Documento base A construir el instrumento político para la liberación de l@s trabajador@s y el pueblo Las reformas neoliberales, la pobreza, la inseguridad, la destrucción ambiental y la entrega del país a los potentados nativos y extranjeros, no se detendrán si no echamos del gobierno y el poder a los responsables de la catástrofe que padecemos. Conscientes de tal situación, desde nosotros, herederos de quienes resistieron la conquista española, las invasiones europeas y yanquis; desde los descendientes de las mujeres y los hombres que marcharon con Cuitlahuac, Cuauhtémoc, Canek, Hidalgo, Leona Vicario, Josefa Ortiz, Morelos, Guerrero, Álvarez, Juárez, Magón, Carmen Serdán, Villa y Zapata; desde el movimiento social de los trabajadores, de las comunidades migrantes y los pueblos originarios, y de la mano con las ciudadanas y los ciudadanos que así lo decidan, vamos a conformar una fuerza política que organice la lucha por echar del gobierno y el poder político, económico y social a los grandes burgueses, a sus partidos y sus socios imperialistas que saquean nuestros territorios y explotan y humillan a nuestro pueblo. Desde ahí, los abajo firmantes convocamos a formar un movimiento político de naturaleza partidaria que apuesta a un cambio pacífico, en el marco de los derechos que nos reconoce el Artículo 39 Constitucional y en el contexto de las tradiciones forjadas en las guerras por la Independencia y la Revolución Mexicana. Queremos un cambio que haga posible la restitución de la legalidad constitucional, la recuperación de las fuerzas productivas de la nación y la liquidación del régimen oligárquico, a fin de garantizar la democracia desde el pueblo, la soberanía nacional, la justicia y la libertad.
¡Abajo el mal gobierno! ¡Cerremos el paso a la implantación de la dictadura civil! El gobierno de Felipe Calderón nació de un fraude electoral, de un golpe de estado técnico en el que se confabularon el Tribunal Federal Electoral, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, un sector de las fuerzas armadas, la oligarquía mexicana, la Casa Blanca y las empresas extranjeras. La instalación del gobierno del fraude aceleró los planes de implantación de la dictadura civil en nuestro país. Actualmente los usurpadores gobiernan al margen y en contra de la Constitución. El estado de derecho prácticamente ha sido suprimido, ninguno de los poderes públicos se rige conforme a la Ley. Las garantías de los pueblos originarios y los derechos humanos son pisoteados. En fin, bajo la usurpación se fomenta la violencia, el caos, la inseguridad y el desorden público. Los bienes de la nación son asaltados y repartidos entre los cómplices de Felipe Calderón. Petróleo, electricidad, minas, redes de fibra óptica, obras públicas, agua, gas, minas, bancos, comercio, tierras, centros ceremoniales milenarios, playas, fondos de pensión,
presupuestos educativos, biodiversidad y todo aquello que pueda dejar alguna ganancia ha sido saqueado a través de procesos de privatización ilegales, contraviniendo los Artículos 3º, 27º, 28º y 123º de la Constitución. El usurpador es socio y empleado de oligarcas, políticos y empresas trasnacionales como Iberdrola, Repsol, Halliburton, Scotiabank, Goldcorp Inc., Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, Germán Larrea, Lorenzo Servitje, Asunción Aramburozabala, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Elba Esther Gordillo y otros de la misma calaña. Es el principal ejecutor de la guerra declarada por la Casa Blanca contra sectores de la delincuencia organizada que no dependen directamente del Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono. Esta guerra persigue, entre otros objetivos: la militarización del territorio mexicano y la conversión de las fuerzas armadas nacionales en fuerzas de ocupación extranjera; la legitimación y legalización de la injerencia permanente de la policía y los ejércitos estadounidenses en asuntos de seguridad nacional y la disputa por el control de los recursos políticos y económicos derivados de las actividades ilícitas, a fin de financiar y alentar actividades terroristas y desestabilizadoras. En poco más de 3 años de gobierno usurpador, el panorama es desolador: el número de pobres creció en 10 millones; los ingresos de trabajadores y capas medias disminuyeron en casi un tercio; los nuevos desempleados aumentaron en 3 millones, en tanto 7 o más millones de jóvenes carecen de empleo y de la oportunidad de asistir a la escuela. Al mismo tiempo, las bases naturales, económicas, jurídicas y culturales en que se sustentan las posibilidades de desarrollo nacional continúan involucionando. La dependencia alimentaria, el despojo de los bienes nacionales y la desarticulación sistemática de todo proyecto o propuesta de soberanía económica, política y cultural, nos condenan a vivir en situaciones de pobreza, inseguridad, discriminación y explotación, semejantes a las vividas en épocas de servidumbre y dictadura abierta. La recuperación económica anunciada por el gobierno no detendrá el crecimiento de la pobreza y el desempleo, mientras tanto los más ricos verán crecer sus fortunas y su impunidad. Incluso, debemos tener en cuenta que la reanimación de la economía será débil y dará paso a un largo periodo de estancamiento de la producción agravando la crisis social y todos los problemas del pueblo y la nación. En el centro de esta ofensiva se encuentran las conquistas y los más elementales derechos de la clase trabajadora. En su desesperada búsqueda para recuperar y acrecentar sus ganancias, la burguesía ha emprendido una feroz batalla para reducir el salario real, incrementar los ritmos y la jornada de trabajo, precarizando la mano de obra, eliminando los derechos de huelga, jubilación y de sindicalización. Las agresiones a los sindicatos mineros, electricistas, huleros, entre muchos otros, constituye una agresión sin precedentes a la autonomía de las organizaciones sindicales democráticas. La sentencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación —en respaldo y aprobación del Inconstitucional decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y del ilegal despido de los 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)—, es una de las más bárbaras demostraciones de esta tendencia.
La liberación de los presos de Atenco es la excepción que confirma la regla; que ha sido ratificada por las resoluciones de la Suprema Corte y el poder judicial en los casos de Cananea, la Guardería ABC, y Pasta de Conchos, entre muchos otros. En esa cruzada antinacional todos los poderes formales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; además de los informales, las jerarquías eclesiásticas y los medios de comunicación masiva están a su completa disposición. Mientras tanto, el desastre nacional sigue avanzando, los principales grupos oligárquicos ligados al PRI, al PAN y a sus partidos satélites libran una guerra sin cuartel por el botín que representan el erario público y lo que nos queda de patria. En tal situación, las direcciones políticas de la izquierda liberal progresista y moderada agrupadas en el PRD, PT y Convergencia, han permanecido en el ámbito puramente electoral, esperando cada 3 o 6 años, según sea el caso, para disputar el gobierno. Su lejanía de las luchas del pueblo es mayúscula. Enredados en las disputas palaciegas, atrapados en sus altos salarios y prebendas han tendido, en la mayoría de los casos, a convertirse en comparsas del régimen oligárquico olvidándose del pueblo, de sus necesidades y penurias. A tal grado llega su extravío que pactan alianzas con los traidores a la patria, con los enemigos de los trabajadores, con los asesinos del pueblo, con priístas, panistas, verdes o elbistas. Tan sólo sea para ocupar un puesto o espacio dentro del régimen, pretextando luchas contra cacicazgos malos o, de modo más perverso aún, sugiriendo que las alianzas con el PAN y Calderón persiguen evitar la restauración del autoritarismo. Lo cual supone que México ya transitó a la democracia, que ya no existe el régimen oligárquico y, lo más descabellado, que los gobiernos panistas son respetuosos de la ley, tolerantes y hasta democráticos. Cuando en realidad las diferencias entre los partidos de la oligarquía sólo son de grado: entre quienes son los más bandidos, los más sanguinarios, los más racistas, los más explotadores, los más traidores a la patria, los más serviles al imperialismo y a las trasnacionales. Por si fuera poco, a los problemas de la nación debemos sumar los del mundo. Nuestro país ocupa un lugar central en las estrategias de poder del principal imperio del planeta. Sus planes de ocupación y saqueo de nuestro territorio, se conectan con iniciativas de cerco militar y económico a la revolución bolivariana y cubana; con la cooptación de los gobiernos nacionalistas y socialistas de Latinoamérica y el Caribe, para detener el ALBA y otros proyectos de integración que limitan la influencia estadounidense. Así, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, las bases militares en Centro y Sudamérica, la invasión de los territorios palestinos, de Irak, Afganistán y Paquistán, y la que preparan en contra de Irán y Corea del Norte, son parte de un mismo plan de control y saqueo de bienes naturales y explotación de los pueblos. Violación sistemática de las libertades democráticas, recolonización de nuestros territorios y crisis económica se conjugan en el régimen oligárquico; en la dominación de 30 familias asociadas al imperio yanqui y las trasnacionales europeas y asiáticas. Esas familias junto a sus socios extranjeros constituyen el enemigo principal del pueblo de México, de sus comunidades y pueblos originarios. Desalojarlos de la conducción de la economía y del estado es la única posibilidad que tenemos de revertir el desastre neoliberal; de recuperar una parte de lo robado, de restituir la legalidad constitucional y de solucionar las
necesidades de los trabajadores del campo y la ciudad; de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los pequeños y medianos empresarios, de las mujeres.
¡Construyamos el instrumento de lucha política de los movimientos sociales y del pueblo de México! El creciente autoritarismo, la imposibilidad de resolver los conflictos sociales a través de los mecanismos institucionales, la perversión del sistema partidista, la inexistencia de una organización política representativa del pueblo, hacen indispensable que los mexicanos pasen de las luchas inmediatas y sectoriales a la lucha política abierta organizando una nueva fuerza política basada directamente en los movimientos sociales, en las comunidades y en los ciudadanos y ciudadanas, sin falsos representantes de por medio. Con un proyecto democrático nacional de perfiles clasistas y populares, consecuente y congruente, para desde ahora, sin esperar a los “tiempos políticos” que el propio sistema marca, combatir con efectividad al régimen dictatorial y sus comparsas. Nada de lo antes señalado puede hacerse realidad si no vamos construyendo la condiciones del transito de la resistencia civil pacifica a la desobediencia civil y política. No podremos avanzar en nuestros objetivos sin la organización de la desobediencia a las resoluciones tomadas por la Suprema Corte y los demás poderes públicos. Sin desobediencia activa sin resistencia a la dictadura en marcha no podremos restituir la Legalidad Constitucional que, en entre otras cosas presupone: la recuperación irrestricta de la Industria Energética Nacionalizada; la puesta en marcha de políticas que garanticen la soberanía alimentaria y la justicia social en el campo; una agresiva defensa del medio ambiente y de lucha en contra del cambio climático; el cabal respeto a los derechos y culturas de los pueblos y naciones originarias; la aplicación plena del derecho a la Educación Pública, Gratuita y Laica; el ejercicio franco de la totalidad de nuestros derechos laborales; el goce de nuestro Patrimonio Cultural y Arqueológico; al desarrollo amplio de la Investigación Científica y Tecnológica; el derecho a la vivienda amplia, digna, higiénica, en un entorno democrático y de convivencia social; el ejercicio pleno de los Derechos Políticos y Libertades Democráticas; el retorno inmediato del ejército a sus cuarteles y el castigo ejemplar a los torturadores y violadores de derechos humanos. Nuestro movimiento se propone participar directamente en las trincheras donde se libran las batallas por las reivindicaciones económicas, sociales y democráticas inmediatas de la gente, de los trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, indígenas y pobladores, con el objetivo de contribuir a la unidad contra el enemigo principal. Para tal fin, es necesario destacar las reivindicaciones históricas nacionales, democráticas y sociales, sin menoscabo de las demandas particulares. Sólo de esta manera podremos enterrar la calamidad neoliberal que azota al país desde hace décadas y construir una sociedad con justicia, democracia y libertad; un poder social basado en la organización y la participación democrática de la gran mayoría de la sociedad. Así es como pensamos extender la lucha del pueblo a todos los ámbitos de la vida económica, cultural y política. Arrebatarles las instancias de decisión y revolucionarlas. Con esos objetivos de por medio participaremos en las luchas gremiales, comunitarias, de jóvenes y mujeres; en las luchas electorales, en la defensa de los derechos humanos, de la
madre tierra, de sus fuentes de agua y el aire, procurando ser fieles a las causas más sagradas de los mexicanos. Estamos convencidos que la lucha por el nuevo gobierno y el nuevo poder presupone el impulso decidido a la organización y movilización de todos los pueblos, comunidades, organizaciones locales y regionales, sindicales, sociales y políticas, por más modestas que éstas puedan ser o parecer, para la construcción de un Congreso Social que pueda avanzar hacia un Nuevo Constituyente; es decir, hacia una nueva representación nacional popular que sea la expresión del el bloque social, de la nueva mayoría que desplazará a los neoliberales. A partir de esos procesos es como verdaderamente se construirá el poder popular y social que habrán de reemplazar al viejo y anacrónico régimen político de las elites oligárquicas. De esta manera, en la primera etapa de construcción de nuestra fuerza política haremos énfasis en los aspectos del programa que tienen que ver con la naturaleza de la crisis histórica que vivimos y con las alternativas que ofrecemos para enfrentar el desastre nacional y el drama social que padecemos. Todos los componentes de nuestra plataforma democrático-nacional serán enfatizados desde el cuestionamiento al sistema capitalista y las nuevas formas de colonialismo que ha engendrado. En ese contexto asumiremos nuestras tareas internacionalistas, de hermanamiento con los pueblos de Nuestra América y con las clases trabajadoras y los pueblos del mundo. En fin, aspiramos a ser uno de los espacios donde todas las expresiones de la lucha social se encuentren y adquieran la forma de insurgencia civil y popular. Deseamos ser un lugar de anticipación del nuevo proyecto de nación que hace de la lucha por la democracia popular, la justicia social, la soberanía nacional, la liberación nacional y el socialismo su compromiso cotidiano.
Perfil de la nueva fuerza política Queremos ser vistos como una fuerza política de naturaleza partidaria radicalmente diferente a los partidos institucionales. Una organización de izquierda novedosa, en contrapunto de la descompuesta clase política y la “izquierda” decadente y de componendas, con arrastre en la sociedad civil en general, en la opinión pública y, sobre todo y ante todo, entre los de abajo. Proyectamos un movimiento político autónomo, con vida y dirección propia, independiente de los partidos y agencias del régimen oligárquico. Capaz de superar el viejo lastre de la dependencia hacia los caudillos y las formaciones burguesas liberal-progresistas o socialdemócratas. Con las cuales, No obstante, bajo ciertas condiciones y sin renunciar a nuestro proyecto emancipador, haremos alianzas para enfrentar al enemigo principal: la oligarquía y el imperialismo, pero nunca más como clientelas o subalternos, sin programas políticos propios, condicionados por las migajas que suelen ofrecer. En todo momento, haremos patente el derecho de los trabajadores y el pueblo a dirigir la nación y a construir un mundo apegado a sus necesidades y aspiraciones.
Por lo tanto, nuestra fuerza política estará delimitada y definida con claridad en cuanto sus objetivos, sus principios, sus normas, sus protagonistas, su estructura organizativa inicial y el carácter militante de sus miembros. Donde las formas organizativas y sus contenidos culturales y programáticos irán tomando cuerpo con el desarrollo del proyecto, a contracorriente de procedimientos autoritarios. Somos un proceso que pone por delante su proyecto de nación, sus objetivos estratégicos a partir de la realidad actual, ajeno a definiciones ideológicas dogmáticas y comportamientos doctrinarios. Un movimiento político consecuentemente de izquierda, con base de masas, a escala nacional, con presencia e influencia en todos los órdenes de la vida social, abierto a la más amplia participación popular, sin afanes vanguardistas. Nuestra fuerza política nace desde los movimientos reales de trabajadores del campo y la ciudad, desde las resistencias cotidianas de ciudadanos y ciudadanas. Se trata, entonces, de un proyecto político que surge de las resistencias ciudadanas y de los movimientos sociales, no corporativo, basado en la integración individual y consciente. Luchamos por el protagonismo del pueblo, de sus dirigentes obreros, comunitarios y civiles que habrán de convertirse, según Lenin, en “caudillos de la nación”. Asumimos la necesaria unidad de los objetivos y principios con la práctica política. Para nosotros la dimensión ética es fundamental. En el nuevo proyecto no tienen cabida corruptos, arribistas y trepadores. Se trata de dejar muy claras las bases éticas y la congruencia del proyecto, para prevenir, en la medida de lo posible, desviaciones y el alejamiento de las bases, sus intereses y sus luchas. Como anticipación de la nueva sociedad que anhelamos, nos proponemos decir la verdad, aunque nos sea adversa; ser honrados; percibir salarios de trabajador cuando se nos encomiende trabajar en un puesto de representación o en alguna actividad política especial; desarrollar el espíritu de servicio y cuidar los bienes de las organizaciones del pueblo y de la nación. El control colectivo de los recursos será riguroso, al igual que la evaluación sistemática de nuestras iniciativas y actividades. La critica y la autocritica irán de la mano del compañerismo y el respeto a los compañeros y compañeras. Las practicas y expresiones sexistas y racistas deberán ser superadas en las filas de nuestro movimiento. El nuevo movimiento asumirá todas las formas de lucha reconocidas por la Constitución, ya sean extrainstitucionales o institucionales. En todo momento, nuestros métodos y formas de lucha buscaran trascender de forma sistemática los límites del régimen político oligárquico, cuestionando las actuales reglas del juego y sin subordinarse a los aparatos o franquicias políticas.
¿Quiénes convocamos a la fuerza política y cómo se construye? Somos dirigentes y activistas de la clase trabajadora, de comunidades indígenas y campesinas, de colectivos estudiantiles, de mujeres, de grupos religiosos, de organizaciones civiles, de minorías sexuales y de organizaciones revolucionarias de la izquierda mexicana, entre otras, que aspiramos a construir un nuevo liderazgo político.
La integración de organizaciones de la izquierda revolucionaria no desnaturaliza el perfil de movimiento político basado preferentemente en organizaciones sociales. Para que su integración proceda deberán iniciar un proceso de disolución sin menoscabo de su participación en todo el proceso de organización y elaboración de la línea política general y las normas estatutarias. Nuestra fuerza política se compondrá de comités de base, sectoriales y territoriales en todo el país: municipios, comunidades, barrios, centros laborales, escuelas, sociedades civiles, cooperativas y ligas deportivas, por mencionar algunos espacios. La práctica del colectivismo será ley tanto en las instancias de base como en los comités regionales, estatales y de conducción nacional, cuyos integrantes serán elegidos por las instancias y asambleas respectivas. La división del trabajo estará asentada en procesos de formación integral de todos los militantes. El desarrollo permanente de las capacidades comunicativas, productivas, administrativas, políticas, físicas, artísticas y culturales será una tarea básica y de la más alta consideración entre nosotros. La incorporación a la nueva fuerza política será a titulo personal. La militancia es libre e individual. El vínculo con las organizaciones civiles, comunitarias y sociales que apoyan su formación es fundamental, sin que ello implique la subordinación de una instancia a otra. Cada una tiene sus ámbitos de competencia e instancias de decisión específicos. La fuerza política de los trabajadores y el pueblo es una iniciativa que desata el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el respaldo y la participación de otros gremios y organizaciones sociales y políticas. Para la elaboración de los documentos fundacionales y la construcción de las primeras estructuras nacionales, se integrará una comisión promotora nacional, en la que estarán representadas las promotoras estatales. Esta comisión consensuará la ruta y los preparativos para la realización del congreso constitutivo.