EDITORIAL

EL FUTURO DEL SECTOR DE LOS RCD

Desde mediados de la década de los noventa, en la que comenzó a moverse en España tímidamente el concepto de residuo de construcción y demolición y el de árido reciclado, la evolución ha sido lenta y mucho más parsimoniosa que la de otros países europeos. Los motivos han sido de lo más variopinto, entre los que se encuentran el desconocimiento, la falta de normativa que obligue a la utilización de árido reciclado en las obras públicas y privadas, un régimen sancionador que castigue contundentemente las malas praxis, una capacidad fiscalizadora mayor de los organismos de la administración responsable, una concienciación social más fuerte o la idiosincrasia de un país como España, entre otros muchas.

Durante estos años España ha evolucionado de una manera diferente por Comunidades Autónomas, siendo Cataluña y País Vasco las que llevan la delantera y, por mucho, en lo que a gestión de RCD e implantación de árido reciclado en obra se refiere. Sin embargo, en los últimos meses todo está cambiando; el concepto de Economía Circular ha calado en Europa y desde allí se está obligando a todos los países miembros a que muden su forma de gestionar los residuos, reciclando, valorizando y reutilizando el máximo posible.

Es por ello que España cuenta desde hace poco tiempo con la nueva Ley de Residuos, un documento que fomenta la circularidad y define mejor las obligaciones de todos los involucrados. Entre otros aspectos, se tocan puntos tan importantes como los objetivos, con nuevas definiciones, la utilización de plantas móviles, el amianto o la eliminación de los residuos, teniendo un apartado muy importante las obligaciones específicas para los RCD. Es en este documento donde se vuelve a mencionar que en 2020 el porcentaje de material valorizado a partir de los RCD debía de ser del 70%, un valor que lleva años en boca de la administración y que todos aquellos que viven del RCD y el árido reciclado saben que es imposible que se cumpla ni en los próximos veinte años, siendo el porcentaje actual estimado entre el 15 y 18% como mucho.

La nueva Ley de Residuos traslada que a partir del 1 de enero de 2024, las demoliciones se llevarán a cabo obligatoriamente de forma selectiva, garantizando la retirada selectiva de materiales en función de su naturaleza, y se prohibirá de manera general la eliminación de residuos recogidos separadamente y con objeto de ser preparados para la reutilización o reciclado.

Es decir, se tiende a optimizar al máximo cualquier producto con el fin de reducir la extracción de nuevas materias primas. Así, se quiere pasar por la reutilización, reciclaje y valoración, penalizando al máximo la eliminación, o lo que es lo mismo, el vertido de cualquier material o desecho.

Todo esto sobre el papel suena bastante bien, pero si anteriormente se comentaba que en España la valorización de los residuos no llega ni al 20%, la situación es, cuanto menos, curiosa. El aspecto positivo de todo esto es que es Europa la que con el látigo está obligando a los países miembro a adaptarse a una normativa similar para todos, lo que reducirá con el tiempo las importantes diferentes que hay entre los países del norte y centro de Europa con los del sur. En España, lo que no se ha hecho en décadas se va a tener que ejecutar en un tiempo muy corto. Sin embargo, para ello el primer cambio importante y significativo que tiene que llegar es el de la administración central, regional y local, concienciándose, poniendo medios e involucrándose. A partir de ahí, la sociedad en general también tiene que tener su protagonismo y comenzar a reciclar todo tipo de residuos tan proactivamente como se hace actualmente, por ejemplo, con el vidrio.

El amianto tiene su propio apartado en la nueva Ley de Residuos, donde se refuerza la obligación de retirada selectiva y manejo en condiciones de seguridad. Además, en abril de 2023, los ayuntamientos deberán elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada, priorizándose por el grado de peligrosidad y exposición a la población vulnerable. Las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo serán gestionadas antes de 2028.

En definitiva, gracias al nuevo concepto mundial de Economía Circular, Europa está marcando el paso a todos los países miembro, algo que a España, con el importante retraso que lleva en lo que a valorización de RCD se refiere, le va a poner a la altura de sus vecinos europeos. Habrá que esperar para ver cómo en unos años España avanza lo que no ha hecho en varias décadas.

DURANTE ESTOS AÑOS ESPAÑA HA EVOLUCIONADO DE UNA MANERA DIFERENTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, SIENDO CATALUÑA Y PAÍS VASCO LAS QUE LLEVAN LA DELANTERA Y, POR MUCHO, EN LO QUE A GESTIÓN DE RCD E IMPLANTACIÓN DE ÁRIDO RECICLADO EN OBRA SE REFIERE. SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS MESES TODO ESTÁ CAMBIANDO; EL CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR HA CALADO EN EUROPA Y DESDE ALLÍ SE ESTÁ OBLIGANDO A TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS A QUE MUDEN SU FORMA DE GESTIONAR LOS RESIDUOS, RECICLANDO, VALORIZANDO Y REUTILIZANDO EL MÁXIMO POSIBLE

EDITORIAL

/ Nº 101 / ABRIL - JUNIO 2022 DEMOLICIÓN & RECICLAJE