Revista Foro 21 N° 91

Noviembre 2009 Año 9- No 91

Una Nueva Mayoría Progresista El Recambio Generacional

Las Elecciones en Uruguay

Desarrollo Inclusivo

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Editorial 1 2 Coyuntura Marcelo Contreras N. 5 Debate Tributario Desarrollo Inclusivo 9 Héctor Assael, Alexis Guardia, Ricardo Infante, Sergio Molina, Oscar Muñoz, Osvaldo Sunkel 13 Derechos de la Infancia Marta Maurás Recambio Generacional 16 María de los Angeles Fernández-Ramil y Fernando Rubilar Elecciones Uruguayas 21 Danilo Astori - Federico Fasano

Presidentes Honorarios Ricardo Lagos Carlos Ominami Francisco Vidal Directora Ejecutiva María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto Jorge Leiva Dirección Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 Email: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

Editora Ximena Gattas Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Mónica Poblete Impresión ATG Impresores

E D I T O R I coA y u n t u rLa Las reglas de la Democracia La derecha no parece entender bien las reglas de la Democracia. Es cierto que Chile como casi en la mayoría de los países democráticos, la Constitución concentra las funciones de Jefe de Estado y Jefe de gobierno en la persona del Presidente o Presidenta de la República y, lógicamente, asume la condición de líder natural de la coalición que lo lleva al poder.

Nadie puede esperar razonablemente que la principal figura política del país, así como sus ministros, subsecretarios y cargos de confianza, asuman una actitud prescindente o equidistante en una elección que debe decidir entre la continuidad, profundización de la obra, su inspiración programática y política o un vuelco o giro en una dirección contraria.

Reiteradamente la Presidenta de la República ha sostenido que no da lo mismo quién gobierne el país y tiene todo el derecho y la razón para afirmarlo. No es lo mismo un gobierno de signo conservador que uno de signo progresista. No es lo mismo para nuestras relaciones vecinales y los procesos de integración regional. No da lo mismo para los trabajadores que, activamente, resisten las propuestas de flexibilización -precarización- del trabajo que propone la derecha. O para los funcionarios públicos, frente a las propuestas de racionalizar -disminuir- el Estado. Para los trabajadores de CODELCO, con la propuesta de privatización de un 20% de la principal empresa pública y el mejor negocio de Chile, como lo ha definido el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. No da igual para los sectores de menores ingresos para quienes el Estado representa protección social.

Tampoco, desde un punto de vista valórico, es equivalente una coalición de signo conservador, que se tensiona al límite frente a propuestas que apuntan a regular las uniones de hecho o considerar los derechos de homosexuales, que a una coalición progresista. Y estas son, en definitiva, las verdaderas opciones que se juegan en la próxima elección presidencial La Presidenta y sus ministros tienen pleno derecho a expresar sus opciones y jugarse por ellas, de la misma manera como lo hacen los parlamentarios, alcaldes y concejales, tal y como la ejercen los jefes de los gobiernos y las autoridades políticas en todos los regímenes democráticos. El mismo derecho que tienen los funcionarios públicos, en tanto ciudadanos, fuera de sus horarios laborales. También el éxito o fracaso de un gobierno se mide por a quién le entrega la sucesión y este gobierno, quizás más que otros, tiene derecho a jugarse por una sucesión de continuidad.

Otra cosa muy distinta es la intervención electoral usando recursos del Estado, lo que constituye una flagrante violación a la probidad. De la misma manera como el cohecho al que frecuentemente recurren sectores adinerados, pagando cuentas de luz, agua o gas, regalando enseres domésticos o vales de supermercados. O gastando ingentes sumas de dinero en propaganda y activistas, mucho más allá de los límites establecidos por la ley electoral y con bastante antelación a los plazos legales.

La derecha y algunos medios de comunicación han armado un tremendo escándalo por haber sorprendido al ministro de Hacienda, en una sesión parlamentaria, haciendo observaciones a un documento de la campaña presidencial de Eduardo Frei, lo que bien puede constituir una “torpeza”, como lo ha reconocido el propio ministro, pero en ningún caso un “escándalo” o una descarada “intervención electoral”, como sostiene la derecha amenazando, al borde del ridículo, con una acusación constitucional al secretario de Estado, o proponiendo modificar el artículo 24 de la Constitución para incluir la prohibición al Presidente (a) y su gabinete de participar e intervenir en los procesos electorales durante los seis meses precedentes a la realización de un comicio. Así no funciona la democracia en ninguna parte del mundo.

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C OYUNTURA

Nueva Mayoría Electoral para Ganar en Segunda Vuelta y Nueva Mayoría Política para Gobernar el País

Hoy nadie discute que la próxima elección presidencial se decidirá en segunda vuelta y, probablemente, ello se deba a la irrupción del candidato alternativo Marco Enríquez Ominami quién, si bien dividió la histórica votación de la Concertación establecida en torno al 45% del electorado, capturó una franja del voto de la derecha en un porcentaje que la última encuesta CEP estima en un 34% de sus adherentes, que votarían por Sebastián Piñera en segunda ronda.

Un mal escenario para las pretensiones de la derecha de alcanzar la alternancia en el poder, asumiendo que Chile sigue siendo un país con una clara mayoría refractaria a las ideas conservadoras y que todas las encuestas registran en segunda vuelta un dramático “empate técnico” entre el candidato de la Alianza por Chile y quién pase a la segunda ronda, mostrando a un Marco Enríquez Ominami aún más competitivo que Eduardo Frei, en la eventualidad de aventajar al candidato de la Concertación el próximo 13 de diciembre. La razón es simple. Un porcentaje mayor de los votantes concertacionistas votarían por Marco Enríquez en segunda ronda que al revés.

Sobre todo por el discurso excesivamente confrontacional del candidato alternativo en contra de Eduardo Frei y las cúpulas concertacionistas. Un discurso que ha logrado convocar a una amplia franja de descontentos, no sólo en contra de las elites o la Concertación, sino con la forma como se hace la política y se administra el poder. Una franja de electores que no necesariamente se identifica con el eje derecha-centro izquierda o izquierda y para quienes da más o menos lo mismo que gobierne Sebastián Piñera o Eduardo Frei, quienes representarían algo muy parecido a lo que se han rebelado.

Toda la incertidumbre se concentra, en primer lugar, en la ventaja que logre Piñera en respecto de su más inmediato seguidor, asumiendo que una ventaja de 10 o más puntos porcentuales son difícilmente remontables en una segunda ronda. Pero es igualmente relevante la diferencia entre el segundo y tercer candidato. Si Marco Enríquez Ominami se empina por sobre los 20 puntos porcentuales, acercándose peligrosamente a Frei, en un cuasi empate técnico, las posibilidades del candidato 2

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Marcelo Contreras N. Director Revista Foro Chile 21

oficialista de alcanzar la mayoría absoluta en segunda ronda se estrechan al límite.

Básicamente porque la votación obtenida por Marco Enríquez Ominami en segunda vuelta se dividiría en tres partes no necesariamente equivalentes. Una franja probablemente mayoritaria de ese electorado -un 46% según la encuesta del CEP- optaría por el candidato de la Concertación. Un 34% de ese electorado se inclinaría por Sebastián Piñera, mientras que un 20% optaría por no sufragar, anular su voto o votaría en blanco, abonando las posibilidades del candidato de la derecha de alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.

Por todas estas razones es que diversos parlamentarios y dirigentes concertacionistas han intentado “tender puentes” con la candidatura de Marco Enríquez Ominami, buscando crear condiciones para un gran acuerdo entre los sectores progresistas para enfrentar la amenaza conservadora. Un consenso que supone un verdadero pacto político y un acuerdo programático y que apunta a una profunda renovación de las elites partidarias, que ha merecido un categórico rechazo de parte de los presidentes de los partidos de la coalición oficialista, lo que más bien revela una cierta inseguridad acerca del desenlace de primera vuelta, cuando no una defensa de sus intereses corporativos.

Si los dirigentes concertacionistas estuviesen firmemente convencidos que Marco Enríquez Ominami no tiene verdaderas posibilidades de imponerse a Eduardo Frei en primera vuelta, lo más obvio sería alentar los esfuerzos por tender estos puentes y generar las condiciones para un acuerdo en segunda ronda, asumiendo que se requiere reunificar electoralmente las fuerzas progresistas para ganar la elección y para darle gobernabilidad futura al país.

En verdad es Marco Enríquez Ominami el candidato que más arriesga en un pacto de apoyo recíproco en segunda vuelta con el candidato del oficialismo. En esencia por su base de apoyo transversal, que va desde los desencantados de la Concertación hasta sectores fronterizos con el candidato de

coyuntura la derecha y porque su única posibilidad de pasar a segunda vuelta es restándole votos a Eduardo Frei. Así lo ha entendido el propio candidato alternativo, que ha rechazado todo intento de negociación, optando por endurecer su discurso en contra del candidato de la Concertación.

Pero resulta evidente que la noche del 13 de diciembre será la “hora de la verdad” tanto para el oficialismo como para la oposición y el propio Marco Enríquez Ominami, sea en calidad de candidato derrotado o en la condición de victorioso por un muy estrecho margen, que lo obligaría a buscar el apoyo de la Concertación y el Juntos Podemos para enfrentar la segunda vuelta. Al igual que lo deberá hacer Eduardo Frei en el caso más probable que inscriba su nombre en la papeleta del 17 de enero.

Es evidente que nadie es dueño de los votos y que la segunda vuelta es una elección de diverso carácter, en donde los ciudadanos, enfrentados a opciones polares, votan en conciencia, más bien con la razón que con el corazón. Pero también es igualmente evidente que la opinión de los líderes

Senado el panorama es algo más favorable para el oficialismo, que podría elegir entre ocho y nueve senadores, dependiendo de lo que pase en la quinta circunscripción cordillera, superando a la oposición por un escaño.

Es difícil prever cómo se refunda una coalición de gobierno que integre una mayoría progresista que ahora excede las fronteras de la Concertación y que abarca desde fragmentos desgajados de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por diversos sectores y tendencias de origen socialista o PPD y una franja de la votación que alcance Marco Enríquez Ominami.

El primer requisito, por cierto, es materializar una mayoría electoral que asegure el triunfo de la opción progresista que pase a segunda ronda. La eventual victoria de Sebastián Piñera augura un largo y áspero proceso de diáspora y fragmentación al interior de los partidos y la propia Concertación.

El segundo es definir las bases políticas sobre las cuales refundar una nueva coalición de gobierno, capaz de asumir una diversidad mayor que la actual Concertación. El Frente

y sus propias opciones influyen en su electorado y la idea es generar una “nueva mayoría progresista” la misma noche del 13 de diciembre, que sume a la Concertación, al Partido Comunista y sus aliados del Juntos Podemos.

Pero claramente se trata de conformar una mayoría electoral con un objetivo limitado, impedir que el país de un giro a la derecha. Otra cosa muy distinta es conformar una mayoría política para gobernar. Y allí la Concertación debe admitir que con sus propias fuerzas dista mucho de representar la mayoría ciudadana que le permitiera ganar todas y cada una de las elecciones desde 1989 hasta la elección municipal, que perdió a manos de la derecha fruto de sus propias divisiones, entregando el gobierno de las principales comunas del país a los sectores conservadores.

La Concertación no tendrá mayoría parlamentaria, al menos en la Cámara de Diputados, en donde puede aspirar a elegir unos 55 diputados, una cifra similar a los que puede elegir la derecha, en tanto que el Partido Comunista y demás sectores minoritarios podrían elegir un total de 10 a 12 diputados. En el

Amplio del Uruguay, que incluye al Partido Comunista, a sectores de la Democracia Cristiana y a otras fuerzas progresistas, es un modelo que difícilmente se puede aplicar a nuestro país. Básicamente porque el propio Partido Comunista no parece interesado en integrar una coalición de centro izquierda y porque la Democracia Cristiana chilena, pese a su nítida postura de centro izquierda, resistiría una alianza de gobierno con el PC. Por último, porque Marco Enríquez Ominami reúne un apoyo transversal, que integra a sectores del progresismo con sectores liberales y desencantados de la política, que no necesariamente se integrarían a una opción progresista para enfrentar a Piñera en segunda ronda o ser parte de una futura coalición de gobierno.

El otro problema está representado por las definiciones políticas y programáticas sobre las cuales se debe asentar una nueva mayoría, teniendo a la vista las profundas divergencias entre las corrientes internas del Partido Socialista y el propio Partido por la Democracia, que han derivado en tensiones

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coyuntura internas de consideración entre la actual mayoría partidaria y su disidencia, que sólo se han resuelto parcialmente con la desafiliación o expulsión de algunos de sus sectores.

Los puntos de controversia no apuntan tan sólo a las demandas de un recambio generacional, aunque representan todo un tema frente a la falta de renovación de sus cuadros dirigentes.

También apuntan a un tema más profundo de renovación de contenidos y de sentidos, refiriendo a un debate que empieza a instalarse con fuerza en el mundo socialista, no sólo en Chile, luego que se abandonara la idea de la revolución reemplazándola por la estrategia de las reformas ¿Qué implica ser progresista o socialista en el mundo de hoy? ¿Basta con intentar administrar eficientemente un modelo de economía de mercado aunque se sume el ingrediente social y de equidad? ¿O se requiere pensar en modelos de desarrollo más complejos, que aseguren mayor justicia distributiva. Una democracia más participativa. Mayor igualdad de género. Mejor protección del medio ambiente.

Más y mejor Estado. Un programa de transformaciones más ambicioso que apunte a superar el capitalismo?

Este debate no apunta central ni necesariamente a desmerecer los evidentes éxitos y avances de los gobiernos de la Concertación en los últimos 20 años, sino más bien a la suma final, al tipo de sociedad que emerge tras este proceso, en donde el país ha logrado reducir drásticamente la pobreza, ha casi triplicado su ingreso y mejorado todos y cada uno de sus índices sociales, pero no ha logrado reducir significativamente las extremas desigualdades sociales. La política ha perdido parte de su sentido, reduciéndose a la disputa por el poder distanciándose de los ciudadanos. El propio el sistema político ha perdido gran parte de su dinamismo para procesar las nuevas demandas ciudadanas.

Sustancialmente este “debate silenciado”, como lo denominara el senador Carlos Ominami, apunta al futuro, al sentido y profundidad de los cambios y reformas que el país requiere para 4

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avanzar hacia una sociedad más integradora, participativa e incluyente. Un debate que no ha estado muy presente en la actual campaña presidencial a pesar de los “ofertones programáticos” de los candidatos, que no necesariamente se refieren al norte o a la dirección de los cambios o reformas propuestas y en donde ha estado ausente el tema de la desigualdad, que porfiadamente ha levantado la Iglesia Católica.

Una nueva mayoría progresista sólo puede constituirse en torno a un acuerdo sustantivo sobre estos temas de fondo, que exceden los límites de un programa de gobierno de cuatro años para constituirse como un eje ordenador de un proyecto político de largo aliento, con la convicción que el actual gobierno ha terminado por cerrar un ciclo y promete inaugurar uno nuevo a condición, por cierto, que logre ser sucedido por una administración de su mismo signo. Una eventual victoria de Sebastián Piñera inauguraría un ciclo de muy diverso signo.

En ese proceso refundacional de una nueva mayoría progresista son muchos los actores que se requiere convocar para dar paso a una nueva coalición de gobierno, que integre una mayor diversidad y pluralidad y desde luego a las nuevas generaciones que Frei ha prometido promover a roles protagónicos. También a la propia Presidenta de la República, que hoy aparece como la figura política con mayor respaldo ciudadano.

El ex Presidente Lagos, cuyo liderazgo es evidente.

Marco Enríquez Ominami, que se ha constituido en la principal sorpresa de la actual campaña presidencial, junto a Carlos Ominami, y algunas figuras del comando de Marco Enríquez. El propio Jorge Arrate, que promete alcanzar el piso histórico de la votación del Juntos Podemos, así como las figuras emergentes en los partidos de la coalición oficialista. Y por cierto, a los parlamentarios electos.

El desafío que enfrenta esta mayoría plural no sólo es integrar una coalición de gobierno mayoritaria, sino una fuerza política del futuro. Si ello pasa por una reunificación partidaria o un reagrupamiento o reordenamiento de fuerzas es algo que aún está por dilucidarse, pero es evidente que Chile requiere de coaliciones mayoritarias para asegurar la gobernabilidad futura del país y partidos sólidos que devuelvan la confianza de los ciudadanos en la política.

La elección presidencial entra en su recta final en estos últimos 30 días para la primera vuelta, con la propaganda oficial, la franja televisiva y el despliegue territorial. En la noche del 13 de diciembre se verá si todos los esfuerzos por tender puentes y acercar posiciones fructifica, con una foto del candidato que pase a segunda vuelta acompañado de los otros candidatos, que se definen como parte del progresismo, asumiendo que deben enfrentar unidos el más serio y difícil desafío que enfrentan, para seguir y profundizar el camino inaugurado por los cuatro gobiernos de la Concertación.

D E B AT E T R I B U TA R I O

Justicia impositiva

Agustín Squella, en su columna de El Mercurio, del 16 de octubre pasado planteó un tema central para el desarrollo y la manera de enfrentar las profundas desigualdades en la distribución del ingreso que existen en el país.

La justicia tributaria, no apunta únicamente a la necesidad que el Estado cuente con mayores recursos para equilibrar las cuentas públicas, mejorar la calidad de los servicios y redistribuir los frutos del crecimiento, ya que es evidente que la carga tributaria en Chile, tal como lo afirma el propio Squella, representa un menor porcentaje del producto que el exhibido por países con similar grado de desarrollo.

Apunta también a la manera como se distribuye esta carga entre los contribuyentes y cómo empresarios y exitosos profesionales independientes recurren a sofisticados mecanismos de elusión, pagando menos de lo que en justicia les corresponde, mientras que a los trabajadores dependientes se les descuenta religiosamente su impuesto a la renta.

No es una casualidad que en Chile el índice de distribución del ingreso varía poco o nada luego de los impuestos, en tanto en países desarrollados se aprecie una variación sustantiva. Eso se debe a que el grueso de la carga tributaria esta conformada por el IVA - que no grava a todos los sectores por igual-, el impuesto a la renta, que llega al 40% y que los sectores de

altos ingresos se las arreglan para eludir, en tanto las empresas como sus dueños pagan un 17%, mientras que los impuestos progresivos aportan bastante menos a las arcas fiscales. Todo ello sin contar con numerosas exenciones que favorece de manera inequitativa a algunos sectores.

Resulta más que evidente las razones por las cuales la derecha y su candidato presidencial no quieren involucrarse en este debate, tanto por los intereses que defienden como su aversión a un Estado fuerte y más activo. Pero no es fácilmente explicable la resistencia del candidato de la Concertación a entregar su postura al respecto.

Es verdad que el momento no parece el más oportuno cuando aún se viven los efectos de la crisis internacional, pero también es cierto que no existe un mejor momento. Ni cuando el país crece a tasas aceleradas, por el temor a frenar el crecimiento, ni cuando el país no crece y es necesario reactivar la economía.

El tema que pone Agustín Squella marca las fronteras entre la derecha y la izquierda, siendo un tema ineludible de confrontación entre el conservadurismo y el progresismo. Y es por eso que hemos querido incluir en nuestra edición la postura de los comandos de los candidatos Jorge Arrate y Marco HenriquezOminami para analizar un tema central para un desarrollo con mayor justicia distributiva y equidad.

Lineamientos de Reforma Impositiva de la candidatura presidencial de Jorge Arrate Por Roberto Pizarro El actual sistema impositivo es insuficiente para financiar los sistemas públicos que el país requiere reconstruir para entregar una educación y salud decente, así como otros servicios sociales que permitan garantizar bienestar y seguridad a la ciudadanía.

La recaudación tributaria no alcanza al 18% de PIB, siendo la mitad de Irlanda, Finlandia o Nueva Zelanda, países que utiliza el stablishment nacional como espejo para el desarrollo de Chile. En consecuencia, es indispensable aumentar la carga impositiva para contar con una estructura productiva diversificada, garantizar sistemas de salud y educación de calidad , fortalecer la capacitación de los trabajadores y los pequeños empresarios para reducir las desigualdades. Por cierto, habrá que hacerlo paulatinamente y en una discusión franca con toda la sociedad chilena, no sólo con Grupos Económicos.

Nuestra propuesta desafía al actual sistema chileno, que adolece de distorsiones irritantes

que refuerzan la inequidad en la distribución del ingreso, que los propios obispos han calificado de escandalosa. El sistema descansa principalmente en el elevado IVA (19%) que grava desproporcionadamente a los más pobres, mientras concede generosas franquicias y exenciones a las empresas y personas de altos ingresos, permitiendo amplios resquicios para la elusión y evasión de impuestos. En consecuencia, utiliza un mecanismo efectivo y sencillo para recaudar impuestos a toda la población por parejo, mientras favorece la porosidad en el cobro de los que deberían pagar más.

Todo ello sería ineficaz si no eliminamos la contradicción que significa tener una legislación que le niega al estado toda posibilidad de desarrollar actividades económicas (Art. 19 de la Constitución Política) a menos que una ley de quórum calificado lo autorice. En efecto, un nuevo sistema tributario es parte de los fundamentos de una nueva concepción de

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debate tributario la economía, que permita el derecho soberano a la utilización de sus recursos naturales y que pueda promover iniciativas de transformación productiva.

El programa de gobierno de Jorge Arrate propone una reforma tributaria, cuyos fundamentos son: a) Reducir progresivamente el IVA hasta un 15% El IVA corresponde a una cifra cercana al 50% de la recaudación total, impuesto regresivo que grava en forma pareja el consumo y representa la parte mayor del ingreso de las familias más pobres de Chile. Su reducción en cuatro puntos significan unos US$ 2500 millones. Su reducción paulatina de un punto en cuatro años implican una reducción gradual para el estado de unos US$ 625 millones, lo que será compensado con la reducción del Gasto Tributario (franquicias y exenciones) y con las medidas propuestas al impuesto a la renta. Adicionalmente, reduciremos a cero el IVA del pan y los libros, bienes básicos en la dieta alimenticia y cultural de nuestro pueblo. b) Nuevo régimen de impuestos a las utilidades de las empresas En 1982 Chile suprimió la doble tributación y solo lo hacen las personas y no las empresas, rara excepción mundial. El 17% de impuesto a la renta sobre utilidades retiradas es solo retención y crédito que se descuenta cuando el contribuyente paga el Global Complementario. En nuestra propuesta se eliminará el sistema de impuesto-crédito.

Las empresas tributarán efectivamente el impuesto a la renta, dejando radicada la tributación total en la empresa y no en las personas. Paralelamente, se eliminará el gasto tributario, equivale aproximadamente a un 25%, de lo que se recauda, lo que permitirá terminar con las “filtraciones” al sistema tributario, reduciendo esfuerzos en la administración de los impuestos. c) Eliminación de las franquicias y exenciones vigentes El informe anual del SII sobre Gasto Tributario, al que hacemos referencia, muestra el monto de ingresos que el Estado deja de percibir con exenciones y franquicias, entre otros mecanismos.

El 2008 representaron el 4% del PIB, es decir US$ 8.000 millones.

La más sustantiva franquicia es la que actualmente permite a las empresas no pagar impuestos sobre parte importante de sus utilidades devengadas, las que no son retiradas ni tampoco aparecen reinvertidas en sus activos, sino que permanecen de modo virtualmente indefinido en la cuenta denominada Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Según cálculos del SII esta franquicia se cifró en el 2008 en US$ 3.000 millones. El FUT se estableció durante la crisis de los años 1980 y desde entonces se acumuló en el Fondo, una cifra extraordinaria de utilidades 6

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no tributadas y tampoco reinvertidas, es decir, ¡exentas de impuesto a perpetuidad!

Del mismo modo, en nuestra propuesta se revisarán, entre otras, las partidas que eximen del pago de IVA a establecimientos de educación y salud privadas, fundadas en el lucro, las que en el año 2008 sumaron US$ 530 millones.

En conclusión, se impone una revisión completa de estas franquicias y exenciones tributarias con el fin de restablecer una pronta justicia tributaria. d) Controlar efectivamente los Precios de Transferencias de las transnacionales Las empresas extranjeras utilizan mecanismos de “precios de transferencia” y sobreendeudamiento con sus filiales extranjeras para transferir aquella parte de sus utilidades generadas en el país sin pagar impuestos.

Estos mecanismos, entre otros, permitieron que la Exxon Mobil, concesionaria de la mina Disputada de Las Condes, no pagara nunca impuestos a lo largo de un cuarto de siglo, por el contrario, acumulara más de US$1.000 millones de dólares en crédito fiscal por supuestas pérdidas incurridas. Sin perjuicio de ello se vendió La Disputada, en mayo de 2002, al conglomerado minero sudafricano Anglo-American en US$ 1330 millones, venta que se realizó en el extranjero para eludir los impuestos impagos. El gobierno de Chile inició acciones por un monto de US$ 300 millones, pero se llegó a un acuerdo de pago por US$ 30 millones.

Proponemos una legislación que consagre los principios del Derecho Comercial moderno donde se impone la doctrina de investigar la empresa, sociedad, o grupos de sociedad, para verificar si los precios de transferencia de sociedades vinculadas, jurídicamente independientes, con sede en jurisdicciones fiscales, establecen precios que no corresponden con “precios normales de mercado abierto”, eludiendo el pago del impuesto a las ganancias. e) Aplicar royalties al uso económico de los recursos naturales Una de las grandes distorsiones del sistema tributario chileno desde el punto de vista de la asignación óptima de recursos económicos es el desconocimiento de la renta de los recursos naturales. Como fue reconocido en Ley Nº 20.026, de 2005 que establece un impuesto específico a la actividad minera “esta situación es equivalente a un subsidio del Estado en beneficio de los dueños de las compañías”.

Aprovechando estas distorsiones la mayor parte de las inversiones privadas, particularmente las extranjeras, se han volcado a la producción de recursos naturales, provocando su sobreexplotación con grave daño para la economía y el medio ambiente, inhibiendo la diversificación productiva y ampliando

debate tributario así la heterogeneidad estructural de nuestra economía.

En el caso del cobre, ello ha conducido a que diez compañías privadas hayan retirado cada uno de los últimos cuatro años ganancias del orden de 20.000 millones de dólares anuales, cuya suma representa casi la mitad del PIB de Chile y 4 veces la inversión neta de las compañías mineras desde 1974 hasta 2006.

En consecuencia, estableceremos una política general de cobro de royalties por los recursos naturales, y una parte significativa de cuya recaudación se destinará al desarrollo de las regiones respectivas.

Independientemente de aquello, en el caso del cobre, se reafirmará la nacionalización de 1971, derogando los decretos de la dictadura que otorgaron la llamada concesión plena de los mismos. Mediante la renacionalización podremos llevar

adelante una política para el cobre y entre otras iniciativas refinar, procesar y comercializar el mineral según los intereses nacionales.

Finalmente hay que decir que la crisis económica no puede servir como excusa para que el país deje de lado la urgente necesidad de discutir los problemas de fondo que aquejan su economía y sociedad, como son aquellos derivados de un sistema tributario con fuertes distorsiones e inequidades.

Nadie puede argumentar hoy día a favor de un Estado pequeño, en circunstancias que precisamente ha acudido al salvataje del empresariado y la economía en general. Para realizar esta política se requiere de Estados soberanos dispuestos a ejercer sus atribuciones y, entre otras herramientas, sistemas tributarios justos y racionales con la capacidad de recaudación requerida para implementar sus políticas.

Elementos de las Propuestas Tributarias de Marco Enríquez-Ominami Luis Eduardo Escobar, Asesor Económico del Candidato Antecedentes.

Chile cambió.

Esta aseveración es mucho más que una cuña político-electoral. Corresponde a una evaluación de las necesidades que expresa la propia ciudadanía. Para nuestra candidatura, las demandas ciudadanas se pueden resumir en dos grandes ideas: mayor igualdad de oportunidades y seguridad ciudadana en todos sus aspectos, incluyendo seguridad física. Esto que suena tan sencillo es, en realidad, muy difícil de alcanzar y por ello Marco ha planteado la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado mediante un gran acuerdo nacional.

La Constitución, en sus aspectos económicos, parte de la idea central que todas las personas son iguales y que, por tanto, deben ser tratadas de manera uniforme. Es decir, como todos somos iguales, incluyendo personas físicas y jurídicas, debemos ser tratados de la misma forma y el Estado no puede discriminar entre ellos salvo por razones debidamente justificadas. Esto último ha sido el “ojo de la aguja” por el cual la Concertación ha pasado el tren de las protecciones sociales a lo largo de los últimos 20 años. A pesar de ello la distribución del ingreso no mejora mucho si se considera antes y después de transferencias del Estado a las personas. En efecto, si se considera el promedio del período 1987-2006 el índice de Gini pasa de 56,7% usando 1

los ingresos autónomos a 55,6% después de considerar el gasto público.

A pesar de los indesmentibles progresos alcanzados en mejorar las condiciones de vida de las personas, hay cosas que los gobiernos de la Concertación no han logrado hacer. Por ejemplo, no han podido discriminar a favor de la educación pública y las asignaciones por alumno a la educación son idénticas para la educación pública y privada subvencionada, lo que evidentemente resulta en un mayor gasto por pupilo en esta última y, por tanto, la posibilidad --no siempre realizada-- de una mejor calidad de educación.

Algo similar ocurre con las personas jurídicas, donde la política de “ley pareja no es dura” ha resultado en una situación donde la colusión y la monopolización de las actividades económicas son habituales y rara vez penadas. Los ejemplos los conocen bien todos los chilenos y van desde las AFP, Isapres y empresas eléctricas hasta los oculistas, pasando por farmacias, supermercados, tiendas por departamento, etc. Hoy cuatro familias (Luksic, Angelini, Matte y Piñera) controlan el 47% de los activos de las empresas que se transan en la Bolsa de Valores.1 La ley pareja no es más que la ley del más fuerte. La ley del más fuerte lleva a la monopolización creciente y a la concentración del ingreso. La ley pareja no sólo es dura: es fundamentalmente injusta y abusiva. En Chile las personas, al

Solimano, Andrés (2009), “Concentración Económica y Heterogeneidad Productiva en Chile”. Mimeo.

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debate tributario decir de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (de 1776) “somos creadas iguales” pero no nacemos iguales, ni crecemos iguales, ni tenemos las mismas oportunidades.

Para movernos hacia una mayor igualdad de oportunidades necesitamos un Estado proactivo y con más recursos.

Constatamos que la ciudadanía quiere más bienes públicos: más y mejor educación, mejor salud y cobertura para todos, un mejor entorno urbano, mayor protección policial, mejor calidad de aire, más control sobre los abusos a los consumidores. Todo esto requiere de un Estado más capacitado y con mejores instrumentos. Podemos lograr algo siendo más eficientes, sin duda. Pero las demandas de nuestra ciudadanía exceden largamente los recursos actualmente asignados al Estado.

Nuestra Estructura Tributaria Los ingresos tributarios del Estado han representado en los últimos años alrededor de 17% del PIB, algo más de US$ 27.000 millones anuales. El cobre, en promedio de los últimos 20 años, ha representado menos del 5% de los ingresos tributarios del Estado. Por tanto, el cobre no es “el sueldo de Chile” como se decía hace años atrás, aunque en los últimos años de altos precios aumentó significativamente su participación y contribuyó a financiar los ahorros fiscales. El IVA, impuesto regresivo por naturaleza, representa un promedio de 47% del total de los tributos recaudados y el impuesto a la renta alrededor de un tercio. En los países industriales estos porcentajes se reversan.

Además hay otros impuestos, llamados específicos (timbres y estampillas, combustibles, alcoholes, cigarrillos, etc.), que explican la diferencia.

Además, en Chile tenemos un “gasto tributario” (exenciones legales) que alcanzan a 4% del PIB o unos US$ 6.400 millones anuales que favorecen principalmente a las personas de más altos ingresos. Todo esto sin considerar la elusión tributaria (es decir, lo que se escabulle legalmente) que promueve nuestro sistema tributario al tener una tasa plana de 17% para las empresas y una máxima de 40% para las personas. Por último, tenemos la evasión tributaria que en el caso del IVA se estima en un 12% y que en el caso del impuesto a las utilidades y la renta de las personas se ha estimado en más de 30%.

Las propuestas de Enríquez-Ominami A la luz de las consideraciones sobre las demandas ciudadanas y la información sobre cómo opera nuestro sistema tributario, es que la candidatura de Marco Enriquez-Ominami ha propuesto una reforma tributaria.

Los elementos centrales de la reforma que hemos propuesto 8

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consideran: • Equiparar la tasa máxima a las personas y la tasa de las empresas sobre las utilidades generadas de 30%, manteniendo la tasa cero para ingresos individuales de hasta $500 mil mensuales y la estructura actual para ingresos hasta llegar al 30%. Esto tiene el gran beneficio de eliminar los incentivos para que los individuos se “conviertan en empresas”. Hoy, ayudados por el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), las personas guardan su riqueza dentro de las empresas eludiendo de esta forma el pago de los impuestos que correspondería pagar.

• Eximir del pago de impuestos a las empresas que generen utilidades de hasta UTA1.000 anuales (unos US$800 mil), para permitir que las PYMES que financian su expansión e inversiones con recursos propios lo puedan hacer más fácilmente.

• Elevar el royalty de la Gran Minería del Cobre de 3% a 8%, recordando que hoy la Gran Minería paga menos impuestos sobre las utilidades de lo que pagaban antes de la nacionalización del cobre.

• Elevar los impuestos a los alcoholes y cigarrillos.

• Eliminar el impuesto de timbres y estampillas • Corregir las exenciones tributarias para evitar la elusión por la vía de inversiones en activos exentos (como las rentas de los DFL2 y las utilidades de los depósitos voluntarios en las AFP que también están exentas de impuesto a la herencia).

Los cálculos realizados indican que el aumento de la carga tributaria podría ser equivalente a unos 3 puntos porcentuales del PIB (unos US$4.800 millones anuales). Según los cálculos, un aumento de la carga tributaria de esta magnitud nos permite financiar los programas que le hemos propuesto a la ciudadanía en educación pública, Fonasa para todos, duplicar la capacidad de entrenar carabineros y otras policías, fortalecer la inversión pública en infraestructura para promover la inversión privada y el crecimiento económico y eliminar o reducir algunos impuestos tales como el de timbre y estampillas y el IVA sobre los libros.

Como señaló el juez Oliver Wendell Holmes de la Corte Suprema de los EEUU en 1904 en un dictamen que redactó en un juicio sobre evasión de impuestos, “Impuestos es lo que se paga por vivir en una sociedad civilizada.” Rehusar discutir el tema de impuestos como lo han hecho la candidatura oficialista y la de la derecha es promover la ley de la selva.

Sólo el debate civilizado y participativo nos llevará a construir una sociedad mejor para todos. Esta convicción es la que anima la campaña de Marco Enriquez-Ominami y la que le ha dado el nivel de respaldo popular del que goza nuestra candidatura.

D ESARROLLO INLCUSIVO

Desarrollo Inclusivo: Concepto y Políticas

Una Nueva Estrategia para Chile en el Siglo XXI Héctor Assael - Alexis Guardia - Ricardo Infante - Sergio Molina - Oscar Muñoz - Osvaldo Sunkel 1

Desarrollo Inclusivo: una nueva estrategia de desarrollo para Chile “Hacia un desarrollo inclusivo: el caso de Chile” es algo más que un libro colectivo. Participaron múltiples autores, algunos escribiendo y otros formando parte en los debates, aportando ideas, críticas y reflexiones, en tanto que Osvaldo Sunkel y Ricardo Infante no sólo lo hicieron como autores editores, sino organizando y animando el taller sobre desarrollo inclusivo, organizado en la Fundación Chile 21 a partir del año 2006 y que concluye con esta publicación.

Si bien hace un agudo diagnóstico de la economía chilena, una mirada acerca del debate internacional sobre las políticas de desarrollo, así como un balance de la política económica de los gobiernos de la Concertación, su mayor mérito, quizás, es que a partir de antiguos conceptos cepalianos y de OIT, a pesar del tiempo transcurrido, no han perdido vigencia. La heterogeneidad estructural de la CEPAL de los setenta o la segmentación del mercado del trabajo proponen una nueva estrategia de desarrollo para Chile, una estrategia de desarrollo inclusivo, sustentada en cuatro pilares: convergencia productiva, protección social garantizada, cambios institucionales y un crecimiento sostenido con equidad.

La revista Foro Chile 21 publica el primer capítulo que resume una discusión colectiva y que, perfectamente, pudo haberse constituido en conclusión. Una obra indispensable para el debate económico del futuro.

Crecimiento Insuficiente Desde una perspectiva objetiva es difícil no coincidir con el planteamiento de que Chile ha experimentado un período de desarrollo sin precedentes a partir de la recuperación de la democracia, como lo reflejan dos indicadores con resultados inéditos para un país latinoamericano en el siglo pasado. Por una parte, la tasa de crecimiento promedio de Chile entre 1990 y 2007 ha sido de 5,5% según el Banco Central2, un resultado sin

parangón en el siglo pasado para un período tan extenso y que se ha alcanzado en un escenario de estabilidad política y social donde se han preservado los equilibrios macroeconómicos fundamentales, a pesar de los shocks externos que azotan vigorosamente al país con una frecuencia promedio de uno por década. Por otra parte, políticas sociales focalizadas en los grupos de menores ingresos han permitido reducir de forma drástica la pesada herencia de la principal deuda social que dejó la dictadura, al caer la tasa de pobreza absoluta que afectaba al 38,6% de los chilenos en 1990 hasta el 13,7% en 2006 (MIDEPLAN, 2007)2. Casi tan meritorio como lo anterior es que los cuatro gobiernos democráticos sucesivos que ha tenido el país desde 1990 han logrado que la pobreza disminuya con políticas sociales financiadas y, en consecuencia, sin erosionar los pilares de la estabilidad ni apelar a medidas populistas o insostenibles en el largo plazo.

Paralelamente, Chile se ha insertado de forma sólida y geográficamente diversificada en la economía global, en especial mediante acuerdos de libre comercio con países de cuatro continentes que reúnen más de dos tercios de la población mundial, lo que ha consolidado una estrategia exportadora basada en sus recursos naturales, en un país con un mercado interno pequeño en términos relativos. A la vez, Chile ha expandido su infraestructura y servicios públicos junto con ampliar su cobertura educacional, de vivienda, salud y seguridad social, iniciando en este lustro la construcción de un sistema de protección social. Todo esto ha contribuido a cambiar de manera profunda e indeleble el rostro de un país que se aproxima a cumplir sus primeras dos centurias de vida independiente.

Desde una perspectiva sociológica sería esperable que transformaciones como las descritas se tradujeran en una sociedad satisfecha de sí misma, plenamente convencida del camino que adoptó, esperanzada, incluso con cierta vocación de expandir su paradigma. Sin embargo, diversos indicadores ñprevios a los efectos de la recesión internacional que comenzó en 2008 y, en consecuencia, no contaminados con las expectativas pesimistas que trajo consigo la crisisñ sugieren

1 Este capítulo es el producto de una discusión colectiva de los integrantes del Taller de Desarrollo Inclusivo de la Fundación Chile 21, tras una lectura de los capítulos de este libro. Dado que fue elaborado a partir de un conjunto de ideas y aportes individuales, que surgieron en una discusión conjunta y se mezclaron con las correcciones y aportes ulteriores al primer borrador, su autoría es compartida.

2 Véase en: www.bancocentral.cl 3 Si se considera el concepto de pobreza relativa, que considera normas sociales y estándares de consumo que varían a medida que evoluciona el ingreso de las familias, y se define que abarca a las personas o familias con un ingreso 0,6 veces inferior al ingreso mediano, esta comprende 25,6% de la población (Infante y Sunkel, 2009).

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desarrollo inclusivo que aporta el Estado en forma directa o más bien lo contrario. En efecto, éstos Estos años han dejado a través de subsidios para estar situado dan cuenta de una amplia percepción de la lección de que para sobre la línea de la pobreza. Una reducción desacomodo, desafección y hasta quizá de la construcción de una de la capacidad compensatoria estatal cierto malestar, desencadenado tanto por sociedad con mayor en los grupos más pobres y vulnerables las brechas entre los grupos sociales que igualdad de oportunidades tendría consecuencias devastadoras en este disfrutan de las ventajas de la globalización segmento, cuyo bienestar y calidad de vida y aquellos excluidos de este proceso, como el crecimiento económico es en buena medida cautivo del Estado. El por el aumento del riesgo e incertidumbre constituye un prerrequisito problema se relaciona con la calidad de que trajeron consigo las mutaciones insoslayable pero no la democracia, en un país donde cerca del estructurales y la vulnerabilidad de quienes suficiente, y también de 40% de la población -en especial jóveneshan sobrepasado sólo muy recientemente que las políticas sociales no participa en las elecciones, y con su y por escaso margen el nivel de la línea compensatorias permiten legitimidad por la posibilidad del desarrollo de la pobreza (PNUD, 2002; Corporación reducir la pobreza pero de políticas clientelistas.

Latinobarómetro, 2008; Calderón, 2008; no necesariamente las En suma, el importante crecimiento Sunkel, 2008; Infante y Sunkel, 2009; distancias que separan a logrado y el gran esfuerzo realizado en CEPAL, 2008). Más allá de que, como se ricos y pobres. el período en materia de gasto social han sabe, el desarrollo efectivamente estimula sido insuficientes para construir en estos el surgimiento de nuevas necesidades y años una sociedad con menores índices torna a los ciudadanos más exigentes en significativos de desigualdad. Estos años han dejado la lección la demanda de sus derechos, se ha instalado crecientemente de que para la construcción de una sociedad con mayor igualdad en muy diversos círculos la percepción de que la sociedad de oportunidades el crecimiento económico constituye un chilena convive con grados de desigualdad incompatibles con prerrequisito insoslayable pero no suficiente, y también de el desarrollo (Lamarca, 2005; Tokman, 2004). que las políticas sociales compensatorias permiten reducir la Junto con los positivos resultados macroeconómicos y sociales, pobreza pero no necesariamente las distancias que separan a se observa en forma paralela en estos casi dos decenios la ricos y pobres. persistencia de una fuerte desigualdad de ingresos y en los niveles y calidad de vida de la población. En efecto, desde la Heterogeneidad Estructural perspectiva del mercado laboral, la tasa de desocupación anual 5 promedio del período 1990-2008 ha sido de 8,1% , cerca del A la combinación de políticas de crecimiento exportadoras con promedio de desempleo abierto urbano de América Latina políticas sociales compensatorias desde el Estado puesta en en esos mismos años, de 8,8% (OIT, 2009), mientras que la práctica por los gobiernos de la Concertación de Partidos por precariedad laboral medida por el porcentaje de trabajadores la Democracia le ha faltado un ingrediente adicional, todavía sin contrato entre los ocupados ha aumentado desde 14,3% pendiente, la vinculación con el aparato productivo dedicado al a 17,3% entre 1990 y 2006. A la vez, la participación de los mercado interno. En otros términos, en la base de la explicación trabajadores en el producto se deterioró en el período 1990de la persistencia de la desigualdad se encuentra la permanencia 2006, puesto que el aumento anual de los salarios reales (2,9%) de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes fue inferior al que tuvo el PIB por ocupado (3,3%) (Infante y estratos de la economía. En efecto, los sectores pujantes, dinámicos Sunkel, 2009). Esto ha sido determinante para que se mantenga y de alta productividad, concentrados en unas pocas empresas en estos años de crecimiento económico una distribución del dedicadas a los bienes transables y a los servicios, pero que ingreso muy desigual en Chile, en la que el quintil más rico generan una baja proporción del empleo, coexisten con sectores de la población tiene un ingreso autónomo que es 15,6 veces tecnológicamente más atrasados, sin acceso al capital y que se superior al que capta el 20% más pobre (CEPAL, 2008)6, una caracterizan por elevados niveles de endeudamiento, dedicados brecha que se reduce a 6,8 veces si se incorpora el efecto de las a los bienes no transables, donde se encuentra la mayoría de las políticas sociales compensatorias sobre los ingresos autónomos empresas y que explican sobre 80% del empleo privado. de los hogares (MIDEPLAN, 2006a).

Las brechas de igualdad no sólo son un efecto de la Alrededor de 40% de la población depende de los ingresos desigualdad de ingresos y la concentración de la riqueza, como 5 Véase en: www.ine.cl 6 En 2006, el 10% más rico de los hogares captaba 37,2% del ingreso total per cápita de los hogares, mientras que el 40% más pobre recibía 14,6%, lo que representa una brecha de 22,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2008). La diferencia entre el primer decil y los cuatro últimos deciles de ingreso era en 1990 de 27,5 puntos porcentuales, por lo que el retroceso de la brecha ha sido de 4,9 puntos porcentuales en 19 años. La mayor parte de la caída en la brecha (3,5 puntos porcentuales) se explica por un retroceso en la porción del ingreso que captan los más ricos, y sólo 1,4 puntos porcentuales son atribuibles al aumento del ingreso autónomo de los hogares de los cuatro deciles más pobres. Aún así, y de acuerdo a las mismas cifras de CEPAL (2008), el 10% más rico capta en Chile una proporción del ingreso autónomo total que en América Latina es sólo superada por cuatro países (Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana).

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desarrollo inclusivo comúnmente se considera al aplicar políticas, sino también de la heterogeneidad de la estructura productiva nacional, donde junto a corporaciones transnacionales que se dedican a las exportaciones con altos niveles de rentabilidad, convive una miríada de microempresas informales y pequeñas y medianas empresas de baja productividad, concentradas en el mercado local y con escasos vínculos y eslabonamientos entre ambos sectores. La diversidad de la estructura productiva que caracteriza el país, un concepto desarrollado en los años sesenta en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1964), ahondado después por otros autores (Pinto, 1970; Pinto y Di Filippo, 1974 y 1982; Sunkel, 1978) y estudiado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde la perspectiva del mercado laboral (Souza y Tokman, 1977; Infante, 1981; Tokman, 1982), continúa teniendo plena vigencia para describir una desigual cartografía en términos de tamaños de empresas, localización geográfica, grados de desarrollo tecnológico, nivel de capitalización, mercados a los que se dirigen y empleo que generan, que tiene importantes consecuencias en la sociedad.7 El crecimiento de las empresas insertas en el proceso de globalización carece de la capacidad de constituirse en una “locomotora” que arrastre a la totalidad de los vagones que integran el “tren” de la economía nacional, incluidos los sectores no transables. Esto con excepción de los casos excepcionales en que se han generado “clusters” o polos de desarrollo regionales concentrados en un producto de exportación -cobre y salmón, por ejemplo-. En estas condiciones, el aumento del PIB resulta insuficiente por si mismo para superar la desigualdad y la exclusión8. Tampoco basta con mejorar la focalización y eficiencia de las políticas sociales, sin perjuicio de que resultan necesarios más avances en este terreno. Se requiere del diseño de una estrategia de desarrollo diferente para avanzar simultáneamente en las dimensiones del crecimiento y la equidad.

El riesgo de no emprender un camino que aborde esta mochila de la heterogeneidad productiva es que, en un contexto de una recesión internacional cuyas consecuencias no terminan de manifestarse todavía del todo, y dado el deterioro de los indicadores sociales que la acompaña, crezcan las tensiones

...proponemos una estrategia de desarrollo inclusiva, que busque generar una inserción laboral, productiva y social más satisfactoria y equitativa, asegurando de esta manera una mejor distribución primaria del ingreso desde su gestación. (Sunkel e Infante, 2006)

sociales y anomia que generan la desigualdad y exclusión, afectando la estrategia de crecimiento e incluso la estabilidad, como ha sucedido en otros países de América Latina.

Desarrollo Inclusivo Constituiría un error interpretar la alegación anterior en cualquiera de las dos direcciones a las que habitualmente adscriben las visiones críticas del modelo exportador y de inserción en la economía internacional. Por un lado, los autores no proponemos abandonar una estrategia que ha permitido a Chile crecer y reducir la pobreza en bastante mayor medida que en el pasado, ni tampoco adoptar políticas que vuelvan la espalda a las tendencias a favor de la globalización, algo que ni siquiera ha sucedido en los países más afectados por la actual crisis, o retornar permanentemente a modelos productivos estatistas, algo a lo que no han apelado los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en esta recesión internacional, cuyos modelos de intervención en la propiedad de las empresas contemplan mecanismos de retiro. Por otro lado, tampoco somos partidarios de abrir los grifos y proporcionar recursos indiscriminadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque como lo demuestra el apoyo estatal que han recibido en los últimos decenios, este puede ser un empeño fútil sin políticas de apoyo sectorial apropiadas.

Nuestra propuesta consiste en corregir este modelo que descansa en una redistribución a posteriori de una fracción pequeña de los ingresos que genera el crecimiento, porque debido a las características heterogéneas de la estructura productiva, esto implica la reproducción de las desigualdades en el tiempo.

Para romper este círculo vicioso proponemos una estrategia de desarrollo inclusiva, que busque generar una inserción laboral, productiva y social más satisfactoria y equitativa, asegurando de esta manera una mejor distribución primaria del ingreso desde su gestación. (Sunkel e Infante, 2006).

Una estrategia inclusiva debería orientarse en dos direcciones simultáneas en el largo plazo. De una parte, en la ampliación de la diversidad productiva exportadora, a fin de que un mayor número de sectores y empresas de menor tamaño pueda incorporarse al sector más dinámico de la economía. De otra parte, en la disminución de la heterogeneidad productiva entre tamaños de empresas, sectores y regiones. Una transformación productiva de esta índole para elevar gradualmente los estándares de productividad e ingresos de los ocupados en los sectores menos desarrollados, mejorando la calidad de vida de las familias en las próximas dos décadas, requerirá de políticas públicas de fomento, asociatividad, capacitación, capitalización y reducción del endeudamiento de dichos sectores, así como de estímulos vigorosos para la creación de nuevas actividades

7 En Infante y Sunkel (2009) se establece que las diferencias intrasectoriales de la productividad son muy superiores a las intersectoriales, tomando datos de 2003 para Chile, con una matriz insumo-producto de nueve sectores. Por ejemplo, la minería tiene una productividad quince veces superior a la de la agricultura, pero en el primero de estos sectores los establecimientos grandes tienen 40 veces mayor a la de los pequeños, mientras en el segundo la brecha es de siete veces.

8 Personas en condiciones de pobreza relativa (véase capítulo 2 de este libro).

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desarrollo inclusivo ñpor ejemplo, la llamada economía social y empresas dedicadas a la producción verdeñ y clusters de desarrollo sectorial, junto con cambios institucionales, que faciliten la incorporación de la microempresa, abran espacios mayores de participación ciudadana y reduzcan la exclusión. (Infante y Sunkel, 2007).

Más que un Estado de mayor tamaño, la estrategia de desarrollo inclusivo precisa de un papel directriz estatal del proceso de transformación, capaz de establecer asociaciones de largo plazo con el sector privado, con énfasis en la eficacia, flexibilidad y descentralización y apertura a la participación social y política de los grupos más excluidos.

Paradójicamente, el escenario actual de crisis económica internacional es apropiado para una transformación que avanza más allá de este período. La incertidumbre que prevalece en tiempos de borrasca suele ser un caldo de cultivo donde se preñan cambios y nuevas tendencias de largo plazo. En tiempos como estos, los actores políticos, sociales y económicos suelen

estar más proclives a la búsqueda de nuevas certidumbres y a la revisión de aquellos paradigmas a cuyo fracaso se asiste con boletos de primera fila, porque existe mayor convicción de que no puede seguir por el mismo camino por donde se está transitando. En este sentido, tal como ha ocurrido en otros períodos históricos en que los alumbran los cambios, la contribución que aquí se ha descrito sucintamente debe ser comprendida como una oportunidad para el período posterior de una recesión cuya intensidad máxima se ignora todavía.

La estrategia de desarrollo inclusiva debe concretarse en torno a cuatro áreas de políticas, que actúan como pilares para reforzar la cohesión social y el bienestar de grupos sociales creciente, y entre las cuales existen vasos comunicantes, en especial a través de la generación de nuevos empleos, a saber: convergencia productiva, protección social garantizada, cambios institucionales y un crecimiento económico sostenido con equidad. (Diagrama 1). (Infante y Sunkel, 2007).

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En primer término, en el área de política de convergencia productiva los esfuerzos requieren concentrarse en el aumento de la productividad de las empresas de menor tamaño, considerando su papel determinante en la generación de empleo. Para su aplicación es necesario actuar en la mejoría de las condiciones y factores que propician el crecimiento de estas empresas. Un campo de acción prioritario es el desarrollo de normas y regulaciones adecuadas para la protección de la competencia, lo que redunda además en beneficios para los consumidores. Otra esfera es la promoción de inversión para el desarrollo de una economía social, donde el énfasis esté en la generación de empleo para los trabajadores informales.

Un tercer terreno en que se debe actuar es en la creación de condiciones institucionales que faciliten la formación de clusters productivos, para que los actores locales protagonicen su propio desarrollo.

En segundo lugar, en materia de cambios institucionales es necesario en el campo económico impulsar desde el Estado la formación de un modelo de negocios en el que las grandes empresas tengan estímulos y castigos para que respeten las reglas del juego con las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su desarrollo. Por ejemplo, prácticas frecuentes como la de la facturación semestral ñe incluso por más tiempoñ a proveedores por parte de grandes empresas sólo contribuye a inhibir el desarrollo de los establecimientos de menor tamaño. En materia de la institucionalidad del mercado de trabajo se requiere fortalecer la negociación colectiva ñun mecanismo de distribución del ingresoñ para que mayor número de trabajadores y empresas puedan participar de este proceso, lo que de paso fortalece el diálogo y la cohesión sociales así como la legitimidad del mercado.

El tercer territorio de acción para las políticas en pro del desarrollo inclusivo es la creación de una protección social garantizada para las personas en materia de salud, educación, previsión social y vivienda, según su nivel de ingresos. Si bien esta tarea es de responsabilidad del Estado, requiere de la colaboración del sector privado. También es necesario que el nivel de protección sea consistente con los ingresos del país y, por ende, sustentable.

La cuarta área de acción es la combinación virtuosa del crecimiento con equidad, que permite erigir sociedades cohesionadas. El techo del crecimiento deseable para el país es aquel rango en que no surgen desequilibrios estructurales que terminan carcomiendo los avances; el piso lo constituye la necesidad de generación de empleo. Ffrench-Davis (2003) ha estimado este nivel de crecimiento deseable en torno al 5%6%, la que necesita de una tasa de inversión superior al 25% del PIB. Debe considerarse que como en Chile el progreso técnico proviene fundamentalmente del exterior, en los bienes y servicios de capital importados, para financiarlo se requiere de las divisas que dejan las exportaciones, cuyo dinamismo debe persistir, estimulando su diversificación.

I N FA N C I A

Derechos de la Infancia, Supervivencia y Desarrollo, y Políticas Públicas Por Marta Maurás1

• Si una sociedad ve el consumo de drogas como un asunto de seguridad ciudadana, sus políticas para hacerle frente estarán orientadas a la prevención y sanción del delito, cercanas a la policía y el sistema judicial y radicado en ciertos grupos “vulnerables”, entre ellos los adolescentes y jóvenes pobres.

• Si el consumo de drogas se ve como un asunto de salud pública, las políticas estarán más cerca de la prevención, la educación, la participación e involucramiento de la familia y la comunidad en general En materia de los derechos de niños y niñas mucho hemos avanzado, pero queda mucho por aprender y hacer en América Latina y en el mundo. Trabajar por la infancia hoy es trabajar por sus derechos.

La Convención de los Derechos de la Infancia significa un cambio fundamental en la manera de concebir al niño y la niña, es decir como sujetos de derechos y no meros beneficiarios de servicios. Esto a su vez obliga a pensar las políticas públicas de una manera diferente donde su protección integral significa dejar atrás formas tutelares discriminatorias, segmentadas y autoritarias de atención y desarrollar una visión integral en la lógica de derechos. Ésta se forma por la aplicación de ciertos principios, como el de universalidad e integralidad, es decir que todas las áreas de derecho sean efectivamente cubiertas para todos los niños y las niñas a lo largo de su ciclo vital; el del interés superior de ellos, que implica una mirada transversal de las políticas y una distribución de recursos acorde con ese interés; y el de la eficacia, es decir que la oferta de servicios no refiera sólo a la letra de los derechos, sino a su propósito sustantivo y su resultado.

Ahora bien, las políticas públicas en cualquier parte del mundo representan el esfuerzo y la intencionalidad con la que una sociedad se procura los medios para alcanzar las metas que socialmente se han definido como deseables de alcanzar. Como son múltiples los actores involucrados y múltiples también las visiones teóricas, metodológicas y políticas no es de extrañar que finalmente la coherencia de la visión y los instrumentos de política dejen mucho que desear. De ahí la importancia de revisar constantemente no sólo la cantidad de los servicios sino su calidad y pertinencia con un enfoque de derechos, y no sólo los instrumentos de política sino sus resultados y su 1

coherencia.

Veamos un ejemplo: si una sociedad ve el consumo de drogas como un asunto de seguridad ciudadana sus políticas para hacerle frente estarán orientadas a la prevención y sanción del delito, institucionalmente más cercanas a la policía y el sistema judicial y socialmente radicadas en ciertos grupos más “vulnerables”, entre ellos los adolescentes y jóvenes pobres.

Pero si el consumo de drogas se ve como un asunto de salud pública, las políticas estarán más cerca de la prevención, la educación, la participación e involucramiento de la familia y la comunidad en general. Este ejemplo deja en claro el enorme desafío de aplicación de la Convención de los Derechos del

Marta Maurás es miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, 2009-2013.

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infancia Niño y el hecho que en cualquier sociedad subsistirán en mayor o menor grado contradicciones e incoherencias que es preciso ir desmadejando.

Es por ello que postulamos que más allá de un primer esfuerzo luego de la ratificación de la Convención por adecuar el marco normativo y legislativo e incluso el institucional de un determinado país es preciso dar un salto cualitativo hacia el examen y diseño de políticas públicas integrales, mediante un debate público y con la participación de la sociedad civil.

Esto puesto que la Convención, a diferencia de otros instrumentos internacionales, combina en un solo cuerpo legal derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales, considerándolos como componentes complementarios y necesarios para asegurar la protección integral del niño y su participación en la sociedad en calidad de sujeto de derecho. La CDN no es sólo un marco ético orientado por una moral de justicia social –por nuevo y poderoso que sea-, sino que además es un instrumento regulador (aunque no

vinculante) basado en la protección integral de los derechos humanos de sujetos activos en su cumplimiento. Interesante es el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia de Colombia que no sólo estipula normas sino también exige de las autoridades de gobierno una programación acorde, provista de recursos, y sanciones específicas en caso de no cumplimiento.

Requerimos entonces, en primer lugar, un nuevo impulso para el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la infancia como prioridad estratégica y como forma de garantizar sus derechos humanos. Para ello: • Interesa asegurar políticas universales de salud y educación básicas para TODOS los niños y niñas sin distinción alguna, diseñando sistemas de atención garantistas y financiamiento 14

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solidario. Esto lleva consigo asegurar igualdad de oportunidades a los niños y niñas de familias de más bajos ingresos, a los indígenas y afroamericanos, a los niños y niñas afectados por el VIH/SIDA y a los discapacitados, entre otros grupos vulnerables. En tiempos de crisis económica es aún más importante asegurar el gasto social en la infancia mediante una política fiscal contracíclica, de tal manera de no retroceder en el cumplimiento de las metas de desarrollo y de no comprometer el capital humano del país.

• Se requiere fomentar un balance adecuado entre las obligaciones laborales y familiares para mujeres y hombres, sin dejar de asegurar el acceso igualitario de las mujeres a un empleo decente y a servicios de calidad para sí mismas y sus familias, un área donde la CDN no es explícita pero que surge como imperativo en la aplicación de la Convención. Cabe destacar el esfuerzo en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de Chile por asegurar una atención integral a los niños y niñas menores de 4 años de los grupos de menores ingresos, con el fin de ampliar el cumplimiento de sus derechos y al mismo tiempo apoyar a la mujer que trabaja o desea trabajar (por ejemplo, sala cuna gratuita para los hijos del 40% de trabajadoras de menores ingresos, cobertura de jardín infantil para todos los niños y niñas de 2 y 3 años)2.

• Es imperativo combatir las diversas formas de violencia contra la niñez en el ámbito familiar, escolar o comunitario. Preocupan la persistente práctica de la judicialización de adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión social, tal llamada “situación irregular” y la exacerbada atención del público por la seguridad ciudadana llevando a prácticas límite, no exitosas como la “tolerancia cero” o “la mano dura”. El estudio de UNICEF en cuatro países de Centroamérica y Caribe es claro al demostrar el fracaso de estas políticas3.

• En esos espacios cotidianos donde niñas y niños se socializan es donde también deben ejercer su derecho a la participación y la opinión, creando la práctica sistemática de consultarlos y escuchar sus opiniones al tomar decisiones que les afectan.

• En segundo lugar y sin abandonar el principio básico de la universalidad, la política pública inspirada en la protección integral de la infancia debe reconocer las nuevas situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, que se están generalizando en el mundo globalizado. Destacamos aquí: • El incremento de los flujos migratorios que plantea singulares desafíos para la infancia en términos de integración en el entorno social de acogida -especialmente 2 Sistema Integral de Protección a la Primera Infancia “Chile Crece Contigo” 2007.

3 El Impacto de las Armas Pequeñas en los Niños y Adolescentes en Centroamérica y Caribe. UNICEF 2007.

infancia en el escolar-, combinado con la preservación de sus orígenes e identidad cultural. Importa en particular en estos momentos de crisis económica mundial el efecto que pueda tener la pérdida de empleo y seguridad de los migrantes y la caída de las remesas en países como México y Guatemala en las posibilidades de las familias migrantes de proteger a sus niños.

• Dada su gravedad acuciante, se debe dar seguimiento específico a la evolución del estado de ratificación y el cumplimiento de los Protocolos Facultativos a la CDN (vigentes desde 2002) en que se establecen compromisos de los Estados en la lucha contra la explotación sexual infantil y la participación de niños en conflictos armados.

• La prevalencia del trabajo infantil como un recurso económico cortoplacista que vulnera esencialmente el derecho del niño y la niña a la educación y a su desarrollo pleno. Debemos estar alertas a la pérdida de oportunidades de empleo por la situación de crisis económica internacional la que puede impulsar prácticas de trabajo infantil que deberían ser sancionadas inmediatamente.

Visto desde Latinoamérica, a casi dos décadas de la vigencia de la CDN no cabe duda que existen progresos significativos en las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo de niños, niñas y adolescentes como la disminución de la pobreza, una cobertura prácticamente universal en educación básica, disminución de la mortalidad infantil y nuevas oportunidades de protección integral.

Sin embargo, existen importantes asimetrías en el cumplimiento de los derechos de la infancia expresadas en una alta desigualdad de ingreso, origen étnico, discapacidad, nacionalidad, embarazo adolescente, etc.; en la prevalencia de 47% (o 77 millones) de niños, niñas y adolescentes de menores de 18 años de edad bajo la línea de pobreza (circa 2007, CEPAL), con una concentración territorial asociada a la ruralidad y la etnia y con rezagos en el desarrollo infantil; con un sistema escolar fuertemente segmentado y con aprendizajes de mala calidad; y con alta incidencia de maltrato infantil y violencia intrafamiliar.

Este es un tema recurrente en las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez ha hecho a los países de la región latinoamericana. Es evidente que las acciones legales y de políticas, presupuestos y programas que se requieren para combatir la desigualdad serán diferentes dependiendo del país de qué se trate. Pero es claro que una tarea urgente y permanente es el análisis de la oferta pública de políticas para la infancia. Encontraremos visiones diversas sobre la infancia, probablemente con una excesiva judialización que discrimina inevitablemente a los niños y adolescentes

más pobres, con especializaciones fragmentadas a la hora de abordar vulnerabilidades y con un diseño organizado desde la lógica institucional y no desde la integralidad de derechos. El gran desafío de las políticas públicas es asegurar una oferta integral y coordinada que tenga además el mérito de perdurar

más allá de los gobiernos del momento.

Por ello, en términos operativos para la puesta en marcha de políticas y programas integrales para la infancia y adolescencia se requiere: • Asegurar el funcionamiento eficaz de las instituciones, perfeccionando mecanismos específicos de garantía de los derechos humanos de la infancia, incluyendo la coherencia de propósitos y resultados de las políticas, la coordinación interinstitucional entre las diferentes agencias y niveles territoriales del Estado, y la generación y análisis de datos específicos por edad. En ese ámbito, la creación de Defensorías de la Niñez (o Adjuntía al Defensor del Pueblo, como en el caso de Perú) es una recomendación recurrente del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez.

• Efectuar el monitoreo permanente de las condiciones de vida y de las políticas de infancia desde la perspectiva del cumplimiento de sus derechos, mediante Observatorios de la infancia y adolescencia como instancias independientes con capacidad de analizar críticamente los avances y brechas entre la CDN y la situación real de los países. Una fórmula digna de explorarse es la exitosa operación del Observatorio de Políticas Públicas de Infancia, como son los de Italia y España.

• Estrechar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil para crear una cultura de respeto y garantía de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.

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R ECAMBIO GENERACIONAL

Recambio Generacional en Política: ¿Vino Viejo en Odres Nuevos?1 María de los Angeles Fernández-Ramil y Fernando Rubilar

Uno de los elementos más distintivos del actual debate político en Chile está centrado en la necesidad de un recambio generacional de las dirigencias políticas lo que se conecta, de alguna manera, con la aspiración de que quienes toman las decisiones que son vinculantes para todos reflejen la composición, al menos etárea, de la sociedad. Ello nos remite, inevitablemente, a aspectos teóricos y analíticos anclados en la teoría de la representación política, entre los que se encuentran los postulados relativos a la representación social. Dicha representación, siguiendo a Norris2, “trata de la composición de las élites políticas y de hasta qué punto los parlamentos reflejan la sociedad a la que representan en términos de criterios relevantes políticamente, como el género, la clase, el idioma y la etnicidad”. Dicha autora avanza en señalar que “la mayoría de los organismos electivos continúan estando sorprendentemente infrarrepresentados en su composición social”. Es en este horizonte normativo en que podría situarse la demanda por incorporar más jóvenes a los cargos de dirigencia política.

El debate no es del todo nuevo. Desde hace algún tiempo, tanto los medios de comunicación como los propios actores políticos han subrayado la necesidad de renovar la cada vez más añeja y desgastada política chilena. Así, el recambio generacional se ha transformado en the next big thing, en el eje clave de buena parte de los discursos políticos, tal como lo fue en su momento la experiencia o trayectoria política.

Hagamos memoria de episodios de la historia reciente.

Luego de los magros resultados obtenidos por la Democracia 1 El presente artículo toma como base la columna de opinión de Fernández-Ramil, Ma. de los Angeles (2009) “La juventud como placebo”, El Mostrador, 25 de mayo.

2 Consultar Norris, Pippa (1997) “Procesos de reclutamiento legislativo: una perspectiva comparada”, en Mujeres en política, de Uriarte, Edurne y Arantxa Elizondo, eds., Madrid, Editorial Ariel, p. 150.

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Cristiana en las recientes elecciones municipales y el respaldo obtenido por algunos de sus alcaldes emblemáticos como Orrego (Peñalolén) y Undurraga (Maipú), junto con la derrota de Ravinet en la comuna de Santiago, de la que ya había sido alcalde, se llegó a la conclusión de que los errores de ese partido se debían a que no incorporaban, tanto en su directiva como en las listas de candidatos, la vitalidad y el empuje político que se supone que portan los jóvenes.

Los llamados Príncipes, grupo de referencia generacional de los dos alcaldes, llegó a autopercibirse como una especie de generación Obama. Una pretensión no sólo ridícula, sino errónea, tanto por las diferencias culturales y de contextos como porque no puede decirse que la directiva encabezada por Alvear tuviera en su seno a puros carcamales. Era cosa de ver a Micco, a Rincón y a Abedrapo para comprobarlo.

Por otra parte, y casi al mismo tiempo, un estamento joven intentó disputar la presidencia de la UDI teniendo como punta de lanza al diputado Kast.

El tema se ha reposicionado en la campaña presidencial. De esta forma, la candidatura concertacionista, liderada por Eduardo Frei, ha prometido que será un “puente” entre las antiguas y nuevas generaciones, nombrando en un alto cargo de su comando a un joven proveniente del asociacionismo civil, Sebastián Bowen. Adicionalmente, el candidato ha prometido que se rodeará de un elenco de rostros nuevos donde, al menos, la mitad de su gabinete estará bajo los 45 años. Como esta consigna de campaña ha experimentado altos y bajos, varios dirigentes concertacionistas, entre los que destaca el ex presidente Lagos, han señalado que “lo que tenemos que hacer ahora es una renovación muy grande

recambio generacional de la dirigencia política. Y para 2014 apoyar ese cambio.

Ojalá Frei sea el puente que una esta generación con la próxima”.3 No es ésta una preocupación suya de última hora. Recordemos que, durante su mandato, no sólo designó más mujeres en cargos ministeriales no tradicionales (como Defensa o Relaciones Exteriores) sino que intentó visibilizar a políticos jóvenes a cargo de las intendencias, con ambiguos resultados. La Presidenta Bachelet, por su parte, haciéndose eco de la sensibilidad que pudo captar durante su campaña presidencial, prometió conformar un gobierno paritario y “la no repetición del plato”, promesa ésta última que fue entendida prontamente, no sólo con evitar el nombramiento de los conocidos de siempre, sino por su asociación a ciertos criterios etáreos. En el primer caso, la Presidenta termina su mandato cumpliendo su promesa de paridad flexible en el gabinete ya que la actual composición, con un 45% de

mujeres, se acerca a lo que se conoce como paridad flexible (no más de 60 ni menos de 40 de cualquiera de los dos sexos en cargos de decisión política)4. Los balances, para el segundo caso, resultan más dificultosos ya que luego de sucesivos cambios de gabinete (cinco, en menos de cuatro años), lo que se ha observado es un retorno de los “viejos cracks” y, si algo de lozanía política queda, se encuentra en la reserva del llamado “segundo piso” de La Moneda.

En la derecha, representada por la Coalición por el Cambio, no se quedan atrás. Su abanderado, Sebastián Piñera, ha prometido en múltiples oportunidades que incorporará a 3 En Correa, Raquel (2009): “Ricardo Lagos Escobar: El político fuera de la cancha”, El Mercurio Sábado, 24 de octubre, No. 579, p. 16.

4 Astelarra precisa claramente las dos concepciones de la paridad: la primera, que se plantea como un tipo de acción positiva en que los dos géneros tienen la misma representación en todas las actividades, pero especialmente en los puestos y cargos políticos. Consistiría, entonces, en la aplicación de cuotas en que ningún género tuviera más del 40% (relación 60/40) o, en su versión más extrema, 50 a 50 (que fue con la que partió la Presidenta Bachelet, en marzo del 2006). Ver Astelarra, Judith, “Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América Latina”, CEPAL - Serie Mujer y Desarrollo, Nº 57, Santiago de Chile, 2004, p. 16.

sus equipos de gobierno a sustantivos contingentes de los llamados “sub 40” generando la impresión de que, si llega al poder, consagrará una suerte de efebocracia. En un intento de empate con la candidatura concertacionista, no dudó en incorporar a un joven de perfil similar a Bowen en su comando, procedente de la misma cantera: Un Techo para Chile.

En medio de este debate, resulta interesante pesquisar si realmente la élite política está tan envejecida como se denuncia, los criterios que se podrían esgrimir para reconocer el envejecimiento o la renovación generacional en política, así como los argumentos que se utilizan para promover dicho recambio, dentro de los cuales la idea de renovación de la política por medio del cambio de sus rostros más visibles en la primera línea detecta un protagonismo importante en el debate. Concluiremos que, más que una efectiva renovación de las prácticas políticas por medio de la inyección del elixir de la juventud en dicha actividad, lo que se esconde es una crítica al proceso de selección partidaria de las elites y una demanda por una distribución del poder distinta, vinculándola a la necesidad de una mayor circulación y a una competitividad real.

La elección de Michelle Bachelet como la primera Presidenta de Chile marca un hito, al menos a nivel simbólico, con respecto a la idea del recambio generacional. Según Navia5, se pueden destacar tres aspectos esenciales que diferencian a Michelle Bachelet de sus antecesores y que, además, constituyen los aspectos significativos de este recambio en la política. Para el autor, estos tres aspectos son: género, experiencia previa y militancia política. En la historia política de Chile, el monopolio de la Presidencia de la República era ocupado exclusivamente por los hombres por lo que la elección de Michelle Bachelet rompe con el pensamiento tradicional de que una mujer no puede ejercer el máximo cargo político de un país e instala la noción de que sí es posible cambiar la forma de hacer política. A esto se suma otro elemento: la experiencia previa. Los tres predecesores de Bachelet tenían una vasta experiencia en la administración pública, así como también habían sido candidatos al parlamento antes 5 En Navia, Patricio (2007) “Los relevos generacionales en la política chilena”. Revista UDP Pensamiento y Cultura. Año 3. Número 3.

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recambio generacional de buscar ser presidentes6. Por lo tanto, todos ellos llevaban un tiempo significativo en el ámbito público, lo que les permitió posicionarse como referentes indiscutidos a la hora de postular al sillón presidencial. Si bien Michelle Bachelet sí tenía militancia política, no ocupó posiciones relevantes dentro del partido político al cual pertenecía (Partido Socialista). Tampoco ejerció algún liderazgo como militante en el gobierno de la Unidad Popular o durante la dictadura militar, ni mucho menos lo hizo durante la transición a la democracia7. De esta manera, su llegada a la presidencia marca un punto de inflexión en el desarrollo de la historia política de Chile.

Con respecto al Congreso, la evidencia muestra que ha habido un lento pero constante recambio generacional desde el retorno de la democracia. Este movimiento, aunque pequeño, debe ser destacado puesto que en Chile no existe limitación a los mandatos. De acuerdo a FLACSO8, 43 (35,8%) de los diputados actualmente en ejercicio se encuentra en su primer periodo legislativo. Asimismo, sólo 12 (alrededor de un 10%) de éstos vienen ejerciendo su cargo desde la primera contienda legislativa de 19899. En este sentido, se puede ver que ha habido una constante rotación de rostros en la Cámara

hasta 2005. Así, se establece que apenas 26 de los diputados actualmente en ejercicio llegaron a su puesto en 1990 o 1994.

Igualmente, sobre el 60% de los actuales diputados fueron electos en las últimas dos contiendas. Por lo tanto, a nivel de diputados es posible observar un movimiento tendiente al recambio generacional. No obstante, este movimiento parece neutralizarse con el fenómeno que se advierte en la Agenda Democrática propuesta por FLACSO11, donde se señala que el sistema institucional chileno tiende a generar una verdadera “élite política” puesto que muchos de los senadores electos se desempeñaban anteriormente como diputados, al igual que un número significativo de legisladores que no son reelectos posteriormente, terminan ocupando cargos políticos en el aparato público o lo que Carey y Siavelis denominan el seguro para los subcampeones12.

A nivel de senadores, para la elección de 2005 el 65% llegó por primera vez a ocupar el puesto de senador. Sin embargo, los senadores en ejercicio tienen mayores probabilidades de resultar reelectos en comparación con aquellos que van por primera vez compitiendo por un cupo senatorial13. Con todo, si comparamos con las elecciones senatoriales de 2001, la incorporación de nuevos rostros en el Senado ha aumentado sustancialmente.

Sin embargo, este lento movimiento Tabla 1. Duración temporal de los diputados (1989- 2010) hacia el cambio generacional, Número de diputados particularmente perceptible en Duración promedio (a marzo Año de que ingresaron el año la Cámara de Diputados, se ve de 2010) de los diputados que ingreso a la que se indica y que ingresaron por primera vez el amenazado por un posible freno. Los cámara permanecerán hasta año que se indica datos de prensa refieren que 86,3% 2010* de los parlamentarios en condiciones 1990 9,1 12 de reelegirse se presentará a los 1994 9,4 14 comicios de diciembre. De ellos, 1998 8,7 20 8 pretenden completar 24 años 2002 6,8 30 en ejercicio en el hemiciclo y 10 2006 4,0 44 senadores completarán 28 años en sus cargos. Adicionalmente, se sumaría Total 120 a la propensión al estancamiento *Incluye diputados que perdieron la reelección pero volvieron a ganar sus escaños el retroceso en la postulación Fuente: Navia (2007) con datos de www.elecciones.gov.cl parlamentaria femenina: de 16% en el año 2005, sólo 14% se postulan como candidatas en esta oportunidad.14 de Diputados. Esto se puede observar en la siguiente tabla El discurso de la renovación política a partir de la tomada de Navia10. En la tabla se muestra el promedio (en incorporación de sangre nueva es abrazado con particular años) de la duración de los diputados que entraron por primera vez a la cámara considerando las elecciones desde 1989 11 FLACSO. op. cit p. 9 6 Navia, P. op. cit.

7 Navia, P. op. cit.

8 En FLACSO (2007) “Agenda Democrática”. Programa de Gobernabilidad, Santiago.

9 Navia, P. op.cit 10 Navia, P. op.cit

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12 Carey, J. y Siavelis, P. (2003). “El seguro para los subcampeones electorales y la sobrevivencia de la Concertación”, Estudios Públicos, 90.

Otoño.

13 FLACSO. op. cit 14 En Labarca, Daniel (2009) “Sólo el 13,7% de los parlamentarios en ejercicio no repostulará al Congreso”, La Tercera, 13 de septiembre, p. 6.

recambio generacional entusiasmo, como es de esperar, por los políticos, o bien aspirantes a serlo, más jóvenes. A este debate ha contribuido, de manera importante, la existencia de grupos como Independientes en Red, liderado por jóvenes que se predican autónomos de los partidos pero de cuyos planteamientos y comportamientos se desprende que podrían estar militando fácilmente en los partidos que integran la Coalición por el Cambio si éstos les concedieran el espacio y el protagonismo que ellos andan buscando. Su discurso de reclamo de espacios suena mucho a una urgente necesidad de introducirse en aquellos dominados por la adultez política, pero sin verdaderas propuestas acerca de cómo ellos podrían cambiar el estado de cosas que cuestionan. No disimulan sus deseos de tomarse el Palacio de Invierno por asalto con una ferocidad que, si no se canaliza bien, puede derivar en lógica de vendetta. El tenor del debate sobre la inscripción automática y el voto voluntario fue útil para conocer la dirección de sus argumentaciones. Es cierto que el hecho de que los jóvenes no se inscriban es un indicador útil para interpretar la fosilización del sistema político, pero no colma la explicación sobre la apatía, que se distribuye de manera desigual. Madrid15 ha documentado que la distancia de los jóvenes con la política está influenciada por contextos históricos determinados, no es exclusiva de los jóvenes sino que está más extendida y se ve acentuada por factores estructurales.

En la Concertación de Partidos por la Democracia, es el Partido Socialista el que aparece más apremiado por la ofensiva de un sector transversal de parlamentarios menores de 40 años que presionan para “renovar la Concertación”, coordinando contactos y uniendo fuerzas.16 Lo interesante es el recurso argumental que utilizan porque, a pesar de que varios de los que integran dicho grupo como Fulvio Rossi, Marcelo Díaz y Marco Núñez han sido particularmente críticos de las decisiones de Marco Enríquez-Ominami y lo que representa, no dudan en subirse a sus espaldas al señalar que la candidatura del diputado ex PS, ahora independiente,

evidenciaría la necesidad de producir un recambio. Los argumentos para justificar el recambio, junto con oler mucho a un lamento que esconde sus propias incapacidades17, también oculta la posibilidad y la necesidad de interpretar la irrupción presidencial del diputado díscolo más como un síntoma de problemas mayores y acumulados donde el encanto de la juventud de Enríquez-Ominami y la necesidad del recambio ocupan un lugar, pero no colman la explicación de su instalación como tercer candidato viable a la primera magistratura.

Concedamos que la cuestión del recambio generacional pudiera ser una condición necesaria, aunque no suficiente, para aspirar a prácticas políticas renovadas pero admitamos, también, que la política no es sólo cuestión de estética, en este caso, pieles con menos arrugas, sino de ética y, si se hace una lectura detenida de los planteamientos de los políticos más jóvenes, pareciera que la reivindicación guarda más relación con un cambio en la distribución del poder que en el ahínco por generar una política de nuevo estilo. De hecho, luego de una observación atenta, es posible percatarse que las mentalidades y adscripciones de los llamados Príncipes, al interior de la DC, o de los Sargentos, al interior de la UDI, no vienen a suponer necesariamente ni aire fresco, ni amplitud de mente ni nuevas ideas. Algunos son más bien conservadores y lo de jóvenes, a veces, se remite a un asunto meramente biológico: menos canas y más tersura. La evidencia va por otro lado e indica que, en muchas ocasiones, para hacer una carrera política exitosa, los militantes jóvenes deben recrear las mismas prácticas oligárquicas que sus

15 Madrid, Sebastián (2005) “¿Políticos de ayer, apáticos de hoy?

Generaciones, juventud y política en Chile”, en Voto ciudadano. Debate sobre la inscripción electoral, de Claudio Fuentes y Andrés Villar, ed., Santiago, FLACSO, p. 73.

16 En Trujillo, Alejandro (2009) “Factor Enríquez-Ominami activa ofensiva transversal por recambio en dirigencia oficialista”, El Mercurio, 28 de octubre, C2.

17 En Valle, Claudia (2009) “Los traspiés de la “generación de recambio” para tomarse el poder en la Concertación”, La Segunda, 30 de octubre, p. 34. En dicho artículo, se afirma que “según varios observadores, en estos grupos ha primado una baja tolerancia al fracaso y al riesgo, dificultades para el trabajo colectivo y una buena dosis de improvisación.

Eso ha hecho que muchos de quienes encarnan el concepto de la “renovación” partidaria hayan terminado boicoteándose”.

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recambio generacional antecesores, así como también recurrir al beneplácito de los militantes históricos e influyentes, tal como lo han documentado los sociólogos Espinoza y Madrid18. Estos hallazgos, recientes para el caso de Chile, nos traen los ecos de los ya realizados por Michels, en su estudio sobre el Partido Social Demócrata alemán, a principios del siglo XX y que Linz19 recuerda cuando señala que “la competencia entre los partidos y, dentro de ellos, entre los líderes y las facciones, no tiene como consecuencia la sustitución de un grupo por otro, sino un proceso lento de renovación y fusión”, acercándose más a la idea de cooptación que, a su vez, siempre encierra un compromiso que tiene como fin la estabilidad de la propia organización. Por tanto, el fenómeno tiene menos de renovación que de “vino viejo en odres nuevos”.

Lo preocupante de todo este asunto es que el talante del debate no permite sacar a flote preocupaciones más

Adicionalmente, surgen dos preocupaciones: la primera, preguntarse hasta qué punto este recurso no busca eludir las modificaciones de fondo que están pendientes en el sistema político como un todo, como lo son la necesaria limitación a los mandatos, una nueva ley de partidos, los cambios a la ley de gasto electoral o la necesidad de que más autoridades, especialmente a nivel regional, dependan del voto popular. Igualmente, en materia juvenil, superar la lógica del actual Instituto Nacional de la Juventud, creado en 1990 avanzando, asimismo, hacia la elaboración de una política pública de juventud así como un plan nacional en la materia y, para el caso de la coalición de gobierno, revisar las prácticas partidarias internas de los partidos que la componen, alejadas muchas veces de mínimos estándares democráticos para la elección de sus candidatos y pobre en la generación de espacios para la canalización del disenso.

La segunda preocupación es pesquisar hasta qué punto el recurso discursivo a la renovación política, a través de la juventud, está sirviendo para canalizar la crítica a la clase política en Recurrir a la juventud por la juventud no sólo nuestro país. En este caso, es una crítica puede terminar siendo un equívoco placebo, sino superpuesta y a dos niveles: una crítica algo más grave: la revelación de los déficits ciudadana al funcionamiento de la clase política que coexiste con la apropiación, de visión estratégica de ciertos sectores de la de esa misma crítica, por parte de algunos clase política, que no advierten la necesidad de sectores de esa misma clase política que generar mecanismos institucionales para su propia observan en la apuesta del recambio una sustitución y reemplazo. oportunidad para renovar la credibilidad en la política así como en ambas coaliciones.

Recordemos que, en diferentes contextos, la insatisfacción con el comportamiento de la clase política sustantivas. En primer lugar, nos muestra la ambivalente ha derivado en alternativas de sustitución. Así, son bien situación que la juventud experimenta en nuestro país. conocidas aquellas que postulan el gobierno de los técnicos Alabada y apetecida en un sistema político que no la acoge, (pretensión un tanto alicaída en Chile luego de su rol pero que se ve obligado a recurrir a ella porque aparece en el plan Transantiago) o de los honestos o de los jueces como la portadora de las bondades regeneradoras que no (como sucedió en Italia). En Chile, bien pudiera ser que los se ha sabido, o no se ha querido, inyectar de otra manera. jóvenes estén siendo vistos, y ellos aprovechan también de Estas aspiraciones, un tanto reduccionistas, pueden generar presentarse a sí mismos, como la alternativa al estado de efectos no buscados. Como bien ha advertido Marcelo cosas existente. Recurrir a la juventud por la juventud no Arnold, quien conduce el Observatorio Social de la Vejez y sólo puede terminar siendo un equívoco placebo, sino algo del Envejecimiento de la Universidad de Chile permite que más grave: la revelación de los déficits de visión estratégica se vayan instalando, por contraste, prejuicios con nefastas de ciertos sectores de la clase política, que no advierten la consecuencias para la imagen y expectativas de los más necesidad de generar mecanismos institucionales para su mayores que, paradojalmente, son cada vez más educados, propia sustitución y reemplazo. saludables, organizados e informados.

18 Espinoza, Vicente y Madrid, Sebastián (2009). “Jóvenes y partidos: estudio de caracterización de jóvenes militantes”, Santiago, IDEAUSACH. 19 Véase Linz, Juan José (1998) “Michels y su contribución a la sociología política”, México, FCE, p. 80 a 82..

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E L E C C I O N E S U R U G U AYA S

La Victoria del Frente Amplio y la Segunda Vuelta en Uruguay

El Frente Amplio obtuvo una resonante victoria en las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado mes de octubre, logrando el 48,16 % de los votos emitidos y la mayoría en ambas cámaras. Un triunfo que no obstante no le alcanza para asegurar la elección en primera vuelta, a pesar de obtener el 49,58 % de los votos válidamente emitidos (descontados nulos y blancos), que promete ratificar cómodamente en la segunda vuelta el próximo 22 de noviembre. Una victoria sólo ensombrecida por la derrota en los dos referéndums paralelos a la elección: El derecho a voto de los uruguayos en el exterior y la derogación de la ley que impide investigar las graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

A continuación publicamos un análisis de estos comicios de Federico Marsano y la columna del candidato a Vicepresidente del Frente Amplio, Danilo Astori, en donde plantea los nuevos desafíos que fundamentan la continuidad con el exitoso gobierno del Presidente Tabaré Vasquez.

Vale la Pena Por Danilo Astori (*)

Los uruguayos se han pronunciado luego de una larga campaña electoral, han decidido que tendremos que ir a las urnas, el próximo 29 de noviembre, para elegir el nuevo Presidente de la República.

Es un nuevo reto, nos reclama un nuevo esfuerzo, pero lo que está en juego es tan importante, tiene tanto que ver con nuestra historia, con los grandes retos que hemos asumido, que vale la pena ponernos nuevamente en marcha. Hacemos un pequeño alto en nuestro camino, reflexionamos y seguiremos adelante. No tengan dudas que con más energía que nunca, seguiremos adelante. La historia de los uruguayos es una historia de sacrificios y de grandes marchas por sus ideales.

Nuestras profundas convicciones están intactas; la seguridad de que ganaremos y que habrá un nuevo gobierno de izquierda siguen allí, inconmovibles, serenas y seguras.

Este resultado nos da muchas lecciones y nos marca caminos, responsabilidades, obligaciones y exigencias de mucho mayor rigor de parte de los dirigentes. A la hora de gobernar, de pensar el país con mirada estratégica, de renovar la construcción del Frente Amplio.

Siempre está presente nuestra cuota de autocrítica, porque ése debe ser siempre un rasgo distintivo de la izquierda. Nada de soberbia, nada de infalibilidad, todo lo contrario; asumamos plenamente nuestros aciertos y nuestros retrasos y nuestros errores.

Seguimos convencidos que éste ha sido el mejor gobierno que ha conocido el país en muchas, muchas décadas. Y que difícilmente un uruguayo vivo haya conocido otro gobierno con mejores resultados económicos, sociales, culturales, educativos. Y nuestra tarea principal, en las próximas cinco semanas, es precisamente ésa: transformar este balotaje en un gran plebiscito sobre nuestro gobierno, sobre el primer gobierno progresista y sobre el proyecto nacional que ya estamos construyendo.

Durante este gobierno hemos acumulado una lista interminable de hechos, de resultados, de cambios, que son la base para nuestra argumentación.

Tenemos un proyecto nacional, un conjunto de grandes objetivos programáticos cuyo mejor resumen lo hizo el propio presidente Tabaré: podemos ser un país desarrollado. Y ése es nuestro objetivo, la síntesis posible y optimista de nuestros programa y de nuestro plan de gobierno.

Un proyecto nacional, profundamente uruguayo, es decir un país más rico, más justo en la distribución de la riqueza, más educado, más culto y más democrático y libre. Ya demostramos que podemos y vamos a continuar y a profundizar los cambios.

El proyecto nacional será otro de los ejes de nuestra campaña y quiere decir que en cinco años el Uruguay superará los 45

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I NTERNACIONAL

mil millones de dólares de PBI; es decir, creceremos otro 30%, para lo cual necesitamos reducir la desocupación a menos del 5%, o sea 200 mil nuevos puestos de trabajo, más calificados y con mejores sueldos y por lo tanto más y mejores pasividades.

Todo esto con otra importante reducción de la informalidad.

Un Uruguay con una mejor distribución de la riqueza, más movilidad social y mejores oportunidades y donde las mujeres y los hombres tienen que recibir por igual función el mismo salario, donde la pobreza se sitúe por debajo del 10% de la población y no haya indigencia.

Un país desarrollado tiene que tener mucha mejor seguridad, menos robos, menos, rapiñas y violencia doméstica, y por lo tanto destinaremos los recursos humanos, financieros y técnicos para alcanzar este objetivo.

El proyecto nacional se basa en una educación de calidad en todos sus niveles, en el uso intensivo de la tecnología, de la producción de conocimiento e innovación, en un sistema de salud extendido a jubilados y pensionistas y en la mejora constante de la calidad de la atención y prevención en la salud.

Un proyecto nacional es estrategia, es tener horizontes, de los que este país ha carecido durante muchas décadas. El Uruguay tuvo en las primeras décadas del siglo pasado un proyecto que nos puso a la vanguardia, no sólo de nuestra región.

Un proyecto nacional es un Estado honesto, transparente, con leyes como las que aprobamos y seguiremos impulsando de control del sistema financiero y de mayor exigencia en la honestidad de los gobiernos.

El próximo 29 de noviembre hay tres preguntas que deberemos contestar las uruguayas y los uruguayos, y no hay tarea más importante que colocar estas tres interrogantes en el centro del debate nacional, del diálogo con nuestros compatriotas, de la capacidad de movilización y entusiasmo de los ciudadanos que participan de esta campaña: Primero: ¿Cuál es el balance que hacemos los uruguayos de estos cinco años de gobierno progresista, del gobierno de Tabaré? ¿Cumplimos o no cumplimos en lo fundamental con los cambios prometidos? ¿Se vive igual, peor o mejor que antes?

Segundo ¿Están de acuerdo o son contrarios al proyecto nacional que comenzamos a construir en estos años de gobierno, sacando el país de aquella terrible crisis, logrando que la crisis internacional no nos afectara, o quieren volver al Uruguay de las crisis y de la decadencia, de la falta de estrategias y sin objetivos de desarrollo?

Tercero, ¿las uruguayas y los uruguayos vamos a seguir aceptando los años de prédicas de parte del poder tradicional sobre nuestra mediocridad, sobre nuestros complejos de enanos, sobre la falta de empuje e imaginación que minaron nuestra confianza? ¿O vamos a seguir construyendo confianza dentro y fuera del país, en el Uruguay?

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La victoria está en seguir forjando una fórmula presidencial que se complementó y trabajó unida, con compañerismo y con sentido nacional. Una fórmula que ha sido capaz de construir una representación social, política y cultural colectiva y muy amplia.

Pero la victoria está, sobre todo, en las manos que nos trajeron hasta aquí, en los ciudadanos que a lo largo del país se entusiasmaron, se movilizaron, se ingeniaron de mil maneras para seguir impulsando un gobierno progresista y del cambio.

Sin ustedes, nada hubiera sido posible.

Sin ustedes, no hubiéramos llegado hasta aquí y con ustedes triunfaremos en noviembre y el 2 de marzo habrá un gobierno de continuidad y más cambios, un gobierno de todos los uruguayos, abierto al diálogo, que asegure la estabilidad económica, la tranquilidad y la estabilidad política.

No se aprobó la anulación de la ley de impunidad y eso nos duele no sólo política e institucionalmente, sino sobre todo en el plano humano; porque la iniciativa surgió desde la sociedad civil, desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y desde las heridas - todavía abiertas y dolorosas que nos dejó la dictadura.

Tendimos la mano antes de las elecciones a toda la sociedad y a los partidos políticos sobre cuatro grandes temas nacionales y lo volvemos hacer ahora con el espíritu abierto. Sabemos que nuestro principal compromiso es con el pueblo uruguayo, con sus conquistas y sobre todo, con sus sueños posibles y optimistas.

Uruguayos y uruguayas volveremos a festejar no tengamos duda; pero para ello, ahora, debemos trabajar duro nuevamente, pensar y dialogar con todo nuestro pueblo.

Vamos por más. Todos juntos. (*) Economista, senador, candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, ex Ministro de Economía y Finanzas.

Uruguay. Publicada en www.uypress.net

internacional

Si esto No es un Triunfo, el Triunfo ¿Dónde Está?

Escribe Federico Fasano Mertens "Noticia es aquella información que alguien en algún momento no quiere que se publique" El Frente Amplio escribió ayer una de las páginas cívicas más importantes de su breve y apasionante expedición por la vida nacional.

Pese al desgaste de 5 años en el poder, desgaste que afecta a todos los partidos del mundo, atenuado por la eficiente y distributiva gestión del gobierno de Tabaré Vázquez, obtuvo el 49,58% de los votos válidos; el 48,16% de los votos emitidos; 16 senadores, sin contar la vicepresidencia; 50 diputados, peleando el 51, es decir, mayoría parlamentaria absoluta en ambas cámaras, obteniendo una abrumadora supremacía en el interior del país que se vistió de rojo, azul y blanco como nunca antes lo había hecho. Sin contar que en todo el país los votos frenteamplistas superan a todos los votos blancos y colorados juntos.

Lección implacable de la historia que ya consagró el segundo gobierno de izquierda de la historia uruguaya y el primero de la izquierda latinoamericana que obtiene dos victorias consecutivas con dos candidatos distintos y sin reelección.

Brasil y Venezuela lo hicieron con reelección previa, apoyados por sus pueblos, y Chile también lo hizo con dos candidatos, pero no se trataba de un partido de izquierda, sino de una coalición con la democracia cristiana y otros sectores centristas.

En esta página memorable de nuestra historia, 5 realidades se destacan y despegan del pelotón de noticias.

1. Escrutados el 100% de los circuitos, de los datos oficiales de la Corte Electoral surge claramente que sin contar los votos observados, el Frente Amplio obtuvo el 49,58% de los votos válidos. Esta operación resulta de dividir el 1.093.869 de votos frentistas por la suma de todos los votos válidos a los 5 partidos que se presentaron en estos comicios, sin contar los votos observados. Es decir, al Frente Amplio le faltó, para obtener la mitad más uno de los votos válidos, sólo un 0,42% que representan escasos 9.267 sufragios. No confundir este 49,58% de votos válidos con el 47,49% de votos emitidos,

contando los observados, que fue lo que adjudicó la Corte Electoral al Frente Amplio, y tampoco con el 48,16% de votos emitidos, sin contar los observados, sobre los que estamos informando en esta nota. Esta es una confusión interpretativa que hemos consignado a menudo en lectores que consultan y que no entienden por qué afirmamos que el FA obtuvo 49,58% de votos válidos cuando la Corte dice que son 47,49% de votos emitidos. La diferencia está en votos válidos, que es lo que realmente importa en la segunda vuelta, y los votos emitidos, que es la trampa electoral que se pergeñó en la primera vuelta para impedir el triunfo del ganador real, aunque éste le lleve al segundo 436.542 votos de diferencia, casi 20 puntos de distancia.

2. El Frente Amplio llega a la segunda vuelta con una ventaja imposible de ser superada. Si todos los blancos y todos los colorados, sin ninguna excepción, votan al Dr. Lacalle y a ninguno de ellos se le ocurre anular su voto o votar en blanco, aun así pierden ante José Mujica por 52.600 votos.

Si, además, Lacalle convence no sólo a todos sus adversarios históricos del partido de Rivera, sino también a todos los votantes sin excepción del Partido Independiente, que son 56.156, llegaría al l.097.395. Es decir que, si votan todos los blancos, los colorados e independientes juntos, al Frente Amplio le bastaría conseguir sólo 3.527 votos para derrotar a Lacalle. No computamos los votos de Asamblea Popular porque ya anunciaron que anularán su voto en el balotaje y además porque creemos que esa patrulla extraviada de la izquierda no podría soportar el estallido de su conciencia poniendo la papeleta de Lacalle-Bordaberry en la urna electoral enfrentando a la mayoría del pueblo uruguayo que dicen defender. De todos modos, si en forma impensable, Sarthou y todos sus seguidores violan su compromiso anulatorio y votan en masa a favor de la derecha, hecho éste que no quiero agraviarlos ni siquiera con su sola mención, le faltaría a Mujica sólo 18.662 votos para dirigir los destinos del país. Le bastaría también convencer a 9.332 ciudadanos, ya sean blancos, colorados, independientes o de Asamblea 2009 23

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internacional Popular, es decir, la mitad más uno de esos 18.622 para derrotar a la coalición conservadora.

3. Pieza maestra de la estrategia del futuro gobierno frenteamplista es la mayoría absoluta obtenida en ambas cámaras, con gran holgura en el Senado, donde obtendrá 17 votos en 31 (contando la vicepresidencia) y también con mayoría en Diputados, donde serán 50 los legisladores del FA frente a 49 de la oposición combinada. Incluso aún está en disputa una banca que podría dejar la cámara baja con 51 diputados frentistas y 48 representantes de la oposición. Pero esta posibilidad es difícil de concretar.

4. El punto nodal de esta gran victoria de la izquierda uruguaya reside en el interior del país, terruño tradicionalmente alejado de las propuestas socialistas. El mérito de un Mujica trabajando pacientemente durante años y años en esas comarcas, con el lenguaje rural que tan bien se especializa en narrar, es innegable y en gran parte este triunfo está detrás de su trabajo y en el de un Frente Amplio que nunca se olvidó de los pueblos de tierra adentro. Por primera vez podemos decir que el Interior es frentista de sur a norte y de este a oeste. Gana en 11 departamentos, 10 de son del interior del país. Se impuso en 4 departamentos que estaban en el poder de los blancos: Colonia, Soriano, Río Negro y San José. Pero, además, es importante consignar que el Frente Amplio votó mucho mejor en cantidad de votos en estas elecciones que en las pasadas, en 13 departamentos del Interior, hecho de gran significación política. Ellos son: Canelones, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, San José, Flores, Durazno y Tacuarembó. Mientras que su rival nacionalista bajó en todos los departamentos en valores absolutos, en todos y cada uno de los 18 departamentos del Interior, con relación a la elección pasada. La hegemonía actual de la izquierda uruguaya en el interior del país es de tal entidad que el Frente Amplio obtuvo, frente al Partido Nacional en todos los departamentos 24

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una diferencia 11 veces mayor que la que había obtenido en las elecciones pasadas. En el año 2004 el FA alcanzó en el Interior el 50,40% y el Partido Nacional el 49,60%. En estos comicios el FA obtuvo el 55,68%, mientras los blancos descendieron a 44,32%. Hay que multiplicar la diferencia de 0,80% a favor del FA en el Interior en el 2004 por ll.36 veces para igualar la diferencia actual.

5. También estos comicios históricos exhibieron y dejaron al descubierto, con mayor claridad, la entidad de la estratagema de la dominación conservadora, instalando el balotaje más duro del planeta, para impedir que cualquier ganador indiscutible de cualquier elección se someta a una nueva consulta aunque su rival se encuentre 20 puntos atrás. Los balotajes existentes en otras naciones o exigen porcentajes de votos válidos, no de votos emitidos, lo que hace más difícil la situación para el ganador o dan por dirimido el pleito si el primero le saca una diferencia importante al segundo o si supera el 40% de los votos. Este balotaje, pensado con nombre y apellido para impedir el triunfo de una izquierda en ascenso y perpetuar, así, la centenaria dominación conservadora, creo que con la experiencia de ayer tiene sus días contados.

Es un engendro injusto, anacrónico, inviable e incurable y se ha instalado como una degeneración del sistema.

Habrá que pensar muy pronto en salvar a la democracia de esta presencia arbitraria.

Socióloga española Judith Astelarra

Con cambios estructurales se puede superar la desigualdad de género

En la charla participaron las ministras de Planificación, Paula Quintana, y del Sernam, Carmen Andrade.

Con la presencia de las ministras de Planificación, Paula Quintana y del Servicio Nacional de la Mujer, Carmen Andrade la socióloga española y experta en género Judith Astelarra, ofreció una charla sobre “Cohesión Social, Desigualdad y Género” en la sede de la Fundación Chile 21, introducida por nuestra directora ejecutiva, María de los Ángeles Fernández.

La profesora titular de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, inició su presentación con un recorrido histórico de la lucha de las mujeres por instalar un debate y una agendización inclusiva del tema de género en “una sociedad compleja y patriarcal de conflictos y consensos”.

El concepto, acuñado por los norteamericanos en los 60, se mueve desde el estadio biológico hasta la división sexual del trabajo, creando estas últimas desigualdades tanto en el mercado laboral como en su distribución en el ámbito familiar. Según la experta en género, esta integración de la mujer en la sociedad moderna modificó el comportamiento social de la sociedad civil y el mundo privado y público. “¿De qué hablamos, entonces, cuando comparamos dos grupos y decimos que uno es desigual? En toda sociedad se reparten recursos materiales, simbólicos, de poder, de todo tipo, o sea, una gran tarta social enorme, y hay desigualdad cuando algunos grupos determinados por ser quienes son o por hacer lo que hacen, les damos punta al sector menor de esos recursos”, manifestó.

Por ello, señaló Astelarra, en la actual sociedad moderna coexiste una dicotomía entre el hogar y el espacio público. “Hay que redistribuir los roles a todos los niveles en la idea de compartir y hay que producir cambios estructurales porque en un sistema relacional este ámbito público y privado, va siempre en un triángulo”, indicó la socióloga.

Desde la política social, dijo, se debe definir el derecho al cuidado de la familia, pluralidad, flexibilidad laboral. Tiempo para trabajar y tiempo libre para tener relaciones sociales, para ejercer el rol ciudadano y tiempo para establecer relaciones afectivas con la familia. Esa rigidez centralizó a las mujeres como amas de casa exclusivas y desde allí debían cumplir todo lo demás y hoy día tiene que ser fuertemente revisada, dijo la académica.

Es este sentido, Judith Astelarra propone la creación de un diálogo entre mujeres y hombres, que pacten socialmente un modo eficaz de reconstruir identidad y roles para la cohesión social.

Por su parte, María de los Ángeles Fernández expresó el interés que ha tenido desde siempre la Fundación en la investigación y debate de la temática de género y desigualdad, tópico que merece toda clase de espacios para la discusión y la inclusión social, económica y cultural. “En

especial con la inclusión de más hombres, ya que como lo recuerda Judith, este tema debe ser abordado en forma relacional y no sólo entre mujeres”, subrayó María de los Ángeles.

Chileno creó logo para Red de Fundaciones Progresistas

Un creativo chileno, Ignacio Lledó, ganó el primer premio del concurso, organizado por la Fundación Chile 21, al Diseño del Logotipo Oficial de la Red de Fundaciones Progresistas del Cono Sur, cuyo jurado resolvió en el marco del IV Foro del Progresismo, efectuado en septiembre pasado.

Solo Ignacio Lledó logró interpretar los objetivos y la misión de estos centros progresistas, generando la imagen corporativa de la Red, que corresponde a una iconografía de América del Sur en variados y alegres colores, que ilustra la diversidad de pensamientos y experiencias que nutren la reflexión de estos centros de pensamiento en el Cono Sur. La directora ejecutiva de la Fundación, María de los Ángeles Fernandez, en representación de las entidades asociadas, le hizo entrega al ganador de un computador portable. En él concurso participaron una cincuentena de creativos publicitarios de varios países de la región.

NOVIEMBRE

Pintura Felipe Cusicanqui en galería Patricia Ready/ Encomienda Hasta el 22 de noviembre de 2009 Lunes a viernes, de 10:30 a 20:00 horas. Sábado y festivos, 10:30 a 18:00 horas.

En esta muestra el artista Felipe Cusicanqui (1977), ganador del premio Bicentenario 2008 y nominado al Premio Altazor 2009, exhibe sus trabajos más recientes, que siguen fieles a su investigación sobre los soportes precarios (cajas de huevos, diarios, mimbre, adobe). Transformar pobres y olvidados elementos de desecho en arte sin que estos pierdan su carga es eje rector de su obra en esta muestra. Es así que vemos una fresca obra figurativa que a través del reciclaje material y poético, encuentra la riqueza en la pobreza.

La muestra “Encomienda” abarca en forma amplia y específica a la vez, la idea del viaje de la vida, de las experiencias, en tanto vivencia y proceso creativo, pues este último implicó un conjunto de traslados y estadías en distintos puntos del país.

Cusicanqui reconoce ser de los artistas que siguen creyendo en la inspiración como fuente creativa. Ser artista es para él vivir de lo que siente, materializar preguntas y convertirlas en metáforas de la vida, “el arte me ha salvado la vida, me dio muchas veces la esperanza y el equilibrio” recalca.

Danza Escuela de Espectadores de Danza 2009 rinde tributo a Pina Bausch y Merce Cunningham /Auditorio del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura Hasta el 24 de noviembre 2009. Horario: 19:00 hrs.

La nueva temporada de la Escuela de Espectadores de Danza, que organiza el Instituto Chileno Norteamericano, comprende 8 sesiones de análisis y discusión, donde se pretende entregar a las audiencias de la danza y ballet herramientas para ampliar la valoración, comprensión y apreciación de diversos enfoques y montajes.

Esta vez, el análisis tomará tres directrices, en primera instancia se rendirá tributo a Pina Bausch y Merce Cunningham, destacados coreógrafos que fallecieron durante este año, dejando un legado que trasciende por generaciones, también se homenajeará al Ballet

de Santiago. Luego se harán revisiones a las trayectorias de Magaly Rivano, Elizabeth Rodriguez, José Luis Vidal y de la Compañía Danza en Cruz. Finalmente, se realizará una sesión especial dedicada al Festival de Video Danza de la Universidad Arcis.

Precedido por su experiencia en las Escuelas de Espectadores de Teatro, Cine Documental y la anterior versión de este encuentro, Javier Ibacache, crítico de danza y teatro, moderará cada encuentro que contará con la participación de destacados coreógrafos, directores, bailarines, intérpretes, críticos y creadores vinculados a esta disciplina de las artes escénicas.

Martes 17 de noviembre Trayectoria de José Luis Vidal José Luis Vidal Martes 24 de noviembre Festival de Video Danza U. Arcis Lorena Hurtado y otros.

Instalación Claudio Correa en Trienal de Chile 2009/ El Terremoto de Chile / MAC Quinta Normal Hasta el 6 de diciembre 2009 Desde una posición subterránea, el artista Claudio Correa perturba las premisas de la institucionalidad cultural en la I Trienal de Chile, ocupando rincones y recovecos del Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal con su propuesta Perdidos: Tres crónicas de una rehabilitación conductual masculina, que forma parte de la exposición colectiva El Terremoto de Chile en la que el destacado curador español Fernando Castro reúne lo más significativo de nuestra producción artística actual.

La obra de Correa juega con el concepto propuesto por el curador general Ticio Escobar, “los límites del arte”, llevando a escena la profundidad biográfica de tres personajes totalmente alejados del ámbito cultural o público. Se trata de tres adolescentes recluidos en un recinto carcelario del sur de Chile, quienes emergen a la par de todos los temas, voces y sujetos que formn parte de la muestra.

La obra se enmarca en una investigación emprendida por Claudio Correa el año 2003 en el mundo carcelario y las estéticas de la marginalidad urbana. Producto de estas inquietudes han surgido diversos trabajos de carácter instalativo y que complementan la visualidad con otros formatos, como el sonido y los relatos o historias de vida.