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Fecha: 12/05/2014 Sección: SOCIEDAD Páginas: 30-31
LUNES 12 DE MAYO DEL 2014
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Cosas de la vida
sociedad
El derecho a voto de un colectivo
el Gobierno se olvida del sufragio de los discapacitados El Ejecutivo incumple el plazo de seis meses para la reforma ELENA PARREÑO BARCELONA
M
ás de 80.000 personas en España no van a poder votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo porque todavía no han visto reconocido su derecho a hacerlo. Son personas con una discapacidad intelectual o psicosocial que perdieron el sufragio al ser incapacitadas judicialmente. Aunque el Gobierno ya ha reconocido que tiene una cuenta pendiente con este colectivo y en octubre aprobó en el Congreso reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), sigue sin hacer los deberes. «No se ha hecho nada al respecto», dice Conxita Tarruella, diputada de CiU en el Congreso y portavoz en temas de discapacidad. El grupo catalán hizo la proposición no de ley en septiembre y esta fue aprobada por todos los partidos en octubre. El
en Europa LA SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES ASIGNATURA PENDIENTE J El sufragio de las personas declaradas incapaces también es una asignatura pendiente en otros países europeos como Irlanda e Inglaterra, que como España tienen que adaptar sus leyes al derecho internacional. Sin embargo, Francia y Alemania ya aplican la Convención de la ONU, ratificada por todos los estados europeos. «En Francia y Alemania hay un sistema menos lesivo y se mantiene la presunción del derecho a voto», sostiene Torcuato Recover, coordinador de la red de juristas de FEAPS.
La incapacitación judicial conlleva en España no poder acudir a las urnas Gobierno tenía seis meses de plazo, pero no se ha tocado ni una coma. El objetivo de esta reforma es adaptar la legislación española a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ratificada por el Gobierno español desde el 2007. Pero, a pesar de ir con siete años de retraso, el Ejecutivo sigue tomándose con calma el reconocimiento de un derecho civil que para los especialistas es una cuestión de derechos humanos. Según Chema Sánchez Alcón, representante del comité de ética de la plataforma FEAPS, que defiende los derechos de los discapacitados, «eliminar el sufragio, derecho civil y de ciudadanía, es pura segregación y no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia de una persona. Votar es la diferencia entre ser ciudadano y no serlo». Hace referencia a este hecho porque en España muchos jueces realizan incapacitaciones totales a partir de informes forenses que aplican criterios no actualizados, basando sus decisiones en criterios científicos y no psicosociales. La aún vigente LOREG establece que carecen de derecho a sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme». En España lo habitual es que cuando una familia o tutor solicita una incapacitación –por ejemplo para evitar que el afectado rija sus bienes y puedan estafarle– el juez la aplique de forma total, lo que suprime también el derecho a votar. Pero en realidad la incapacitación total debería aplicarse solo en casos excepcionales. Así lo establece la Fiscalía General del Estado en una instrucción del 2010 según la cual privar de este derecho «incide negativamente en la integraDERECHO FUNDAMENTAL /
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Víctor, con su madre y su hermana, ante la Audiencia Provincial, la semana pasada.
derecho internacional
Exigencia de las Naciones Unidas Tras una elaboración de cinco años, en el 2006 las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé medidas que los estados «deberán implantar para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas». En referencia a la participación en la vida política y pública, el artículo 29 establece que «las personas con discapacidad tienen derecho a elegir a sus gobernantes o a ser elegidos como cualquier otra persona». Y para que esto se cumpla, los países deben ofrecer una serie
de garantías que les permitan ejercer de forma libre y segura la participación, tanto activa como pasiva, en los procedimientos electorales. Esta convención tiene rango constitucional porque forma parte del derecho internacional y es la primera convención de derechos humanos apro-
La de las personas con discapacidad es la primera convención sobre derechos humanos del siglo XXI
bada en el siglo XXI. España fue uno de los primeros países en ratificar este tratado internacional: el 30 de marzo del 2007, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, firmó la convención en la sede la Organización de Naciones Unidas de Nueva York. Según la ONU, «en el mundo viven unos 650 millones de personas con alguna discapacidad física, intelectual o sensorial, es decir, el 10% de la población mundial. Estas personas, con grandes dosis de lucha y esfuerzo, han ido alcanzando metas y conquistando su espacio como ciudadanos de pleno derecho».
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MIGUEL LORENZO
«Creen que soy tonto» La batalla judicial de Víctor para recuperar el derecho a voto se acerca al final H El joven está indignado con la postura contraria del forense
XAVI HERRERO
LAURA L. DAVID VALENCIA
Viene de la página anterior ción social» del afectado. Además, mientras las leyes se adaptan al siglo XXI, existen mecanismos que permiten preservar el sufragio pero que se están aplicando de forma aislada. La curatela es una incapacitación parcial que permite preservar derechos civiles como el voto. Muchas familias, por desconocimiento, ni siquiera la solicitan. PRÓXIMOS PASOS / La tramitación en el
Congreso, último escollo de la larga lucha, se demorará todavía un tiempo más. En febrero, CiU registró una pregunta por escrito para instar al Gobierno a cumplir con el compromiso adquirido, pero pasados los dos meses de plazo oficial, tampoco ha obtenido respuesta. En los próximos días, la federación nacionalista, que se comprometió a «vigilar el cumplimiento efectivo del manda-
to», pedirá amparo a la Mesa del Congreso por no haber obtenido respuesta y podrá hacer la pregunta oral al primer miembro del Gobierno que comparezca en la Comisión Constitucional. Todo este galimatías de la burocracia política no hace si no retrasar una reforma legislativa que la ONU urgió a efectuar a España en el 2011. Entonces, el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se reunió en Ginebra e hizo una llamada al orden a la comisión española en el punto del derecho a voto. En España existen algunos casos aislados en los que personas declaradas incapaces han podido recuperar su derecho al sufragio tras recurrir la sentencia. Y es que la incapacitación es la única sentencia revisable porque se entiende que el afectado puede mejorar o empeorar. Las resoluciones dependen del juez que las tramita, pero cualquier afectado o tutor puede pedir una revisión. H
Víctor Díaz salió resoplando de la Audiencia de Valencia el miércoles pasado. El tribunal, que revisa su caso después de que un juzgado de primera instancia de Gandia dictaminara su incapacidad total y le retirara el derecho a voto, le había citado para una vista oral. «Se cree que soy tonto», dice Víctor, de 25 años y con una discapacidad intelectual del 65%, indignado con el forense, que acababa de ratificar ante la sala su afirmación de que el joven «no conoce el alcance exacto del derecho a voto». Su abogado, José de la Oliva, le había hecho varias preguntas ante el tribunal. Entre ellas, si había algún político de su agrado. «Rajoy», respondió Víctor, que explicó a la sala cómo es su vida cotidiana. «Él sabe leer y escribir; ha votado [lo hizo en las últimas elecciones europeas, generales, autonómicas y municipales, y no en el mismo sentido que sus familiares]; va a un centro ocupacional... Hasta el forense ha admitido que Víctor es capaz de conformar una opinión y de extraer información», defiende el letrado, que cree que la sentencia, que podría llegar en dos semanas, será favorable. «Se debe valorar la capacidad social, no la de abstracción», propone De la Oliva, que considera obsoleto el test —ideado en 1984 y aplicado a las enfermedades mentales— usado por el forense porque no se adecua al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. «Nadie sabe los criterios claros para poder votar o no, pero yo propongo que sean si la persona pueda diferenciar entre opciones; que sea capaz de hacerse entender y que pueda designar una persona de apoyo», añade el abogado.
Sigue el ‘caso Bárcenas’ La familia lleva dos años peleando por recuperar el derecho al sufragio de Víctor. «El primer día que votó le hice una foto porque me hace mucha ilusión que mis hijos se hagan mayores. Estoy sensibilizada porque viví la transición y me emocioné al votar la Constitución», reflexiona Marisa, madre de Víctor. Marisa sostiene que su hijo «tiene interés» por la política –«cuando murió Adolfo Suárez, él preguntaba, y le dio pena», cuenta—, habla del caso Bárcenas y «no puede soportar» la violencia machista. «Al principio pensé que si él no votaba, no
Víctor en su cuarto, en la casa de su familia en Gandia, el pasado año.
«Hasta el forense admite que el chico es capaz de tener una opinión», afirma su abogado «Si él no vota, votaremos todos lo que él quiere», dice Marisa, madre del joven valenciano
íbamos a hacerlo ninguno en la familia. Ahora digo que si él no vota, votaremos todos lo que él quiere», añade la mujer. Y eso que no parece tener la misma afinidad por el PP que su vástago: «Vamos a peor desde que llegó al Gobierno. Quieren dejarnos sin nada a la clase media trabajadora». Desde el 2010, Víctor trabaja en un centro ocupacional y Eva Palomo, su coordinadora pedagógica, explica que el chico «está muy adaptado, se deja enseñar, aprende y realiza las tareas bien». Allí monta cierres de ventanas para una fábrica y serigrafía camisetas. Cuando a Víctor se le pregunta por qué quiere votar, contesta sin vacilar: «Porque sí». Su abogado zanja la polémica: «Hubo señoras que votaron a Felipe González porque era muy guapo; él vota a Rajoy. Como si quiere votar al Partido Antitaurino. ¿Por qué se vota a alguien? A nadie se le pregunta». H