Bien Común 245 by Fundación Rafael Preciado Hernández

ÍNDICE Editorial COLABORADORES • Tania Espinosa Sánchez es maestra en estudios legales internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy y abogada por la Universidad Iberoamericana • Evelyn González Garduño. Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con estudios en Migración Internacional y en la Frontera México - Estados Unidos por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Desde octubre del 2013 es Coordinadora de Comunicación en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. • Mariana González Trejo. Es doctoranda en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. • Salomón Guzmán Rodríguez: Licenciado en Economía con especialidad en Estadística Aplicada por la FES Aragón (UNAM) y Maestría en Economía Aplicada. Asesor e investigador en la Fundación Rafael Preciado Hernández. • Paulina Lomelí García. Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Gerente de Asuntos Económicos de Coparmex. • José Manuel Magallanes Alva: Economista por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Asistente de la Dirección Académica de la Fundación Rafael Preciado Hernández. • Martha Hilda Magallanes Alva. Coordinadora de elecciones en el Comité Estratégico de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. • Gerardo Servín Aguillón. Doctor en Derecho, Profesor de Tiempo Completo y Coordinador de Investigación Área Administración Pública. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Querétaro. • Ricardo Ugalde Ramírez. Licenciado en derecho con especialidad en Derecho del Trabajo, Maestría en Administración Pública. Actualmente se desempeña como Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. • Luis Foncerrada Pascal. Director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Estudió Física y Economía en la UNAM y obtuvo la Maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) e investigador visitante en la Universidad de Princeton y realizó estudios de doctorado en la UAM. • Sergio Hernández Trejo. Subdirector de Análisis Macroeconómico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional.

Centrales La verdadera situación del empleo en México Luis Foncerrada / Sergio Hernández Reflexiones sobre la medición del trabajo decente Salomón Guzmán Rodríguez Trabajo decente Paulina Lomelí García Las voces de la basura Tania Espinosa Sánchez En busca de un trabajo decente Martha Hilda Magallanes Alva / José Manuel Magallanes Alva Reflexión Derecho, desobediencia civil y justicia Gerardo Servín Aguillón / Ricardo Ugalde Ramírez Agendas Chavismo y oposición: categorías y significados Mariana González Trejo Dreamers: hacia una reforma migratoria competitiva Evelyn González Garduño

5 11 21 30 33

51 58

Papeles de investigación La cultura política como factor determinante para el avance democrático de México Carlos Castillo López

Dossier Elecciones 2015 Fundación Rafael Preciado Hernández

Reseña Financiamiento de partidos: rendir cuentas para frenar corrupción Jonathan Sánchez López Aguado

Indicadores La distribución de la riqueza de los hogares en México y los efectos nocivos de la reforma fiscal, 2012-2014 Salomón Guzmán Rodríguez

año 21 número 245

Presidente

Gustavo Madero Muñoz

Secretario General

José Isabel Trejo Reyes

agosto 2015

Director

Carlos Castillo López

Coordinador Editorial

Jonathan Sánchez López Aguado

Tesorero Nacional

Carlos Olson San Vicente Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

Presidente

Gustavo Madero Muñoz

Directora de Proyectos Especiales

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat • Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Eloísa Talavera Hernández

Director Académico

Jorge Alonso Estrada

Dibujos de interiores

Retorno Tassier / Gonzalo Tassier

Directora de Administración y Finanzas Ma. de Lourdes González Vázquez

Director Editorial y de Cooperación Institucional

Carlos Castillo López

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier / Silvia Monroy Vázquez

Directora del CEDISPAN

Angélica Martínez

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas. Elaborar, editar y publicar, directa o indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videos y similares. Fomentar y financiar actividades de investigación social, política y económica dentro del país.

Actividades:

Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero. Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de

actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.

Bien Común es editada por el Partido

Acción Nacional en colaboración con la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana. Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación. Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados. Publicación indizada en CLASE.

Certificado de licitud de título: 9152. Certificado de licitud de contenido: 6405. Reserva: 04–2004–081711193000–102 ISSN 1870–0438 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente. No se devuelven originales.

Impreso en: Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V. Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72 Correspondencia:

Revista Bien Común Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 00 carlos.castillo@fundacion.pan.org.mx www.fundacionpreciado.org.mx

EDITORIAL

n estos últimos años se ha multiplicado la presencia en medios de la discusión sobre los alarmantes niveles de desigualdad económica que existen en México. No es un asunto nuevo, por supuesto. México ha sido un país profundamente desigual desde su mismo nacimiento. Ya el Barón de Humboldt señalaba en su famoso ensayo sobre la Nueva España que a principios del siglo XIX, la ciudad de México, que estimaba entonces en 120 mil habitantes, incluía cerca de 40 mil indígenas viviendo en total indigencia. Las condiciones de trabajo y explotación que reportaba entonces en minas y haciendas asemejan a historias de terror. Pese a los muchos avances en materia de regulación laboral y seguridad social, más de 200 años después seguimos registrando condiciones de terrible desigualdad, precariedad laboral y explotación en México, y si para muestra fuera necesario un botón, incluimos en esta edición un artículo de Tania Espinosa sobre el gremio de pepenadores de la ciudad de México. Desde finales del año 2002, cuando se formalizó el seguimiento de los niveles de pobreza en México, así como la medición del impacto de la política pública destinada a ese propósito, el tema de la desigualdad se ha convertido en un asunto de Estado; es decir, más allá de una obligación que asuman los gobiernos en turno. La reciente evaluación de CONEVAL refleja nuevamente los pobres resultados de una política que incluso como medida remedial, no ha alcanzado los resultados esperados ni siquiera en sus mejores momentos. El gobierno, a través de su secretaria de Desarrollo Social, festeja la reducción en décimas de la pobreza extrema, y pierde de vista que hoy tenemos 2 millones más de pobres que cuando su gobierno asumió la Presidencia. Por muchos años nuestra política económica ha pretendido apostarlo todo al asunto de las bajas tasas de crecimiento, con la idea que tasas mayores aportarían la cuota para sacar a millones de la pobreza, mucho más que cualquier política social remedial. Sin embargo, los resultados de un estudio 3

reciente del Pew Research Center1 sobre el impacto del crecimiento de la economía mundial en los niveles de desigualdad, arrojan resultados decepcionantes. Si bien es cierto el crecimiento entre 2001 y 2011 ha reducido casi en 14 puntos la pobreza extrema en el mundo (del 29% al 15%), este resultado se contrasta con el crecimiento de la población de bajos ingresos, que alcanzó 56% de la población mundial, de 50% que representaba en el año 2001. Las clases medias siguen están ausentes en este modelo económico, y tan sólo representan 13% de la población. El crecimiento entonces prueba ser un remedio tan limitado como parece serlo la política social: bueno para reducir sin acabar con la pobreza extrema, y muy malo para crear altos niveles de bienestar.

La decencia en el trabajo no debe ser un tema distante de las obligaciones humanas de las empresas e instituciones, cuya atención sea materia exclusiva de las autoridades gubernamentales y sólo exija medidas regulatorias, leyes y propuestas de cambio cupulares. La prácticas indecentes están en todos lados. Si no, sólo asomémonos a los terribles niveles de desigualdad salarial que existen en todos lados, donde los trabajadores manuales reciben apenas salarios de sobrevivencia y los jefes y directores hasta 50 veces más. La desigualdad empieza en casa. Este fenómeno de desigualdad de salarios no es sino un reflejo práctico del desprecio que existe en México respecto al trabajo manual, y no pude considerarse de otra manera que como un atentado en contra de la dignidad eminente de la persona.

Entonces no basta con los empleos que vaya a crear el crecimiento, porque esos empleos, bajo el modelo de la actual economía global, lejos de eliminarla, tienden a perpetuar la pobreza. Por eso vale la pena insistir, en que no es sólo el crecimiento sino el tema del crecimiento justo y con decencia lo que debe ser la asignatura fundamental que debemos atender en nuestros proyectos y programas para el futuro de la nación.

Si el Barón de Humboldt regresara hoy a México y nos revisara nuevamente la plana, registraría en su valoración principal el estado que guarda en nuestro país el trabajo, así como las terribles consecuencias que ha generado esta inaceptable práctica de menospreciar a los trabajadores manuales, que refrenda los prejuicios sociales, culturales y las terribles condiciones de inequidad en la que nacen millones de mexicanos, de las cuales, las empresas e instituciones, incluso las mismas instituciones dedicadas a combatirlas, se convierten en cajas de resonancia social.

Por eso desde principios de siglo la discusión auspiciada desde la Organización Mundial del Trabajo en torno al concepto de Trabajo Decente adquiere relevancia y pasa a ocupar el lugar central en nuestra discusión sobre la desigualdad y la pobreza. Algunos pensarían que tenemos que esperar a crecer para sólo después atender los temas de la decencia en el trabajo, pero la realidad nos dice otra cosa: primero la decencia, después el crecimiento. Ese es también un principio fundamental de nuestra doctrina, ampliamente analizado desde nuestros momentos fundacionales, y expresa claramente nuestra obligación humana y moral de la primacía de los derechos de los trabajadores sobre los del capital.

1 Pew Research Center, “A Global Middle Class Is More Promise than Reality,” julio 8, 2015, http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/ (registrado julio 28, 2015)

Jorge Alonso Estrada Director Académico

La verdadera situación del empleo en México Luis Foncerrada / Sergio Hernández

Al menos en los últimos cuatro sexenios y lo que va el actual, el ritmo de crecimiento de la economía se ha mantenido a la baja, de tal manera que en ese lapso, el promedio anual de avance del PIB es de sólo 2.6%, porcentaje insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades de bienestar de los hogares, toda vez que en este entorno no ha sido posible crear los empleos que requiere la población, además de que el proceso de precarización del mercado de trabajo se ha venido agudizando.

Buena parte de este pobre desempeño se ha debido a la falta de políticas públicas que estimulen la inversión, que es el principal motor del crecimiento. Mayores niveles de inversión sin duda se reflejan en la posibilidad de crear más puestos de trabajo mejor remunerados. El CEESP ha mencionado que para que la economía crezca de manera sostenida a tasas anuales de entre 4 y 5%, se requiere que la inversión represente entre 25% y 30% del PIB, lo cual, a excepción de 1981, cuando la inversión representó 26.5%, no ha sucedido a lo largo de la historia del país.

Inversión total (% del PIB) 20

Privada

Pública

18 16 14 12 10 8 6 4

3.7%

2 0

43 45

53 55

Elaborado por el CEESP con datos del INEGI.

83 85

03 05

Luis Foncerrada / Sergio Hernández

Acervo de capital / Brecha laboral (Índice real 2000=100) 105 100 95 90 85 80 75 70 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CEESP con datos del INEGI.

I Trimestre 2015 Fuerza Laboral Potencial: 58,038,940

PEA: 52,007,842

No ocupados disponibles: 6 031098 10.4%

PNEAD: 6,031,098

Brecha Laboral 21.1% de la Fuerza Laboral Potencial

Subocupación: 4 013 469 6.9% Fuente: CEESP con datos del INEGI.

Desocupación: 2 201 778 3.8%

Lo preocupante es que la inversión pública, que juega un importante papel como detonador de la inversión privada, ha ido disminuyendo constantemente, al grado de que durante el primer trimestre del 2015 representó sólo 3.7% del PIB, lo que fue su nivel más bajo desde 1946. La importancia de la inversión radica en el hecho de que esta hace que crezca el acervo de capital, de tal manera que las empresas tiene la facilidad de crear más puestos de trabajo bien remunerados. De lo contrario, es decir, un mayor aumento de la fuerza de trabajo versus el capital, simplemente conducirá a un deterioro más agudo del bienestar de los hogares, toda vez que la dificultad que implica generar más empleos sin inversión, aumentará el número de personas que no puede colocarse fácilmente, generando una presión a la baja en el nivel de salarios. Según las cifras del INEGI, si bien la evolución del acervo de capital del país mantiene una tendencia ascendente, la necesidad de puestos de trabajo muestra un mayor dinamismo, lo cual es consistente con la problemática que tienen las empresas para hacer más contrataciones. En principio es fundamental identificar cuál es la verdadera necesidad de puestos de trabajo que requiere el país, con el objetivo de diseñar las políticas públicas más idóneas para solucionar el problema. A primera vista, se podría decir que los nuevos empleos que se requieren corresponden simplemente a la tasa de desocupación, que según las cifras del INEGI, en el primer trimestre representó 4.23% de la población económicamente activa (PEA), es decir 2 millones 201 mil 778 personas. Para muchos este nivel de desempleo no es preocupante, sobre todo cuando se afirma que el empleo en el país (medido a través del número de trabajadores afiliados asegurados al IMSS) crece prácticamente al doble del ritmo de avance de la economía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento en el número de afiliados al IMSS no precisamente significa nuevos empleos: una buena

Luis Foncerrada / Sergio Hernández

parte de los nuevos registros corresponde sólo a la formalización de trabajadores que ya tenían un empleo, por lo que no toda la afiliación tiene que ver con la creación de nuevas plazas de trabajo. Por eso hay que tener presente que el empleo o la generación de nuevos empleos no es pertenecer al IMSS, ni es correcto utilizar esta cifra como generación de empleo, es sólo la generación de empleo formal, que nos dice cuántos trabajadores son parte o entraron o salieron –en mayo del 2015 salieron 7,000–, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es fundamental no confundir el verdadero empleo, que conocemos por las encuestas de ocupación y empleo realizadas por el INEGI, con la afiliación al IMSS. La pertenencia o afiliación al IMSS es un dato parcial y a veces totalmente desvinculado de la realidad del empleo en el país. En una entrevista en los primeros días del año, Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, señaló que de los 714 mil registros en que aumentó el universo de trabajadores afiliados al IMSS durante 2014, entre 300 y 350 mil tuvieron su origen en la formalización del empleo, lo que significa que sólo cerca de la mitad de los nuevos registros correspondieron a crecimiento económico. Evidentemente, ni la tasa de desempleo refleja la necesidad real de puestos de trabajo que requiere la población, ni el número de afiliados al IMSS refleja la situación real del empleo en la formalidad. Sin embargo, no sólo es ésta la necesidad de empleos en México. A esta cifra se debe incluir la subocupación, que son todas aquellas “personas de 15 y más años de edad que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite”, segmento que en el primer trimestre del 2015 sumó 4 millones 013 mil 469 personas. Esto, además de reflejar en buena medida la precariedad del empleo, es la segunda aproximación de los puestos de trabajo que requieren la población. Al sumar estos dos conceptos, tenemos en

principio que en el país se requiere empleo de calidad para un total de 6 millones 215 mil 247 personas, lo que representa 12% de la población económicamente activa. Si bien esta cifra ya es elevada, el bajo crecimiento de la economía de las últimas dos décadas ha dificultado notoriamente la posibilidad de conseguir un empleo, independientemente si es formal o no. Este entorno ha llevado a un número considerable de personas a desistir de la búsqueda de un empleo por considerar que no tenían oportunidad para ello, pero tienen interés en trabajar. Las cifras del INEGI indican que en este estatus se encuentra un total de 6 millones 031 mil 098 personas, universo que si bien se clasifica dentro de la población no económicamente activa, es población disponible para trabajar: son los conocidos como “no ocupados disponibles”. Al sumar todas estas cifras se obtiene lo que se define como brecha laboral, indicador desarrollado por David Blanchflower y Andrew Levin en un artículo publicado por el Buro Nacional de Investigación Económica (NBER) de los Estados Unidos, y que da una idea mucho más exacta del total de puestos de trabajo que requiere la población. Bajo este concepto, se tiene que al primer trimestre del presente año la economía mexicana necesitaba un total de 12 millones 246 mil 345 empleos para satisfacer las necesidades de los hogares. Pero la difícil situación del mercado laboral no termina aquí. La dificultad para conseguir un empleo ha incidido negativamente en la evolución de los salarios, toda vez que la necesidad de ocuparse lo más pronto posible en un entorno de reducida oferta de empleos, propicia que los trabajadores estén dispuestos a recibir salarios más bajos de los que tenían o inferiores a sus capacidades, tan sólo por conseguir una fuente de ingresos. La precarización del mercado de trabajo por esta razón se ha convertido en un importante factor que inhibe una rápida recuperación del mercado interno, dada la reducida capacidad adquisitiva que tienen las familias.

Luis Foncerrada / Sergio Hernández

Población ocupada por nivel de ingreso (Millones de personas)

14.0 Más de tres sm

13.5 13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

9.5

Hasta tres sm

22 00 01

14 15

9.0

Fuente: CEESP con datos del INEGI.

Población desocupada y migración neta internacional (Índice 2000=100)

300 250

Población desocupada

200 150 100 Saldo neto migratorio

50 0

Fuente: CEESP con datos del INEGI.

Luis Foncerrada / Sergio Hernández

PIB y consumo privado (Crecimiento promedio anual)

6.0 PIB 5.0

Consumo prvado

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 89-94

95-00

En este contexto, la estructura salarial se ha modificado notoriamente. Según los datos disponibles del INEGI, la población ocupada que se concentra en los segmentos que tienen ingresos de hasta tres salarios mínimos, aumentó en 5 millones 390 mil 305 personas, a costa de la dinámica descendente en la población ocupada que percibe más de tres salarios mínimos, donde se observó una pérdida de 3 millones 190 mil 910 ocupados entre el cuarto trimestre del 2007 y el mismo periodo del 2014. Tan sólo en el año del 2014 se perdieron más de un millón de empleos que ganaban más de tres salarios mínimos y el empleo total cayó en más de 120,000 plazas. Esto es, en el 2014 no sólo no se crearon empleos en la economía sino que se perdieron empleos. De ahí la importancia de no confundir empleo con afiliación al IMSS, a riesgo de negar la realidad del empleo en nuestro país.

01-06

07-12

13-14

Aunado al efecto negativo que ha tenido el magro ritmo de crecimiento y los bajos niveles de inversión, se suma otro factor que presiona el mercado laboral complicando más la posibilidad de conseguir un empleo bien remunerado. En este caso nos referimos a lo que se consideró una válvula de escape durante mucho tiempo que fue los niveles de migración que tenía el país. Sin embargo, eventos como los atentados del 11 de septiembre, la crisis económica de los Estados Unidos y los altos niveles de ilegalidad y tráfico de armas y drogas, llevaron a generar drásticas medidas para evitar la entrada ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos. Esto ha significado que el número de mexicanos que pueden cruzar la frontera para conseguir un empleo es mucho menor, lo cual se traduce en mayores presiones para el mercado 9

Luis Foncerrada / Sergio Hernández

laboral de nuestro país, y ayuda a presionar los salarios a la baja. El ambiente laboral de nuestro país es complicado y va más allá de sólo señalar, de manera superficial, que el empleo sigue creciendo como respuesta al efecto de las reformas estructurales y de las expectativas de mayor crecimiento. Es cierto que las reformas pueden tener un efecto positivo, pero este será en el mediano y largo plazo, en tanto que la necesidad de mejorar el bienestar de los hogares es inmediata, por lo que es fundamental que se instrumenten medidas que lleven a una rápida creación de empleos formales bien remunerados. Sólo de esa manera se podrán revertir los niveles de pobreza que recientemente dio a conocer el CONEVAL. Las cifras resultantes de la Encuesta de Ingreso y gasto de los hogares mencionada, con la precarización del empleo y con la pérdida de empleos mejor pagados, el ingreso promedio familiar cayó 3.5% en los dos últimos años. La desigualdad se incrementó como nos lo permite ver el

incremento del coeficiente de Gini que publicó CONEVAL, que pasó de 0.498 a 0.503. Indudablemente, el número de pobres –en la medida multidimensional– se incrementó también en dos millones de habitantes. Este entorno no deja dudas; la precarización del mercado laboral, que además de la enorme necesidad de nuevos puestos de trabajo bien remunerados y el considerable aumento de la ocupación con niveles salariales más bajos, reduce la capacidad adquisitiva de los hogares, limitando el consumo y por consiguiente inhibiendo un fortalecimiento del mercado interno. Dadas las condiciones, sería más apropiado sentar las bases para estimular el gasto de capital privado, tanto con una política fiscal e industrial adecuaca, como a través de una inversión del sector público eficiente. Infraestructura para el beneficio de los hogares y relacionada con proyectos productivos es la mejor manera de hacer crecer al país, y con ello mejorar la situación laboral de los hogares.

Reflexiones sobre la medición del trabajo decente Salomón Guzmán Rodríguez

Introducción La Organización Internacional del Trabajo1 reportó en 2012 que cerca de 200 millones de personas estaban desempleadas, entre ellas 75 millones de jóvenes. Estos hechos aumentan la desigualdad económica y social, principalmente por los distintos niveles de empleo entre diferentes grupos sociales, entre ellos mujeres y jóvenes. Estos fenómenos, la gran mayoría de las veces, dan como resultados cambios demográficos drásticos, donde los sistemas sociales, políticos y económicos a nivel nacional y mundial son cada vez más frágiles y propensos a las crisis. En consecuencia, las personas viven en creciente inestabilidad e inseguridad, como consecuencia de las tensiones sociales y políticas. Incluso, los que tienen un trabajo experimentan inseguridad resultante del subempleo y empleo vulnerable. La economía informal, por su parte, sigue siendo una preocupación cada vez mayor, sobre todo en los países en desarrollo, donde ésta representa el cincuenta por ciento del empleo total, siendo mayoría las mujeres. Además, los trabajadores de la economía informal por lo general carecen de acceso a servicios de salud, pensiones de jubilación y otras transferencias sociales, con ingresos por debajo del de los trabajadores formales y casi un tercio de todos de ellos viven con sus familias por debajo del umbral de pobreza; muchos son mujeres o trabajan en la economía informal.2 Es por eso que desde ILO (2012). Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis, Geneva: ILO UN (2007). The Employment Imperative. Report on the World Social Situation 2007. New York: United Nations 1 2

múltiples y muy diversas perspectivas se insiste en poder avanzar en la urgencia de darle al trabajo de las personas el aspecto humano y su transformación decente por medio de la responsabilidad colectiva que haga frente a las políticas de liberalización moderna, que trastocan las relaciones laborales en casi todos los países del mundo. Si bien la tecnología, la productividad y las cambiantes preferencias del consumidor generan nuevos mercados y una nueva conciencia social, empresas y trabajadores experimentan la necesidad de obtener una reputación distinta con nuevos instrumentos de diálogo que permitan la adaptación, renovación y cambio. Frente a esta supuesta nueva realidad en las relaciones laborales, desde el año de 1999,3 la Organización Mundial del Trabajo (OIT) promueve la convergencia de algunas metas del milenio: “la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo productivo (en condiciones de libertad, equidad, seguridad), la dignidad humana, la protección social y el diálogo social. Y aunque algunos autores intentan precisar desde muchos puntos de vista el alcance social y económico del concepto de “trabajo decente”, que va desde su carácter integrativo, ético y lógico,4 no cabe duda que su medición constituye la principal tarea encargada de equilibrar todas los puntos de enfoque. Tal medición, que utiliza datos recopilados y agrupados en índices, es útil pues ofrece elementos de consideración para la 3 Conferencia Internacional del Trabajo. Memoria del director general: Trabajo Decente. 87a reunión Ginebra, junio de 1999. 4 Sen, A. (1999). Alocución pronunciada en la 87a reunión Ginebra, junio de 1999.

Salomón Guzmán Rodríguez

elaboración, formulación, evolución y transparencia de la multiplicidad de políticas encargadas de estos temas. Por ejemplo, en la 18a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT en 2008, se definió el modelo de indicadores globales cuantitativos y cualitativos para medir los avances en el tema de trabajo decente:1) normas internacionales del trabajo, principios y derechos fundamentales en el trabajo; 2) oportunidades de empleo; 3) protección social; y 4) diálogo social. Estos indicadores deben reflejar, más allá de elementos comunes de indicadores básicos e información, las circunstancias, prioridades y rezagos sociales específicos de cada país y economía. La idea general de “trabajo decente”, según el director general de la OIT en la 87a conferencia de 1998, se aplica a todas las formas de trabajo como son el formal, informal, el autónomo y el doméstico; en ese sentido, el problema central es hallar las estadísticas necesarias que permitan relacionar los cuatro puntos arriba citados, por ello, en este ensayo se hará una reflexión sobre los principales indicadores que permiten conocer las distintas mediciones del empleo decente en la actualidad, así como resgistrar sus retos futuros. Este ensayo se divide en tres partes, en la primera se retomará el concepto de empleo decente y algunos hechos estilizados en relación con la economía informal, igualdad de género y la macreconomía; en la segunda parte se mencionaran las principales variables que permiten realizar la medición del empleo decente; y en la tercera se verá la medición del empleo decente para el caso mexicano.

1.A Trabajo decente El concepto de trabajo decente abarca muchos aspectos en la vida laboral de las personas; por ejemplo, en teoría permite que éste sea productivo, genera ingresos bien remunerados, permite la seguridad social, permite convivir con los familiares y da al trabajador libertad y equidad dentro de los centros de trabajo. La motivación de la Organización Internacional del Trabajo para

alcanzar y ponerlo en la agenda de la política laboral en todos los países, en especial los subdesarrollados, fue generada por los abruptos cambios en la relación capital-trabajo, el desempleo entre jóvenes y mujeres, la rapidez con la que nacen y desaparecen mercados y principalmente por el uso de las nuevas tecnologías de la información que cambian las preferencias de los consumidores. De acuerdo con este organismo internacional,5 para que las personas puedan experimentar bienestar en cualquier país es necesario que existan condiciones necesarias y suficientes de progreso económico y social, lo cual se logra con el trabajo decente por medio del seguimiento del logro de cuatro principales aspectos, delineados bajo el programa de trabajo decente: a) la creación de trabajos por medio de economías que generen inversión y desarrollo empresarial; b) el respeto de los derechos de todos los trabajadores, es decir, leyes laborales bien cimentadas; c) la protección social que permita la inclusión de ambos sexos al trabajo y que logre construir valores familiares y sociales; y d) aumantar el diálogo social por medio de las organización de los trabajadores y sociedades cohesionadas. Por otra parte, la Organización menciona que los derechos básicos en el trabajo se traducen en que no deben existir formas de discriminación, se debe contar con libertad de organización de los trabajadores, eliminación del trabajo infantil y de trabajo forzoso. El adecuado ingreso debe permitir eliminar la brecha entre el ingreso formal e informal; el trabajo de la mujer y de los jóvenes no debe estar subestimado, y el ingreso debe permitir la convivencia familiar así como una pensión honrosa en la vejez. La protección social debe traducirse en empleos duraderos y no precarios, minimizar los riesgos en los lugares de trabajo, promover la integridad física del trabajador por medio de instituciones de seguridad social. Por último, la búsqueda del tal concepto implica la lucha por el trabajo que dignifique y que construya sociedades más justas, menos desiguales e incluyentes. 5

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm

Salomón Guzmán Rodríguez

1.B Trabajo decente y economía informal Con información del programa de la OIT para la promoción de la formalización en América Látina y el Caribe (FORLAC), existen 130 millones de personas con trabajo informal. Ubicada en los deciles más bajos, afecta al 74% de personas dentro de ese grupo y en los deciles más ricos, la informalidad afecta apenas al 30% de las personas de ese grupo. En el año 2002, la Conferencia Internacional del Trabajo propusó el término de economía informal en lugar del mal llamado sector informal: “Comprende todas aquellas actividades que, en la legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos formales o son insuficientes”. Con otras palabras, los actores informales carecen de protección social, de derechos laborales, de representación y opinión en el lugar de trabajo de manera estructural. Las razones estructurales de la economía informal son varias, y entre las principales se encuentra explicada por la oferta de mano de obra que se caracteriza por restricciones de la pobreza, el bajo nivel educativo, formación y capacidad del trabajo. La segunda explicación proviene de la demanda de mano de obra, los incentivos que promueven mayor utilización de tecnología desplazan empleos, lo que genera mayor intensidad de capital y en consecuencia elimina pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el sector externo tambíen es una fuente de exclusión dado que la globalización promueve niveles de competitividad extremos, lo cual aumenta la precariedad de los empleos. Otro aspecto, y quiza el principal, viene explicado por la frágil gobernabilidad de las instituciones públicas que no logran satisfacer las necesidades de ciertos grupos sociales. Por su parte, la limitada capacidad de la industria de absorber mano de obra productiva, lo cual genera que el sector terciario absorba empleos de baja calidad, pues a medida que un país tenga migraciones del sector rural a la gran industria y ésta no pueda absorverlos al sector servicios contará con mano de obra barata y de mala calidad, provocando mayores niveles de precariedad

en los nuevos empleos. A su vez, la flexibilidad del trabajo es otro fator que puede contribuir a aumentar la situación de la economía informal, dado que los trabajadores no cuentan con trabajos con seguridad social duradera, mientras que las empresas, por la búsqueda de tener mayores niveles de competitividad, suelen recurrir a la subcontratación y al empleo temporal. Otros de los factores que explica a la economía informal es la estructra de la producción, por ejemplo: la disminución de las barreras tanto comerciales y financieras ha permitido, junto con el abaratamiento de los costos de transporte y comunicación, que las empresas puedan instalarse en lugares remotos donde el costo de mano de obra es menor que el país de origen. El caso de las privatizaciones de empresas públicas tiene un lugar en la explicación de los orígenes de la economía informal, así como las crisis económicas, puesto que la pérdida de empleos formales provoca mayores presiones sobre aquellas personas que pertenecen a la economía formal. De ahí que el trabajo decente, según la CIT, sea un marco coherente para determinar cúales aspectos de la informalidad deben enfrentarse. Bajo este marco, son siete políticas que pueden cambiar tal situación, por mencionar: estrategias de crecimiento y generación de empleos de calidad, un ambiente de regulación efectiva dentro de los lugares de trabajo, la igualdad de género, iniciativa empresarial, ampliación de la seguridad social y estrategias de desarrollo locales. 1.C Trabajo decente e igualdad de género De acuerdo con la CEPAL y la OIT, no sólo hay desigualdad de género sino que entre las mujeres también existe cierta brecha de desigualdad. No es igual ser mujer indígena que mujer jóven, situarse en zonas rurales que en zonas industriales urbanas; no es lo mismo ser profesionista que empleada doméstica. Con otras palabras: las tradiciones sociales enmarcan el lugar característico que ocupan las mujeres, y entre ellas puede darse la exclusión y la desigualdad. En

Salomón Guzmán Rodríguez

ese sentido, el desarrollo económico es la base fundamental necesaria de la igualdad de género, y aun así no es suficiente. Los fenómenos estructurales que acrecientan la desigualdad de género son varios, entre ellos se encuentran la mala distribución del tiempo de trabajo no pagado entre ambos sexos, que es provocada por la desigualdad del ingreso; el modelo primario exportador absorbe poco valor agregado, que es donde mayormente están las mujeres pobres; el poco reconocimiento de las mujeres en el mercado laboral de las economías domésticas; las bajas tasas porcentuales de crecimiento económico en varias regiones, que aceleran la exclusión de las mujeres; la poca diversificación de sectores intensivos en capital; la baja inserción de las cadenas globales de valor, así como la poca generación de empleos. De acuerdo con el informe, las mujeres representan 51% de la población total y 52% de las mujeres en edad de trabajar están sobrerrepresentadas en la economía informal y subrepresentadas en la formal, es decir, hay muchas dentro de la economía informal y pocas en la formal, lo que se explica por los cuidados de las familias. Por su parte, la heterogeneidad y los bajos niveles educativos en grandes ciudades con mucha población, así como la baja calidad en la educación, aumentan las probabilidades de mayor brecha entre los trabajadores de ambos sexos. La CEPAL, en 2010, plantea que la escolaridad de la secundaria completa es el umbral mínimo para que una persona en edad de trabajar pueda experimentar de los beneficios del mercado con probilidades bajas de mantenerse o caer aún más en situación de pobreza. Por otra parte, también se menciona que el desempleo en las mujeres fue más estable que el desempleo entre los hombres en la reciente crisis económica de 2009. En otro contexto, se concluye que el subempleo es una de las principales características estructurales de la desigualdad de género y el empleo. Dentro del subempleo se encuentran mayoritariamente las mujeres que los hombres, en consecuencia el subempleo entre las mujeres es

más marcado. Otras de las causas del subempleo es el subempleo de horarios, que es aquella situación donde las personas trabajan mas horas o tienen jornadas más largas de manera involuntaria, dado que no encuentran mejores empleos. Asímismo, las mujeres se ocupan, principalmente, en puestos de menor calidad que los hombres. La diferencia de ingresos entre el mismo sexo es más marcada que en el resto, en especial en la economía informal. Las mujeres perciben menos ingresos que los hombres en todos los campos laborales, principalmente en los trabajos por cuenta propia: es más, los salarios en la economía informal son menores a la formal generando menores probabilidades de movilidad social. En otro aspecto fundamental, los hombres y las mujeres viven de manera diferente la pobreza, pues la insuficiencia de ingresos es mayor en mujeres que en hombres, de ahí que la presencia de la paradoja social moderna: mientras la pobreza en general disminuye, los hogares pobres con jefes de familia mujer aumentan. Por ejemplo, es una mujer quien sostiene mas del 40% de los hogares indigentes y más del 35% de los hogares pobres. Es decir, hoy en día existe más femeneidad de la pobreza en varios países subdesarrollados con ingreso altos. En resumen, la pobreza de las mujeres se da por la división sexual del trabajo, la mayoría llevan a cabo tareas donde su ingreso se encuentra por debajo del oficial, generando subordinación y dependencia respecto al género masculino. Nuevamente, el trabajo decente enmarca las principales políticas públicas que deben ser consideradas: elegir libremente la profesión y empleo, tener las mismas oportunidades de trabajo, la estabilidad en el empleo, el aprendizaje y la formacion profesional, igual remuneración, protección de la salud y, principalmente, oportunidad laboral para ser madre. 1.D Trabajo decente y macroeconomía Uno de los principales objetivos de la OIT es poner en el centro de atención de las políticas económicas al trabajo decente por medio del

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Programa Global de Empleo, principalmente en países en desarrollo, derivado, principalmente, por la precariedad del trabajo vinculado a la baja tasa de crecimiento del PIB e inestabiliad de la producción y empleo. Anteriormente, se tenía la creencia de que el consenso de Washington y sus políticas de liberalización aumentarían el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, frente al éxito de la políticas inflacionarias y los equilibrios macroeconómicos, la inestabilidad económica de los trabajadores y empleadores junto con la desigualdad social se mantienen. El débil crecimiento está relacionado con las variables determinantes de la economía real, por mencionar: la demanda global, los tipos de cambio, tasas de interés y el poco acceso al crédito. Por su parte, las fuertes fluctuaciones de la producción, inflación baja y la disciplina fiscal han trastocado la economía real desde el punto de vista del desarrollo. En otro aspecto, se menciona que la principal inestabilidad de la producción real se centra por el lado del sector privado, puesto que en los últimos años, la disciplina fiscal y los flujos de inversión directa se tornan cada vez más estables, mientras que los flujos de capital (principalmente de corto plazo) son bastante inestables, lo cual no permite la cristalización en maquinaria y equipo o construcción, o nuevas empresas que amplíen el aparato productivo. En resumen, la economía real en periodos de auge experimenta lapsos de vulnerabilidad explicados en su mayoría por cambios en la demanda agregada y tipo de cambio real. Por el lado de los flujos financieros, si el consumo reacciona más rápido que la inversión ante una entrada masiva de capitales del exterior, después de ciertos periodos, los pasivos no tendrán ningún respaldo basado en la producción y la inestabilidad será mayor para la economía interna que para la externa, aumentando la subutilización de la capacidad instalada y colocando a la economía real, en su conjunto, por debajo de su potencial. En términos generales, la macroeconomía de las economías domésticas enfrenta retos sustanciales para el

empleo decente: enfrentar de mejor manera la volatilidad externa y mantener finanzas públicas sanas con baja inflación. Ante esta situación, el mejor ingrediente para construir el camino hacia el logro del trabajo decente se sustenta en los balances estructurales de las economías, puesto que puede enfrentar de mejor manera la inestabilidad macroeconómica. Los balances estructurales permiten mejorar la medición del presupuesto de acuerdo con la etapa del ciclo de la economía, que permite ser consistente con la búsqueda del pleno empleo sin experimentar variaciones significativas en la producción y empleo: por un lado, garantiza el cumplimiento de la política pública y por el otro, regula o ajusta el comportamiento de la demanda agregada. No debe olvidarse que el tipo de cambio es también una de las principales variables macroeconómicas que determina la asignación de recursos y que su manejo debe ir acorde con el cumplimiento de metas nacionales, como podría ser el trabajo decente. 2.A La medición del trabajo decente Un índice se compone de un conjunto de indicadores que tratan de enmarcar ciertos fénomenos subyacentes; por ejemplo el índice de desarrollo humano elaborado por la ONU: este índice tiene un carácter sintético en el que se conjuntan otros tres indicadores, el de salud, la educación y el empleo. Además, cualquier indicador debe estar sustentado en un modelo de corte teórico cuya metodología sea clara, transparente y reproducible. Para la construcción de los indicadores de trabajo decente se han utilizado las siguientes variables: a) La situación del trabajo • El empleo: para medir las oportunidades de empleo se utiliza el tamaño de la fuerza de trabajo, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. La tasa de empleo permite darse cuenta del porcentaje de personas que ya pueden trabajar y que producen bienes y servicios. Su amplitud abarca casi todas las

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categorías de los trabajadores y permite estimar su dinámica por grupos de sexo y edad. Este indicador no toma en cuenta las horas trabajadas por tipo de trabajo, por lo que no podría arrojar mucha información al respecto. Comparativamente, varía entre países debido, principalmente, a la concepción de económicamente activo. El otro indicador vendría dado por la tasa de desempleo. Se considera que alguien sufre de tal situación si no tiene empleo, está disponible para trabajar y está en búsqueda de encontrar una ocupación remunerada; cuanto mayor sea este indicador, menor será el número de puestos de trabajo. Cabe mencionar que es importante promediar a lo largo del tiempo las distintas tasas de desempleo puesto que diversas situaciones temporales pueden distorcionar su verdadero valor y no permitiría la comparación entre países. Por ejemplo, el desempleo puede estar en niveles bajos en países en desarrollo dado que entre los habitantes no podría permitirse el no estar ocupados, y en la mayoría de países el desempleo femenino es mayor que el masculino pero menos dispar que en el caso de tasa de empleo. • El empleo con ingresos: la principal característica del empleo decente es que éste sea remunerado, ya que es una manera de percibir su calidad. Por un lado, los países desarrollados utilizan dos medidas: el porcentaje de trabajadores cuya remuneración esta por debajo de la media del salario a nivel nacional, y el porcentaje de la población que gana menos del umbral de la pobreza absoluta. En países en desarrollo se calcula el porcentaje de población que gana por día uno o dos dólares. • Las condiciones de trabajo: entre sus elementos se encuentran el trabajo de noche, las horas de trabajo, las vacaciones y los días de descanso. Sin embargo, se limita a las condiciones de seguridad y salud de los empleados y trabajadores que tiene que ver con el número de accidentes en los lugares de trabajo.

b) La seguridad social • Por lo general se utilizan dos tipos de indicadores para saber si la seguridad social es suficiente y adecuada en cada país: 1) el gasto público en seguridad social medido en porcentaje del PIB; 2) el grado de cobertura de los trabajadores. El primer indicador dice el peso de los recursos públicos que se dedican a las prestaciones sociales, sin embargo, nada dice sobre la eficiencia de este gasto en términos de calidad de los servicios. El segundo indicador es el porcentaje de las diferentes categorías de trabajo que está realmente protegido ante cualquier adversidad en materia de salud. En países en desarrollo la seguridad social se encierra en tres categorías: 1) las necesidades elementales como son la nutrición suficiente, la atención sanitaria, enseñanza básica, el agua limpia y los servicios de saneamiento de la vivienda; 2) los riesgos e imprevistos: emfermedades accidentes, fallecimientos, incapacidad, vejez y niños abandonados; 3) accidentes ambientales: inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, etc. c) Los derechos fundamentales • El trabajo infantil y forzoso: al día de hoy el trabajo forzoso tiene que ver con situaciones de esclavitud y servidumbre, tanto por deudas como por reclusión. Desde 1957 se prohibe toda clase de trabajo forzoso con el fin de alcanzar el desarrollo económico y disminuir la discriminación racial entre las personas. De acuerdo con el trabajo infantil, se emplea el índice de niños sin escolaridad de secundaria, el cual es una medida cercana a la tasa de actividad infantil. • La discriminación en los centros de trabajo: este concepto, presenta un nivel colectivo amplio y consiste en negar la igualdad, tanto en el trato como el número de oprtunidades para cada trabajador. • La discriminación por sexo: la participación de las mujeres en el total de la población en

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edad de trabajar, las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres y la presencia de éstas en puestos de trabajo claves. • La libertad de organización de los trabajadores en sindicatos: de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las personas tienen el derecho fundamental de la libertad de asociarse. De tal suerte que la OIT no ha desmayado por pronunciarse a favor de este derecho con el que cuentan los trabajadores para poder unirse con el propósito de defender sus intereses y poder participar de las negociaciones colectivas de su salario. Son varios los coeficientes que se han valorado para determinar la situación de libertad de asociarse en sindicatos. Por un lado se encuentran los que miden directamente la libertad de asociación en sindicatos y los que se construyen de acuerdo con las consecuencias de esa libertad. Los primeros tienen que ver con los convenios 87 y 98 de la OIT, con la información anual sobre las violaciones de los derechos sindicales que publica la Confederación Internacional de Organizaciones Ssindicales Libres. Por otra parte se encuentran los índices de los derechos civiles, que constan de otros indicadores como son el derecho a asociarse, libertad de expresión, derechos humanos y derechos económicos. Por su parte, otros de los indicadores se construyen sobre la base de la libertad de asociarse con un sindicato de acuerdo con el porcentaje de trabajadores afiliados a estas organizaciones. Debe tenerse en cuenta que la libertad sindical no es sinónimo de densidad sindical, pues la primera tiene que ver con el derecho de los trabajadores y la segunda es un mero porcentaje respecto al total de población que trabaja. d) El diálogo social El que los trabajadores y empleadores puedan encontrase en un diálogo de negociación es una de las principales caracteristicas de la democracia y el principal instrumento para poder resolver

los conflictos laborales. El resultado del diálogo puede fomentar la equidad, la eficiencia e impulsar el desarrollo social. En consecuencia, la libertad de asociarse con un sindicato y el diálogo colectivo están estrechamente relacionados y en la gran mayoría de los casos van juntos. • La negociación colectiva: son dos indicadores que pueden acercarse al concepto de la negociación colectiva: 1) prescripciones legales y administrativas de acuerdo con los convenios de negociación colectiva 87 y 98 de la OIT: su ratificación es importante para poderlo considerar indicador; 2) el otro tiene que ver con la parte de la población total que se encuentra en amparo por los acuerdos de los convenios colectivos. En casi todos los países ricos, los trabajadores están protejidos por algún convenio colectivo, exluyendo a Estados Unidos y Japón. • La democracia económica: un indicador más que conforma el diálogo social es el que los trabajadores participen en el andar y funcionamiento de las empresas, tanto en la economía formal como en la informal. Abarca muchos aspectos, desde la implementación de programas como en la conformación de la administración misma, que tiene que ver con el departamento de recursos humanos. Con otras palabras, son muchos los aspectos en los cuales los trabajadores pueden participar en el crecimiento de las empresas, sin embargo, es relativamente díficil verificar tales participaciones. Sólo se han encontrado casos específicos en los países europeos y escandinavos. • La participación de los trabajadores en el ámbito nacional: este indicador puede reflejar la participación de la masa de trabajadores en las decisiones en materia de salario nominal y la puesta en práctica de la agenda de las políticas públicas y económicas que afectan su bienestar general. Entre otras políticas están las macroeconómicas, el gasto en inversión, los impuestos, el comercio exterior,

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la asignación del crédito y, principalmente, sobre la política de empleo. Sin embargo, el cálculo de este indicador se torna díficil de conseguir en todos los países y principalmente tiene que ver con el tamaño de la representación de todos los trabajadores frente a los gobiernos.

3.A La medición del trabajo decente en México De acuerdo con el boletín semestral de 2013 que elabora la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, se desarrolló la metodología que evalúa los avances del mercado laboral mexicano, construido sobre la base del concepto de trabajo decente de la 18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 2008. El marco guía fueron cuatro temas: a) empleo pleno y productivo; b) derechos en el trabajo; c) protección social; y d) diálogos sociales. La primer variable tiene que ver con el acceso al trabajo, es decir, la composición del mercado laboral tanto informal como formal y de los que buscan empleos; la segunda variable se relaciona con la seguridad del empleo, por ejemplo: los asegurados en los centros

de trabajo y accidentes; la tercera se vincula con los derechos laborales: por ejemplo, la eliminación del trabajo infantil y la formalización de los empleos; por su parte, el diálogo social es el último indicador que muestra las negociaciones obreros patronales, que más bien tiene que ver con los retardos de las huelgas y su estallamiento. En ese año, los resultados son mediocres en relación al concepto de trabajo decente; es decir, las personas experimentan dificultad para conseguir empleo en el sector formal, en consecuencia, el acceso a la seguridad social es limitado con salarios bajos, lo cual genera mayores niveles de desigualdad; como resultado, las empresas no generan mayores niveles de valor agregado y en consecuencia, baja generación de empleos y recaudación fiscal. Se dice que dos terceras partes se encuentran en esta situación. En respuesta a ello se estableció el Programa para la formalización del empleo 2013, en el cual todas los estados de la República, el IMSS y el ISSSTE estableceran acciones coordinadas para que los empleadores registren a sus empleados en conjunto con las nuevas aplicaciones de la reforma fiscal de ese año.

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3.B Indicadores del índice de trabajo decente Acceso al empleo Indicador

Unidad de Medida

Forma del cálculo

Fuentes

Tasa de participación laboral

(Población económicamente activa / población de 14 años y más) *100

INEGI/ENEO

Tasa de desocupación

(Población desocupada buscando trabajo+ población ocupada buscando otro empleo)/ PEA) *100

INEGI/ENEO

Indicador de insuficiencia de ingresos

(Población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos / población ocupada) *100

INEGI/ENEO

Tasas de condiciones críticas de ocupación

(Población ocupada que trabaja hasta menos de 35 horas+ población ocupada que trabaja más de 48 horas semanales que gana hasta dos salarios mínimos + población que trabaja más de 35 horas semanales y que gana menos de 1 salario mínimo) / población ocupada)*100

INEGI/ENEO

Tasa de subocupación

(Población que manifesta tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su ocupación actual le permite) / Población ocupada*100

INEGI/ENEO

Tasa de trabajo asalariado

(Población ocupada que percibe un sueldo, salario o jornal / Población ocupada)*100

INEGI/ENEO

Seguridad en el empleo Porcentaje de accidentes sobre el total de asegurados

(Número de accidentes en el trabajo / Número de trabajadores asegurados en el IMSS)*100

STPS/IMSS

Porcentaje de emfermedades de trabajo sobre el total de asegurados

(Número de emfermedades en el trabajo / Número de trabajadores asegurados en el IMSS)*100

STPS/IMSS

Porcentaje de asegurados permanentes sobre la población ocupada

(Número de asegurados permanentes en el IMSS / Población ocupada) *100

STPS/IMSS

Derechos laborales Tasa de participación femenina

(Mujeres de 14 años o más que trabaja / Total de la población femenina de 14 años y más )*100

INEGI/ENEO

Trabajo Infantil

(Población entre los 12 y 14 años que trabaja / Total de la población de 12 y 14 años)*100

INEGI/ENEO

Relación de desempleo por género

Puntos

(Tasa de desocupación femenina / Tasa de desocupación masculina)

INEGI/ENEO

Población con contrato definido

(Población con contrato laboral escrito de base planta o por tiempo indefinido / Población ocupada)*100

INEGI/ENEO

Brecha salarial por género

(Porcentaje de la población ocupada femenina con ingresos mayores a 3 salarios mínimos / Porcentaje de la población ocupada masculina con ingresos mayores a 3 salarios mínimos)*100

INEGI/ENEO

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Diálogo social Emplazamiento a huelga

Total de emplazamientos a huelga por entidad por trimestre anual

STPS

Huelgas

Total de huelgas por entidad

STPS

Conciliaciones

Total de conciliaciones por entidad anual

STPS

Convenios colectivos

Total de convenios colectivos por entidad anual

STPS

Bibliografía: • 1999. Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra. • Freedom House. 2003. Freedom in the world 2003: The annual survey of political rights and civil liberties. Nueva York, Freedom House/Rowman and Littlefield. • Galhardi, (2010).“Indicadores de trabajo decente: una propuesta para México”. Documento de trabajo, OIT , Oficina para Cuba y México. • Galhardi, (2012). “ La situación del empleo en la crisis en México”, en Garza Toledo. Cord. La Situación del Trabajo en México, 2012. El trabajo en la crisis, Plaza y Valdés. México. pág. 65-90. • OIT. 2002. Un futuro sin trabajo infantil. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Informe del Director General a la 90ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra. • PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2001. Informe sobre Desarrollo Humano 2001. Madrid, Barcelona y México D.F., Mundi-Prensa Libros. • Tabatabai, Hamid. 1996. Statistics on poverty and income distribution: An OIT compendium of data. Ginebra, OIT. 20

Trabajo decente Paulina Lomelí García

El concepto de Trabajo Decente fue consensuado por gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores en el marco de la Conferencia 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. El Director General, Juan Somavía, declaró entonces que “el objetivo primordial de la OIT era promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”. “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones

que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres (OIT, 2015)”. Además, dentro de este concepto se reconoce al trabajo como una fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad y una aspiración dentro de los sistemas democráticos que instrumentan políticas para el bien común. Con la finalidad de crear las condiciones para hacer posible el trabajo decente, es necesario analizar la situación actual del mercado laboral en México: El país se encuentra en un momento crucial de su historia, dado que en 2018 se llegará al punto máximo del bono demográfico en donde 65.9% de la población estará en edad de trabajar; por ello es tan importante aprovechar el talento y las capacidades de todas esas personas canalizándolas al sector productivo:

0.14

15.24

15.65 (PEA)

2042 2044 2046 2048 2050

2034 2036 2038 2040

2024 2026 2028 2030 2032

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 -

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Gráfica 1 Porcentaje de población por rango de edad 2010-2015

65 o más años

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo.

Paulina Lomelí García

Lo que se observa es que de los 49.8 millones de personas ocupadas, 28.8 millones se encuentran en el sector informal (que representa 58%). Y aunque la tasa de desempleo en México es baja, este nivel tiene que ver con la

forma en que se mide; por ello, al hablar de desempleo es necesario incluir otros aspectos para entender su verdadera dimensión. A continuación se citan algunos:

Gráfica 2 ¿Cuántas personas mayores a 15 años no están trabajando en México? 34% de la población de 15 y más

2.5% de la población de 15 y más 2.2% están desocupados 4.2% de la PEA

4.6% de la población de 15 y más 4.03 millones de subocupados

6.9% de la población de 15 y más 6 millones de personas estuvieron disponibles pero no buscaron empleo.

29.9 millones de personas no están disponibles para trabajar a pesar de tener interés de hacerlo (por atender otras obligaciones como el cuidado de familiares o tener impedimentos físicos)

8.1% de la población ocupada

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, enero – marzo 2015.

Además de lo descrito en el cuadro anterior, es importante recordar que en la actualidad 53% de la población se encuentra en el sector informal y, por lo tanto, no cotiza en el sistema de pensiones; en ese sentido se deben diseñar incentivos para incursionar al sector formal para generar más ahorro en el país, ya que en la actualidad, de las personas que cotizan en las afores, el monto de pensión alcanzado con la nueva Ley del IMSS será de alrededor 28.5% de su sueldo, dadas las cifras de retenciones dirigidas a las cuentas individuales en México, mientras que el promedio de la pensión de los países de la OCDE es de 67.9%. Ante esa situación, el reto es muy grande y no bastará haber trabajado como empleado sino que se deberá haber invertido en algún negocio o en bienes raíces a fin de poder vivir decorosamente en la vejez. Además, puede observarse que la situación que enfrentan los jóvenes pone en peligro la capacidad de formar un patrimonio, ya que en la actualidad hay 31.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años (que representan 26.1% de la población), sin embargo, 22.3% de ellos no estudian ni trabajan ni están en algún tipo de capacitación, ocupando el quinto lugar respecto a los países de la OCDE, tal y como lo muestra la siguiente gráfica:

Paulina Lomelí García

9.7 9.6 9.4 9.1 9.0 8.9 7.9 6.1 Turquía Grecia España Italia Chile México Colombia Hungría Brasil Irlanda República Eslovaca Corea Portugal Polonia Francia Estados Unidos Letonia Reino Unido Promedio OCDE Israel Bélgica Estonia Nueva Zelanda República Checa Eslovenia Australia Canadá Finlandia Dinamarca Alemania Austria Suecia Noruega Suiza Países Bajos Islandia Luxemburgo

35 0 25 20 15 10 5 0

31.3 28.5 26.8 26.1 22.3 22.3 21.6 20.5 20.0 19.2 19.1 18.5 17.3 17.0 16.3 16.0 15.8 15.6 15.5 15.0 14.9 14.8 14.1 13.2 13.2 13.0 12.4 12.3 11.7

Gráfica 3 Porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan y no están en algún tipo de capacitación, entre 15 y 29 años (OCDE, 2013)

Fuente: Elaboración propia con Education Database, OCDE.

Esto muestra que hay una gran cantidad de talento desperdiciado y el bono demográfico se está agotando. Sin duda, activar el mercado interno y generar empleo decente son los dos retos económicos más importantes para México. Emprender

acciones en este sentido llevará a aumentar el ingreso per cápita y a elevar el nivel de bienestar de las familias. La siguiente gráfica muestra cómo México se encuentra en el último lugar en cuanto al nivel de ingreso per cápita respecto a los demás países de la OCDE:

67.1 58.4 54.6 48.9 47.2 46.0 45.8 45.6 44.6 44.6 44.3 44.2 42.9 40.2 39.6 38.2 37.6 36.9 35.3 34.5 34.0 33.5 30.1 30.0 28.5 27.6 26.9 26.2 24.9 24.8 22.4 19.4 17.3 Luxemburgo Noruega Suiza Estados Unidos Irlanda Países Bajos Australia Suecia Austria Islandia Dinamarca Canadá Alemania Bélgica Finlandia Reino Unido Francia Nueva Zelanda Japón Italia Corea España Israel Eslovenia República Checa Portugal República Eslovaca Estonia Grecia Hungría Polonia Chile Turquía México

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

94.1

Gráfica 4 Ingreso per cápita (miles de dólares por pariedad de poder de compra) Último dato

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

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Lamentablemente la productividad se ha estancado ya que a pesar de que México es líder en manufacturas y en atracción de empresas multinacionales, existen grandes contrastes: mientras hay un México moderno que crece a tasas de 5.8% anual, existe otro tradicional que decrece a tasas de (-) 6.5%. Sin embargo, en el tradicional se han creado 40% de los empleos y

en el moderno 20%.1 Sin duda, la creación de empleo decente tiene que ver con la productividad y respecto a este foco rojo, lo que se puede decir es que al estar ésta directamente relacionada con la inversión, es necesario brindar un marco legal que dé certidumbre y quitar los mecanismos fiscales que la inhiben. En la gráfica que se muestra a continuación, el país, nuevamente se sitúa en el último sitio en este rubro. 1

Fuente: http://www.mckinsey.com/insights/americas/a_tale_of_two_mexicos

80 60 40 20

67.4 66.5 64.7 64.3 63.3 62.7 62.3 61.1 58.3 55.6 55.2 5.6 51.4 50.8 50.7 50.5 48 42.8 41.5 9.9 38.1 37.3 36.2 35.33 34.8 2.8 31.6 31.4 31.4 29.7 25.9 19.5

100

120

95.9

Gráfica 5 Productividad producto por hora trabajada (dólares por pariedad de poder de compra)

10 Luxemburgo Noruega Suiza Estados Unidos Irlanda Paises Bajos Australia Islandia Dinamarca Canadá Alemania Bélgica Finlandia Reino Unido Francia Nueva Zelanda Japón Italia Corea España Israel Eslovenia República Checa Portugal República Eslovaca Estonia Grecia Hungría Polonia Chile Turquía México

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (último dato)

Otra de las claves para crear trabajo decente se trata de que los empleos perduren y en ese sentido es necesario emprender medidas que ayuden a las empresas a permanecer en el mercado de forma competitiva, ya que en la actualidad el grado de supervivencia es bajo, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 24

Paulina Lomelí García

Tabla 1 Sector

Porcentaje de supervivencia durante el primer año de vida

Esperanza de vida al nacer (años de vida futura)

Manufacturas

68%

9.5

Comercio

62%

6.6

Servicios privados no financieros

64%

8.0

Los tres sectores

64%

7.7

Fuente: Elaboración propia con datos del CE 2014.

Otro factor que obstaculiza la creación de empleo decente en México es la dificultad para hacer negocios ya que, según el indicador Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, México ocupó el lugar 39 de entre 189 economías

en 2015, mientras que en 2014 se encontraba en el lugar 43. A continuación se señalan las áreas en donde se debe trabajar para avanzar en este índice, creando un clima de negocios más favorable.

Tabla 2 Temas

DB 2015 Clasificación

DB 2014 Clasificación

Cambio

Apertura de negocio

u -6

Manejo de permisos de construcción

108

Obtención de electricidad

116

112

Registro de propiedades

110

109

Obtención de cédito

Protección de los inversionistas minoritarios

u -11 u -4 u -1 u 2 u -1

Pago de impuestos

105

102

u -3

Comercio transfronterizo

No cambió

Cumplimiento de contratos

u 2

Resolución de la insolvencia

Fuente: Indicador Doing Business 2015. BM.

Paulina Lomelí García

Avances para propiciar la creación de trabajo decente México ha avanzado en la aprobación de las reformas estructurales, sin embargo falta mucho por hacer en la ley secundaria, por lo que los beneficios se verán reflejados sobre el crecimiento en el mediano y largo plazos. En ese sentido es necesario crecer a una tasa mayor a la que se ha crecido, en promedio, en las últimas décadas (2%) y para ello es indispensable trabajar junto con el Gobierno para emprender acciones que detonen la generación de empleos bien remunerados. Focos de alerta Las últimas cifras de INEGI muestran que en el primer trimestre de 2015 se reportó un crecimiento anual de 2.5%, sin embargo, Banxico ya ha advertido del panorama adverso frente a:

• La contracción de la economía estadounidense en el primer trimestre del año (-0.7%), que incidirá en una menor demanda por productos mexicanos. • Para 2015 se anticipa un crecimiento económico inercial y los pronósticos de ajustaron a la baja (entre 2% y 3%). • La balanza de productos petroleros, en el primer trimestre de 2015, ya presentó un déficit de 1,841 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 2015 fue superavitaria en 1,221 millones de dólares. • En 2016, las finanzas públicas no contarán con cobertura por los ingresos del petróleo y la pérdida de ingresos por la baja en los precios del petróleo estimada por el CEESP para 2016 es de 97,847 millones de pesos. • El peso se sigue depreciando. • Existe la expectativa de una subida en las tasas de interés en EEUU, esto llevaría a una salida de capitales y a un aumento en el servicio de la deuda. • La inversión del sector público en septiembre de 2014, representó 3.9% del PIB (sólo comparable con el nivel de 1946). Esto es

preocupante ya que la inversión aumenta la productividad. • La información de la SHCP confirma que no se ha realizado un ajuste relevante en el gasto público, el cual creció 11.9% en el primer trimestre, por lo que el anuncio del recorte al gasto de 124.5 mil millones de pesos, para este año, no se ha llevado a cabo y seguramente, pasando las elecciones vendrá un nuevo ajuste, lo cual limitará la creación de empleos en el sector público. Propuestas • Es necesario trabajar en la ley secundaria que debe derivarse de las reformas estructurales a fin de atraer inversión a México, garantizando la certidumbre jurídica. • Al incentivar la inversión, automáticamente la productividad aumentaría y por ende los salarios y el bienestar de las familias. • Seguir velando por abatir a la inflación a fin de no afectar el poder adquisitivo de los salarios. • Es indispensable innovar: las empresas con un mayor uso de tecnología son aquellas que tienen más de 50 empleados, pero representan sólo 1% del total. • Es necesario apoyar a los emprendedores.Según el Global Entrepreneurship Index,2 México se sitúa en la posición 75. Los aspectos en los que ha mostrado mayor debilidad para emprender son: 1) Internacionalización (capacidad para exportar), 2) Capital humano (nivel de preparación), 3) Innovación de procesos, 4) Apoyo cultural (nivel de corrupción percibida para emprender, por ejemplo), 5) Competencia, 6) Crecimiento alto (capacidad de expansión de la empresa), 7) Capital de riesgo (poco acceso), 8) Habilidades de puesta en marcha (no sólo la motivación sino la capacitación), 9) Tecnología (tabla 3), y 10) Innovación de producto.

2 Que proporciona una visión detallada del ecosistema emprendedor de 130 naciones, a partir de la combinación de datos individuales y componentes institucionales.

Paulina Lomelí García

Tabla 3 Tamaño de la empresa

Porcentaje que representa

No usa equipo de cómputo

No usa internet

0-10

95.4

81.1

84.3

11-50

3.6

19.0

22.2

51-250

0.8

5.5

6.9

Más de 250

0.2

4.0

4.9

Fuente: Elaboración propia con datos del CE 2014.

• Se deben crear encadenamientos productivos y generar economías de escala, a través de una mejor coordinación en los tres órdenes de gobierno, para impulsar regiones altamente productivas:

Tabla 4

Automotriz Ocupa el 8º lugar como productor de vehículos y el 4º como exportador de vehículos ligeros. Ocupa el 7º lugar como productor de vehículos pesados y el 4º como exportador. Autopartes El país es el quinto productor de autopartes a nivel mundial y el quinto exportador a nivel mundial dentro del sector de autopartes. 90% de las exportaciones de autopartes tuvieron como destino Estados Unidos. Sector Eléctrico-electrónico El país es líder global en exportaciones de televisores de pantalla plana en el mundo, así como el segundo de refrigeradores de dos puertas. Además, es el cuarto exportador de computadoras y el octavo de teléfonos celulares a nivel global. Es país destaca entre los países con los costos de manufactura más competitivos para la industria. De hecho, es el líder en el continente americano. Según KPMG, el país ofrece cerca de 12% de ahorro en el ensamblado de electrónicos, y otros procesos de manufactura en comparación con Estados Unidos. Sector aeroespacial México es el 6° proveedor de la industria aeroespacial de los Estados Unidos. El país es uno de los actores más importantes a nivel mundial del sector aeroespacial, con un crecimiento de casi 19% anual durante los últimos siete años. Para Estados Unidos, México es el país más competitivo en costos de manufactura, siendo éstos 21% menores a los de éste país, 11% menores a China y 3% menores a la India

Paulina Lomelí García

Debe haber más acceso al crédito para las Pymes: en México hay 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales 99.82% son clasificadas como PYMES. De estas, 26.7% son formales y de estas últimas sólo 29.5% tienen acceso al crédito, mucho menor que en otros

países latinoamericanos, en donde el porcentaje es superior al cincuenta por ciento como Brasil, Colombia, Perú o Chile, siendo en este último caso del 78% (Banxico, 2015). Es indispensable aumentar las habilidades de la fuerza laboral para que compita a nivel global:

Gráfica 6 Profesionistas ocupados por área de conocimiento (%) Ciencias físico matemáticas

1.0

Humanidades

1.5

Ciencias biológicas

1.8

Artes

2.2

Arquitectura, urbanismo y diseño

2.6

Ciencias de la salud

12.5

Ciencias sociales

1.7

Educación

15.0

Ingenierías

22.5

Económico - administrativo

27.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio laboral.

Es importante recordar que México es una economía abierta, por ello, a continuación se dan recomendaciones para aprovechar ese nivel de apertura comercial que impactarán sin duda en la creación de empleo decente: • Es fundamental invertir en investigación a fin de que México no sólo sea un país atractivo por los costos al ensamblar, sino que se convierta en un productor de bienes de alta tecnología, diseñados por mexicanos. 28

Paulina Lomelí García

• El país debe realizar estudios profundos de los impactos en los diferentes tratados a fin de señalar las ventajas comparativas y competitivas, así como las prácticas de dumping; todo ello con la finalidad de aprovechar mejor los tratados ya firmados y evitar la competencia desleal. • Una encuesta de KPMG demuestra que las empresas medianas de México pueden ganar 35% más si llevan sus productos a nuevos mercados. • México exporta alrededor de 50 productos agroalimentarios a Europa, sin embargo, en menos del 10 por ciento se aprovechan los cupos máximos de exportación, según información de la Secretaría de Agricultura. • Los europeos buscan comprarle a 4 o 5 productores grandes, no más; no les gusta tener demasiados proveedores, y lo que vemos aquí en México es que predominan los pequeños y medianos productores que son independientes y todos buscan exportar individualmente y esto, para los europeos, resulta poco atractivo. Por ello, es importante insistir en la formación de clústers. • La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sugerido a México realizar exportaciones de alto valor agregado que tienen más impacto en el mercado mundial y generan más recursos al país de origen. El organismo internacional plantea que también se necesitan crear redes entre exportadores reales y potenciales para explotar posibles economías de escala en las transacciones mundiales. • El estudio Políticas de apoyo a las Pymes en América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), plantea que en el caso de las pequeñas empresas se necesita incluir la integración de las Pymes a las cadenas de las empresas multinacionales como medio para acceder a los mercados internacionales, así como aumentar los fondos. 29

Las voces de la basura: precariedad y vulnerabilidad de los pepenadores en la ciudad de México Tania Espinosa Sánchez

Si hiciéramos consciencia de lo que consumimos en un día y por lo tanto, de lo que desechamos ese día: si acto seguido pensáramos en la acumulación de esa cantidad por días y años de vida y de consumo, y después lo multiplicáramos por cada uno de los habitantes de la ciudad de México –una de las más grandes del mundo–, entonces nos daríamos cuenta de que vale la pena reflexionar sobre lo que sucede con los residuos sólidos que generamos. Es común que este tema se aborde desde la perspectiva ecologista, pero igual de relevante es la enredadera sociopolítica que envuelve a la “basura”. Y es que, si entendemos a la “basura” como algo inservible, entonces aquello que desechamos no necesariamente lo es. Hay un sin fin de “subproductos” como plástico, vidrio, cartón, lámina, entre otros materiales, que son reciclables y que tienen un valor económico. De la recolección, selección y venta de esos “subproductos” es que miles de personas ganan dinero para sobrevivir, y que algunos se han hecho o se siguen haciendo ricos. Otros cuantos se benefician de la mano de obra barata, como el Gobierno y los empresarios que aprovechan la compra-venta de los subproductos a bajo precio y sin impuesto. En la ciudad de México, las personas que se dedican a esta importante actividad son llamados “pepenadores” y están por todos lados, sólo hace falta querer abrir bien los ojos para

identificarlos. Por ejemplo, se les puede ver sentados arriba de los camiones de basura, y en su versión de “trabajadores voluntarios”, son los encargados de realizar la llamada “pre pepena”. Esto consiste en seleccionar materiales de aquella basura que reciben en el camión e irla acumulando en costales que también se pueden observar en la parte superior de los camiones para su posterior venta. Situación similar pasa con la versión del “Señor del carrito de la basura”, el que pasa con sus tambos con rueditas y su escoba, casa por casa, y que gana dinero de la separación y venta de los residuos que va “pre pepenando” de su propio carrito. También es común encontrar pepenadores en diversas colonias, como es el caso de los que se encuentran por las mañanas pepenando en Tlatelolco de los contenedores que están afuera de los edificios, mejor conocidos como “hongos” por los lugareños. Por las tardes y una vez que se quita el tianguis de Tepito, también se puede ver a los pepenadores que van recolectando cartón, bolsas de plástico, ganchos, discos, ropa, para venderlos en locales dentro del mismo barrio dedicados al acopio informal o a personas que llegan al barrio en camiones con básculas para pesar y comprar. Estas básculas también se observan en las banquetas de la Colonia Renovación, en Iztapalapa, en donde viven varios de los pepenadores.

Tania Espinosa Sánchez

Hoy por hoy, los pepenadores juegan un rol fundamental en el funcionamiento del servicio de limpia de la ciudad. Son ellos la mano de obra de cada una de las tres plantas de selección y tratamiento de residuos sólidos del Distrito Federal. Hasta hace no mucho tiempo, al frente de cada una de las plantas, propiedad del gobierno de la ciudad, se encontraban los tres líderes de las asociaciones de pepenadores: Luis Rojas, encargado de la planta de San Juan de Aragón, es el dirigente de la Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de la Metrópoli; Pablo Téllez Falcón, encargado de la planta del Bordo Poniente, dirige el Frente Único de Pepenadores; y Guillermina de la Torre, encargada de la planta de Santa Catarina, dirige la Unión de pepenadores del Distrito Federal Rafael Gutiérrez Moreno, A.C. Y ¿quién es Rafael Gutiérrez Moreno?, pues era el famoso “Zar de la Basura“ que como cuenta el sociólogo Héctor Castillo Berthier en su texto “El Zar de la Basura: Caciquismo en la Ciudad de México“, además de haber sido pepenador, chofer de camión de basura, líder sindical y diputado del PRI, fue el constructor de un imperio de 18 mil pepenadores a lo largo de 25 años y asesinado en 1987, cuando se estimaba que los tiraderos de basura generaban una ganancia diaria de al menos 70 mil dólares al líder. Por si eso fuera poco, Guillermina de la Torre, viuda del “Zar”, fue candidata a jefa delegacional

en Iztapalapa por el PRI; su hija, Norma Gutiérrez de la Torre, fue diputada local por el PRI; y su hijo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue diputado local, diputado federal y presidente del PRI en el Distrito Federal. Llama la atención que el escándalo sobre este último en 2014, respecto a la presunta red de prostitución, haya logrado centrar la atención mediática en Cuauhtémoc Gutiérrez, pero que más allá de esa presunta red, poco se hayan pronunciado sobre las condiciones de trabajo y de vida de los pepenadores, que se solapan para mantener el poder de los caciques. La pepena es, para la mayoría, una actividad económica informal y de subsistencia, tan digna como cualquier otra. Así como hay personas que se ganan la vida vendiendo en un tianguis o atendiendo un puestito de comida en la calle, otras personas lo hacen seleccionando y vendiendo “basura”, lo cual incluso tiene un impacto ecológico positivo. Desafortunadamente, queda demostrado que en un país con los flagelos de la inadecuada distribución de la riqueza, la pepena es una actividad que se puede experimentar desde la pobreza o desde el poder, donde la necesidad y el trabajo de una mayoría vulnerable es utilizando indefinidamente en beneficio de la minoría empoderada. En el caso del Distrito Federal, la injusticia social crece cuando se conoce que además de los trabajadores de limpia de la ciudad, son los

Tania Espinosa Sánchez

pepenadores quienes hacen una parte importante de las labores correspondientes al servicio público de limpia, pero sin ser reconocidos como trabajadores. Esto quiere decir, que no son una estructura paralela a la del servicio público, sino que dentro de una misma estructura se encuentra la mano de obra formal o estructurada, y la no estructurada. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal sabe de su existencia y reconoce la importancia de la labor de los pepenadores en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sin embargo, no los reconoce como sus empleados aun cuando el servicio que realizan, lo hacen para cumplir con una labor que le corresponde ejecutar al gobierno. Al permitir que estos trabajadores informales presten un servicio público en condiciones indignas, el gobierno no está protegiendo a estas personas desfavorecidas y marginadas. Al mismo tiempo, viola su derecho al trabajo. El derecho al trabajo está regulado por la Constitución Mexicana en su artículo 123, por los tratados internacionales ratificados por México y por la Ley Federal del Trabajo; todos ellos de cumplimiento obligatorio. A los pepenadores este derecho no les es reconocido, al no haber sido contratados y por lo tanto tener una relación laboral informal con el Gobierno del Distrito Federal. Es por ello que su empleo en general es muy inestable, sus ingresos son muy bajos e

irregulares, y dependen en gran medida de las actitudes de las autoridades públicas y de las estrategias de los líderes.1 De acuerdo con los estándares internacionales, el hecho de que los pepenadores sean trabajadores informales no justifica su falta de derechos, porque el que trabaja tiene derechos independientemente de dónde trabaje; así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que “toda persona que (…) realice (…) una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha condición”.2 El Gobierno del Distrito Federal está en deuda con aquellos trabajadores que laboran para él operando las plantas de selección y tratamiento del Distrito Federal, pero en realidad, somos todas las y los capitalinos quienes también tenemos una deuda pendiente con aquel ejército de trabajadores invisibles, gracias a quienes los residuos que generamos día a día logran integrarse en la cadena de tratamiento integral, en donde de hecho existen otras deficiencias estructurales. Los pepenadores realizan una labor que nos beneficia a todos y la obligación de no discriminación e igualdad de protección en el empleo les debe de ser garantizada.

1 2

Trabajo Decente y Economía Informal.OIT.Pág. 3. OC 18, Corte IDH, párrafo 133.

En busca de un trabajo decente Martha Hilda Magallanes Alva Jose Manuel Magallanes Alva

En México existen diversos problemas en el mercado laboral, el más importante es encontrar un empleo que satisfaga las necesidades básicas para vivir dignamente, es decir, en nuestro país hace falta establecer un sistema laboral que permita tener un “trabajo decente” como lo nombra la Organización Internacional del Trabajo (1999, independientemente de ser un empleo formal e informal que permita tener buenas condiciones laborales, igualdad en oportunidades, acceso a seguridad social y con un ingreso digno para satisfacer sus necesidades básicas. Al primer trimestre del 2015 existe una tasa de desocupación del 4.2% traducido en 2,201,778 de desempleados, y una ocupación

de 49,806,064 de personas (Tabla 1), de las cuales 5.04% son no remunerados, 22.53% son trabajadores por cuenta propia, 63.9% asalariados, 4.07% con percepciones no asalariados y sólo 4.35% son empleadores; citando la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) que reportó el INEGI para marzo, fue de 12.3%, para mayo ya estaba en 12.5%, lo que significa 6.2 millones de empleados que trabajan en condiciones críticas; es decir, a pesar de la existencia de empleo con un salario mínimo de tan solo 70.1 y 66.45 pesos diarios, en México aún existen jornadas largas y mal pagadas (más de 35 hrs por menos del salario mínimo o 48 hrs por menos de 2 salarios mínimos).

Tabla 1 Distribución de la población ocupada Período

Total

Empleadores

Trabajadores por cuenta propia

Trabajadores no remunerados

Asalariados

Con percepciones no asalariaiales

2010/01

45,524,339

2,124,716

4.7%

10,452,949

23.0%

2,823,985

6.2%

28,037,135

61.6%

2,085,554

4.6%

2011/01

46,005,815

2,090,226

4.5%

10,497,940

22.8%

2,709,293

6.9%

28,695,025

62.4%

2,013,331

4.4%

2012/01

47,726,265

2,279,687

4.8%

10,938,200

22.9%

2,792,522

6.9%

29,599,111

62.0%

2,116,745

4.4%

2013/01

48,358,255

2,183,347

4.5%

10,959,759

22.7%

2,668,623

5.5%

30,421,484

62.9%

2,125,042

4.4%

2014/01

49,080,947

2,033,615

4.1%

11,011,695

22.4%

2,652,062

5.4%

31,243,119

63.7%

2,140,456

4.4%

2015/01

49,806,064

2,166,108

4.3%

11,234,782

22.6%

2,607,891

5.9%

31,870,130

64.0%

2,027,153

4.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, INEGI. En virtud de la reciente reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, las cifras aquí contenidas corresponden al universo de las personas de 15 años de edad en adelante y, por lo tanto, las series anteriores cuya cobertura era la población de 14 años más, ya no serán actualizadas.

Martha Hilda Magallanes Alva / Jose Manuel Magallanes Alva

Cabe mencionar que el crecimiento demográfico en los últimos 5 años se ve reflejado en la población de los trabajadores en condiciones críticas (Gráfico 1), es decir, el problema laboral no se soluciona sólo con la creación de empleo: es necesario generar y cuidar las condiciones laborales para llegar a un “empleo decente” generalizado. Aunado a lo anterior, los ingresos laborales pierden poder adquisitivo: con datos de la ENOE se observa que el ingreso laboral de las familias, entre 2010 y 2015, ha perdido poder adquisitivo respecto a la canasta alimentaria. Gráfico 1 Trabajadores en condiciones críticas

6,126,146 6,002,600

5,759,468 5,617,703

5,644,914

12.23

5,612,609

12.3

11.91

12.34

12.27

11.76

2010/01

2011/01

2012/01

2013/01

2014/01

2015/01

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, INEGI. *Tasas de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), reportada en el mes de marzo.

Ingreso laboral per cápita a pesos constantes (real) y deflactado con el índice de precios de la canasta alimentaria (LBM) 2010-2015 $1,600.00 $1,500.00 $1,400.00 $1,300.00 $1,200.00 $1,100.00

II III IV I 2010

II III IV I 2011

II III IV I 2012

II III IV I 2013

II III IV I 2014 2015

FUENTE: Elaboración propia con datos del CONEVAL.

Ingreso laboral per cápita real (pesos del 1er trimestre de 2010).

Ingreso laboral per cápita deflactado LBM (deflactado con la canasta alimentaria, precios 1er trimestre 2010).

Martha Hilda Magallanes Alva / Jose Manuel Magallanes Alva

Índice de la tendencia laboral de la pobreza (LBM) 1,2500 1,2000 1,1500 1,1000 1,0500 0.9500 0.9000 0.8500 0.8000

II III IV I 2010

Nacional

II III IV I 2011

II III IV I 2012 Urbano

Por otra parte, la proporción de la población que no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir una canasta alimentaria se ha incrementado sobre todo en las zonas urbanas, como consecuencia del aumento en el precio de los alimentos, puesto que quienes viven en zonas rurales muchas veces producen alimentos. El gobierno tiene que generar políticas en torno al empleo, se deben coordinar diferentes entes de la administración pública federal para que se genere una agenda económica, política y social en beneficio del ingreso familiar, ya que los hogares mexicanos no logran satisfacer las necesidades básicas. La ONU, en los Objetivos del milenio, busca que se tengan condiciones apremiantes para logar reducción de la pobreza, por ello, México ha tomado la decisión de participar en los programas de trabajo decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo, cuya labor ha sido promover dicho concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Se debe destacar la legislación laboral mexicana, donde se da reconocimiento legal del trabajo decente; sin embargo, no es suficiente con generar una categoría legal, se deben explorar

II III IV I 2013

II III IV I 2014 2015 Rural

las posibilidades de utilizar la medición propuesta por la OIT. Por lo tanto, el país debe de unificar las normas internacionales y las nacionales, para lograr el cumplimento efectivo de los derechos laborales. Los logros han traído nuevos retos, pero no han logrado abatir la informalidad y la desocupación, no se han logrado mejorar las condiciones precarias de los trabajadores, aún no se logra mejorar estas condiciones en los estados con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad. La precarización del mercado laborar sigue siendo una condicionante de la economía mexicana, los empleadores buscan resguardo en espacios que permite la ley para no tener que cubrir la seguridad social de sus trabajadores; un ejemplo es el trabajo por honorarios, bajo este concepto se tienen trabajadores que no generan antigüedad laboral, no tienen que pagar prestaciones (aguinaldo, vacaciones, utilidades) ya que no son empleados de la empresa. Uno de los objetivos que debe de tener la siguiente legislatura es garantizar que los trabajadores tengan la certeza de poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias: se tiene que forzar al gobierno de EPN a trabajar en puntos de acuerdo que fortalezcan el empleo decente. 35

Derecho, desobediencia civil y justicia Gerardo Servín Aguillón Ricardo Ugalde Ramírez

I. Justicia y norma jurídica. Es un tema por demás espinoso, pantanoso y lleno de aristas que busca un acercamiento a una figura controvertida como la desobediencia civil, toda vez que en estos momentos es frecuente rechazar el contenido de la norma jurídica injusta; por ello, cuando se analiza la moral con el derecho, se hace desde la afirmación de Hans Kelsen cuando expresa que la justicia es una exigencia de la moral y la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho. Así, cuando se expresa la moral en el presente trabajo se está haciendo referencia a la justicia como una exigencia del contenido de la norma jurídica, y no como una causa para invalidez de la misma o la subjetividad en la apreciación de las normas jurídicas; en igual sentido, cuando surgen algunos actos de desobediencia civil se refieren a cuestiones de injusticia del contenido de las normas jurídicas, por la ausencia o inexacta contraprestación ética y moral en las actividades tanto de los legisladores como de los jueces, y que las personas desobedecen por considerar injustas; por lo tanto, para no dar pauta a contenidos irracionales e injustos que originen movimientos sociales como la desobediencia civil, la norma jurídica deberá contemplar un equilibrio entre los deberes de la norma y la interpretación de la misma que conlleve al orden social y al bien común. 36

Francisco Laporta establece una visión inaceptable de la relación entre derecho y moral tomando como sustento los argumentos de Hans Kelsen. Expresa que los enunciados morales no son susceptibles de justificación racional ni de justificación científica para la validez de las normas jurídicas; son irremediablemente irracionales y puramente subjetivos.1 La moral no requiere de una justificación racional para su incorporación a la ley ni para la validez de la norma jurídica, realiza un papel de conciencia y compromiso ético: no se encuentra en el mismo nivel de análisis porque son normas de diferente naturaleza. La ley, para su vigencia, establece procedimientos y mecanismos formales del positivismo, su aplicación se realiza mediante conclusiones lógicas-argumentativas; la moral no requiere de este procedimiento para su justificación, las premisas son aceptadas por otros mecanismos sociales como principios valorativos, a decir, a través de parámetros de la justicia y equidad, por eso, la argumentación racional de la moral no requiere de un mecanismo científico; es decir, la moral no necesita del análisis como sí lo requiere la ley positiva. Es importante señalar que ha sido un error de apreciación de aquellos que han etiquetado y remitido a la moral como análogo de la ley 1 Laporta, Francisco, Entre el derecho y la moral, 2ª. edición, México, Fontamara, 1995, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, número 26, p. 15.

positiva, ya que no existe punto de relación: el error del positivismo es equiparar ambos, utilizando el mismo mecanismo de análisis racional y científico, y por supuesto, desde este continente no tienen punto de comparación. El rigor formalista que la ley desarrolló como un fanatismo por aceptar las normas jurídicas como la verdad verdadera, sin más argumentos que el cumplimiento Zombi de su contenido jurídico y la obediencia a la norma jurídica; esta concepción formal del derecho origina afirmaciones como aquellas que dicen el acto justo es aquel conforme a la ley y debe prescindir de toda consideración de contenido, ya que deben ser obedecida y aplicada porque son leyes que gozan de validez.2 En igual sentido, Hans Kelsen establece que las normas morales lo que buscan son conductas egoístas de los hombres, por eso el derecho no necesita de la moral para que sea justo, es decir, el derecho no tiene que ser justo debido a la relatividad de la moral; por lo tanto, la validez de un orden jurídico positivo es independiente de la validez de la moral, en este sentido, de igual manera, el derecho no tiene nada que ver con la justicia, pero si con lo bien o lo bueno.3 Como podrá apreciarse en este apartado, tanto Kelsen como Bobbio no admiten por ningún motivo la dicotomía derecho y moral debido a la relatividad de la moral e inconsistencia que originaría a la Teoría pura del derecho y al derecho positivo, respectivamente, además de considerar la subjetividad de la moral y los cambios constantes que en la sociedad provocaría una incertidumbre del sistema normativo jurídico; sin embargo, contrario a lo anterior, la moral tiene la finalidad en el derecho de concientizar el contenido del positivismo jurídico –crea y aplica– para que el derecho sea justo, eficaz y no simplemente formal para la legalidad; por lo tanto, cuando Kelsen dice que el derecho tiene que ver con lo bien y lo bueno, está aceptando un 2 Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, 15ª. edición, Trd. Ernesto Garzón Valdés, México, Fontamara, 2007, Biblioteca de ética, Filosofía del Derecho y Política, número12, pp. 16-17. 3 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, 10. Edición, Trd. Roberto J. Vernego, México, Porrúa, 2007, pp. 71 y ss.

contenido axiológico que deberá contemplar al crear una ley, o bien dictar una sentencia. Atendiendo a lo anterior, hay otro Kelsen, el segundo Hans Kelsen que en 1934 publica su segunda Teoría pura del derecho, desprendiéndose lo siguiente: Sin duda, el derecho positivo puede en ciertos casos autorizar la aplicación de normas morales. Es decir, que delega en la moral el poder determinar la norma que se aplicará, pero desde que una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, adquiere por tal circunstancia el carácter de una norma jurídica (…) En este caso, el derecho se convierte en parte integrante de la moral, la cual tiene una autonomía puramente formal, dado que delegar en el derecho positivo el poder de determinar cuál es la conducta moralmente buena, abdica lisa y llanamente en favor del derecho y su función queda limitada a dar una justificación ideológica al derecho positivo (…)4 Este formalismo ha creado un dogma jurídico en el derecho desde la concepción analítica y racional, desde los procedimientos y mecanismos institucionalizados, reduciendo su naturaleza a una validez o licitud e ilicitud;5 sin embargo, frente a esta situación formal, tanto moral, equidad y justicia están presentes en su contenido.6 Hoy en día observamos que en los procedimientos para la creación de la ley participan estudiosos, especialistas y analistas que permiten debatir e intercambiar experiencias multidisciplinarias como la informática, bioética, telecomunicaciones, entre otros; en la creación de leyes no deberán excluirse comentarios y experiencias de reglas y normas no positivas, la discusión del contenido en estos términos conlleva a incorporarse aquellas normas que hagan íntegro el contenido de las normas jurídicas, e incluso, Kelsen reconoce, en la segunda edición, que una norma moral puede aplicarse en el derecho positivo cuando éste lo autoriza, que la norma moral tiene 4 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, Trd. Moisés Nilve, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1971, pp. 55-56. 5 Ibídem, p. 57. 6 Carlo María Martini señaló “… También estoy de acuerdo en plena consonancia con las afirmaciones sobre la irreductibilidad de la justicia a la mera legalidad, es decir, sobre las insuficiencias del positivismo jurídico.”. Zagrebelski, Gustavo y Martini, Carlo María, La exigencia de la justicia, Trd. Miguel Carbonell, Madrid, Mínima Trota, 2006.

la tarea de integrar el sistema normativo jurídico, con lo cual reconoce que a través de la moral se hace justicia. Continuando esta línea crítica al positivismo jurídico, Norberto Bobbio señala que la ley es válida aun cuando sea injusta, ya que el jurista debe obedecer la ley, que en la regla Pacta Sunt Servada debe obedecerse todo aquello que ha sido convenido, por lo tanto, mismo criterio debe aplicarse a las leyes, ya que fueron pactadas por el Estado para la igualdad; en caso contrario, quien viola esas leyes viola lo pactado y debe ser sancionado.7 Debemos señalar que si bien lo pactado se cumple, la ley tiene la tarea fundamental de alcanzar el bien común en la sociedad, la cual aspira a la justicia; con ello la regla Pacta Sunt Servada adquiere otra dimensión, no siendo simplemente las obligaciones pactadas se cumplen, reduciendo a legalidad la justicia. En este orden de ideas, el pacto que se cumple es la base para la igualdad y el orden del Estado: quienes no quieran cumplirlo serán sancionados como consecuencia del pacto, pero también del formalismo de las leyes ya que legalizaron los derechos que tenían los hombres por derecho natural. En este orden de ideas, el derecho civil contempla algunos artículos donde se establece la seguridad jurídica entre las partes, equilibra las obligaciones pactadas con principios de justicia entre los derechos de los obligados. A continuación se señalarán algunos casos donde la ley contempla límites a la regla Pacta Sunt Servanda, equilibrando obligaciones entre los contratantes u obligados, habiendo una conexión entre el contenido de la norma jurídica y la justicia de las prestaciones recíprocas, que en caso contrario, la regla Pacta Sunt Servanda provocaría daños en los derechos de las partes. Es importante señalar que esta justicia coincide con la legalidad, las acciones deben coincidir con los modelos señalados en las leyes y no porque sean justas.8 Bobbio, Norberto, Op. Cit., nota 2, pp. 18-20. 8 Ibídem, pp. 16-17. Como podrá apreciarse, la ley civil establece contenidos en las obligaciones jurídicas, donde se desprenden contenidos de equidad, esto es justicia desde la ley, situación que no sucede en todo el sistema jurídico. 7

Vicios del Consentimiento. Los artículos 1691 al 1703 del Código Civil del Estado de Querétaro contemplan la invalidez y nulidad de los actos jurídicos por alteración de la realidad sea por error, dolo, mala fe, violencia o temor reverencial. Es digno destacar el artículo 1702 del mismo ordenamiento, ya que establece en su contenido una figura por demás importante para la equidad del derecho y justicia, refiriéndose al lucro excesivo y evidentemente desproporcionado de algunos de los contratantes, cuyo contenido normativo incorpora variantes como la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, que se obtenga de una prestación inequitativa que origine la nulidad del contrato, o bien, la reducción equitativa de su obligación. Para aclarar el párrafo anterior, el artículo 1720 del Código Civil del Estado de Querétaro, en el segundo párrafo dice que no es lícito gravar la situación del inquilino con cláusulas penales que lo obliguen a pagar por renta una cantidad mayor que la estipulada en el contrato de arrendamiento. Este párrafo regula contenidos de justicia en la ley, ya que equilibra obligaciones y anula cuestiones de notoria injusticia. Por lo tanto, no hay discusión de la validez de la ley, sino que de su contenido no existan prestaciones inequitativas para las partes, cuya situación daría motivo a los contratantes para considerar que la ley es injusta y como consecuencia el derecho. Como podrá apreciarse no es únicamente pactar una obligación: la ley tiene un sistema de frenos y una balanza jurídica que mantiene orden, integridad y equilibrio entre las partes para la equidad de los contratantes; en caso contrario, bastaría con obligarse las partes y satisfacer el contenido de los acuerdos. Al celebrar algún contrato y establecer las obligaciones, la ley tiene un sistema de equilibrio jurídico para un desenlace justo; son mecanismos para el control de contenido normativo, la violación a la regla conlleva una desigualdad jurídica que es injusta para alguna de las partes, por ello, si la regla existe será obedecida.9 9

Ibídem, p. 21.

Lo expresado anteriormente no significa someter a los individuos con patrones de moralidad, la ley deberá tener en su contenido valores que hagan posible su obediencia y aplicación, con ello no se busca moralizar la norma jurídica sino concientizar que la ley positiva no puede ser únicamente la norma expedida por el legislador y cumplir los pactos, como señala erróneamente Norberto Bobbio: requiere además, que el contenido incorpore una dimensión axiológica que permita una valoración de equidad y justicia. Daño Moral. El artículo 1798 del Código Civil del Estado de Querétaro expresa que es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, también, cuando se afecte o vulnere en forma ilícita la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, debiendo el juez fijar una cantidad por indemnización, atendiendo las circunstancias individuales del caso de conformidad con el artículo 1799 de dicho ordenamiento. Entonces cabe señalar las siguientes preguntas: ¿Qué es el honor? ¿Cómo se valora? ¿Cuál decoro vale más? ¿Cómo medimos el sentimiento para su indemnización? ¿Reputación para quién? Como podrá apreciarse, la ley positiva tiene preguntas por resolver y que tienen explicación desde aquellos principios existentes en su contenido y que no pueden dejarse de interpretar, porque mantienen el equilibrio entre la formalidad de la ley y la axiología de la norma jurídica. El daño moral tutela un aspecto interno de difícil cuantificación, el juez deberá determinar con elementos objetivos un daño interno y subjetivo, entonces influirán elementos no jurídicos (familiar, social, antropológico, ético, religioso, entre otros) y apoyarse en elementos técnicos y profesionales a través de dictámenes de especialistas. En este sentido, no todo tiene una justificación objetiva y eficaz, la interpretación y aplicación de la ley también busca extraer los derechos entre las partes, el juez deberá hacer uso

de una dimensión ideal o crítica para su eficacia social a través de la corrección del derecho positivo por la moral, es decir, el derecho deberá tener un punto de partida desde la pretensión de corrección hacía un derecho ideal a través de la corrección de la moral, la corrección de una pretensión hacia una justicia.10 Derivado de lo anterior, el derecho positivo se somete a resultados sociales cuando la norma jurídica es obedecida porque es válida, pero también deberá tener cuidado su creador e intérprete para no aislar las normas jurídicas de una convicción moral y ética. La corrección del derecho positivo a través de la moral ayudará a la eficacia de un sistema jurídico válido sin contenidos axiológicos, sin embargo, los ejemplos anteriores conducen intrínsecamente, a un discurso de corrección que obliga a pactar con obligaciones justas; en caso contrario, el juez deberá resolver dentro del marco de la ley y atendiendo su contenido, aquellos principios de derecho y aplicarlos con equidad jurídica, sin olvidar la corrección de la legalidad para la justicia. Robert Alexy desglosa una filosofía jurídica entre la moral y el derecho, señala la tesis de la doble naturaleza, expresa la idealidad en forma de corrección, discurso y luego a la facticidad en forma de legalidad y eficacia; expresa que en la facticidad, traducida a legalidad, hay elementos como el orden y la eficacia social, pero en la corrección moral, que esencialmente busca una pretensión de justicia, el derecho no sólo deberá ser legislado y eficaz, también que el derecho mismo y su interpretación sean moralmente correctos.11 Casos no regulados. En otro ejemplo de esta dualidad entre derecho y moral, se contempla en el artículo 17 del Código Civil para el Estado de Querétaro, ya que establece la obligación de los jueces y tribunales para resolver las controversias planteadas a pesar del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. ¿Cómo resuelve un 10 Alexy, Robert, Mi filosofía del derecho, discurso pronunciado con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, 30 de mayo de 2008, material proporcionado por el Dr. Rodolfo Vázquez, cátedra del doctorado en derecho, Universidad Autónoma de Querétaro. 11 Ídem.

juez en caso de que no exista una ley? ¿Qué mecanismo deberá aplicar el tribunal ante el silencio de la ley? El juez resolverá los casos a pesar que no exista una ley, deberá decidir ponderando derechos para no extralimitar sus criterios y argumentos de legalidad, y lo hace cuando acude a los principios de justicia y equidad para cerrar el sistema jurídico, que en caso contrario, el sistema causaría mayor injusticia. En este mismo orden de ideas, la autoridad judicial tiene la discreción para resolver, pero ¿qué elementos argumentativos utilizará? El juez –Hércules de Dworkin– deberá contemplar una interpretación argumentativa donde

como una fuente que sirve al juzgador y que son superiores a la ley positiva para resolver el derecho, lo que se denominan como criterios ultrapositivos de valoración.12 Con motivo de lo anterior, es importante advertir que H.L.A. Hart expresó que debemos tener cuidado al distinguir el derecho de la moral, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de suplir la ley positiva por la moralidad, que el derecho no deja de serlo porque sea inequitativo, o bien, que una regla moralmente deseable no puede seguirse por principios jurídicos.13 Distinguir el derecho de la moral puede tener un aspecto conceptual simplemente, ya que no pueden llegarse a confundir; situación diferente

no exista ley, utiliza principios, valores y máximas de equidad y justicia para no contradecir juicios argumentativos, basados en la norma jurídica pero con argumentos éticos para no dañar a nadie en sus derechos, que reciban prestaciones recíprocas conforme a sus obligaciones jurídicas y dictar justicia a través de principios correctivos. En igual sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 contempla un sistema jurídico cerrado pero con resolución abierta, señala que en los juicios de orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley; a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. Este apartado expresa que existen valores y principios inferidos no sólo del propio ordenamiento jurídico sino

es que el derecho positivo contenga aspectos como la justicia y equidad en su contenido, con lo cual ayuda a facilitar la aplicación de la ley para resolver derechos. Asimismo, la ley no deja de serlo porque no contenga equidad y justicia, la moral no podrá desplazar jamás a la ley, pero si determina una condición de corrección en su interpretación y aplicación institucional para no desobedecer una obligación desde la moral por su contenido injusto. En este sentido, Lon L. Fuller señala que para la eficacia del sistema jurídico se deben aceptar reglas donde exista la conexión entre el derecho y la moral, el derecho tiene por naturaleza una lógica interna de moralidad y racionalidad. El derecho tiene semblantes de la moral, ya que de lo 12 Vazquez, Rodolfo, Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho, Madrid, Trotta, 2006, p. 31. 13 Citado por Laporta, Francisco, Op. Cit., nota 1, p. 28.

contrario no cumpliría sus fines, entendiendo que son máximas de una sociedad y que son necesarias para conseguir sus objetivos; se exige una necesaria vinculación entre derecho y moral para un sistema jurídico bueno y justo; además, la actividad jurisdiccional tendrá elementos para valorar el derecho con la justicia, y no únicamente, porque así lo dicta el derecho.14 Si bien es cierto que para el estudio del derecho, la moral no puede formar parte del mismo método y razonamiento lógico, también es claro que la moral sí forma parte del contenido, que existen reglas de corrección que derivan del derecho en forma de principios, luego entonces existe una reiterada afirmación de que la moral

y en criterios metajurídicos que se constituyen en una apreciación, vinculación y valoración pero que se unen al interpretar la ley. No podemos olvidar la zona de penumbra, aquella oscuridad jurídica donde hay incertidumbre en la interpretación de la norma jurídica y la moral hace presencia desde los valores y principios para cerrar el sistema; asimismo, el derecho no tiene claridad para justificar el contenido de la norma a pesar de la razón, debiendo recurrir a esa zona de silencio para interpretar el contenido. Entonces la moral cumple su papel: la aceptación del derecho y donde éste no tiene una explicación científica o positiva, su interpretación se acerca a los criterios de la moral.15

no es un elemento racional desde la teoría del derecho, siendo esto cierto, pero también no podemos dejar de analizar al derecho desde la equidad y justicia, es decir, deberá existir una corrección del positivismo en la interpretación para dictar resoluciones con derecho y no con legalidad únicamente. Asimismo, Fuller acepta la idea de una conexión entre derecho y moral, que el derecho no alcanzaría por sí mismo los objetivos para encontrar los resultados idóneos en la sociedad, que para ello necesita de la moral como un elemento necesario y correcto para su interpretación y aplicación con sentido social. La eficacia del sistema jurídico deriva también de la aceptación de ciertas reglas que no están en el proceso formal de creación, sino del contenido mismo

El derecho sordo, seco, aislado, lejano, ajeno, legal, no conduce a nada, necesita de ingredientes que hagan cumplir con los retos encomendados para su eficacia; debemos alejar al derecho positivo de las apariencias, por eso el derecho requiere de un ingrediente indispensable que ayude a cumplir sus objetivos, lo que sin duda se satisface con la justicia, equidad, valores y principios racionales. La ley deberá corregir sus contenidos y alcances para una interpretación y aplicación más justa, lo que conlleva que desde su creación deba obedecerse por ser positiva; es decir, lo dado en la ley no puede limitarse al acto de la autoridad, requiere que el contenido conlleve un equilibrio entre lo público y privado; la ley positiva no puede implementarse en vectores horizontales y

Citado por Vázquez, Rodolfo, Op. Cit, nota 10, pp. 32-46.

Ibídem, pp. 33-37.

verticales, es necesario que exista un punto de convergencia, que en caso de penumbra no vayamos a un derecho injusto; ahí la razón interna de la moral juega un papel sobresaliente.16

Falta de pago. El artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito contempla una sanción económica para el caso que el cheque no sea pagado y fue presentado en tiempo, cuya sanción es un veinte por ciento del importe como mínimo. ¿Será mucho o poco? Este porcentaje es un elemento de racionalidad y justicia por el incumplimiento de un pago solicitado en tiempo, es una sanción por incumplimiento de una obligación de dar, que sólo es posible señalar si es justo o no cuando se individualiza la sanción al caso concreto; es más, este veinte por ciento podría convertir en ruina económica en algunos casos y llevar a la inhumanidad de la sanción, por lo que la ponderación será determinar una sanción justa. Frente a esta circunstancia, no podemos decir que el derecho se éste moralizando; hay una sanción cuando no se cumple con una obligación, cuya regla general significa que será justa, pero no es así toda vez que de la redacción se concluye que este porcentaje es mínimo, lo que podría llevar al juez a sentencias injustas, ya que si bien expresa que deberá resarcir de manera individual los daños y perjuicios, establece un mínimo que conllevaría a un piso de veinte por ciento que podría convertirse en injusto en algunos casos. Con la norma jurídica y su correlativa sanción no se moraliza el derecho, se contempla una sanción ante el incumplimiento de una obligación jurídica, que dicho sea de paso, será justa siempre que no cause ruina al deudor y no ponga en peligro su vida. Hart señala que sólo se puede comprender el derecho cuando sabemos que las normas no son las causas principales de cierto comportamiento, sino que funcionan como razones para la acción y como criterios de enjuiciamiento de sus conductas, con la salvedad de un conflicto entre una obligación jurídica de obedecer al 16

Ibídem, pp. 37-45.

derecho, y una obligación moral que implica la desobediencia al derecho.17 Derivado de lo anterior, si bien para Hart no existe conexión entre derecho y moral –expresa que el derecho no tiene conexiones de moral o justicia–,18 sin embargo, existe una conexión interna del contenido de la norma jurídica con la conducta fáctica de las personas, y frente a esta conexión, hay una vinculación lógica-fáctica necesaria de reglas, lineamientos y conductas sociales. Si bien es cierto, los individuos actuarán según su conciencia en determinados casos como la desobediencia civil, también es cierto que el contenido jurídico tiene un valor intrínsecamente que determina una conducta para la equidad y justicia entre los sujetos de la obligación, como en los casos de no pagar puntual una cantidad de dinero: entonces ésta permitido que se castigue con un valor pecuniario extra por no cubrir la cantidad al momento que tenía la obligación, o bien, en otras circunstancias, los casos de revocar la donación por ingratitud del donatario al donante; asimismo, en el caso de no dejar bienes suficientes al donante para su subsistencia, modifican el derecho por algunas causas de moralidad pero legales (ingratitud y subsistencia económica). En estos ejemplos existen razones y criterios de enjuiciamiento respecto de la conducta, es decir, la regla jurídica permite identificar la sanción frente a comportamientos contrarios a alguna obligación, una razón justificada (será la moral) para una conducta en términos jurídicos; pero el contenido de la norma en estos casos conlleva a la justicia, y sin embargo no siempre es así: en el derecho existen muchas zonas ambiguas, indeterminadas e imprecisas que no se satisfacen con principios para hacer justicia sino a través de la legalidad. Casos difíciles. Al respecto, Ronald Dworkin precisa que el derecho no es sólo un sistema de normas, ya que en los llamados casos difíciles el litigio no se puede adecuar a la norma jurídica, entonces el juez no tiene la libertad para decidir 17 18

Ibídem, pp. 34-39. Ídem.

en uno u otro sentido discrecionalmente, sino que una de las partes tiene el derecho y el juez deberá descubrirlo, mas no legislar.19 En el caso del artículo 17 del Código Civil del Estado de Querétaro, se obliga al juez o tribunal para resolver en el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley. En este caso, no hay norma jurídica que se aplique al caso concreto, sino una autorización para decidir el derecho, por lo que Ronald Dworkin señala que el hecho de tener abierta la interpretación del sistema normativo tendrá dificultades para una eficacia social, que deberá cerrarse no por una norma jurídica sino por principios que son reconocidos por la comunidad y que la actividad judicial describa como derechos, partiendo desde aquellos principios establecidos socialmente.20 En esta situación, la interpretación del juez decide en uno u otro sentido, discutiendo si el juez ha abusado de la autorización de la ley, e incluso, entra al campo difícil de la autolegislación o autodeterminación al momento de aplicar la ley, que pudiera afectar derechos y principios contemplados, resolviendo con criterios y argumentos irracionales e inequitativos. En la tesis de derechos, Dworkin señala que existe un momento que ya no hay ley, entonces deberá atender la convicción personal apoyado en antecedentes o su intuición personal, interna, subjetiva, profunda de ética y moral, por eso los derechos de los individuos depende de la práctica y de la justicia de las instituciones políticas.21 Debemos precisar que las normas jurídicas tienen objetivos sociales e individuales, es decir, que sea individual significa que las personas tienen metas en el entorno del Estado, que no están ajenas al bien común pero que se relacionan con aquellos derechos como la libertad, propiedad privada, derechos humanos o derechos fundamentales. Han existido errores en el estudio del derecho y la moral, no se trata de darle a la moral trato igual que lo jurídico, son objetos de estudio 19 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Trd. Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1997, pp. 146-147. 20 Citado por Laporta, Francisco, Op. Cit., nota 1, p. 41. 21 Dworkin, Ronald, Op. Cit. nota 17, pp. 153-154.

y análisis diferentes, que no pueden abordarse con igualdad de métodos y variables analíticas, pero que la moral ésta presente en el contenido de la norma jurídica es innegable, las leyes deben incorporar criterios internos para la justicia porque es la única manera de aceptar leyes justas: a través de ellas se justifican y legitiman tanto las acciones u omisiones de los hombres y la sanción por su infracción. Leyes injustas, sanciones injustas.22 Por lo tanto, no podemos aceptar que la ley no necesite ni requiera de elementos meta jurídicos para alcanzar la justicia, como si el hecho de considerar aspectos no jurídicos diera lugar a la invalidez de las leyes, debiendo recordar que el positivismo jurídico contempla como fundamento lógico y racional de todo el sistema de normas la secuencia sucesiva en la pirámide de normas hasta llegar a la norma fundamental que se da por válida para todo este sistema, pero no responde a las siguientes preguntas: ¿qué naturaleza tiene?, ¿cuáles son sus características?, ¿dónde surge?, ¿qué lineamientos de estudio y análisis deben realizarse para conocerla?, etc., limitándose a decir que es una norma hipotética que goza de validez, que vincula a los hombres y debe ser obedecida. Hoy en día se ha visto que las normas jurídicas necesitan de un contenido de justicia para obedecer sus contenidos, ya que el hecho de que sean leyes no por eso son justas y deban ser obedecidas, por el contrario; la desobediencia civil es una figura social que empieza a tener conciencia en este país frente a estos excesos legalistas. II. Desobediencia civil y justicia Una vez realizado un análisis de la relación entre el derecho y la moral (justicia), ahora se desarrollará el caso de la desobediencia civil como una reacción de los hombres frente a leyes injustas, debido en gran parte a la falta de elementos axiológicos en el contenido de la norma jurídica, con el puntual señalamiento de que la desobediencia civil no invalida dicha norma, pero se desobedece a pesar de las sanciones por su 22

Laporta, Francisco, Op. Cit., nota 1, pp. 52-53.

incumplimiento, ya que existe la conciencia que la ley es injusta, y aunque es válida no se obedece. La ley es el instrumento que los hombres implementaron para el orden, paz, tranquilidad y bien común, pero el Estado también la utilizó como aquel instrumento que permitiría conservar al Estado mismo, sus fines y la justicia entre los hombres; sin embargo, también existen límites en las leyes, una camisa de fuerza entre las autoridades, ya que entre esos límites las autoridades deberán expedir leyes justas y no simplemente leyes positivas. La ley ha sido utilizada para hacer el bien y el mal, ha justificado guerras, ocupado territorios, creado y desaparecido imperios, reinos, estados, países; asimismo, en ocasiones ha quitado la naturaleza de humano a los hombres, ha tenido muchos lados oscuros en donde los hombres han sido premios en las guerras, ha convertido en esclavos a los perdedores y también autorizó quitar la vida. En fin, la ley ha acompañado a los hombres en la sangre, sudor, lágrimas, pero también la ley ha convertido a los hombres en verdugos de los hombres, los ha convertido en cosas, es decir, la ley es la llave que abre y cierra el mundo de la justicia o legalidad, por eso la desobediencia civil busca que las normas jurídicas cumplan con fines de justicia y no simplemente su aplicación porque así lo expresa su contenido, causando temor y miedo entre los hombres, por lo que éstos han tomado la determinación de no obedecerla a pesar de las sanciones por su incumplimiento. En la desobediencia civil suelen estudiarse cuestiones de ética, política, justicia; de igual manera, se relaciona con la democracia, soberanía popular o derechos humanos, entre otros aspectos; lo cierto es que al analizar la norma jurídica desde el derecho natural, no se cumplen con los mínimos elementos para su obediencia y aplicación, considerando que existe una injusticia extrema, y por lo tanto los hombres justificarían la desobediencia a la ley. La desobediencia civil replantea un esquema completamente diferente de la sociedad frente a

la ley: acatar o no las disposiciones jurídicas aun cuando conoce las sanciones que conlleva no cumplir su contenido. El Estado ha fortalecido las instituciones a través de la democracia, soberanía, representación, entre otros conceptos; el derecho, de igual manera, se ha consolidado con las aportaciones a través de la historia del hombre, sin embargo, la sociedad en estos días requiere además de instituciones y procesos, contenidos jurídicos que satisfagan principios de igualdad, libertad y justicia. No basta la validez de la norma jurídica aprobada por la mayoría formal, no basta acudir a los tribunales para defender un derecho o solicitar la aplicación de una ley, es necesario que la norma jurídica tenga una correlación de equidad e igualdad en su contenido para una interpretación y aplicación que permita dar justicia, y como consecuencia de lo anterior, la eficacia de la norma jurídica para el orden social y bien común, como se estableció en el pacto jurídico-social. El contenido de la norma jurídica no descansa en posiciones filosóficas entre el derecho natural y el derecho positivo, se sustenta en leyes justas que conduzcan a derechos justos, que el cumplimiento de las normas jurídicas no deje dudas ni reclamos. Jürgen Habermas utiliza la desobediencia civil como un instrumento válido para el proceso de formación democrática y radical de la voluntad política; señala que la desobediencia civil es un elemento normal y necesario de la vida democrática de los países, un instrumento para los fines del Estado de derecho y para asegurar los valores y derechos constitucionales. Las crecientes movilizaciones para exigir derechos agudiza la cuestión de la legitimidad en la legalidad. En este sentido, Jürgen Habermas expresa que la desobediencia civil implica actos ilegales, por parte de actores colectivos y públicos que apelan a la capacidad de razonamiento y justicia de la población y lo que buscan es persuadir en la opinión pública de la sociedad civil y política de que una ley o política es ilegítima y se proceda a cambiarla.23 23 Habermas, Jürguen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático del derecho en términos de teoría del discurso, 5ª. edición, Trd. Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, p. 465.

Con estos actos se busca que las reglas aprobadas por el Estado sean revisadas, que lo vinculante sea puesto en análisis con argumentos específicos, ya que la desobediencia civil tiene temas cerrados, es decir, no son movimientos ocasionales sin sentido, por el contrario, está perfectamente identificada la acción, el contenido y el resultado que se pretende. La legitimidad de la democracia, la libertad en los derechos fundamentales y la autoconciencia de la sociedad civil son los ingredientes que soportan la desobediencia civil.24 Para John Rawls, la injusticia no es una razón para incumplir una ley; en caso de que las leyes e instituciones sean injustas, deberán ser cambiadas o revocadas; sin embargo, en el caso de las leyes injustas, estas son obligatorias siempre que no excedan los límites de la injusticia. Esta es la parte razonable de la justicia, son aquellos argumentos que deberán señalarse desde ámbitos valorativos y no legalistas llenos de formulismos: la justicia busca evitar que no se excedan de los límites lógicos de los derechos establecidos en las normas jurídicas con interpretaciones arbitrarias, excesivas e irracionales, por ello, el juez siempre deberá tener la posibilidad de interpretación a través de principios de equidad y justicia, para respetar los derechos de quienes acudan a los tribunales. Se ha dicho que la desobediencia civil se presenta en sociedades justas e iguales,25 donde no existe una separación de vulnerabilidad entre sus miembros; sin embargo, la desobediencia en sí misma busca desobedecer las reglas de mayorías dadas por una cuestión de identidad y conciencia de los individuos, que se sienten vulnerables por leyes injustas. Señala Rawls que la desobediencia civil es “... un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley en los programas de gobierno...”26 En este sentido, la desobediencia civil implica Ídem. 25 Rawls, John, Teoría de la justicia, 2ª. edición, Trd. María Dolores González, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 331. 26 Ibídem, p. 332. 24

una violencia de aquellas normas jurídicas o programas gubernamentales que son o pueden ser considerados como actos injustos para un grupo o sociedad en general. Estos actos son justificados por el contenido injusto de la norma jurídica, se reitera la desobediencia al contenido jurídico que afecta o afectaría la esfera jurídica de un grupo de individuos o entes, que son o podrían ser violentados en sus derechos. En este sentido, es una lucha entre la norma jurídica y su contenido normativo por considerarla injusta o inequitativa a los intereses para el bien común, sin que ello implique un trámite o la espera de una decisión a cargo de los órganos jurisdiccionales. Es importante señalar que no es necesario que se hayan agotado las posibilidades de la acción legal a favor o en contra, lo que caracteriza la desobediencia civil es precisamente la oposición al contenido de una norma jurídica, haya o no el sistema o medio de impugnación para oponerse a su contenido. Es importante señalar que las normas jurídicas tienen sus propios mecanismos de control a través de los procedimientos para impugnar la norma jurídica, la desobediencia civil tiene sustento en una decisión de derecho natural que los hombres poseen libre y espontáneamente, es la oposición del contenido de la norma jurídica mas no a la vigencia y aplicación de la normativa jurídica válida, sin importar las consecuencias de su desobediencia. Luego entonces, estamos frente a una acción natural de un derecho de los hombres a las decisiones de la representatividad –mayoría por voto popular y creadores de las leyes– los que tienen que reflexionar sobre el alcance en las decisiones de contenido jurídico; existe una confrontación entre ética y justicia contra rigidez, validez y eficacia de una norma jurídica. La violencia de la norma jurídica a la justicia es la confrontación. En esta dualidad entre la norma jurídica y los partícipes, debemos preguntar: ¿qué pasa con los actores de la desobediencia civil?, infringiendo el marco normativo jurídico ¿Son culpables de

los actos antijurídicos?, por lo que ¿deberán ser sancionados?; o bien, al justificar sus actos u omisiones ¿pueden ser considerados como actos de excepción en la aplicación de la sanción por la desobediencia a la norma jurídica? Desobedecer una norma trae consecuencias en la esfera jurídica de los individuos; existen dos supuestos hipotéticos en las relaciones con las normas jurídicas: aquellos que se colocan en el supuesto normativo de incumplimiento de las obligaciones y quienes sí están en el supuesto de cumplir. Para los primeros, es un derecho natural de los hombres manifestarse con la finalidad que se cambie un contenido normativo; y para los obedientes, cumplir y aceptar el contenido y las obligaciones estipuladas en la norma jurídica. Precisamente, estos últimos son quienes están frente al incumplimiento de una obligación jurídica, porque aceptan su contenido y están en una situación jurídica para ser sancionados por la conducta contra la norma, mas no por el contenido de la misma. En el primer caso hay conciencia, en el segundo existe obligación. Es importante comentar que algunas de las causas o razones que conducen a las personas a desobedecer la norma jurídica es la injusticia del contenido de la misma, que obligan a obedecer premisas con inequidad entre las partes, por lo que existe una confrontación entre la norma dada y su contenido, confrontando la injusticia en la norma jurídica y las obligaciones. En este orden de ideas, Rawls señala que: es imperfecto porque no hay proceso político factible que garantice que las leyes promulgadas de acuerdo con él serán justas. En los asuntos políticos no puede lograrse una justicia procesal perfecta. Además el proceso constitucional, debe basarse en gran parte en la forma de votación (…) No obstante, nuestro deber natural de apoyar las instituciones justas nos obliga a obedecer las leyes y los programas injustos o, a no oponernos a ello por medios ilegales, en tanto estas leyes y programas no excedan ciertos límites de injusticias (…)27 ¿Existe una parte inconsciente en nuestra 27

Ibídem, p. 323.

voluntad de un deber natural para obedecer leyes injustas?, o bien, ¿los debates, procesos de creación de las leyes y su promulgación son justos? Son situaciones difíciles de responder cuando hay un contenido político desde el procedimiento en la creación de la ley, no se puede tener un consenso total de justicia en temas de votación y política, los cuales no buscan la justicia, buscan que la mayoría obtenga los resultados esperados. Las dudas más amplias es saber ¿cuáles son los límites de la injusticia?, ¿hasta dónde es justa una ley?, ¿cuál es el límite entre la justicia y el contenido de la norma jurídica? El problema de la obediencia es difícil para las minorías que de manera permanente han sufrido la injusticia, la regla de las mayorías no siempre se justifica como la mejor fórmula para garantizar una legislación justa o injusta, sin embargo, el formalismo del positivismo jurídico establece normas válidas y vigentes con independencia de su contenido axiológico. El objetivo en el Estado más próximo a la justicia es crear, conservar y reforzar las instituciones para hacer el bien y lo bueno. No cabe duda que el formulismo jurídico superó el contenido axiológico de las leyes. La desobediencia civil es un acto de la sociedad donde lo que busca es la justicia jurídica y de programas gubernamentales frente a un Estado justo, con instituciones justas, con lo cual queda claro que la desobediencia civil es un acto de derecho natural que se realiza como una instancia para cumplir principios de justicia; el límite de la desobediencia es producir una conducta contra la obediencia a la ley y la Constitución, para encauzar la justicia que la misma Constitución contempla y que permitirá tener principios justos. Entonces hay un deber de justicia natural que la norma suprema deberá contemplar y la desobediencia civil es un mecanismo estabilizador del sistema constitucional, son acciones de control de derecho natural, aunque por definición sea ilegal.28 Ronald Dworkin se cuestiona el trato que 28

Ibídem, p. 348.

debe darse a las personas que desobedecen las leyes y el castigo es desacato a la ley, que es una expresión de anarquista a quienes se debe castigar, que la desobediencia al derecho puede justificarse moralmente, pero no jurídicamente.29 Es importante destacar que la desobediencia civil no busca penetrar actos contra la vigencia de una norma jurídica, en virtud que ésta fue dada bajo el procedimiento y requisitos establecidos, más bien frente a la creación de la norma jurídica: la desobediencia ataca el contenido de la norma que pretende cambiar, modificar o no aplicar, pero la norma jurídica es vigente, por eso busca dejar sin efectos el contenido de la misma; la causa de la desobediencia ésta en el contenido de la norma, no en el procedimiento o acto jurídico que otorga vigencia al contenido de la ley. El Estado deberá estar atento a los espacios públicos del bien común, la desobediencia civil será aceptada de tal manera que con ella no se ponga en peligro la sociedad y las instituciones vigentes; habrá razones para no aceptar que la ley no se obedezca, pero no para prohibir actos de derecho natural que sean expresiones de libertad en busca de un Estado más justo. Los anterior llevan a señalar, como lo hace Dworkin, que las resoluciones de los tribunales tendrán que basar su contenido en experiencias y en aquellos argumentos de la disensión, para no pasar de la equidad a la tolerancia y permitir la injusticia a través de los criterios; en caso de duda del contenido de la norma jurídica, cabría señalar que la desobediencia civil estaría presente por no saber el alcance de la misma y se justifica por derecho natural.30 El formalismo señalado en las líneas anteriores, demuestra que el positivismo jurídico ha transitado a un legalismo, basado entre otras cuestiones en el principio de legalidad y la teoría de la obediencia, donde “... las leyes deben ser obedecidas y aplicadas porque son leyes, no porque (sic) sean justas y, por consiguiente, que deben ser obedecidas aun sin son injustas...”31 29 30 31

Dworkin, Ronald, Op. Cit., nota 17, p. 304. Ibídem, pp. 316-317. Bobbio, Norberto, Op. Cit, nota 2, p. 17.

Es importante afirmar que la piedra angular del derecho positivo es la fortaleza que tiene el proceso de creación, no puede haber dudas respecto de la validez de la norma jurídica cuando cumplió con todos los requisitos de los órganos competentes para crearlo; el contenido de la norma jurídica está a discusión, no la validez de la creación de la misma. El formalismo en la ley no pretende encontrar en la práctica un contenido ético o concepción legalista de la justicia, sin embargo, es una característica de la norma jurídica, mas no de la validez del mismo, ya que cumplió con todos los requisitos, por lo tanto, la crítica al formalismo es el extremo con el cual debe obedecerse el derecho aun sin cumplir con elementos axiológicos de su contenido. En el caso de la teoría de la justicia formal de los jusnaturalistas, se afirma que “...La ley es válida sólo si es justa”.32 Es claro que existe un enfrentamiento teórico con los juspositivistas, ya que por un lado cumplió con el procedimiento y las competencias de los entes públicos para poner en vigencia la ley, luego entonces es válido obedecer; sin embargo, la afirmación que la ley es válida sólo si es justa es una postura teórica que busca un ámbito de aplicación fuera del juspositivismo, afirmación que se discute cuando se acerca al objeto de estudio de la desobediencia civil: lo que busca es la modificación o no aplicación del derecho positivo aun con las consecuencias que acarrea la sanción, como lo señaló Ronald Dworkin,33 y la obediencia del derecho sin mayor preámbulo que “La ley es positiva, por lo tanto se aplica”. De lo anterior se desprende que no está a discusión la validez del derecho sino el contenido de la norma jurídica que, por no tener ciertos contenidos axiológicos, un individuo, un grupo de personas o la sociedad decide no obedecerla. El problema del formalismo jurídico es el legalismo donde permanece, el derecho positivo argumenta que el contenido de la norma tiene un Ibídem, p. 18 Dworkin, Ronald, Op. Cit., nota 17, pp. 304, 306 y 316. Véase Rawls, John, Op. Cit., nota 21, p. 353. 32 33

aspecto procesal y valorativo, esto hace de dicha norma que sea eficaz y como consecuencia se obedece. Esta cuestión valorativa la podemos encontrar en el siguiente párrafo: “... Si un hombre cuerdo queda convicto de asesinato y es sentenciado a muerte, pero antes de cumplida la sentencia se vuelve loco, su ejecución será aplazada hasta que recobre la cordura...”34 El contenido de la norma jurídica para no ejecutar al sentenciado a muerte, tiene que ver con una cuestión de justicia y no de una resolución del tribunal por la eficacia de la norma jurídica. ¿Qué pasaría en el caso que se ejecutará a una persona que ha caído en locura o esquizofrenia?, ¿por qué se debe cumplir con la sentencia? Aquí, el contenido de la norma jurídica tiene un papel por demás trascendental, ya que la validez de la norma dice que no se cumpla con la sentencia por encontrase en una situación excepcional, luego entonces el contenido de la norma jurídica tiene una excepción a los casos de la realidad: esto se llama justicia. Por el contrario, qué pasaría en el caso anterior, que la norma jurídica dijera se cumpla con la sentencia porque ya es cosa juzgada. La validez de la norma no está a discusión, lo que sí está, es el contenido a través de la sentencia y la teoría de la obediencia no lograría justificar con argumentos claros y contundentes el cumplimiento 48

34 Kelsen, Hans, Ensayos sobre jurisprudencia y teología, México, Fontamara, 2004, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, número 81, p. 10.

de la norma y la ejecución de la orden jurídica plasmada en la resolución. Una vez que se ha precisado el alcance de la desobediencia civil, es importante precisar si este instrumento de conciencia social es un delito. En principio de cuentas debemos señalar que la constitución tiene valores, principios y sustentos ideológicos que mantienen la coherencia y sistematicidad del compendio normativo constitucional, lo que permite tener la uniformidad que requiere un documento de esta naturaleza para establecer normas con criterios claros y de acuerdo con los principios establecidos en la misma Constitución; de igual manera, ésta es un proyecto que se construye y define en todo momento, día con día y que no podría decirse que está concluso sino que va perfeccionado sus alcances cada instante. La norma jurídica es cambiante en aras de una vida mejor para los hombres. Es de llamar la atención que un delito es un acto moralmente reprochable, pero será a todas luces una característica que deba ser parte de la desobediencia a una ley; entonces en México ni el mismo derecho penal contempla una figura jurídica para estos actos, donde la sanción es consecuencia del incumplimiento de la ley, y adquiere cada vez mayor fuerza la idea que la causa de la desobediencia civil a una ley es una conducta que se reprocha desde la moral. Habermas señala: “… Nada, pues, de obediencia incondicional al derecho positivo, no todo derecho merece ser obedecido, sino sólo aquel que presenta una adecuación material a los principios constitucionales puede esperar una obediencia cualificada de los ciudadanos, una obediencia que prevé, por tanto, la posibilidad de desobediencia…”35 La desobediencia civil es una acción que se considera ilegal por oponerse a una norma jurídica, no tipificada como delito pero si equiparable a otras conductas delictivas por ser contrarias al orden público e interés general, con el fin que una norma que se considera injusta, modifique su contenido.36 Habermas, Jürgen, Op. Cit., nota 19, p. 171. Vitale, Ermanno, Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, Trd. Pedro Salazar Ugarte, Paula Sofía Vázquez Sánchez, Madrid, Trotta, 2012, p. 28.

35 36

La desobediencia civil es una conducta basada en el derecho de los hombres para no cumplir con las obligaciones establecidas en las normas jurídicas por considerar que son injustas, normas cuya característica principal es carecer de sentido social; no es únicamente la ley por la ley como dicen los positivistas, sino que la misma deberá tener un contenido axiológico para que se desprenda una interpretación con justicia por parte de los jueces. En caso contrario, los hombres tienen la libertad para desobedecer su contenido. Nótese, la ley es válida y vigente, pero la desobediencia busca encauzar el camino hacia la justicia, a pesar de que desobedeciendo la ley habrá una sanción desde la norma jurídica. Derivado de lo anterior, el derecho positivo tiene como fundamento la obediencia en razón de los procesos de creación y órganos que participan con la competencia que les corresponde, y una vez vigentes las normas jurídicas, son vinculantes y coactivas, independientemente de su contenido; sin embargo, no por ser normas válidas serán obedecidas, ya que por su contenido pueden ser injusta y la sociedad no está dispuesta a obedecerla, a pesar de las amenazas de la norma jurídica para sancionar su desobediencia por conciencia, encontrando en este momento la teoría de la dualidad entre el derecho y la moral. III. Conclusiones El fundamento de la desobediencia civil se encuentra en el derecho natural de los hombres, contenido, relación con la norma jurídica y la valoración que debe hacerse. La justicia y el derecho se confrontan, toda vez que la norma jurídica no cumple en su contenido con valores para la justicia. La ausencia del contenido axiológico en la norma jurídica determina que la desobediencia al positivismo sea latente y pueda presentarse; el derecho no es una expresión lógica literal, el derecho es el contenido de normas que contempla objetivos de los hombres y su instrumento es el proceso de creación y apli-

cación del mismo, por lo tanto, la justificación de la desobediencia civil es el resultado de un legalismo extremo, donde aun cuando sea derecho dado, si es injusto, es demasiado orgulloso y pretensioso su aplicación y obediencia. En este sentido, García Máynez señaló que el derecho vale y obliga no porque se haya puesto por un legislador en los términos de la ley y con los procedimientos establecidos, sino por la justicia que dicho derecho tiene en su contenido, es decir, existe un valor intrínseco de la norma jurídica llamada justicia y no un elemento extrínseco a través de la validez. En la desobediencia civil hay un elemento formal que determina su aparición y justificación en la sociedad civil y tiene que ver con una Constitución inacabada, donde los derechos de los hombres se van ajustando a las exigencias de los tiempos y las necesidades del Estado para el bien común; en la desobediencia civil, los actores de la democracia constitucional perfilan conceptos novedosos de los derechos fundamentales y la desobediencia modifica el sistema de derechos institucionalizados, tomando como sustento la justicia en la norma jurídica. La desobediencia civil es un recurso necesario pero será la última opción de un medio para obtener leyes justas, la sociedad no deberá ser impasible o apática sino mantener vínculos de fidelidad y lealtad, como lo señala John 49

Rawls, pero en muchas ocasiones es el único instrumento que se tiene para exigir la moderación y contenido de justicia en las leyes vigentes. De igual manera, deberá cuidarse que la justicia que se busca en la ley no se desborde, sino que exista un reencauzamiento de la ley a la justicia de la mayoría, que constituyó al Estado originalmente. En este orden de ideas, resulta por demás importante recordar las palabras de John Rawls cuando expresa que la desobediencia civil es un instrumento estabilizador del sistema constitucional, que resulta necesario como un medio para mantener y reforzar instituciones que por naturaleza deberán ser justas; en igual sentido,

no se debe culpar a los actores de la desobediencia civil y etiquetarlos como amenazadores del orden y equilibrio cívico, no debemos amenazar el deseo de los hombres para cambiar el entorno social con justicia, no debemos promover la ignorancia frente aquellos problemas que desarticulan el bien común con leyes e instituciones injustas, sino por el contrario, la libertad de los hombres hace conciencia en los hombres para desobedecer leyes válidas y que el Estado sea más consciente de las decisiones que afectan a los hombres. Por eso la desobediencia civil aspira a estados cada vez más humanos y menos institucionales.

Bibliografía • Alexy, Robert, Mi filosofía del derecho, discurso pronunciado con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, 30 de mayo de 2008, material proporcionado por el Dr. Rodolfo Vázquez, cátedra del doctorado en derecho, Universidad Autónoma de Querétaro. • Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, 15ª. ed., Trd. Ernesto Garzón Valdés, México, Fontamara, 2007, Biblioteca de ética, Filosofía del Derecho y Política, número12. • Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Trd. Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1997. • Habermas, Jürguen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático del derecho en términos de teoría del discurso, 5ª. ed., Trd. Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998. • Rawls, John, Teoría de la justicia, 2ª. ed., Trd. María Dolores González, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. • Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, 10. ed., Trd. Roberto J. Vernego, México, Porrúa, 2007. • ---, Teoría pura del derecho, Trd. Moisés Nilve, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1971. • ---, Ensayos sobre jurisprudencia y teología, México, Fontamara, 2004, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, número 81. • Laporta, Francisco, Entre el derecho y la moral, 2ª. ed., México, Fontamara, 1995, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, número 26. • Vázquez, Rodolfo, Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho, Madrid, Trotta, 2006. • Vitale, Ermanno, Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, Trd. Pedro Salazar Ugarte y Paula Sofía Vázquez Sánchez, Madrid, Trotta, 2012. • Zagrebelski, Gustavo y Martini, Carlo María, La exigencia de la justicia, Trd. Miguel Carbonell, Madrid, Mínima Trota, 2006. 50

Chavismo y oposición: categorías y significados Mariana González

El término socialismo del siglo XXI evoca un proceso de transformaciones que se desarrollaron en Venezuela durante catorce años bajo la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías. Este proceso generó una serie de ideas que garantizarían la acción política del Gobierno de Chávez y le permitirían dejar una sucesión política, la de Nicolás Maduro Moros. Esta serie de transformaciones contribuirían a llenar de contenido a dos categorías, chavismo y oposición, las cuales constituyen la síntesis perfecta de una polarización política. Sin embargo, ¿qué significan estas categorías? Y aún más relevante, ¿conservan su vigencia después de la muerte de Chávez? Responder estas interrogantes nos prevendrá sobre el uso de cada categoría, y facilitará claves para la compresión del proceso político actual de Venezuela. El entendimiento de ambas categorías exigirá una mirada retrospectiva de la

configuración política de Venezuela desde 1958, así como también el examen de la crisis de los partidos políticos y el ascenso de Chávez al poder. Con estos elementos, finalmente se desarrollará el análisis de los significados contenidos en los términos chavismo y oposición. Y es que la asunción de una categoría sin su previa revisión puede conducir a la confusión y el error. Configuración política de Venezuela antes de la presidencia de Hugo Chávez La estabilidad democrática en Venezuela se inicia tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Antes de esta fecha no fue posible consolidar un régimen democrático debido a la ausencia de normas que garantizaran el reconocimiento de derechos de las minorías, las cuales no eran consideradas como opiniones legítimas (Rey, 1991:541). Durante el periodo denominado

“trienio adeco” (1945-1948), el partido Acción Democrática (AD), de orientación socialdemócrata, logró movilizar a las masas obteniendo un apoyo que nunca fue inferior al 70% en dos elecciones. A pesar de que AD logró incorporar por primera vez a la vida política a una mayoría de venezolanos, la persecución de las minorías suscitó grandes dudas sobre la posibilidad de alternancia política en el poder. La progresiva exclusión de las minorías respecto al sistema y sus reglas acabó por interrumpir el segundo Gobierno del trienio adeco, e instaurar una dictadura militar durante diez años. La dictadura de Pérez Jiménez contó en sus inicios con el apoyo de las fuerzas armadas, la Iglesia y dos de los principales partidos de oposición: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), de orientación socialcristiana, y la Unión Republicana Democrática (URD), de orientación de centroizquierda.

Artículo publicado en Cuadernos de pensamiento político, Octubre/Diciembre 2014. Número 44, pp. 89-101. Agradecemos a la autora y a los editores su atorización para incluirlo en la presente edición.

Curiosamente, este mismo bloque de poder que dio lugar a la dictadura militar contribuiría también a derrocarla. Surge así, en 1958, el llamado Pacto de Punto Fijo, un acuerdo de gobernabilidad concertado entre diversos sectores: las fuerzas armadas, la Iglesia, la sociedad civil y los partidos políticos, con excepción del Partido Comunista (PC). La exclusión del PC del Pacto de Punto Fijo respondió a la desconfianza sentida por el resto de las fuerzas políticas hacia la disidencia radical, la cual era asimilada con la lucha guerrillera. La izquierda radical era considerada enemiga de la democracia, su exclusión del pacto generó violencia y recurrencia a medios ilegales de oposición al Gobierno (Villarroel, 2003; Collete, 2006). Pese a ello, el Pacto de Punto Fijo logró establecer unas reglas básicas de orden político, a través del apoyo de sus distintos suscriptores, con la finalidad de no ser derrocados y garantizar estabilidad a los Gobiernos electos (Rey, 1991:542). Esta alianza comportó la satisfacción de diversos intereses a través de un sistema de compromisos y negociaciones donde todos ganaban y nadie perdía. La competencia partidista circunscrita a las reglas establecidas por el Pacto de Punto Fijo tuvo como marco un conjunto de mecanismos informales. Por una parte, el consenso

entre los principales partidos políticos (AD, COPEI y URD) respecto a decisiones consideradas fundamentales, y por otra parte, la regla de la unanimidad en el caso de sectores minoritarios pero poderosos. De esta manera, se desarrolló un sistema “semicorporativo” en el que las decisiones se basaban en la consulta previa de los distintos sectores (empresarial, militar y eclesiástico) (Rey, 1991). Este sistema de concertación de decisiones fortaleció una serie de intereses privados permitiendo su penetración en el ámbito de las actividades estatales. Ello contribuyó a generar numerosas distorsiones en el funcionamiento de la competencia electoral entre partidos. Quizá, la consecuencia más inmediata fue la de representantes electos sin responsabilidad ante sus electores ni su partido, junto con la concentración de poderes en la figura del Presidente (Rey, 1991:556). Correlativo a ello se produciría, de forma paulatina, la desideologización de los partidos y el monopolio de las elecciones por parte de AD y COPEI. Respecto a la desideologización de los partidos, conviene señalar varios aspectos. La actividad partidista en Venezuela se inicia con un claro carácter ideológico y ello se manifiesta desde el trienio adeco. La necesidad de estabilidad política durante los primeros años de consolidación demo-

crática comportará el sacrificio de agendas ideológicas. No obstante, tras el cese de las amenazas al sistema, las prioridades políticas no cambiaron. Así, AD y COPEI basarían la competencia partidista en ofertas electorales atractivas para el votante medio. Por tanto, el modelo político, consensuado en 1958, acabó por convertirse en un convenio entre los distintos actores políticos sobre la “vocación redistributiva del Estado” (Capriles, 2006), denominada por Juan Carlos Rey (1991) “sistema populista de conciliación”. Pero dicha vocación no poseía una naturaleza análoga a la del Estado de Bienestar, donde la actividad redistributiva tiene como base los impuestos de origen interno, sino que la redistribución operaba sobre los ingresos petroleros. De esta manera, el Estado, a través de unas pocas organizaciones (partidos políticos y sectores poderosos), generó canales para la atención de las demandas sociales, las cuales se temían que lograsen sobrepasar su capacidad de atención, al permanecer reprimidas durante la dictadura (Rey, 1991:548). Así, el Estado en su rol distribuidor atendió las crecientes necesidades de la población, al tiempo que contribuyó con la modernización del país, pero también, fortaleció pequeños grupos de intereses y la relación clientelar con la ciudadanía.

Junto a este sistema convivía otra dinámica menos visible pero clave para la compresión de la victoria de Chávez en 1998. La dinámica a la que me refiero es categorizada por Gladys Villarroel (2003) como “programa jacobino”, en oposición al “programa democrático”. El “programa jacobino” se corresponde con las ideas de la izquierda al momento de restablecerse la democracia en Venezuela, mientras que el “programa democrático” se refiere a una valoración de la democracia como régimen participativo, plural, de justicia social, tendiente al consenso y la reducción del conflicto. Villarroel inscribe a la izquierda del programa jacobino dentro del marxismo utópico, caracterizándola como una izquierda que, tras quedar marginada con el Pacto de Punto Fijo, ejerce oposición al Gobierno por medio de su alianza con las fuerzas armadas y el uso de la violencia. Aunque al inicio convivían estos dos esquemas contrapuestos (el jacobino y el democrático), el programa democrático tuvo un alcance más vasto. Pero no así en los años 90, cuando por una serie de factores se vio amenazada la estabilidad política. Ello impulsó la difusión de los ideales jacobinos dentro de la academia y la milicia (Villarroel, 2003:82). Finalmente, el desenlace de varios acontecimientos reforzaría la confianza de lapoblación en

los liderazgos militares como solución ante la crisis del sistema. Por tanto, que Chávez conquistara el poder en 1998 no fue fortuito. Crisis del sistema de partidos y ascenso de Hugo Chávez al poder El quiebre del sistema de conciliación populista se manifestará en 1989, tras una serie de eventos conocidos bajo el nombre del Caracazo. La caída de los precios del petróleo a finales de los ochenta, junto a la falta de un modelo alternativo para enfrentar la situación, acabó por transformar una crisis económica en una social (González, 2013:34). Pronto se hizo insostenible la distribución de recursos económicos hacia las élites de los partidos políticos y, aun más, hacia los estratos sociales más pobres. Todo ello ocasionó que se intensificaran las protestas en la calle y los saqueos en zonas populares. La respuesta del Estado fue aumentar la represión, suspender las garantías constitucionales y decretar un toque de queda. Tras el Caracazo los partidos políticos dejaron de funcionar como un puente efectivo entre el Estado y la sociedad. Posterior a los hechos del Caracazo, el 4 de febrero de 1992, se produce un intento fallido de golpe de Estado encabezado por Chávez y su compañero de cuartel, Francisco Arias Cárdenas. A pesar de frustrarse el intento, Chávez se

responsabilizó (en televisión) ante la ciudadanía, ordenó deponer las armas y expresó su deseo de un mejor destino para el país. Mediante este acto quedaría grabada en un sector de la población la imagen de un soldado valiente y humilde, comprometido con el futuro de su país (Pereira, 2000:4). Otro evento significativo ocurre en diciembre de 1993. Después de treinta y cinco años de alternancia política, AD y COPEI pierden sus primeras elecciones y resulta electo un partido de coalición (Convergencia), instituido por el exfundador de COPEI y presidente para aquel entonces, Rafael Caldera. La presidencia de Caldera reunió una serie de expectativas en torno a la transformación del Estado y sus instituciones. Quizá, la propuesta más ambiciosa y esperada era una reforma constitucional, la cual se preveía como un medio idóneo para hacer efectivos contenidos programáticos de la Constitución de 1961 (Combellas, 2010:151). Sin embargo, la reforma no logró materializarse, entre varias causas, por la falta de voluntad del Congreso ante el temor de su disolución (Combellas, 2010:153). La necesidad reformista aplazada, la imposibilidad de ofrecer alternativas que condujeran al cambio aspirado y la paralización de los partidos prepararon el ambiente para las elecciones de 1998.

Ese mismo año resulta electo Chávez con el apoyo de sectores civiles y partidos de izquierda, además del apoyo de su propio partido: Movimiento Quinta República (MVR). El partido MVR comenzó con una serie de reuniones clandestinas en los cuarteles militares, cuyo rechazo se centraba en la corrupción en la institución militar, la eliminación de la guerrilla de los años 70, la inequidad en las relaciones político-militares, las desigualdades sociales y las diferencias que generó una mayor instrucción entre diferentes generaciones militares (Pereira, 2000:3). Pronto el movimiento se ampliaría e incorporaría oficiales de las fuerzas armadas, al mismo tiempo que adquiriría un cariz nacionalista al crear identificaciones entre los próceres de la independencia y el movimiento. Pero no será sino a partir de la participación de sus líderes en el fallido golpe de Estado, cuando el movimiento adquiera una dimensión política. Cuando el MVR gana las elecciones, la posición ideológica plasmada en los estatutos de la Asamblea Constitutiva del partido no permitía más que afirmar su condición nacionalista y su orientación popular (Pereira, 2000:6). Sin embargo, lo que quedaba claro para 1998 era la distancia de Chávez respecto a los partidos tradicionales. Chávez irrumpe en el escenario político con un

discurso que logra sintetizar y captar el malestar de la población, a la vez que promete un nuevo orden político de inclusión, el de las mayorías. De esta forma inicia uno de los Gobiernos más longevos de la historia democrática venezolana y, más tarde, junto a él, sus categorías: “chavismo” y “oposición”. El chavismo, la oposición y la derecha La Real Academia Española explica que el uso del sufijo “ismo” se corresponde con sustantivos relativos a “doctrinas, sistemas, escuelas o pensamientos” como, por ejemplo, “el socialismo, el platonismo e impresionismo”1. El proceso por el cual el nombre del líder de un movimiento acaba por convertirse en una forma de pensamiento resulta curioso no solo por el proceso en sí, que también, sino por la carga valorativa y el culto a la persona que subyace en el mismo. En el caso de las categorías “chavismo” y su contrapuesto “oposición”, dado que sus significados no han permanecido inmóviles en el tiempo, conviene rastrear sus distintos usos a través de los eventos y personas que los han ido llenando de contenido para finalmente evaluar qué significan este “ismo” y su contrapuesto. Cuando Chávez gana las elecciones, los partidarios del MVR se autoubicaban como 1 Real Academia Española: “ismo”, 2014; http://lema.rae.es/ drae/?val=ismo

centroizquierda dentro del continuo ideológico izquierda-derecha. Sin embargo, para el periodo comprendido entre 2002 y 2005 la ubicación de los simpatizantes del MVR cambia a centro-derecha (Pereira, 2006:354). Entonces, cabe preguntarse ¿qué sucede durante el periodo en el que los partidarios del MVR se autoubican como centro derecha? El 2002 es el año en que se produce el golpe de Estado y el 2005 es el año en que Chávez manifiesta la necesidad de inventar el socialismo del siglo XXI. No obstante, previo al 2002 se encuentran algunos eventos clave en la construcción de significados. Valia Pereira afirma que en los primeros años de gobierno, tanto Chávez como el MVR omitieron identificaciones con la izquierda, hasta que en el 2004, con el referendo revocatorio, esto cambia (Pereira, 2006:354). Esta omisión en ocasiones condujo a confusiones debido a la ambigüedad y contradicción de ciertos planteamientos presidenciales. Evidencia de ello es el momento en que Chávez presenta su modelo para la trasformación del país (Líneas Generales para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007), el cual caracteriza como un proyecto democratizador inscrito dentro de lo que Tony Blair denominó “Tercera vía”, es decir, ni socialismo ni capitalismo (López, 2008:26).

En el año 2002, tras la promulgación de 49 decretos-leyes se intensifican las tensiones entre el Gobierno y un grupo de organizaciones políticas, sociales y empresariales. Las posiciones se radicalizarán y darán origen a dos bloques de poder. Por una parte, el Gobierno, en un bloque denominado “Comando Maisanta”, y por el otro, el grupo de organizaciones políticas, sociales y empresariales agrupadas en el bloque de la oposición bajo el nombre de Coordinadora Democrática (CD). Aunque esta no era la primera fricción entre el Gobierno y un sector de la oposición, la CD logró organizar por primera vez a los diversos sectores que rechazaban la gestión presidencial. Pero también fue la que logró condensar varios objetivos en uno único: la renuncia del Presidente. El hecho de que la CD estuviese compuesta por un fuerte sector empresarial, asociado a los partidos políticos tradicionales, favoreció el uso de la categoría presidencial de “la derecha”. Este nombre no solo contribuiría al clima de polarización política en el país, sino que también serviría para descalificar a la oposición por asimilarla a las fuerzas actoras del Pacto de Punto Fijo. Con independencia de las transformaciones que se darán dentro de la oposición, “la derecha” será el nombre que la acompañará siempre.

Después del golpe de Estado y el regreso de Chávez a la presidencia, la actividad de la CD se centrará en lograr revocar el mandato presidencial. Chávez, ante la disminución de su popularidad y la inminencia del referendo revocatorio, desarrolla una serie de políticas, entre ellas las misiones populares. Las primeras misiones estuvieron enfocadas en generar inclusión social y fomentar la participación popular. El resultado de las misiones como estrategia fue recuperar el apoyo político perdido por parte del Gobierno (López, 2008:30). Poco tiempo después de la victoria de Chávez ante el referendo, la CD se disuelve. Pese a que es en el 2005 cuando Chávez utiliza por primera vez el término “socialismo del siglo XXI”, será durante la campaña electoral de 2006 cuando comiencen a aparecer sus primeros contenidos, los cuales quedarían asociados a los valores de “solidaridad, fraternidad, justicia, libertad e igualdad” (López, 2008:34). No obstante, el socialismo del siglo XXI adquirirá un significado un poco más concreto a través de la propuesta de reforma constitucional (2007). En ella quedarán plasmados, entre varios aspectos, el control de la economía por parte del Estado y su conducción de acuerdo a intereses comunes, la dirección de las fuerzas armadas por parte del Ejecutivo y su inscripción dentro del pensamiento

bolivariano, y la concentración de poderes en la figura del Presidente. La reforma acabó siendo rechazada por un estrecho margen de la población. Entre las múltiples causas que contribuyeron a la victoria de los que se opusieron a la reforma se encuentra que esta oposición no se estructuró en torno partidos políticos, sino a través del movimiento estudiantil y con un objetivo muy concreto. El rechazo de la reforma generó un debate crítico dentro de las filas militantes del Gobierno, pero esta discusión quedaría desplazada por la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Como consecuencia de la creación del PSUV, todos los aliados políticos que no decidieron disolverse en esta nueva fuerza recibirían el estigma presidencial (López, 2008:42). Chávez explicaría que el PSUV “está[ba] concebido para facilitar el paso de Venezuela a un modelo socialista con un sistema económico de propiedad colectiva”.2 El PSUV no iba a “tomar las banderas del marxismo-leninismo” porque eran dogmas pasados y ellos tendrían que crear su propia doctrina (Balza, 2009:108). El lema que guiará a esta fuerza unificada será: “Patria, socialismo o muerte”. Mientras esta nueva orientación se consolidaba en el bloque del Gobierno, la oposición se reestructura en una 2 Territorio digital: Para formar su partido único, Chávez prescindirá de sus aliados, 19 de marzo de 2007; http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=4403470150664565

nueva plataforma denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La MUD se conforma en el 2008 como una coalición de partidos con diversos signos ideológicos, con la finalidad de reivindicar el pluralismo político, la separación de poderes, el respeto a las libertades individuales, la descentralización del poder y la lucha contra la pobreza�. Sin embargo, la MUD se convertirá en una organización para contiendas electorales, la cual velará por la unión y organización de los partidos que adversarán la opción presidencial. Por su parte, Chávez, a partir de la creación del PSUV, reforzará el rol central de su figura, y ello será incluso utilizado como uno de los elementos para asegurar su reelección. En la campaña electoral de 2012, Chávez se autodefine como pueblo: “hagan lo que hagan y pase lo que pase, no podrán con Chávez porque él es pueblo”.3 Pero esta afirmación queda incompleta si no se conecta con una aseveración que se produce con anterioridad, donde Chávez identifica la voz del pueblo como la voz de Dios�. De esta manera, se crea una trinidad entre Chávez-el pueblo-y Dios. A toda esta lista de afirmaciones, giros y eventos, habría que agregarle la definición de Nicolás Maduro Moros sobre qué significa ser chavista, la

cual se elabora con posterioridad a la muerte de Chávez y sintetiza parte de los elementos relatados. Maduro explica a la militancia del PSUV: “Somos bolivarianos, como opción de vida porque somos antiimperialistas, anticolonialistas, somos verdaderos republicanos [insistió Maduro]. Somos zamoranos, somos robinsonianos, somos cristianos profundamente (…). El comandante Chávez nos dejó el cristianismo verdadero como parte de nuestra vida, de nuestros valores; sumando todo eso uno pudiera decir: yo soy independentista, yo soy un demócrata, yo soy un patriota, yo soy un revolucionario, yo soy antioligárquico, yo soy un anticapitalista, todo eso es cierto y todo eso es verdad, pero ninguna de esas partes tiene sentido y coherencia si nosotros no decimos quién le dio coherencia ideológica y política a todos esos conceptos. Cuando decimos ‘Yo soy chavista’ estamos dándole coherencia absoluta a todo un proyecto, a un sistema de ideas, a un sistema político, que es el sistema del futuro para Venezuela, de la prosperidad, de la paz, pero sobre todo del Socialismo como forma de vida”.4

3 Carrasquel, José M. ¡Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto!, Correo del Orinoco, 1 de julio de 2012; http:// www.correodelorinoco.gob.ve/política/%C2%A1chavez-nosoy-yo-chavez-es-un-pueblo-invicto/

4 Partido Socialista Unido de Venezuela Noticias: Maduro define que es ser chapista, 6 de junio de 2013; http:// www.psuv.org.ve/portada/maduro-define-que-es-serchavista/#.U_4Pa_m5S6w

Significados En el Gobierno de Chávez, la paulatina desideologización que se fue produciendo tras el

Pacto de Punto Fijo adquiere continuidad en un sentido y ruptura en otro. Las categorías “chavismo” y “derecha” son ambas creaciones de Chávez, al delinearse y llenarse de contenido a través de la guía presidencial. Esta escisión chavismo-derecha logró dotar de ideología a una de sus categorías y vaciar a la otra. A pesar de que los contenidos que configuran al chavismo son heterogéneos, ellos forman parte de un sistema de ideas que se ha venido construyendo desde el 2004. Mientras la oposición, deslegitimada en su categoría “derecha” y entendida a sí misma por sus integrantes como unión electoral, no ha llegado a articular sus propuestas dentro de un único sistema de ideas en sacrificio de la necesaria unidad, lo cual es una desventaja respecto del chavismo. Las categorías “chavismo” y “derecha”, sin su creador, se distancian de sus sentidos originales. Al quebrase esta simplificación del conflicto político, surgen otro tipo de identificaciones: personas que se identifican como chavistas, mas no con la opción presidencial actual, y una oposición cuyo elemento corporativista ha cedido su espacio a un bloque partidista y civil agrupando como opción política al 49,2%� de la población. Por tanto, es incorrecto afirmar que las categorías “chavismo” y “oposición” se asimilan a izquierda y derecha, y más en un país donde a

partir de 1983 las identificaciones ideológicas se han caracterizado por permanecer en el centro�. Pese a estas transformaciones sufridas, el Gobierno actual y la oposición insisten en mantener vigentes ambas categorías. El chavismo lo hace a través de lo que denomina “legado de Chávez”, el cual se dispone a continuar con el sistema donde la figura de Chávez articulaba y proporcionaba sentido a todos sus elementos, sin que se profundicen los significados de este legado, con el riesgo de caer en el mismo vacío que la oposición. Por su parte, la oposición mantiene vigente su categoría al sacrificar la unidad en sus principios ideológicos en aras a un elemento cohesionador, como antes era la salida de Chávez del poder y ahora es la de Maduro. Margarita López Maya tiene razón al visualizar en Venezuela reminiscencias del caudillismo como fuente de legitimidad para gobernar en el siglo XXI�. La legitimidad para gobernar debe hallar su fundamento en componentes distintos a una trinidad o a una entrega-captura heroica�. Debe reencontrarse en programas políticos delineados en el campo de lo ideológico, en políticos responsables ante su partido y la ciudadanía, y en la política misma como coexistencia del conflicto. Lo contrario no augura nada bueno, solo retroceso.

Bibliografía • Balza, R., (2009). Sobre las comunas y los colectivos: antecedentes del socialismo del siglo XXI. En: M. López, ed. 2009. Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI. Caracas: Alfa grupo editorial. pp. 107-131. • Capriles, C., (2006). Ciudadanos sin polis: democracia dual, antipolítica y sociedad civil en Venezuela. Politeia, 29(36), pp.15-28. • Combellas, R. (2010). La Venezuela de la V República. En: M. Tanaka y F. Jácome, eds. 2010. Desafíos de la gobernabilidad democrática. Lima: Biblioteca Nacional de Perú, pp. 149-172. • González, D., (2013). El estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya. Caracas: Los libros del Nacional. Conversaciones. • López, M., (2008). Venezuela: ascenso y gobierno de Hugo Chávez y sus fuerzas bolivarianas. Controversia, junio (190), pp. 12-52 • Pereira, V., (2000). El Movimiento V República en Venezuela: fuerzas y debilidades. Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público del Zulia. • Pereira, V., (2006). Nueva partidización y consolidación partidista en Venezuela. Revista de Ciencias Sociales, XXII (2), pp. 342-362 • Rey, J.C., 1991. La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), octubre-diciembre (74), pp. 533-578. • Villarroel, G., 2003. Paradojas de la democracia en Venezuela: dualidad y conflicto en las representaciones y en la política actual. Espacio abierto, 12(1), pp. 63-93. 57

Dreamers: hacia una reforma migratoria comprensiva

Evelyn González Garduño

Según estimaciones del Public Policy Institute of California (PPIC), en Estados Unidos residen entre 11 y 11.5 millones de migrantes indocumentados, lo que representa poco menos del 4% de la población total de ese país. De esa cifra, un aproximado entre 5.4 y 6.8 millones de migrantes podrían regularizar su estatus legal a través del proyecto “Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración (S744)”. El estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) que contempla la propuesta de reforma permitiría que, al estar empadronados, los migrantes pudieran entrar y salir del país, emplearse de forma legal e iniciar un proceso de 13 años desde la regularización provisional, hasta el otorgamiento de la ciudadanía en caso de cumplir con todos los requisitos establecidos.

Esta reforma es especialmente favorable para los llamados “dreamers” y para los trabajadores agrícolas que ya viven en Estados Unidos y que estudian o trabajan de manera ilegal. Los “dreamers” son aquellos jóvenes que entraron a territorio estadounidense antes de cumplir los 16 años, han vivido por lo menos 5 años en ese país y que aún no cumplen los 31 años de edad, estudian y no cuentan con antecedentes criminales. Casi 70% son de origen mexicano, 13% son centroamericanos y del Caribe, casi 8% son asiáticos, 7% son procedentes de América del Sur y 2% de Europa. En el caso de los trabajadores agrícolas, esta reforma beneficiaría a aquellos que hayan trabajado constantemente en EEUU por un periodo de dos años y a quienes se les otorgaría la “Blue Card” para que sigan ejerciendo esa labor de forma temporal,

con posibilidades de renovarse. En ambos casos, al cabo de unos años se podría solicitar la naturalización como ciudadano americano, con todos los beneficios sociales. Este proyecto, aunque favorable hacia jóvenes que migraron como niños, cambia sustancialmente las políticas migratorias americanas. El nuevo sistema incrementaría las visas para trabajadores especializados y con grandes credenciales, así como para jóvenes extranjeros recién egresados de escuelas americanas y con oferta de empleo en Estados Unidos, contándose estas nuevas visas de trabajo como un programa separado de aquél de los trabajadores del sector agrícola. En términos generales, se privilegiaría un enfoque económico y laboral, sobre el de reunificación familiar que impera hoy en día en Estados Unidos. Datos

de BBVA Research México señalan que “cerca de 1.5 millones de migrantes no autorizados pueden aspirar a ser “dreamers”, de los cuales cerca de 800 mil son mexicanos” y que cerca de 180 mil trabajadores agrícolas podrían obtener la “Blue Card”: alrededor de 160 mil nacidos en México. Opositores de la reforma migratoria señalan que esta propuesta no sólo regulariza el estatus legal de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven y trabajan en EEUU y que no tienen acceso a servicios y programas de gobierno, aunque cumplan con sus responsabilidades fiscales, sino que abriría la puerta para que esto se volviera la regla y se convirtiera en un círculo vicioso. Aunque Estados Unidos tiene su prioridad en la reunificación familiar como elemento fundamental para la asimilación de inmigrantes a su sociedad, en su política migratoria predomina el enfoque de seguridad nacional y lo afronta mediante un severo control migratorio para prevenir el ingreso de indocumentados. Otros tantos señalan que la regularización de migrantes afectaría el mercado laboral y los ciudadanos americanos estarían compitiendo por los empleos con estos nuevos migrantes legales. Para asegurar que las fronteras de EEUU sigan teniendo los controles que pide la ciudadanía americana, la propuesta

de reforma incluye una mayor seguridad de las fronteras, mediante infraestructura, equipamiento tecnológico y un aumento de personal en la Patrulla Fronteriza, así como sistemas más estrictos de verificación. El BBVA Research menciona que los inmigrantes, legales e indocumentados, “tienen poco efecto sobre los salarios y el empleo de los trabajadores nacidos en Estados Unidos” y que en contraste, “aumentan el rendimiento económico del país”. Casi tres cuartas partes de los migrantes en Estados Unidos se concentran en edades idóneas para trabajar y los trabajadores mexicanos en EEUU contribuyen con 4% del PIB del país (casi 8% si se considera a los mexicanos de segunda y tercera generación, según estimaciones de la misma institución). Si las cifras económicas no fueran suficientes, el enfoque humano hace de la reforma migratoria una necesidad urgente. Las deportaciones están contribuyendo a la separación familiar mucho más que antes; por primera vez en 2004, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte), que realiza cada trimestre el Colegio de la Frontera Norte, incorporó a sus cuestionarios algunas variables sobre condiciones específicas de vida de los migrantes procedentes del Sur con destino a Estados Unidos, así como de los migrantes devueltos por autoridades

americanas. Entre estas nuevas variables figuran preguntas como el dominio del idioma inglés, la expectativa y condiciones de contratación de un pollero, así como si el migrante fue devuelto o no acompañado de sus familiares. En términos generales, la proporción de migrantes que recoge la EMIF Norte es comparable al número de jefes de familia procedentes del Sur que emigran con destino a Estados Unidos. Para 2013, la cifra de migrantes era de 322,183 personas, de las cuales 196,194 eran jefes de familia. Este número ha ido en detrimento a partir de 2007, cuando se vio el pico más alto, fecha consistente con el claro aumento tanto del desempleo en Estados Unidos como de las deportaciones de inmigrantes indocumentados que las autoridades americanas han efectuado en la actual administración federal. Estas también son las fechas cuando se registra un mayor número de entrevistados que fueron devueltos a México por autoridades americanas. En 2007 se contabilizaron 536,255 personas que habían sido deportadas, de las cuales 203,477 habían sido devueltos acompañados de sus familiares. Es importante contrastar las cifras entre 2005 y 2008 con las del periodo entre 2011 y 2013: mientras que de 2005 a 2008, la mayoría de los deportados eran devueltos con sus familiares, para 2011,

Migrantes del Sur con destino a EEUU: jefes de familia 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

2011

2012

2013

Jefe de familia

Fuente: EMIF Norte. Migrantes Procedentes del Sur con destino a Estados Unidos: Jefes de familia. 2004 – 2013.

298 472

400 000

352 188

418 018

500 000

356 976

548 868

565 657

462 444

512 975

600 000

572 514

Fue devuelto a México en companía de sus familiares

2011

717

2010

2009

444

175

2008

2007

2006

103 254

2005

103

2004

146 188

254

756

773

477

185

203

172

100 000

45 294

200 000

164 140

300 000

2012

2013

Fuente: EMIF Norte. Migrantes Devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos: devuelto a México en compañía de familiares. 2004 – 2013.

2012 y 2013 esto se revierte, y eventualmente más del doble de personas retornadas a México por autoridades migratorias eran devueltos sin familia. Aunque las cifras de deportados se igualan en 2013 a las detectadas en 2004 después del incremento que se vio alrededor de 2007 y 2008, la proporción en términos de separación familiar se revierte: en 2004, de los más de 164 mil migrantes devueltos, 45 mil lo eran con familia, contra 21 mil que eran devueltos solos; el resto viajaban solos. Para 2013, de los 298,472 migrantes devueltos, 35 mil fueron deportados con familia, contra más de 80 mil que fueron devueltos solos. Es difícil saber si va a aprobarse esta reforma migratoria en particular. En junio de 2013 fue aprobado el proyecto en el Senado americano (con mayoría demócrata) con 68 de 100 votos, pero fue detenida en la Cámara de Representantes (con mayoría republicana), y no parece haber voluntad política para darle seguimiento. ¿Se va a aprobar eventualmente? Sin duda. Los opositores a la reforma se verán obligados a reconsiderar su postura, sobre todo ante una creciente comunidad de inmigrantes cada vez más participativos y que pronto representarán un porcentaje importante del voto en Estados Unidos. Hoy en día, la participación política y ciudadana de latinos y asiáticos va

en aumento y los latinos conforman 10% del voto presidencial en Estados Unidos. Además de las comunidades mexicanas, los migrantes más beneficiados por una reforma migratoria comprensiva serían aquellos provenientes de “India, El Salvador, China, Filipinas y Guatemala (BBVA Bancomer, 2013)”. En términos generales, en la elección de 2012 se vio un apoyo importante de la comunidad hispana (la que tiene el estatus legal) para el partido demócrata, pero muy poca motivación para salir a votar. El voto de los latinos en esa elección presidencial se dividió 71% para Barack Obama sobre 27% para Mitt Romney, de acuerdo con encuestas de salida analizadas por el Pew Hispanic Center. Esa misma elección tuvo la votación más alta de latinos desde 1996. La juventud latina, similar a la juventud de todo el país, apoyó a Obama pero lo hizo con un margen mayor que la juventud a nivel nacional. El mismo caso se vio en universitarios hispanos. De acuerdo con la misma encuesta de salida, 77% de los votantes hispanos dijo que los migrantes no autorizados que se encuentran trabajando en Estados Unidos “deberían tener la oportunidad de solicitar el estatus de migrante legal”, contra 18% que dijo que “deben ser deportados”. El tema migratorio estará

presente en la agenda de Estados Unidos de manera activa por mucho tiempo más. El Public Policy Institute of California afirma que “para ser exitosas, las reformas de las políticas deben abordar las causas fundamentales de la inmigración legal: los empleos”. El envío de remesas sostenido y el crecimiento de la economía en los países de origen de los migrantes pueden reducir los patrones de migración hacia los Estados Unidos, pero el tema de la reunificación familiar seguirá estando presente en el debate. Sin duda, el proyecto de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración (S744) es un gran avance en el planteamiento de soluciones integrales, y las comunidades hispanas en EEUU han hecho una gran labor para presionar y que este tema sea contemplado cada vez más en la agenda del país. No puede pasar demasiado tiempo para que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria: deben tomarse medidas urgentes que incluyan sobre todo a aquellos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que hoy lo reconocen como su único hogar: jóvenes en la mejor edad productiva que están en peligro latente de ser deportados con o sin familiares a sus países de origen, mismos que les son ajenos y donde

no existen programas institucionales claros de reintegración social, laboral y cultural. La comunidad hispana aún tiene mucho trabajo por hacer en Estados Unidos, pero México tiene una deuda muchísimo más grande con todos aquellos mexicanos que han regresado por motivos de deportación, y que no encuentran las condiciones ni las facilidades para readaptarse en el país donde nacieron, por cuestiones de falta de empleo, la falta de reconocimiento de estudios en el extranjero y documentos consulares, los muros burocráticos o los viejos pero vigentes estigmas sociales.

Referencias: • BBVA Bancomer, 2013. “La reforma migratoria en EE. UU ¿cuántos y quiénes se beneficiarían?” en Situación Migración. México, Año 5, No. 9, Julio 2013. Fundación BBVA Bancomer, A.C. y BBVA Bancomer, S.A., a través de BBVA Research México. Pp. 12-25. • Capps, R. Rosenblum y D. Bachmeier, 2014, Executive action for unauthorized immigrants: estimates of the populations that could receive relief. Migration Policy Institute. • El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, www.colef.mx/emif • Hans Johnson y Laura Hill, 2011, En cuestión: la inmigración ilegal, Public Policy Institute of California (PPIC), San Francisco CA. • López, M. y Taylor, P, 2012. Latino Voters in the 2012 Election. Pew Hispanic Center. Washington, D.C. • Univisión Noticias, Los opositores de la reforma migratoria explican sus puntos de vista a Jorge Ramos -- Al Punto (Video Publicado el 19 ene. 2014, 10:25 min). 62

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

La cultura política como factor determinante para el avance democrático de México Carlos Castillo López

I. Introducción La construcción de una cultura política acorde con los valores democráticos representa un reto que todo gobierno y toda sociedad debe asumir como parte de un proyecto en el corto, mediano y largo plazos, para poder así lograr que el sistema político cuente con una población que respalde, participe y se involucre en las decisiones colectivas, mejorando de este modo la calidad de la democracia mediante una suma afortunada de factores que cimientan y permiten fortalecer el sistema político. El objetivo del presente documento es realizar una medición del grado de cultura política en México de acuerdo con distintos instrumentos demoscópicos de medición de la opinión pública (encuestas), para con base en la evidencia empírica demostrar cómo el nivel de nuestro país en ese sentido dista mucho de ser el adecuado para que la democracia funcione de manera eficaz,

tomando como referencia la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, el Latinobarómetro 2013, entre otros, así como las teorías que sobre el tema han desarrollado Gabriel Almond y Sidney Verba en su obra La cultura cívica. En una primera fase, la investigación define y justifica el uso de elementos culturales como factores que afectan y modifican el funcionamiento de la democracia, para después demostrar que esos factores cuentan con un reflejo claro en la realidad del México de nuestro tiempo. La hipótesis que busca probarse es la insuficiente capacidad de nuestra actual cultura política para que la democracia pueda establecerse de manera plena, y cómo esta incapacidad se manifiesta de manera cotidiana en distintos casos. En síntesis, se demostrará la falta de una cultura política que acompañe la etapa de transición y consolidación de la democracia en México, así

como sus consecuencias para el sistema político en general. II. Justificación La construcción de una cultura es un desarrollo de largo plazo en el tiempo que requiere de una clara disposición para provocar un cambio auténtico en el modo en que la sociedad se enfrenta a cuestiones determinadas. Identificar de manera adecuada el estadio actual de la cultura democrática en México, así como las causas y razones que lo provocan, coadyuvará en la búsqueda de instrumentos, políticas públicas y esfuerzos de diversos actores involucrados (partidos, instituciones, medios de información, entre otros) para fortalecer nuestra democracia. III. Planteamiento y delimitación del problema La cultura política de México no goza aún de elementos e incentivos que le permitan a la sociedad un pleno ejercicio de la ciudadanía, lo que implica severos

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

frenos a la consolidación de nuestra democracia, basados en buena medida en un distanciamiento general de las cosas públicas, en la apatía, la indiferencia y otros vicios que reducen la participación política a grados mínimos de interés. Esta situación abre la puerta a la demagogia, al populismo y otras perversiones de la democracia, y representan un riesgo para el futuro político, económico y social de México. El presente documento pretende, en resumen, responder a las interrogantes ¿cómo es nuestra cultura política?, ¿por qué la actualidad de nuestra cultura política pone en riesgo el avance de la democracia? y ¿cómo revertir esa tendencia?

IV. Formulación de hipótesis De acuerdo con la estadística que mide la participación política de la sociedad, el interés que demuestra en temas relacionados con lo público, así como el grado de conocimiento de los asuntos del Estado y las instituciones democráticas, la cultura política en México padece de un importante estancamiento que impide a la democracia establecerse de manera plena como sistema de gobierno, conflicto del que en buena medida es responsable la clase política y la propia cultura que se construyó tras varias décadas de autoritarismo, de falta de democracia y de distancia entre el gobierno y la sociedad.

La transición política mexicana ha resultado, de acuerdo con los instrumentos de opinión pública utilizados para este estudio, insuficiente en su labor de coadyuvar a la construcción de una cultura política que asuma como propios los valores y características distintivos del sistema democrático, de acuerdo con las descripciones que de éste hacen los referentes teóricos de Almond y Verba, así como Peschard. V. Marco teórico y conceptual de referencia La cultura política: construcción de un concepto Las definiciones que existen acerca del término “cultura” coinciden en señalar que ésta es un conjunto de costumbres, modos de vida, actitudes y comportamientos “de una sociedad en un momento determinado” (Borja, 1998), constituida por elementos tan diversos como la tradición, el lenguaje, la religión, los símbolos, el concepto de autoridad, las creencias y las jerarquías sociales. Se puede concluir, con base en lo anterior, que la cultura es un elemento constitutivo de cualquier sociedad que se construye en el tiempo, que reúne una serie de convenciones que son comunes y aprobadas incluso más allá de la ley, y de las cuales la propia ley debe ser reflejo para gozar de legitimidad (Heller, 1987). Acotar el término “cultura” a

su parte política, y entendiendo ésta como “la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los diferentes grupos de hombres que lo componen” (Weber, 1975), nos lleva al aislamiento del concepto “cultura política”, estudiado a profundidad por Gabriel Almond y Sidney Verba en su obra La cultura cívica. Aparecido por primera vez en 1963, la investigaciones que exponen ambos autores están enfocadas a cinco países (Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alemania y México);1 las pruebas empíricas que presentan, si bien han sido criticadas por autores posteriores,2 guardan en la expresión y delimitación conceptuales la vigencia de algunas definiciones que resultan útiles para el presente estudio. 1 El primer estudio que se realiza intentando no sólo definir las características de la cultura democrática sino, además, estudiando a una población determinada y calificando su propensión a vivir bajo este sistema de gobierno data del siglo XIX; su autor, Alexis de Tocqueville (2005), con su obra La democracia en América. 2 Las críticas las resume Peschard (1994) en cuatro rubros: “a) la cultura política puede ser reflejo del sistema político más que un determinante del mismo, puesto que si bien los elementos culturales son más persistentes que los estructurales, para que se mantengan vigentes requieren de nutrientes que provengan de las estructuras políticas en funcionamiento; b) la cultura cívica fomenta la estabilidad política en general y no sólo la de la democracia en particular. Y es que una población con una cultura moderada y equilibrada es una palanca estabilizadora porque sirve para legitimar el sistema al tiempo que asegura su gobernabilidad; c) el esquema dedica muy poca atención a las subculturas políticas, o sea, a aquellas culturas que se desvían o chocan con la cultura política nacional y que no pueden ser desdeñadas porque en ocasiones han llegado a poner en duda la viabilidad de la noción misma de cultura nacional; d) el esquema no otorga importancia a la cultura política de la élite gobernante. Aunque es cierto que en las democracias bien implantadas las actitudes y concepciones de la población hacia la política no dependen tanto de la cultura política de las élites como sucede en países donde dominan culturas parroquiales o súbdito, el solo peso social que ésta tiene obliga a no ignorar el tema” (ver Cuadro 2 de este documento).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

La primera de esas definiciones es la que respecta al concepto mismo de “cultura política” o cívica, la cual definen como el “conjunto de orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos

hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del sistema” (Almond y Verba, 1970). A partir de esta definición, los autores configuran un lista-

do de elementos constitutivos que se resumen en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Elementos constitutivos de la cultura política Categoría

Elementos

Conocimientos

- Práctica política - Fuerzas políticas existentes

Orientaciones

- Indiferencia - Dogmatismo - Confianza - Participación en la vida pública - Aceptación de las decisiones de la mayoría - Exclusión o aceptación de la violencia

Normas

- Banderas - Consignas

Símbolos Fuente: elaboración propia con base en Almond y Verba (1970).

Con base en la mayor o menor presencia de estas categorías entre cada población estudiada, ambos autores concluyen la existencia de cuatro tipos de cultura política: 1) Cultura parroquial; 2) Cultura de súbdito; 3) Cultura participante; 4) Cultura cívica. Las principales características de cada tipo de cultura se destacan en el Cuadro 2. Cuadro 2 Tipo de cultura

Características

Cultura parroquial

- Sus integrantes apenas reconocen la presencia de una autoridad política especializada - Predominan sentimientos de rechazo de cualquier organización social o política que vaya más allá del ámbito familiar

Cultura de súbdito

- Los ciudadanos se interesan sólo en los resultados que generan las instituciones - Papel pasivo en el proceso de decidir -Conciencia de autoridad política pero sin motivación para ser parte activa

Cultura participante

- Ciudadanos activos en la comunidad política - Interés tanto en los partidos como en los resultados del trabajo político

Cultura cívica

- Confianza y respeto de los ciudadanos hacia las autoridades y el sistema - Actitud positiva de participación política

Fuente: elaboración propia con base en Almond y Verba (1970).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

A partir de estas categorías, Almond y Verba concluyen que no existe un tipo “puro” o exclusivo de cultura política en una sociedad determinada, sino que, por el contrario, conviven varios tipos de los descritos, destacando que en las democracias modernas se “mezclan ciudadanos que apoyan el sistema y a su vez muestran desinterés o escepticismo”. A su vez, se destacan tres elementos que será referencia para el presente documento (Almond y Verba 2007): 1) Las actitudes personales y colectivas del comportamiento político inciden en la calidad de la democracia; 2) Las actitudes hacia la democracia dependen de las experiencias ciudadanas; 3) Los ciudadanos pueden adquirir valores democráticos a través de sus experiencias positivas de participación. La cultura política, para concluir este Marco teórico, se fortalece a través de elementos que permiten una mayor participación y que están ligados al desarrollo económico, social y cultural de una sociedad. Estos son:

• Satisfacción con la vida = Aspecto económico • Confianza interpersonal = Aspecto cultural • Altos niveles de discusión política = Aspecto informativo • Apoyo al orden social existente = Aspecto de legitimidad

Elementos constitutivos de la cultura política democrática Por su parte, Jacqueline Peschard (Peschard, 1994) expone nueve principios básicos que deben distinguir a una cultura política democrática: 1) Ciudadanía: grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que van más allá del espacio privado y que asumen al individuo sin distinguir rasgos étnicos, raciales, sociales, ideológicos o económicos, para dar forma así al ciudadano que por su participación en la esfera pública alcanza una dimensión política en sentido pleno. 2) Participación: el ciudadano que se organiza y participa voluntariamente en defensa de sus derechos para influir en los rumbos y direcciones de la vida pública. 3) Sociedad abierta, activa y deliberativa: caracterizada por organizaciones y asociaciones que incorporan ciudadanos para promover ideales y demandas sociales. 4) Secularización: implica una visión no determinada por presupuestos dogmáticos y sujetos al libre albedrío y tolerantes al flujo de los cambios. 5) Eficacia: la convicción de que es posible enfrentar al poder y que existen canales y condiciones para hacerlo. 6) Legalidad: el orden jurídico universal que regula la conducta de los hombres, que define sanciones y ofrece garantías

frente a actos arbitrarios de los gobernantes y conciudadanos. 7) Pluralidad: patrón de valores que tiene como punto de partida la existencia de la diversidad del mundo político, y que implica el reconocimiento genuino del otro y de su derecho a ser diferente. 8) Cooperación: confianza en los otros para reunirse y lograr mayor eficacia en la acción colectiva mediante la suma de esfuerzos. 9) Autoridad política responsable: aprobación de las instituciones de representación de la sociedad de los actos y decisiones de la autoridad política, que no responden solamente a un eje vertical de dominación sino que se encuentra cruzado por relaciones horizontales que aseguran un alto grado de participación. Sin considerar, empero, el lugar en el que Almond y Verba clasifican a México en su estudio,3 pero utilizando tanto su clasificación descriptiva de los tipos de cultura política como las características que desglosa Peschard para describir los elementos constitutivos de una cultura democrática, es que se procede a evaluar empíricamente la situación actual de México frente su sistema político. 3 Esta clasificación no se considera por su distancia en el tiempo, así como por la evolución institucional que ha vivido el país sobre todo a partir de los años noventa del siglo XX, cuando la creación de instituciones electorales autónomas comenzó a cambiar el modelo cultural de participación política. El Partido Acción Nacional llamó a ese cambio “victoria cultural”, en buena medida porque sus exigencias históricas de ese tipo de instituciones (Castillo, 2013) se convirtió a partir de 1991 en parte de la agenda legislativa de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso (Alcántara y Lozano, 2009).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

VI. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis Como herramienta de medición de la cultura democrática, las Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP) arroja una serie de conclusiones que llevan a clasificar a México como un país donde ese “conjunto de orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del sistema” (Almond y Verba, 1970) dista mucho de ser el adecuado para que la democracia se afiance, se fortalezca y se desarrolle de manera óptima. Siguiendo con los elementos que fortalecen la cultura política enumerados por Almond y Verba, y con datos de la ENCUP 2012, destaca que “8 de cada 10 ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado”, además de que 76% de los ciudadanos eligieron la televisión como el medio de comunicación para enterarse de lo que pasa en política, contra 15% que utiliza los medios impresos, donde pueden encontrarse, por su diversidad temática, opiniones y tratamientos noticiosos más variados; la suma del interés, por su parte, de la ciudadanía en la política alcanza, entre las respuestas “muy poco” y “nada”, 84%. Los cuatro datos guardan relación y demuestran que la

contrario, arrojan la percepción de que es de difícil comprensión y entendimiento.

televisión no presenta a la política como una actividad sencilla ni atractiva y sí, por el

Gráfica 1 ¿Qué tan complicada es para usted la política?

60 50

49 36

40 30 20

1 Muy complicada

Poco complicada

Nada complicada

Otra

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

Gráfica 2 En general ¿qué tan interesado está usted en la política?

60 50 40 30 20

19 16

Mucho

Poco

Nada

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Gráfica 3 ¿Qué tan seguido acostumbra leer noticias de política en los medios impresos? 60

50 40 28

30 20

21 19 15

10 7

2003

2005

Diario

A veces

2012 Nunca

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

Gráfica 4 Es una escala de calificación de 0 a 10 donde 0 es nada y 10 es mucho, por favor digame ¿qué tanto confia en...? Institución

Calificación*

Institución

Calificación*

Familia

7.8

Gobernadores

5.0

Médicos

6.6

Jueces

5.0

Iglesia

6.4

SCJN

5.0

Maestros

6.3

Jefes delegacionales/ Presidentes

4.9

Ejército

6.1

Mmunicipales

4.9

Televisión

6.1

Redes sociales

4.8

Militares

6.0

Empresarios

4.7

Radio

5.8

Sindicatos

4.5

Vecinos

5.8

Diputados

4.4

CNDH

5.7

Senadores

4.4

Organizaciones indígenas

5.6

Partidos políticos

4.4

Policía

4.3

IFE

5.5

Prensa

5.5

Presidente

5.3

Organizaciones ciudadanas

5.2

Gobierno

5.1

* Calificación promedio en base a una escala que va de 0 a 10.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

A la carencia en el aspecto informativo como factor de fortalecimiento de la cultura democrática se suman las deficiencias en el aspecto de la legitimidad, de acuerdo con la evaluación que presenta el sondeo respecto de la confianza institucional, donde los peor evaluados son los Sindicatos, seguidos de los Diputados, los Senadores y los Partidos políticos, apenas por encima de la Policía, tal como se muestra en la Gráfica 4. Se añade además a estos datos la percepción de los niveles de corrupción en los tres niveles de gobierno, que se clasifican de acuerdo con la ENCUP cercanos a la máxima; de igual modo, la cifra de quienes consideran que los gobernantes mexicanos no cumplen la ley suma, entre “Nada” y “Poco”, 90%. Con base en ambas cifras se reduce el elemento de legitimidad de las autoridades, de los gobernantes y de los representantes populares, lo cual repercute de manera directa en la calidad de la cultura democrática nacional, al tiempo que arroja una señal clara del desprestigio que la clase política goza entre la sociedad, haciendo aún más profunda la división que existe entre gobernantes y gobernados.

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Gráfica 5 En una escala de 0 al 5, donde 0 significa que no existe corrupción y 5 que existe total corrupción, digame qué tanta corrupción cree que hay...

El país

4.54

Su estado

4.34

Su delegación o municipio

4.19

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

Gráfica 6 ¿Qué tanto cree usted que los gobernantes mexicanos cumplen la ley?

17%

Nada

Poco 73%

Mucho

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Gráfica 7 Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: 51

50 34

30 25

15 10

10 6

Un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y cuando haga cosas buenas.

Los ciudadanos permiten que haya corrupción.

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

Muy de acuerdo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

Gráfica 8 En general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de personas? 1% No sabe No 30% Sí

69%

Esta falta de legitimidad incide asimismo en el elemento de respeto a las normas, puesto que la sociedad asume la ilegalidad de la autoridad con un grado medio de normalidad, tal como se muestra en la Gráfica 7. Otro dato en el que se suman los aspectos cultural, informativo y legitimidad es que 69% de los entrevistados no confían en las personas, lo cual incide directamente en la organización ciudadana como factor de influencia. A este dato se suma el de la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa 2013, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), en la que 94% no participan en asociaciones de ninguna índole (medioambiente, vecinos, asistencia, escolares, vecinales, etcétera). A este factor se suma otro déficit que incide en la calidad de la democracia, y que tiene que ver con el elemento de la confianza interpersonal, esto es, con el aspecto cultural que se utiliza para este trabajo, que en México llega al 69% de desconfianza, lo cual incide de manera directa en lo expuesto también por Peschard (1994) como característica de la cultura democrática, en lo que refiere a la cooperación y a la participación.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Además de los datos que arroja ENCUP, Latinobarómetro 2013 destaca que, en México, 38% de los encuestados considera que la democracia puede existir sin el Congreso y 45% que puede existir sin partidos (carencia en el aspecto informativo), 21% está satisfecho con el sistema democrático y 28% está interesado en participar en decisiones políticas (carencia en el aspecto de legitimidad y culturales, respectivamente). Las gráficas 9 y 10 ilustran algunos aspectos de estos datos y su relación con el resto de Latinoamérica, destacando que México se encuentra incluso por encima de la media de la región, por ecnime de países como Venezuela, Honduras o Bolivia. Esta falta de conocimiento sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema político es también un reflejo claro no sólo del desinterés ciudadano por los temas del gobierno, sino que a su vez es un síntoma notorio del enorme esfuerzo que hace falta realizar en temas de formación política que den respuestas positivas a las cifras que arrojan las diversas encuestas.4

Gráfica 9 Puede haber democracia sin partidos políticos Total América Latina 1997-2013 – Totales por país 2013 P. Hay gente que dice que sin partidos políticos no puede haber democracia, mientras que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar sin partidos. ¿Cuál frase está más cerca de su manera de pensar? * Aquí sólo “La democracia puede funcionar sin partidos políticos”.

100

México Colombia Paraguay Panamá Perú El Salvador Brasil Costa Rica Nicaragua Ecuador Guatemala Bolivia Honduras Chile Uruguay Rep. Dominicana Argentina Venezuela Latinoamérica

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1997 2000 2001 2002 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013

80 100

Fuente: Latinobarómetro 2013

Gráfica 10 Puede haber democracia sin Congreso Nacional Total América Latina 1997-2013 – Totales por país 2013 P. Hay gente que dice que sin Congreso Nacional no puede haber democracia, mientras que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar Congreso Nacional. ¿Cuál frase está más cerca de su manera de pensar? * Aquí sólo “La democracia puede funcionar sin Congreso Nacional”.

México Panamá Perú Paraguay Costa Rica Brasil Ecuador Colombia El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Bolivia Chile Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Argentina Latinoamérica

35 30 25 20 15

4 Los esfuerzos del otrora Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) no han sido menores en ese sentido. Baste asomarse a esfuerzos editoriales como la colección “Cuadernos para la Difusión de la Cultura Democrática”, así como a los distintos foros y encuentros ciudadanos en los que se ha analizado la cuestión. Al respecto, se recomienda la Memoria del “Foro de Educación Cívica y Cultura Política”, donde varios especialistas se dieron cita para analizar y proponer alternativas que fueran restañando la gran distancia que existe entre nuestra democracia y la cultura política de la sociedad mexicana.

46 43 38 38 36 36 34 34 34 32 32 31 30 28 25 23 18 17 14

10 5 0

1997 2000 2001 2002 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013

38 37 35 34 34 34 32 32 30 29 28 27 25 20 20 17 14 11 27 0

80 100

Fuente: Latinobarómetro 2013

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Como último dato, y que es consecuente con lo que hasta el momento se ha expuesto en el presente trabajo, se tiene que el promedio de la satisfacción con la democracia nacional refleja de manera clara la necesidad de reforzamiento de los aspectos que tanto Peschard como Almond y Verba señalan como necesarios para que pueda persistir una cultura política democrática que lleve a la ciudadanía a vivir de manera cotidiana los valores que se requieren para su correcto funcionamiento. Gráfica 11 ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México? 45

40 35

18 17

30 25 20 15 10 5 0

10 3

6 4 2005

2012

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP).

De este modo, y con un cruce de la información reunida de las encuestas de opinión pública y la teoría esbozada por los autores citados en este trabajo, puede concluirse que la cultura política de México se encuentra por debajo de lo necesario para que el sistema democrático se consolide y sus valores se reflejen en las prácticas cotidianas de la sociedad. Revertir esta tendencia será sin duda determinante para consolidar el tránsito efectivo, más allá el mero hecho de votar, a una democracia plena. VII. Conclusiones y nueva agenda de investigación De acuerdo con la información sobre la cultura política democrática en México reunida tanto por la ENCUP, Latinobarómetro y el Imdosoc, y con base en el cruce realizado con las teorías sobre 72

cultura política enunciadas por Almond y Verba, la calidad de la democracia nacional se encuentra seriamente mermada por: a) la falta de participación e interés de la ciudadanía en los asuntos públicos; b la desconfianza ciudadana tanto en las instituciones como en la propia política; c) la poca y deficiente información que existe respecto del sistema político; d) la poca disposición de involucrarse en organizaciones que busquen incidir de manera directa en la agenda pública de cualquiera de los niveles de participación (municipal, local, federal). La información que arrojan los instrumentos consultados describen a la cultura política en México como apática, desconfiada e indiferente; con poco respeto por las instituciones y la legalidad; con bajo ejercicio de ciudadanía y con altos índices de exigencia, pero sin involucrarse plenamente en la toma de decisiones; la información que se recibe es parcial, sesgada y hay poco conocimiento del sistema político, lo que constituye, en suma, un alto obstáculo para el correcto funcionamiento de la democracia. Estas características del sistema político mexicano se contraponen, asimismo, con aquellos elementos que Almond y Verba establecen como fortale-

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

zas de la cultura democrática y ponen, por la propia naturaleza de este modo de gobierno, en riesgo la estabilidad y el avance de la consolidación democrática nacional, haciendo que si bien México no esté inserto de manera plena en ninguna categoría de las que delimitan los autores, sí oscile entre aquellas más débiles –la parroquial y la de súbdito, aumentando así los retos a enfrentar para generar un cambio en la cultura que implique avances sustanciales en la calidad de nuestra democracia. Asimismo, se puede notar cómo existen factores que denotan con claridad que los elementos promovidos por el corporativismo (la no participación, el dejar en manos de alguien más las propias decisiones, la unicidad de los canales de información), por el sistema de partido hegemónico (la apatía, la indiferencia) y por la complejidad que el ciudadano tiene para acceder al poder más allá de las estructuras partidistas (distanciamiento, burocracia) han construido una cultura política que aleja al ciudadano de las cosas públicas, complicando el tránsito de actitudes que se requiere para conformar una democracia plena. El estudio de la evolución de la cultura democrática en México tuvo, por otra parte, una puesta al día en el año 2011, con motivo del cincuenta aniversario de la publicación La cultura cívica, fecha en la cual

la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una edición de aniversario en la que se levantó una encuesta similar a la realizada por Almond y Verba, midiendo los avances que en ese tiempo se habían logrado en el tema (Dávalos, 2009). Este esfuerzo denota no sólo la importancia del tema en la actualidad para la academia sino que, además, es prueba de la trascendencia de los conceptos delineados y de la importancia del estudio de las prácticas políticas colectivas como materia de estudio para evaluar el desarrollo de la cultura política nacional. La nueva agenda de investigación, por su parte, podrá enfocarse al análisis de los medios que las distintas instituciones han implementado para el fortalecimiento de la cultura democrática nacional, al choque de estos esfuerzos con la realidad política (grado de desconfianza en las instituciones), y a los éxitos que poco a poco han podido alcanzarse. Es importante destacar que todo cambio cultural es gradual, depende de esfuerzos concentrados, bien estructurados y extendidos en el tiempo, y que deben establecerse como objetivos de mediano y largo plazos para poder revertir tendencias que, como se ha demostrado en este documento, se encuentran fuertemente arraigadas entre la sociedad mexicana.

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Bibliografía • Alcántara Soria, Juan Miguel y Lozano Gracia, Antonio (2009). Voto en libertad. Miguel Ángel Porrúa, México. • Almond, Gabriel y Verba, Sidney (1970). La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco países. Euramérica, Madrid. • Borja, Rodrigo (1998). Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica, México. • Castillo Peraza, Carlos (2013). El acento en la palabra. Conferencias sobre la transición democrática mexicana. Fundación Rafael Preciado Hernández, México. • Dávalos Flores, Julia, coord. (2011). A cincuenta años de la cultura cívica. Pensamientos y reflexiones en honor al Profesor Sidney Verba. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México. • Heller, Hermann (1987). Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica, México. • Peschard, Jacqueline (1994). La cultura política democrática. Instituto Federal Electoral. Cuadernos para la Divulgación de la Cultura Democrática, 2, México. • Tocqueville, Alexis de (2005). La democracia em América. Fondo de Cultura Económica, México. • VVAA (2000). Memoria del Foro de Educación Cívica y Cultura política democrática. Instituto Federal Electoral, México. • Weber, Max (1975). El político y el científico. Editorial Alianza, Madrid.

Bases de datos consultadas • Encuesta Nacional dsobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP): www.encup.gob.mx • Latinobarómetro 2013: www.latinobarometro.org • Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa 2013: Creer en México: www.cem.org.mx

Elecciones 2015: escenarios, resultados y prospectivas Fundación Rafael Preciado Hernández

Introducción En proceso electoral federal y local 2015 se eligieron diputados federales en 15 estados; cabildos y congresos locales en 8 estados; y diputados federales, cabildos y congresos locales en nueve estados. Estos últimos fueron: Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Querétaro, y Campeche. Así, la llamada elección intermedia se desarrolló en escenarios que divergen en cada estado del país, y presentó resultados que deben analizarse y valorarse no sólo de acuerdo con la complejidad de cada entidad sino, además, en el marco de los contextos a futuro que se desprenden del análisis del proceso en su conjunto. El presente estudio busca ahondar en esas categorías para trazar un mapa lo más detallado posible de los sucesos acontecidos y ayudar a entender los

numerosos factores que inciden en los resultados electorales. De este modo, este trabajo se divide en: I. Escenarios preelectorales; II. Resultados; III. Prospectivas. I. Escenarios preelectorales Varios fenómenos, algunos nuevos, otros de larga historia, se concentraron en los meses previos a la elección de 2015: sin poder medir con exactitud el grado de incidencia que tienen en los resultados electorales, su aparición o permanencia representan señales de alerta respecto no sólo del modo tradicional de ejercer la labor política y de campaña de los principales partidos sino, además, son hechos que inciden casi siempre de manera negativa en el correcto desarrollo democrático del país. Antipolítica Hay dos sucesos relacionados con la corrupción en el Gobierno

federal que marcaron los meses previos a la elección: la matanza de normalistas en Ayotzinapa y las propiedades millonarias de la esposa del Presidente de la República y de algunos miembros de su gabinete; a esto puede añadirse, aunque su resonancia fue menor –no por ello menos grave– la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro por malos manejos en los concursos de adjudicación de obra. El descontento social que trajo consigo estos acontecimientos no solamente afectó al Ejecutivo sino, además, no pudo ser aprovechado de manera asertiva por la oposición durante el tiempo de campaña, lo que generó un ambiente de indignación generalizada hacia toda la clase política en conjunto, sin distinción, provocando con ello, además, un descrédito que tendría serias consecuencias en el resultado de las votaciones.

* El presente análisis se basa en el documento “Algunas reflexiones relativas a la pasada elección”, publicado por el Partido Acción Nacional. Versión en línea: https://www.pan.org.mx/algunasreflexiones-relativas-ala-pasada-eleccion/

Los datos respecto de la confianza ciudadana en los partidos son claros al respecto: están en el porcentaje más bajo de las instituciones evaluadas, incluso por detrás de sindicatos y la policía judicial. La corrupción, el cinismo por parte del gobierno ante su denuncia, y la impunidad de los presuntos culpables son hechos que inciden de manera directa en el desarrollo de lo que los especialistas han llamado antipolítica, que es cuando la ciudadanía da la espalda a la política tradicional por considerarla distante, ajena a sus problemas o a los del país, y que se había traducido en abstencionismo:1 hasta antes del proceso de este año, la baja participación en los comicios intermedios era un distintivo que, en esta ocasión, tuvo una ruta para canalizar la inconformidad social, fruto de la reforma electoral: las candidaturas ciudadanas. Candidaturas ciudadanas La posibilidad de presentarse como candidato sin pertenecer a institución política alguna dio cauce a un discurso en el que la sociedad se presentó como alternativa ante una partidocracia que, agrupada como conjunto y sin distintivos, fue presentada como el rival a vencer.

1 “En 15 estados de la República, casi la mitad del país, sólo se eligieron diputados federales y fue ahí donde se presentó el mayor abstencionismo y es donde el PRI obtuvo la gran mayoría de sus diputados. En esos 15 estados donde no hubo elección concurrente la abstención fue del 60% promedio y el PRI ganó 3 de cada 4 distritos de mayoría ganando 86 de los 115 distritos (75%) que se disputaron en esos estados”.

Este hecho, además, desvió la atención de las demandas de los partidos de la oposición, cuyas denuncias de malas prácticas del Gobierno, críticas al mal manejo de la economía, así como el señalamiento del desempleo y la incapacidad de implementar correctamente la reforma educativa y mantener a raya a los maestros inconformes, no fueron suficientes para ganarse el voto ciudadano que permitiera fortalecer los contrapesos legislativos necesarios para atajar al Gobierno en el Congreso de la Unión. Como fruto del descontento, y con base en ese discurso ciudadanos vs políticos, “lo alternativo, lo independiente, lo nuevo y lo diferente a los partidos tradicionales se convirtieron en la oferta más atractiva”, con éxitos notorios en la gubernatura de Nuevo León, en la alcaldía de Guadalajara y su zona conurbada, así como en Sinaloa. El gran beneficiado de esto fue el PRI, quien aprovechó ese desánimo para fortalecer sus bastiones a partir de una estructura electoral que le garantizara los votos necesarios para mantenerse como mayoría legislativa. A esto hay que añadir, por otra parte, la cuestión de su alianza con el Partido Verde, que a través de argucias legales y electorales le sirvió para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sumando a sus triunfos los de esta fuerza política que más

que ser una alternativa real que represente la agenda medioambiental, se oferta como instrumento al servicio del priismo. Además, la estrategia ilegal de posicionamiento mediático realizada por aquel partido sirvió para construir una estrategia que si bien efectuó violaciones recurrentes a la ley electoral, éstas no alcanzaron establecer sanciones que frenaran y revirtieran los efectos logrados entre el electorado. Violencia En los meses previos a la jornada electoral, y sobre todo, unas semanas antes del 7 de junio, diversos actos de violencia en nueve estados de la República cobraron la vida de 21 personas relacionadas con partidos políticos, además de un aproximado de 70 actos violentos que incluyeron, amén de los asesinatos, levantones, amenazas y agresiones diversas. Las entidades que registraron incidentes fueron Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca, donde también, apenas cinco días antes de la elección, fueron tomadas y saqueadas oficinas del Instituto Nacional Electoral por maestros del la CNTE y la Ceteg, que robaron más de 11 mil boletas y prendieron fuego al menos a 5 mil. Esta situación llevó a que el consejero presidente del INE; Lorenzo Córdova, declarara la incapacidad del or-

ganismo para operar en el estado, así como la condena de la jefa de la Misión Observadora Electoral de la Organización de Estados Americanos, Laura Chinchilla.2 Si bien este clima de violencia estuvo relacionado sobre todo con los grupos disidentes y violentos de maestros inconformes con la reforma educativa, cabe mencionar que los crímenes que cobraron la vida de distintos actores políticos están relacionados con la presencia del crimen organizado en los estados señalados. Este hecho, en palabras del académico Andreas Schedler, atenta contra la integridad electoral no sólo en cuanto al amedrentamiento directo de los candidatos y sus equipos sino también en lo que refiere a la participación directa de la ciudadanía. Añade Schedler3 que “la intrusión masiva de la violencia criminal en la vida y la política cotidianas destruye la fuerza, la autonomía y la integridad de la política democrática y de las instituciones representativas”, y acusa al gobierno de la República de sólo haber realizado un “cambio discursivo” en cuanto a la estrategia para enfrentar al narcotráfico: “hacer que el problema desaparezca sólo porque se deja de mencionar en el debate público”. La información de este párrafo fue tomada del periódico Reforma, en sus ediciones del 29 de mayo y del 1, 2 y 3 de junio. De 2015. 3 “The Criminal Subversion of Mexican Democracy”, Journal of Democracy, Enero de 2014, Volumen 25, Número 1.

Por lo que respecta a la jornada electoral, los principales conflictos se presentaron en Oaxaca, donde en distintos municipios, incluida la capital fueron reportadas 283 casillas quemadas, 26 robadas, 75 anuladas y 440 con incidentes.4 4

II. Resultados En la presente sección de presentan exclusivamente los resultados federales y locales del proceso electoral de 2015.5 La interpretación se presenta en el apartado III del presente documento. 5 Las gráficas y datos que se presentan en este apartado y en el siguiente fueron tomadas o se generaron a partir del documento “Algunas reflexiones relativas a la pasada elección”, preparado por el Partido Acción Nacional.

Información tomada de Reforma, 8 de junio de 2015.

a) Resultados en la conformación del Congreso de la Unión Circunscripción

Diputados Federales 2015

Partidos

RP1A

RP2A

RP3A

RP4A

RP5A

MAY

Total

% Congreso

PAN

108

22%

PRI

156

203

41%

PRD

11%

PT Morena

PVEM

PANAL

200

300

500

Independiente Total

b) Resultados en estados donde se renovaron gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos Gobernador Baja California Sur 2011-2015 50.00

46.6

45.00

40.09

40.00

35.06

33.59

35.00 30.00

22.10

25.00 20.00

15.03

15.00 10.00 5.00 PAN 2015

PAN 2009

PAN 2015

Diputados Locales Baja California Sur PAN

PRI

PRD

Otros

7 4

4 1

2012

2015

Alcaldes Baja California Sur 5 PAN

PRI

IZQ

2012

2015

Gobernador Campeche 2009-2015 60.00

52.40 44.44

40.00

41.6 32.2 21.8

20.00 1.60

4.6

1.45

1 PAN 2009

PAN 2015

PRI 2009

PRI 2015

Diputados Locales Campeche PAN

PRI

Morena

20 12 8 0

2012

2015

Ayuntamiento Campeche PAN

PRI

6 4

0 2012

2015

Gobernador Colima 2009-2015 60.00 50.90 50.00

45.71

40.68

40.51 40.00 30.00 20.00 10.00

2.70 PAN 2009

PAN 2015

PRI 2015

PRD 2015

Diputados Locales Colima PAN

PRI

PRD

Otros

11 7

5 1

2012

2015

Ayuntamiento Colima PAN 6

PRI

PRD

Otros

3 2

1 0

2012

2015

Gobernador Guerrero 2009-2015 60.00

55.93

50.00 42.72

42.9

40.00

36.3

30.00 20.00 10.00

5.1

1.33

PAN 2009

PRI 2009

PAN 2015

PRI 2015

IZO 2009

IZO 2015

Diputados Locales Guerrero PRI

PRD

Otros

4 0 2012

2015

Ayuntamiento Guerrero PAN

PRI

PRD

Otros

30 22 15 4

1 2012

2015

Gobernador Michoacรกn 2009-2015 40.00

36.56

33.67

35.00

36.17 27.8

30.00

29.72

23.95

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 PAN 2009

PAN 2015

PRI 2009

Diputados Locales Michoacรกn PAN

PRI

PRD

Otros

12 10

2012

0 2015

Ayuntamiento Michoacรกn PAN

PRI

PRD

Morena

Otros 48

27 17 12 0

2012

1 2015

Gobernador Nuevo Le贸n 2009-2015 60.00 50.00

48.8

50.20 44.44

40.00 30.00

23.85

22.8 20.00 10.00

3.47

0.48

1.86

PAN 2009

PAN 2015

PRI 2009

PRI 2015

IZO 2009

IZO 2015

Otro 2009

Otro 2015

Diputados Locales Nuevo Le贸n PAN

PRI

Otros 16

10 4 0

2012

2015

Ayuntamiento Nuevo Le贸n PAN

PRI

PRD

Otros

23 18 13

2012

1 2015

Gobernador Michoacรกn 2009-2015 50.00 45.00

47.30 43.69

40.00 32.95

35.00

35.65

30.00

26.2

25.00 20.00 15.00

8.90

10.00

5.2

5.00 PAN 2009

PRI 2009

IZQ 2009

PAN 2015

PRI 2015

IZQ 2015

Otros 2015

Diputados Locales Michoacรกn PAN

PRI

PRD

Otros 6 2 4

4 3 1

2012

2015

Ayuntamiento Michoacรกn PAN

PRI

PRD

Otros

35 26 17 11 7

2012

9 5

2015

Gobernador Sonora 2009-2015 60.00 50.00

48.73

49.15 44.94

41.61 40.00 30.00 20.00

7.9

5.20

10.00

0.60

PAN 2009

PAN 2015

IZO 2009

IZO 2015

PRI 2009 Otro 2009

1.8

PRI 2015 Otro 2015

Diputados Locales Sonora PAN

PRI

Otros 17

9 4 1

2012

2015

Ayuntamiento Sonora PAN

PRI

PRD

26 45 26 20

1 2012

0 2015

Gobernador Querétaro 2009-2015

50.00

47.40

46.91

43.70

40.00

39.65

35.00 30.00 25.00 20.00 15.00

10.03

10.00 4.60

5.00 PAN 2015

PAN 2009

PRI 2009

PRI 2015

IZQ 2009

IZQ 215

Diputados Locales Querétaro PAN

PRI

12 8

3 2012

2015

Ayuntamiento Querétaro PAN

PRI

Otros

13 11 5

2012

2015

c) Incremento en Congresos locales Mayor presencia legislativa local La tendencia ganadora se refrenda con logros históricos en los congresos locales

PAN

PRA

19 18 16

15 13 11

1 Guanajuato

Nuevo León

Colima

Campeche

GuerreroTabasco

Yucatán

Michoacán

Jalisco

Sonora

0 0

México

Distrito Federa;

Morelos

San Luis Potosí

Baja California Sur

Querétaro

Tabla 1 Aumento de la presencia de Acción Nacional en los Congresos locales Elección Estado

2012

2015

Incremento

Baja California Sur

Campeche

Colima

Distrito Federal

Estado de México

Guanajuato

Morelos

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tabla 2 Histórico de diputados locales MR + RP, 2010-2015 Corte

Total diputados locales

Enero 2010

147

119

266

Enero 2013

146

122

268

Enero 2016

182

279

III. Prospectivas a) Ámbito federal De acuerdo con la información que arroja el proceso electoral federal y local de 2015, el Partido Acción Nacional consolida una tendencia que tres años antes, tras perder la Presidencia de la República, estuvo en riesgo: esta es, ser la segunda fuerza política del país tanto a nivel federal como local, lo cual, además, representa que el PAN, al día de hoy, es la única fuerza política competitiva tanto de cara a las elecciones presidenciales de 2018 como frente a los procesos para renovar gubernaturas que se realizarán el año 2016. No obstante, y fruto del entorno de antipolítica, violencia, candidaturas ciudadanas y fragmentación de partidos que se presenció durante este proceso electoral, las tres principales opciones de México (PRI, 88

PAN y PRD) han pasado de tener 90% de la suma de los votos a 60% de ésta, dato que es de suma importancia considerar ya que es urgente encontrar los mecanismos necesarios para volver a captar a ese electorado que se atomiza en fuerzas menores, que cede a propuestas radicales o que cae en la retórica “ciudadanía vs. partidos”. Cabe señalar que, como se indicó párrafos arriba, esta situación beneficia sobre todo al Revolucionario Institucional, por contar con una base de electores fincada en estructuras estables que la garantizan, junto con sus aliados, un mínimo electoral suficiente para mantenerse a la cabeza de las preferencias. b) Ámbito local Hay un aumento claro de 35% en la población que goberna-

mos en los 15 estados donde hubo elecciones municipales; de igual modo, el PAN creció 40% en el número de diputados en los congresos locales, pasando de 79 diputados en 2012 a 112 en 2015. En ayuntamientos crecimos alrededor del 34% de población gobernada, pasando de 11 a 15 millones de habitantes en los municipios que ganamos; destacan, en este sentido, el triunfo en ciudades importantes como León, Naucalpan, Huixquilucan, Ciudad del Carmen, La Paz, Los Cabos y la delegación Miguel Hidalgo. En lo que corresponde a distritos locales de mayoría, de 72 pasamos a 112, es decir, 40% más diputados locales. Asimismo, Acción Nacional tendrá constitucional en cinco estados: Querétaro, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Baja California Sur.

Los estados donde los triunfos del PAN fueron más contundes son: Querétaro: se recupera la gubernatura, su capital, la ciudad de San Juan del Río entre otros municipios, además de que se tiene la mayoría constitucional del Congreso Local. Baja California Sur: se mantienen los dos distritos federales de la entidad, se ganan las ciudades de La Paz y los Cabos, primera vez gobernadas por Acción Nacional. Se tiene la mayoría absoluta en el Congreso del estado. Nuevo León: Se mantienen municipios importantes y se consigue la mayoría absoluta con 16 de los 26 diputados de mayoría que integran la Legislatura local. San Luis Potosí: se tiene un

ligero avance en diputados locales, así como un significativo avance en ayuntamientos ganados. Campeche: ganamos el municipio del Carmen y ocho distritos locales de mayoría, cuando anteriormente sólo teníamos un distrito de los 21 que existen en el estado. Guerrero: incrementamos los votos al 6% en la gubernatura y fuimos muy competitivos en el puerto de Acapulco Los estados donde el PAN presentó un franco retroceso fuero: Michoacán, donde se pasó del segundo al tercer lugar tanto en el voto ciudadano como en la capital, y es prácticamente el único estado en donde todos nuestros números se fueron a la baja: Sonora, donde perdimos la gubernatura, la capital y varios municipios, con

un retroceso en el número de diputados locales. Una señal de alerta importante, por otra parte, son las candidaturas que ex militantes del PAN que se postulan por otros partidos, y que en este proceso que se analiza fueron 85, en la siguiente proporción: Movimiento Ciudadano postuló a 32 expanistas; PRI-PVEM a 15; PRD y Partido Humanista a 11 cada uno; Morena a 5; Encuentro Social a 4; el PANAL y el PT a 1 cada uno; además de 5 candidatos independientes. De estas postulaciones, 71 compitieron por cargos federales y locales de mayoría relativa, y 14 fueron postulados a cargos de representación proporcional; de los candidatos de mayoría, 10 ganaron su elección y de los plurinominales 11 llegarán al Congreso de la Unión y los congresos locales. 89

R ESEÑA Financiamiento de partidos: rendir cuentas para frenar la corrupción Jonathan Sánchez López Aguado

1. Introducción Nuestro sistema político ha sido reformado en los últimos años a efecto de perfeccionar el modelo democrático. Como resultado de esas reformas tuvimos desde la incorporación de los diputados de partido, hasta la creación del Instituto Federal Electoral, como un organismo público autónomo que sería el encargado de organizar, vigilar y llevar a cabo elecciones en el país. Sin embargo, existen otras reformas –igual de importantes en materia electoral–, que influyeron en la transición democrática, y son aquellas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, con la reforma electoral de 1993 se prohibió a los partidos políticos el financiamiento que otorgaban los gobernantes, extranjeros, ministros de culto y empresas mercantiles. Asimismo, se establecieron nuevas reglas en materia de fiscalización, como la entrega de informes de ingresos y gastos anuales y de campaña. Posteriormente, con la reforma de 1996, se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para su control y vigilancia: la asigna-

ción del financiamiento ordinario sería 30% de forma igualitaria a los partidos con representación en el Congreso y 70% de manera proporcional con la votación obtenida,1 o la reforma de 2007-2008, en la que se reduce el financiamiento de los partidos políticos que es destinado a las campañas electorales. Juan Carlos Mondragón Quintana, en el libro Financiamiento de partidos, rendición de cuentas y corrupción en México,2 parte de la hipótesis de que las leyes electorales en México, particularmente en sus apartados de rendición de cuentas y anticorrupción, están lejos de cumplir estándares deseables para evitar el financiamiento ilegal y esto es así porque son los partidos políticos los que a través de sus legisladores en los congresos establecen sus propias reglas para ello (Mondragón, 2014:29). Teniendo como objetivo el análisis del marco legal de rendición de cuentas y anticorrupción en el sistema de partidos de México para acotar el financiamiento ilegal, sin distorsionar el 1 Extracto tomado de la página del Instituto Nacional Electoral, disponible en: http://pac.ife.org.mx/para_saber_ mas_reformas_estructurales.html 2 Premio a la mejor tesis de la IV Promoción (2010-2011) Maestría en Políticas Comparadas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, (FLACSO – Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2014).

R ESEÑA sistema democrático, el autor aborda tres temas: ¿Cómo reciben recursos los partidos políticos? ¿Cómo estos partidos políticos son sujetos de transparentar sus finanzas y justificar las decisiones al utilizar el financiamiento público; y los diferentes mecanismos que hay en las leyes electorales y de transparencia y como éstos son deficientes al revisar el financiamiento de los recursos públicos de los partidos políticos. Asimismo, presenta evidencia de la deficiencia de las leyes electorales en cuanto al diseño y aplicación. Mondragón Quintana busca, con esta obra, un público más allá de la clase política o gobernante, para que haga conciencia y caiga en la cuenta de la importancia de vigilar a los partidos políticos en cuanto al uso de sus recursos públicos.3 2. Rendición de cuentas y anticorrupción en partidos políticos. Las recomendaciones de los expertos Como segundo apartado, el autor realiza un análisis de los principios teóricos e históricos de la rendición de cuentas. Analiza cómo con el nacimiento de la teoría del Estado liberal se introduce la idea de publicidad entendida como la cualidad o atributo de lo que es o puede hacerse público. A partir del estudio realizado 3 Entrevista al autor en la presentación del libro. Disponible en: http://eldictamen.mx/2015/04/boca-ver/presentan-librofinanciamiento-de-partidos-rendicion-de-cuentas-y-corrupcion-en-mexico/

a la teoría liberal, se identifican cuatro elementos que darán paso a la existencia del régimen democrático: 1. “El Estado existe para salvaguardar los derechos de los individuos, los cuales son superiores a los intereses del Estado; 2. “No debe haber decisiones o informaciones ocultas para el ciudadano, salvo las que por su difusión vulneren la integridad de sus propios derechos; 3. “La publicidad es la antítesis de lo opaco y sirve como criterio de justicia y racionalidad en las decisiones del Estado; 4. “La opinión pública como espacio en el que se contrastan las diferentes visiones y se emiten juicios públicos sobre el interés general y la acción gubernamental”. Sin embargo, nos dice: “…estos elementos son apenas el inicio de la transformación del Estado liberal en Estado democrático y que con los elementos identificados no podemos vislumbrar los vínculos entre democracia y rendición de cuentas” (Mondragón, 2014:35). Es por ello que la noción de rendición de cuentas aparece con la ampliación de los derechos ciudadanos a través del sistema de pesos y contrapesos establecido por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de la

siguiente manera: la soberanía reside en el pueblo, éste tiene la facultad para delegar autoridad al gobierno para legislar y promover el interés general. En contrapartida, el pueblo cuenta con el derecho de exigir cuentas a sus representantes. Siguiendo con el análisis, nos presenta las dos dimensiones de la rendición de cunetas según O’Donell: la vertical y la horizontal, entendiendo por la primera las reglas y principios que regulan la relación entre ciudadanos y gobernantes y por la segunda, la que se traduce en instituciones o agencias que corrigen y sancionan las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos. En esta dimensión horizontal existen tres formas de prevenir y corregir los abusos del poder: informar, justificar y sancionar, lo que se traduce como transparencia, acceso a la información pública y fiscalización, y que a su vez representa nuevos derechos ciudadanos que derivan en la exposición de información pública, la justificación de las acciones tomadas por los gobernantes y, en su caso, las sanciones para cuando estos hacen mal su trabajo (Mondragón,2014:37). Aquí el problema –señala Mondragón–, es que la sola rendición de cuentas no es suficiente para evitar el abuso del poder y la presencia de corrupción política. Afirma que se requieren también estrategias afirmativas que la prevengan

R ESEÑA por lo que: 1) aborda la funcionalidad de las políticas anticorrupción; 2) realiza un estudio comparado sobre rendición de cuentas y anticorrupción de partidos políticos a nivel internacional: iniciando con la publicación del Cuaderno Capel La financiación de la política en Iberoamérica, en el que se establece por primera vez que el financiamiento partidista está estrechamente vinculado con los escándalos de corrupción política que han salido a la luz pública y que inciden en el desencanto democrático, pasando también por el estudio de Steven Griner y Daniel Zavatto en 2004, que identifica como principales manifestaciones de corrupción vinculada al financiamiento político en América Latina: la recepción de contribuciones que contravienen las regulaciones existentes; uso de dinero derivado de actividades corruptas para fines partidarios o electorales; desvío de recursos del erario público, incluyendo los servicios y el tiempo de los funcionarios públicos; aceptación de dinero de personas o empresas a cambio de favores ilícitos en caso de acceder a puestos públicos; pagos a funcionarios por parte de contratistas del Estado en retribución por favores recibidos; aceptación de contribuciones de fuentes cuestionables; participación y promoción de negocios ilícitos y utilización de dinero con fines prohibidos, como la compra de votos.

Detalla, además, el estudio del documento De las normas a las buenas prácticas en el que se analiza la naturaleza de los regímenes de financiamiento público, del acceso de los partidos a los medios de comunicación, de la divulgación y la transparencia de la información, y de los órganos de control y su régimen de sanciones. Con base en el comparativo referido, agrega un tercer apartado dentro de este capítulo en el que toma las principales recomendaciones y mejores prácticas en materia de rendición de cuentas y anticorrupción en los partidos políticos que van desde que exista claridad en las reglas de los plazos de entrega de recursos a los partidos políticos, controlar el financiamiento privado mediante la prohibición de donaciones anónimas, de personas morales y de fuentes extranjeras, hasta que la ley establezca y fomente la existencia de organismos auxiliares en la aplicación y vigilancia de la ley: ONG, organismos internacionales, observadores electorales, etcétera (Mondragón, 2014:50-53). 3. Marco normativo de rendición de cuentas y anticorrupción en partidos políticos. El caso mexicano En este capítulo se aborda el tema de la corrupción en México y se revisa el proceso a través del cual la democracia mexicana incorpora mecanismos de rendición de cuentas y anti-

corrupción, así como los medios para castigar su transgresión. Se hace, de igual modo, un análisis de los trabajos que estudian el fenómeno de la corrupción en nuestro país: inicia con el documento de Stephen D. Morris de 1992 en el que se plantea que existen dos clasificaciones generales de corrupción, dentro de las cuales se inscribe todos los tipos de actos corruptos: el soborno y la extorsión, que en México priva un modelo de extorsión generalizada, toda vez que las fuerzas del Estado y sus representantes monopolizan la riqueza y las oportunidades de movilidad social. La investigación prosigue con el estudio del documento de Antonio Azuela de 2006, en el que a su vez cita a Michael Johnston quien, a efecto de estudiar el fenómeno de corrupción, establece y define cuatro síndromes de corrupción, a saber: 1. “Síndrome de los “mercados de influencia”. Se refiere a países ricos con una democracia fuerte y por ende instituciones funcionales. Aquí, los países que se identifican con este síndrome incorporaron la corrupción junto con los grandes intereses económicos en el marco institucional. Como casos de estudio se tiene a Estados Unidos, Japón y Alemania. 2. “Síndrome de “carteles de élite”. Aparece en socieda-

R ESEÑA des divididas con estructuras estatales amplias, regímenes no tan legítimos con sistemas electorales poco competitivos y políticas anticorrupción insuficientes. Como casos de estudio se tiene a Italia, Corea del Sur y Botswana 3. “Síndrome de “oligarcas y clanes”. Característico de sociedades en proceso de liberación política y económica, y que se distingue por elites mal organizadas que compiten entre sí, que buscan transformar sus recursos personales en riqueza y poder. Como casos de estudio se tiene a Rusia, Filipinas y México. 4. “Síndrome de los “mogoles oficiales”. Florece en sociedades en proceso de liberación económica con instituciones débiles. Como casos de estudio se tiene a China, Kenia e Indonesia”. Por último en este capítulo el Mondragón Quintana hace un recorrido cronológico de los principales avances acerca del otorgamiento de subvenciones estatales, controles de transparencia, mecanismos de fiscalización y sanción a nivel federal. Es por ello que el autor divide los asuntos relativos al financiamiento público en tres etapas: 1. “La primera, que contempla las reformas electorales comprendidas entre 1963

a 1993 que entre otros asuntos tocan lo relativo a la elevación a rango constitucional de los partidos políticos; una primera fórmula de asignación de recursos; límites a la aportaciones privadas y prohibiciones a las de entidades públicas diferentes a la autoridad electoral; topes de gasto de campaña, etcétera. 2. “Una segunda etapa que comprende las reformas electorales de 1996, 2002 y 2003, en esta etapa, entre otras cosas se disminuyó la posibilidad de recibir aportaciones privadas y se privilegió un aumento sustancial del financiamiento público asignado; se crea una comisión de fiscalización en l seno del Consejo General del IFE y se reglamenta la obligatoriedad de presentar informes anuales y de campaña a los partidos políticos. Se faculta al IFE por la vía judicial, para imponer sanciones y acceder a los movimientos bancarios de los partidos. 3. “La tercera etapa que contempla la reforma constitucional en materia electoral del 2007-2008, tuvo como finalidades: la reducción sustancial del financiamiento público destinado a las campañas electorales; crea la Unidad de fiscalización de los Partidos Políticos, etcétera”.

4. La situación actual de la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción en los partidos políticos de México En este capítulo, el autor propone diez indicadores para medir el grado de avance en el acceso a la información, la transparencia, la fiscalización y la anticorrupción del marco financiero de los partidos políticos. Estos indicadores son: 1. “Claridad en los plazos de entrega del financiamiento público. 2. “Criterios de las fórmulas de asignación del financiamiento público. 3. “Nivel de control del financiamiento privado. 4. “Autonomía de los órganos de fiscalización electoral. 5. “Instrumentos de monitoreo del uso de recursos en los partidos. 6. “Regulación del gasto electoral. 7. “Desarrollo de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública en materia electoral. 8. “Publicidad de los informes financieros de los partidos políticos. 9. “Obligatoriedad de presentación de informes financieros parciales. 10. “Identificación de la responsabilidad financiera”. Aunado a la propuesta de los indicadores referidos, analiza de manera general la situación

R ESEÑA

de las leyes electorales –federal y locales– sobre la rendición de cuentas y anticorrupción, estudio que deja ver varias cuestiones: a) que la aprobación de las leyes careció de una visión más o menos uniforme en torno a la inhibición del financiamiento ilegal; b) que el legislador, al aprobar estas leyes, no mostró compromiso real con los principios de la rendición de cuentas y la anticorrupción, necesario para un sistema electoral tendiente a la promoción de elecciones libres, justas, transparentes y competitivas; c) que las leyes no mantienen un mínimo de consistencia con el espíritu de la última generación de reformas electorales o las recomendaciones de los expertos; d) que existe un desequilibrio en las medidas contenidas en los marcos normativos que buscan acortar la corrupción en los partidos. Mondragón Quintana argumenta que estamos frente a leyes electorales que no responden a ninguna planeación sobre la forma en que se concretan los principios rectores del sistema electoral mexicano. Por último, el autor hace una serie de recomendaciones desde una visión política, entre las que destacan:

• “Plazo de entrega del financiamiento público. Propone una reforma orientada a dotar de recursos a los partidos políticos con una regularidad mayor a las ministraciones mensuales. • “Fórmula de asignación del financiamiento público. La fórmula que menor inequidad presenta es la que contiene un componente paritario de 30%, así como una asignación proporcional a la fuerza electoral del 70%. • “Nivel de control del financiamiento privado. Propone eliminar los donativos provenientes de personas morales no mercantiles y analizar mantener el modelo de financiamiento mixto, disminuyendo el porcentaje de financiamiento público, aumentando el porcentaje de financiamiento privado, pero en ambos casos, ampliando certeramente las medidas de transparencia y fiscalización. • “Autonomía de los órganos de fiscalización electoral. Propone delegar esta función en un Órgano Técnico de Autonomía de Gestión (OTAG), con plenas facultades de auditoría e investiga-

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ción. Separar las funciones de fiscalización y organización electoral. “Instrumentos de supervisión del uso de los recursos en los partidos. Se requiere avanzar a sistemas de monitoreo que incluyan quejas sobre fiscalización presentadas por cualquier ciudadano, que éstas se investiguen y sanciones de oficio y, particularmente, que se permitan las auditorías precautorias. “Regulaciones del gasto electoral. Prohibición de que precandidatos únicos contiendan en procesos internos de partidos políticos. Revisar los actos que buscan posicionar candidatos que burlan la ley. “Desarrollo de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública en materia electoral. Convertir a los partidos políticos en sujetos obligados directos de acceso a la información pública regulados por un ente autónomo a nivel estatal y federal. “Publicidad de los informes financieros de los partidos políticos. Obligar a los partidos políticos y a los órganos electorales a publicar los

R ESEÑA

•

informes financieros al momento de su entrega al órgano electoral es mantener abierta la puerta para que los ciudadanos revisen directamente en qué gastan los partidos políticos y colaboren así con los órganos electorales. “Informes parciales. La presentación de estos informes previenen la manipulación de las cifras finales. “Identificación de la responsabilidad financiera. Revocar mandato a servidores públicos electos o en funciones, cuando se comprueben las faltas en materia de fiscalización, es una medida muy efectiva. “Procedimiento administrativo sancionador electoral. Establecer sanciones claras a quienes infrinjan las leyes electorales, sin menoscabo del contexto del infractor. Establecer plazos perentorios para la determinación de las sanciones, de manera que su aplicación sea oportuna y contribuya a la disuasión de las conductas irregulares. “Catálogo de delitos electorales. Se sugiere establecer un solo catálogo de delitos

electorales, sin distinción del actor que los cometa, para que toda conducta irregular sea sancionada y, determinar una penalización distinta, en función de la responsabilidad del infractor. • “Código electoral único. Un código electoral único que rija a los órganos administrativos y jurisdiccionales federal y estatales, que establezca penalizaciones y procedimientos para sancionar, que fije topes de gastos de campaña y montos de financiamiento público, el registro de partidos políticos, la selección de tribunales y consejos electorales”. El libro fue publicado en octubre de 2014 y no contempla la última reforma en materia electoral de ese año, que propone un nuevo modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. A pesar de ello, lo cierto es que falta perfeccionar nuestro modelo a efecto de eliminar los vacíos que dan pie a la corrupción, a la falta de transparencia y a una verdadera rendición de cuentas por parte de los partidos políticos.

INDICADORES

La distribución de la riqueza de los hogares en México y los efectos nocivos de la reforma fiscal, 2012-2014 Salomón Guzmán Rodríguez

Recientemente, el INEGI dio a conocer los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2014 (ENIGH), así como los micro-datos tabulados en su página web. Es una encuesta nacional bianual que se pública desde 1984. Su información es valiosa ya que tiene que ver con los hogares y con sus integrantes. Las tablas que componen hogares son: hogares, gasto del hogar, erogaciones, y gasto en tarjetas; las tablas que componen a los integrantes son: población, ingresos, gastos personales, trabajos, agro y no agro; adicionalmente, existe una tabla que se llama concentrado, la cual se utiliza para mostrar las siguientes tablas y gráficos, y la información en ella es consecuencia de la agregación de las tablas antes mencionadas. De acuerdo con cálculos propios, 96

la población total llegó a 120 millones de personas, tres más que en 2012. Mientras que la población aumenta, el número de hogares prácticamente es el mismo, 32 millones con 4 habitantes en promedio. Cabe resaltar, los miembros del hogar mayores a 65 años son cada vez más y cada vez menos los de entre 0 y 11 años, desde el año 2000. Si la población viene en aumento, las necesidades en el hogar crecen y los miembros tienden a ocuparse laboralmente para satisfacerlas, de ahí que cada año sea menor el número de miembros del hogar que no estén ocupados. Sin embargo, el número de miembros de los hogares ocupados que no perciben ingresos se ha duplicado más que los ocupados que perciben un ingreso, desde el año 2000 hasta 2014.

INDICADORES

Tabla 1 Población, hogares y miembros de los hogares Año

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Población total (millones)

98.76

101.19

103.24

105.04

106.87

112.74

117.28

119.91

Total de Hogares (millones)

23.67

24.53

25.56

26.54

26.73

29.07

31.56

31.67

Habitantes promedio por hogar

4.17

4.12

4.04

3.96

4.00

3.88

3.72

3.79

Miembros del hogar de 12-64 años

2.81

2.84

2.79

2.74

2.81

2.72

2.62

2.67

Miembros del hogar de 0-11 años

1.13

1.12

1.02

1.01

0.95

0.90

0.82

0.84

Miembros del hogar de 65 años y más

0.23

0.24

0.25

0.27

0.28

0.27

0.28

Miembros del hogar no ocupados

1.89

1.66

1.54

1.25

0.92

0.82

0.86

0.82

Miembros ocupados que perciben ingresos

1.93

2.04

2.20

2.37

2.32

2.37

2.38

Miembros ocupados que no perciben ingresos

0.36

0.43

0.46

0.50

0.71

0.74

0.75

0.78

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado de la ENIGH.

De acuerdo con la encuesta, el ingreso total que perciben los hogares está conformado por el ingreso corriente monetario y percepciones totales. El ingreso corriente se compone del ingreso monetario y el gasto no monetario. El ingreso monetario lo conforma el ingreso por trabajo (sueldos, horas extras y propinas), el ingreso por trabajos independientes (negocios familiares: agropecuarios y no agropecuarios), ingresos por renta de la propiedad1 (activos financieros o tangibles), ingresos de sociedades (en general cooperativas), el ingreso por arrendamiento (alquileres: tangibles y financieros), transferencias (jubilaciones, becas, donativos, remesas y beneficios del gobierno), etc. En la Tabla 2, se muestra que mientras la riqueza de De acuerdo a INEGI, las rentas de la propiedad son pagos o percepciones de las unidades institucionales en su condición de propietarios de activos financieros o de activos tangibles no producidos; adquieren varias formas, siendo las más importantes: los intereses, dividendos, los retiros de la renta de las cuasi sociedades, la renta de la propiedad atribuida a titulares de las pólizas de seguros y las rentas (o alquiler) de la tierra.

los hogares es 2.22 veces mayor en 2014 al del 2000, las diferencias en su concentración por décil son nulas, es decir, no hay cambios realmente significativos, el pastel de la riqueza crece pero su repartición es la misma. Ni medio punto cambió durante catorce años. Mientras 20% de los hogares pobres posee 4.11% de la riqueza, 20% de los hogares más ricos tiene 52%, respectivamente. La desigualdad de la riqueza es la constante entre los hogares mexicanos aunque, paradójicamente, ésta vaya en aumento año tras año.

INDICADORES

Tabla 2 Ingreso total por deciles de los hogares Año

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Decil / Ingreso total (mmdp)

588.16

655.77

769.66

954.57

1,023.48

1,060.85

1,262.37

1,306.87

1.69

1.64

1.47

1.61

1.71

1.84

1.94

2.81

2.90

2.73

2.88

2.82

3.00

3.09

3.17

3.74

3.94

3.74

3.87

3.80

4.01

4.13

4.14

4.71

4.98

4.75

4.89

4.76

5.08

5.12

5.13

5.76

6.13

5.83

6.05

5.84

6.24

6.27

6.17

7.08

7.48

7.17

7.39

7.19

7.61

7.56

7.42

8.91

9.24

8.95

9.20

8.94

9.40

9.36

8.99

11.39

11.76

11.50

11.75

11.43

11.89

11.75

11.37

15.82

16.25

15.99

16.26

15.89

16.25

15.99

15.59

38.09

35.66

37.87

36.11

37.72

34.81

34.89

36.09

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado.

En la Tabla 3 se observa de manera similar la concentración del gasto total a la del ingreso total. Por su parte, en 2014 la riqueza de los 32 millones de hogares creció 3.53 % y el gasto 1.71%, aproximadamente. Muy probablemente el bajo crecimiento del gasto de los hogares refleja ya los efectos tóxicos de la reforma fiscal de 2013, implementada por el PRI y el PRD. Es de resaltar, los efectos asimétricos de esta reforma, por mencionar, la concentración de la riqueza del décil 1 al 4, apenas mejoró, 0.05% en promedio, casi nada; del décil 5 al 9, la concentración disminuyó 0.28% en promedio, y en el decil 10 la concentración de la riqueza aumento

1.2%. Por su parte, en relación al gasto total, del décil 1 al 5, la concentración apenas aumento 0.09%, del décil 6 al 9 disminuyó 0.19%, pero del decil 10 (los hogares más ricos) la concentración del gasto aumento 0.3%, comparativamente. En términos generales, tanto por el lado del ingreso total y del gasto total, la reforma fiscal de Peña Nieto se encuentra lejos de ser redistributiva, deja sin cambios la concentración de la riqueza de los hogares pobres, la empeora para los hogares de clase media y las mejora para los hogares más ricos, como puede apreciarse en la Tabla 3.

INDICADORES

Tabla 3 Ingreso y gasto total por decil Año

2012

2014

Ingreso total (mmdp)

Gasto total (mmdp)

Ingreso total (mmdp)

Gasto total (mmdp)

1262.4

1212.3

1306.9

1233.0

1.84

2.14

1.94

2.21

3.09

3.36

3.17

3.47

4.13

4.32

4.14

4.44

5.12

5.28

5.13

5.35

6.27

6.26

6.17

6.35

7.56

7.50

7.42

7.47

9.36

9.12

8.99

8.94

11.75

11.4

11.37

11.12

15.99

15.39

15.59

15.11

34.89

35.24

36.09

35.54

Decil

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado.

Por otra parte, de manera general, en la Tabla 4 se calcula el ingreso y gasto corriente monetario2 de los hogares, por deciles calculados sobre la base del ingreso corriente monetario; se observa que el gasto es mayor que el ingreso entre el decil 1 al 5, del decil 6 al 10 el ingreso es mayor al gasto. Comparativamente de 2012 a 2014, la diferencia entre ingreso y gasto mejora en estos últimos hogares, con la observación de que el gasto es similar al de hace dos años. Es decir, los hogares más ricos no gastan más,

económicamente este resultado tiene efectos nocivos para el mercado interno, gracias a la reforma fiscal tóxica de Peña Nieto y el PRD.

2 El gasto corriente total da cuenta de los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo, además del gasto regular no destinado al consumo. Diccionario de INEGI

INDICADORES

Tabla 4 Ingreso y gasto corriente monetario por decil Año Decil

2012

2014

Ingreso corriente Gasto corriente Diferencia: Ing- Ingreso corriente Gasto corriente Diferencia: Ingmonetario (mmdp) monetario (mmdp) Gast (mmdp) monetario (mmdp) monetario (mmdp) Gast (mmdp)

Total

944.71

806.50

138.21

1000.88

838.22

162.66

10.03

20.67

-10.63

11.95

23.32

-11.37

23.14

33.95

-10.81

25.65

35.18

-9.53

31.85

39.67

-7.82

36.21

42.37

-6.17

43.53

47.57

-4.04

47.17

50.92

-3.75

55.17

56.08

-0.90

58.59

59.31

-0.72

68.41

66.02

2.39

72.60

68.29

4.31

86.24

78.15

8.09

90.47

78.68

11.79

111.81

99.08

12.73

116.22

97.12

19.10

157.44

126.17

31.27

162.01

127.66

34.35

357.09

239.15

117.94

380.03

255.37

124.66

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado.

En las tablas 5 y 6 se calcula por deciles los ingresos corrientes monetarios por categoría de ingresos, respecto al ingreso corriente monetario total en 2012, el ingreso por sueldo representa 58%, el ingreso de los negocios 13%, las rentas 5%, las utilidades de las cooperativas 3.3%, el arrendamiento 1.8%, las transferencias 16% y los beneficios del gobierno 2.1%, el cual está incluido en las transferencias. Comparativamente de 2012 a 2014 la estructura porcentual cambia, aumenta en la categoría de los sueldos y disminuye en los otros renglones.

100

INDICADORES

Tabla 5 Ingresos corrientes monetarios por tipo de categoría por deciles y estructura % (2012)

2012

Sueldos

Negocio

Rentas

Utilidad

Arrendamiento

Transferencias

Beneficios de gobierno

Total

545.96

119.65

48.94

31.48

17.46

151.12

19.97

% respecto al total del ingreso corriente monetario

57.8%

12.7%

5.2%

3.3%

1.8%

16.0%

2.1%

2.20

1.96

0.15

0.06

0.09

4.94

2.99

8.20

4.54

0.28

0.10

0.17

8.42

3.24

16.07

4.63

0.47

0.18

0.29

8.12

2.91

24.78

5.92

0.53

0.12

0.41

8.54

2.63

32.11

7.52

1.07

0.54

0.53

9.89

2.27

43.25

7.73

0.90

0.19

0.72

9.93

1.68

55.35

10.59

2.29

1.24

1.05

11.04

1.38

71.63

15.04

1.55

0.64

0.90

13.39

1.05

98.23

15.78

6.29

4.70

1.59

23.11

0.71

194.14

45.95

35.41

23.71

11.70

53.74

1.12

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado. Las cifras están en miles de millones de pesos.

101

INDICADORES

Tabla 6 Ingresos corrientes monetarios por tipo de categoría por deciles y estructura % (2014) 2014

Sueldos

Negocio

Rentas

Utilidad

Arrendamiento

Transferencias

Beneficios de gobierno

Total

630.07

118.99

16.42

2.09

14.32

145.54

25.78

% respecto al total del ingreso corriente monetario

63.0%

11.9%

1.6%

0.2%

1.4%

14.5%

2.6%

2.57

2.21

0.11

0.00

0.11

6.34

3.92

10.07

4.27

0.23

0.01

0.22

9.28

3.96

18.08

5.10

0.57

0.02

0.55

9.06

3.60

28.90

5.59

0.41

0.00

0.41

8.58

2.92

36.88

7.28

0.49

0.00

0.49

9.12

2.46

48.85

7.87

0.62

0.01

0.62

9.61

2.37

60.75

8.94

0.86

0.08

0.78

12.11

2.21

77.78

12.71

1.16

0.05

1.11

14.66

1.81

110.08

16.41

1.86

0.02

1.83

19.83

1.24

236.13

48.62

10.10

1.89

8.21

46.93

1.30

Fuente: cálculos propios en Stata 13, con información de la tabla de concentrado. Las cifras están en miles de millones de pesos.

Gráfico 1 Participación % del 20% de los hogares más pobres y ricos por categoría de ingreso de 2012

100.00%

85.21%

90.00%

90.24%

31.17%

30.00%

76.13%

80.00% 70.00% 60.00%

25.00% 53.55%

51.59%

50.86%

20.00% 15.00%

50.00% 40.00%

10.00%

8.84%

30.00% 20.00%

5.43% 1.90%

10.00%

2.17% 0.88%

0.51%

Rentas

Utilidad

1.53%

Sueldos

Negocio

20% más rico

20% más pobre

Arrendamiento Transferencia

5.00% 0.00%

0.00%

102

35.00%

Beneficios de gobierno

INDICADORES

Gráfico 2 Participación % del 20% de los hogares más pobres y ricos por categoría de ingreso de 2014

100.00%

85.21%

90.00%

90.24%

31.17% 76.13%

30.00%

80.00% 70.00% 60.00%

53.55%

25.00%

51.59%

50.86% 20.00%

50.00%

15.00%

40.00%

8.84%

30.00% 20.00%

35.00%

5.43% 1.90%

10.00%

2.17% 0.88%

0.51%

Rentas

Utilidad

1.53%

10.00% 5.00% 0.00%

0.00% Sueldos

Negocio

20% más rico

Arrendamiento Transferencia

Beneficios de gobierno

20% más pobre

Lo anterior es grave puesto que las ganancias relacionadas al capital, al disminuir, no incentivan a las nuevas inversiones y en consecuencia menores niveles de empleo y tasas de crecimiento económico mediocres. Por otra parte, se observó que la distribución de la riqueza por decil de acuerdo con el ingreso total (riqueza) de los hogares no cambia a lo largo del tiempo, sin embargo ya vista por categoría de ingresos corrientes monetario, la situación de la desigualdad es aún más crítica. Si se suma el ingreso por categoría del decil 1 y 2 y luego se divide entre el total del ingreso corriente monetario de esa categoría y así sucesivamente en las demás, se obtiene una nueva concentración, de igual manera para los deciles 9 y 10. En las gráficas 1 y 2 se muestra que la desigualdad aumenta y es grave en las categorías que tienen que ver con aquellas relacionadas a las ganancias del capital: negocios, rentas, utilidades y arrendamiento. Por ejemplo, en 2014, 20% de los hogares más

ricos concentraba 55% de las ganancias por concepto de negocio, 73% por concepto de rentas, 91% por concepto de utilidades y 70% por el concepto del arrendamiento. La concentración de la riqueza se agrava más para los hogares más pobres en aquellos conceptos relacionados al capital que por sueldos y transferencias. Por su parte, como se observa, las transferencias y los beneficios del gobierno no alcanzan a cubrir o siquiera mitigar los casos anteriores. De acuerdo a todo lo anterior, la economía mexicana enfrente dos problemas graves: 1) disminuyen las ganancias de capital de 2012 a 2014, y 2) la distribución del ingreso se torna más grave en los conceptos relacionados al capital, en ese sentido se plantea la siguiente pregunta: ¿podremos encontrar una política económica que permita mayores ganancias al capital que incentive el crecimiento económico y a su vez una política pública que mejore la distribución del ingreso para los hogares este concepto?

103

INDICADORES

104