Plan Auge y el padre Gatica
El cumplimiento de las garantías explícitas en salud (GES o AUGE) en el sistema público ha quedado en entredicho. Paradojalmente, las mismas garantías-derechos que año a año define el Ministerio de Salud no son cumplidas por FONASA, seguro de salud administrado por el mismo gobierno. O sea, son como el padre Gatica. Ello ha motivado que las máximas autoridades en Salud deban concurrir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones. Y eso que todavía no entra en vigencia la garantía de calidad. Esta situación plantea una excelente oportunidad para revisar el funcionamiento del sistema. Dos son las vertientes que habría que analizar: una, si hay incumplimiento o no; y dos, la calidad de la información disponible. Respecto al primer tema, hemos conocido tres informes diferentes que señalan que hay un incumplimiento mayor al admitido por las autoridades públicas. El gobierno podrá discutir si ellos están o no actualizados o si metodológicamente tienen alguna debilidad, pero nadie podría argumentar que las garantías de salud se cumplen hoy en un 100%. A pesar de que el director de FONASA culpa al sistema de información (SIGGES), la verdad es que el mayor problema reside en la baja tasa de reclamos de los potenciales beneficiarios del AUGE. Una primera causa se encuentra en el bajo conocimiento de la población sobre los beneficios del sistema y cómo acceder a ellos. Sin embargo, ello no exime a las autoridades de maximizar los esfuerzos para mejorar su funcionamiento. Es necesario revisar los mecanismos para hacer efectivos esos reclamos y el rol de los profesionales de la salud en su difusión. La segunda vertiente es sobre la calidad de la información disponible. La ley establece que es responsabilidad de la Superintendencia de Salud controlar y supervigilar a FONASA y a las ISAPREs en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Régimen de Garantías vigente. Para ello dispone como fuente de información de aquella proporcionada directamente por los aseguradores y los reclamos de los beneficiarios. Esto es, la Superintendencia no fiscaliza si todos los beneficiarios son informados adecuadamente de sus derechos por los médicos o si al concurrir al asegurador para solicitar los beneficios los pacientes son aconsejados de no solicitar la activación del AUGE. Para ser justos, existe además un problema de diseño: el gobierno es juez y parte. Es muy difícil para un funcionario público, nombrado por el Presidente de la República, supervisar con igual celo a ambos subsistemas de salud, privado y público. Hay lealtades políticas y amistades de por medio. No es una
crítica al actual superintendente, sino un reconocimiento a que existen bases para dudar de la credibilidad del sistema. Ello lo obliga a esforzarse más y a ejercer la supervisión con el mayor cuidado posible, de manera de cautelar la fe pública. Sólo así será posible contar con información suficiente y actualizada sobre el verdadero grado de incumplimiento de las garantías. “Cuando el río suena, piedras trae”, dice el refrán. Es evidente que el AUGE se encuentra aún en rodaje y aunque no siempre los rumores son verdaderos, el gobierno debe responder, honesta y fundadamente, a las dudas que se han levantado. Es lo mínimo que se le debe exigir.
Thomas Leisewitz V. Médico, Investigador Fundación Jaime Guzmán