendición de cuentas a través de reformas financieras y habilitación de facilidades a los organismos de la sociedad civil para su desenvolvimiento. Manejar los recursos públicos con presupuestos más eficaces, con visión de sustentabilidad y protección a los recursos naturales. Seguridad publica más eficiente con mejora de la atención ante situaciones de desastres naturales. Promoción de la responsabilidad empresarial y su rendición de cuentas para protección del consumidor y de salvaguarda del medio ambiente. El número de personas y la extensión del territorio tienen consecuencias en los procesos de democratización, las oportunidades de participación disminuyen, por ello los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información pueden extender las posibilidades para que ciudadanos se reúnan e informen, para superar los límites del gobierno representativo. Los retos de la era de la información y el declive de la confianza en los gobiernos electos demandan ajustes en la democracia actual que entre otras cosas fomente una mayor participación de la ciudadanía a través de las TIC, en la que estas últimas promuevan a su vez una cultura democrática plural y participativa; una democracia que a su vez profundice la distribución y el equilibrio del poder hacia los actores no estatales, transformando las sus estructuras actuales hacia modelos y formas más horizontales y transparentes. En este sentido bajo la división de poderes, y en mi papel de funcionario público y representante de la población, mi espacio de incidencia inmediato y marco de acción es el poder legislativo, como integrante de la LXII Legislatura, en la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, a la par de mi perspectiva de joven y mi fascinación por la innovación. México se ha mantenido a la vanguardia de las tendencias que hemos abordado y ha comenzado a concebir la necesidad de gestionar una agenda digital y visualizar las tecnologías de 146

la información como motor vital para el desarrollo del país. En la Comisión que me honro en integrar, hemos entendido que la tecnología es un medio imprescindible para ayudar al desarrollo y potencialización de la educación, al desarrollo de la salud, la seguridad y como para los políticos para vincularse en forma más estrecha con sus representados, para ser cada vez más transparentes en nuestra labor, poder realizar una rendición de cuentas oportuna a los representados y para poder tener un ejercicio real de participación ciudadana también a través de la tecnología. Aunque aún falta mucho trabajo por hacer, por ser un tema de mi interés personal , sobre todo, por considerarlo tema prioritario en la agenda nacional, he iniciado acciones concretas en la materia, como la revisión de leyes relacionadas con la agenda digital y las tecnologías de la información, lo que además de implicar una enorme responsabilidad, representa sobre todo un gran honor y la oportunidad de hacer historia y servir mejor a la Cámara de Diputados, para lograr un mejor cuerpo legislativo y un mejor país para todos los mexicanos. La agenda digital ocupa un lugar preponderante en esta serie de políticas públicas y de leyes que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología en nuestro país y en beneficio su población. A lo largo de mi participación en la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información he solicitado a mis compañeros de comisión, que pongamos siempre a la persona en el centro de cada una de nuestras actividades y de nuestras leyes, en cada momento y en cada iniciativa que tengamos. Dentro de las primeras tareas que desarrollamos está la aprobación de la reforma en telecomunicaciones. Para esta reforma, el Congreso se dispuso trabajar sobre las leyes secundarias, en particular con las que tienen que ver con la agenda digital y las tecnologías de la información. En este sentido una de las accio147

nes prioritaria dentro de la agenda digital es la generación de un parlamento abierto, es decir la transformación de los mecanismos de interacción de los congresistas con los ciudadanos y las formas de generar espacios de participación a fin de que permeen en la ejecución de las acciones gubernamentales.

Figura 17. Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información. “Reunión Extraordinaria Telecom”.

Consolidar un Parlamento Abierto es inclinarse por la búsqueda de transparencia en el desempeño de las funciones legislativas, para cambiar la forma cómo interactuamos con los ciudadanos y cómo podemos ejercer una comunicación efectiva a fin de generar políticas legislativas más acordes a las realidades y necesidades de las y los ciudadanos a quienes representamos en pos de un México más justo y próspero. 148

El entusiasmo generado por Internet puede aprovecharse e impulsarse para de transformarlo en estrategias efectivas, que tengan la posibilidad de integrar a grupos minoritarios en el debate de sus intereses y su integración en las agendas legislativas.

¿Por qué el Parlamento? La crisis de los sistemas democráticos tiene uno de sus principales orígenes en la brecha generada entre el gobernante y el gobernado, dando lugar a una crisis de representatividad; es por tanto el parlamento el escenario óptimo para comenzar a disminuir y, eventualmente, cerrar esta brecha. En México, hemos tenido un arduo proceso de consolidación democrática, en el que después de haber transitado por sistema presidencialista con un partido hegemónico, con un marco de participación democrática muy limitado, se ha alcanzado un régimen democrático de partidos que es necesario apuntalar hacia una democracia plural y participativa plenamente constituida. En forma similar a la de muchos países latinoamericanos, adoptamos el sistema estadounidense del presidencialismo, combinando la existencia de un presidente electo por sufragio, con un congreso sólido y un poder judicial autónomo. No obstante, la adaptación de este modelo al contexto de América Latina le daría ciertas peculiaridades, distantes del modelo original. La figura presidencial adquirió durante muchos años poderes meta-constitucionales, debido a los arreglos dentro del sistema político y al papel de las élites políticas y económicas en el ejercicio del poder. [En el modelo presidencialista], los órganos federales asumen una función esencial, tanto en el plano de la economía como en el de la política, aunque ello no niega la importancia fundamental de la 149

vida local, bastante dinámica. En el plano jurídico, las autoridades son competentes para definir las reglas del derecho civil, penal y comercial, por lo cual estas reglas varían de un estado a otro (Espinoza, 2007).

Mientras que el congreso se integra a partir de las distintas perspectivas y realidades del país, como una pequeña muestra de la población en su totalidad. En el caso de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se constituyó como partido hegemónico de Estado, en el que las decisiones presidenciales incluían desmesuradamente –y demasiadas veces, despótica y autoritariamente– en las elecciones estatales y municipales, así como en los otros poderes, haciendo que a su vez que los candidatos electos, funcionarios, gobernantes y legisladores ajustaran su conducta a los lineamientos del partido. En tanto que la oposición política veía limitada su acción en la espera de la consolidación de un régimen más democrático: El principal argumento de Linz en su crítica a la viabilidad de los regímenes presidenciales es el siguiente: los partidos de oposición enfrentan una notoria ausencia de incentivos para cooperar con el partido del presidente en el ámbito del poder legislativo, por dos razones. En primer lugar, si ellos cooperan y el resultado de dicha cooperación es exitoso (en términos de crecimiento económico, tasas de desempleo, control inflacionario, etc.), los beneficios político-electorales del éxito tienden a ser capitalizados por el presidente y su partido. En segundo lugar, y en el caso de que la cooperación fracase, todos los miembros de la coalición comparten los costos políticos con el presidente y su partido, y solamente aquellos partidos de oposición que no participaron en dicha coalición son favorecidos electoralmente por el fracaso de la coalición gobernante. Por lo tanto, si de una coalición exitosa no procede 150

ninguna ganancia en términos electorales y un fracaso sólo produce costos, lo racional es oponerse al presidente en lugar de cooperar con él. La parálisis institucional será entonces el resultado final siempre que el partido del presidente no cuente con una mayoría parlamentaria (Linz, 1994, citado por Lujambio).

Para concluir con la transición democrática, la política mexicana debe concentrarse en mejorar la interacción entre partidos y de éstos con la ciudadanía para resolver los asuntos sustantivos del país. En todos los sistemas de gobierno quien gana las elecciones necesita de mayorías legislativas para viabilizar su gobierno, por ello transparentar el proceso de tomas de decisiones podría sortear este factor y generar nuevos incentivos de colaboración y negociación. Los sistemas parlamentarios se han fundado en el principio de la soberanía popular, permitiendo una separación orgánica del poder ejecutivo. La confrontación de legitimidades urge a que haya mecanismos democráticos para rebasarlas. La fragmentación y el sistema de representación proporcional ocasiona conflictos políticos que comprometen el funcionamiento eficaz de los gobiernos dificultando la articulación de la democracia representativa; en este sentido el congreso será vigilante de las acciones del poder ejecutivo y tiene responsabilidad política además de influir en la opinión pública y ser, al mismo tiempo, la principal correa de transmisión entre el Estado y la sociedad civil. El parlamento equivale en Estado moderno al ágora de la antigua Grecia, donde se discuten los problemas comunes, se expresan t atienden las demandas, necesidades e intereses de la ciudadanía y donde se construye y da viabilidad a la agenda pública. Sus integrantes representan la soberanía popular, sin embargo dada la crisis de representatividad y del déficit de la democracia, el parlamento necesita revitalizarse; la relación entre los parlamentarios y los votantes que los han elegido ha de151

jado de ser bilateral y se ha perdido la búsqueda por atender sus necesidades entre la diversidad de alegatos por intereses que en muchas ocasiones responden a las presiones de las élites políticas y económicas del país. La gran cantidad de ciudadanos que integran los distritos electorales, que son unidades de representación, hace sumamente complicado absorber sus demandas y canalizarlas. Los procesos de comunicación entre los representantes y los representados, dificultan en la práctica conocer lo que realmente piensan y sienten; la gente quiere hacer oír su voz y del mismo modo, y con mayor razón, quiere que ella se vea reflejada en forma veraz y oportuna en el debate legislativo. La creciente importancia que siempre ha tenido el poder legislativo, en el que recae la soberanía popular –tanto en el funcionamiento de las democracias de la región como en los procesos de integración–, requiere de una institución sólida y capaz de cumplir cabalmente sus funciones y responsabilidades. Por ello, se busca promover el desarrollo y fortalecimiento institucional, que depende en gran medida de la capacidad que una institución tiene en términos de recursos estratégicos como el conocimiento, la información y los recursos humanos calificados. Existen experiencias de buenas prácticas alrededor del mundo, que buscaron parlamentos abiertos, analizar estas propuestas permite aprender de ellas para apoyar la formulación de acciones estratégicas en el parlamento nacional.

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Parlamentos abiertos alrededor del mundo Estados Unidos

En Estados Unidos, el On-Line Town Hall Meetings: Exploring Democracy in the 21st Century, una serie de foros públicos a través de Internet se realizó como un experimento de investigación de la Harvard Kennedy School, la Universidad de California-Riverside, la investigadora Kathy Goldschmidt, de la Fundación Congressional Management, el investigador Michael Neblo de la Universidad de Ohio Kevin. Este grupo de investigación se reunió para explorar los elementos relevantes de la interacción entre la ciudadanía y los parlamentarios. Para a realización de esta iniciativa, se utilizó el Internet como herramienta para facilitar el diálogo, por lo que se realizaron Encuentros Abiertos Digitales, con veinte diputados y sesiones individuales moderadas por los investigadores, en las cuales los congresistas fueron entrevistados sobre cuestiones públicas, los ciudadanos participantes desde sus casas pudieron enviar preguntas y escuchar las respuestas de los congresistas, se seleccionaron los participantes de forma aleatoria, y recibieron información sobre el objeto de la discusión de tal manera que pudieron prepararse para el debate. Como conclusiones del experimento, los investigadores mostraron que la tasa de aprobación de los parlamentarios participantes aumentó, y que los ciudadanos al conocer los puntos de vista de los congresistas llegaron cambiar su opinión mostrando más confianza en ellos, incluso coincidiendo con las argumentaciones que presentaron en los foros. Además el estudio mostró que los jóvenes, las minorías raciales y los trabajadores de bajos ingresos estuvieron más dispuestos a participar. La ventaja del uso del Internet para difusión de este espacio de participación, mostró que los mensajes directos, contrario a 153

la amplia difusión en los distritos contribuyó a que se alcanzaran sectores de electores normalmente no localizables por métodos tradicionales de selección. Y al final el noventa y cinco porciento de los participantes se comprometieron a participar con proyectos similares. Respecto de las cuestiones técnicas, los investigadores destacaron que el uso de interfaces amigables coadyuvo a hacer más viable el proceso participativo, al usar software sencillo de entender y que no exigiera de ordenadores sofisticados para sus instalación y ejecución. Por lo que los medios digitales, al permitir una interacción en tiempo real, se convierten en una forma de aproximar a los votantes con sus representantes.

Brasil

La Cámara de Diputados en Brasil cuenta con una plataforma en línea que se ha desarrollado desde la visión de incentivar a la participación ciudadana, a través de una interfaz amable y sencilla que permite el intercambio de información e incluye foros de discusión sobre los procesos deliberativos, además proporciona la posibilidad de construir colaborativamente los textos legislativos. El proyecto del sitio web se denominó e-Democracia y se ha descrito como un espacio abierto que alberga comunidades virtuales por temas, entre sus características más notables destaca que no existe una moderación de contenido al interior de las comunidades salvo aquella con criterio que evita los mensaje ofensivos. Al interior de las comunidades se crean redes sociales de pequeña escala donde los participantes pueden conocer el perfil de otros participantes lo cual tiene como objetivo acumular capital social. Uno de los aspectos más innovadores de este portal, es la incorporación de un mecanismo que facilita la redacción de las 154

propuestas en un lenguaje legislativo, dicho mecanismo se ha nombrado Wikilégis y ha permitido que las contribuciones sean más proactivas y que se visualicen las implicaciones técnicas de las mismas. El desarrollo de este proyecto requirió de integrar actores variados como la Secretaría de Comunicaciones cuya función consistió en dar difusión a los contenidos generados en la plataforma, el Centro de Informática que constantemente mejoraba las herramientas tecnológicas, el Centro de Documentación e Información que proveía información para apoyar las discusiones, la Cámara de Diputados a través de los asesores legislativos que daba soporte en la elaboración de dictámenes, textos legislativos y estudios técnicos y el Departamento de Comisiones que vinculaba los debates presidenciales con los sucedido en la plataforma de e-Democracia. Desde la perspectiva de Cristiano Ferri Faria, el impacto de esta iniciativa se puede explicar en cómo impulso a las instituciones a abrirse a la participación ciudadana y que a su vez los actores gubernamentales visualizaran la necesidad de innovación y las innumerables posibilidades de nuevas formas de comunicación con el sector social, disminuyendo su resistencia a implementar proyectos colaborativos. Así mismo observaron las ventajas de construir equipos de trabajo mixtos para estimular la creatividad.

Nueva Zelandia

A través de formularios de contribución, el Parlamento de Nueva Zelandia ha generado instrumentos de participación popular que son analizados por comités en diferentes áreas temáticas. En estos formularios el ciudadano expone sus motivos de aprobación o rechazo a un proyecto de ley así como sus propuestas 155

de modificación al texto legislativo, posteriormente se canalizan a los legisladores para que puedan apoyar sus argumentaciones y sumar al debate legislativo.

¿Qué ha pasado en México?

En México, algunas de las iniciativas que han comenzando a desarrollarse se impulsaron a partir de la integración de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto, descrita anteriormente. México fue parte de los países integrantes del Comité promotor de la AGA y presentó en Septiembre del 2011 un Plan de Acción cuyo enfoque residía en la mejora de los servicios públicos, el aumento de la integridad pública, el manejo de los recursos públicos y el incremento en la rendición de cuentas corporativa. En Septiembre de 2014, asumió la presidencia del Comité promotor. Previo a asumir la presidencia se desarrolló la Semana de la Transparencia y del acceso a la información, una iniciativa que fue coordinada desde el Senado de la República a través de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales en conjunto con el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y algunas organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Nacional Demócrata (NDI), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y Transparencia Mexicana, durante este evento se abordaron temas como el Gobierno Abierto, la Transparencia, el Acceso a la Información, la Rendición de Cuentas y el Parlamento Abierto, que ha sido definido por la organización Transparencia Mexicana de la siguiente manera: Entendemos al Parlamento Abierto como aquella institución en la que, como cuerpo colegiado y a nivel individual, rinde cuentas, 156

pone a disposición de la sociedad la información y se presenta de forma transparente, sencilla y accesible. Parlamento Abierto es aquel que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para redefinir el vínculo con la sociedad, permitiendo establecer un canal bidireccional que no solo informa, sino que también se retroalimenta de la ciudadanía. Un parlamento abierto permite la vigilancia y monitoreo, garantiza el uso y manejo de la información con la que cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos” (Transparencia Mexicana, s.f).

Es de destacar que los senadores del Partido Acción Nacional propusieron a la Comisión Permanente una iniciativa para que los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales impulsen el modelo de “Parlamento abierto”, los legisladores panistas consideraron necesario que el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adopten dicho modelo, pues esto reafirmará el compromiso con la transparencia y la invitación a la ciudadanía a involucrarse con los procesos de toma de decisión de las cámaras de legisladores. La propuesta de los legisladores, busca que los ciudadanos puedan accesar de forma sistemática a la información del quehacer parlamentario, así como hacer uso de los recursos existentes y contar con la posibilidad conocer e interactuar con sus representantes, podrán también identificar las propuestas y debates entre grupos parlamentarios, así como conocer las reformas que se realizan y el impacto que generan en su vida cotidiana. Hablar de la construcción de un Parlamento Abierto es profundizar en más allá de un proyecto legislativo para transparentar la información del mismo, es lograr que el Congreso adquiera la cualidad de abierto, es decir que cambie de manera sustancial la manera en la que los legisladores y la ciudadanía interactúan, 157

lo que sólo podrá conseguirse a través del establecimiento de espacios de participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones. Esta propuesta tendrá además que hacer uso de las ventajas de las TIC para su materialización y así permitir conexiones directas y dinámicas. A la par habrá que contemplar y sumarse a las iniciativas existentes de apertura de datos públicos y de incentivar la producción y recopilación de datos relacionados con el quehacer legislativo para motivar a que los legisladores al contar con un acervo informativo, generen modificaciones sustantivas en la manera en que la que llevan a cabo sus funciones legislativas como la presentación de iniciativas y reformas, así como la perspectiva desde la que abordan las diferentes temáticas de discusión en el pleno y generan argumentaciones. Dentro de los objetivos que esta propuesta persigue, es necesario fortalecer primordialmente el combate a la corrupción y promover la cultura de las transparencia. Se busca además robustecer el empoderamiento de la ciudadanía a través del constante monitoreo de los legisladores al mismo tiempo que se promueve el uso y la apropiación de las TIC en instituciones gubernamentales, así como la búsqueda y reconocimiento de mejores prácticas. También se persigue el aprovechamiento de la inteligencia colectiva generada de las acciones colaborativas y la participación social, pues el potencial de la creatividad de las y los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas hasta ahora ha sido poco explorado. Una de las metas principales de esta propuesta es que el contenido de los espacios de participación se logre reflejar en las decisiones legislativas, además de hacer que la ciudadanía entienda mejor los procesos legislativos y se familiarice con ellos para que pueda participar proactivamente. Es necesario reconocer que el complejo contexto político e institucional influirá en la adopción e implementación de estra158

tegias y acciones para poner en marcha un Parlamento Abierto, por lo que habrá de contemplarse un proceso de sensibilización para que los funcionarios públicos se relacionen con estos nuevos mecanismos de participación, así como con la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones en la actividad legislativa; esto representa uno de los retos para la materialización de esta propuesta pues en muchos casos las organizaciones que las adoptan pueden enfrentar cierta renuencia al cambio. La propuesta de Parlamento Abierto debe contemplar las siguientes líneas de acción: I) Elaboración de un sistema de presentación de sugerencias y proposiciones para modificación a iniciativas de ley o leyes existentes a través de formularios en línea que se canalizarán a comisiones legislativas por área temática para que se analicen y robustezcan la argumentación y debate. II) Implementación de consultas públicas por medio de foros en línea sobre anteproyectos de ley y encuestas electrónicas. Además de promover la realización de debates en vivo a través de plataformas digitales con objetivos claros sobre los resultados de participación, como orientación sobre el problema de importancia pública que pretende atacar a través de la ley, posibles soluciones para resolver o minimizar el problema, y cuestiones relacionadas al contenido de la ley. III) Plan estratégico de uso de redes sociales para acceder a información sobre el parlamento, incorporando nuevos formatos digitales de difusión de información como videos e infografías. IV) Promoción del uso de los datos abiertos, a través de la realización de una política de publicación de datos legislativos en formatos reutilizables para su transformación en contenidos que permitan visualizarse, además de la gestión de expedientes 159

legislativos, como minutas y puntos de acuerdo que muestren el trabajo de las comisiones. V) Visualización digital en tiempo real de los procesos legislativos que de seguimiento desde la presentación de iniciativas, resúmenes del debate legislativo, votación y aprobación. VI) Agenda de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil para integración, difusión y retroalimentación de observatorios ciudadanos y plataformas ciudadanas de monitoreo legislativo. VII) Elaboración de protocolos digitales de recepción y seguimiento de proyectos de ley patrocinados por la ciudadanía, que faciliten su difusión y publicación. VIII) Diccionario de Consulta Digital de términos legislativos, con tutoriales para elaboración de estructuras de presentación y formalización de las propuestas e iniciativas ciudadanas con la finalidad de eliminar la barrera del lenguaje o “jerga legislativa”. IX) Cambio en los procedimientos administrativos para organizar y procesar los contenidos resultantes de las contribuciones ciudadanas, reingeniería de procesos. La idea del parlamento participativo, por lo tanto, está asociada con la intensificación de la relación entre la representación y la participación, bajo la premisa anteriormente discutida sobre la incorporación de las aportaciones de la sociedad en el proceso legislativo, que traerá beneficios en la toma de decisiones legislativa y enriquecerá sus contenidos y agendas, acercándolas a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos a lo que representa y ante quienes debe responder en todo momento y prioritariamente. Para poder medir el impacto de las líneas de acción anteriormente descritas para consolidar un Parlamento Abierto se sugiere realizar constantemente un análisis cuantitativo y cualita160

tivo de enfoque sistemático del contenido de las participaciones en las que se agrupen el tipo de preocupaciones predominante por parte de los participantes, los puntos que merecen mayor atención y el perfil de los participantes en las plataformas digitales. Las plataformas en línea pueden incorporar métricas que muestren los niveles de interacción entre la institución y la ciudadanía, y la rapidez y calidad de la respuesta por parte de los legisladores. Se puede además valorar el impacto o la incidencia del contenido generado en la plataforma sobre el discurso de los congresistas, así como la influencia de las propuestas en las decisiones legislativas. Además, habrá que hacer un diseño y análisis constante de las interfaces tecnológicas utilizadas para garantizar la sostenibilidad del proyecto, ya que el cambio constante de la tecnología requiere de la innovación persistente para mejorar los rendimientos de la participación. Mientras que para asegurar una adopción de la tecnología por parte del usuario de la plataforma se deberán incorporar tutoriales de simple explicación sobre el uso del sitio web del Parlamento Abierto, que respondan y se adelanten a preguntas frecuentes por parte del ciudadano facilitando su navegación por la página. Así se podrá dejar en claro qué se espera de la participación en el sitio, cómo y cuándo participar y cómo dar seguimiento a sus propuestas. Integrar un equipo multidisciplinario para dar soporte técnico y crear las herramientas tecnológicas permitirá tener actualizada la plataforma, a la par del desarrollo de protocolos de inversión en tecnología que aseguren un coste más bajo del mantenimiento del proyecto. Es así que esta propuesta de Parlamento Abierto se concibe de manera general como una forma de asociación entre el Estado y la sociedad, que pone a su disposición mecanismos de participación. Los resultados de esta iniciativa podrán fortalecer la 161

capacidad de mediación política durante los procesos legislativos, a la par de agregar valor a participación social a través de la tecnología; en suma, el Congreso podrá viabilizar interacciones de mayor calidad que permitan recobrar la confianza de la ciudadanía. Lograr la consolidación de un Parlamento Abierto es modernizar el poder legislativo y fortalecerlo, lo cual a su vez contribuye a la gobernabilidad democrática. Hablar de gobernabilidad democrática es aludir a la calidad y eficacia de las instituciones, donde se contempla a la ciudadanía desde un enfoque de derechos y de respeto a la soberanía. Es así que la propuesta sobre Parlamento Abierto permite explorar otras formas de democracia, que contribuyan a fortalecerla y profundizarla, y que se adaptan al contexto actual y a las modalidades contemporáneas de democracia deliberativa y de la democracia digital. La democracia deliberativa es aquella que se genera a través de un modelo basado en la toma de decisiones en espacios abiertos y colaborativos, donde participa activamente la sociedad civil en los asuntos públicos. Lo anterior requiere la acción gubernamental desde una perspectiva de integración de la ciudadanía en la discusión pública que fomenta además la participación de los diferentes sectores en el diseño y prestación de los servicios; así como la conformación de la agenda pública. Podemos visualizar la democracia deliberativa como la afirmación de la razón en la soberanía popular y de su derecho a exigir el complimiento y el refrendo cotidiano del contrato social. Para generar democracias deliberativas se requiere, como expresa Habermas (1996) citado por Ferri Soares (2013), que se cumplan por lo menos cuatro condiciones: a) Cada persona necesita tener la habilidad de expresar sus propias ideas y criticar abiertamente a otra b) La asociación de los conceptos de fuerza y poder con el estatus social debe ser eliminada c) Los argumentos basados en el apelo a la tradición o al dogma necesitan 162

estar expuestos d) La verdad se logra mediante la búsqueda del consenso. Así mismo se necesita de aprender a hacer gestión de la participación, es decir buscar calidad en las prácticas participativas, especialización de los temas debatidos, así como lograr que el resultado de las mismas presione a los representantes a que ejerzan sus funciones en mejora continua. Cambiar de esquemas en el ejercicio gubernamental significa impulsar el desarrollo de nuevas habilidades en quienes ocupan los cargos públicos, esto redimensiona la democracia y a su vez invita a renovar la ciudadanía, recuperando la voz de la sociedad civil en los asuntos públicos. Se puede comprender la democracia digital como las prácticas en las instituciones políticas que hacen uso de las tecnologías de información y comunicaciones para auxiliar a la ciudadanía a fiscalizar a los gobernantes y sus acciones. Por otro lado, la democracia digital no solo refiere a la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, sino el cambio de mentalidad de la ciudadanía sobre las burocracias tradicionales, donde la colaboración y los enfoques participativos son el medio para lograr cambios fundamentales. Por tal razón, como no nos cansaremos de repetir, las tecnologías de información y comunicaciones sólo son un medio para lograr un cambio fundamental en la forma en la que el sector público se relaciona con el sector privado y social. La democracia digital puede hacer uso de diferentes técnicas según el fin que pueda lograr, este puede ser desde garantizar la transparencia de los procesos políticos o generar opinión pública de mayor calidad a través de nuevos espacios de participación, hasta afirmar el compromiso ciudadano. Este enfoque de la democracia permite que se dé mayor visibilidad y viabilidad a las contribuciones de la ciudadanía y que influyan en la toma de decisiones. 163

SEXTO CAPÍTULO CIUDADANÍA DIGITAL Y SOCIEDAD ABIERTA

nteriormente se exploraron algunas posibilidades para el perfeccionamiento de la democracia, como la democracia digital y la democracia participativa, que de la mano del denominado gobierno abierto, podrían apoyar a la consolidación de los ideales democráticos en el sector público. Sin embargo, no sólo es al interior de este sector donde hay que generar cambios, para completar la fórmula es necesario regresar a generar un análisis y propuestas sobre uno de los componentes esenciales del sistema político que es la ciudadanía; esto implica el ineludible replanteamiento del papel del ciudadano en el funcionamiento del Estado democrático, plural y participativo. A lo largo de este capítulo se hace un repaso sobre los conceptos de capital social y la sociedad abierta, discutiendo cómo la interacción plural entre los miembros de una sociedad puede generar vínculos más fuertes que permitan una participación política más sólida, la cual a vez requiere generar habilidades de asociación para lograr incidir de manera más contundente sobre los procesos políticos y la toma de decisiones que den soluciones de mayor calado a las necesidades del sector social. Describiremos el estado sobre la calidad de la ciudadanía en México y el rol de la cultura política como aspecto que influye en la dinámica y conformación del sistema político. También analizaremos la viabilidad del ciberespacio para consolidarse como un nuevo espacio público de intervención social que de la mano de las TIC permita a la ciudadanía visualizar nuevas formas de integración a, y participación en, la vida política. Finalizaremos 165

con una propuesta para generar una nueva concepción en torno a la ciudadanía y las capacidades que ésta debe fortalecer para hacer frente a los déficits democráticos actuales.

Sociedad abierta , participación desde la apertura con aspiraciones hacia la colaboración

El filósofo del siglo XX, Karl Popper (1957; 2012), sostuvo que en todas las sociedades sus miembros compiten entre sí por el estatus, el poder y los recursos, recordando el sentencia de Thomas Hobbes quien afirmó que “el hombre es lobo del hombre”. Según Popper –y para el caso la gran mayoría de pensadores liberales–, el individuo tiene en su naturaleza cierta dosis de egoísmo que se potencializa por la dinámica de las sociedades actuales que favorecen abiertamente la competencia por la apropiación y usufructo de los recursos son limitados. Por lo que propone que el mejor método para resolver los problemas políticos es la discusión abierta, crítica y racional enfocada a la resolución armónica de los conflictos en sociedades tolerantes, respetuosas e incluyentes, capaces no sólo de dar cabida a las diferencias sino, incluso, fomentarlas en un ambiente de igualdad de derechos y obligaciones. La propuesta de sociedad abierta de Popper guarda relación con la disminución de reservas en la cooperación o de agrupamiento a través de élites, es decir lograr sociedades donde se exalte la libertad modificaría las relaciones de poder en ella. El orden de las sociedades modernas, busca conducirse alrededor de la consecución del bien común y a nivel individual de la exaltación de la libertad, la cual debe de ir de la mano de la igualdad de condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas. Las sociedades actuales enfrentan algunas dificultades para actuar colectivamente, los individuos se encuentran preocupa166

dos por conservar sus derechos e intereses particulares por lo que difícilmente se ocupan de la procuración de intereses más generales, lo anterior hace necesaria una reflexión seria de la importancia de hacer compatibles la libertad individual con la vida en comunidad y de alguna manera volver a generar sentido de pertenencia en el establecimiento de metas comunes. Para la consecución de esta tarea, es menester recuperar la noción de comunidad y mostrar su compatibilidad con la del individuo, con el que guarda una relación de mutua implicación: no hay comunidad sin individuos ni individuos más que en el seno de la comunidad. La actividad en comunidad implica alinear el interés individual con la solución de los problemas sociales, al tiempo que se salvaguardan la integridad de los derechos individuales. Al final la sociedad funciona como un todo y se articula como un sistema, por lo que acercarse a su entendimiento a partir de la teoría de sistemas permite tener una perspectiva más amplia en torno a su desarrollo y el de la democracia. La teoría de sistemas pone el acento en el análisis de las estructuras y sus dinámicas complejas. Un sistema se constituye a partir de la distinción con su entorno, diferenciándose e integrando elementos en su seno. Los elementos que lo componen interactúan y se retroalimentan formando cadenas de acciones que pueden llevar al desarrollo o estabilización del mismo. En este sentido hablar de un sistema político, incluye el planteamiento sobre que los ciudadanos introducen demandas de sus necesidades que al procesarse dan como resultado políticas públicas, al satisfacerse las necesidades de la población el sistema se estabiliza, mientras que la acumulación de demandas no resueltas tensa la dinámica, por ello la solución a una problemática dentro del sistema requiere de establecer conexiones entre los actores del sistema a través de sus interrelaciones e interacciones más o menos organizadas. 167

Para Niklas Luhmann (1996:77-78) un sistema: Sólo se puede entender en relación al entorno y sólo de manera dinámica [...] el sistema se define como la diferencia entre sistema y entorno [...] es la diferencia que resulta de la diferencia entre sistema y entorno [...] Por lo tanto, la teoría de sistemas no comienza con una unidad, o con la categoría del ser, sino con la diferencia.

Esto es de la mayor relevancia porque corta de tajo una dicotomía que ha sido sumamente perniciosa en el pensamiento social y político y que opone al individuo con el sistema, el individuo, desde esta perspectiva, es un elemento del sistema que se constituye como tal, como individuo, mediante la diferencia, por la diferencia y en la diferencia que conforma al mismo sistema, de tal forma que el sistema social se conforma como “una específica configuración de relaciones sociales (Zolo, 1992:4). La sociología describe a la sociedad moderna como resultado de la configuración de la integración de comunidades como resultado de los procesos históricos particulares a cada contexto. La particular configuración histórica mediante la cual se conformaron las sociedades modernas contemporáneas, introdujo al individuo como distinción fundamental de la sociedad y como valor elemental de la comunidad, con lo que la integración de aquel en esta se constituye en la base no sólo de la democracia, sino de todo sistema socio-político. Aunque los elementos solidarios de las sociedades contemporáneas se han visto erosionados por procesos diversos, entre los que cabe destacar el aumento de la complejidad y la diferenciación social y la agudización de la competencia política y económica que le acompaña, la integración y solidaridad siguen siendo elementales para el sistema en su conjunto. En este sentido la democracia es el sistema social que ha mostrado responder mejor y de manera más equilibrada a la complejidad, que se 168

manifiesta como “la amplitud de rango de posibles elecciones y en el alto número de variables que los agentes debe tomar en cuenta en sus intentos por resolver problemas de conocimiento, adaptación y organización” (Gleizer, 1992:20). Se necesita del desarrollo de características como la cohesión social y la confianza interpersonal entre sectores de las sociedades, ya que cuando existen dichos factores la acción colectiva se vuelve más sencilla y los ciudadanos recurren con mayor frecuencia a la resolución de problemas comunitarios. La esencia de la democracia y de la ciudadanía activa es la vida en comunidad, en donde los individuos buscan resolver de manera conjunta y solidaria sus necesidades. La actividad comunitaria involucra esfuerzos colectivos para solucionar problemas sociales, lo cual nos lleva a pensar en las debilidades de la acción colectiva en nuestros días y cómo la participación ciudadana podría beneficiar al funcionamiento de la democracia. Una de las estrategias a seguir por los Estados es el fortalecimiento de su capital social para favorecer la coordinación de los individuos en su beneficio mutuo, siendo así la confianza entre los actores de la sociedad primordial para los regímenes democráticos. “El capital social es considerado como un lubricante que logra una sociedad más eficiente, ya que las personas se organizan en grupos para demandar más de sus gobernantes y resolver problemas comunes” (Putnam, 2000). Desde la perspectiva de James Coleman, el capital social consiste en los recursos a los que acceden los individuos que se insertan en estructuras basadas en las relaciones sociales, ya que al ser una forma de capital implica que este puede ser productivo y que es vital para el logro de ciertos fines, pues se hace un aprovechamiento de la buena relación que existe entre los individuos de una sociedad y por tal es un activo imprescindible. El capital social se puede medir con base en la cantidad y calidad de redes de relaciones, el grado de confianza que las per169

sonas tienen entre sí y hacia las instituciones, así como a través de la efectividad del gobierno para representar, solucionar conflictos y prestar servicios. Las redes y los vínculos que se dan entre personas generan valor para la comunidad “de la misma manera que el destornillador (capital físico) o una formación universitaria (capital humano) pueden aumentar la productividad (tanto individual como colectiva), así también los contactos sociales afectan la productividad de individuos y grupos” (Putnam, 2000).

Participación Política desde la Ciudadanía El capital social se genera a partir de la construcción de canales de cooperación y comunicación, desde la voluntad y disposición del individuo a participar y generar acuerdos. Por ello no se puede hablar de ciudadanía sin considerar su aspecto vinculado a la participación política. Aquellos sistemas políticos con escasa participación no logran consolidarse democráticamente pues el ciudadano es un actor fundamental y su influencia sobre los gobernantes permite generar igualdad política y equilibrios en el poder. Para contar con una democracia de calidad, la ciudadanía deberá hacer contrapeso en los órganos de poder, denunciar abusos, proponer soluciones a las problemáticas que se observan y procurar que el que hacer de sus representantes se realice de manera responsable. Mientras que el gobierno a su vez ha de considerar que para contar con legitimidad en el sistema político es necesaria la participación activa de quienes los eligen. En la actualidad la ciudadanía tiene dificultades para identificarse con ‘lo público’, al relacionarlo con los asuntos de gobierno o con aquello que solo concierne a los actores políticos. Es común que la ciudadanía sólo reconozca el voto como medio 170

de participación política directa, por lo que aún no se visualiza como actor estratégico en la democracia con la capacidad de transformar su entorno. En México la ciudadanía aún se encuentra en un proceso de construcción por lo que se tiene el reto de superar la desconfianza que aún guarda –desgraciadamente, muchas veces con razón–, hacia el sistema político y con el sistema social en general, sobreponiéndose a los desencantos y decepciones experimentados con los magros e insuficientes resultados de nuestra democracia. El nivel de participación y ejercicio de los derechos y recursos democráticos directos como el referéndum o plebiscito sigue siendo demasiado endeble, además de que apenas dieciocho entidades cuentan con leyes de participación ciudadana. Para conocer con mayor profundidad las características y el panorama actual de la ciudadanía mexicana, así como aquellos factores que han incidido en su desarrollo, la lectura del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014 realizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), presenta algunos datos importantes que podrían ayudarnos a profundizar en su comprensión. En dicho informe, el Instituto Federal Electoral remite la calidad de la ciudadanía al régimen de libertades, derechos y verdaderos mecanismos de protección existentes en una sociedad. El informe señala graves debilidades en los sistemas legales, así como una operación deficiente por parte de las agencias gubernamentales para generar confianza en su actuación y lograr un Estado de derecho democrático. La democracia es percibida por una parte importante de la ciudadanía mexicana como un sistema donde muchos participan y pocos ganan –lo contrario de lo que una democracia tendría que ser–; lo cual puede relacionarse con el sistema electoral en el que unos cuantos son seleccionados para ocupar puestos 171

públicos, generando, adicionalmente, un déficit de representación. Por ejemplo, el 48% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que en la democracia muchos participan y pocos ganan. Algunas diferencias de opinión varían conforme al nivel de estudio de los encuestados, es decir, hasta un 55% de la ciudadanía con estudios superiores concibe a la democracia mexicana como un sistema  donde muchos participan y pocos ganan, en contraposición al 46% de quienes contaban con menos estudios. Los partidos políticos exponen un déficit de representatividad y confianza, sobre todo entre los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad, quienes en un 52% no se identifican con ningún partido; además de que cerca de tres cuartas partes de la población cree que los políticos no se preocupan por ellos. En relación con la confianza en las instituciones, se muestra que ésta en México es baja; siendo el Ejército (62%), los maestros (56%) y las iglesias (55%) las instituciones en las que la ciudadanía mexicana tiene más certidumbre. Se muestra de la misma manera que los encuestados confían un poco más en el gobierno federal (36%) que en el gobierno de su estado y municipio (30%). Por su parte, la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo con un 20%, y la confianza en la autoridad electoral es de un 34 por ciento. Las conversaciones entre personas sobre política es la actividad o forma de participación más común entre la ciudadanía mexicana, dicha actividad constituye casi un 40% de la participación no electoral. La segunda actividad más común consiste en la asistencia a reuniones de cabildo municipal o delegacional, mientras que apenas un 11% de los ciudadanos colabora en actividades de las campañas electorales con los partidos y un porcentaje similar comparte o lee información política en las redes sociales. Un aspecto interesante de la región sur es que es donde 172

se encuentran más ciudadanos que realizan firma de peticiones en señal de protesta (58%) y que participan en manifestaciones o protestas públicas (68%). La asociación es todavía una práctica que la ciudadanía mexicana requiere fortalecer, aún se observa cierta incapacidad de cooperación en el ámbito político para poder generar influencia en el gobierno y unir intereses. El informe sobre calidad de la ciudadanía muestra que aún es baja la membresía en grupos y asociaciones de la vida comunitaria, para ello se preguntó en torno a la pertenencia de 12 tipos de organizaciones, siendo las más concurridas en participación las asociaciones religiosas (21%). En segundo lugar se ubican las asociaciones de padres de familia, donde 6% de los encuestados es miembro activo y 13% ya lo era con anterioridad, sumando en total 19 por ciento. Las organizaciones deportivas ocupan el tercer lugar, con una tasa de participación total de 15%, mientras que los partidos políticos cuentan con un 3% de pertenencia de los encuestados y un 4% se ha asociado a sindicatos. La participación en grupos estudiantiles tiene un nivel total de 10%, y en el caso de asociaciones culturales 8% de los mexicanos reporta ser miembro. En relación con las asociaciones vecinales el nivel de membresía llega a 7% a nivel nacional, mientras que las asociaciones de voluntariado o beneficencia, cuentan con un nivel de participación de 5% en total. Las ventajas del asociacionismo posibilitan constituir más fácilmente capital social y generar eventualmente un compromiso cívico ya que el trabajo en red permite generar reciprocidad, intercambio y equidad en el trato. Las interacciones constantes entre las personas generan lazos de confianza e intercambio de información, asociarse es un medio para conseguir el empoderamiento de los ciudadanos y fortalecer su voz en el sistema político. De manera adicional el sentido de pertenencia a una sociedad revalora la democracia e invita al entendimiento de las diferencias entre los diferentes grupos y sus intereses. 173

Cultura política El rol de la cultura política en el sistema político repercute en el diseño institucional y las formas de conducirse de los actores políticos, en su conformación influyen aspectos sociales, económicos, educativos así como procesos de desarrollo histórico particulares a cada sociedad. Esta se integra a su vez por el comportamiento de la ciudadanía, la dinámica del electorado, la actuación de los partidos políticos y grupos de presión, la colaboración ciudadana y de la sociedad civil, dando detalles sobre como socializan los actores del sistema y cómo norman su proceder. Así como la cultura puede entenderse desde el conjunto de creencias, valores, tradiciones, rituales y costumbres de un grupo social determinado, en el ámbito político estos se convierten de igual forma en aspectos influyentes. Por otro parte la percepción de los individuos respecto de los asuntos políticos condiciona sus pautas de acción, aunque desde una perspectiva sociológica se puede afirmar que la cultura política se delinea alrededor de las estrategias para la conservación del poder. Hacer una descripción de la cultura política permite observar algunas modificaciones significativas en las instituciones y procesos del sistema político. México cuenta con un desarrollo histórico lleno de sucesos que han modificado a lo largo del tiempo sus estructuras sociales. Para la consolidación de un régimen democrático el país ha pasado por acontecimientos como la Revolución Mexicana a principios del siglo XX que llevaría a la promulgación de la Constitución de 1917, con ideales sociales, nacionalistas y liberales, pero con enérgicos disposiciones a favor de la concentración del poder en una presidencia de carácter fuerte. Posteriormente se formaría un partido hegemónico nacional convocado por Plutarco Elías Calles para unificar las distintas facciones revolucionarias y evitar la disgregación política 174

y el resurgimiento de los conflictos armados tras el asesinato de Álvaro Obregon. A pesar de sus importantes logros en estabilidad política, desarrollo económico y paz social, inmediatamente el sistema degeneró en un régimen autoritario que duraría 7 décadas en el que si bien se celebraron elecciones de manera religiosa y puntual, éstas estuvieron muy lejos de los estándares democráticos y sufrían intervenciones sistemáticas por parte del aparato gubernamental. Durante estos años de delinearon algunas prácticas políticas que combinadas con el bajo desarrollo social y educativo de la población, moldeó el comportamiento político de los ciudadanos, dando lugar a uno de los aspectos de la cultura política mexicana que ha mermado la participación ciudadana proactiva: el paternalismo de Estado. Lo que incidiría en años posteriores transmutado en apatía política por parte de los ciudadanos, ya que el Estado adopta un rol protector donde el ciudadano es pequeño y requiere del cobijo de la autoridad, y a su vez se deslinda de la responsabilidad en la solución de las problemáticas sociales. A finales de la década de los sesenta se comenzaron a manifestar las primeras rebeliones contra el autoritarismo lideradas por la población joven de nivel socioeconómico medio, y con grado de escolaridad a nivel bachillerato o universidad. Es hacia la década de los ochenta donde se amplían algunos derechos políticos de los ciudadanos, se permite el registro de nuevos partidos, se establece el sistema de representación proporcional y se comienza a modernizar el sistema electoral. En el año 2000, se produce la primera alternancia partidista pacífica en la historia del país, con lo que comienza lo que ha llegado a llamar, la transición mexicana con las dosis de optimismo y escepticismo que caracterizan a estos periodos de transformación sociopolíticos. Los cambios en las instituciones del sistema político mexicano han sido producto de la disputa entre grupos o élites de 175

poder, al mismo tiempo que de la movilización de otros actores sociales. Los partidos políticos han jugado un papel fundamental en este largo proceso, pues la conformación del sistema de partidos imprimió una dinámica más competitiva, aunque muchas veces, en el plano legislativo la polarización ideológica dificulte en muchas ocasiones la consecución de acuerdos para solucionar los problemas del país. En consonancia con lo dicho por Soledad Loaeza, el sistema político mexicano se ha caracterizado por generar pocos incentivos para propiciar cambios de interés general que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. El equilibrio de poderes constitucionales generado a mitad de la década de los setenta, reconfiguró también las atribuciones y la relación de fuerza entre ellos. Otro de los sucesos relevantes en la configuración de la cultura política en México tuvo lugar con la liberalización de la economía, pues implicó cambios estructurales traducidos en desregulación y descentralización, lo cual impacto a las élites y generó un fuerte debate en torno a la soberanía y el nacionalismo; sin embargo, después de la intensificación y consolidación de la globalización, la visión hacia la cooperación internacional se hizo más fuerte. El Estado ha ido modificando, de esta manera, su papel en la vida económica creando nuevos mecanismos de regulación y vigilancia, pasando de ser un Estado interventor a uno regulador. La sociedad mexicana se ha caracterizado por su desinterés en la política, así como por su desarticulación en la persecución de intereses colectivos. En lo que se refiere al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, es evidente su desarrollo durante las últimas dos décadas del siglo XX y lo que llevamos de éste. El terremoto de 1985 se ha descrito como detonador de organización de la ciudadanía mexicana, que se incrementaría a par176

tir de la década de 1990, con el Estado regulador y de ideología liberal el cual permitió la creación de espacios para la sociedad civil organizada. La noción de que la participación en la sociedad civil es una forma de generar contrapesos a los poderes políticos ha ido permeando poco a poco en la ciudadanía y, pese a todo, ha contribuido en forma relevante al fortalecimiento de la democracia. Una de sus labores más importantes ha sido el monitoreo electoral para evitar que se cometan fraudes, así como la posterior reducción del gasto de los partidos políticos en campaña. A pasos cortos pero significativos se han comenzado a delinear políticas públicas que impulsen este sector, como es el caso de la generación de una Ley Federal de Fomento a Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. La cultura política es cambiante y está sujeta a muchas condiciones del entorno que la permean. Es así que en un escenario más reciente podemos describirla a partir de a Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas realizada por la Secretaría de Gobernación, que mide aspectos tales como el interés en la política y en los asuntos públicos, los niveles de información y conocimiento político, la confianza en las instituciones, los niveles de acción y hábitos políticos, la eficacia ciudadana, la ideología y preferencia partidista, la participación electoral, la tolerancia, discriminación, libertad y las expectativas ciudadanas, entre otros. Realizada en el 2012, la encuesta fue aplicada a 3 mil 750 hombres y mujeres mayores de 18 años. Entre sus principales resultados destacan que ocho de cada diez ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado. El setenta y seis por ciento de los ciudadanos eligieron a la televisión como el medio de comunicación al que acuden con mayor frecuencia para enterarse de lo que pasa en política. Seis de cada diez ciudadanos ven a la democracia como la forma de gobierno 177

que más prefieren. En cuanto a la confianza institucional, las siguientes instituciones resultaron ser las mejor evaluadas por parte de los ciudadanos: Médicos, Iglesia, Maestros, Ejercito, Televisión y los Militares. Los que recibieron la peor calificación por parte de los entrevistados fueron: Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos Políticos y la Policía. Un sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política. Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles de gobierno resultaron ser muy elevados; sin embargo, ubican al municipio como el nivel de gobierno en el que se registra un menor grado de corrupción. Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno. Sobre la idea que tienen los ciudadanos del rumbo que lleva el país, sesenta y cuatro por ciento contestó que el país no va por el rumbo adecuado. Ante la existencia de un problema que aqueja a la ciudadanía, resultó que las acciones más frecuentes a las que recurre el ciudadano para darle solución son: organizarse con otras personas, quejarse ante las autoridades y firmar cartas de apoyo. Sobre la necesidad que tiene nuestro sistema político de contar con partidos políticos, un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada necesarios. Mientras que cuarenta y cuatro por ciento de la población entrevistada encuentra que para trabajar en una causa común resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos. Ocho de cada diez ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas y tres cuartas partes de los ciudadanos entrevistados dijeron sentirse muy orgullosos de ser mexicanos.

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El ciberespacio como espacio público El término ciberespacio es un neologismo creado por el novelista William Gibson que alude a una formulación social consensuada, que posteriormente sería usado por el activista de Perry Barlow para describir el espacio virtual o una realidad nueva ligada a la comunicación a distancia y la gestión de la información. El ciberespacio podría concebirse como un nuevo espacio para la actividad política, que además de ser un espacio abierto sin forma definida, se encuentra en constante transformación y recibe retroalimentación activa de sus participantes, en él se construyen nuevas identidades resultado de las interacciones entre sus diversos usuarios y se rompe con las jerarquías, obligando a que se generen formas de organización horizontales, muchas veces con liderazgos difusos e influencias desde muchas aristas. El ciberespacio es flexible y moldeable, y ha abierto nuevos horizontes para la discusión política, creando modos variados para el activismo donde hay lugar para la experimentación y para retar los viejos paradigmas, así como para desafiar las viejas estructuras. Dentro de la interacción que se realiza en él hay espacio para los argumentos encontrados en la divergencia, para poder expresarse con libertad y disentir de la opinión de otros, pues el orden en la participación colectiva o la democracia en las discusiones se da de forma orgánica por la naturaleza de las plataformas o de los mismos aparatos electrónicos. Las TIC han permitido que este proceso ocurra en forma continua, pues permite reconocer espacios con quien sumar para cierta causa, pudiéndose generar nuevas formas de participación ciudadana y aprovechar su valor agregado, pues facilitan el trabajar en red, lo cual a su vez propicia ejercicios de inteligencia colectiva. 179

Las redes que se generan a través del ciberespacio pueden verse como estructuras sociales, como sistemas abiertos, dinámicos y extremadamente sensibles a la innovación, lo que permite agilizar extraordinariamente el flujo de la información y compartir intereses comunes a través del dialogo y la concertación. Las redes tienen un valor significativo como el capital social, ya que a través de ellas la cooperación se realiza de forma ordenada logrando interacción con reciprocidad entre sus miembros. Si bien el reto de la ciudadanía es incrementar su capacidad para asociarse y organizarse, de manera optimista podemos recordar la teoría de los seis grados de separación que explica que cualquier persona puede estar conectada con otra persona del planeta en no más de seis conexiones, situación que en la actualidad puede darse de forma más asidua a partir de una mayor penetración de Internet y del nacimiento y auge de las redes sociales que ha contribuido a disminuir las distancia y aumentar la conectividad entre las personas alrededor del mundo. Esta teoría surge de un experimento realizado por el profesor de Harvard, Stanley Milgram, quien midió la longitud de conexiones entre personas en algunas ciudades de Estados Unidos. Para el desarrollo de este experimento seleccionó diferentes individuos al azar y les entregó un paquete con una carta explicándoles que debían hacerlo llegar a alguna persona en otra ciudad con solo algunos datos del destinatario sin incluir la dirección, para ello podían entregar el paquete a alguien que viviera en la misma ciudad y que tuviera posibilidades de conocer al destinatario. Una vez que lo enviaban ponían su nombre en una lista y el siguiente destinatario realizaba lo mismo, al tiempo que enviaban una carta a Milgram, para que pudiera seguir la pista del paquete. Una vez que el destinatario final recibía el paquete, los investigadores contaban el número de personas a las que había sido enviado y concluyeron que la población de Estados Unidos estaba separada por un promedio de seis personas. 180

Posteriormente, en 2008 una empresa de mensajería instantánea repitió el experimento analizando 30 millones de conversaciones electrónicas entre cerca de 180 millones de sus usuarios en el planeta, y concluyeron de igual manera que se necesitaban 6,6 personas para llegar a cualquier ser humano en el planeta. El ciberespacio como ágora virtual facilita la participación colectiva sin la necesidad de interacciones cara a cara, la red permite participar en el momento que se desee o que se cuente con tiempo para hacerlo, contribuye a que se armonice la colectividad y y sus ideas, toda vez que se realiza en tiempo real y que posibilita la continuidad y constancia en el debate. Esto a su vez replantea el papel de la temporalidad en la política, pues el flujo de la información para fines políticos requiere de su optimización, sin embargo la tecnología compensa a aquellos que disponen de menos recursos para incidir en la política, mientras que el uso de redes sociales aumenta el capital social de aquellas personas que participan en ellas. Una herramienta desarrollada para medir la interacción en las redes sociales es la Social Network Analysis (ARS), que con un enfoque estructural calcula las relaciones entre los actores, haciendo énfasis en por qué la gente interactúa, lo que podría permite comprender algunos fenómenos sociales, reflejar los comportamientos de los individuos y la forma que adoptan sus vinculaciones mutuas, profundizando en los factores que los une o relacionan. La ciudadanía tiene poder de decisión en los lugares donde desee participar, y libertad para dedicar el tiempo que desee emplear y otorgar mayor valor tanto a la crítica como a la búsqueda de soluciones. Otro aspecto significativo resulta de la constatación de que los liderazgos en la red no se dan por medio de elecciones si no a través del mérito y la fuerza argumentativa y el contenido de las aportaciones. En el ciberespacio se genera un contexto compartido, donde “la ingeniería del vínculo social” como la describe Pierre Lévy, 181

se convierte en un arte de mantener colectivos inteligentes y de valorizar al máximo la diversidad de las cualidades humanas. Este nuevo espacio público cuenta con inteligencia repartida donde la coordinación en tiempo real resignifica las interacciones y los resultados de la comunicación realizada a través de él. La inteligencia colectiva tiene la capacidad de contener el ejercicio excesivo del poder, lo que nos permite plantear la pérdida de importancia de la toma del poder y el aumento simultáneo de la importancia del engrandecimiento de las potencialidades del talento humano para contribuir a resolver los problemas de la sociedad. El ciberespacio como ágora digital contribuye a eliminar las barrera sociales y los monopolios en manos de las élites, ya que el bajo costo de participación hace más accesible a personas comunes la posibilidad de integrarse, disminuyendo, simultáneamente el costo y las dificultades de aprendizaje, sobre todo en las nuevas generaciones para las cuales el uso de Internet y la comunicación a través de las redes virtuales es ya algo completamente natural y cotidiano.

Ciudadanía para la democracia La ciudadanía en este nuevo contexto de posibilidades puede replantear el contrato social que en el que se ha basado el funcionamiento del Estado, permitiendo que la participación sea el elemento fundamental de su existencia, con lo que podrá exigir y ganar mayores espacios y procedimientos para que ambas partes trabajen en condiciones más equitativas en pos de objetivos comunes y así generar resultados más satisfactorios para el conjunto de la sociedad. La participación directa en la asamblea en la antigua Grecia era el órgano fundamental de la democracia, en ella el acceso a 182

la palabra se garantizaba a través del debate extenso y popular, y se honraba la participación del ciudadano ante la comunidad por su propio mérito; tal y como enunció Pericles de acuerdo con Tucídides, “las palabras no perjudican la acción sino que el prejuicio resulta más bien de no enterarse primeramente mediante la palabra antes de ponerse a hacer lo que es preciso”. Esta se configuraba como el imperio de la ley y el respeto irrestricto a la libertad ciudadana que se caracterizaba por la virtud cívica y el respeto a los valores democráticos. La ciudadanía es un concepto amplio que puede describirse desde diferentes perspectivas, Alfred Marshall (1950) en su libro Ciudadadanía y clase social (Citizenship and Social Class and Other Essays), distingue algunas etapas de la evolución de la ciudadanía, a saber, la ciudadanía política como el derecho a participar en el ejercicio del poder político desarrollada durante el siglo XIX a partir de la expansión del derecho al voto y de la división de poderes, y ciudadanía social como el derecho a gozar de una calidad de vida digna garantizada por el Estado que se desarrolló durante el siglo XX, a partir del establecimiento y consolidación del Estado de bienestar. Desde una dimensión jurídica o normativa, podemos citar a Thomas Janoski quien define la ciudadanía como “la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad”, se la concibe como un estatus concedido a los miembros en una comunidad con derechos y obligaciones. Estas concepciones podrían verse limitadas, toda vez que ahora se requiere de una concepción de la ciudadanía más activa, que coopere con el Estado y que construya alianzas para luchar por hacer valer sus derechos. En el ámbito político, la ciudadanía requiere de renovar la vocación política y de liderazgos frescos y emprendedores. 183

La generación de una ciudadanía democrática no es un proceso autónomo o que pueda alcanzarse mediante cursos de educación cívica, sino que requiere modificar el carácter de los vínculos establecidos entre ciudadanía, partidos y gobierno local, porque las prácticas políticas entre ellos establecen posibilidades y limitaciones de una ciudadanía democrática y democratizadora” (Tejera Gaona, 2007)

Se requiere de ciudadanos que constituyan y den vida a los espacios públicos desde la reflexión y la propuesta; el ciudadano forma parte de una sociedad y no sólo se construye desde la individualidad sino que es interdependiente de las relaciones y el contacto con otros individuos y con la comunidad. Junto con una nueva concepción de la ciudadanía, hemos de incluir su extensión en el plano digital, bajo cuyo enfoque se observa al individuo consiente de la posibilidad de generar contacto con otros individuos y con el resto de la sociedad haciendo uso de todo el potencial de las tecnologías de información y comunicaciones; el ciudadano digital reconoce que en tecnología una herramienta fundamental para dinamizar los procesos sociales y políticos. El reto para la consolidación de una ciudadanía digital reside en que el individuo se apropie de las nuevas herramientas de comunicación y haga uso de tales espacios para impulsar y catalizar su participación en aquellos temas que le conciernen como integrante de una sociedad. Esta visión de las TIC busca humanizarlas, recordando que las comunidades se fundan a partir de la comunicación abierta y racional, así como del intercambio de información y recursos en la búsqueda de soluciones compartidas a los problemas individuales y colectivos. Para habilitar una ciudadanía digital habrá que generar estrategias de aprendizaje que permitan aumentar las habilidades digitales, así como para lograr hacer uso de los espacios de par184

ticipación de manera responsable y con miras a la transformación social. Quedará como tarea del Estado garantizar el acceso a Internet de forma igualitaria e incluyente, proveer de infraestructura, generar espacios y dotar de recursos para el aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales, así como garantizar el derecho de acceso a la información, en un marco de transparencia y velando por la seguridad y privacidad de la información particular; además de gestionar espacios de todo tipo que promuevan y faciliten la participación toma de decisiones colectiva. Por su parte, el ciudadano digital deberá trabajar para incrementar sus habilidades de manejo de información, como la valoración de las fuentes, la búsqueda de datos, la toma de decisiones a través de ellos y la creación de nuevos productos. El ciudadano deberá de fortalecer sus capacidades de participación y de organización, adoptando un rol activo, en el que denuncie y movilice a otros ciudadanos a incidir en los asuntos públicos y en el desarrollo objetivos estratégicos. De esta manera, podrán emerger nuevas formas de participación, tales como el activismo digital, que permite dar voz y coordinar acciones en pos de causas que no suelen encontrar resonancia en los medios de comunicación tradicionales. Se trata de un tipo de activismo que requiere de planificación estratégica para tener un impacto más amplio mediante la construcción de diferentes escenarios y alianzas. Aunado a lo anterior, en los últimos años ha emergido una nueva tendencia innovadora en el ejercicio de la ciudadanía que es el hacking cívico, mediante el cual se hace uso de las herramientas informáticas en el procesamiento de la información con la finalidad de crear soluciones tecnológicas que atiendan a problemas de la ciudadanía. Las soluciones tecnológicas generadas desde la innovación y con perspectiva ciudadana y transformadora pueden ser de bajo 185

costo, ejemplo de ello lo constituye la experiencia mostrada por la organización Codeando México que lanzó una convocatoria para retar a programadores a hacer una aplicación de bajo costo como alternativa a la aplicación de la Cámara de Diputados, la cual se licitó en marzo de 2013 por un monto de 115 millones de pesos. La respuesta a dicha convocatoria fue de 130 propuestas alternativas que lograron que se ahorrara recursos significativos del presupuesto público. Después de ese ejercicio, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) contactó a la organización para realizar una nueva convocatoria con el fin de desarrollar la aplicación móvil de dicha dependencia, demostrando la cantidad de talento existente en nuestro país para desarrollar este tipo de proyectos. Este esfuerzo muestra la necesidad de que los gobiernos adopten una nueva perspectiva respecto de la apertura de datos, ya que la información que se pone a disposición pública puede ser utilizable para generar nuevos productos que habiliten su consulta y difusión de tal manera que a su vez sirva para apoyar la toma de decisiones por los actores gubernamentales. A lo largo del mundo, existen ejemplos de participación ciudadana que están haciendo cambios proactivos, como los denominados ‘hackatones’, (síntesis de hacker y maratón); término que alude al espacio colectivo en un lapso corto de tiempo donde se desarrollan aplicaciones y software libre sobre cierta temática social. Los eventos de este tipo suelen ser desarrollados por organizaciones de la sociedad civil en coordinación con universidades o centros de investigación y su esencia reside en dinámicas a través de las cuales los participantes comparten y complementan sus habilidades individuales mediante un trabajo colaborativo que mantiene una moral alta y motivada.

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FOTO: Organización Desarrollando América Latina Figura 18. “Hackathon en Santiago de Chile dentro de DAL2013 en la Universidad Finis Terrae”. Iniciativa para el desarrollo de aplicaciones de impacto social y promoción de la innovación y el emprendimiento en diversos países de América Latina. Desde 2011, organizadores en diversos países se han sumado para gestionar eventos de datos abiertos en toda la región, a través de competencias colaborativas de desarrollo de aplicaciones que den soluciones creativas a las diversas problemáticas de las ciudades latinoamericanas.

¿Más gobierno abierto o más ciudadanía? Si bien se ha planteado la necesidad de reconcebir el papel del gobierno, las respuestas a la solución de las problemáticas actuales de la democracia se hallan únicamente –tal vez ni siquiera principalmente, como ya se ha argumentado– en las instancias gubernamentales, sino que el ciudadano deberá a su vez replantear su papel en la vida política y prepararse para las nuevas condiciones que generan de forma constante áreas de oportunidad novedosas para la transformación social, vemos así que la ciudadanía activa y organizada puede alcanzar mayores logros en la solución de sus problemas y los de la comunidad, coadyuvando al fortalecimiento de la democracia plural y participativa. La propuesta de los gobiernos abiertos y, en concreto, del parla187

mento abierto no están a salvo de vicisitudes, los nuevos mecanismos de participación requieren de la constante innovación y de ciudadanos comprometidos, dispuestos a involucrarse y trabajar en conjunto. Estas acciones han de construirse de la mano entre la sociedad civil y el gobierno, y con el entendimiento pleno y profundo de las condiciones y el contexto de aplicación. Algunos proyectos ya existentes sobre democracia digital, sobre todo los implementados en las instituciones públicas, han generado a su vez nuevas demandas, tanto al interior como al exterior de las instituciones gubernamentales, permitiendo prever la posible tensión entre el flujo imponente de la información y la capacidad de las instituciones para canalizar y asimilar la retroalimentación recibida. Por lo anterior, uno de los principales focos de atención para garantizar la sostenibilidad de este tipo de proyectos radica en la necesidad de contar estrategias sólidas y viables, capaces de generar igualdad e inclusión política y social en la ciudadanía. Esto requiere de impulsar la equidad en las participaciones, tomando en cuenta la desigualdad de recursos entre distintos sectores de la sociedad, cuidando que no se traduzca en diferencias significativas en los niveles de influencia política. Por otro parte habrá que contemplar la posible exclusión digital a causa de la falta de infraestructura o bien de habilidades digitales en gran parte de la ciudadanía. La inclusión digital debe estar en un lugar privilegiado de la agenda nacional entendiendo por ella la igualdad de condiciones en el acceso a las TIC. Se trata, ciertamente, de un proceso dual, en el que el Estado ha de facilitar la disposición de recursos e infraestructura y el ciudadano comprometerse a hacer el mejor uso de ellos. Las estrategias para consolidar una ciudadanía digital deben contemplar también líneas de acción en materia educativa, para formar nuevas generaciones de ciudadanos que cuenten por una parte con una nueva formación cívica que se traduzca en un ma188

yor conocimiento de los procesos políticos, y por la otra, con las facilidades para el desarrollo de habilidades digitales. En relación con la educación cívica, en este sentido podemos retomar los esfuerzos del Instituto Federal Electoral (IFE) plasmados en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 20112015, que funge como órgano orientador en las acciones institucionales para la formación de ciudadanía. El IFE describe la educación cívica como: [...] el proceso formativo que contribuye a la convivencia y participación democráticas de las y los ciudadanos, mediante el desarrollo de un conjunto de competencias que los hacen conscientes de la importancia del ejercicio de sus derechos fundamentales, el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas y de la participación en los asuntos públicos” (IFE,2011).

La educación en esta materia se convierte en un medio para generar la competencias necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos y obligaciones, en un entorno democrático de convivencia política. La cultura cívica puede concebirse como el conjunto de principios adoptados por la ciudadanía para desarrollarse en el ámbito político y estabilizar la democracia, lo cual incluye incorporar valores como la solidaridad y la equidad, el respeto, la colaboración, la corresponsabilidad y la complementariedad de las acciones. La apuesta por desarrollar una cultura cívica fuerte, dinámica y creativa, a la par de una cultura digital que genere más confianza en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, permitirá cerrar brechas entre la vinculación de los diferentes sectores de la sociedad. En la medida en que el ciudadano descubra la utilidad de la inteligencia colectiva podrá enriquecer su participación y su pa189

pel estratégico en la consolidación de la democracia, al final existe una correspondencia innegable entre la calidad del compromiso y de la participación ciudadana y la calidad de su gobierno. A este respecto resulta conveniente hacer alusión a lo que me parece que debemos perseguir en pos de avanzar hacia un horizonte utópico de la democracia al que si bien nunca se llega siempre se avanza hacia él y siempre está ahí para orientar el presente. Democracia es un anhelo y un principio rector que se encarga de consolidar una repartición del poder tal que nunca nadie en particular tenga todo el poder y en el que la negociación y el consenso se impongan a los distintos actores como lo más económico en la lucha por ese mismo poder; es un sistema de contrapesos, incentivos y castigos que involucra a sus actores a luchar dentro del marco de las reglas establecidas y acordadas, so pena de quedar fuera del juego político. Así, se tiene que llegar a un arreglo que logre limitar el afán ilimitado de poder por parte de cualquiera. La búsqueda del poder debe quedar inextricablemente mediada por la limitación al mismo que impone el sistema. En una democracia el que busca el poder acepta, entiende, cree y se ve obligado a verlo limitado y a cederlo. En una democracia real nunca nadie tiene todo el poder ni nadie carece totalmente de él, nunca nadie lo detenta indefinidamente ni nadie se ve excluido de su ejercicio de manera sistemática. La ciudadanía digital y el gobierno abierto nos acercan, sin lugar a dudas a este ideal democrático Creo profundamente que sólo si se está convencido de todo esto existe la posibilidad de avanzar hacia principios plurales de tolerancia, libertad, justicia e igualdad, y, por su intermediación, hacia formas de convivencia colectivas siempre mejores y perfectibles. Lo contrario nos lleva de vuelta a los umbrales de autoritarismos y totalitarismos que se supone habíamos dejado atrás y en los que la ley siempre es la ley del más fuerte y la norma es la aplicación arbitraria y violenta del poder unilateral. 190

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CONSEJO EDITORIAL Presidencia

Dip. José Enrique Doger Guerrero (Titular) Dip. Eligio Cuitláhuac González Farías (Suplente) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Integrantes

Dip. Juan Pablo Adame Alemán (Titular) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Tomás Brito Lara (Titular) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Ricardo Astudillo Suárez (Titular) Dip. Laura Ximena Martel Cantú (Suplente) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez (Titular) Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño (Suplente) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (Titular) Dip. Ricardo Cantú Garza (Suplente) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Luis Antonio González Roldán (Titular) Dip. José Angelino Caamal Mena (Suplente) Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario de Servicios Parlamentarios Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias Centro de Documentación, Información y Análisis

Secretario Técnico del Consejo Editorial: Édgar Piedragil Galván

Ciudadanía digital: ¿oportunidad o amenaza?, se terminó de imprimir en la Ciudad de México durante el mes de marzo del año 2015. Tiempo de campañas electorales en los que participarán por primera vez en la historia electoral reciente de México los candidatos independientes. Para su composición se utilizó la tipografía Georgia y para los títulos Akzidenz. Se imprimieron 3,500 ejemplares.