El Desafío a las Elites

Mayo 2009 Año 9- No 85

Marco Enríquez Ominami

El Desafío a las Elites

Las elecciones parlamentarias y el ocaso del sistema binominal

Fundación Ideas: una respuesta progresista a la crisis

El debate sobre la Educación Superior en Chile

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Editorial Coyuntura Marcelo Contreras N. La Elección Parlamentaria y el Ocaso del Binominalismo Estado y Enseñanza Superior ¿La Atención Primaria Requiere un Nuevo Paradigma?

Dra. Lidia Amarales Se Empoderó a la Ciudadanía con la Ley de Transparencia Respuesta Progresista a Crisis Sistémica

Presidentes Honorarios Ricardo Lagos Carlos Ominami Francisco Vidal Directora Ejecutiva María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto Jorge Leiva Dirección Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 Email: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

Editora Ximena Gattas Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Mónica Poblete Impresión ATG Impresores

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E D I T O R I coA y u n t u rLa Superar los ejes del pasado La próxima elección presidencial y parlamentaria se regirá por la antigua ley electoral, que impone la obligación de estar inscrito en los registros electorales y no por responsabilidad del gobierno o de la Concertación, sino de la derecha, que sistemáticamente se negó a la posibilidad de establecer la inscripción automática de los mayores de 18 años. Sólo se abrió a esta alternativa mirando algunas encuestas de opinión, que muestran una preferencia mayoritaria para Sebastián Piñera entre los no inscritos, manteniendo su oposición a conceder este derecho cívico a los chilenos que viven en el exterior y, por cierto, a modificar el actual sistema binominal, que concede un generoso subsidio a la segunda mayoría y excluye a los demás.

Chile es más amplio y diverso de lo que son capaces de expresar los bloques mayoritarios, como lo demuestra la candidatura presidencial de la izquierda extraparlamentaria, que históricamente ha representado cerca del 10 % del electorado, y lo reafirma la emergencia de candidaturas alternativas como las que representa Marco Enríquez Ominami, Adolfo Zaldivar o Alejandro Navarro y que bien podrían representar, en su conjunto, un 20% del electorado que quedaría sin representación parlamentaria, en el caso que no suscriban pactos instrumentales con los bloques mayoritarios para incluir a sus candidatos.

La Alianza por Chile y su abanderado, Sebastián Piñera, han publicitado la emergencia de un nuevo referente político, la llamada “coalición por el cambio”, que aún no es claro si podrá superar a la antigua alianza entre la derecha más tradicional y el gremialismo católico, destacando la participación de Fernando Flores, un ex ministro de Salvador Allende, ex preso político en Dawson, exiliado y retornado al país recién el año 2001 para postular y ser elegido senador por el PPD; que hoy adhirió a Sebastián Piñera, como un signo de superación del eje entre los herederos del régimen militar y los partidarios de la recuperación de la democracia, que ha ordenado la confrontación política desde 1988 hasta hoy día.

Sin embarg la derecha sigue aferrada a los viejos enclaves autoritarios, que aún permanecen en la actual Constitución de 1980, pese a las sucesivas reformas y que los sectores progresistas aspiran a superar en una nueva Constitución, auténtica y homogéneamente democrática.

No se trata de reclamar una superioridad moral para los sectores progresistas respecto de quienes apoyaron una dictadura, participaron de su gobierno o asumieron un silencio cómplice respecto de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y sin hablar de la corrupción y faltas a la probidad que se cometieron bajo ese régimen, en donde, sin duda, hay un traba que, por cierto no afecta directamente a Piñera o Flores. Se trata de un problema político muy de fondo y que hace a la calidad de la democracia en nuestro país y a los principios elementales de la soberanía popular.

Luego de 20 años de transición, el país debe superar todos y cada uno de los resabios y herencias del pasado autoritario. Desgraciadamente hay temas, como la verdad y justicia para los familiares de detenidos desaparecidos, en donde es muy difícil y crecientemente imposible superar ese pesado lastre, para cerrar heridas que sólo el tiempo puede curar. En las otras áreas, como la institucional, sólo depende de la voluntad política de los actores para avanzar en la profundización y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, en el reconocimiento de los derechos cívicos de todos los chilenos, vivan en Chile o en el exterior, una adecuada representación de mayorías y minorías y un sistema político que pueda procesar, adecuadamente, las demandas de renovación y cambio que exige la ciudadanía. m

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C OYUNTURA

El Fenómeno de la Candidatura de Marco Enríquez Ominami:

El Desafío a las Elites

Marcelo Contreras N., Director Revista Foro Chile 21 La irrupción de Marco Enríquez Ominami como candidato presidencial alternativo representa un desafío no sólo para el candidato único (¿) del oficialismo, sino para el conjunto de su coalición y su propio Partido, el Partido Socialista, que en poco más de cinco meses ha debido presenciar cómo un senador como Alejandro Navarro, un ex presidente de la colectividad, como Jorge Arrate y ahora un díscolo diputado, como Marco Enríquez Ominami, abandonan sus filas para inscribir su nombre en la papeleta presidencial, luego que optara por apoyar oficialmente la postulación de Eduardo Frei como el candidato único de la Concertación, tras la declinación de su opción del actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.

Independientemente de que se puedan compartir o rechazar las razones esgrimidas por estos tres destacados militantes para abandonar las filas del PS y asumir candidaturas alternativas a la aprobada por la Convención, que designó a Eduardo Frei como el candidato oficial de ese partido, algo no funciona bien con su democracia interna. Lo prueba el hecho que tanto Arrate como Navarro y el propio Marco Enríquez desistieran competir en el plano interno por la nominación, asumiendo que el mecanismo de Convención, aprobado en su Congreso, tenía un resultado predeterminado.

Pero la rebeldía de estos tres connotados militantes va más allá de la crítica a la actual mayoría partidaria y su directiva. Apunta a un tema más de fondo. A la idea de una Concertación agotada y sin capacidad de renovarse en el poder. A un balance hipercrítico de estos últimos 20 años y el tipo de sociedad que emerge tras este período de administraciones concertacionistas. Con matices importantes entre si, estas candidaturas alternativas representan una demanda de cambios, mas o menos radicales, no tan sólo del modelo económico de libre mercado que ha seguido la actual coalición en el poder. También del tipo de democracia, del rol del Estado, de la participación, derechos y libertades ciudadanas. Una demanda de renovación de los estilos y contenidos de la política. Un debate muy de fondo que la 2

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concertación no ha enfrentado con la seriedad y profundidad debida y que está en el origen del desorden y dispersión que hoy parece afectar a la actual coalición de gobierno.

Resulta más que evidente que por más que puedan coincidir en las críticas y demandas por renovación, Arrate, Navarro y Marco Enríquez no representan lo mismo y no necesariamente sus propuestas puedan ser coincidentes.

Jorge Arrate, a quien muchos identifican como uno de los padres del proceso de renovación del socialismo, representa

coyuntura el regreso a la vieja alianza comunistasocialista. Su propuesta de superación de la actual alianza entre el centro y un sector de la izquierda, por una alianza inclusiva de toda la izquierda, incluido el Partido Comunista, va más allá de lo que tanto la DC como el propio PC puede admitir sin negar su esencia y naturaleza y hoy se levanta como el candidato del conjunto de la izquierda extraparlamentaria, luego que tanto Guillermo Teiller como Tomas Hirsch optaran por disputar un cupo parlamentario.

Alejandro Navarro se sitúa en otro registro. En el sueño bolivariano y la revolución chavista, con la que se siente profundamente identificado y cuyo ejemplo quiere emular en nuestro país. Así como no estuvo disponible para participar del proceso interno de nominación de un candidato presidencial de su partido, tampoco estuvo dispuesto a participar en el proceso de designación del candidato único de la izquierda extraparlamentaria, Básicamente por las mismas razones, objetando los mecanismos indirectos de nominación y postulando la idea de primarias abiertas.

La irrupción de Marco Enríquez Ominami como candidato presidencial alternativo suma una radical y severa crítica a las elites dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, que han dominado la escena política los últimos 20 años, a las cuales el díscolo parlamentario no duda en acusar de verdadera colusión para distribuirse el poder, tanto en el gobierno como en el parlamento, impidiendo la natural renovación de las elites. Una critica que no es nueva en el pensamiento, la obra y el discurso de Marco Enríquez quién, hace ya casi una década, realizara un documental titulado “los héroes fatigados”, en donde entrevistara a la mayoría de los líderes que protagonizaron la batalla por el plebiscito de 1988 y ocuparan posiciones protagónicas en los primeros gobiernos concertacionistas, algunos de los cuales abandonaron la actividad política para emigrar al mundo de los negocios, mientras que la mayoría se han rotado en posiciones de poder, sea en el Ejecutivo o el parlamento, no

dejando espacios a las nuevas generaciones.

En verdad, una crítica que se ha instalado como sentido común en el país y que la derecha ha graficado como “la silla musical”, para aludir al transito de figuras políticas del gobierno al parlamento y viceversa, pero que admite más de un matiz si se analiza el alto porcentaje de parlamentarios que se renuevan en cada elección, en los nuevos rostros que han asumido responsabilidades políticas en cada una de las sucesivas administraciones concertacionistas, así como el gran esfuerzo de renovación de las elites desarrollado por Michelle Bachelet durante la pasada campaña presidencial y durante su administración.

Tampoco es enteramente cierto que el principal mérito de la vieja guardia haya sido derrotar los afanes continuistas del general Pinochet y recuperar la democracia, limitándose a administrar el modelo económico heredado o introduciendo cambios cosméticos en el sistema político. Sin pecar de exitismo, las viejas generaciones y algunas no tan viejas, pueden reclamar el crédito por las profundas transformaciones que ha experimentado el país en estos últimos 20 años, que le ha permitido prácticamente triplicar el ingreso per cápita, reducir la pobreza a menos de un tercio, mejorar todos y cada uno de sus índices sociales, consolidar las instituciones, gozar de una envidiable paz social y gran estabilidad política. Alguna vez el ex Presidente del Banco Central, Vittorio Cobo, afirmó que le gustaría comprar nuestro país por lo que los chilenos creen que vale y venderlo por lo que la opinión pública mundial m

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coyuntura programática al aún diputado socialista. Cual más cual menos, los diversos precandidatos presidenciales de la Concertación levantaron ideas y propuestas. Lo que no ha existido, hasta ahora, es un método eficiente para debatir y procesar las diversas propuestas y construir un proyecto atractivo, que interprete y cohesione al conjunto de la actual coalición de gobierno, se diferencia nítidamente de las propuestas de la derecha y logre entusiasmar al país.

aprecia sobre Chile.

Es cierto que las elecciones constituyen batallas por el futuro y no se ganan por lo hecho en el pasado. Tampoco se trata de hacer un balance elitista, que ignore las insuficiencias, los déficits y los errores de las administraciones concertacionistas. Incluso se puede compartir que, en la suma final, el tipo de sociedad que emerge tras estos 20 años de gobierno de la Concertación, dista del ideal de una coalición de centro izquierda, pero hay que asumir que los cambios y las reformas constituyen procesos graduales y toda la interrogante es si la actual coalición de centro izquierda mantiene su vocación transformadora y si el actual sistema institucional contiene las potencialidades para acoger y procesar los cambios. Dos interrogantes que no tienen respuestas simples, teniendo a la vista la incapacidad que ha mostrado hasta ahora la Concertación para definir sus propuestas de futuro y los propios límites del sistema político para procesar nuevas reformas.

No es verdad que en la Concertación no existan ideas nuevas y proyectos de futuro. Existen muchas ideas y propuestas, tanto en la Democracia Cristiana, como en el PPD, el Partido Socialista o el PRSD. El ex Presidente Ricardo Lagos ha hecho aportes en este sentido en su opúsculo denominado “los desafíos del futuro. Los llamados sectores díscolos de la Concertación, entre los que se incluía a Marco Henríquez, elaboraron el famoso decálogo que hoy le sirve de plataforma 4

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Con todo, el sorprendente impacto y acogida a esta candidatura, por ahora virtual, que marca entre ocho y catorce puntos en las encuestas de opinión y que sitúa a Marco Enríquez en la tercera posición, desplazando al candidato de la izquierda extraparlamentaria y demás candidatos alternativos, resalta un fenómeno de fondo en la sociedad chilena, en donde se mezcla un cierto cansancio o aburrimiento de la ciudadanía respecto de sus elites, así como una insatisfacción o malestar por el tipo de sociedad que emerge tras estos últimos 20 años, acompañada por una difusa, pero evidente demanda por renovación política. De nada sirve intentar demonizar o ningunear una candidatura que nace del seno de la Concertación y que expresa problemas reales que ha enfrentado el oficialismo en estos últimos años y que se expresa en fenómenos tales como la dispersión política, la apatía ciudadana y las demandas por renovación de la política y los proyectos de futuro.

Todo el debate acerca de a quién perjudica Marco Enríquez Ominami con su postulación parece bastante superfluo, si a Frei, a quien se le impide posicionarse como el candidato único de la Concertación, si a Sebastián Piñera a quien se le arrebatan las banderas del cambio y el elemento de novedad, haciendo imposible su victoria en primera vuelta o a Jorge Arrate, el candidato de la izquierda extraparlamentaria que no logra despegar en las encuestas, tiene una respuesta simple y compleja a la vez. La postulación de Marco Enríquez Ominami representa un desafío mayor tanto para los bloques mayoritarios como para la propia izquierda extraparlamentaria y perjudica a todos los candidatos por igual. En última instancia Frei podría verse beneficiado con el caudal electoral que logre reunir Enríquez Ominami en segunda ronda a condición, por cierto, que asuma un cierto fair play con su competencia alternativa, busque un acuerdo tanto en el plano programático como parlamentario y sobre todo, sepa dar respuestas a las demandas ciudadanas que subyacen en la impactante acogida que ha recibido esta postulación alternativa.

E L E C C I Ó N PA R L A M E N TA R I A

La Elección Parlamentaria y el Ocaso del Binominalismo

A pesar de la indudable importancia de la elección presidencial de diciembre, ésta no puede restarle trascendencia a la batalla parlamentaria que se juega en paralelo y que definirá un nuevo mapa político en el país. Una elección en donde la Concertación aspira a revalidar la mayoría parlamentaria que conquistó en las urnas y que perdió producto de sus divisiones; la Alianza por Chile o la nueva “coalición por el cambio” busca asegurar una mayoría para su abanderado y la izquierda extraparlamentaria aspira romper la exclusión, a la que la ha sido condenada por el actual sistema electoral binominal, en el supuesto que logre llegar a un acuerdo instrumental con el oficialismo.

Con toda seguridad, la derecha perderá su actual mayoría circunstancial luego que el senador Fernando Flores y el diputado Esteban Valenzuela renunciaran al PPD para formar el movimiento Chile Primero, Álvaro Escobar hiciera lo propio para declararse independiente, que el senador Adolfo Zaldívar fuera expulsado de la Democracia Cristiana y que cinco diputados colorines optaran por renunciar al partido en solidaridad con su líder.

Esta situación le ha permitido a la Alianza por Chile contar con una mayoría circunstancial en ambas cámaras, lo que le permitió elegir al Presidente del Senado y la Cámara de Diputados en este año electoral. Sin embargo, su objetivo declarado de elegir nueve senadores y 61 diputados, para asegurar una mayoría parlamentaria para Sebastián Piñera, no pasa de ser una consigna electoral antes que una meta realista.

En la Cámara Alta es más viable que la Alianza por Chile logre igual número de senadores que el oficialismo, aún cuando Baldo Prokuriza podría ser desplazado por el candidato del PRI, el diputado Jaime Mulet. La irrupción en la Primera Región de Jorge Soria, con el apoyo del PPD, integrando la lista oficialista, amaga las posibilidades de reelección de Jaime Orpis.

En la Cámara de Diputados el panorama es aún más complejo para la derecha, dado que deberá ceder cinco distritos a sus nuevos aliados de Chile Primero y enfrentar la competencia del PRI, que resolvió no integrarse a la llamada coalición por el cambio. A la vista de las encuestas de opinión, el pacto instrumental entre el oficialismo y la izquierda extraparlamentaria, podría reeditar doblajes que aparecían como una amenaza superada para la derecha. Por si todo esto fuera poco, la pretensión del nieto de Pinochet e hijo de Lucía Pinochet de levantar una postulación alternativa en las Condes, pone en riesgo el único eventual doblaje de la Alianza por Chile.

Sin embargo, el panorama tampoco es demasiado auspicioso para el oficialismo, aún cuando llegue a acuerdo con el Juntos Podemos para un pacto instrumental limitado a ciertos distritos. Sobre todo si Marco Enríquez Ominami y Alejandro Navarro, dos de los tres candidatos alternativos, materializan su decisión de presentar listas parlamentarias, con las cuales se pueden evitar doblajes y dejar en el camino a más de un candidato de la Concertación. Ampliar el pacto por omisión

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elección parlamentaria con la fuerza representada por Enríquez Ominami, como ha propuesto el senador Carlos Ominami, implica reducir la representación oficialista en la Cámara baja. Un costo que bien valdría la pena pagar para evitar una dispersión mayor de votos, que terminaría favoreciendo a la derecha.

Cual más cual menos, todos y cada uno de los partidos, calculadora en mano, sacan sus cuentas y miden los riesgos de una competencia exacerbada, que permite potenciar la votación, pero no asegura resultados. O una competencia regulada, que apunta a mantener los equilibrios al interior de las coaliciones, pero que tiene menor potencial electoral, con el evidente riesgo del doblaje por parte de adversario. En las nueve circunscripciones y 60 distritos en juego, en donde todos tienen cupos que defender, recuperar o lograr crecer, asumiendo que no solo compiten con sus adversarios, sino con sus aliados en una dura disputa por la hegemonía de sus respectivos sectores.

A nivel senatorial, la UDI sale a defender cuatro circunscripciones (Primera, Quinta Costa y las dos de la séptima región), en tanto que sus aliados de Renovación Nacional deberán defender las cinco restantes (Tercera, Quinta Cordillera, las dos de la novena región y la undécima).

En la primera, Jaime Orpis debería enfrentar una poderosa dupla oficialista, conformada por el ex alcalde Jorge Soria,

apoyado por el PPD, y el actual diputado PS Fulvio Rossi, en tanto que el ex almirante Jorge Arancibia, que se empeñara en mantener su cupo frente a las aspiraciones de Joaquín Lavín para sucederlo, deberá enfrentar una dura competencia con el actual diputado de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, que bien podría desplazarlo. La fuerte competencia en la Quinta Cordillera de los diputados Lily Pérez y Marcelo Forni, dejará fuera del parlamento a una de las dos figuras emblemáticas de sus partidos, en tanto que Juan Antonio Coloma como Hernán Larraín parecen tener asegurada su reelección sin una verdadera competencia, tal como sucediera la vez anterior.

Los senadores Alberto Espina y José García Ruminot, de la novena región, no enfrentan una competencia seria de parte 6

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de sus aliados de la UDI y debieran ser reelectos sin mayores sobresaltos. Lo mismo debería ocurrir con Antonio Horvat en la undécima región, no obstante la Alianza por Chile ha comprometido ceder un cupo senatorial a sus aliados de Chile Primero y parlamentario aparece como el más débil y “sacrificable”.

En la Concertación el panorama es aún más incierto luego que la DC perdiera a sus dos senadores elegidos por las circunscripciones impares hace ocho años (Jorge Lavanderos por desafuero y Adolfo Zaldívar por expulsión) y que otro tanto sucediera con el PPD, que perdió a dos de los tres. (Nelson Avila, y Fernando Flores que optaran por renunciar al partido).

A pesar que el PRSD no eligió ningún senador el año 2001, mantiene una doble representación luego que Ávila optara por ingresar a ese partido tras hacerlo al PPD y que Guillermo Vásquez, en base a la antigua ley de reemplazo, sucediera a Jorge Lavanderos en el cargo tras desafuero dada su condición de acompañante en la lista parlamentaria.

Así se da la paradoja que la DC, el PPD y el propio PRSD tengan la pretensión de recuperar cupos parlamentarios perdidos o que mantienen de manera circunstancial y, en algunos casos, en las mismas circunscripciones. La DC debería intentar recuperar la novena circunscripción sur (hoy en manos del PRSD), un cupo en donde compiten el ex ministro y alcalde Francisco Huenchumilla y el actual diputado por la zona Eduardo Zaffirio, y la undécima región, en donde Adolfo Zaldívar no se presenta a la reelección y no tiene candidato, luego que Ximena Rincón desistiera de competir con el diputado PPD Rene Alinco, con la mayor opción de llegar a la Cámara alta.

Por su parte el PPD debería recuperar la Quinta Costa, con Ricardo Lagos Weber, que enfrenta una dura competencia del actual senador radical Nelson Avila y la Primera Región, por donde Fernando Flores es senador y que difícilmente competirá con Jaime Orpis por su reelección. El problema del PPD es la falta de un candidato competitivo luego que Antonio Leal desistiera de competir y se mantuviera en la tercera región, enfrentando a Isabel Allende, una figura emblemática del PS. El PPD debe defender su representación en la novena región norte, en donde las aspiraciones del actual senador Roberto Muñoz Barra se ven desafiadas por las pretensiones del diputado de su mismo partido, Jaime Quintana, quien busca disputarle el sillón senatorial. La DC no tiene por ahora candidato luego que el diputado Jorge Burgos resolviera repostular por su mismo para dedicarse a la campaña presidencial.

El Partido Socialista es el partido que mayor cantidad de cupos

elección parlamentaria debe defender, luego que el 2001 eligiera a cuatro senadores por las circunscripciones impares (Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo). Ricardo Núñez ha declinado su opción a la reelección, pero Isabel Allende aspira sucederlo como senadora por la tercera región, en tanto Carlos Ominami, Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo ya han sido proclamados como candidatos a la reelección. Ominami podría enfrentar al DC Eduardo Cerda, que ya lo hizo sin éxito por dicha región; Gazmuri, enfrenta el ex senador Andrés Zaldívar, quien perdió con Guido Girardi, a pesar de lo cual se trata de un candidato que bien podría amagar su reelección, en tanto que Jaime Naranjo enfrenta al diputado PPD Jorge Tarud. Por su parte el diputado por el segundo distrito (Iquique) Fulvio Rossi, ha levantado su propia opción senatorial.

En la Cámara el panorama es aún más incierto luego que la Concertación perdiera siete diputados (dos PPD y cinco DC) producto de sus disputas internas y bien pudiera perder un octavo en el próximo mes de julio, si Marco Enríquez mantiene su postulación presidencial hasta diciembre. En las pasadas elecciones parlamentarias la distribución de fuerzas en la Cámara de Diputados era la siguiente: 21 diputados de la DC, un número similar para el PPD, 15 para los socialistas, 7 para el PRSD y dos independientes pro Concertación (Tucapel Jiménez y Eduardo Díaz), lo que le otorgaba al oficialismo una cómoda mayoría de 66 diputados. La Alianza por Chile distribuía 31 diputados para la UDI, 22 para Renovación Nacional y una independiente pro alianza (Marta Isasi por el partido regionalista), con un total de 54 diputados.

Esa correlación de fuerzas deberá variar en la próxima elección.

La DC aspira recuperar los cinco cupos de los diputados colorines que emigraron con Adolfo Zaldívar, situación similar al PPD que buscará recuperar Rancagua y Estación Central, Maipú y Cerrillos (Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar).

Obviamente los demás, tanto de la coalición oficialista como de oposición, pretenden no tan sólo mantener sus actuales cupos, sino crecer, situación nada de fácil, asumiendo que algunos de los “descolgados” pueden aspirar con éxito a su reelección, que la Alianza por Chile deberá entregar cupos a Chile Primero, que la Concertación deberá omitirse en favor del Juntos Podemos y que más de alguno de los precandidatos o aspirantes a parlamentarios, no considerados por sus propios partidos, pueden optar por buscar cupos en listas alternativas como las del PRI o las que amenazan levantar Navarro y Marco Enríquez.

Tampoco se puede descartar que tanto Álvaro Escobar como Esteban Valenzuela mantengan su representación

parlamentaria, obligando a la Concertación a ampliar su pacto por omisión. O que, al menos, Alejandra Sepúlveda, pueda retener su cupo como candidata del PRI. Todo indica que el próximo parlamento tendrá colores más variados que el actual. Su principal novedad es que, por primera vez en estos últimos 20 años, la izquierda extraparlamentaria tendrá representación en la Cámara de Diputados. Aún se puede discutir la cantidad y localidad de los cupos que la Concertación debe ceder y, eventualmente, a una lista parlamentaria levantada por Marco Enríquez, pero resulta más que evidente que el oficialismo necesita de ese pacto instrumental, no tan sólo para asegurar el apoyo de la izquierda y de sectores alternativas en segunda vuelta, sino para asegurar doblajes en algunos distritos claves como Lota, Estación Central, Cerro Navia, La Florida y otros.

Esta será la última elección en donde se requiere de la inscripción para ejercer derechos ciudadanos. También debiera ser la última en donde impere un sistema binominal, incapaz de expresar la diversidad política del país y de las propias coaliciones mayoritarias, tal como queda reflejado en las cinco candidaturas presidenciales que prometen llegar a diciembre.

Nuevamente el gobierno ha repuesto su propuesta de reforma del sistema electoral y otra vez la derecha ha anunciado su oposición, sosteniendo que no constituye una prioridad para el país. En el actual escenario, la Alianza por Chile no puede aumentar su actual representación parlamentaria y más bien pudiera disminuirla, al igual que el oficialismo, a favor de sus nuevos aliados o de sus adversarios políticos, como la izquierda extraparlamentaria. Un escenario más que preocupante en la eventualidad que Sebastián Piñera lograra imponerse en segunda vuelta, que pondría en grave riesgo la gobernabilidad futura del país. El binominalismo viene de salida en el país y bien puede ser que el resultado de la próxima elección parlamentaria termine de sepultarlo.

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E DUCACIÓN

Estado y Enseñanza Superior Principales recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial

En 1981 la dictadura militar modificó radicalmente el sistema de educación superior. Se redujo a las universidades de Chile y Técnica del Estado, se autorizó el ingreso de proveedores privados y se cambió el financiamiento, traspasando además al sector privado algunas instituciones estatales de formación técnica que fueron la base del actual sistema de formación vocacional.

Así se originó el actual sistema, caracterizado por ofertas muy diversas, un alto grado de participación privada y una dura competencia por los recursos disponibles.

El Consejo Asesor Presidencial piensa que a la hora de decidir cómo ha de comportarse el Estado con las instituciones de educación superior, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes tipos: Universidades estatales existentes antes de 1981 que, luego de esa fecha, quedan desprovistas de su carácter nacional; Universidades estatales de base regional derivadas de las existentes en 1981; Universidades privadas, católicas y laicas, existentes antes de 1981; Universidades derivadas de la Pontificia Universidad Católica con posterioridad al año 1981; Universidades creadas con posterioridad a 1981 que, con estricta sujeción al mandato de la ley, impiden la apropiación de excedentes de parte de sus propietarios indirectos o controladores (sin fines de lucro); Universidades creadas con posterioridad a 1981 que no obstante definirse como instituciones sin fines de lucro, en los hechos permiten la apropiación de excedentes por parte de sus controladores o propietario sin directos; Instituciones de formación vocacional que en el conjunto de sus actividades se

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organizan como entidades sin fines de lucro; Instituciones de formación vocacional que para ejecutar la totalidad o parte de sus actividades, se organizan, normalmente o en los hechos, como entidades con fines de lucro.

La diversidad El Consejo manifiesta que el interés público puede alcanzarse también fuera del estado como lo prueba el ejemplo de las instituciones privadas, católicas y laicas, existentes antes de 1981.

Por eso sugiere que el financiamiento a la oferta, bajo la forma de convenios de desempeño o fondos concursables, pueda estar abierto a las instituciones de toda índole, con la sola exclusión de las universidades que en los hechos posean fines de lucro. Lo anterior exige, que el estado se esmere en adoptar las medidas legales que sean necesarias para cerciorarse de qué instituciones son fieles a la naturaleza que declaran y cuáles no.

Si una universidad privada posee o no una orientación hacia el interés público es algo que no depende de su naturaleza, sino de su desempeño sostenido en el tiempo.

Esa misma constatación, junto con razones de equidad y de garantizar la movilidad social, explica que el Consejo sugiera que el financiamiento a la demanda -bajo la forma de créditos subsidiados- pueda ser aplicado a discreción de los estudiantes tanto en instituciones estatales como particulares.

Papel del Estado Después de 1981 las universidades estatales, pese a seguir percibiendo subsidios de libre disponibilidad, debieron competir por aranceles, pero se desenvolvieron en un entorno muy restrictivo, con mayores rigideces que el resto del sistema privado y con obligaciones hacia la administración central sin el respectivo financiamiento.

Tras el retorno de la democracia en 1990 las universidades estatales han gozado de amplia autonomía para sus cuerpos académicos; aunque ya no del financiamiento que poseyeron hasta fines de los 70’. Mantienen hasta hoy una forma de gobierno que era propia de la autonomía de que se dispuso hasta 1981, pero parece poco apropiada para el modelo de búsqueda de rentas, donaciones y aranceles que se imponen en la actualidad.

El Consejo se preguntó si es posible mejorar la situación de las universidades estatales por caminos distintos al del financiamiento; y si acaso existen razones de política pública para sugerir un financiamiento a favor de este tipo de instituciones,

educación distinto al disponible.

Al respecto, el Consejo pudo observar que las universidades estatales poseen restricciones en el manejo y renovación de sus recursos humanos, altos costos de coordinación y de control y otro tipo de gravámenes que las sitúan en una posición de desventaja a la hora de competir en la búsqueda y obtención de recursos. Algunas de las desventajas relativas son impuestas desde el Estado y otras en son fruto de las prácticas de gestión y de gobierno corporativo que las mismas instituciones se han dado autónomamente.

Por ello, el Consejo recomendó que el Estado remueva las restricciones y mayores costos de coordinación y transacción que posean esas instituciones, a fin de igualarlas con las restantes entidades del sistema en la competencia por aranceles, donaciones y en la búsqueda y administración de sus recursos.

Otra variable examinada por el Consejo fueron las posibles razones que tendría el Estado para dispensar una atención preferente a las universidades estatales en materias de financiamiento y de obligaciones correlativas. Sobre este tema concluyó que le corresponde al Estado asegurar la presencia de un grupo de instituciones de origen estatal u otro que sean neutras a las formas de vida y las orientaciones ideológicas, sociales o religiosas en competencia que son propias en una sociedad abierta. Esto, según el Consejo, porque “en un sistema donde los particulares pueden crear instituciones de educación superior dándoles la orientación que prefieran, se hace indispensable asegurar la existencia de un grupo de instituciones que, en vez de promover puntos de vista ideológicos o religiosos específicos, cultive la pluralidad y el diálogo entre todos los puntos de vista y formas de vida en juego y favorezca la inclusión”.

“Esta tarea -agregó en su informe- es especialmente urgente en una sociedad tan desigual como la sociedad chilena donde, por lo mismo, algunos grupos tienen más posibilidades que otros de influir en la vida pública mediante la creación de instituciones de educación superior”.

Reformas sugeridas El Consejo concluyó que el sistema evolucionó desde un tipo elitario, homogéneo y financiado con rentas generales, a uno masivo, diverso y de financiamiento predominantemente privado, y que ello aconseja introducir varia reformas a la institucionalidad que lo coordina y lo gobierna.

Para ponerlas en práctica se deben distinguir cuatro tareas principales: 1) Diseñar y financiar políticas públicas en el área; 2) Promover y asegurar la calidad de la provisión educativa; 3) Proteger los derechos de los usuarios del sistema; y, 4) Favorecer la representación de expectativas e intereses de las instituciones que lo integran. Estas tareas o funciones, si bien

están interrelacionadas, son distintas y deben radicarse en órganos también distintos.

La función de diseño y financiamiento de las políticas públicas de educación superior debiera radicarse en la actual División de Educación Superior o en el Ministerio o Subsecretaría que la reemplace.

La tarea de asegurar y promover la calidad del sistema debiera radicarse en la actual Comisión Nacional de Acreditación y en el Consejo Superior de Educación o el órgano que lo reemplace.

Un sistema altamente privatizado, como el chileno, donde la vinculación entre los estudiantes y las instituciones posee una índole contractual, y donde el financiamiento se efectúa con la renta presente o futura del estudiante o de sus familias, requiere alguna instancia que permita guiar y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes involucrados en la tarea educativa.

Ello supone la existencia de alguna agencia independiente encargada de velar porque se respeten los procesos de selección previamente anunciados y se cumplan a cabalidad los derechos adquiridos mediante el vínculo contractual. Pero, pese a estar de acuerdo en la necesidad de un órgano que cumpla esta función, surgieron discrepancias acerca de qué organismo debe cumplirla.

Las alternativas discutidas fueron la Superintendencia de Educación Superior, otro organismo con facultades más escuetas o la División de Educación Superior del Ministerio del ramo.

Financiamiento del sistema El Consejo determinó que la posibilidad de acceso a la educación superior de los sectores de más bajos ingresos, los quintiles I, II y III, dependerá, en buena medida, del financiamiento público disponible. Los niveles de cobertura de estudiantes meritorios provenientes de estos sectores distan aún mucho del alcanzado en el quintil V. Existe la oportunidad, sin embargo, de doblar la cobertura en los niveles de menores ingresos, los quintiles I, II y III, si, como lo exige la necesidad de borrar las desigualdades de origen, se lograra un financiamiento público mayor al actual.

Sobre la base de ese diagnóstico general -que aconseja al Estado hacer mayores esfuerzos que los que hasta ahora ha podido exhibir- el Consejo arribó a la conclusión, que el Estado debe guiarse por tres criterios a la hora del financiamiento: 1) Debe distinguir entre el financiamiento a la demanda y el financiamiento a la oferta; 2) Debe inspirarse en un criterio no discriminatorio; 3) Debe cuidar que las instituciones cumplan rigurosas normas de elegibilidad.

Financiamiento estudiantil En lo que atinge al financiamiento estudiantil el Consejo sugirió m

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educación igualar las ayudas estudiantiles, tanto el coste del crédito como la cobertura de becas, para todos los estudiantes que satisfagan las condiciones iniciales que se establezcan.

El Consejo consideró que a la hora de las ayudas estudiantiles no resulta correcto diferenciar -como hasta ahora ocurreatendiendo al tipo de institución en la que el estudiante se matricula. Por lo mismo, el informe respectivo sugiere que las ayudas estudiantiles sean neutras al tipo de institución que escoja el estudiante.

En lo que respecta, por su parte, a los mecanismos para ampliar sustancialmente en los próximos años la cobertura en educación superior de los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos (quintiles I, II y III, en especial los dos primeros), el Consejo no alcanzó una propuesta unánime. Si bien todos los consejeros estuvieron de acuerdo en la necesidad de ampliar sustancialmente la cobertura, difirieron en los mecanismos para lograrlo, resumidos en dos alternativas. La primera, apunta a perfeccionar y a ajustar en el tiempo los instrumentos actualmente en aplicación; la segunda, formula una propuesta alternativa al mecanismo vigente de créditos y becas.

Los instrumentos Un parte del Consejo piensa que en materia de subsidio a la demanda no ha de haber diferencias. Por lo mismo, estima indispensable que el sistema de crédito previsto en la ley 20.027 posea un costo equivalente al que tiene el sistema de crédito solidario. La diferencia entre la tasa de UF+2% y las tasas que actualmente resultan de la licitación en el sistema bancario, deben ser cubiertas por el Estado. Esta parte del Consejo sugiere ampliar la garantía del Estado para la adquisición presente de carteras riesgosas y, a la vez, extender, por la vía de un criterio de pago contingente al ingreso y un piso mínimo de éste, una garantía del Estado ante el riesgo de un ingreso futuro no suficiente.

El sistema de créditos -que permite que el estudiante pague sus estudios con cargo a sus rentas futuras- debe complementarse, 10

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piensa esta parte del Consejo, con un sistema de becas de arancel para los estudiantes de los quintiles I y II, cuya incorporación al sistema se hace necesario estimular; con una ampliación de las becas de excelencia para estudiantes egresados de la educación subvencionada, a fin de estimular y premiar su orientación al logro; y con un sistema de becas destinadas a corregir la divergencia en aquellas carreras en que el bienestar privado esté por debajo del bienestar social.

Garantías de acceso Otra parte del Consejo piensa que es hora de cambiar el sistema general de ayudas estudiantiles, para sustituirla por una garantía general de acceso gratuito al sistema para quienes provengan de los tres primeros quintiles de ingreso. Esta garantía estaría focalizada en los alumnos provenientes de la educación subvencionada y perteneciente a los quintiles I, II y III. Ella se traduciría en financiar con cargo a rentas generales el coste de los estudios superiores durante los dos primeros años en el caso de la educación universitaria y profesional y durante un año para la formación técnica. Ese financiamiento gratuito –que cubre aproximadamente el cincuenta por ciento de la carrera, durante el tiempo en que el riesgo de deserción es mayor- iría acompañado de un crédito por el tiempo restante. Dicho crédito puede provenir de cualquiera de los dos sistemas vigentes, los que, como ya se expuso, deberán tener condiciones equivalentes.

Se estima que un sistema como el que se expone –que es neutro al tipo de institución, siempre que ella satisfaga el umbral de elegibilidad- confiere certidumbre de ingreso a la educación superior aproximadamente al 90% de quienes cursan estudios en instituciones subvencionadas; transforma a cada uno de ellos en sujetos de crédito a la mitad de sus estudios universitarios; disminuye el riesgo de deserción; y permite distribuir los subsidios en base a criterios universalistas al alcance de todos.

En cualquier caso, el Consejo arribó a la convicción que el Estado debe hacer especiales esfuerzos a fin de lograr que la educación superior se ponga al alcance de las familias pertenecientes a los tres primeros quintiles.

Financiamiento a la oferta El sistema de educación superior presenta hoy, desde el punto de vista del financiamiento, un conjunto amplio y heterogéneo de mecanismos. Algunos de ellos reconocen el papel fundacional de un grupo de instituciones (el Aporte Fiscal Directo), otros se emplean como mecanismos para estimular el empleo de formas estandarizadas de selección y para estimular el logro de la calidad medida por la preferencia de los mejores puntajes (es el caso del Aporte Fiscal Indirecto), en fin, otro grupo de mecanismos son de índole competitiva y en base a resultados, aunque no se encuentran al alcance de todas las instituciones.

Respecto del Aporte Fiscal Directo hubo un acuerdo general acerca de la necesidad de modificarlo; aunque opiniones contrapuestas a la hora de precisar el sentido de esa modificación.

Una parte del Consejo sugiere mantenerlo como un subsidio a las instituciones universitarias que hoy lo perciben conforme a

educación

la legislación imperante; aunque mejorando los criterios y las exigencias de desempeño asociadas a él. Otra parte del Consejo sugirió cambiar el AFD en la forma que hoy reviste, de modo que esos fondos sean unos subsidios abiertos, bajo condiciones, en principio, susceptibles de ser cumplidas por todas las instituciones que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad.

En lo que atinge al Aporte Fiscal Indirecto, una parte del Consejo sugirió mantenerlo como un instrumento de subsidio a la oferta, pero procurando que incentive a las instituciones a reclutar alumnos provenientes de los quintiles de menores ingresos. Otra parte del Consejo, sugirió mantener la base de determinación del AFI conforme a los criterios de asignación vigentes, sin perjuicio de complementar éstos con otras variables que den cuenta de una corrección de desigualdades de origen.

El Consejo es también de la opinión de revisar el actual sistema de donaciones existente en nuestro país. La renuncia fiscal que suponen las donaciones constituye una poderosa razón para que el Estado cuide que los donantes, al ejercer su discreción, destinen esos recursos a proyectos institucionales cuyo objeto principal responda a una genuina orientación pública.

Elegibilidad El financiamiento público a la demanda (vía becas y créditos) y el financiamiento a la oferta, debe esta fundado en criterios de asignación no discriminatorios o neutrales. Sobre esa base, el Consejo examinó cuáles eran las condiciones que debían satisfacer los estudiantes y las instituciones para acceder a las diversas formas de financiamiento público.

El Consejo sugirió que el acceso a financiamiento para los estudiantes esté subordinado a la condición socioeconómica y a un cierto nivel de logro o de rendimiento académico previo.

Una parte del Consejo recomendó no considerar el rendimiento académico a la hora de asignar financiamiento a los estudiantes para el acceso al sistema. Ellos sostienen que dada la alta correlación existente entre situación socioeconómica y rendimiento académico, esta última condición excluiría a muchos estudiantes en condiciones desventajosas.

El Consejo propuso además que las instituciones de educación superior, sin distinción de índole, puedan postular a subsidios a

la oferta cuando se trate de incentivar la producción de bienes públicos o se trate de desarrollar prioridades de interés general, siempre que los recursos se asignen a través de proyectos asignados competitivamente y sujetos a control de cuentas.

Formación vocacional Un buen sistema de educación superior requiere la existencia de dos modelos articulados entre sí. De una parte, un modelo de formación profesional basado en las disciplinas académicas y la investigación científica. De otra parte, un modelo basado en la transmisión de destrezas y el logro de competencias laborales que permitan una inserción eficiente en el mercado del trabajo.

El primer modelo se asocia a la formación universitaria; el segundo corresponde a la formación vocacional y técnica.

En nuestro país hay 2,1 veces más estudiantes en el sistema universitario que en el subsistema vocacional: técnico y profesional (IP más CFT). Esta situación es atípica e ineficiente desde el punto de vista económico.

Asimismo, y pese a la evidencia -corroborada por diferentes encuestas Casen- de que los alumnos matriculados en los centros de formación técnica e institutos profesionales son más pobres que los que de las universidades, las becas que se han establecido para ellos son de un menor valor. También son menos en cantidad y porcentaje en relación al número de alumnos. Por ende, señalaron los consejeros, dicha área de la educación superior nuestro país requiere importantes mejoras.

Ciencia y la tecnología El sistema de educación superior posee un papel clave en las sociedades contemporáneas. En ellas, el conocimiento o el capital humano, ha reemplazado, como factor del desarrollo, al capital físico. Puede afirmarse que las economías y la prosperidad de los países se han hecho cada vez más dependientes de la calidad de sus sistemas educativos. Sin embargo, se optó desde los 80’ en adelante, ocuparse ante todo de la mejora de su sistema escolar. Esa decisión se tradujo en una desatención relativa del sistema y del financiamiento de la educación superior. Según el Consejo, ese proceso estratégico huy debe ser revertido si el país desea participar de manera protagónica en la creación de conocimiento que es la base de la m

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educación aporte privado que el estatal.

El marco regulatorio Un sistema de provisión mixta y con un alto grado de participación privada, como ha llegado a ser el sistema de educación superior chileno, exige un marco regulatorio que junto con garantizar la autonomía de las instituciones y la diversidad en su fisonomía, asegure el logro de ciertos objetivos de bienestar social y corrija las fallas que presenta un sistema en el que el mercado, o sus mecanismos, poseen cada vez mayor presencia.

autonomía y la prosperidad.

En tal sentido, el Consejo Asesor hizo un llamado a las autoridades de gobierno, a los líderes empresariales, a los parlamentarios y a la sociedad en general, para que apoyen en forma más decidida a la educación superior chilena, otorgándole los recursos necesarios para superar sus actuales limitaciones, particularmente en el campo de la investigación científica y técnica y en la formación de capital humano avanzado. Y, al respecto, formuló un conjunto de recomendaciones.

En el área de formación de capital humano avanzado, recomendó aumentar los recursos hasta ahora disponibles. Esta es la única forma de evitar que, como ocurre hoy, los programas de doctorado se subsidien con el pregrado y no puedan aumentar en número. Ello supone aumentar las becas de doctorado, incluyendo en ellas el pago total del arancel; crear un sistema de aporte fiscal por cada estudiante de doctorado en un programa acreditado; y admitir que los proyectos de investigación concursables incluyan en sus partidas el financiamiento de estudiantes de doctorado.

Desde el punto de vista de los programas estratégicos aplicados al área de la innovación y desarrollo, el Consejo desea expresar que si parece correcto focalizar recursos en áreas prioritarias y de ciencia aplicada -la estrategia de clusters- ello no debe hacerse a costa de disminuir el apoyo a la investigación básica en ciencias naturales y matemáticas. Igualmente sugiere poner atención a la evidencia que mostraría que la estrategia de clusters empresariales posee más fracasos que éxitos a nivel comparado.

El Consejo desea también hacer presente que los niveles de inversión estatal en ciencia y tecnología son en Chile comparativamente muy bajos, lo que resulta en una capacidad científica limitada. Chile debería proponerse como meta al más breve plazo (5-7 años) alcanzar una inversión en I+D equivalente al 2% de su PGB, incrementando proporcionalmente más el 12

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La provisión El sistema de educación superior admite una muy amplia diversidad de proveedores, y llaman la atención dos aspectos acerca de los que el Consejo se pronunció especialmente.

Uno se relaciona con la formación vocacional cuyos programas son impartidos por entidades exclusivamente privadas. En ese ámbito no existe hoy participación estatal. El Consejo sugirió la conveniencia que el estado provea –y no sólo financie- ese tipo de educación especialmente en aquellas áreas en las que la iniciativa privada no logra hacerlo de una manera eficiente.

El otro aspecto relacionado de manera muy estrecha con la provisión, es el de la índole o naturaleza jurídica de las instituciones universitarias. En conformidad a la ley vigente y dada una larga tradición histórica, las Universidades deben carecer de fines de lucro. Esto significa que no pueden organizarse como sociedades comerciales o permitir la apropiación de excedentes por parte de sus controladores. Esta regla imperativa afecta sólo a las universidades. No rige, en cambio, en ninguno de los otros niveles del sistema educativo.

La experiencia muestra, sin embargo, que se trata de una regla que se cumple a veces sólo formalmente. Hay muchas universidades que son complejos modelos de negocios que, sin transgredir formalmente la ley, permiten la apropiación o el retiro de excedentes.

Lo anterior plantea el problema de si la provisión por parte de ese tipo de instituciones ha de admitirse formalmente o no y en caso de admitirse se hace necesario decidir qué tipo de tratamiento habrá de conferírseles. Respecto de ese problema el Consejo no alcanzó una opinión unánime o general.

Una parte del Consejo estimó que ha de permitirse la organización jurídica de entidades con fines de lucro y sin él, que su diseño es posible y que, bien regulado, puede ser beneficioso si se lo somete a mayores y mejores niveles de regulación de los hasta ahora existentes. Otra parte del Consejo consideró inadecuado admitir la provisión con fines de lucro, en particular en los establecimientos que reciben algún tipo de financiamiento estatal, directo o indirecto. Ello porque las

educación universidades con fines de lucro favorecen la concentración de influencia y de capital de diversa índole por parte grupos que así adquieren una influencia desmedida en la cultura y en la vida nacional.

Reconocimiento En el actual marco regulatorio las instituciones son sometidas a un proceso de supervisión a cargo del Consejo Superior de Educación al que le corresponde, luego de ese período, decidir el licenciamiento de la institución o, en cambio, decidir su cierre el que se efectuará entonces por el Ministerio de Educación.

El Consejo pudo observar que el licenciamiento de las instituciones no garantiza su comportamiento futuro. Las instituciones, una vez obtenida la autonomía, pueden desarrollar los planes y programas que ellas discrecionalmente decidan sin mantener las definiciones estratégicas que declararon al tiempo de obtener la licencia. El Consejo recomendó que el proceso de licenciamiento contemple requisitos que aseguren que en el ejercicio de su autonomía las instituciones se subordinen al proyecto que se tuvo en vista al tiempo de conferírsela.

Acreditación El Consejo propuso revisar el sistema de acreditación a fin de asegurar la imparcialidad de las agencias que en él participen, eludir los conflictos de intereses, verificar los criterios que se aplican, examinar los procedimientos y modalidades para la fijación de tarifas, y asegurar la publicidad de sus deliberaciones y fomentar la inclusión de todas las instituciones en el sistema.

La propia Comisión Nacional de Acreditación debiera, en ejercicio de su potestad reglamentaria, reglar los conflictos de intereses de sus miembros y las consecuencias a ellos asociados,

Efectos de la Crisis Alrededor del mundo, la crisis económica está afectando profunda y negativamente a la educación.

En el nivel superior puede preverse que la matrícula mantenga sus niveles pre-crisis o, incluso, que ella aumente, pues allí donde puedan hacerlo, los jóvenes buscarán sortear la crisis postergando su ingreso al mercado laboral.

Por su lado, los graduados de la enseñanza terciaria enfrentarán a partir de este año un mercado de trabajo hostil y, también en Chile, se verán forzados a aceptar trabajos de menor estatus e ingresos o a destinar más tiempo y energía a encontrar su primera ocupación.

Asimismo, es probable que en el nuevo cuadro aumente la presión social sobre los gobiernos a fin de que expandan los esquemas de ayuda económica a los alumnos de menores recursos y a sus familias. Hacia el futuro, en perspectiva de mediano plazo, la crisis obligará a repensar las formas de financiamiento de la educación terciaria. Particularmente en Chile, donde los hogares y los propios estudiantes asumen de una manera desproporcionada el peso en el financiamiento

todo ello sin perjuicio de que la ley mejore y haga más rigurosas las actuales causales de inhabilidad para ser miembro de él.

Información El sistema de educación superior padece severas asimetrías de información. Corregirlas corresponde al Estado que debe proveer información fidedigna y completa al público acerca de las instituciones de educación superior, mediante la entrega estandarizada de información confiable y válida a los actores del sistema y al público en general. El Consejo estima que este es uno de los deberes en los que el Estado debiera esmerarse con mayor prontitud.

Es necesario también que el sistema de educación superior posea una institucionalidad que potencie la rendición de cuentas y la información. Para ello sugirió instituir obligaciones legales al respecto.

El Consejo también recomendó instituir un organismo que agrupe a las instituciones de educación superior acreditadas a fin que hagan valer sus intereses y expectativas mutuas ante la administración, disciernan formas de autorregulación y diseñen formas de cooperación.

Selección El empleo de pruebas estandarizadas de conocimiento para seleccionar estudiantes, puede resultar en parte inadecuado atendida la alta correlación existente en Chile entre el desempeño en esas pruebas y el origen socioeconómico de quienes las rinden. Si bien esa correlación depende ante todo del sistema escolar, el Consejo sugiere iniciar una deliberación entre los actores del sistema con miras a considerar también factores distintos al puramente cognitivo.

José Joaquín Brunner de la educación superior, mientras el Estado se ha retraído peligrosamente en este frente, la crisis subrayará el hecho de que, bajo las actuales condiciones de financiamiento, la educación superior no es sustentable.

Es inevitable rediseñar y unificar los esquemas de crédito, aumentar las becas y racionalizar sus formas de asignación, y destinar más recursos públicos al financiamiento de las instituciones acreditadas sin fines de lucro.

Por su parte, las instituciones de educación superior se verán forzadas a revisar la organización, duración, costo y, sobre todo, la pertinencia para la vida y el mundo laboral de los programas que ofrecen.

Seguramente la crisis descubrirá que hay un número importante de programas mal diseñados, de baja eficiencia interna y que no preparan adecuadamente a los jóvenes para insertarse en la sociedad y en las ocupaciones disponibles, asumir riesgos de emprendimiento, innovar respecto de las rutinas que se han vuelto improductivas y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

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S ALUD Treinta Años de Alma Ata*

¿La Atención Primaria Requiere un Nuevo Paradigma?

Dra. Lidia Amarales, Ex Subsecretaria de Salud A 30 años de la Declaración de Alma Ata (1) que define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad, donde se la reconoce como un Derecho Humano fundamental y un objetivo social sumamente importante en todo el mundo -que exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos-, la Atención Primaria de Salud (APS) está más vigente que nunca.

El siglo XXI, en que la globalización y el desarrollo de los países condicionó cambios epidemiológicos trascendentes: preponderancia de nuevas enfermedades -donde las crónicas juegan un rol importante-, envejecimiento de la población, y aumento de las inequidades, nos invita a imponer una mirada diferente de la Salud Pública.

Por esta razón, y para responder a los Objetivos del Milenio, creemos imperioso realizar una revisión y análisis de la situación de salud de Chile, con el objetivo de plantearse un nuevo paradigma para sustentar un modelo de Salud Pública que de una respuesta integral y coherente a las necesidades de salud de la población.

La Región de las Américas ha experimentado cambios económicos y sociales importantes que han repercutido en la

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salud de la población. La Salud Pública ha dado una respuesta sanitaria desde un modelo biomédico, epidemiológico clásico u otro, enfrentando la salud desde la enfermedad (2).

Estos paradigmas han estado insertos en la formación de los profesionales, la construcción de hospitales -cada vez más complejos-, la tecnificación de la práctica médica, el desarrollo desproporcionado de la atención terciaria con su tendencia, cada vez más preponderante, hacia las especializaciones y subespecializaciones médicas.

Como consecuencia de todo ello, hemos asistido a un aumento sostenido de las expectativas de vida de la población, pero asociado a multimorbilidad con predominio de las enfermedades crónicas.

El Ministerio de Salud de Chile ha realizado diferentes estudios y encuestas que avalan estas afirmaciones: En la Encuesta Nacional de Salud 2003 (3), la prevalencia poblacional de Riesgo Cardiovascular Global Alto y Muy Alto fue de 54.9%. Los Factores de Riesgo (FR) asociado a esta patología y a otras enfermedades crónicas se encuentra en porcentajes muy elevados: sobrepeso y obesidad 61.1%, sedentarismo 89.4%, tabaquismo 42%, Hipertensión Arterial 33.7% y síntomas depresivos 17,5%.

La Encuesta de Calidad de Vida 2006, ENCAVI (4), señala que los determinantes asociados a estilos de vida no han experimentado variaciones significativas en relación a la ENCAVI 2000 (5). Sobresalen los tópicos de sedentarismo, consumo de sal, tabaquismo, estrés y bebedores problema. La mayoría de las personas dispone de redes sociales de apoyo, aunque estas disminuyen en relación al 2000.

El estudio de Carga de Enfermedad 2007 (6) muestra 3.761.788 años de vida perdidos ajustados por discapacidad (el 78% corresponde a años vividos con discapacidad (AVD)). Las enfermedades no transmisibles (84%) y lesiones, agrupa el 96% de los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA), perdiéndose más años por discapacidad que por muerte prematura. Las 6 primeras causas específicas de AVISA son: Enfermedad Hipertensiva del corazón, Trastornos Depresivos Unipolares, Trastorno de la Vesícula y Vías Biliares, dependencia al alcohol, Cirrosis Hepática y Accidentes de Tránsito. Los FR con mayor carga por pérdida de AVISA son: consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad, Presión Arterial elevada, contaminación aire extradomiciliario, glicemia elevada, bajo peso de nacimiento, consumo de sal y consumo de tabaco. Las proyecciones realizadas para el 2010 muestran que continuarán siendo predominantes las enfermedades no transmisibles,

salud el peso de los AVD será mayor, se mantendrá el predominio de las condiciones neuropsiquiátricas, enfermedades digestivas y cardiovasculares.

El aumento de las inequidades lo observamos en la situación de salud por género, ubicación geográfica y especialmente Nivel Socioeconómico (NSE).

La Mortalidad Infantil, a pesar de la disminución significativa en las últimas décadas, muestra una gradiente clara de acuerdo al NSE. La brecha en Mortalidad General, según NSE, ha ido creciendo en los últimos años (7). La ENCAVI 2006 también evidencia una gradiente social significativa en todos los aspectos de la satisfacción vital -especialmente condición física, mental y emocional- además de los problemas de contaminación, infraestructura, equipamiento y servicios.

Por lo tanto, esta realidad obliga a enfrentar nuevos desafíos. Como se observa en los estudios citados, claramente el perfil epidemiológico de las últimas décadas se orienta a las enfermedades crónicas y accidentes asociados a cambios en la dieta, sedentarismo, urbanización y deshumanización de la sociedad, con deterioro de las estructuras sociales y de apoyo y desarrollo cada vez más impersonal de las comunicaciones. Este escenario Psicosocial favorece conductas y FR conductuales específicos.

Es por esta razón que se hace imprescindible el cambio de modelo que abarque al individuo y a la familia en forma integral, insertos en un marco social, económico, cultural y medioambiental.

Para poder responder a estos desafíos la OMS/OPS, desde la Declaración de Alma Ata, ha orientado su trabajo a una nueva concepción de la Salud Pública en el mundo. La Carta de Ottawa (8) plantea que la “Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma” y que, “la salud se percibe no como el objetivo sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana”. La participación activa en la Promoción de la Salud implica la elaboración de una política pública de formas de vida sana, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria y la reorientación de los servicios sanitarios. Claramente se plantea la necesidad del trabajo mancomunado de los organismos público-políticos, que reconocen que los individuos constituyen la principal fuente de salud, que el planteamiento holístico y ecológico de la vida son esenciales en el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud y que la Salud constituye el mejor desafío e inversión social.

A través de Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) la OPS ha puesto a disposición de la Región de las Américas un instrumento para mejorar la práctica de la Salud Pública (9). Dentro de ellas, el empoderamiento de los ciudadanos para cambiar sus propios estilos de vida y ser parte activa del proceso de cambio de los hábitos de la comunidad, es relevante. Ello, junto a la participación social se plantea como esenciales y nos insta a facilitar la participación de la comunidad organizada en los programas de salud y a fortalecer la construcción de

alianzas intersectoriales con la sociedad civil.

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (10) realiza un análisis exhaustivo de las condiciones sociales de los diferentes pueblos y las inequidades entre ellos y dentro de ellos que afectan a la salud. Plantea un nuevo programa mundial para la equidad sanitaria, de carácter político, social, económico, medioambiental y educacional. Recomienda la Atención Primaria como modelo para obtener mejores resultados sanitarios y fundar los sistemas de salud en los principios de equidad, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Existe evidencia considerable que los países con un desarrollo sólido de la APS obtienen mejores resultados de salud, son más eficientes, más equitativos y exhiben mayor satisfacción de los usuarios (11-13). La OPS/OMS plantea la renovación de la APS sugiriendo una estrategia orientada a incorporarla en una agenda más amplia de equidad y desarrollo humano, fortaleciendo los sistemas de salud, promoviendo las mejoras sostenidas en la participación comunitaria y en la colaboración intersectorial e invirtiendo en el desarrollo de los recursos humanos (14).

Por lo tanto, existe el convencimiento de la necesidad de un cambio de paradigma, que sustente el cambio hacia un modelo que coloque a la familia y a la comunidad en el centro de las acciones de salud (15-18).

La situación de salud de una población, entonces, tiene relación directa con su realidad socioeconómica, educacional y cultural, del individuo y su familia. Para satisfacer sus necesidades de salud debemos ser capaces de mejorar su calidad de vida como parte de un Derecho Humano fundamental, como lo plantea Alma-Ata. Este nuevo desafío nos impulsa, como lo instan los diferentes trabajos realizados por la OPS/OMS y la literatura, a plantearse un nuevo paradigma orientado a la visión del ser humano como un ente integral, inserto en la sociedad actual, moderna y globalizada pero con cambios sociales, económicos y culturales que han tenido gran repercusión en su salud.

Este nuevo paradigma biopsicosocial tiene que abordar al individuo en forma integral, inserto en un entorno familiar

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salud y social; tiene que atravesar la sociedad, salir del ámbito solamente sanitario, ser transversal para las diferentes políticas públicas y ser la base de un nuevo Modelo de Salud.

Modelo de Salud que debe abarcar, desde la formación de recursos técnicos y profesionales, hasta el cambio del eje asistencial hacia la APS con participación comunitaria y coordinación intersectorial, es decir, Salud Familiar.

En consecuencia, este cambio de paradigma es indispensable para consolidar y mantener los logros de salud alcanzados y así poder enfrentar los nuevos desafíos sanitarios del siglo XXI, lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el compromiso internacional de Alma-Ata. BIBLIOGRAFÍA - Declaración de Alma Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma Ata, URSS. 6-12 Septiembre 1978.

- Arredondo A. y cols. Marcos Coneptuales en Salud Pública.

Modelos, Paradigmas o Propuestas Disciplinarias. Cuad. Méd.-

Soc., XXXIV, 2 y 3, 1993/ 29-36.

- Ministerio de Salud. http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/ folletoENS.pdf - Ministerio de Salud. http://epi.minsal.cl/epi/html/sdesalud/ calidaddevida2006/Informe%20Final%20Encuesta%20 de%20Calidad%20de%20Vida%20y%20Salud%202006.pdf Ministerio de Salud. http://epi.minsal.cl/epi/html/sdesalud/ calidaddevida2006/Compara2000-2006ENCAVI.pdf - Ministerio de Salud. http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ cargaenf2008/minuta21-07-2008.pdf. Visitado 13-XI-2008 Ministerio de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010.

- Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud. Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: “Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud”. Noviembre 1986 - Muñoz F y cols. Las funciones esenciales de la salud pública: un tema emergente en las reformas del sector de la salud. Rev Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health 8 (1/2), 2000: 126.

Alma Ata: Mejor Salud para los Pueblos ° Compromiso adquirido en 1978 por 134 países y 67 organismos internacionales, en la Conferencia Internacional de Atención Primaria, convocada por la OMS, en la actual ciudad de Almaty, ex Alma Ata, en Kazajistán…Un sueño aún por conquistar.

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud -realizada en 1978 en la ciudad de Alma Ata (Kazajistán)-, convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con la presencia de 134 países, con excepción de China, 67 organismos internacionales, y muchas organizaciones no gubernamentales, los participantes se comprometieron con una “salud para todos el año 2000”.

A partir de la denominada Declaración de Alma-Ata se puso en marcha un proceso mundial destinado a dar cumplimiento progresivo, pero firme, de la meta social y política de “Salud para todos”. Desde entonces, AlmaAta y “atención primaria de salud” son términos indisolubles.

En la década de los 70 se vivía en la revolución científica y tecnológica que había comenzado al final de la Segunda Guerra Mundial y que determinaría, junto a otros grandes cambios, lo que hoy se conoce como “globalización”. Sin embargo, ya se reconocían las grandes y crecientes desigualdades e injusticias sociales, así como la pobreza y el abandono de sectores mayoritarios de la población.

Sin esa convicción, no se habría 16

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resuelto en las Asambleas Mundiales de la Salud de 1975 y 1976, respectivamente, el compromiso de “Salud para todos el año 2000”, que cristalizó en 1978.

Desde el punto de vista político, el mundo estaba en plena bipolarización ideológica y económica, así como también en una nueva forma histórica de confrontación. Se llamó la “guerra fría” y estuvo basada en un extraordinario desarrollo tecnológico en los campos bélicos como ejes de una implacable guerra económica, cuyo fin era la eliminación de una de las dos superpotencias. Esto ocurrió posteriormente con la caída del Muro de Berlín, pero dentro de los bloques dominantes, no había tampoco una clara hegemonía de un solo país. En el llamado bloque “socialista” había una confrontación entre la Unión Soviética y C hina, situación que resultaría decisiva a la hora de la realización de la Conferencia.

Al mismo tiempo, en el mundo se daban experiencias sobre formas diferentes de afrontar los problemas de salud, a pesar de las limitaciones de recursos financieros, tecnológicos y humanos en las sociedades pobres o menos desarrolladas en lo económico. Estas experiencias fueron estudiadas en las décadas de los 60 y 70.

Sobresalen las de China, India, y algunos países de África y América Latina.

Estudiosos del mundo desarrollado las publican y la Organización Mundial de la Salud responde de manera muy activa, coincidiendo con el inicio del mandato en la institución de Halfdan Mahler como director general. Mahler percibe muy bien estas experiencias y las proyecta a escala mundial y como una responsabilidad de todos los países, ricos y pobres.

salud Una meta global Cuando Mahler propone “Salud para todos” en 1975, fue muy claro al decir que se trataba de alcanzar un nivel de salud que permitiese a todos, sin excepciones ni marginaciones, llevar una vida social y productiva en lo económico. La fecha referida al año 2000 debió entenderse como una meta para que todos los países del mundo tuvieran diseñadas sus estrategias políticas al respecto y estuvieran en un proceso claro de ejecución con medidas concretas para alcanzar la meta social en plazos variables.

La declaración de Alma-Ata plantea que la salud es “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Reitera en forma expresa esa definición, agregando los conceptos de que la salud “es un derecho humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo”. Además, “exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud”, para conseguir esos fines.

En la Declaración también se señala que la atención primaria de salud “forma parte integrante tanto de los sistemas nacionales de salud como del desarrollo social y económico global (en su sentido multisectorial y no mundial)” y es “la función central y el núcleo principal” de “todo” el sistema. Nunca fue una parte aislada del sistema ni mucho menos circunscrita a una atención más periférica y de bajo costo para los pobres.

La propuesta soviética En la 28a Asamblea Mundial de la Salud de 1975 se logró imponer el concepto, así como la necesidad y urgencia de un nuevo enfoque para el cuidado de la salud, para todos y por todos. Así surgió lo que se dio en llamar atención primaria de salud. Fue una victoria de los países en desarrollo de entonces. Las grandes potencias capitalistas la aceptaron benévolamente, pero la Unión Soviética se opuso en principio por considerarla un retroceso científico y tecnológico.

Sin embargo, en enero de 1976, un día antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, previo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, a realizarse en mayo de ese año, Dimitri Venediktov, viceministro de Salud para Asuntos Internacionales de la Unión Soviética, propone la idea de realizar una gran conferencia internacional sobre la atención primaria, además de poner a disposición dos millones de dólares como contribución extraordinaria de la Unión Soviética.

Al comenzar el Consejo Directivo, Venediktov hizo su propuesta para realizar el encuentro en la URSS, pero después de muchas presiones aceptó que ésta tuviera lugar en un país en desarrollo.

Cuatro meses después, la idea fue formalmente aceptada en la Asamblea y se programó para 1978.

Desechada la idea de Moscú, se comenzó a buscar un país y una ciudad del Tercer Mundo como sede de la Conferencia.

La selección de Alma-Ata se debió a dos consideraciones

principales: el dinamismo y liderazgo del ministro de Salud de Kazajistán, y las condiciones de infraestructura física en las cuales debía realizarse dicha Conferencia, teniendo en cuenta los plazos limitados que quedaban. Finalmente, se resolvió por la ciudad de Alma-Ata (hoy Almaty), que significa “padre de las manzanas”, país en el cual la Unión Soviética tenía sus programas espaciales para la guerra fría y, además, era vecina de China.

Fue extraordinario el trabajo del gobierno y el ministro de Salud de Kazajistán. Construyeron en un año, entre otras cosas, un hotel de 1.000 camas, un Centro de Convenciones Lenin, con un auditorio para 3.000 personas, con un sistema completo de interpretación simultánea y receptores auriculares en todos los asientos, pero la comunicación era sólo unidireccional, es decir, del podio a la platea, por lo que hubo que llevar un sistema inalámbrico de Italia. Todo el personal de secretaría fue de Ginebra en dos aviones. Al final, todo funcionó sin contratiempos, incluso el senador Edward Kennedy fue bien recibido y atendido a pesar de no formar parte de la delegación oficial de Estados Unidos y llegar de improviso. Su presencia era una demostración de la importancia política que había adquirido la Conferencia.

Las condiciones que dieron origen a la meta social y política de “Salud para todos” y a la estrategia, también social y política, de la “atención primaria de salud”, no sólo subsisten sino que se han profundizado. Las grandes diferencias, las inequidades y la injusticia social dejan cada vez más vastos sectores sin un cuidado integral de su salud. La pobreza aumenta y los pocos recursos para educación y salud de que disponen las sociedades nacionales se invierten y gastan no siempre de manera adecuada.

En el mundo globalizado de hoy, unipolar y con la amenaza de una pérdida creciente de las soberanías nacionales, una de las pocas medidas que existen para tener control sobre el destino es la construcción de democracias auténticas, descentralizadas y participativas. Hoy es imprescindible transferir -o mejor dicho “devolver”- el poder político para tomar las decisiones que afectan a las sociedades a su punto de origen, que es la ciudadanía.

“El cuidado integral de la salud para todos y por todos” —la mejor forma de expresar la genuina “atención primaria de salud” de Alma-Ata— es una necesidad no sólo en el ámbito de la salud, sino para el futuro de los países que aspiran a seguir siendo naciones-estados soberanos en un mundo cada día más injusto.

Tal vez sea necesario convocar a una Alma-Ata II para relanzar los conceptos que dieron origen a esa conferencia en 1978.

Por supuesto, con las debidas actualizaciones derivadas de los grandes cambios mundiales y de las experiencias vividas. ( Texto extractado de artículo publicado en la revista de la OPS de David A.Tejada de Rivero, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud desde1974 a 1985 y dos veces ministro de Salud de Perú).

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T R A N S PA R E N C I A

Se Empoderó a la Ciudadanía con la Ley de Transparencia

Sin Gobierno Electrónico no habría sido Posible la Transparencia Activa

Como un gran paso en el proceso de modernización del Estado y en el fortalecimiento de la probidad y apertura de la función pública a la ciudadanía, fue calificada por todos los sectores políticos la entrada en vigencia de la Ley 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información, que obliga -desde el 20 de abril pasado- a todos los organismos públicos a difundir sin necesidad de requerimiento previo en sus sitios web, información relevante sobre su gestión relativa a su normativa, estructura, remuneraciones de sus funcionarios y asesores de ministros y subsecretarios, auditorías y convenios y contrataciones de cada cartera y servicio, entre otros.

Además, dispone que todo requerimiento de información deberá ser atendido en un plazo de 20 días hábiles.

La Ley de Transparencia es una herramienta de gestión pública (licitaciones, adquisiciones, planificaciones, 18

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reglamentaciones) y, sin duda, el antecedente que impulsa una fiscalización y participación de la comunidad de forma verdadera, contingente y necesaria, siendo uno de sus atributos el “hacer parte” a la comunidad a través de la difusión de información “interna” de los organismos públicos, y otro transparentar y cambiar la imagen burocrática de los servicios públicos.

Esta ley establece que “salvo excepciones que determina la misma ley, el ciudadano podrá conocer los actos de la administración estatal, acceder a los documentos relacionados con los mismos, a presupuestos, gastos y salvo excepciones, a cualquier información que haya sido elaborada usando dinero público o que esté en poder de órganos de la Administración del Estado. Las excepciones están limitadas a la entrega de información cuando afecte el debido cumplimiento de las

transparencia funciones de un órgano del Estado, a los derechos de las personas, la seguridad y el interés nacional o cuando una ley de quórum calificado haya declarado reservada o secreta cierta información.

Las reclamaciones y regulaciones referidas a su correcto funcionamiento quedan en manos del Consejo de Transparencia, organismo autónomo, creado en la misma ley que está integrado por cuatro miembros designados por la Presidenta de la República, los cuales deberán estudiar y fallar caso a caso todos los reclamos que sean presentados a su conocimiento.

Chile en posicion lider Chile se ha puesto en una posición líder, en lo que constituye un gran paso para asegurar la probidad de las acciones del Estado, ya que favorece el control social de los actos de la administración, reduce en forma importante los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad, disminuye los incentivos a la corrupción y motiva desempeños eficientes, a la vez que sustenta en gran parte la libertad de expresión, la participación ciudadana y el “empoderamiento” de los ciudadanos para ejercer una efectiva rendición de cuentas.

que implica la entrega de información en forma oportuna y eficiente.

En la actualidad, más de 65 países tienen leyes que proveen mecanismos para solicitar y obtener información de sus respectivos gobiernos y 53 de ellas se han sancionado sólo en la última década y media.

No obstante, el tránsito hacia la transparencia no está exento de dificultades. La experiencia comparada muestra que el proceso de aplicación de la ley en otros países, como por ejemplo México, Canadá o Reino Unido no ha sido fácil para dar respuestas al explosivo aumento de las demandas y exigencias de los ciudadanos por información.

En Reino Unido la ley, publicada el 2005, demoró 5 años en comenzar su implementación. Ese año se registraron entre 100.000 y 130.000 solicitudes de información entre todos los

Es un paso más en una serie de modificaciones y normativas introducidas por los gobiernos de la Concertación en materia de probidad, transparencia y modernización del Estado.

Entre estas destacan la regulación del financiamiento de las campañas políticas, la creación de un sistema transparente de compras en el sector público (Chile Compra), la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública y la obligación para las altas autoridades de declarar su patrimonio y sus intereses.

Sin embargo, los verdaderos cambios no terminan en una ley, sino comienzan con su implementación y, en ese sentido, provocará importantes desafíos que el Estado deberá resolver en el corto plazo. De ahí que se habla de un cambio cultural importante, que obligará a los organismos públicos a adaptarse a nuevas formas de trabajar, sensibilizando y capacitando a sus funcionarios para abordar el proceso normativo y técnico

órganos del Estado, incluyendo 38.108 en el gobierno central.

Esto ha generado diversos problemas, como el retraso en las respuestas y en la toma de decisiones por parte de las autoridades.

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transparencia A través de su aplicación es posible cambiar la imagen del aparato público ante los ciudadanos y de esa forma dejar de ser considerados como burocráticos, lentos y rígidos, pasando a estar más cerca de los ciudadanos, además de aumentar la eficacia, facilitando la agilidad y flexibilidad de la gestión y la racionalización de esfuerzos y recursos.

En México, para abordar esos problemas se creó el Sistema de Solicitudes de Información, una sofisticada herramienta electrónica a través de Internet. En 2007 se presentaron 4.864 recursos y en cinco años crecieron a 13.660. En Canadá, en tanto, se han detectado problemas en el reclutamiento y permanencia de funcionarios capacitados en acceso a la información.

Estas experiencias dejan en evidencia la necesidad transformar las dinámicas de un gobierno tradicional por los de un gobierno electrónico o gobierno 2.0.

Gobierno electrónico y ciudadanía En Chile la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información -en solo ocho meses- no habría sido posible sin el desarrollo que en la actualidad tiene el gobierno electrónico, que ha incorporado nuevas tecnologías en la gestión del Estado, otorgando una mayor accesibilidad y rapidez a la información con un menor costo, con mayor seguridad y rigor informativo y, por sobre todo, ofrece la posibilidad de una mejor y más democrática atención a los ciudadanos.

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El desarrollo del Gobierno Electrónico constituye un desafío permanente para la administración del Estado y brinda la oportunidad de pasar de un modelo de gobierno vertical a uno horizontal. “Sin embargo, esto requiere de la alineación de los objetivos técnicos y políticos para diseñar los objetivos, hacer más expeditos los procesos de toma de decisiones y hacer efectivos los mecanismos de accountability” (web “Política y Medios 2.0”).

Teniendo en cuenta el gran salto dado por Chile en materia de probidad y transparencia, será esencial entender que este es el comienzo de un proceso, en donde se requiere un fuerte compromiso de todos los funcionarios públicos y, además, una fuerte campaña de información para que los ciudadanos sean rigurosos en la comprensión y en la utilización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Será también responsabilidad del Estado destrabar y facilitar el acceso expedito a los procedimientos y acciones que puede tomar la ciudadanía para seguir avanzando en uno de los valores más típicamente modernos y democráticos, a saber, la transparencia.

El verdadero sentido de esta normativa se obtendrá cuando el derecho a la información se convierta en un elemento cotidiano en la vida de las personas y contribuya a mejorar sus condiciones de vida.

I NTERNACIONAL

Respuesta Progresista a Crisis Sistémica

La Fundación de Jesús Caldera Propone Decálogo para Enfrentar Crisis Financiera

Coordinado por el ex Ministro del Trabajo del gobierno español, un equipo de connotados economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, entregó la propuesta que puede ser consultada in extenso en www.fundacionideas.es.

La crisis financiera internacional ha motivado una contundente acción coordinada de los gobiernos y hoy el mundo se enfrenta a una grave crisis financiera global, con efectos muy negativos sobre la economía real. En este marco, la revista de Chile 21 desea poner en el debate nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial.

Es así que se incluye un trabajo realizado por la Fundación Ideas de España, que concluye con 10 medidas para salir de esta crisis sistémica y evitar que se vuelva a repetir. El presente documento ofrece un breve análisis de los orígenes de la crisis actual, una importante batería de propuestas de reforma, y una reflexión sobre las instituciones responsables de aplicarlas a nivel nacional, Europeo y mundial.

El grupo de trabajo ha sido coordinado por ex Ministro del Trabajo de España, Jesús Caldera, Carlos Mulas-Granados y Emilio Ontiveros, contando con la participación de Oscar Arce, Jorge Blázquez, Juan Ignacio Crespo, Mónica Melle, George Pagoulatos, Angel Pascual Ramsay, José Pérez, Jean PisaniFerri, José Juan Ruiz, Andrés Sapir, Federico Steimberg, Joseph Stiglitz, José Antonio Trujillo y Xavier Torres.

La crisis financiera dentro de la agenda global Necesitamos un cambio de paradigma como respuesta a una crisis sistémica: No estamos sólo ante una crisis del sistema financiero; estamos ante una crisis de todo el sistema; no sólo del entramado de regulación y supervisión financiera, sino del modelo de desarrollo económico; no sólo de la globalización financiera, sino de la globalización en su conjunto. Por ello, debemos aprovechar esta oportunidad para promover un cambio de paradigma; una globalización distinta que no sólo se guíe por principios de rentabilidad, sino también de justicia, de solidaridad y de responsabilidad

ante los ciudadanos.

Las soluciones a la crisis financiera deben ser parte de una agenda más amplia. Aunque una refundación del sistema financiero global es necesaria, no es suficiente. El sistema económico mundial muestra otras carencias que lo hacen ya insostenible y las cuales es esencial resolver, entre otras: Pobreza interna y externa (muchos países siguen en el subdesarrollo; los países desarrollados no han cumplido con los Objetivos del Milenio; crece la desigualdad); Comercio (el sistema sigue sin funcionar para los países más pobres y la Ronda de Doha sigue atascada); Crisis energética (seguimos sin soluciones para responder al desfase entre demanda y oferta de las fuentes disponibles); Cambio climático (no hay un consenso sobre un sistema energético que haga compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental).

Por todo ello, es necesario establecer un nuevo marco financiero que, además de garantizar el ordenado funcionamiento de los flujos de capital, sirva también de base para generar: estabilidad macroeconómica; comercio internacional justo que permita el desarrollo económico de los países en desarrollo; sostenibilidad medioambiental; una gobernanza efectiva de la migración (por ejemplo, a través de una Organización Mundial de las Migraciones, a imagen y semejanza de la Organización Mundial del Comercio).

Ello implicaría abordar el momento actual desde la perspectiva de un pacto global, que permitiera conectar las reformas del sistema financiero con las reformas de las reglas del comercio, la agenda de desarrollo para cumplir con los objetivos del Milenio, las medidas para limitar las emisiones contaminantes en la era post-Kyoto, o incluso la creación de nuevos organismos para ordenar las migraciones internacionales. En todo caso, ahora es necesario centrarse primero m

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internacional en lo más urgente: 1) Medidas de emergencia financieras para sanear el sistema, generar confianza y recuperar el mecanismo de pagos y la función crediticia; 2) Medidas de política económica y monetaria para que la recesión no se convierta en depresión global; 3) Constituir una nueva arquitectura financiera internacional; 4) Utilizar este proceso como catalizador para crear reglas y estructuras de gobernanza global capaces de resolver los otros grandes retos que afrontamos.

¿Qué ha fallado?

• Fallos de mercado: A nivel micro, se han producido importantes carencias y heterogeneidades en la información contable, asimetrías de información entre los agentes, incentivos perversos para directivos y operadores, problemas de indefinición en las relaciones de agencia, altos niveles de incertidumbre e irracionalidad, y decisiones miméticas en los agentes económicos, todo lo cual ha imposibilitado el funcionamiento adecuado de los mercados. En la raíz de estos problemas están algunas disfunciones en el gobierno de las empresas: por ejemplo, sus estructuras de incentives sólo han favorecido a los directivos, incluso a costa de los intereses de los accionistas.

A nivel macro, se han producido importantes fallos de coordinación interbancaria, se ha exacerbado la fragilidad del sistema financiero, y se han puesto en evidencia sesgos estructurales hacia la sobrevaloración de determinados activos que inducen la aparición de burbujas especulativas.

• Fallos de Estado (fallos de supervisión y regulación): Los marcos regulatorios y la supervisión prudencial han demostrado una capacidad institucional insuficiente para el tamaño y la sofisticación del mercado existente, además de ostensibles carencias en las variables instrumentales para modelizar los perfiles reales de riesgo asumido. Esto ha permitido un excesivo apalancamiento, una desmesurada concentración de riesgos y la proliferación de activos financieros derivados de dudosa calidad y opaca distribución en el sistema.

Algunos fallos del Estado son en realidad fallos de Mercado, ya que éstos calcularon erróneamente los riesgos porque los mercados lo hicieron antes. En todo caso, no teníamos la regulación y los marcos regulatorios apropiados para proteger al sistema económico de estos errores. Permitimos a las entidades financieras crecer demasiado (tanto que no podíamos permitir su colapso), lo que contribuyó a la asunción excesiva de riesgos.

Algunos fallos regulatorios fueron aún más profundos: se permitieron marcos contables inadecuados y estructuras de gobernanza empresarial inadecuadas. En general, hubo una 22

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creciente falta de correlación entre los beneficios privados y los retornos sociales.

• Fallos de política macroeconómica: La orientación de la política monetaria ha sido excesivamente laxa durante demasiado tiempo en todo el mundo, generando excesiva liquidez, reduciendo los costes financieros hasta tasas reales negativas e incentivando así el endeudamiento y burbujas especulativas como la de los activos inmobiliarios.

El error principal fue centrar el mandato de los bancos centrales exclusivamente en la inflación, ignorando las implicaciones sobre la estructura financiera y la estabilidad a largo plazo del sistema. Se pensó erróneamente que mantener un nivel de inflación bajo y estable era necesario, casi suficiente por sí mismo para crear un crecimiento económico duradero.

• Complacencia ideológica. La ideología neoliberal impuso como necesidad económica lo que tan sólo era preferencia ideológica y con ello una filosofía regulatoria basada en Principios más que reglas (que en la práctica no sirvieron de nada, ante la carencia de evaluación y seguimiento de sus resultados). Auto-regulación (que en realidad significó ausencia de regulación, dados los incentivos perversos para transgredirla). Asunción descontrolada de riesgos por parte de las empresas (que fueron incapaces de limitarlos, dejándose llevar por una ilusa confianza en un crecimiento económico ilimitado que ocultase sus carencias de competitividad y eficiencia). Agencias de calificación independientes (que no sólo internalizaban los intereses de los emisores de los activos financieros a calificar, sino que operaban también con intereses propios).

• Crecientes desigualdades, que llevaron a la volatilidad y la asignación ineficiente de los recursos financieros: Los problemas subyacentes a los desequilibrios financieros tienen que ver con la creciente desigualdad dentro y entre la mayoría de los países (la gente con dinero no lo gastó, y la gente que necesitaba gastarlo no lo tenía). Asimismo, esto coincidió con deficiencias crecientes en el sistema financiero global (debido a la ausencia de un sistema coordinado global de reservas). Dados los altos niveles de volatilidad existentes, algunos de los países más desarrollados tuvieron incentivos para “enterrar en el suelo” cientos de billones de dólares de poder adquisitivo. Hoy resulta obvio que hay muchas necesidades sin cubrir en el mundo y mucho mejores destinos para los recursos financieros escasos, que las burbujas inmobiliarias que lideraron hasta hace unos meses la demanda agregada mundial.

¿Qué se puede hacer para solucionar esos fallos?

Los fallos mencionados pueden solventarse a través de un amplio paquete de reformas que se basen en principios progresistas.

Esos principios servirán de base para la introducción de un

internacional nuevo equilibrio entre la eficiencia y la equidad de los mercados, así como una nueva dimensión ética de su funcionamiento. Los instrumentos para articular esas reformas deberían ser de tres tipos: la introducción de nuevos incentivos positivos para que los agentes económicos cambien sus comportamientos; la aplicación de nuevas reglas de funcionamiento que limiten su marco de actuación discrecional; y una nueva perspectiva de las políticas económicas, para que atiendan simultáneamente al impacto que generan en la economía real y en la financiera.

Principios progresistas para la reforma • Activismo del Estado, seguridad en los mercados y cooperación en la globalización.

• Transparencia, formación y participación: elementos clave de un nuevo derecho de ciudadanía financiera.

• Proporcionalidad entre riesgo y beneficio y correlación entre rendimiento individual y colectivo: nuevas responsabilidades para las empresas y las entidades financieras.

• Mejor regulación para maximizar el crecimiento sostenible y el empleo.

Nuevos incentivos positivos en el mercado Para aumentar la transparencia; para aumentar la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales; para alinear los riesgos y los beneficios, las ganancias y las pérdidas; para aumentar la correlación entre beneficio individual y colectivo.

Mejor regulación del Estado La nueva regulación financiera debería ser: - Amplia, equitativa y suficiente: Imponer límites numéricos al nivel de apalancamiento de las entidades financieras; y/o aumentar los requisitos mínimos de capital a todas las entidades financieras. - Contracíclica. - Coordinada internacionalmente.

- Inclusiva.

Además, la nueva regulación financiera debería: • Reducir las asimetrías de información. - Reducir los conflictos de intereses de las agencias de calificación. - Modificar las normas contables para valorar los activos de empresas y congelar los “margin calls” de los créditos bancarios en momentos de pánico financiero. - Mejorar los incentivos en la cadena de distribución de riesgos. - Limitar los blindajes empresariales y las remuneraciones excesivas: Prohibición de blindajes; Desincentivos a los blindajes; Obligatoriedad de transparencia y publicidad. - Regular los mercados mundiales de derivados, eliminando algunas prácticas negativas. Se debería impedir la inversión financiera distorsionadora en materias primas.

Se deberían limitar las operaciones de venta a corto plazo

(short selling). - Eliminar las áreas de impunidad y los paraísos fiscales.

No obstante, la resolución definitiva depende de acciones internacionales coordinadas. A nivel de la UE, se podría aprobar una Directiva sobre intercambio de información bancaria.

A nivel internacional, podría valorarse la introducción de un proceso de regularización fiscal progresiva y coordinada hasta 2015.

Una política económica más completa • Debe haber una reforma amplia de los mandatos de los Bancos Centrales, para que la política monetaria y regulatoria se centre también en la estabilidad del sistema financiero.

• La política monetaria debería atender no sólo a la evolución del precio de los bienes, sino también al crecimiento de determinados activos, tanto reales como financieros.

• La regulación y la supervisión de las entidades financieras deberían tener más en cuenta el grado de apalancamiento.

• El manejo de la política monetaria y de la regulación financiera debería acompañar el carácter contracíclico de la política fiscal.

• En todo caso, es esencial también mejorar la coordinación entre los gobiernos, los reguladores del mercado y las autoridades monetarias. Esta coordinación debe extenderse en dos ámbitos: la coordinación mundial de la política monetaria, con dos objetivos: evitar los excesos de liquidez y evitar un desalineamiento permanente de las monedas de importancia global; la coordinación mundial de las políticas fiscales, con dos objetivos: establecer “suelos impositivos” a nivel mundial y generar expansiones del gasto público mundial coordinadas entre todos los países. ¿Quién debe aplicar esas reformas y cómo coordinarlas?

De cualquier forma, los nuevos mecanismos institucionales deben: Ser representativos y tener legitimidad; Tener mandatos claros; Poseer los recursos financieros y técnicos y la capacidad legal y política; Servir de foro donde los reguladores nacionales/ regionales puedan desarrollar relaciones de confianza y coordinar su acción; Ayudar a entidades/países con necesidades de financiación urgente.

Así, el nuevo entramado institucional debe estar basado en tres niveles (nacional, regional y global), con mecanismos de coordinación entre ellos.

Seguir las mejores prácticas a nivel nacional Más coordinación y nuevos instrumentos a nivel europeo, Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), Tesoro Europeo. m

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internacional

Una nueva arquitectura financiera internacional • Se propone hacer uso de estructuras globales ya existentes y dotarlas de nuevos mandatos específicos. Estas reformas solo funcionarán si hay profundas reformas en sus sistemas de gobernanza.

El Banco Mundial (lucha contra la pobreza y generar desarrollo sostenible). La Organización Mundial del Comercio. La nueva Organización Mundial de las Migraciones. Y el actual Fondo Monetario Internacional (FMI), reformado como nuevo Fondo Monetario Global (FMG) y con un nuevo mandato.

Conclusiones preliminares: diez grandes reformas para responder a una crisis sistémica Tras analizar los fallos que han originado la crisis actual, y sobre la base de los principios progresistas enunciados, las propuestas más novedosas que contiene este trabajo para salir de la crisis actual y evitar su repetición en el futuro son las siguientes: 1. NUEVOS DERECHOS: Desarrollar un nuevo derecho de ciudadanía financiera, basado en la máxima transparencia de las entidades y en una carta de derechos de información y formación financiera para los ciudadanos.

2. MENOS ENDEUDAMIENTO: Introducir límites al apalancamiento de las entidades financieras para que los bancos no puedan endeudarse de forma excesiva, poniendo en riesgo a toda la economía.

3. EVALUACIONES MÁS OBJETIVAS: Mejorar la valoración de las empresas mediante cambios contables y nuevas agencias de calificación: La valoración de mercado de los activos debe ser complementada para evitar la desaparición de empresas solventes en tiempos de pánico financiero. Y las agencias de calificación deben modificar su modelo de negocio para ser independientes y objetivas, sometiéndose además a supervisión (e incluso competencia) de agencias públicas.

4. REMUNERACIONES JUSTAS: Reformar los sistemas de remuneración de los directivos y limitar los blindajes empresariales: sus remuneraciones deben estar relacionadas con la creación de valor a medio plazo y sus indemnizaciones ligadas a las causas de despido.

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5. FINANZAS ÉTICAS: Prohibir las inversiones financieras distorsionadoras en materias primas, para evitar las burbujas de precios de alimentos o del petróleo, que tanto costo social han tenido en los ciudadanos. Además, deberían introducirse nuevos criterios y ránkings de inversión socialmente responsable que primen a aquellas inversiones y empresas que desarrollan actividades beneficiosas para la sociedad.

6. TRANSPARENCIA PARA TODOS: Eliminar los paraísos fiscales y redirigir sus fondos para cumplir con los objetivos del milenio. Para ello, es necesario poner en marcha una batería de iniciativas nacionales e internacionales que requieren un fuerte impulso político, pero cuyos rendimientos globales serían muy positivos. En este sentido, debería valorarse la introducción de un proceso de regularización fiscal progresiva y coordinada hasta 2015. Durante ese período los capitales que abandonasen los paraísos fiscales no serían penalizados, tributarían a un nivel inferior, y a cambio, los fondos obtenidos serían puestos a disposición de organismos financieros internacionales reformados para ayudar al cumplimiento de los objetivos del Milenio, que persiguen reducir a la mitad la pobreza en el mundo en ese año. A partir de 2015, los paraísos fiscales quedarían completamente prohibidos, y los Estados que los mantuvieran serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales.

7. MEJOR POLÍTICA MONETARIA: Aumentar la coordinación mundial entre Bancos Centrales para controlar la liquidez, ampliar su vigilancia a la inflación de los activos y promover la estabilidad financiera: mediante ambas acciones se podrían evitar los excesos de liquidez que han inflado las burbujas recientes.

8. MEJOR POLÍTICA FISCAL: Impulsar expansiones fiscales coordinadas a nivel mundial para salir de la crisis, y establecer “suelos impositivos” sobre el capital: para evitar la recesión global generada por la crisis financiera la respuesta fiscal debe ser fuerte y simultánea. Más allá de la crisis, deben buscarse soluciones coordinadas para establecer “suelos impositivos” sobre los impuestos al capital que limiten la competencia fiscal entre países, garanticen una recaudación suficiente y una fiscalidad más justa (para que las ganancias del capital especulativo no tributen a tipos menores que los de los trabajadores).

9. MÁS EUROPA: Crear nuevos órganos de supervisión y respuesta para liderar el cambio de modelo financiero: Europa necesita un nuevo Supervisor Financiero Europeo que elimine los fallos de información actuales y que hacen incompatibles con una moneda y un mercado únicos. Además, Europa debe avanzar hacia la creación de un Tesoro Europeo que permita respuestas coordinadas ante crisis sistémicas y estímulos presupuestarios para proyectos paneuropeos.

10. UNA GOBERNANZA GLOBAL PARA UNAS FINANZAS GLOBALES: Transformar el Fondo Monetario Internacional en el Fondo Monetario Global: el nuevo FMG multiplicaría por cuatro su capacidad financiera actual, reformaría su sistema de voto para incluir a las nuevas potencias económicas, y tendría un mandato reforzado de supervisión y vigilancia de las finanzas mundiales, con el apoyo del Foro de Estabilidad Financiera (que quedaría bajo su tutela).

Senador Carlos Ominami Primera gran crisis de la globalización Académicos de distintos países intercambiaron opiniones, buscando construir una agenda progresista, en encuentro realizado en Santiago. “Ésta es la primera gran crisis de la globalización, la que se vino incubando en los últimos 30 ó 40 años. Es la crisis de la autorregulación, de la idea de que los mercados finalmente se ajustan, que tienen una cierta inteligencia para producir ajustes que son, finalmente, eficientes y que cualquier intervención pública no es sino un obstáculo a este principio de autorregulación de los mercados”.

Así lo afirmó el senador Carlos Ominami, en la sexta versión del South North Exchange on Theory, Culture and Law, evento patrocinado por la Fundación Chile

21, la Facultad de Derecho de Georgia State University, el Centro de Estudios Jurídicos Hispanos y Caribeños de la Universidad de Miami, y Latina and Latino Criutical Legal Theory, Inc, que se realizó en Santiago, los primeros días de mayo.

Se trata de encuentros anuales, en donde académicos de distintos países intercambian opiniones, buscando construir una agenda progresista, y que en esta ocasión centraron su discusión en los desafíos jurídico-políticos que enfrentan los gobernantes de izquierda y centroizquierda en nuestro continente.

El senador Ominami -homenajeado por su lucha en la recuperación de la democracia, en la transición y en la creación de equipos y programas que han

dado estabilidad a Chile- se refirió a la coyuntura económica mundial y su efecto en Chile, afirmando que si bien es inédita, con un epicentro en las finanzas, tiene un carácter sistémico y estructural más complejo que la crisis de 1929.

Esta es una crisis para largo,“lo que hay que recomponer es mucho, una nueva arquitectura financiera internacional, con un peligro latente de proteccionismo y con una posible repuesta de desglobalización, es decir, cierto encierro de los países para protegerse internamente”, añadió.“

Directores de Red de Centros Progresistas en Alemania Una serie de reuniones sostuvo la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 con los ejecutivos de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania, con quienes compartió experiencias sobre los roles de que este tipo de instituciones tienen, no solo a nivel nacional, sino de intercambio. En estas reuniones participaron también los directores de la Red de Centros Progresistas, con que Chile 21 mantiene una fluida relación: Facundo Nejamkis (Director Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, CEPES, Argentina); Nilmario Miranda (Presidente de la Fundación Perseo Abramo, Brasil); Agustín Cansan (Director Ejecutivo de la Fundación Líber Seregni, Uruguay) y María de los Angeles Fernández (Directora Ejecutiva, Fundación Chile 21, Chile).

María de los Ángeles Fernández

DIRECTORA EJECUTIVA EN OCEANOS AZULES

Con una exposición de la Directora Ejecutiva de Chile 21, María de los Ángeles Fernández, se inauguró el primer encuentro ampliado de la Comisión Programática de Océanos Azules, denominada “Las mujeres son protagonistas”, el pasado 6 de mayo, en la Fundación Frei.

Esta actividad tiene como objeto avanzar en la discusión respecto de los desafíos pendientes en el tema de género, los cuales deberán ser incorporados en un próximo gobierno de la Concertación. “La idea es que esta Comisión sea un espacio de reflexión y elaboración de

propuestas para la candidatura presidencial del Senador Eduardo Freí”, afirmaron.

Este primer encuentro fue una jornada preparatoria de una próxima y masiva reunión con el candidato, en donde se debatirán temas como participación, cuotas y, en particular, el nuevo rol de la mujer a partir de los logros obtenidos tras la elección de la primer mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y ad portas de un nuevo gobierno de la Concertación.

MAYO-JUNIO

Cine y Video Felipe Olivares Rossetti en Corporación Cultural de Las Condes/ Al pasar de Todo Hasta el 31 de mayo de 2009. Martes a domingo, 10.30 a 19.00 horas Su tercera exposición individual presenta Felipe Olivares Rossetti. Ingeniero comercial, Master of Arts en Economía, quien estudió dibujo y pintura en la Universidad Finis Terrae.

Con una propuesta geométrica, en esta exposición Olivares manifiesta una clara tendencia expresionista, mediante la pureza del lenguaje plástico recurriendo a signos elementales y a alusiones históricas que hablan de su particular interés por la Historia del Arte. Aprovecha y une distintas disciplinas (pintura y fotografía), rompiendo con los convencionalismos y la academia, experimentando con texturas y pigmentos para conseguir una obra refinada y reflexiva.

Teatro Festival de Artes Escénicas “Déjate Caer” / Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven Hasta 30 de mayo 2009.

Un otoño coloreado por el teatro y la danza preparó la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, con su Festival de Artes Escénicas “Déjate Caer”, que se realiza en el Centro de Extensión ubicado en el Parque Quinta Normal.

La programación teatral incluye las obras La niña, de la Compañía Acontraluz (a cargo de la directora Carolina Coulon); Alicia abre los ojos, obra infantil dirigida por Ángela Quezada y Carolina Escobar; Alpha X, de la Compañía Teatro Marcapaso (directora Macarena Simonetti); y La última venganza, del director Américo Huerta.

Jueves 28,15:00 hrs. Viernes 29 y sábado 30 de mayo, 20:00 hrs.

La última venganza (teatro). Director Americo Huerta Un joven estudiante de secundaria es constantemente violentado por sus compañeros de curso. Al transcurrir el tiempo las molestias aumentan y la rabia de este joven nos lleva a un trágico desenlace.

Yael Rosenblut en Museo Nacional de Bellas Artes/ Trilogía del Arte Chileno 6 de Mayo al 28 de Junio 2009. Martes a domingo de 10:00 a 18:50 horas. Cerrado días lunes.

Como parte del programa Ejercicios de Colección, la artista Yael Rosenblut plantea una nueva intervención y su mirada contemporánea en torno a tres obras emblemáticas del siglo XIX pertenecientes a la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

En su propuesta “Trilogía del Arte Chileno”, Yael Rosenblut, presenta su visión de conocidas obras de la pintura chilena del siglo XIX, a través de indagaciones y trabajos de reinterpretación y relectura, en formato audiovisual, como La Perla del Mercader, de Alfredo Valenzuela Puelma, La Carta de Pedro Lira y el Retrato del Señor Ramón Martínez de Luco, de José Gil de Castro.

En su intervención, las obras pictóricas de los tres autores chilenos dialogan con los videos de Rosenblut y con las nuevas formas de representación de la visualidad en el arte actual.

Escultura

Colectiva en galería de arte Cecilia Palma/ Cabezas Escultóricas Hasta el 30 de mayo 2009. Lunes a Viernes de 10:00 a 19:30 hrs. Sábados 11:00 a 14:00 hrs.

Destacados artistas nacionales, como Benjamín Lira, Keka Ruíz-Tagle, Ruth Krauskopf, Fernando Inostroza, María José Romero, María Inés Varela, Gonzalo Cienfuegos, Patricia Vargas, Hugo Marín y Matías Vial, Luis Mandiola y Paula Montero participan de la exposición “Cabezas Escultórica” en la galería de arte Cecilia Palma.

La escultura de cabezas es una modalidad del arte que tiene sus orígenes en la antigüedad, los griegos fueron forjadores de este arte y luego distintas culturas se abrieron para representar a los disímiles personajes de la historia.

Estas obras dan cuenta de distintos enfoques y materialidades de cabezas que se han trabajado con barro, gres, piedra, bronce y fierro entre otros. La fusión de estos artistas y sus variadas disciplinas darán paso a una importante muestra, que sin duda nadie quedará indiferente.