Este boletín aborda los problemas en las políticas públicas que llevan a la expansión de la seguridad privada, aplicando –al caso de Chile– lecciones aprendidas en otros países. Sostiene que el gobierno debe definir activamente la relación entre las fuerzas policiales y los actores de privados, sin restar mérito a los mismos, para asegurar que estos últimos contribuyan a la seguridad ciudadana y para garantizar que la seguridad sea provista con eficacia, equidad, transparencia y accountability (rendición de cuentas).
