Revista Foro 21 n° 84

Abril 2009 Año 9- No 84

Un Contenido Progresista para la Idea del Cambio Colusión de Farmacias, Concentración Económica y Regulación

Nacionalización de las aguas

G-20 y el nuevo orden internacional

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Editorial Coyuntura Marcelo Contreras N. Colusión de Farmacias, Concentración Económica y Regulación Eugenio Rivera U. Algunas Ideas sobre la Agenda Progresista y la Crisis Gonzalo D. Martner Cumbre G-20 Jorge Heine El Legado de Humberto Vega Jaime Ruiz-Tagle P. Gobernabilidad Democrática El Agua: Debate Pendiente Fernando Velázquez

Presidentes Honorarios Ricardo Lagos Carlos Ominami Francisco Vidal Directora Ejecutiva María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto Jorge Leiva Dirección Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 Email: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

Editora Ximena Gattas Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Mónica Poblete Impresión ATG Impresores

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E D I T O R I coA y u n t u rLa La nueva ley de transparencia En este mes de abril comienza a regir la ley que obliga a transparentar la gestión del Estado, incluyendo el poder Ejecutivo, el legislativo y el judicial, los servicios públicos, las empresas del Estado y las municipalidades, con lo cual nuestro país da un importante salto en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha en contra de la corrupción. Nada es más eficaz para combatir la corrupción, el nepotismo o el tráfico de influencias, que la plena transparencia, a condición, por cierto, que esta nueva normativa no sea usada con fines políticos o electorales, con verdaderos juicios mediáticos.

A ello se agrega la aprobación, por la Comisión de Gobierno del Senado, de la ley que regula la actividad de lobby, definiéndola como “una actividad remunerada y habitual de gestión de intereses”, que incluye no sólo a quienes han declarado explícitamente dedicarse a ello, sino a varias empresas de “comunicación estratégica” o numerosos estudios jurídicos, que derechamente se dedican a actividades de lobby. Una actividad por cierto legítima a condición que se explicite y acepte las regulaciones que contempla el actual proyecto, que debe transformarse en ley de la República en un plazo no muy lejano, en donde quedan claras las incompatibilidades y conflictos de intereses con la actividad pública.

Sin duda, la Ley de Transparencia implica todo un desafío para las instituciones y empresas del Estado para cumplir esta exigente normativa, que supone un proceso en donde algunas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos y otras, llevan alguna ventaja y donde los municipios, señalados en algunas encuestas como los más expuestos a temas de corrupción, aparecen con las mayores dificultades para transparentar su gestión. Esta es una tarea ineludible para enfrentar una amenaza latente al propio sistema político y devolver la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.

Pero la transparencia no es una necesidad privativa de la esfera estatal.

Con la misma o mayor fuerza alcanza al mercado, que muchas veces es el peor enemigo de la libre competencia y la transparencia, tal como ha quedado en evidencia el caso de la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas y nueve laboratorios.

Chile, probablemente por su tamaño y la necesidad de competir internacionalmente, presenta una economía extremadamente concentrada, tanto en el sector financiero como en los servicios, el comercio, la industria y las comunicaciones, con una muy insuficiente regulación y débiles instituciones fiscalizadoras, que poco pueden hacer para impedir expeditos mecanismos de concertación y colusión para acordar precios, condiciones y oportunidades de mercado, que en países desarrollados constituirían delitos que merecen penas aflictivas.

Las organizaciones de consumidores representan un movimiento aún incipiente en nuestro país, comparado con los poderosos movimientos de consumidores en los países desarrollados. El Servicio Nacional del Consumidor desarrolla sus funciones con muy limitadas atribuciones y recursos, al igual que las otras instancias fiscalizadoras del Estado.

El acceso a la información, tanto pública como privada, es un derecho de las personas, de los ciudadanos, de los gobernados, de los usuarios y consumidores, que obliga por igual al Estado como al mercado a transparentar su gestión, que posibilita que las personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos y controlar no sólo a sus autoridades, sino también a sus proveedores de bienes y servicios, otorgándoles la real posibilidad de elegir de manera informada. a

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C OYUNTURA

Un Contenido Progresista para la Idea del Cambio Marcelo Contreras N., Director Revista Foro Chile 21

Con el resultado de las elecciones primarias organizadas por la Concertación en la sexta y séptima región, Eduardo Frei superó convincentemente el último obstáculo para convertirse en el candidato único de su coalición, al superar a su oponente, el timonel del PRSD, José Antonio Gómez, por casi 30 puntos. Un objetivo que nadie creía posible hace seis u ocho meses atrás, cuando las encuestas se inclinaban mayoritariamente por Ricardo Lagos, Soledad Alvear o José Miguel Insulza, dando la razón a aquellos que afirman que las encuestas están para ser cambiadas.

Mucho se ha especulado respecto del bajo número de votantes, cerca de 64.000 electores, que contrastarían con los casi 171.000 ciudadanos que habrían participado en las elecciones primarias de 1999, que enfrentaron al ex presidente Lagos con Andrés Zaldivar, lo que reflejaría apatía y falta de interés. Pero, quizás lo verdaderamente notable es que más de 60.000 personas hayan decidido participar en un proceso de primarias con resultados más que previsibles, lo cual contrasta con el sistema cupular como la Alianza por Chile designó a su candidato único, sin competencia interna.

Lo otro que se ha enfatizado es el alto porcentaje alcanzado por el candidato del PRSD, con un casi 35% de los sufragios y que el timonel del PRSD busca presentar como un fortalecimiento partidario, que le permitiría mejorar su

posición negociadora en el pacto parlamentario cuando, en verdad, refleja un fenómeno bastante más serio y preocupante para el hoy día candidato único de la Concertación y es el hecho que aún su postulación no logra entusiasmar al conjunto de su coalición. Obviamente, tras ese porcentaje que obtuviera José Antonio Gómez en estas primarias regionales, se esconde un voto de inconformismo por el proceso de designación del candidato único del oficialismo, que no sólo ha dejado en el camino a los dos liderazgos más potentes de la Concertación -Lagos e Insulza-, sino que no da cuenta de las demandas por la renovación de los elencos y los contenidos del proyecto oficialista.

El propio fenómeno protagonizado por Marco Henríquez Ominami, el díscolo diputado socialista, que arriesga perder su cupo parlamentario al mantener una postulación presidencial, es expresivo de este sentimiento latente que recorre a las filas oficialistas y que se constituye en el principal handicap de Eduardo Frei en la próxima campaña municipal. Un elemento que podría llevarlo a perder la elección si tan sólo enfrentara a un candidato de derecha sin los problemas que enfrenta Sebastián Piñera en su doble condición de empresario y líder político, como asimismo la escasa densidad, novedad y audacia de la propuesta programática de la derecha.

Conciente de este fenómeno, en su momento la actual Presidenta, Michelle Bachelet, optó por rodearse con figuras jóvenes o nuevas en la escena política, como Ricardo Lagos Weber, Francisco Javier Díaz, el propio Andrés Velasco, Ingrid Antonijevic o Jorge Marshall, intentando proyectar la imagen de renovación de las elites y la promesa de un gobierno ciudadano.

Una idea que Eduardo Frei parece compartir, sobre todo respecto de la incorporación de nuevas

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coyuntura figuras, pero que hasta ahora no ha logrado materializar en su comando de campaña, que aún lleva la impronta del freismo duro -Belisario Velasco, Guillermo Pickering, Sergio Henríquez, Pablo Halpern, Pablo Ruiz Tagle- que ni siquiera da cuenta de la diversidad al interior de la propia DC y menos aún de su coalición.

Hoy existe una demanda por renovación política, que es distinta a la idea del cambio o la alternancia que pregona la derecha. Tanto una renovación de los estilos de hacer política como de los propios elencos que se han rotado en el poder en estos últimos 20 años, ya sea en funciones de gobierno, como en cargos parlamentarios y edilicios, no sólo en el oficialismo, sino también en la oposición, con escasa capacidad de renovación de sus discursos y la integración de nuevos actores. Hasta ahora Eduardo Frei no ha logrado incorporar a su comando de campaña figuras nuevas, especialmente jóvenes y mujeres, que le impriman un nuevo sello a su campaña.

De la misma manera, hoy la sociedad chilena es más abierta, tolerante y liberal, de lo que expresan sus elites, medios de comunicación y las propias instituciones. Frei ha dado un paso trascendente para abrirse a un debate valórico que tiene tantas aristas y en donde su propia coalición mantiene profundas diferencias, tanto en el fondo como en la forma de abordar estos temas.

Las elecciones no se ganan con programas, por más que sea imprescindible confeccionarlos y cumplirlos, sino con ideas fuerza, como la idea del cambio que Obama plasmó en la exitosa campaña que lo llevó al poder, y que tradujo en su consigna “Yes, we can”.

No es evidente, por otra parte, que la designación de un comité político de campaña, integrado por los cuatro Presidentes de los partidos de su coalición, sea suficiente para proyectar la imagen de amplitud, diversidad y pluralismo, que requiere la campaña oficialista. En primer lugar porque esa no es una instancia operativa y tampoco es evidente que los jefes de partidos aporten una imagen muy fresca o renovada a la campaña presidencial.

El otro tema, bastante más de fondo, dice relación con el discurso de campaña y no necesariamente con el programa de gobierno. Con el mensaje que la candidatura oficialista busca transmitir al país, en un escenario marcado por la crisis internacional y en donde el gobierno de Michelle Bachelet, al contrario de lo sostenido por la oposición, parece ir en alza y promete culminar su mandato con altos índices de aprobación.

La fórmula de continuidad y cambio, que necesariamente debe representar un candidato oficialista, presenta más de una dificultad a la hora de discernir la adecuada combinación de ambos elementos para proyectar una propuesta y un mensaje atractivo y motivante para una mayoría ciudadana que valora los avances y éxitos de la Concertación en materia de crecimiento económico, disciplina fiscal y protección social, que hoy le permiten implementar activas políticas contracíclicas, pero también demanda cambios y transformaciones que permitan superar los resabios autoritarios y excluyentes que mantiene la actual institucionalidad, así como las profundas desigualdades generadas por un modelo de desarrollo que ha perdido parte de su dinamismo inicial y que tiende a reproducir la inequidad.

Una idea que en nuestro país la derecha ha reducido a la idea de alternancia en el poder, sin mayores contenidos transformadores. El propio enunciado programático, que resume el largo y publicitado trabajo del llamado grupo Tantauco, que reúne a varios cientos de los más connotados profesionales y técnicos de la derecha, no sólo parece un verdadero “parto de los montes”, de viejas y gastadas fórmulas conservadoras que la actual crisis económica internacional dejan al desnudo en toda su precariedad, reivindicando un rol más activo del Estado y una mayor y mejor regulación de los mercados. Se eluden también temas centrales del debate nacional, como el enfrentamiento de las profundas desigualdades que aún caracterizan a la sociedad chilena, pese a los notables avances para reducir la pobreza y erradicar la miseria, lo que necesariamente refiere a una más justa y equitativa redistribución de las cargas fiscales y mejoras en la distribución del ingreso. O el nuevo rol del Estado y de la sociedad civil tras el fin del paradigma neoliberal y el llamado consenso de Washington. a

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coyuntura de la colusión de las cadenas farmacéuticas, así como la debilidad de los mecanismos fiscalizadores.

Al igual de lo que sucede con Sebastián Piñera, aún Eduardo Frei tiene pendiente identificar su postulación con una idea trascendente y comprensiva, que justifique y de sentido a un nuevo gobierno de la Concertación.

Con todo, el termino de las primarias concertacionistas y la designación de Eduardo Frei como el candidato único del oficialismo marca el inicio de la carrera presidencial, cuando aún falta por despejar el tema del candidato de la izquierda extraparlamentaria, programada para el próximo 18 de abril en una Convención, con participación de dirigentes y representantes de los diversos sectores sociales y políticos que integran la coalición Juntos Podemos.

De la misma forma, la propuesta programática de la derecha elude el debate central acerca de cómo se superan los resabios autoritarios que aún persisten en nuestra institucionalidad. Entre ellos, la exclusión de los sectores minoritarios, que consagra el actual sistema electoral binominal, la modificación del sistema excesivamente presidencialista o el voto de los chilenos en el exterior. Sólo ahora, cuando algunas encuestas señalan que Piñera podría tener mayoría entre los no inscritos, la derecha rompe vestiduras a favor de la inscripción automática y el voto voluntario. Una reforma propuesta por el gobierno de Ricardo Lagos, que la derecha rechazara en el parlamento y que por su dilatada tramitación muy probablemente no alcanzará a regir para la próxima elección.

Con toda seguridad no será este el único candidato que competirá con los representantes de los bloques mayoritarios.

No es descartable que Marco Henríquez Ominami, teniendo a la vista el impacto de su candidatura entre los jóvenes, opte por mantener su candidatura hasta el final, desechando una postulación parlamentaria, y que otro tanto haga el senador Alejandro Navarro, que desistiera de participar en la Convención de la izquierda extraparlamentaria, profundizando la imagen de dispersión que hoy vive el oficialismo y que afecta no sólo a la izquierda concertacionista, sino a la propia Democracia Cristiana a partir de la opción asumida por Adolfo Zaldivar de levantar una candidatura testimonial, equidistante de la derecha y de la Concertación.

Hoy ni siquiera es evidente que la abortada propuesta de constitución de una “Alianza por el cambio” que propone Piñera, intentando ampliar los límites y las tradicionales fronteras de la derecha, implique una superación de la vieja alianza entre conservadores y gremialistas para incorporar un modesto y muy poco representativo sector de ex PPD y ex DC. Una convocatoria en donde los ex colorines liderados por Adolfo Zaldivar han optado por restarse asumiéndola como una renuncia a su propia identidad.

Obviamente, esa dispersión debilita la candidatura oficialista, pero igualmente perjudica la opción de Sebastián Piñera, que no logra sumar a los ex colorines de la DC la llamada coalición por el cambio, tornando aún más hipotético un virtual triunfo en primera vuelta de ninguno de los dos candidatos.

Hoy la demanda ciudadana mayoritaria no sólo en Chile, sino en el mundo entero, se asocia a la idea de protección estatal frente a los excesos del mercado. Una demanda por un rol más activo del mercado para impulsar el desarrollo e incentivar el empleo, regular de mejor manera el mercado, que muestra sus propias falencias en una economía tan excesivamente concentrada como la chilena en el caso 4

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El resultado de una segunda vuelta está abierto y depende de una multitud de factores. Entre otros del pacto parlamentario de carácter instrumental entre el oficialismo y la izquierda extraparlamentaria, así como de la propia fuerza que alcancen las candidaturas minoritarias, que se constituirán en los grandes electores de segunda vuelta.

En suma, una elección presidencial que, como en todas las elecciones, se decidirá por el mérito de las campañas, así como la fuerza de las ideas que los candidatos sean capaces de transmitir al país.

E CONOMÍA

Colusión de Farmacias, Concentración Económica y Regulación Eugenio Rivera Urrutia

El Fiscal Nacional Económico demandó a las cadenas farmacéuticas Fasa, Cruz Verde y Salcobrand que, en conjunto, controlan cerca del 90% del mercado, por haber “celebrado e implementado un acuerdo que ha incrementado exponencialmente (su) poder (de mercado), el que han ejercido conjuntamente en forma abusiva, pues dicho acuerdo ha tenido por objeto y efecto uniformar al alza el precio de un amplio número de los medicamentos que comercializan, con todo lo cual han eliminado la competencia, apropiándose del excedente de los consumidores y obteniendo ingentes beneficios, conducta ésta que colisiona de lleno con el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, en particular con su letra a)” (FNE, Requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia). ¿Por qué la colusión de las farmacias ha causado conmoción pública?

El proceso iniciado por el Fiscal Nacional Económico constituye probablemente, dentro del derecho de competencia y en la época reciente, el que mayor impacto ha tenido en la opinión pública, siendo varios los elementos que contribuyen

a este verdadero estado de alarma pública. En primer lugar, el hecho que estos abusos se hayan producido en un mercado con un impacto tan directo sobre la salud y vida de las personas. Más aún se trata de una actividad con un fuerte impacto en el poder adquisitivo de las familias pues, según estimaciones del INE, el gasto en salud representa el 6% del gasto total de los hogares. A esto se agrega que el delito contra la libre competencia ha afectado al sector salud, probablemente el ámbito que más ha concentrado la atención de los últimos gobiernos por promover una mayor equidad social. En efecto, con el impulso del Plan Auge se buscó garantizar el derecho de todo chileno a una salud de calidad, independiente de los recursos con que cuentan sus beneficiarios. Con dicho objetivo, se impulsó una amplia reforma que ha puesto en tensión al sistema estatal de salud y a las finanzas públicas. La colusión que ha quedado al descubierto, ha venido a sumarse a la creciente insatisfacción de los afiliados al sistema de ISAPRES, que no ven en sus prestaciones una efectiva protección frente a la amenaza de enfermedad. Queda así cada vez más en evidencia el contraste entre un sistema solidario en salud y uno estructurado, a partir de de su naturaleza comercial.

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economía Esta violación de las reglas de la libre competencia ha puesto en cuestión, además, la imagen positiva que se venía cultivando de la figura del empresario. En efecto, desde el régimen militar y, de manera sistemática, a lo largo de los gobiernos de la Concertación se ha venido sosteniendo una campaña, permanente, por parte de la oposición, de las cadenas periodísticas dominantes y del propio sector empresarial, para hacer de esa figura una especie de héroe moderno, al cual deberían aspirar los grupos más destacados de la juventud. Al contrario del pasado, cuando integrar el servicio público representaba la máxima aspiración de los representantes más brillantes de cada generación, la capacidad de emprendimiento buscaba ser presentada en el imaginario colectivo como el crisol de las máximas virtudes.

En este escenario, la búsqueda egoísta de la ganancia, que representaba el mecanismo mediante el cual se satisfacía el interés general y superior de la comunidad, pasaba a representar, además, las mejores calidades ciudadanas.

La visión idealizada del empresario, ha sido puesta en cuestión en la crisis económica que afecta a la economía internacional.

Ya desde el incidente ENRON quedó en evidencia cómo tras la imagen del gran empresario se escondía el fraude y la burla de la fe pública. En la crisis actual, personeros de tan brillante trayectoria como Bernard Madoff han terminado en la lista de los delincuentes más famosos de la historia.

Chile aparecía, en este contexto desastroso para la función

empresarial, como un lugar excepcional. El caso de la colusión de las farmacias ha evidenciado que también en este país, existen empresarios de dudosa honestidad. El delito de colusión no es achacable, como se ha pretendido señalar, a funcionarios de rango menor en las empresas involucradas.

La responsabilidad radica, según la ley, en los directorios responsables de las empresas protagonistas del desaguisado.

Naturalmente que la justicia tendrá que identificar a los culpables, lo que resulta, sin embargo innegable, es que en la propiedad y en la dirección de estas empresas se cuentan a los principales empresarios del país. En Salcobrand el principal propietario es la familia Yarur, controladora de uno de los principales bancos de la plaza. Falabella principal empresa de retail del país tiene un 20% de la propiedad de Farmacias Ahumadas. Por su parte, Cencosud a través de Almacenes Paris controla el 20% de las acciones de Cruz Verde, cadena de farmacia que se ubica en el segundo lugar en el mercado1. No se trata en consecuencia de “aparecidos”, sino de las principales fortunas del país.

Como si todo esto fuera poco, el candidato presidencial de la derecha aparece como un accionista, minoritario, pero accionista al fin de “Farmacias Ahumadas”, protagonista de este escándalo. Probablemente, Sebastián Piñera nada sabía de los manejos en que aparece involucrada su empresa. No obstante, la empresa Lan Chile, de la cual el candidato es controlador, ha sido multada por 88 millones de dólares por los organismos de competencia de los Estados Unidos. Aquí en Chile, el mismo Sr. Piñera fue multado el año pasado por la Superintendencia de Valores y Seguros por haber hecho uso de información privilegiada. Se trata en definitiva de conductas contra la libre competencia y la fe pública de similar naturaleza a la práctica detectada en relación con las farmacias.

Desregulación, colusión y concentración económica Desde el punto de vista de los ciudadanos, la salud no es un mercado como cualquier otro. Sin embargo, desde el punto de vista estricto del mundo de los negocios, la situación de ese sector no se diferencia de los otros, tanto desde el punto

1 Según Wikipedia, en la Actualidad, Farmacias Cruz Verde es la segunda farmacia de Chile por participación de mercado y por capitalización bursátil, es propiedad en un 80% de Empresas Cruz Verde (entidad que agrupa además a Socofar (distribución), Solventa (Créditos) y MintLabCo (Laboratorio)) y en un 20% a Cencosud, entidad que entró a la propiedad tras la compra de Paris, empresa que desde 1997 tenía participación en la empresa. Posee más de 540 farmacias repartidas por todo Chile, y cerca de 1 millón de tarjetas emitidas por su división de Créditos, Solventa, entre las Tarjetas: Cruz Verde, Gacel Card, Tarjeta Guante, Fashion’s Park, Crédito Constructivo de MTS, Bata Card, Tarjeta Pre Unic, entre otras.

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economía de vista de la alta concentración económica que lo caracteriza como por la debilidad de los organismos supervisores del Estado. En efecto, las tres cadenas de farmacias acusadas de participar en la colusión destinada a aumentar los precios de los medicamentos controlan sobre el 90% de la venta minorista de productos farmacéuticos de Chile.

Específicamente, como consigna el propio requerimiento, en el año 2007 Farmacias Ahumada, Cruz Verde y SalcoBrand tuvieron participaciones de mercado del 27,7%, 40,6% y 23,8%, respectivamente, lo que genera un Índice Herfindhal Hirschman (HHI) que supera los 3.000 puntos. Se trata además de un sector de importantes barreras de entrada3.

La FNE estima que la inversión mínima requerida para la apertura de un nuevo punto de venta es del orden de $150 millones, estimándose que cerca del 47% de los gastos totales corresponde a infraestructura y obtención de permisos, esto es, unos $70 millones, son costos hundidos (irrecuperables).

Al respecto, el Gerente General de FarmaLider S.A., declaró a la Fiscalía que sólo “con, a lo menos, 30 ó 40 farmacias, podíamos acceder a óptimos descuentos por volúmenes ofrecidos por los laboratorios y tener precios competitivos” lo que implica una inversión inicial de al menos $ 2700 millones. A esto se suma la dificultad para acceder a puntos de venta competitivos y los altos gastos en publicidad que caracterizan la industria2.

Sin embargo, lo señalado no da todavía cuenta del grado de concentración que caracteriza a esta industria. En efecto, como se señalaba más arriba, las cadenas farmacéuticas forman parte de los principales grupos económicos del país.

20% de las acciones de FASA pertenecen a Falalabella y un porcentaje similar de Cruz del Sur es de propiedad de CENCOSUD, empresas las cuales controlan el comercio minorista del país. Por su parte, SalcoBrand es de propiedad del grupo Yarur propietario del BCI. Mientras en los años 80 existían 1900 farmacias independientes, ellas se redujeron a 1200 en los 90 para caer

a 600 en la actualidad. Como contrapartida, las cadenas farmacéuticas han crecido sin cesar en los últimos 10 años. En ese período, y pese a que las cadenas presentan importantes ventajas de costos (mayor acceso a descuentos por volumen, mejor manejo de inventario, economías de escala, acceso a técnicas modernas de administración) los precios de los medicamentos experimentaron importantes incrementos. En efecto, según información del INE entre 1998 y 2003 los precios se elevaron en términos reales en un 40% (La Tercera, domingo 5 de abril). Entre ese último año y el 2006 los precios se mantuvieron relativamente estables, para comenzar a caer hasta los niveles actuales producto de la guerra de precios que mantuvieron las cadenas farmacéuticas entre los años 2006 y 2007. Como ha quedado claro en la conciliación a que arribaron la FNE y FASA hacia finales del 2007 se concertaron las empresas del sector para terminar dicha guerra y aumentar los precios de los medicamentos. En la actualidad el índice de precios se ubica en 114 (Base 1998 = 100). Pese a estos antecedentes, algunos personeros han señalado que si hubo colusión ello “no implicó un daño para los consumidores” ya que si se acepta que el precio competitivo era el que se cobraba antes de la guerra de precios, “todo lo que sucedió fue que los medicamentos volvieron a los valores previos a esta guerra” (Declaraciones del académico Claudio Sapelli en La Tercera, 5 de abril, 2009). Los precios no han vuelto a los niveles alcanzados en los años 2003 - 2006 y las empresas parecen

2 Es importante mencionar que los ingresos de nuevos actores a esta industria han sido escasos y con poco éxito. En el año 2001, D&S intentó entrar al segmento de las cadenas farmacéuticas con FarmaLider. Sin embargo, no obtuvo los resultados que esperaba, básicamente, por los altos costos asociados a tener una cadena de farmacias. Así, en el año 2007, D&S firmó una alianza estratégica con Farmacias Ahumada, otorgándole la operación de sus locales FarmaLider (Ver el Requerimiento de la FNE) 3 En el año 2007, los gastos en publicidad de las 3 cadenas farmacéuticas habrían alcanzado la cifra de $11.750 millones correspondientes al 1,4% de las ventas totales.

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economía grupo de 140 genéricos esenciales para que la gente pueda elegir por precios, bajo la La decidida acción de supervisión de los químico-farmacéuticos que tienen que existir en cada una de la FNE y la decisión del las farmacias. De esa manera no habrá Tribunal de Defensa inducción indebida a ciertos productos, como hemos constatado que hasta ahora se de la Competencia de hace según señaló el Ministro Erazo. (iii) Preparar un proyecto de ley que reponga apoyar la innovadora la sanción penal para ciertas conductas medida de la FNE son contrarias a la libre competencia. (iv) Se ordenará a la Central Nacional de dignas de elogio.

Abastecimiento (Cenabast) que actualice quincenalmente la información de cómo está variando el costo de los productos de mayor consumo en el país. Actualmente, el monitoreo La política gubernamental se realiza cada tres meses y según los últimos informes los precios aún no bajan, pese a conocerse públicamente la En este contexto, si bien es loable el esfuerzo por efectuar un colusión. efectivo control de los comportamientos anticompetitivos en Sin embargo, el ministro desestimó que la misma Cenabast el sector privado, lo cierto es que ello no se logra a cabalidad. pueda vender directamente los remedios al público, tal como En efecto, el elemento central de la reacción gubernamental lo había propuesto un grupo de parlamentarios. estuvo a cargo de la FNE, organismo a cargo de vigilar el La decidida acción de la FNE y la decisión del Tribunal de desempeño competitivo de los mercados. Respondiendo a Defensa de la Competencia de apoyar la innovadora medida de diversas denuncias y señales de que el mercado farmacéutico la FNE son dignas de elogio. No obstante, la reducida multa, presenta problemas, la Fiscalía procedió, como se señaló la contratación por parte de las otras cadenas farmacéuticas más arriba, a requerir a las tres farmacias acusándolas de de los mejores estudios de abogados para enfrentar la haberse coludido para elevar los precios. En ese contexto, la acusación y la débil respuesta gubernamental plantean con FNE recurrió a un instrumento de amplio uso en los países crudeza la interrogante respecto de la efectiva capacidad desarrollados, la llamada delación compensada mediante la del Estado para enfrentar este tipo de comportamientos. cual contra una multa reducida, Farmacias Ahumada confesó El Mercurio, en su editorial del 4 de abril advirtió, que su participación en la colusión, denunciando de esa forma a es clave evitar que, a resultas de la regulación, no puedan las otras dos cadenas de farmacias involucradas4. El Tribunal entrar nuevos actores al mercado y en consecuencia no se de Defensa de la Competencia, en su resolución del 13 de abril justificaría que en la venta de medicamentos que no requieren del 2009 aprobó los términos de la conciliación entre la FNE 5 receta no pueda hacerse en el comercio en general. Con ello y la empresa FASA . No obstante, lo que se vislumbra hacia se está imponiendo artificialmente una barrera que limita la adelante, es un largo proceso que de resultar exitoso apenas competencia”(El Mercurio, 4 de abril 2009, p. A 3). No deja podrá hacer pagar a los acusados una multa, que comparada de llamar la atención esta proposición. ¿Podrían mejorar las con los beneficios extraordinarios acumulados sólo en el condiciones de competencia al aplicar esta medida si se tiene período 2000 - 2008 resultaran realmente exiguos. en consideración que los que podrían llevar a la práctica esta En una reunión con la presencia de varios ministros, se iniciativa son Cencosud y Falabella, ambos propietarios de decidió tomar las siguientes medidas: (i) Promover en las dos de las empresas involucradas en la colusión. ¿Cuáles góndolas la venta de fármacos que no requieran receta. (ii) serían los incentivos que llevarían a estas empresas a Establecer la obligatoriedad de mantener disponibles un poder financiar con creces sus fuertes inversiones.

Usando los mismo argumentos del especialista ¿Qué otra cosa sino una apropiación del excedente del consumidor ocurrió en los años indicados? Lo que ocurre es justamente una prueba fuerte de la debilidad de la institucionalidad de protección de la libre competencia, que dejó operar impunemente al oligopolio farmacéutico durante varios años y recién a partir de noviembre del 2007 pudo encontrar los primeros indicios de la colusión.

4 Es importante destacar, la decisión del fiscal de utilizar este instrumento el cual no está contemplado específicamente en la legislación y que de hecho está incluido en el proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. El ex fiscal, Pedro Mattar, actualmente defensor de la Farmacias Cruz Verde cuestionó el uso del instrumento por no estar previsto en la legislación.

5 Se han expresado críticas respecto de la baja multa que incluía dicho instrumento. No obstante, cabe señalar que junto con contar con un elemento de prueba de singular importancia, se ha creado un precedente de inmensa importancia. Dicho precedente debería contribuir a una rápida aprobación de la ley mencionada más arriba.

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Algunas Ideas sobre la Agenda Progresista y la Crisis

Gonzalo D. Martner

• Protección Social y políticas fiscales más activas • Evitar la depresión con políticas de estímulo a la demanda 1. La situación actual El origen cercano de la actual crisis económica global se sitúa en Estados Unidos y en su política posterior al estallido de la burbuja de las empresas puntocom, que desestabilizó la economía norteamericana hacia el año 2000. Esta incluyó una provisión de liquidez abundante para evitar una recesión, junto a una desregulación progresiva de los mercados financieros. A la insuficiente capitalización bancaria se agregó la falta de vigilancia de las agencias de calificación de riesgo, la opacidad de nuevos instrumentos financieros de alto riesgo, la carencia regulatoria de los créditos inmobiliarios y, peor aún, su transformación en instrumentos financieros segmentados en porciones de activos de riesgo diverso cada vez más complejos sacados, además, fuera del balance de los bancos de origen. Estos instrumentos fueron difundidos en buena parte del sistema financiero globalizado, sin mayor control. Se generó así una mezcla explosiva que derivó a partir de septiembre de 2008 en una de las más graves crisis financieras de la historia e inmediatamente después en la caída de la inversión y el consumo y, finalmente, en la recesión generalizada en las economías industrializadas.

Se prevé en estas economías una caída de más de 3% de su PIB en 2009. La severa contracción del comercio y el crédito

extendió a todo el mundo la desaceleración económica y también la perspectiva de una depresión comparable a la de los años 1930. Esta situación es altamente peligrosa, pues son conocidas las consecuencias sociales y políticas de la Gran Depresión.

Tras las circunstancias inmediatas, han influido en el desencadenamiento de la crisis actual un tipo de acumulación, que altero sustancialmente el balance entre ingresos de capital, especialmente financiero, y el trabajo asalariado, desacoplando las condiciones de la producción y el consumo; una deslocalización de muchas actividades industriales a países con bajo costo de mano de obra, algunos de los cuales logran un crecimiento excepcional, como China e India, pero altamente dependientes de las tecnologías y los mercados occidentales; un sistema monetario internacional basado en el predominio ficticio del dólar, que a su vez permitió sostener el consumo en Estados Unidos en base a un enorme déficit fiscal y de balanza en cuenta corriente financiado con los ahorros del resto del mundo, especialmente de China y Japón. Una Europa que establece una moneda única pero que no coordina sus políticas económicas; un modelo de expansión productiva que ha alterado el clima mundial y evidenciado los límites energéticos del capitalismo contemporáneo; una orientación mercantil generalizada de las agriculturas –incluyendo la producción de biocombustibles en base a cereales- que ha generado una crisis alimentaria de graves proporciones en el mundo subdesarrollado.

2. Evitar la depresión con políticas de estímulo de la demanda Ha sido tarea primordial de los progresistas a

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agenda progresista nivel global (o al menos donde tienen una trayectoria de interlocución en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ya sea que tengan responsabilidades de gobierno o estén en la oposición) evitar que la recesión se transforme en depresión y deflación. Esto supone políticas de estímulo fiscal, que sean globalmente efectivas para estimular la demanda con una magnitud suficiente en los países desarrollados (lo que no es aún el caso) y con una transferencia de una parte de estos recursos a los países menos avanzados, para evitar allí las hambrunas y el desamparo, lo que aún no se ha decidido.

En la visión progresista, los nuevos gastos públicos de los planes de estímulo deben dirigirse a la inversión en infraestructura productiva, a la inversión social y a aliviar la situación de los más desposeídos, como ha venido ocurriendo en diversos planes anticrisis. En especial, se han reforzado los seguros de desempleo y los programas de mantención de ingresos de las familias carenciadas y evitado las disminuciones de impuestos a los más ricos, en contraste con el credo neoliberal en retirada. Se ha evitado así, además, que esta inyección de ingresos se desvíe en parte hacia el ahorro cuando lo que se requiere es estimular el consumo.

La interrupción del financiamiento de la actividad económica corriente se ha combatido actuando contra el riesgo sistémico de caída de los sistemas de financiamiento, proveyendo masivamente liquidez. Esto ha venido ocurriendo de manera generalizada, aunque no siempre con las correspondientes contrapartidas públicas de control de los activos para no lesionar a los contribuyentes, que aún pocos han puesto en práctica. En escala internacional, esto supone un incremento de los recursos del FMI y su puesta a disposición de los países, sin las condicionalidades recesivas que han hecho de este organismo una entidad inútil cuando no perjudicial para el crecimiento de las economías periféricas. Los acuerdos del G20 de abril de 2009 van en este sentido, augurando una progresiva transformación positiva del rol del FMI. Además, nuevas facilidades de crédito de nivel regional y subregional deben ser estimuladas, especialmente para las economías más vulnerables frente a la caída de los precios de sus materias primas de exportación o la desvalorización de activos. La actual situación de descapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo deberá, en este sentido, ser corregida.

Los acuerdos del G20 auguran un mayor control de los paraísos fiscales, de las agencias privadas de calificación de riesgo y de las operaciones a descubierto y, sobre todo, el establecimiento general de nuevas reglas prudenciales anticíclicas en los sistemas bancarios internacionales y una limitación de la titularización de créditos por tramos de riesgo y de los productos derivados. La reciente creación del Consejo de Política Financiera es un buen avance, que habrá que ver si estará seguido de resultados que eviten futuras

crisis. Los principales bancos centrales deberán en este contexto coordinarse más estrechamente. Tal vez en el futuro un Consejo de Seguridad Económica en la ONU debiera supervisar el sistema monetario internacional, pues el rol de moneda pivote del dólar empieza a ser puesto en cuestión por países como China, que ha insinuado un mayor rol para los Derechos Especiales de Giro del FMI, activos monetarios basadas en este caso en una canasta de monedas.

3. Cambiar el modelo energético y productivo

Además de eliminar los riesgos de corto plazo, cabe afrontar los riesgos de largo plazo, y en primer lugar los del cambio climático. Una nueva estrategia debe asentarse sobre la disminución generalizada de la emisión de gases con efecto invernadero, en base a metas de reducción exigentes y a políticas diseñadas para avanzar hacia un mayor peso de las energías alternativas a las fósiles conjugadas con incentivos al ahorro y la eficiencia energética. La crisis global de la industria automovilística debe implicar la introducción generalizada de vehículos eléctricos e híbridos en la próxima década. Más generalmente, le cabe al Estado frente al fracaso de los mercados librados a su suerte un rol cada vez mayor en la aceleración del crecimiento, mediante la innovación y el desarrollo científico y tecnológico puesto al servicio de una producción económica en energía y de alta productividad, respetuosa del ambiente y de los equilibrios ecológicos

locales, incluyendo un desarrollo rural que no descuide la producción de alimentos.

4. Profundizar la protección social y las políticas fiscales activas Para los progresistas la crisis debe ser una ocasión de reafirmar su sello distintivo en favor de la justicia social y de reanimación de la economía sobre nuevas bases sociales. Estas a

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economía presionar a las cadenas farmacéuticas a no hacer uso de su posición de dominio?

Las medidas gubernamentales no aparecen más efectivas.

Como ejemplo de esta situación cabe analizar la medida de establecer un control quincenal de la variación de los precios de los productos de mayor consumo. Tendrá esta medida algún efecto, frente a la política de variación precios que desarrollan las empresas farmacéuticas? En ese sentido, resultan muy instructivas las declaraciones del gerente general de Salcobrand: “La variación de precios no empieza de un día para otro, es parte fundamental de la dinámica de la industria. Cada semana revisamos el precio de 1200 productos y más del 50% sufre variaciones al alza o a la baja de acuerdo con nuestra estrategia de negocios. En el período al que se refiere la FNE (noviembre 2007 - abril 2008) realizamos 2193 variaciones de precio; 1386 fueron alzas y 807 fueron bajas. No sólo las 222 que cuestiona el fiscal. ¿Cómo fija Salcobrand los precios de sus productos? Básicamente, en función de los precios que observamos de la competencia relevante (FASA y Cruz Verde) lo que implica vigilancia semanal, quincenal y mensual y supervisando que la comercialización de productos con precios bajo costo de compra a proveedores sea el mínimo posible. El consumidor es muy buscador de precios, por lo que estamos obligados a mirar los precios de la competencia cuando decidimos los nuestros. En esta lógica, Salcobrand cuenta con un departamento de precios que destina mensualmente más de $ 50 millones al monitoreo de la competencia, esto es, consultar precios y comprar productos para analizar y aplicar con la mayor rapidez posible la política de precios definida por la compañía. Sólo en un mes se efectúan más de 12.000 cotizaciones” (Entrevista a Roberto Belloni, gerente general de Salcobrand; La Tercera 4 de abril del 2009).

Podrá la fiscalización quincenal enfrentar la posibilidad de las cadenas de farmacia cambien de un día a otro sus precios utilizando sus sistemas informáticos? Con estos medios, todo intento del consumidor por buscar mejores precios

resulta inconducente. La oferta que parecía más favorable en un día determinado no existe al día siguiente.

De ahí que se hace necesario recurrir a nuevos mecanismos reguladores. En ese sentido, frente a la indignante colusión en un mercado tan sensible para la población han surgido numerosas propuestas para que un ente público se involucre en la venta de medicamentos. La actual situación hace indispensable analizar profundamente esta propuesta.

Existen importantes indicios de que una medida de esta naturaleza podría disciplinar al mercado pudiendo traducirse en importantes beneficios para la población, en particular la más pobre. En efecto, sería perfectamente posible que la red hospitalaria pública e incluso algunos consultorios, pudieran disponer dentro de sus servicios una farmacia pública, que no sólo pudiera ofrecer productos a los consumidores, sino que además operara como un regulador más efectivo de las farmacias privadas.

Existen condiciones favorables para impulsar esta medida. La propia Central de Abastecimiento que provee de medicamentos al servicio público de salud, podría abastecer a las farmacias que venderían los remedios al consumidor. El impacto en las condiciones de vida de la población sería sustancial. De hecho, la medida podría contribuir a mejorar la distribución de ingresos.

Naturalmente, esta propuesta ha levantado una polvareda en los defensores a ultranza del sector privado. Con rapidez varios analistas han sostenido que el sector público es ineficiente y que no podría llevar a cabo esta tarea. La falta de argumentos empíricos es señal de que se trata de argumentos débiles.

Todo este debate no debe evitar analizar un problema más de fondo. En efecto, aún cuando el problema de la colusión en las farmacias es especialmente sensible para el público; lo cierto es que la concentración que caracteriza al sector se reproduce en la mayoría de los otros sectores de la economía. ¿Qué nos asegura que en esos sectores no estén ocurriendo procesos similares a los que tuvieron lugar en las cadenas farmacéuticas?

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agenda progresista deben incluir nuevas estrategias nacionales de disminución de la pobreza y de mantención de ingresos básicos, fortalecer la educación y la formación continua, ampliar la inclusión activa en el mercado laboral, fortalecer la seguridad social en desempleo, salud y pensiones, y ampliar la lucha por la no discriminación arbitraria de género, etárea y étnica en materia de ingresos, inserción social y de políticas de integración y acceso a bienes públicos y servicios urbanos.

Tal vez un impulso innovador vendrá ahora de Estados Unidos. Es sintomático que el nuevo presidente de Estados Unidos haya enviado al Congreso un primer presupuesto fuertemente reactivador en el corto plazo, pero que también se plantea financiar reformas sociales y energéticas en un horizonte de una década y disminuir el déficit. Este prevé tanto un mayor gasto como una nueva carga fiscal de tipo redistributivo. Obama ha cifrado el déficit fiscal en un 12,3% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir el nivel más alto desde 1942. La perspectiva es reducir este déficit hacia el 2013 a un nivel equivalente a un 3% del PIB. El presidente de Estados Unidos propone rebajar impuestos para un 95% de los trabajadores, retrotraer las tasas de impuestos a la renta de los más ricos a los niveles previos a los recortes de Bush, disminuir exenciones tributarias y usar esa recaudación proveniente del 2% de individuos de más altos ingresos para sus planes sociales. El Gobierno de Obama quiere incrementar los ingresos del Estado en unos 318 mil millones de dólares en los próximos 10 años, con lo que se financiará más educación pública y la mitad del fondo de reserva de 634 mil millones de dólares con el que quiere transformar el sistema sanitario y avanzar a una cobertura universal de los seguros de salud (hoy un 15% de los norteamericanos no tiene ningún seguro). Las nuevas cargas fiscales sobre las empresas y especialmente las más contaminantes permitirán, por su parte, financiar el 12

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desarrollo de energías renovables y reducir las emisiones de carbono.

El plan de estímulo de 837 mil millones de dólares previamente aprobado el 10 de febrero en el Congreso equivale por su parte al 5,6% del PIB. Este es ligeramente superior al plan Marshall de 1947 para reconstruir la Europa de posguerra, cuyo monto fue de 13 mil millones de dólares en cuatro años, un 5,4% del PIB. En cambio, el New Deal de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la depresión tuvo un costo equivalente en 1933 al 5,9% del PIB. Roosevelt puso en marcha un segundo plan en 1935 para construir aeropuertos, puentes y edificios públicos, con lo que lo invertido por el Estado se elevó al 6,7% del PIB. Detrás de estas cifras está el retorno de las ideas keynesianas y postkeynesianas: la economía de mercado engendra crisis periódicas; el déficit fiscal no desplaza en las recesiones la inversión privada; un incremento de la demanda no produce necesariamente un alza de precios; el alza de salarios no provoca fatalmente un aumento del desempleo ni una disminución de las utilidades; una menor tasa de ahorro no provoca en el corto plazo una caída de la inversión y del crecimiento ni aumenta las tasas de interés; la flexibilidad generalizada de los precios no lleva necesariamente a un equilibrio óptimo.

Más generalmente, las instituciones y los actores sociales no deben ser concebidos como imperfecciones de mercado, sino como organizaciones que suelen aportar una forma de estabilidad al sistema económico, y en todo caso existen y determinan las relaciones de poder en la sociedad, ante las cuales los ciudadanos no permanecen indiferentes y actúan colectivamente. Estamos también crecientemente en presencia del retorno de la economía política.

Y sobre todo está de vuelta un consenso perdido en las últimas décadas: las opciones de política económica, aunque complejas, son propias de la plaza pública y no de los tecnócratas, a los que nunca debió dejarse el cuasi monopolio de las decisiones por una razón muy sencilla: cuando son dogmáticos y arrogantes se equivocan más que el resto del mundo. Y más vale tener razones aproximadas que estar equivocado de manera precisa, como lo ha estado, aunque no es novedad, la tecnocracia neoliberal en esta crisis. Definitivamente, la intervención del Estado -que debe realizarse de manera cuidadosa aunque contundente- no es parte del problema, sino es parte de la solución.

C UMBRE G-20

Los árboles no Dejan Ver el Nuevo Orden

Jorge Heine Catedrático de Gobernanza Global en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales en Waterloo, Ontario.

“Si uno mira la arquitectura financiera global, no creo que refleje la economía global” Henry Paulson, entonces Secretario del Tesoro de los EE.UU.

La foto dio la vuelta al mundo: con la Bahía de Valparaíso de trasfondo, la presidenta de Chile, al centro (en un sobrio traje sastre azul piedra), con el Primer Ministro de Gran Bretaña a su derecha, el Vicepresidente de los EEUU a su izquierda, y en los costados, el presidente de Brasil y el PM de Noruega, por un lado, y la presidenta argentina (de llamativo vestido rosado), el presidente del Gobierno español y el presidente de Uruguay, por otro.

Lula, como siempre, bromeando. Gordon Brown, atrasado, pero sin que nadie diga nada, con la consiguiente indignación de Cristina Fernández, muy criticada por llegar tarde a la sesión fotográfica del G-20 en Washington en noviembre, que tuvo que repetirse.

El jueves siguiente, cuatro de estos ocho dirigentes se reunirían en Londres, invitados por Gordon Brown, para la segunda reunión del G-20. También estuvo en la Cumbre de Viña Paul Martin, el ex Primer Ministro de Canadá, que fue el motor detrás de la creación del G-20 a nivel de jefes de gobierno. Chile fue así anfitrión de un apronte para la segunda reunión de este último, con todo lo que ello implica. Fue la primera visita de un Primer Ministro británico a América Latina y la primera del nuevo VicePresidente de los EEUU, Joseph Biden, a la región. José Luis Rodríguez Zapatero, preparando un cambio de Gabinete y con una intervención que hacer en las Cortes el lunes 30 de marzo, que originalmente se había excusado, finalmente asistió, aunque sólo por 24 horas. Brown y Biden hicieron también visitas bilaterales a Chile. En diplomacia, fue el equivalente a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol en forma impecable, y ganar la final.

La Cumbre Progresista del 27 y 28 de marzo de 2009 en Viña del Mar, realizada por vez primera fuera de Europa, fue todo un éxito. Y por ajenas que puedan parecer a las preocupaciones cotidianas de la gente, en Chile la mayor aprobación de todas las áreas de políticas públicas la siguen recibiendo las relaciones internacionales, algo confirmado por todas las encuestas, como se puede ver por el gráfico adjunto.

Lo triste fue el desfase entre la altura del encuentro y la cobertura local. Dos semanas antes, dos páginas completas en la edición dominical de un matutino estuvieron dedicadas a detallar minuciosamente los costos del mismo, el equivalente a detallar, ampolleta por ampolleta, el costo de la iluminación de la final del Mundial de fútbol, sin referencia a los equipos. Sobre el contenido de las deliberaciones, muy poco. Sobre su significado, menos. Y en ellas hubo mucho en juego, para Chile y para el mundo, ya que estuvieron centradas en la crisis financiera global.

Fue la prensa extranjera la que explicitó que este encuentro en Viña del Mar reflejaba los enormes cambios que se están dando en el orden mundial, mientras el periodismo criollo se lucía con lindezas como referencias a un “socialismo de balneario” y lo apropiado o no del uso de “progresista” (término que parece suscitar particular irritación en ciertos sectores) por nadie, pero especialmente por los participantes.

Como ha señalado la gran prensa mundial, ya no es posible que los gobiernos de algunos países europeos y de América del Norte se reúnan periódicamente entre sí en sus capitales para decidir el futuro del mundo. Las potencias emergentes del Sur Global han surgido con fuerza en las últimas décadas y merecen un lugar en la mesa. De ahí la cumbre de Viña como expresión de este nuevo balance.

La crisis financiera mundial, la peor desde la Gran Depresión, ha gatillado un profundo re-examen del funcionamiento del capitalismo y de la globalización. Ello implica una revisión tanto de los incentivos perversos que nos han llevado a la actual situación, como de los mecanismos regulatorios. El día antes que el banco de inversiones Lehman Brothers quebrase, una agencia calificadora de crédito le asignó A+. ¿Qué nos dice ello?

Cambios mayores como éstos, por definición de cáracter transnacional, no pueden ser llevados a cabo por cada país en solitario, y requieren algún grado de coordinación y de acción a

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cumbre G-20

colectiva. De ahí las cumbres.

Del G-7 al G-20 El G-7 se fundó en 1975 como un mecanismo de coordinación entre las economías mas industrializadas, esto es, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, el Reino Unido, Canadá e Italia. Sus cumbres anuales, por lo general en julio, se constituyeron en importantes hitos. Su selectividad y distendidos intercambios informales, tan distintos al de la retrahila de acartonados discursos y pesado protocolo de otras reuniones de jefes de estado, son el secreto de su éxito. Ayudó tambien el que dos de sus fundadores fuesen “pesos pesados”, Primeros Ministros que venían de la cartera de Hacienda: Valery Giscard D’Estaing de Francia y Helmut Schmidt de la entonces Alemania Federal.

Su objetivo central ha sido intercambiar puntos de vista acerca de cómo enfrentar desafíos económicos internacionales, algo muy útil en momentos de crisis. Su pequeño tamaño y las características comunes de los participantes, todos líderes de paises democráticos desarrollados, facilitaba mucho las deliberaciones. En los noventa, en un gesto de las potencias occidentales a Rusia, la Federación Rusa fue invitada a incorporarse, con lo cual el G-7 pasó a G-8.

Con todo, veinte años después de su fundación, esto es, a fines de los noventa, se hizo evidente que estos países representaban una parte decreciente del producto mundial. Con motivo de la “crisis asiática” de 1997-1998, se expandió el Comité de Finanzas del G-8 y se creó un G-20, que añadió a varios países del Sur Global, cuyos ministros de Hacienda se incorporaron a sus deliberaciones. El entonces Ministro de Hacienda de Canadá, Paul Martin, hizo de anfitrión de una de ellas en Halifax, Nueva Escocia y se dio cuenta de la importancia de esa instancia, como veremos más adelante. Estas reuniones a nivel de Hacienda han continuado.

En último término, empero, hay ciertas decisiones que sólo 14

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se pueden tomar al más alto nivel y la noción de que era el G-8 mismo el que necesitaba expandirse se extendió.

Potencias emergentes como China e India, pero tambien países como Brasil, México y Sudáfrica, dotados de amplios territorios, vasta población y abundantes recursos naturales estaban entre los candidatos.

El invitar a sus líderes a sólo parte de las sesiones del G-8 fue la tímida, pero eventualmente impresentable respuesta inicial (como dijo el entonces Presidente sudafricano Thabo Mbeki, “no nos pueden poner en una situación en la cual nos invitan al postre, pero no al plato principal”). En la cumbre de 2007 en Heiligendamm, Alemania, el comunicado oficial fue emitido antes de la reunión de los “Cinco” (Brasil, China, India, México y Sudáfrica) con los “Ocho”, dándole un toque de comedia a lo que ya a muchos les parecían mas “photoops” que reuniones sustantivas.

Al asumir como Primer Ministro de Canadá en el 2004, por otra parte, Paul Martin impulsó la creación de un G-20 a nivel de líderes. En ello contó con el apoyo y sustento intelectual de dos centros de pensamiento canadienses: el Centro para la Innovación en la Gobernanza Global (CIGI) y el Centro para Estudios Globales, afiliado a la Universidad de Victoria, comenzaron a desarrollar una serie de proyectos para promover esta propuesta. Seminarios en Canadá, en Europa y en América Latina, con la participación de ex-“sherpas” (los ayudantes de los jefes de gobierno en las cumbres) así como una serie de publicaciones, incluyendo varios libros, fueron parte de ello (y, para poner las cartas sobre la mesa, debo decir que he estado vinculado a CIGI desde 2003, y como investigador a tiempo completo, desde 2007).

La idea era que un G-20 “cortase” no sólo cuestiones económicas, como regulación financiera y el papel de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), sino que también otros “nudos gordianos” en materia de gobernanza global. Ahí caen temas como el cambio climático, las migraciones internacionales y los subsidios agrícolas. Muchas simulaciones y “reuniones en la sombra” (con antiguos protagonistas de las mismas) han demostrado lo fructífero que puede ser una herramienta de este tipo. ¿Crisis del capitalismo o de la globalización?

Los instrumentos disponibles para enfrentar estos desafíos están obsoletos o no funcionan. Como dijo en su momento el antiguo Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson, “si uno mira la arquitectura financiera global, no

cumbre G-20 creo que refleje la economía global”.

Paulson se podrá haber equivocado en el manejo inicial de la crisis (muchos creen que el haber dejado quebrar al banco de inversiones Lehman Brothers fue un error, ya que ello desató una reacción en cadena en Wall Street, algo que Paulson, el ex presidente del mayor banco de inversiones, Goldman Sachs, debió haber anticipado), pero en esto tiene razón. Los mecanismos existentes para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado no responden a los requerimientos del presente.

Ello se hizo evidente en esta ocasión, en que después del “septiembre negro” del 2008, la crisis, originada en Wall Street, se extendió rápidamente por todo el mundo, sin la existencia de “cortafuegos” que lo pudiesen haber evitado. Como ha señalado Thomas Friedman, la conjunción de cuatro factores la hizo imparable: 1) La crisis se originó en Estados Unidos, la mayor economía del mundo, 2) en plena globalización, 3) utilizando productos financieros de enorme complejidad, 4) los cuales dieron lugar a un gigantesco apalancamiento de recursos. El efecto multiplicador de esto ha sido devastador.

El sector financiero tiene cinco veces el tamaño de la economía real; sin embargo, los grandes desbalances financieros que se dan hoy no están sujetos a regulación alguna, y son al menos una de las causas de la crisis. El principal desbalance, desde luego, es el que se da entre los Estados Unidos, (que solía ser el principal acreedor del mundo y hoy ha pasado a ser el principal deudor) y China, que ha acumulado reservas de dos billones de dólares, entre otras cosas, gracias al superávit comercial con el propio Estados Unidos.

China es tambien un ejemplo de los carencias en materia de gobernanza global.

Estos dos billones de dólares de China son la cuarta parte de las reservas en moneda dura existente en el mundo (en 1990, China tenía sólo un 5%). Sin embargo, no es parte del Comité de Finanzas del G-7 (ni es parte del G-8 a nivel de líderes), donde se discuten los temas claves en coordinación financiera.

Todo el mundo dice que China debe ser parte de la solución a la crisis. ¿Cómo va a hacerlo si ni siquiera es parte del “club” en que se deciden estas cosas?

Hasta ahora, el entramado institucional ha sido injusto y poco representativo.

Injusto porque se basa en un conjunto de reglas hechas a la medida de las preferencias del Norte, y no sólo en la conformación del G-8. El extraordinario acuerdo no-escrito, por el cual las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), esto es, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido siempre dirigidas por un europeo y un estadounidense, respectivamente, aunque en la práctica su labor fundamental se ha dado en el Sur, es un ejemplo.

Estas instituciones también han demostrado su incapacidad para exigirle a los paises del Norte el mismo tipo de comportamiento que demandan de los países del Sur. ¿Tuvo algo que decir el Fondo ante el déficit fiscal de quinientos mil millones de dólares de los EEUU en el 2008, su deuda pública de diez billones de dólares y enormes déficit en su balanza comercial?

Poco representativas, porque excluyen a la mayoría de los países (y a la mayoría de la población) del mundo. Hay, desde luego, una relación inversa entre tamaño y eficiencia, y recrear la Asamblea General de la ONU, con sus 193 miembros, no sería útil. Y ésa es precisamente la gran ventaja del G-20.

Al incorporar al 0-5 (Brasil, China, India, México y Sudáfrica), le da voz y voto al Nuevo Sur, las naciones en vías de desarrollo que se expresan con la fuerza que les da su tamaño.

Estos son países claves de África, Asia y América Latina que ya están cooperando entre sí, y que muy bien podrían crear un ente propio, de no recibir una invitación a un club como el G-20. Otros miembros del G-20, como Arabia Saudita, Australia, Indonesia y Corea del Sur tienen economías de

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cumbre G-20 tamaño considerable. Argentina y Turquía fueron invitados al con reglas y regímenes que permitan enfrentar no sólo crisis G-20 original (a nivel de ministros de Hacienda) como una financieras como la actual, sino que también el cambio manera de darle voz a los países deudores, consideración que climático, la proliferación nuclear y epidemias globales. El no necesariamente llevaría a los mismos resultados hoy, pero G-20 a nivel de líderes tiene la gran ventaja de poner a un ambos son países de peso. conjunto de jefes de gobierno alrededor de una mesa para Uno de los problemas con estos “clubes” es que muchos son enfrentar estos temas, ya sea en forma ad hoc o de manera excluídos. España, particularmente sensible a esto por tener mas sistemática. una economía mayor que la italiana y, sin embargo, no ser parte del G-7, insistió tanto, que al final fue invitada por La cumbre de Londres Francia a la primera cumbre del G-20 en Washington DC en noviembre, y por el Reino Unido a la segunda Estas son las condiciones que han hecho en Londres en abril. Con todo, hay ventajas posible el surgimiento del G-20 a nivel de Ni un gran triunfo, en partir con la membresía de una agrupación líderes. Aunque los Estados Unidos no habían ya existente. sido partidarios del mismo, la profundidad de ni un fiasco, pero sí La crisis ha dado lugar a extensos debates la crisis llevó a que el propio Presidente George acerca de si este colapso de los mercados W. Bush convocase la primera reunión, el 15 un paso más hacia refleja el fin del capitalismo tal como lo hemos de noviembre pasado en Washington DC, en un nuevo orden, conocido hasta ahora. Ante ello, muchos se que se programó la segunda, que tuvo lugar en han dedicado a alabar sin más las supuestas Londres el 2 de abril. en el que el Sur ya virtudes de la empresa privada, la iniciativa El período previo a esta última puso de individual y la libre oferta y demanda. manifiesto la existencia de dos posiciones tiene un lugar en Esto es perder de vista el núcleo central del muy distintas. Mientras los Estados Unidos la mesa y al cual problema. era partidario de “apretar el acelerador” en La crisis partió en los Estados Unidos, materia de gasto fiscal y dar así el “empujón” Chile hizo su aporte al menos en parte por la existencia de que requiere la economía mundial para una desregulación bancaria y financiera recuperarse, los europeos, liderados por organizando la desbocada (que no les exigía a los bancos Alemania y Francia, enfatizaban la necesidad de inversión tener reservas comparables a Cumbre Progresista de regulaciones financieras más estrictas, los bancos comerciales, por ejemplo, parte tanto a nivel nacional como internacional, de Viña del Mar, de la razón por la cual varios de ellos se han para evitar repeticiones de lo ocurrido en ese ido a la quiebra). Sin embargo, se extendió “septiembre negro” de 2008. una “lluvia de rápidamente al resto del mundo, afectando El resultado de la cumbre fue una solución de a muchos países que han sido un modelo de compromiso. Por una parte, a nivel global, se ideas” para la rectitud fiscal y prudencia financiera. Esto calcula que los paquetes fiscales nacionales Cumbre del G-20 en indicaría que la crisis sería no tanto del (incluyendo el chileno por US$ cuatro mil capitalismo (que a mi juicio, sigue vivito y millones de dólares) sumados no están Londres. coleando), sino que de la globalización. demasiado alejados de la meta de un 2% del La globalización (esto es, la expansión en los producto indicado por el FMI como necesario flujos de bienes, servicios, capital, productos para re-encender el motor de la economía culturales y datos a través de las fronteras nacionales) se ha mundial. Por otra, uno de los grandes ganadores fue el FMI, intensificado en las últimas tres décadas. Sin embargo, las al que se le asignaron US$ 500 mil millones adicionales. instituciones requeridas para gestionarla no han evolucionado También se asignaron US$ 250 mil millones para apoyar los a la par. Esto no es del todo distinto a lo ocurrido en Europa créditos al comercio internacional, que se espera caiga un 9% después de la Primera Revolución Industrial, cuando la en el 2009, y US$ 250 mil millones de dólares en derechos inexistencia de un marco institucional adecuado llevó a abusos especiales de retiro para el Fondo. En total, se calcula se como la semana de siete días de trabajo, el trabajo infantil y asignaron 1.1 billones de dólares para enfrentar la crisis. la ausencia de mínimas normas de seguridad y sanidad en las Ni un gran triunfo, ni un fiasco, pero sí un paso más hacia un fábricas. nuevo orden, en el que el Sur ya tiene un lugar en la mesa y al Con la Tercera Revolución Industrial (esto es, la que cual Chile hizo su aporte organizando la Cumbre Progresista empezó alrededor de 1980 con los avances en materia de de Viña del Mar, una “lluvia de ideas” para la Cumbre del telecomunicaciones e informática), que ha transformado al G-20 en Londres. mundo en una aldea global, se ha hecho necesario contar 16

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E CONOMÍA

“En Vez de la Injusticia” El Legado de Humberto Vega Fernández (QEPD) Cuando se presentó este libro en la Facultad de Economía de la Universidad Central, de la cual era Decano, pedí a Humberto que autografiara mi ejemplar. Escribió: “A Jaime, compañero y amigo en la misma lucha”. Para él, este grueso volumen de 447 páginas era parte de su larga lucha contra la injusticia. Para nosotros, es un legado.

Jaime Ruiz-Tagle P., Marzo de 2009 Como lo señala en el Prefacio, la idea de esta obra había surgido veinte años atrás, en 1988. Se trataba de elaborar un libro colectivo, cuyo título sería: “En vez de la injusticia”; treinta años después de “En vez de la miseria”. Se proponía realizar un análisis global y entregar propuestas de solución a los problemas del desarrollo y de la democracia, tal como lo había hecho Jorge Ahumada en 1958.

Sin embargo, la preparación del plebiscito y luego las responsabilidades públicas que asumieron desde las elecciones de 1989 los invitados a participar, lo hicieron desistir del proyecto. Pero no desapareció su preocupación por el problema de fondo. De hecho, dedicó los tres últimos años de su vida, antes de que se descubriera su grave enfermedad, en forma casi obsesiva, a la preparación y redacción de este libro.

Creo que vale la pena centrar estas líneas en el último capítulo: “Una estrategia global para superar las injustas desigualdades”. Humberto inicia su análisis desde una perspectiva histórica. Descubre en la economía y en la sociedad chilena un “movimiento de larga duración” que se expresa como una tensión permanente hacia una mayor justicia y equidad.

En su diagnóstico de las desigualdades detecta la hipertrofia crónica de la economía de las Grandes Corporaciones, con respecto al limitado desarrollo de la Economía de Mercado.

Subraya que, si esto no se corrige, no será posible avanzar sustantivamente en la eliminación de las desigualdades que va generando el actual esquema de crecimiento económico.

Por eso, insiste en la necesidad de “esbozar una nueva estrategia de crecimiento económico que esté asociada

a un patrón de distribución de ingresos diferente al que hoy produce y reproduce las injustas desigualdades de la economía y de la sociedad chilenas” (p.311).

Humberto no desconoce el impacto redistributivo de las políticas públicas. Por el contrario, destaca que la estrategia redistributiva de la Concertación ha descansado en cuatro grandes orientaciones (p.181): - Redistribuir el ingreso mediante el gasto social público, al margen del mercado.

- Focalizar el gasto público en los grupos más pobres.

- Elevar la oferta de bienes y servicios públicos, como la educación, la salud, el deporte, la recreación, la cultura.

- Aumentar progresivamente el ingreso mínimo y la asignación familiar para los grupos de más bajos ingresos, así como los programas públicos de empleo.

Según Humberto, esta última orientación es la única que constituye una intervención directa en los mercados de trabajo. A mi juicio, habría que agregar también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través de la CORFO, del Banco del Estado, del INDAP e incluso del FOSIS. Estas intervenciones del Estado tienden a fortalecer a los sectores productivos más débiles, frente al poder de las Grandes Corporaciones que dominan el mercado.

De hecho, Humberto reconoce que los instrumentos de fomento productivo y de estímulo a la innovación y al emprendimiento se han ido perfeccionando y su impacto es crecientemente positivo (p. 341). Pero señala que son limitados por su escasa cobertura y el pequeño monto de los recursos asignados.

Humberto no cree que pueda prescindirse de las grandes a

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economía empresas. Pero sostiene que “la economía de las Grandes Corporaciones deberá concentrarse en los sectores económicos que requieran grandes capitales“, y que “es necesario cautelar el espacio económico indispensable para promover e impulsar una Economía de Mercado, constituida principalmente por las pequeñas y medianas empresas“(p.335). Esto permitirá una reducción sustantiva de las desigualdades sociales, partiendo del aparato productivo, y no solamente de la redistribución generada por las políticas sociales. ¿Cuál es -se pregunta Humberto- la fórmula institucional que permita desarrollar una estrategia de crecimiento de la Economía de Mercado que permita mejorar el emprendimiento y la calidad estratégica y operacional de las PYMES? Sostiene que la respuesta es conocida, pero no aplicada en forma masiva y descentralizada: se trata de desarrollar “Clusters” -con la colaboración de instituciones de fomento, empresarios y universidades- en los cuales lo más fundamental sea socializar la creatividad y el emprendimiento.

Sostiene que en Chile existen algunas experiencias exitosas, pero falta la decisión política consensuada de aplicar una estrategia de largo plazo para implementarla, aportando los recursos necesarios para la magnitud de la tarea. Este largo plazo puede tomar más de una década, y por eso requiere políticas y programas que vayan más allá de las asignaciones presupuestarias anuales y de los períodos de gobierno de cuatro años.

Esto me lleva a volver sobre algunos elementos biográficos de Humberto. En 1997 creó en Mideplan la Unidad de Estudios Prospectivos y Estratégicos, que se proponía fundamentalmente analizar las tendencias de larga duración de la economía y la sociedad chilena, así como elaborar orientaciones de políticas públicas para el largo plazo.

Estaba convencido de que el Estado chileno necesita una institucionalidad para pensar y diseñar el largo plazo.

Dirigió esa Unidad hasta marzo de 2000, fecha en que fue nombrado Subsecretario de Mideplan por Ricardo Lagos.

Desde su nuevo cargo, siguió impulsando con toda su energía los estudios prospectivos, hasta fines de 2001. En ese año retomó la dirección de la Unidad, que se trasladó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde volvió 18

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a plantearse las perspectivas del desarrollo, del empleo y del trabajo para los próximos decenios.

Muchos años antes, a comienzos de 1978, Humberto había fundado el Programa de Economía del Trabajo (PET), al alero de la Academia de Humanismo Cristiano, creada por el Cardenal Silva Henríquez, en plena dictadura. En el PET, que dirigió hasta 1989, impulsó con fuerza la idea de la “centralidad del trabajo”, que debía guiar los estudios y las actividades de la institución. Promovió la puesta en marcha del Programa de Estudios en Ciencias Sociales para Dirigentes Laborales (PECIS), que tuvo un fuerte impacto entre los líderes laborales de la década de los ochenta. En convenio con la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), montó un Programa de Postgrado en Ciencias Sociales del Trabajo, que convocó a jóvenes profesionales de alto nivel. Preocupado por los microempresarios, estimuló el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación (hoy Credicoop, con 14.000 microempresarios). Y al mismo tiempo apoyó la publicación de Documentos de Trabajo, Manuales de Capacitación, Revistas y Libros de la institución. Cuando en 1990 Humberto fue nombrado Tesorero General de la República por Patricio Aylwin, continuó ligado al PET con el cargo de Presidente del Consejo. Con razón Juan Carlos Scappini, que preside la Comisión Económica del Partido Socialista, destacó como uno de los proyectos más notables de Humberto la creación del Programa de Economía del Trabajo y su habilidad y tesón para conducirlo en los momentos más difíciles de la dictadura.

Humberto fue un soñador. Uno de sus grandes sueños fue contribuir a cambiar las estructuras de la economía chilena para acabar con las inequidades, para avanzar en la centralidad del trabajo y eliminar sistemáticamente, con una perspectiva de largo plazo, las causas que generan las injustas desigualdades sociales.

Que su descanso no sea en paz. Que su libro “En vez de la Injusticia” nos siga inquietando y cuestionando; que la segunda edición, que ya está circulando en el país, siga abriendo surcos para las semillas de igualdad y fraternidad.

Para que algún día podamos volver a cantar con él: “Escucha, hermano, la canción de la alegría... sueña, cantando, un nuevo son...cuando los hombres volverán a ser hermanos”.

G OBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Índice de Gobernabilidad Democrática en América Latina: Chile, Aumenta la importancia de la Política en líderes de Opinión El estudio fue realizado por la Fundación Chile 21 y la consultora argentina Graciela Römer y Asociados.

• Sin embargo, critican exclusiones y falta de participación de la ciudadanía.

• Valoran previsilidad de las reglas del juego económico • Dimensión política empeora su desempeño, pero tiene mayor incidencia en la gobernabilidad En el estudio del Índice de Gobernabilidad Democrática en Chile, realizado anualmente por la Fundación Chile 21 con la Consultora argentina Graciela Rommer y Asociados, realizado a líderes de opinión durante los meses de noviembre y diciembre del año 2008, se pueden advertir un conjunto de cambios, que parecen asociarse a los actuales movimientos políticos que están teniendo lugar en el país.

Tras las elecciones municipales del año 2008, se capta, al menos en parte, el clima político del momento, al cual se agregaba la indefinición que reinaba en torno a las precandidaturas de la Concertación. Esa mayor importancia otorgada a la dimensión política, conectada con la mayor proximidad de las elecciones presidenciales, modifica el clima imperante en el país redefiniendo las cuestiones en juego.

No habían transcurrido todavía dos años de gestión de de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando su gobierno exhibía ya ciertas huellas de desgaste tras enfrentar el fenómeno que se dio en llamar la “Revolución Pingüina”, la crisis del Transantiago y otros conflictos dentro de la coalició. Aun en ese contexto, Chile surgía como el país mejor equipado, respecto de sus recursos de gobernabilidad.

En octubre de 2007, el índice de gobernabilidad era de 5,8 en una escala de 0 a 10 y en el mismo se hacían sentir la influencia de dos dimensiones consideradas relevantes, es decir, la cohesión social (con un media de 5,5) y las expectativas referidas a la economía (con una media de 6,6).

La relativa fragilidad de la dimensión política (4,7) era zcompensada por la menor influencia que los líderes le asignaban en el clima de gobernabilidad. Algo semejante ocurría con la dimensión institucional (6,6).

Los resultados para la medición de 2008/2009 muestran una combinación de elementos de estabilidad y cambio respecto de lo que acabamos de comentar para el año 2007.

Por un lado, la estabilidad del desempeño de las dimensiones asociadas a las expectativas respecto de la economía y a la conducta de las instituciones. Por el otro, la dificultad para remontar la percepción relativa a la cohesión social y, más aún, cierto deterioro de la percepción correspondiente a la dimensión

política.

El resultado conjunto de esa combinación de factores es un ligero deslizamiento descendente de las expectativas de gobernabilidad, desde los 5,8 puntos a los actuales 5,5 (Fig.1).

Ello tiene menos que ver con un cambio radical en el desempeño de las dimensiones y tiene más que ver con la ligera revisión de la importancia de la dimensión política y con su insatisfactorio desempeño actual.

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gobernabilidad democrática

Una de las primeras constataciones es que las razonables expectativas sobre la economía siguen sosteniendo el “aspecto virtuoso” del clima de gobernabilidad: recibe la mejor calificación y da cuenta de algo más del 30% de las expectativas de gobernabilidad.

Por el otro lado, la otra dimensión de buen desempeño (las instituciones) sigue siendo tan irrelevante como hace poco más de un año: entonces solo daba cuenta del 6% de las expectativas de gobernabilidad y ahora del 3,4.

La mala noticia es que la dimensión política empeora su desempeño al tiempo que los líderes le reconocen una mayor incidencia sobre la gobernabilidad: hoy es casi 3 veces más importantes de lo que era reconocido en el 2007 y su desempeño algo peor.

Por un lado, existe una ligera caída en la percepción que la pobreza está retrocediendo, esa percepción alcanzaba un puntaje de 7 en el 2007, ahora se retrae a 6,6. Y por otro, una percepción menos optimista respecto de la disposición para cooperar con los movimientos sociales de desocupados y otros segmentos populares (pasa del 6,6 en 2007 al 6,1).

La caída más acusada es la relativa a la medida a la inclusión social: el indicador retrocede aquí de los 6,2 hacia los 5 puntos actuales.

En la económico, las señales parecen ir en una como en otra dirección, esto se explica por no haber cambios importantes y porque los líderes perciben, en contraste con los países vecinos, que Chile ha mantenido un umbral alto de previsibilidad sobre las reglas de juego (el indicador asciende de 7 de al 7,7 actual).

Otros dos indicadores exhiben señales positivas: por un lado, la percepción de la economía del país a largo plazo y, por otro, la adecuación del tipo de cambio. Suben ligeramente respecto del año 2007.

Sin embargo, el efecto de esos indicadores parece casi completamente contrabalanceado por una visión más pesimista de la economía a corto plazo y un ligero empeoramiento del clima de inversión, percepción seguramente relacionada con los efectos de la actual crisis financiera mundial. En cualquier caso, debe notarse que el clima de inversión “no es tan bueno” como en el año 2007, sin que ello implique que su puntuación (7,1) pueda considerarse mala.

La dimensión política vuelve a exhibir un desempeño menos aventajado. En el 2007 se afirmaba que “el carácter contingente de la importancia de las dimensiones vuelve aconsejable atender aquellos aspectos de la misma que, en el caso de que su papel sea revalorado en el futuro, podrían desestabilizar el equilibrio del sistema.”

En efecto, la mayor centralidad que hoy se asigna a la dimensión política ha logrado erosionar las expectativas de gobernabilidad más que su desempeño que, ligeramente por debajo del que exhibía en 2007, es potenciado por la mayor incidencia que hoy le confieren los líderes.

Entre los aspectos que vale la pena destacar sufren retrocesos moderados, la popularidad y la eficacia del gobierno para implementar políticas.

Sin embargo, llama más poderosamente la atención la baja puntuación de la expresividad (o diversidad) del sistema político del país, cifra que se ha reducido al 2,9 por debajo incluso de la eficacia percibida del gobierno para implementar políticas.

Existe una disconformidad tendencial con el sistema político de Chile al que se considera limitado en términos de las opciones que ofrece a la ciudadanía.

Hoy como hace más de un año, la dimensión de las

instituciones no parece ser una fuente de preocupaciones para la democracia chilena. Dentro de la dimensión conviven ciertos deslizamientos positivos con otros que no lo son. Existen progresos en la confianza con el cumplimiento de los contratos o la capacidad reconocida del estado para asegurar la ley y el orden, pero una ligera erosión en la percepción 20

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gobernabilidad democrática remontar la percepción relativa a la cohesión social y, más aún, cierto deterioro de la percepción correspondiente a la dimensión política. Esta situación tiene más que ver con la ligera revisión de la importancia de la dimensión política y con su insatisfactorio desempeño actual.

de igualdad ante la ley y en las expectativas relativas al nivel de control entre órganos del estado (accountability).

Los resultados para la medición de 2008/2009 muestran una combinación de elementos de estabilidad y cambio respecto de lo que acabamos de comentar para el año 2007.

Por un lado, la estabilidad del desempeño de las dimensiones asociadas a las expectativas respecto de la economía y a la conducta de las instituciones. Y por otro, la dificultad para a

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Nacionalizar o No Nacionalizar El Agua: Debate Pendiente Fernando Velázquez

“El agua es el principio de todas las cosas, de la que todo procede y a la que todo vuelve” (Tales de Mileto, 625 a.C.- 546 a.C.).

En la actualidad y en todos los países del mundo existen los conflictos sociales, políticos y económicos y todos debaten sin saber con exactitud sus orígenes y sus efectos. No es para nada una contradicción, no es más que el reflejo de una sociedad llena de información, cruzada por la constante carga de medios que informan y desinforman, por qué no decirlo. Cada día surgen temas considerados relevantes para la opinión pública, muchas veces con características de escándalo, para luego ver una seguidilla de opiniones que intentan demostrar una comprensión del tema que abruma,

dejando a cada opinante como el mejor de los informados.

En este escenario y como parte de la fauna cada vez más heterogénea de seres opinantes, me permito dar un vistazo y, a la vez, hacer un par de reflexiones en torno al tema del AGUA. Chile no está ajeno a las controversias que provoca el tema, muy por el contrario, si bien se ha sido cuidadoso en no mezclar conflictos limítrofes con los usos de derechos 22

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de agua, lo cierto es que de vez en cuando en cuando, como con el caso Silala, que es parte de la controversia que con nuestros vecinos bolivianos, poco se sabe de las conversaciones que han establecidos los gobiernos de la Presidenta Michele Bachelet y el Presidente Evo Morales.

Sería del todo saludable conocer los términos establecidos, en virtud de la transparencia y de los variados intereses que están en juego, tanto a nivel público como privado.

El problema del agua y sus derechos es un debate cada día más necesario, toda vez que existen aspectos como el calentamiento global y sus efectos devastadores o cuando la tenencia de esos derechos afecta directamente al bolsillo, dado el modelo impuesto en nuestro país, dado los costos de suministrar el servicio de agua potable y saneamiento, que deben soportar los consumidores, bajo ciertas reglas que pocos en la actualidad conocen, considerando que el modelo está en funcionamiento desde el año 1990.

Ni hablar del sistema de asignación de derechos de agua, que utiliza Chile, con una legislación o marco jurídico que, en ningún lugar del mundo, se la hubiese pensado ni mucho menos adoptado, dado que es el más neoliberal, sin que por ello sea un sistema desechable o francamente malo, sino más bien un modelo que asigna uno de los recursos más vitales y controversiales para la humanidad y que no pocas personas lo definen como un derecho, más que un bien escaso, que por tanto no tiene un valor económico.

A principios de la década del 90 el consumo mundial alcanzaba los 600 kilómetros cúbicos por año (1 kilómetro cúbico es igual a 1.000 millones de metros cúbicos), de los cuales el 90% se destinó a riego. Sin embargo, para fines del presente siglo la demanda total estimada llegará a 3.800

agua kilómetros cúbicos por año y sólo 3% del agua del planeta es agua dulce y, en su mayor parte, está contenida en los casquetes de hielo y glaciares y en acuíferos subterráneos.

Sólo alrededor de un centésimo del 1% del suministro total de agua en el mundo se halla fácilmente disponible para el consumo humano.

Si el agua estuviera uniformemente distribuida, esta cantidad sería suficiente para las necesidades actuales, pero como es obvio, está desigualmente distribuida. Por ejemplo, en Arabia Saudita, un país árido, unas 40 personas deben compartir la misma cantidad de agua disponible que una persona en Malasia, de clima tropical. El hidrólogo Malin Falkenmark y varios de sus colegas han calculado que una vez que los recursos hídricos de un país bajan a menos de 1.700 metros cúbicos por persona por año, puede preverse que el país ha de experimentar presiones hídricas periódicas. Presión hídrica significa que al menos durante parte del año no pueden satisfacerse todas las necesidades hídricas sin extraer agua subterránea o utilizar el agua de superficie sin dar tiempo a que se repongan estos recursos.

La escasez de agua o la presión hídrica crónica dificultan los esfuerzos por expandir la producción agrícola y mantenerla al mismo ritmo que el crecimiento de la población.

La cantidad de tierra de regadío disponible per cápita y la producción de cereales per cápita generalmente ascienden o descienden juntas.

Entre 1950 a 1980, por ejemplo, la superficie de las tierras de regadío aumentó, lo mismo que la producción de cereales, pero durante los años ochenta y noventa, tanto la tierra de regadío per cápita como la producción cerealera declinaron.

En 1990, 28 países que tenían una población de 335 millones sufrieron presión hídrica crónica o franca escasez, lo que significa que el año 2025 unos 52 países podrían estar frente a una escasez de agua, situación que afectaría a unos 3.000 millones de personas,un 40% de la población mundial proyectada. Los 20 países del Cercano Oriente y del Norte de África enfrentan las peores perspectivas: la disponibilidad anual de agua per cápita ya ha descendido a sólo 1.250 metros cúbicos, 60% menos que en 1960. De acuerdo con

las proyecciones, el 2025 los suministros per cápita habrán disminuido otro 50%, descendiendo a 650 metros cúbicos.

Jordania y Yemen extraen de acuíferos subterráneos un 30% más de agua por año de la que se repone.

Otra arista del tema es la contaminación del agua que afecta a numerosos países, situación que contribuye a su escasez y, por ende, restringe la producción de alimentos, con los consiguientes problemas para la salud. Por ejemplo, de 78 ríos importantes en China, 54 están seriamente contaminados.

Más de 40% de los ríos de Malasia están tan abarrotados de desechos municipales, industriales y agrícolas, que se hallan biológicamente inertes. Los casi 450 kilómetros cúbicos de aguas negras que se descargan en las aguas de superficie todos los años requieren 6.000 kilómetros cúbicos adicionales de agua dulce -dos tercios del total mundial de aguas estables- para diluir las aguas negras y llevarlas a los océanos.

Si la cantidad de agua disponible baja a menos de 500 metros cúbicos por persona por año, los países enfrentan condiciones de absoluta escasez de agua (fuente UNESCO), Chile se encuentra con una presión hídrica de 1,4%, lo que es baja respecto a países como España, México y Portugal que presentan una presión hídrica de 32%, 17% y 16% respectivamente. Todo esto puede ser información anecdótica y lejana a la realidad individual o colectiva de nuestra país, sin embargo cuando nos aproximamos a una mirada más crítica de nuestro Código de Aguas nos encontramos con que no existe ningún marco de protección de daños a terceros, específicamente al medio ambiente, esto se debe que bajo la ideología del libre mercado y el desarrollo económico existente al crearse en 1981 el Código de Agua, no existía ninguna preocupación sobre el medio ambiente, ni tampoco se estimo que su fiscalización, a cargo de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, era débil, toda vez que ésta no tiene ni la potestad ni los recursos económicos para fiscalizar problemas ambientales sobre explotación de las aguas subterráneas o de los caudales ecológicos, además poder resolver problemas legales entre privados, entre otros aspectos.

No existe una regulación que mantenga o resguarde ciertos a

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agua caudales ecológicos con el fin de ser protegidos para las generaciones futuras, tanto a nivel económico, como a nivel de ecosistema. Por otra parte, surgen además otros problemas relacionados con las cuencas hidrográficas, las cuales -bajo esta regulación- han tenido serios inconvenientes para poder coordinar de manera eficiente los distintos usos del agua, además de resolver los conflictos que nacen entre privados.

En definitiva, existe una gran concentración de derechos de agua. Solo una empresa de origen extranjero controla más del 50% de los derechos de agua existentes en el país, generando un monopolio de derechos de aprovechamiento, lo que redunda en una conclusión bastante evidente: la mala eficiencia del sistema para distribuir el recurso por parte del mercado.

Con este escenario, surgen voces desde el parlamento que hablan de la conveniencia de “nacionalizar el agua”, cuyo significado para el común de las personas es volver a modelos vetustos y anclados en el pasado y que, lamentablemente, no ponen el foco en el centro de la discusión real y de fondo, con información complementaria de utilidad para todos los sectores de interés y convocando a la mayor cantidad de organizaciones políticas y sociales para debatir en serio este tema. Ad portas de una campaña presidencial, es este el escenario ideal para generar ideas progresistas que permitan enfrentar esta temática como uno de los ejes a incorporar en beneficio del desarrollo del país. Un debate de estas características generaría una interesante discusión, que convocaría a diversos actores y a la opinión pública en general.

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Sin duda que se confrontarían visiones contrapuestas, sin que nadie se sintiera limitado a fijar posiciones bastante radicales dadas la gran magnitud e importancia del tema. Es innegable, el agua transita muchas veces por la frontera que divide a tecnócratas y políticos, aquellos que siempre creen tener razones suficientes para imponer una verdad, obviamente relativa, pero que finalmente no deja contento a nadie pues los resultados de adoptar una u otra alternativa refleja que se imponen los intereses colectivos o individuales de unos pocos. Esta temática, a pesar de ser de gran importancia para todos sin exclusión, no siempre es considerada como estratégica para el desarrollo de los pueblos y cuenta con niveles de desinformación abismante junto a escasos niveles de participación cuando se trata de debatir, ya sea una política pública, una modificación a las normas o los costos asociados a la provisión del recurso.

El llamado es por tanto a informarse y no dejar que unos pocos nos muestren la agenda a seguir, ni menos las posiciones a adoptar, que el debate sea más universal, que las condiciones del mismo sean más participativas e informadas. Es cosa de mirar un poco la historia de las discusiones y no son muchos los que participan, casi siempre los mismos que solo representan a una parte reducida de los intereses comunes respecto al agua y su acceso. Qué hay de las pocas asociaciones de consumidores existentes, los pueblos indígenas, las juntas de vecinos, los escasos o casi imperceptibles mecanismos de participación en la fijación de tarifas de los servicios sanitarios. Donde están las iniciativas políticas de mayor participación en este ámbito, de políticas públicas de participación ciudadana, de discusión real de inversiones en el sector del agua, de la calidad de servicio que se nos presta.

Creo que la falta de participación e información es una constante que, a pesar de los esfuerzos y los pocos canales existentes, dificultad este proceso necesario para cambiar un Código de Aguas que permita transitar hacia un verdadero mejoramiento, que permita equilibrar los intereses y proteger el medio ambiente y, por cierto, a los usuarios. Chile país alimentario, país turístico, gran productor acuícola, productor mundial minero, y así podemos seguir nombrando cada una de las grandes ejes estratégicos que nos hemos planteado para un desarrollo sustentable del país y que tienen como un común denominador al Agua.

Llegado el momento debieran existir los diseños apropiados para conducir un debate de políticas públicas respecto al agua, que sea participativo e informado, y para eso los partidos de la Concertación tienen ahora una gran oportunidad para impulsar reformas que aporten nuevas visiones y permitan mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos.

La Directora Ejecutiva de Chile 21 Viaja a Alemania La directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Angeles Fernández, viajará a Alemania invitada por la Fundación Ebert, para conocer la experiencia germana en materia de fundaciones políticas, además de ver en forma directa el trabajo que ésta realiza, no solo en el país de origen, sino cómo se relaciona con otras sociedades, en particular las latinoamericanas.

De la misma manera, aprovechará para reunirse con diversas autoridades, con quienes intercambiará criterios sobre la realidad alemana y cómo enfrenta la actual crisis económica.

La invitación de la Fundación Ebert también se hizo extensiva a los directores de los otros centros que integran la Red de Centros Progresistas, compuesta por Agustín Canzani, director ejecutivo de la Fundación Liber Seregni (ligada al Frente Amplio, de Uruguay), Facundo Nemjakis, director ejecutivo del CEPES, vinculado a Carlos Chacho Alvarez, de Argentina y Nilmario Miranda, presidente de la Fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores de Brasil.

La visita se extenderá por cinco días.

Seminario Internacional sobre las Políticas Públicas en las Américas Se trata del VI Intercambio Sur-Norte sobre Teoría, Cultura y Derecho.

Organizado por la Fundación Chile 21, la Universidad de Miami, la Universidad Estatal de Georgia y LatCrit, se realizará en el hotel NH de Santiago, entre los días 1 y 3 de mayo próximos, el Seminario “Teoria Crítica y Políticas Públicas en las Américas”, cuya conferencia inaugural estará a cargo del senador Carlos Ominami.

Moderada por la directora ejecutiva de la Fundación, María de los Angeles Fernández, la primera mesa redonda será sobre “La teorización de emancipación, inclusión y participación”, en donde intervendrán Nicolás Espejo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez; Domingo Lovera, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Denise Fererira Da Silva, profesora de Estudios Etnicos de la Universidad de la Universidad de California - San Diego (Estados Unidos).

La segunda mesa redonda, "Amenazas y posibilidades para la inclusión y la participación: la crisis económica global actual", será moderada por Elizabeth Lira, Directora del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado (Chile).

Por otra parte, “Atrapados en el medio: viviendo en la línea de fuego entre la policía, la milicia y los reyes de la droga.

Reflexiones sobre la responsabilidad política y sus consecuencias políticas en la política social de Río de Janeiro”, será la segunda Conferencia, que estará a cargo de María Helena Moreira Alves PhD (Brasil).

El Seminario continuará con la Tercera mesa redonda “La teorización de la emancipación, la inclusión y la participación”, moderada por Belkys Torres, Profesora de Literatura en la Universidad de Miami (Estados Unidos), para concluir el domingo 3 de mayo con tres mesas redonda: "La articulación de la inclusión y la participación para grupos específicos: género y raza"; "La articulación de la inclusión y la participación para grupos específicos: los pueblos indígenas", y "La articulación de la inclusión y la participación en áreas temáticas", en donde participarán Colin Crawford, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos) y Solange Teles Da Silva, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Amazonas (Brasil) y Fabio Olivera, Magister © en Filosofía, Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y José Ignacio Nuñez, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (Chile)

Danielle Mitterrand en seminario del agua Con la participación de la ex Primera Dama de Francia, Danielle Mitterrand, actual presidenta de France Libertés, se realizará el próximo 27 de abril, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en el salón plenario del ex Congreso Nacional (Catedral 1158, Santiago), el Seminario "La Plataforma del Agua en Chile", con la participación de los senadores Carlos Ominami, Guido Guirardi y Mariano Ruiz Esquide, además del Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, quien dará a conocer el Proyecto de Ley sobre Cuencas, actualmente en tramitación.

Con la participación de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la recuperación de los recursos hídricos chilenos, harán ponencias el obispo Luis Infanti sobre "Etica Cristiana, De-

sarrollo Sustentable y Agua"; se referirá a "La realidad del Agua en el Siglo 21" Pedro Rojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua; y el senador Guirardi, quien hará una propuesta para nacionalizar el mencionado recurso hídrico.

De la misma manera, entregarán testimonio de comunidades afectadas por la privatización: Sara Larraín, por la Región Metropolitana y el caso de Alto Maipo; el senador Ominami, en representación de la Cuenca del Aconcagua se referirá a la situación de los glaciares y su destrucción; y Patricio Segura, por la Patagonia y el caso de las megaempresas.

El Seminario concluirá a las 13 horas, con una lectura denominada "Plataforma para la Recuperación del Agua en Chile".

MAYO

XIMENA MANDIOLA: ECUACIONES Desde el 24 de marzo al 3 de mayo de 2009, Sala Chile, Museo Nacional de Bellas Artes.

La artista presenta alrededor de catorce obras de gran formato ejecutadas entre los años 2007 y 2008 a propósito de la exhibición en el MNBA. Ximena Mandiola usa la imagen del número para codificar y simbolizar el mundo cotidiano, con una repetición incesante que adquiere el dinamismo y la vitalidad que le confiere la manualidad de su trabajo caligráfico de registro único y personal.

Colección Patrimonial IMAGEN LATENTE: BITÁCORA FOTOGRÁFICA DE LEÓN DURANDIN 1872 - 1955 Museo Nacional de Bellas Artes, Ala Norte del primer piso.

Desde el 15 de abril al 17 de mayo.

El MNBA, junto a los herederos del fotógrafo Durandin, el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico CENFOTO, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y el Laboratorio Durandin, presentan la exposición de la importante colección de fotografía patrimonial.

La visión fotográfica de un extranjero de origen francés como León Durandin Abault, nos confía un patrimonio de imágenes que refleja el espíritu de un viajero y aventurero, quien retrata con sencillez y sensibilidad la vida cotidiana urbana, rural y familiar de Chile de comienzos del siglo XX. De esta manera, la muestra propone la fotografía como fuente de memoria del país, reflejando como un espejo, sus procesos sociales, culturales y materiales. La exposición de estas imágenes, rescata y revela al público esta colección patrimonial que hasta ahora permanecía en el ámbito familiar.

El aporte de este fotógrafo fue, entre otras cosas, la introducción de nuevas técnicas y materiales en Chile, entre las que se destacan las primeras placas autocromas, es decir, las fotografías a color. Su obra contribuye así a la comprensión de la práctica y producción fotográfica chilena desde una perspectiva histórica, patrimonial y social.

COHORTES 02-07 MAC Parque Forestal Desde el 15 de abril hasta el 24 de mayo.

Veintiseis artistas chilenos emergentes, egresados del Magíster en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile entre el 2002 y 2007, exponen obras en diversos formatos como instalaciones, videos y pinturas. Para esta segunda versión de la muestra de egresados del Magíster (la primera edición –Frutos del País– demostró ser una plataforma de artistas que tuvieron una destacada proyección nacional e internacional), los trabajos fueron seleccionados por un jurado especializado, constituido por Nury González, Guillermo Machuca Gonzalo Díaz y Enrique Matthey.

La exposición da cuenta de un nutrido campo de autorías de calidad, que incursionan en los más disímiles territorios de la visualidad. De hecho, uno de sus aspectos interesantes -y que es una de las características del Programa- es la heterogeneidad de sus egresados, que proceden de las distintas universidades del país y no sólo de la carrera de artes visuales, pues también han egresado arquitectos, diseñadores teatrales, actores, directores de teatro, entre otros, lo que le otorga un mayor grado de complejidad al tipo de obras que en él se han producido.

Los artistas seleccionados son: Nicolás Rupcich, Emilio Marín, Sandra Molina, Pablo Ferrer, María Jesús Román, Carolina Hernández, Dominique Serrano, Catalina Matthey, Carolina Illanes, Verónica Troncoso, Christian Yovane, Joaquín Ortúzar, Jorge Santana, Alejandra Prieto, Rosario Carmona, Sebastián Mahaluf, Jorge Cabieses, Daniel Cruz, Yennyferth Becerra, Cecilia Flores, Antonio Silva, Paula de Solminhac, Teresita Aninat, Rosario Montero, Artiom Mamlai, Isabel Cavieres.