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Canal de denuncias, una vía hacia la transparencia y la ética La Directiva de la Unión Europea 2019/1937 que regula la protección del denunciante y señala que, tanto las compañías privadas como las del sector público, deben impulsar las herramientas necesarias que permitan crear sistemas de control efectivos ante las denuncias internas, será de obligado cumplimiento en España a partir del 17 de diciembre de 2021 para empresas de más de 250 empleados y el sector público.
Fernando Redondo, Director de Gerencia de Riesgos en Willis Towers Watson España
Las entidades del sector privado con entre 50 y 249 trabajadores en plantilla tendrán dos años más de plazo para su cumplimiento, hasta el 17 de diciembre de 2023, aunque todas las que tengan más de 50 empleados podrán hacerlo voluntariamente en 2021. Todas las empresas con un volumen de negocio anual igual o superior a 10 millones de euros (sin importar el número de trabajadores), las que operen en el sector de salud pública y/o medioambiental, los Ayuntamientos con una población superior a 10.000 habitantes y los sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo habrán de cumplir la normativa que imprime la Directiva europea. Esto implica que una parte importantísima del tejido empresarial privado español, así como de las administraciones públicas, deberá contar en esas fechas, sí o sí, con un canal de denuncias, es decir, una herramienta que permita a los empleados, colaboradores, directivos y socios, entre otros perfiles, alertar confidencialmente a la organización sobre sospechas de malas prácticas y/o conductas con el fin de detectar y prevenir que se cometan actos de fraude, corrupción, acoso u otras acciones indebidas. A grandes rasgos, el canal de denuncias es una medida de control eficaz y útil en la prevención de delitos y en la detección de actuaciones irregulares, sospechosas o, directamente, ilícitas. Tiene la finalidad de registrar la entrada de comunicaciones, clasificarlas, investigarlas e informar según sea necesario en cada caso. Y, muy importante, es una vía altamente eficaz para mejorar la transparencia en las compañías y las instituciones y, más concretamente, optimizar los procesos de control y gestión de posibles conductas irregulares.
¿Qué aporta implementar un canal de denuncias? La implementación de un canal de denuncias efectivo aporta mejoras a diferentes niveles. En primer lugar, facilita la adecuación a las normativas vigentes (además de la Directiva europea mencionada, la Ley Sarbanes Oxley (SOX), diferentes leyes de Prevención de Blanqueo de capitales, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y normativa diversa de cumplimiento penal). A esto se suma que es una herramienta clave para la prevención y detección de actuaciones irregulares, atenuando o eliminando posibles responsabilidades en sede penal y garantizando la buena praxis. Es, en definitiva, un indicador de transparencia para la empresa y también amplía la conformidad de la nueva herramienta con otras normativas previas que afectan a diferentes tipos de delito (Código Penal; ISO 37001 - Anti Bribery (Antisoborno); Reglamento Europeo General de Protección de Datos Personales -RGPD- 2016/679; la reciente ISO 37002 y ISO 37301…)
Obligaciones sobre el canal de denuncias derivadas del RGPD Al desplegar un canal de denuncias hay que tener en cuenta una serie de obligaciones. La primera de ellas radica en que las personas cuyos datos pudieran ser tratados por este canal deben tener pleno conocimiento de la existencia del mismo. Asimismo, el denunciante debe ser informado sobre los aspectos de finalidad, responsabilidad, destinatarios, transferencias internacionales, conservación de datos y derechos del canal y se debe mantener absoluta confidencialidad de sus datos.
