Colección Ideas N° 99 Octubre de 2009 by Fundación Chile 21

DEMOCRACIA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DEBATE EN AMÉRICA LATINA. (II PARTE) COLECCIÓN IDEAS Eugenio Rivera Urrutia* Año 10 Nº 99 Octubre 2009

* Director de la Investigación: Eugenio Rivera Urrutia Investigadores: María de los Ángeles Fernández, Sergio Molina, María Paz Poblete, Martín Schuster

CAPÍTULO VI Venezuela: Presupuestos del socialismo del siglo XXI y dinámicas de su funcionamiento

María de los Ángeles Fernández

Introducción.

El proceso impulsado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela a partir de 1998 se enmarca dentro de una propuesta alternativa de desarrollo político y económico y, por esa razón, debe ser analizado en un proyecto que apunta al estudio de los vínculos entre la democracia y el desarrollo económico en la región. Sin embargo, este estudio de caso reviste un interés adicional para Chile por cuanto Venezuela, al igual que nuestro país, fue visto en el pasado como un modelo a seguir. Ensayistas como Alvaro Vargas Llosa y Jorge Castañeda dicen de Chile que es “un modelo de prudencia de sus élites políticas, manejo económico y desmesura social”. Venezuela también fue presentado y proyectado en su minuto como un ejemplo, por su “excepcionalidad democrática” 1, siendo visto como un caso atípico en el contexto latinoamericano, no sólo por su condición de país petrolero, sino por la forma en la cual esta característica ha moldeado al conjunto de la sociedad, al Estado y a las instituciones y actores políticos. La referida excepcionalidad consistía en una atenuación de la pugna distributiva entre los actores sociales internos como efecto de la existencia de una renta de origen externo, la que se convertía en una fuente de riqueza superior a cualquiera que pudiera generar la capacidad productiva del país. Pero este hecho acarreaba automáticamente una atenuación paralela de la lucha política por el poder, ya que el control del Estado y, por lo tanto, de los recursos de origen petrolero, daba una ventaja considerable al actor o actores que lo dominaran (Gómez Calcaño y Arenas, 2002). Venezuela, por más de veinte años, fue considerada como la “darling” de América Latina, a la sombra de Estados Unidos: un modelo a seguir en la región dada la permanencia del régimen democrático, su estabilidad política, la transmisión pacífica del poder por medio de elecciones periódicas y un crecimiento económico sostenido.

Un excelente desarrollo de este fenómeno se encuentra en “The venezuelan exceptionalism thesis. Separating myth from reality”, de Ellner, S. y M. Tinker Salas (2005) Latin American Perspectives 32 (2): 5-19. 2

Por estos paralelismos, es que merece un poco más de atención para Chile el caso venezolano a la hora de analizar las relaciones entre democracia y desarrollo económico. Para comprender la Venezuela de Chávez, tenemos que situarnos en los fenómenos que le precedieron y situarnos en el “antes”. 2 De acuerdo a McCoy (1993), en la literatura sobre el tema acerca de la crisis que experimentó la democracia venezolana y el surgimiento de un nuevo modelo político que, postula, además un desarrollo alternativo al neoliberalismo, hay dos claras tendencias: una, enfatiza las peculiaridades del modelo venezolano; otra, que enfatiza los puntos en común entre Venezuela y otros países que atraviesan procesos similares de liberalización económica y política. El segundo campo de explicaciones busca colocar a Venezuela en un contexto más amplio, identificando problemas comunes a países que atraviesan los mismos procesos que los experimentados por dicho país. La primera explicación se refiere específicamente a las tensiones inherentes a la liberalización económica. El problema de la acción colectiva de la reforma económica pone de relieve la dificultad de aspirar a sacrificios de corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. La segunda se coloca en un panorama más amplio: señala los límites del modelo de democracia capitalista que se ha desarrollado hasta el presente en el mundo industrializado y que han copiado los países en proceso de industrialización. Los modelos existentes no han resuelto satisfactoriamente la tensión implícita en la necesidad del Estado de promover el mercado al mismo tiempo que proteger a la sociedad de las consecuencias negativas de ese mercado. En el presente análisis, nos interesa enfatizar la explicación basada en la peculiaridad del modelo venezolano, por ser un país petrolero, colocando el foco en los factores políticos como la variable que explica el desencadenamiento de la situación posterior. En este campo, también encontramos dos tipos de explicaciones: a) las que colocan el acento en los factores económicos: el agotamiento de un modelo económico proteccionista y basado en los ingresos del petróleo, que no logró crear un sector industrial capaz de competir en el mercado internacional y b) los que se centran en los aspectos políticos, que coloca la explicación en las rigideces del sistema de partidos y en el procedimiento de conciliación de intereses creado a principios de los años sesenta, centrado en los acuerdos entre las elites y en la consecución de pactos. Como es posible apreciar, ya en los intentos explicativos de la crisis que experimentó la democracia venezolana se encuentran instaladas las dos dimensiones de nuestro estudio, las variables políticas, por una parte y las dimensiones relativas al modelo económico, por el otro. Los que enfatizan la explicación económica para entender las razones del deterioro de la situación venezolana se centran únicamente en el fracaso de su estrategia de desarrollo, basada en un Estado rentista-petrolero y en el consiguiente impacto en la pauperización progresiva de los venezolanos. Otros enfoques enfatizan la variable política. De acuerdo a Ramírez Roa (2003) habría sido la dinámica “disfuncional” del sistema de partidos existente en ese momento el que llevó a ese estado de cosas. Se habría producido una “asintonía estructural” entre las fórmulas políticas adoptadas para la solución de los conflictos y los nuevos dilemas que emergen como producto de los límites de un Estado rentista. Los partidos y el sistema político instaurado con el advenimiento de la democracia se petrificó, constituyendo un proceso inacabado. Esta petrificación podría llamarse, como indica Coppedge (1993) “partidarquía”. Venezuela era admirada porque tenía partidos políticos fuertes que habían contribuido a su estabilidad política. El problema emergió cuando dichos partidos y sus intereses terminan interfiriendo con los requisitos para que exista una poliarquía (o democracia en la medida de lo posible): libertad de organización y de expresión, sufragio amplio, posibilidad de elección en cargos públicos, elecciones limpias y libres, fuentes alternativas de información oficial, instituciones que dependan del voto y de otras preferencias expresadas por los ciudadanos. Ramírez Roa señala, y coincidimos con ella, en que para entender el proceso venezolano, hay que colocar el acento en la crisis del partido como forma de articulación y canalización de demandas, que lleva a la pérdida de legitimidad del sistema político como un todo. Para decirlo groseramente: la crisis y atrofia de uno de los contenidos del sistema, los partidos, llevaron a la crisis general del continente, al sistema político, como un todo. Para entender la petrificación del sistema de partidos venezolano, es importante tener a la vista algunos antecedentes históricos. El último régimen dictatorial de origen militar en la historia política venezolana fue derrocado por una movilización cívico-militar, el 23 de enero de 1958. Una vez terminada la dictadura, las negociaciones emprendidas por la élite política tuvieron como principal objetivo evita a toda costa el regreso de los militares al poder pero, sobre todo, lograr el mayor apoyo posible de las diversas fuerzas sociales hacia el proyecto democrático. Se trató, por una parte, de asegurar y de defender un mínimo de entendimiento que garantizase el funcionamiento de la democracia representativa y, por la otra evitar que los conflictos políticos y sociales se convirtieran en antagonismos irreconciliables que pusieran de nuevo en peligro la experiencia democrática naciente. El 31 de octubre de 1958 se firmó el llamado “Pacto de Punto Fijo”, un arreglo institucional que constituyó el “acto fundador” de la democracia venezolana. Debido a la vocación integradora del más amplio 2

Existe una abundante literatura acerca de las causas de la crisis venezolana. Es más, se percibe un desbalance entre la cantidad de reflexión desarrollada previa y durante la crisis con relación a la interpretación del proceso revolucionario en curso. En todo caso, para las explicaciones de la crisis, resulta interesante consultar “Diez tesis sobre la decadencia y crisis de la democracia en Venezuela”, de Levine, D. (2001), en Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, de Carrasquero, J.V. eds, Caracas: CDB Publicaciones y RedPol. 3

número de fuerzas vivas, en el marco de un modelo rentista de distribución de “petrodólares”, el régimen político venezolano nacido en 1958 fue conocido como un “sistema populista de conciliación de las élites”, feliz expresión del politólogo venezolano Juan Carlos Rey. En definitiva, se instauró progresivamente un modelo basado en la idea de combinar un ingreso petrolero constante, una inflación moderada y un fierro control de los partidos políticos mayoritarios sobre el resto de la sociedad, más la presencia de un régimen presidencialista, centralizado y consolidado, lo que garantizaba una democracia que se sostenía coherentemente. Este acuerdo permitió la modernización política de Venezuela y la consolidación de la democracia durante varias décadas de la siguiente forma: en los sucesivos acuerdos institucionales, fueron incluidos aquellos actores que habían aceptado los parámetros de cooperación y de competición electoral establecidos en 1958, a cambio de beneficios económicos y sociales importantes de parte del Estado venezolano y el arreglo institucional de 1958 permitió a corto plazo la integración de la población al juego democrático, en el marco de un modelo de democracia representativa, tal como lo establecía la Constitución aprobada en 1961. McCoy (1993) ilustra bien la forma cómo la incertidumbre democrática se redujo gracias a una serie de pactos bien documentados, acordados en el período 1958-59: 1. El Advenimiento Obrero Patronal, un pacto social que expresaba explícitamente un compromiso de clase en el que los capitalistas prometían apoyar el orden democrático, mientas los trabajadores prometían evitar las acciones militantes. Este acuerdo aseguró la paz laboral, redujo la incertidumbre al establecer mecanismos institucionales para la solución de conflictos en las relaciones laborales y reconocer explícitamente los derechos y garantías de trabajadores y patronos. 2. El ya citado Pacto de Punto Fijo, un pacto político que garantizaba a cada uno de los tres partidos firmantes una participación en el gobierno, independientemente de quién ganara las elecciones. 3. La Declaración de Principios y Programa Mínimo de Gobierno, que se firmó conjuntamente con el pacto anteriormente indicado, como un acuerdo donde se trazaba un programa económico y político común que debía ser observado por todos los partidos políticos. Adicionalmente, se prometieron privilegios a la Iglesia y al ejército, a cambio de su respaldo al nuevo régimen democrático. Fuera de los problemas que supuso, durante los años 60, la lucha armada de izquierda y algunas tentativas de tomar el poder por la fuerza por una parte de una extrema derecha militar en decadencia, la democracia comenzó a ser percibida por la mayoría de los actores sociales y políticos como un marco constitucional privilegiado, en cuyo seno debían resolverse los diversos conflictos. El modelo se asentó, en definitiva, en un contrato social basado en el reparto de lo generado por las rentas petroleras, donde la norma fue siempre el diseño de políticas a través de la negociación en las participaciones. Se obtuvo el consenso de los principales actores porque no se les exigían sacrificios; los actores marginales, que no se beneficiaban de las rentas petroleras, eran ignorados políticamente. Ramírez Roa (2003) señala los factores que, presentes en el origen de la democracia venezolana, perturbaron la consolidación definitiva de ésta, alimentando paulatinamente la crisis del sistema político nacido a principios de los años sesenta: 1. La prolongación en el tiempo de los procedimientos incorporados en el Pacto de Punto Fijo, pacto que fue pensado para superar una coyuntura política particular y permitir la transición democrática. Sin embargo, un “espíritu de pactos”, con un marcado acento exclusionista, se institucionalizó en la vida venezolana, manteniendo su vigencia hasta bien entrados los años 80. 2. A la par de la apertura política, del establecimiento de derechos civiles y sociales amplios, el modelo “puntofijista” adoleció de un conjunto de atrofias que lo desestabilizaron: a.

El rol sobredimensionado de los partidos y la formación de una suerte de “cartel”, que limitó la entrada de nuevos actores sociales y políticos al sistema político;

La ausencia del criterio de responsabilidad política entre los gobernantes y la reducción de la noción de ciudadanía a lo meramente electoral. Es cierto que durante cuatro décadas, los venezolanos habían logrado institucionalizar los mecanismos esenciales de una democracia política: elecciones libres y no fraudulentas, libertad de prensa y de asociación, aceptación de las elecciones como el medio privilegiado de elección de los representantes en los diversos puestos de dirección del Estado. Sin embargo, en poco o nada se reforzaron otros instrumentos vinculados con la concepción liberal de la democracia como la responsabilidad política de los gobernantes, transparencia y accountability. El sistema promovió la existencia de “clientes-electores”, con un comportamiento altamente rentista.

La existencia de un esquema corporativista de integración de los diversos actores al sistema, favoreciendo a unos más que a otros. Se produjo, así, una integración desigual al sistema y un reparto desigual de la renta petrolera, entre los diversos actores y sectores sociales. AD y COPEI privilegiaban a los sectores patronales y sindicales a ellos vinculados. Por otra parte, aquellos que querían ser escuchados en sus demandas debían pasar obligatoriamente por la red clientelista partidista, debiendo mantenerse dentro de un círculo de intercambio permanente de favores. Finalmente, las restricciones al fortalecimiento de los poderes regionales y locales.

Como fuera, algo no empezó a funcionar y se inauguró en Venezuela, a partir de 1982, un período de crisis producto, desde el punto de vista político, de una creciente ineficiencia en el manejo de los asuntos públicos, una insatisfacción del ciudadano sobre las gestiones gubernamentales que iba en aumento, una crítica permanente al dominio de los dos grandes partidos, AD y COPEI, de la vida política y la novedosa búsqueda de orientaciones políticas, dentro y fuera de los partidos tradicionales. Desde el punto de vista económico, la crisis fiscal del Estado, la ineficiencia de las empresas públicas, la aparición de una tasa de inflación progresiva y de una constante devaluación del bolívar, el crecimiento de la deuda externa y la volatilidad e incertidumbre del mercado petrolero, mostraban que algo andaba mal.

¿Cuáles son los primeros indicios de que el sistema no estaba funcionando bien?

Los venezolanos, en 1992, comenzaron a sentir, no solamente la impotencia frente a los aciagos efectos de la carestía económica y el cinismo con relación a su clase política. SE EMPEZÒ A INSTALAR UN CUESTIONAMIENTO PROFUNDO A LA DIRECCIÒN MISMA DEL PAÌS, UNA CRISIS PROFUNDA DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA. Distintos autores han señalado los indicios de este cuestionamiento: de tipo social, en el ascenso continuo de la tasa de pobreza y el surgimiento de nuevas formas de organización social, particularmente las asociaciones de vecinos, para enfrentar la crisis; de tipo político, por la creciente pérdida de confianza, no sólo en líderes particulares, sino en las instituciones políticas en general. Las elecciones de 1989 muestran un 54% de abstencionismo en las elecciones para gobernadores y alcaldes y los resultados de las encuestas de opinión señalaban descensos crecientes en la militancia partidista, impopularidad de los partidos y descontento creciente con el Presidente Pérez y su gestión de gobierno. A nivel de las élites, el surgimiento de una nueva generación de líderes políticos y la restricción de recursos llevó a minar la práctica de realizar pactos elitistas para evitar amenazas al régimen político. EN DEFINITIVA, LA SITUACIÓN QUE EMERGÍA, DE UN EMPOBRECIMIENTO RELATIVO, NO SE ACOMODABA A LA FÓRMULA DE SOLUCIÒN DE CONFLICTOS PREVISTA EN 1960 Y LA CULTURA POLÌTICA EXISTENTE EN CIUDADANOS Y PARTIDOS SE RESISTÌA A ABANDONAR EL MODELO RENTISTA DE REPARTO DE BENEFICIOS, PREBENDAS Y SUBSIDIOS. Frente a esta situación, los partidos políticos intentaron reaccionar y no quedarse de brazos cruzados. Desde 1983 en adelante, las consecuencias económicas del antiguo modelo se hicieron sentir pero los líderes políticos, o los cubrieron o los ignoraron, hasta que en febrero de 1989, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, éste descorrió el velo e informó de los intolerables problemas fiscales, monetarios y estructurales de la economía del país. Esta incapacidad o negativa a ver la crisis se refleja en que, durante los años magros de la década de los ochenta, la negativa a conocer las restricciones económicas se puso de manifiesto en déficits fiscales y endeudamientos crecientes, que permitían continuar practicando la concertación como una negociación de la distribución de bienes entre los grupos participantes. A partir de ese año, comenzó un camino con intentos varios por parte de los líderes políticos a fin de impulsar una renovación autorregenerativa de la legitimidad que se iba diluyendo paulatinamente. Se ingresa, de esta forma, a una etapa de “cuasiobsesión” de búsqueda de un nuevo pacto o consenso. Se preveía que era la fórmula correcta puesto que, de acuerdo a Navarro (1993), que cita a Naím y Piñango, la cultura política venezolana ponía al consenso como modo de decisión dominante. El itinerario de este proceso, resumidamente, es el siguiente: 1. El primer intento ambicioso para recrear un pacto como fórmula básica del sistema político venezolano lo emprendió Jaime Lusinchi, que propuso un Pacto Social, durante su campaña en 1983. Este pacto, a diferencia del de Punto Fijo, no incorporaba a los partidos políticos como los ejes centrales del acuerdo, sino que contemplaba una estructura de corte corporativo en la que la toma de decisiones públicas fundamentales estaría a cargo de estructuras de representación tripartita de empresarios, trabajadores y gobierno. Durante su mandato, Lusinchi nunca concretó su promesa. A lo más, constituyó una Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa) pero que no influyó en el funcionamiento del sistema político ni sustituyó las bases del Pacto de Punto Fijo. 2. El segundo intento fue la firma, en 1990, del Pacto para la Reforma de la COPRE, por parte de la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso, documento que contenía una serie de reformas legales y administrativas consideradas básicas para la renovación del sistema político, incluyendo cambios en la legislación electoral, en la organización del poder judicial, en la distribución de competencias entre niveles de gobierno y en la organización del gobierno central. Si bien el ejecutivo emprendió la mayor parte de las tareas que le correspondían dentro del pacto (creó una oficina de seguimiento), a pesar del alto perfil público de éste, su popularidad entre la población, y de haber sido concebido por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el documento no recibió una consecuente atención por parte del poder legislativo dentro de los plazos que se había impuesto. Las propuestas que quedaron estancadas dicen relación con las reforma interna de los partidos políticos, con el control del financiamiento de sus actividades y con las características del sistema electoral y de los procedimientos de votación. 3. Un nuevo empuje consensual y pactista se produjo a partir del intento fallido de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. En medio de esta crisis, el gobierno crea el Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. Elaboró un informe donde se constataba el agotamiento del modelo instalado en 1960 y recogió un conjunto de 100 propuestas de política, carentes en general de una visión estratégica y de jerarquización. Sin embargo, lo importante fue que todos los consultados se sintieron escuchados. Al final, nadie tomó en cuenta dicho informe, salvo el Ejecutivo a través de un conjunto de iniciativas que impulsó a través de ciertas concesiones a grupos de presión con el fin de aliviar la tensión política. Sin embargo, una proposición que sí

fue emprendida fue la reforma constitucional que, si bien fue declarada como urgente por dicho Consejo Consultivo, no tuvo la continuidad necesaria. 4. La reforma constitucional de 1992: este fue el intento más cercano a revivir un pacto político básico para dar continuidad y estabilidad a la democracia venezolana. Ya Caldera lo había planteado en 1989. Luego del intento de golpe en 1992, resurgió la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, con el objetivo de recrear una nueva Constitución. Sin entrar en detalles de las discusiones, sí es importante destacar que esta discusión se llevó en medio de una aguda crisis. No había total unanimidad acerca de que la Constitución precedente, de 1961, fuera una traba al desarrollo político del país o que su contenido específico tuviese directa relación con el desgaste sufrido por el pacto fundacional de 1958. Lo cierto es que la demanda por el cambio y la crisis que se vivía llevó a que la reforma se convirtiese en un símbolo importante de cambio. 5. Simultáneamente a la discusión sobre la reforma de la Constitución se llevó adelante un proceso de negociaciones, entre líderes de AD y COPEI, acerca de lo que se llamó el Acuerdo Nacional. Esencialmente, se centró en un acuerdo de entendimiento de los dos principales partidos en torno a ciertos temas tales como reforma fiscal, reforma al sistema de seguridad social, reforma de la ley del Banco Central y reforma del sistema financiero, entre otros. Prontamente, fue acusado de excluyente por otros partidos. En síntesis, se logró avanzar que el entendimiento de dichos partidos se materializara en la aprobación de la ley del Banco Central y la del Crédito Público, pero no se avanzó más allá. En síntesis, durante toda una década, la élite política venezolana buscó impulsar reformas al interior del sistema pero, o bien costaba ponerse de acuerdo en torno a ciertos consensos básicos o bien, cuando esto se lograba, las acciones no iban acompañadas de intenciones. Se lograron ciertos acuerdos básicos en relación a normas relativas al sistema electoral, el sistema judicial y la regulación pública de las actividades de los partidos políticos. Por otra parte, no era que no hubiera reformas en este tiempo. Quizás hubo un exceso ya que, en menos de cinco años, se logró la elección directa de gobernadores de estado, se creó la figura del alcalde y se hizo posible su elección directa y se cambió el sistema electoral de forma de admitir la uninominalidad para dos tercios de la composición de los concejos municipales desde las elecciones locales de 1992 y hasta la mitad de la Cámara de Diputados en la elección de 1993. ¿Por qué, entonces, no había satisfacción con los cambios? Es cierto que surgieron factores coyunturales como fue el intento de golpe del 4 de febrero de 1992, que convulsionaron el sistema, así como la necesidad de que Carlos Andrés Pérez renunciase a la Presidencia. Navarro (1993) esboza varias hipótesis para entender los motivos: 1) Una hipótesis es que, si bien se impulsaron cambios, quedaron algunas áreas sin tocar tales como las que tienen que ver con el proceso electoral y las actividades de los partidos políticos (sus finanzas, su democracia interna, su control sobre el acto de votación y de escrutinio). Los partidos se mostraron reacios al impulso de que autolimitasen sus prerrogativas dentro del sistema y sus grados de libertad en el ejercicio del poder. 2) Una segunda hipótesis apunta a que las reformas sirvieron al interés de los dos grandes partidos políticos (AD y COPEI) para hacer ver la reforma de las instituciones como un paso hacia una mayor democracia cuando, en realidad, lo que hicieron fue manipular “la letra pequeña” de las reformas para favorecer sus posiciones y dividieron en cada elección las circunscripciones electorales a su favor. A corto plazo, el poco impacto de la reforma electoral fue beneficioso a los intereses de estos partidos pero, a la larga, estas decisiones habrían contribuido al desprestigio de los partidos y a la decepción de los nuevos actores políticos. Durante el año 1993, académicos reflexionaban acerca de cuál sería el derrotero inmediato de una democracia bajo presión, como la venezolana, luego de los dos gobiernos desastrosos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera (1994-1999), el estallido social de 1989 denominado “Caracazo” y dos intentos fallidos de golpe de Estado, en 1992. El destino más siniestro para todos ellos era que el país cayera en manos de un líder mesiánico, con promesas salvadoras. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió, dentro de distintas alternativas posibles. En este marco, emerge la candidatura del coronel Chávez en las elecciones del 1998. Vale la pena revisar las distintas explicaciones que se han elaborado para entender su emergencia: 1. Según Ellner (2004) una explicación es que en Venezuela no existía un pasado traumático con relación a la intervención del Estado en la economía. De hecho, existía la memoria exitosa del período venezolano post años 70, que había incluido reformas sociales costosas y nacionalización de industrias claves, que no produjeron inflación incontrolable ni agitación social, ni tampoco condujeron a un golpe militar. Los segundos períodos presidenciales de Caldera y Pérez fueron de inspiración neoliberal y resultaron un desastre tanto política como social y económicamente hablando. Por tanto, para este autor, había un terreno propicio para la instalación de Chávez, que se comprometió con fortalecer el Estado y garantizar la soberanía nacional. En

Venezuela, dado que los líderes y estructuras políticas tradicionales habían respaldado el gobierno de Caldera y sus políticas económicas, se facilitó el camino para una ruptura más completa con el discurso y las estructuras políticas neoliberales. 2. Comprendiendo rápidamente la importancia que los venezolanos le asignan al sistema democrático, independientemente del descrédito de sus principales actores, Chávez supo que debía someterse al ritual democrático, dada la legitimidad simbólica que la democracia tiene en Venezuela. Aprendió a sintonizar rápidamente con la cultura política existente y promovió el denominado, según Alberto Arvelo Ramos, el “chavismo popular y democrático” 3, conformado por el núcleo de sus compañeros de asonada organizados en el MBR200, entre los cuales predominaba una corriente militarista, pero también convergen civiles de tradición izquierdista, con vasta experiencia militar por la guerra de guerrillas de principios de los sesenta, sumándose también partidarios de la formación de un partido único, centralizado. Esta corriente forma el núcleo del Movimiento V República que funciona al inicio como plataforma electoral aglutinadora. También se suman grupos de izquierda como el MAS, en torno al llamado Polo Patriótico, que habían apoyado al gobierno del Dr. Caldera. 3. Una creciente debilidad institucional, fruto del desmoronamiento de los partidos políticos, de los sindicatos y de las formas y estructuras neocorporativistas que habían sido tradicionales en la forma de hacer política venezolana. Los movimientos vecinales emergentes ni ongs ni otro tipo de grupos que proliferaron a fines de los años 80 y principios de los 90 no pudieron llenar este espacio. Desde el primer momento, Chávez puso el acento en la creciente debilidad del Estado, el impacto sobre éste de la globalización y la necesidad de enfatizar el nacionalismo económico y la participación del Estado en la economía. Esta preocupación se expresó también en sus reservas y frenos al proceso de descentralización. También ha manifestado una abierta animadversión al corporativismo tradicional venezolano, manifestando su disposición para que florezca la sociedad civil.

¿Cuáles son las claves conceptuales de lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI?

Por tratarse de un proceso en curso, resulta difícil su atropamiento en base a categorías conceptuales fijas e inmutables. Por otra parte, una característica del proceso venezolano ha sido su impredicibilidad y su definición permanente. Sin embargo, recogemos a continuación las nociones fundamentales del enfoque de desarrollo económico así como la idea de democracia que promueve dicho proyecto, de acuerdo a Kelly (2001): - Con relación a la idea de democracia, es importante precisar que, a diferencia de otros países de la región, el dilema que ha confrontado la política venezolana no es tanto el de “democracia vs. Autoritarismo”, sino el de cuál es el tipo de democracia que debe construirse en un contexto de casi unanimidad de la vigencia de la democracia, la necesidad de producir cambios en las instituciones y la urgencia de mejorar la equidad social. López Maya (2006) precisa que “el proyecto bolivariano entiende la democracia, no sólo como el disfrute de libertades civiles y políticas, sino de manera muy enfática como igualdad social. No es una idea nueva, puesto que formaba parte del ideario de Punto Fijo: la democracia política era el medio para alcanzar la justicia social. Por ello, para dicha autora, es éste un concepto muy enraizado en la cultura política, añadiendo que “la búsqueda de la igualdad social como objetivo explícito es una de las diferencias que tiene la actual democracia venezolana con otras democracias de la región”. - El proceso revolucionario, tal como se señala en la Constitución de 1999, es “democrático, participativo, efectivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. El pueblo es el protagonista de las decisiones públicas mediante mecanismos de participación sin intermediación de representantes”. En este marco, no sólo han desaparecido los partidos sino que no aparecen mencionados en el texto constitucional. Se generan mecanismos que impidan las cuotas partidarias, sustituyéndolas por los Comités de Postulaciones así como la figura de “postulación por iniciativa propia”, que busca suprimir el sistema de negociaciones partidistas para la elección de los titulares de los más altos cargos públicos. El concepto central es el de “democracia protagónica”, entendiendo por tal que el protagonismo lo ejerce directamente el pueblo soberano, en lo político, cuando participa en la elección de los cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Es importante precisar que la innovaciones introducidas no pretenden un mero remozamiento de la democracia representativa sino la transformación revolucionaria de la democracia formal en una forma original que le otorga al pueblo un papel “protagónico”, dirigido hacia los siguientes fines: a) someter a los gobernantes al mandato popular revocatorio; b) propiciar el

En “Transformación y legitimidad”, de Arturo Sosa, febrero 2002 (comunicación personal con la autora).

autogobierno del pueblo mediante la participación directa en el proceso de formación de las leyes, en los referendos consultivos, derogatorios y aprobatorios, en las consultas, la iniciativa constitucional y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. - El eje central de la propuesta revolucionaria es avanzar en una democracia social y protagónica, reafirmando la centralidad del Estado, la vigencia del principio universal de los derechos sociales y el deber insoslayable del Estado de crear las condiciones para garantizar tales derechos. - El modelo económico propuesto se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. Se le otorga a los trabajadores y comunidades derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo dedicadas a cualquier tipo de actividad económica, orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. Se señala en la Constitución que esas asociaciones serán promovidas y protegidas por el Estado (art. 118). 2. Se les reconoce a las comunidades indígenas la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio (art. 119 y 123). 3. Reconoce y ampara formas de actividad económica distintas a las clásicas en el capitalismo. Otros elementos gravitantes son la política petrolera, orientada a la recuperación de la defensa de los intereses nacionales, la promoción del cooperativismo y la actual reforma agraria.

- Con relación al rol del Estado en la economía, si bien cuando asumió Chávez no tenía un programa económico coherente, sí puso fin a diez años de privatizaciones. La Constitución prohíbe la venta de acciones de la compañía estatal petrolera PDVS y garantiza el control por parte del Estado sobre el sistema de seguridad social. También se señala que se favorecerán las “asociaciones estratégicas” por encima de las privatizaciones. Es importante precisar que la revolución bolivariana no se plantea, en su inicio, como de carácter económico, sino político y social. La Constitución de 1999 estuvo impulsada por la idea de promover un régimen que mejorase la cobertura de las políticas sociales, mejorara el sistema judicial y la defensa de los derechos humanos, pero con poca intención de alterar el sistema económico mixto ya consagrado en la Constitución de 1961. Se incorporaron importantes principios económicos ortodoxos en la nueva Constitución que hablan de una preocupación por la disciplina fiscal. Se ha planteado que la Constitución, en lo económico, ha resultado menos estatista de lo esperado y menos radical, pero también contempla ambigüedades que han permitido tomar decisiones inesperadas cuando fue promulgada. En lo referente a la autonomía del Banco Central, la Constitución consagra el principio de autonomía de dicho ente pero, al mismo tiempo, sugiere que debe coordinar la política monetaria con el Ministerio de Finanzas, debe informar de sus resultados a la Asamblea Nacional y su directorio puede ser destituido o sancionado si no alcanza sus objetivos. - Con relación al rol social del Estado, la Constitución plantea un sistema de seguridad social desde el nacimiento hasta muerte, obligatorio para todos y, al mismo tiempo, disponible aún para aquellos que no hagan sus aportes al sistema. El sistema de salud pública debe ser universal, justo y gratuito. El sistema de pensiones debe pagar a los pensiones, por lo menos, el salario mínimo y operar sin fines de lucro. Sin embargo, el mismo gobierno ha anunciado que la administración privada bajo contrato es consistente con la Constitución. - Con relación al medio ambiente, la Constitución de 1999 es la primera en la historia de Venezuela en incorporar los derechos ambientales. - En materia de descentralización, Venezuela experimentó profundos cambios durante la década de los ochenta ya que las dirigencias políticas del momento pensaron que con este tipo de reformas podrían promover la relegitimación del sistema político. El gobierno de Chávez, por su parte, ve con desconfianza la descentración y ha señalado que el federalismo agrava las desigualdades geográficas. Solamente un gobierno central fuerte podría superar los problemas de la desigualdad y del subdesarrollo. La Constitución de 1999 creó el Consejo Federal de gobierno pero se señala que el compromiso de Chávez con la descentralización es cuestionable al punto que, llegado el 2003, apenas se había activado dicho organismo y el gobierno central había reducido las asignaciones a los gobiernos estaduales y

municipales. Durante el año 2008, el Presidente ha presentado una reforma constitucional centrada en el art. 16 de la Constitución que busca “sacudir el territorio, despertarlo”, con el objetivo de impulsar una nueva geometría del poder. 4 - ¿Qué se plantea sobre la cohesión social, en el marco de la Revolución Bolivariana? No es un concepto que agrade al Presidente Chávez. El mismo ha declarado que le gusta más otro término. En función de una visión revolucionaria, ha planteado, el infierno podría estar bien cohesionado. El prefiere hablar de otro concepto: “transformación social rumbo a la justicia social”, añadiendo que “son las clases ricas las que quieren mantener la cohesión social”. 5 - ¿Cuál es el lugar que un proceso revolucionario como el que se encuentra en curso en Venezuela le asigna a la globalización? Al menos, desde un punto de vista discursivo, el Presidente Chávez es el primero que ha desafiado a EEUU y a otros poderosos actores internacionales del “nuevo orden mundial”, desde el gobierno de Alan García en Perú, en la década de los 80. Su discurso coloca el énfasis en la distribución desigual de la riqueza en la globalización, y plantea la consigna de un mundo multipolar con un importante rol para la OPEP. Plantea una visión de la integración regional en la que se afirma la soberanía nacional. Ha denunciado verbalmente al neoliberalismo. Sin embargo, es necesario explorar más detenidamente sus estrategias económicas para visualizar si, realmente, propone una opción de reemplazo, lo que se plantea más adelante (Ellner, 2003). - Resulta relevante identificar quiénes, en el marco del aparato del Estado, diseñan e impulsan las políticas públicas que se desprenden de los postulados “revolucionarios” indicados anteriormente. La literatura sobre el tema informa que, al menos en los primeros años de su gobierno, Chávez tuvo que sustentar sus gobiernos en una suerte de tecnocracia militar. - La Revolución Bolivariana le otorga gran importancia a los temas de género. De acuerdo a Carosio (2008), la propia Constitución está cruzada de manera transversal por el enfoque de género 6. Señala que ello ha sido posible gracias a la intensa y coordinada participación de mujeres organizadas de manera amplia e inclusiva. Dicho texto incluye a las mujeres, así como a otros grupos antes invisibles como los pueblos indígenas y los discapacitados, desde un enfoque de derechos. Adicionalmente, en 1999 comenzó a funcionar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), con el objetivo de “superar las discriminaciones contra las mujeres para lograr su plena inclusión en una sociedad verdaderamente justa” así como la Defensoría Nacional de la Mujer, “como instancia jurídica de Inamujer para apoyar y asistir a las mujeres en defensa de sus derechos”. A partir de 2007, se define el Primer Plan Socialista que se orienta a la construcción del Socialismo del siglo XXI, basado en las siguientes directrices: nueva ética socialista (humanista y herencia histórica de Simón Bolívar), suprema felicidad social (estructura social incluyente, con un modelo productivo endógeno), democracia protagónica revolucionaria, modelo productivo socialista (satisfacción de las necesidades humanas), nueva geopolítica nacional (redes de ciudades y sustentabilidad), potencia energética mundial y nueva geopolítica internacional. La nueva ética socialista “se fecunda con la visión feminista de las relaciones sociales”. A partir de todo lo anterior, se han hecho intentos varios para catalogar el gobierno de Hugo Chávez. Rápidos análisis lo ubican en el campo de los neopopulismos emergentes en América Latina. De acuerdo a la definición que Weyland hace de populismo, y siguiendo a Navia (2003), Chávez sería populista. Para el primer autor, “el populismo ha sido definido tradicionalmente como un concepto acumulativo, caracterizado por la presencia simultánea de atributos discursivos, políticos, económicos y sociales. Los conceptos radiales de populismo permiten abarcar diferentes ámbitos de manera bastante flexible. Las críticas de la modernización y de la teoría de la 4

Es importante precisar que la llamada “nueva geometría del poder” es la segunda reforma constituyente de los Cinco Motores Constituyentes con los cuales el Presidente Chávez se ha propuesto acelerar la construcción del Socialismo del siglo XXI en Venezuela. Estos cinco motores son: la propuesta de la Ley Habilitante, que permitirá al ejecutivo legislar sobre las materias necesarias para adelantar los cambios al socialismo; la reforma de la Constitución Bolivariana de Venezuela que permitirá, entre otros aspectos, la modificación de artículos que en lo económico y en lo político pudieran dar lugar a equívocos debido a su redacción; la jornada nacional denominada Moral y Luces, que comprende una campaña de educación moral, económica, política y social que va más allá de las escuelas, siendo impulsada en talleres, campos, núcleos endógenos y demás entes populares; la explosión “revolucionaria” del poder comunal y el quinto motor, ya señalado, cuyo objetivo es una nueva manera de distribuir los poderes político, económico, social y militar sobre el espacio nacional, revisando la distribución político-territorial del país y generando la construcción del sistema de ciudades y territorios federales. 5

Palabras pronunciadas en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago de Chile, en noviembre de 2007.

Se señala que las conquistas fundamentales de las mujeres con la Constitución de la RBV, aprobada en 1999, son: a) El uso no sexista del lenguaje; b) El reconocimiento expreso de la igualdad entre los sexos (art. 21); c) La inclusión de las medidas positivas como garantía de la igualdad real y efectiva; e) Reconocimiento de rango constitucional y prevalencia de jerarquía de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, con el cual tiene rango constitucional la CEDAW/CEDIM y la Convención de Belèn do Pará (art. 23); f) Inclusión de los derechos sexuales y reproductivos; g) El reconocimiento del trabajo como actividad fundamental para el desarrollo humano integral y el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, así como el derecho a la seguridad social de las amas de casa (art. 88). 10

dependencia, que suponían conexiones conflictivas entre diferentes ámbitos, y la aparición de nuevas formas de liderazgo personalista que no incluyen atributos tradicionales del populismo, han hecho problemática la utilización de conceptos radiales y acumulativos. El populismo puede ser conceptualizado como una noción clásica ubicada en un sólo ámbito, el político. El populismo puede ser definido como una estrategia política a través de la cual un líder personalista busca ejercer el poder mediante el apoyo directo, sin mediación y no institucionalizado, de un gran número de seguidores”. En esta visión, la clave es la relación de los líderes con la institucionalidad. Chávez sería un neopopulista no neoliberal. Esta apreciación, sin embargo, subestima que los partidos políticos tradicionales han sido reemplazados, en la práctica, por el apoyo de la mayor parte de la oficialidad de la Fuerza Armada con la “nueva doctrina militar”, que los convierte en una suerte de partido en el gobierno, encargados de las decisiones en el ámbito político y de la gestión de una buena parte de las políticas públicas, especialmente de la política social.

Otros autores como Ellner (2003), sin embargo, son más cautelosos, indicando que nos encontraríamos frente a una fórmula compleja, heterodoxa y ambivalente. Realiza un ejercicio interesante en su artículo “Venezuela imprevisible. Populismo radical y globalización”, aunque un tanto confuso y desordenado. A su juicio, es cierto que el chavismo que presenta similitudes con el populismo clásico y con el neopopulismo, pero también presenta características más propias:

Similitudes con el populismo clásico latinoamericano (del tipo de Juan Domingo Peròn, Getúlio Vargas y AD, en Venezuela) de los años 30 y 40: - Arremetida contra una elite (partidocracia) y la promesa de una nueva Constitución (discurso antistablishment). - Un estilo carismático y un marcado personalismo, a costa del desarrollo organizativo. - Intervencionismo creciente, expresado en un desarrollo sostenido de programas sociales (por encima de los del tipo económico e industrial): misiones de alfabetización, de atención médica y educación a nivel secundario. - Intervención estatal en la economía. Similitudes con el llamado “neopopulismo”: - Atracción especial sobre los sectores marginales de la población. - Imagen de una persona que no pertenecía a la élite tradicional. - El hiperpresidencialismo que, de acuerdo a Guillermo O`Donnell, se caracterizaría por: liderazgo presidencial carismático, recurrencia a decretos ejecutivos, legitimación plebiscitaria de la autoridad, retórica antipartidista y discurso mesiánico.

¿A qué habría respondido el éxito de Chávez y por qué debiera considerarse algo distinto al populismo clásico y al neopopulismo? De acuerdo al mismo Ellner (2003), ello obedecería a: - Al mantenimiento del apoyo de la clase baja, fundamentado en la credibilidad de su antineoliberalismo. Ha puesto fin a las privatizaciones, aunque careciera de un programa económico coherente. - Su movimiento ha logrado atraer a buena parte de las clases marginales que estaban excluidas de la vida institucional del país, aún vinculándose a estructuras institucionales incipientes y ciertamente frágiles. - El proceso presenta un grado de complejidad que es más compatible con un sistema democrático que con un personalismo extremo caracterizado en el neopopulismo. Su movimiento no es totalmente monolítico y el gobierno se ha abstenido de usar la fuerza contra una oposición que llegó a estar altamente movilizada.

Ahora bien, una cosa son las declaraciones de intenciones, y otra la expresión concreta de dichos postulados. ¿Se ha concretado lo consagrado en la Constitución en materia de protagonismo popular y democracia social? Es posible hacer un breve balance en tres niveles: político, económico y social. 1.

Con relación al primero, Alvarez (1999) y Ramírez Roa (2003) no trepidan en afirmar que en Venezuela, más que “democracia protagónica”, lo que existe en una democracia de tipo “delegativo”, tal como lo ha planteado O`Donnell. El primero precisa que los partidos políticos, que eran la institución política fundamental de la democracia representativa venezolana, han sido sustituidos por liderazgos que generan lealtades personales y, por tanto, volátiles, más una tecnocracia militar dependiente del liderazgo presidencial. Este tipo de democracia, a su juicio, se caracteriza por los siguientes rasgos que, de acuerdo a Alvarez (1999), pasamos a explicar: a.

b. c. d. e.

Predominio del principio democrático del apoyo mayoritario del pueblo sobre el principio liberal de limitación jurídica del poder gubernamental: el Presidente Chávez, no sólo ha gobernado desconociendo la Constitución de 1961 que se propuso superar (y a la que llamó “la moribunda”) sino que ha logrado justificar la puesta en suspenso de la nueva legalidad constitucional recogida en la Constitución Bolivariana. Personalismo presidencial que encarna la nación, define y defiende sus intereses: el Presidente, de acuerdo a este modelo de democracia, es el intérprete del interés nacional y lo prometido en su campaña electoral no lo ata a la hora de gobernar. Es más, puede usar medios en contra de una Constitución que, además, le otorga amplio margen de maniobra. La base política del presidente es un movimiento emotivo que supera el faccionalismo partidista. La accountability frente a las instituciones (legislativas y judiciales) impide el ejercicio de la autoridad delegada al presidente: el Presidente ha señalado que responde al pueblo y ha contado con poderes habilitantes de funcionamiento por parte del Congreso. Para la segunda autora indicada, este tipo de democracia se caracterizaría por un grado importante de desinstitucionalización, así como altos niveles de clientelismo y de corrupción, favorecidos por la ausencia de controles y por una excesiva discrecionalidad en el manejo de los recursos de la administración pública. Avanza en señalar que quizás el rasgo más importante es la fuerte tendencia hacia la banalización de formas autoritarias de toma de decisiones, donde el recurso al decreto se hace sistemático.

2. Con relación al plano económico, ya se ha señalado que no fue la primera prioridad de la revolución el modelo económico sino la reforma constitucional por la vía de cambios político-institucionales. Según Lander y Navarrete (2007) al inicio, no se trataba ni de un proyecto socialista ni de un proyecto básicamente estatista. Dichos autores señalan que “mientras que en la mayor parte de los documentos doctrinarios iniciales del movimiento bolivariano aparece el Estado como eje articulador principal de la transformación de la sociedad, para el momento de la Constitución, el papel del Estado ha sido acotado en el interior de una economía de mercado con un peso preponderante de la actividad privada. 7 Precisan que el acercamiento a un modelo económico alternativo, si era posible encontrarlo es a partir de la definición de democracia “participativa y protagónica”. Dichos autores señalan que el modelo económico imperante en Venezuela no rechaza el capitalismo sino que es más bien “una alternativa al capitalismo”, algo que tienden a obscurecerse por el discurso político. Coincide con esta posición Parker (2003) cuando afirma que “se ha ido afinando una política que apunta a una alternativa creíble al neoliberalismo reinante y todavía el gobierno mantiene las perspectivas de realizar y consolidar sus objetivos más importantes”, precisando que se trata de “encontrar la manera de evitar que el mercado se transforme en un eje único o preponderante de la organización de la sociedad”. Ello no significa que un proyecto alterno descarte el problema de la estabilidad económica ni la reforma administrativa y, para ello, dicho autor analiza cuatro ejes centrales de la alternativa que el chavismo ofrecería al neoliberalismo: la reforma petrolera, la propuesta de un desarrollo endógeno, la postura frente al ALCA y la economía social y políticas sociales, que veremos en el siguiente apartado. Coincidentemente, Lander y Navarrete (2007) señalan estas cuatro áreas como aquellas que el gobierno ha visualizado como estratégicas, a partir del 2005, para profundizar sus intentos de crear los mecanismos que faciliten los cambios estructurales a la economía. En el primer caso, el gobierno decidió tomar control de una empresa, PDVSA que, desde su nacionalización, “se había transformado en una corporación internacional que llegó a funcionar con autonomía 7

Sin embargo, desde 2006 a la fecha, Chávez ha nacionalizado sectores “estratégicos” como acero, cemento, telecomunicaciones, electricidad y el Banco de Venezuela, tal como se informa en “La crisis global golpea a Chávez”, de S. Baker y P. Wilson, de BusinessWeek, publicado en Diario Financiero, 18 de noviembre de 2008, p. 16. Esta situación coexiste con lo que se ha llamado el nacimiento de una nueva raza de magnates venezolanos, los “boliburgueses”, con estrechas relaciones con el gobierno y han sabido aprovechar las distorsiones económicas, en “De la mano de Chávez surgió una nueva élite venezolana”, de Benedict Mander, en Diario Financiero, 5 de diciembre de 2008. 12

frente al Estado venezolano y que aportaba cada vez menos al fisco”. En el segundo, a pesar de que el gobierno ha sido acusado de preferir al capital extranjero, al parecer, “se sigue insistiendo en consolidar una política deliberada de fomento de la actividad empresarial local, sobre todo de la pequeña y mediana industria”. 3.

Con relación a la economía social y políticas sociales, ya se ha planteado que constitucionalmente se busca una economía humanista autogestionaria. En este marco, Parker (2003) informa que se ha impulsado la formación de cooperativas y el cooperativismo ha experimentado un auge importante. También se han transformado los microcréditos dirigidos a empresas familiares, pero ambas iniciativas son compatibles con un régimen neoliberal. Se han priorizado los presupuestos en educación y salud, aunque los logros son modestos. Con esta apreciación coinciden también Lander y Navarrete (2007). No hay que olvidar que, en sus inicios, el gobierno impulso planes sociales de emergencia que involucraron en su puesta en marcha a las propias Fuerzas Armadas. El área donde se esperan más novedades, siempre y cuando la “renacionalización” de PDVSA comience a dar sus frutos, es la promulgación de la Ley de Seguridad Social, que marca una ruptura radical con una postura liberal por cuanto es universal y vía financiamiento colectivo, quedando la responsabilidad por la seguridad social en manos del Estado. Es en este terreno, más que en el económico, donde se reconoce más coherencia conceptual y doctrinaria, avanzando en políticas que no se conciben como compesatorias, y que hacen hincapié en la participación y construcción de ciudadanía (Lander y Navarrete, 2007).

En este apartado, vale la pena revisar la situación de las políticas de igualdad de género. Siempre siguiendo a Carosio (2008) en la problemática de género y su inserción en el marco del proyecto revolucionario, se señala que en septiembre de 2001 se presentó el primer Plan de Desarrollo de la Nación 2001-2007, que buscaba cinco equilibrios: económico, social, político, territorial e internacional, fundamentados en “la participación protagónica del pueblo”. En él, se plantea el desarrollo de la economía social como vía alternativa y complementaria basada en la organización del sistema de microfinanzas para lo que se creó el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer). A mediados de 2003, se creación las misiones sociales bolivarianas, dirigidas a “saldar la deuda social producida por décadas de despilfarro y exclusión social”. En ellas, hay una gran participación femenina. Entre las leyes más importantes del periodo destacarían la de Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, de 2007 y la Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del mismo año. Desde mayo de 2005, mediante punto de cuenta firmado por el Presidente, se instruyó la incorporación de la perspectiva de género en el sistema presupuestario venezolano como herramienta para la eliminación de la pobreza, el logro de la igualdad de género y la justicia social. Para la Ley de Presupuesto de 2008, se logró la institucionalización del enfoque de género en el presupuesto nacional en dos aspectos: manejo conceptual y su fundamentación y desagregación de información de gastos dedicados a temas de género. En el proceso de planificación y presupuesto de 2009 se incorporó el lineamiento de que todas las instituciones públicas del poder central deben tener, al menos, un proyecto dirigido a la equidad de género. Durante 2008 se aprobó, en primera discusión, la Ley de Protección Social a las Amas de Casa, que establece la pensión para las amas de casa mayores de 55 años y asignaciones económicas para las amas de casa en situación de necesidad. Durante este mismo año, se constatan avance en materia de paridad política por cuanto, por resolución del Poder Electoral, se establece que las postulaciones a los Consejos Legislativos deberán tener una composición paritaria y alterna de 50% para cada sexo. En aquellos casos en que nos sea posible, deberá tener como proporción 60/40. La paridad participativa estará garantizada de manera completa con la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género, que ya ha sido aprobada en primera discusión. En ella, se establece la paridad (50%) con alternabilidad en cargos de dirección de partidos políticos, consejos comunales, en las listas de postulación, en los sindicatos y gremios, en las juntas directivas de las empresas del Estado y en todos los espacios de decisión social. Resulta relevante contrastar esta información con el seguimiento que se hace desde el Indice de Compromiso Cumplido (ICC) para el caso de Venezuela. Si bien la información disponible alcanza hasta el año 2003, se señala que “haciendo un balance con respecto a las acciones orientadas a la igualdad entre los sexos y equidad de género durante los últimos veinte años, destaca que los avances se han dado sobre todo en el marco jurídico y normativo y mucho menos en las política y programas. En general, en el país se dispone de un marco legal que, si se aplicara con cabalidad, tendría algùn impacto en la eliminación de la violación de los derechos humanos de las mujeres, la discriminación y otras barreras para lograr la igualdad y la equidad de género” (Valdés, 2008). Con relación al papel del Estado y su capacidad para cumplir lo señalado en la Constitución, no dejan de resultar preocupantes las constataciones de un Estado que se ve “rebalsado”. Por ejemplo, Ellner (2003) plantea que “los nuevos niveles de participación política y de conciencia crea un reto para un estado administrativamente incompetente ya que puede evidenciar en el mediano plazo limitaciones para manejar las expectativas populares crecientes”. López Maya (2006) afirma que “siguen persistiendo tendencias de debilidad institucional y riesgos para la democracia venezolana”. Por su parte, Lander y Navarrete (2007) reafirman la apreciación anterior, cuando

señalan que “a partir del reconocimiento de la precariedad de las estructuras de la gestión estatal para impulsar las políticas públicas, se concluye que los tiempos políticos del conflicto venezolano no permiten esperar a que se promuevan reformas administrativas para mejorar dicha capacidad de gestión…por lo que el ejecutivo opta por la creación de las Misiones 8, programa extraordinarios que, haciendo un bypass parcial a la burocracia estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas sociales”. Esta situación de minusvalía del Estado nos sitúa en un escenario potencialmente complejo por cuanto la población venezolana ha ido aumentando durante estos años sus sentimientos de movilización, participación y eficacia. Resulta interesante recoger el balance que hace la revista SIC a diez años Sin embargo, de acuerdo a López Maya (2006), el rol del Estado habría cambiado teóricamente desde el modelo de Punto Fijo, donde era el responsable por la transformación social a uno que es un “facilitador” del empoderamiento, garantizador del acceso a los derechos humanos de toda la población aunque se espera que la población, a través de la “democracia protagónica”, asuman el principal papel en la solución de sus problemas. Esto ha sido posible por la cantidad inconmensurable de ingresos petroleros pero ¿será posible mantener dicho esquema, en un contexto como el que se cierne, de restricciones económicas? Frente a esta pregunta, se plantean dos tesis acerca del futuro de la democracia venezolana, según Ellner (2004). Una, pesimista, que visualiza al país como condenado históricamente a instituciones políticas ineficientes, asimilando el caso de Venezuela al de los “Estados fracasados” que se ven incapaces de cumplir las funciones clave. Otros, que postulan la tesis optimista, ven en Venezuela a un país que camina hacia una democracia más auténtica, con una nueva estrategia económica que no está exenta de polémicas y de resistencias. Un balance de diez años de revolución indicaría que el régimen, en sus inicios, se planteó como menos radical de lo que ha demostrado su desarrollo. Lander y Navarrete (2007) lo explican por varios factores: la debilidad general del plan de gobierno y, en particular, la falta de un plan económico coherente; la prioridad que se le otorgó al cambio político-institucional como prerrequisito para la reforma económica; las batallas ideológicas al interior del propio chavismo; la magnitud de la crisis económica que enfrentaba el país y la necesidad de supervivencia del gobierno”. Se señala el año 2003 como punto de inflexión y momento en que se empieza a perfilar un modelo económico alternativo pero inserto en un marco de confrontación política excepcional. La revista SIC, vinculada a la Compañía de Jesús en dicho país, en la editorial de un número especial de reciente publicación donde se hace un balance de diez años de proceso constata la realización de cambios, pero el balance es paradójico y desigual: por un lado, la emergencia de un sujeto popular cada vez más consciente de sus derechos; el mejoramiento objetivo de los indicadores sociales y la preocupación por el desarrollo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que implica una acción directa a favor de la inclusión social mediante la reivindicación que el Presidente Chávez hace del mundo popular, coexistiendo con problemas tales como problemas de autonomía de las instancias de participación que han sido promovidas, el reforzamiento del presidencialismo en detrimento del Estado con un nuevo centralismo lo que ha derivado en un empobrecimiento de la política y un escenario de polarización marcado por la aceptación incondicional o el rechazo a la figura de Hugo Chávez. Añade dicho editorial que la oposición ha tenido su responsabilidad en ello al no ofrecer una respuesta de fondo a los problemas que viven los sectores más pobres. Igualmente, precisa que la revolución económica todavía está pendiente. Es posible concluir que todavía hay una distancia entre el discurso y los hechos en el marco de un contexto de alta polarización, mantenimiento de los patrones económicos del anterior modelo rentista que no se ha podido o sabido superar en un contexto de creciente inseguridad.

López Maya (2007) citando a Carlos Eduardo Febres, reconoce que las Misiones tiene mucho de las políticas compensatorias y focalizadas del neoliberalismo pero han derivado en una dimensión simbólica sustantiva en términos de posibilitar la realización de la inclusión. 14

CAPÍTULO VII

Desarrollo y democracia en el caso del PAN de México

Eugenio Rivera Urrutia

Introducción.

El análisis de la visión del PAN sobre las relaciones entre democracia y desarrollo deben ser analizadas a partir de los siguientes datos contextuales. El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939. Opera en el marco de un sistema político que analizado en términos formales contiene los rasgos principales de un sistema democrático. No obstante, un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) heredero de la revolución mexicana ha logrado mantenerse en el poder por más de 70 años sobre la base de un modelo corporativista de canalización de intereses, un mecanismo institucionalizado de sucesión presidencial y una capacidad notable de adaptación a las nuevas circunstancias. En el contexto de un sistema político con fuertes rasgos antidemocráticos, el PAN insiste en desarrollar la oposición en los marcos del Estado de derecho, lo cual implicó luchar contra tendencias que en determinados momentos consideraron que ello no era suficiente para terminar con el predominio del PRI. De origen católico conservador, a partir de los años sesenta el PAN se inserta dentro de la corriente demócrata cristiana.

La revolución mexicana y el régimen del PRI.

La revolución mexicana es sin duda el fenómeno crucial del siglo XX en México. Resultado de múltiples causas sobre las cuales todavía debaten los historiadores; su alcance también es tema de discusión. Ai Camp, en su excelente libro “La política en México” sostiene que “la revolución introdujo cambios significativos, pero no alteró las estructuras sociales en la medida que se espera que lo haga una gran revolución social como la soviética y la China” (2000, p. 64). La revisión del pensamiento de los precursores del movimiento revolucionario permite identificar algunas líneas matrices de su significado. 9 Ricardo Flores Magón, defendió principios como los de la necesidad de establecer salarios mínimos y jornadas de trabajo máximas. Abogó, además por políticas de distribución de la tierra, la devolución de los ejidos y la obligación de explotar las haciendas. Importantes fueron también las demandas en materias políticas. Francisco Madero, insistió en la necesidad de terminar con la reelección, asegurar el sufragio efectivo y reformar la constitución de 1857. En su opinión, era también necesario un fuerte impulso a la educación. Francisco Villa, aún cuando carecía de ideología y programa nacionalizó sin mayores trámites las propiedades de los grandes terratenientes e instituyó un programa de educación primaria para todos. Un tema de alta relevancia fue la “mexicanización” un suerte de forma amplia de nacionalismo que entre otras cosas se traducía en la insistencia que los puestos de gerencia estuviesen ocupados por mexicanos y no extranjeros, aún cuando se tratase de inversiones foráneas. Más importante aún eran las disposiciones de que el 51% de la propiedad de las empresas debían estar en manos mexicanas. Este nacionalismo tuvo importantes repercusiones en el campo de la cultura y de las artes. Clave fue también la demanda por justicia social entendida como una mejor distribución de la renta nacional y la expansión de la educación pública. La revolución fue partidaria, también, de un Estado fuerte. Se continuó desarrollando la infraestructura administrativa impulsada durante el Porfiriato, pero además se pensó en un papel más amplio para Estado. En efecto, como señalan Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer la construcción del nuevo Estado incorporó “los primeros osados intentos de desarrollar el Estado como instrumento de acción y regulación económica, educativa y cultural”10 En este contexto, y como efecto de la política de mexicanización, fue que el Estado adquirió el control de los recursos del subsuelo, llegando con el tiempo a controlar la industria extractiva. Posteriormente esta política se traduciría en la nacionalización de las 9

Lo que sigue está basado fuertemente en Ai Camp (2000).

compañías de petróleo que a su vez llevaría más tarde a que el Estado controlara industrias como la de fertilizantes, teléfonos, aerolíneas, acero y cobre. La revolución implicó, además, un fuerte cambio en el personal político. El 72% de las figuras políticas, veteranos de las campañas era de origen obrero. Las relaciones con la iglesia sufrieron un cambio de inmensa importancia. La Constitución dispuso la eliminación de la religión en la educación primaria y la prohibición de que la iglesia poseyera bienes inmuebles. Se restringió la participación política del clero: religioso alguno podía, en cuanto sacerdote criticar las leyes mexicanas y tampoco votar. Se dividieron las grandes haciendas y se entregó a las poblaciones rurales el usufructo de las tierras en forma colectiva. La revolución legalizó las huelgas y la negociación colectiva. Se introdujeron algunas normas en materia de salarios y jornadas laborales e incluso la Constitución de 1917 mencionó la seguridad social que sin embargo no se introdujo sino hasta 1943. ¿En qué consistió el sistema político mexicano? Según Ai Camp, lo que distingue al sistema autoritario mexicano “es que permite un acceso mucho mayor al proceso de toma de decisiones y, lo que es más importante, que quienes las toman cambian con frecuencia” (2000, p. 26) Meyer refuerza esta idea al señalar: “ el sistema político mexicano permite un cierto limitado pluralismo político y un grado de institucionalidad más elevado que los regímenes autoritarios que hace una década dominaban el Cono Sur de América Latina” 11. Un segundo elemento relevante fue el corporativismo, esto es la forma como los grupos sociales se relacionan con el gobierno y el Estado; el proceso por el cual canalizan sus demandas y la forma en que el gobierno responde frente a ellas. Desde la administración de Lázaro Cárdenas, el Gobierno “tomó la iniciativa de fortalecer varios grupos, creando organizaciones sombrilla para alojarlas y para que presentaran sus demandas a través de ellas. El Gobierno se ubicó en posición ventajosa al representar varios grupos de interés, especialmente a los que tenían más probabilidades de apoyar puntos de vista opuestos” (p. 27). De esta forma, el Estado se constituyó en una suerte de árbitro oficial entre esos intereses. Como señala Ai Camp, la esencia de la relación corporativista es la reciprocidad política: “A cambio del reconocimiento oficial y la asociación oficial con el gobierno o con organizaciones controladas por el gobierno, esos grupos podían esperar alguna consideración de sus intereses por el Estado. También podían esperar que el Estado los protegiera de sus enemigos políticos naturales” De esta forma, sostiene Ai Camp, el Estado es la fuerza todopoderosa; se le hace posible manipular a los distintos grupos de forma tal que la dirigencia política tiene el control del proceso de toma de decisiones, y dentro de ella el Presidente juega el papel central. José Antonio Crespo (2000), enfatiza otros elementos que explican las razones por las cuales el “autoritarismo institucional” presenta una fuerza relativamente mayor: un partido de masas donde “ sus vasos comunicantes penetran en amplios sectores de la sociedad y hace las veces de un sistema nervioso que le permite captar las inquietudes y demandas de los ciudadanos” (p. 68) Se hizo así posible conciliar la participación de masas con un poder altamente concentrado, condición para preservar el autoritarismo a lo largo de décadas. El régimen priista, además, resolvió el problema del relevo pacífico de mandos, dentro del mismo grupo dominante sin poner en riesgo la hegemonía política del partido gobernante con la aplicación del principio de “no reelección”. Esto último permitió distinguir el gobierno de turno del régimen en su conjunto. Como señala Crespo, la renovación sexenal permitió refrescar su legitimidad o al menos reducir el desgaste.

Crisis económica, crisis del régimen y transición a la democracia.

En 1982, la crisis de la deuda mexicana desencadena una crisis de pago generalizada en América Latina. En México, tiene su manifestación más dramática en la nacionalización de la banca y la imposibilidad de un control de cambios en septiembre de ese año. 12 Los agudos desequilibrios fiscales acumulados a lo largo de la década del setenta y el déficit externo producto de la baja capacidad exportadora de la economía se constituyeron en las principales causas de la crisis. Este fenómeno inaugura un período de severos ajustes y transformaciones institucionales de enorme trascendencia. En diciembre de 1982, en plena emergencia económica, Miguel de la Madrid asume la Presidencia de la República. Entre los años 1983 y 1986, el gobierno se concentra en la corrección de los desequilibrios fiscales y externos para lo cual aplica una fuerte devaluación y una brusca contracción de la demanda. Ya en 1985 quedan en evidencia las limitaciones de la estabilización tradicional. Dichas limitaciones, la caída en los precios del petróleo y el fortalecimiento de las corrientes más conservadoras y ortodoxas al interior del gobierno provocan una reorientación de la política hacia la introducción de reformas institucionales de fondo, que incluye el congelamiento de las contrataciones y la desincorporación de 236 empresas públicas. Un segundo paquete de medidas busca terminar con el proteccionismo y avanzar en la liberalización comercial. Para Elizondo y Heredia, las reformas comerciales de julio de 1986 son fundamentales pues ellas constituyen “un duro golpe para el corazón político – administrativo

Citado por Ai Camp p. 69.

Citado por Ai Camp p. 26.

Lo que sigue se basa en Elizondo y Heredia (2000).

del régimen proteccionista… y porque por primera vez desde los años 30 la respuesta del gobierno frente a la crisis en la balanza comercial no fue la imposición de restricciones adicionales a las importaciones, sino, por el contrario, su disminución” (p. 172) La crisis obligó al gobierno a tomar importante iniciativas políticas. Dos fueron según Elizondo y Heredia las más importantes: se buscó en primer lugar recuperar la confianza y la lealtad de los grandes empresarios del país y, al mismo tiempo, desarticular la resistencia de los grupos sobre los cuales cayeron los principales costos de la crisis y en segundo lugar, se trató de mantener el apoyo de la clase política tradicional y de las élites corporativas articuladas en torno al PRI. En diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari asume el poder con el “compromiso explícito de acelerar, profundizar y consolidar el proceso de liberalización económica y de reforma del Estado” (Elizondo y Heredia, 2000, p. 177) De esa forma, se aceleró y profundizó la desincorporación de empresas estatales; creciendo tanto el tamaño promedio de las empresas privatizadas como los ingresos derivados de la venta. De esa forma, desde 1989 en adelante se privatizaron algunas de las empresas más grandes del país, incluido el sistema bancario nacionalizado. El gobierno perfeccionó el sistema tributario para reducir la evasión, buscó incentivar la inversión privada y no priorizó como en el pasado objetivos redistributivos. Clave fueron las políticas destinadas a desregular la actividad económica interna; se buscaba promover la competencia y reducir los costos de transacción. Estas reformas culminaron con el fortalecimiento de la autonomía del Banco de México y la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El modelo económico asociado al predominio histórico del PRI quedaba en el pasado. Existe consenso entre los analistas respecto a la existencia de una clara continuidad entre los gobiernos de De La Madrid y de Salinas de Gortari. No obstante, según Elizondo y Heredia, es posible identificar una diferencia fundamental respecto de los apoyos y alianzas: mientras el primero impulsó una política esencialmente defensiva; el segundo optó por una estrategia proactiva y ofensiva. En efecto, Salinas de Gortari, buscó regenerar los factores de poder yendo más allá del sistema constituido por el binomio gobierno – PRI, buscando consolidar una alianza con los grandes empresarios, la iglesia católica, una cooperación sin precedentes con el gobierno estadounidense y amplios acuerdos con el PAN. Por otra parte, buscó recuperar la base popular del régimen utilizando para ello el Programa Nacional de Solidaridad. En este sentido, afirman los autores “La reforma económica es, … no sólo un fin en si mismo; es también y de forma igualmente importante, un instrumento con el cual se busca reconstituir la vitalidad y capacidad del régimen, como consolidar el poder de un nuevo grupo” La crisis cambiaria de 1994, que inaugura la llamada “Crisis del Tequila” sumerge a México en una recesión profunda. Como señalan Elizondo y Heredia, “la crisis rompe el supuesto clave para la ampliación del bienestar para sectores cada vez mayores, que había permitido sustentar políticamente tanto la reforma económica como la política. Con ella la liberalización de la economía pierde el respaldo mayoritario que las elecciones de 1994 habían parecido evidenciar” (p. 185) Rompiendo con la tradición en que el Presidente saliente asumía los costos de los problemas que aquejaban al país, Salinas de Gortari los hereda al nuevo Presidente Ernesto Zedillo. El nuevo Presidente se ve obligado a postergar sus iniciativas programáticas y a concentrarse en el combate a una crisis de una magnitud mayor que las experimentadas en los años 80. La crisis económica y el fuerte aumento del apoyo político a los partidos opositores pusieron en serio riesgo la estabilidad del sistema. En ese contexto, se fue configurando un consenso en torno a la necesidad de introducir reformas políticas que terminaran definitivamente con los rasgos antidemocráticos del sistema. El fortalecimiento de la independencia del Instituto Federal Electoral (IFE), la designación de los magistrados del Tribunal electoral, el aumento sustancial del financiamiento público a los partidos y el ajuste de las fórmulas de representación permitieron, a partir de 1996, contar con un sistema efectivamente democrático que abriría el paso al fin de monopolio político del PRI y al acceso al gobierno del primer presidente panista. (Becerra y Woldenberg, 2000)

Algunos antecedentes históricos del PAN.

El PAN fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín importante funcionario del gobierno de Plutarco Elías Calles (1924 – 1928). Fue el principal redactor de la ley, estatutos y escritura constitutiva del Banco de México, elaboró la Ley General de Títulos y Créditos, trabajó en varias leyes bancarias y fue presidente del Consejo de Administración del Banco de México. Desde principios de los 30 se fue alejando de los grupos vinculados a los sucesivos gobiernos. Fue sin embargo, el gobierno de Lázaro Cárdenas el que lo llevó a fundar el partido. Se oponía a las políticas estatistas y populistas de ese gobierno. El PAN hizo una dura travesía por el desierto. 10 años después de su Fundación apenas alcanzaba el 3% de los asientos parlamentarios. Sólo en 1958, presentó, por primera vez un candidato presidencial. A partir de las reformas electorales de 1964 pudo incrementar su representación hasta cerca de un 10%. En forma lenta fue incrementando su relevancia hasta que en los años 80 superó el 20% de apoyo (Ai Camp, p. 259). El PAN nace rechazando la revolución, el liberalismo, el socialismo y la lucha de clases levantando en su lugar los valores del integrismo católico, la familia, la propiedad privada, la jerarquía y la solidaridad social. Al contrario de diversas organizaciones que se manifestaban violentamente contra el régimen, los métodos del PAN fueron los de la oposición legal. Sus principales apoyo fueron los católicos seglares

y la burguesía de Monterrey (Anna y otros, 2001, p.295) Sin embargo, la bandera ideológica del PAN varió a lo largo de los años. Mientras que en los primeros años se describían como conservadores, proempresariales y proeclesiásticos en los años sesenta había evolucionado hasta convertirse en la variante mexicana de la democracia cristiana. La cuestión de la estrategia contra el PRI se volvió a plantear en diversos momentos, oscilando entre operar dentro de las reglas políticas o buscar mecanismos más agresivos (Ai Camp, 259). En los 80 ingresaron nuevas camadas, denominados los neopanistas que trajeron consigo una posición ideológica más conservadora y que se aliaron con empresarios más combativos. Entre otras, desafiaron las reglas no escritas de la política mexicana, en particular la de que los industriales no debían participar en política.

Democracia y desarrollo en el pensamiento panista.

La transición a la democracia en México presenta particularidades que la distinguen de los casos de otros países de América Latina, Europa del Este y España. Destaca entre ellas el hecho que no deriva del colapso de régimen autoritario ni de la remoción o muerte de dictador, sino a través del sufragio. Tampoco obligó a la creación de un nuevo pacto fundacional entre todas las fuerzas políticas. Tuvo lugar más bien, como un cambio gradual, a través de un largo proceso de competencia electoral. (Sojo, 2006, pp. 31 – 32). Eduardo Sojo (2006) principal asesor en políticas públicas del Presidente Vicente Fox (2000 – 2006) considera con Amartya Sen que el evento más importante del siglo XX es el advenimiento de la democracia como la forma más aceptable de gobierno y el compromiso universal con ella, un producto del siglo indicado. En opinión de Sojo, la democracia lleva implícito dos adjetivos, liberal y representativa. Liberal porque se sustenta en un conjunto de derechos, libertades y obligaciones de los individuos y porque existen un conjunto de normas que protegen a los habitantes de los posibles abusos de sus gobernantes. Representativa, por otra parte, ya que encuentra sustento en un conglomerado de normas e instituciones que regulan y garantizan la participación política de los ciudadanos para elegir su gobierno. En su opinión, las democracias enfrentan retos y dilemas, aún cuando son de naturaleza diferente según sean consolidadas o de reciente creación. Las primeras, propias de los países desarrollados, enfrentan problemas relacionados con la diversidad cultural, la inmigración, la necesidad de integrar las demandas de los grupos ambientalistas, movimientos de mujeres y minorías que demandan más equidad. Deben además, dice Sojo, rediseñar sus estructuras económicas para enfrentar los problemas del creciente desempleo y la crisis del sistema de pensiones. Enfrentan además, el reto de encontrar mecanismos que permitan establecer una nueva relación entre ciudadanos y gobiernos. Los países en vías de desarrollo (de reciente democratización o redemocratización) deben buscar canalizar los nuevos derechos políticos y libertades inherentes al proceso democratizador en instituciones que fueron creadas para otros tiempos y en las cuales prevalecen fuertes componentes autoritarios ya que la democracia liberal y representativa supone la implementación de derechos civiles, políticos y sociales y la posibilidad de exigirlos. Un problema adicional es que los procesos democratizadores están acompañados por crecientes esperanzas y demandas para resolver los grandes problemas de desigualdad, pobreza y marginación que caracterizan a las sociedades en vías de desarrollo. Aún cuando “es evidente que la democracia no tiene el mandato imperativo de resolver todos los problemas económicos de una vez por todas. Sin embargo, las democracias nacientes deben demostrar eficacia en materia de crecimiento económico y empleo, de lo contrario su propia credibilidad y legitimidad, poco a poco se irá minando” (p. 23). La revolución de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) acentúa aún más este desafío, ya que los individuos no comparan su nivel de vida actual con el que tenían en el pasado, sino con el que tienen los que están mejores que él. Disponen de cada vez más medios para compararse con personas de otros países. El autor se involucra con el debate sobre la democracia. En tal sentido, señala que el término tiene diferentes acepciones, que se traducen en que la palabra se acompaña de diversos adjetivos como son los de social, política, participativa o delegativa. En este contexto, Sojo sostienen que esos conceptos entraña una cierta carga ideológica o conceptual que “refiere a procesos o metas que se pueden lograr a través de instituciones democráticas, más que a la esencia de la democracia misma” (p. 25) En tal sentido, el autor tiende a sostener que la democracia debería entenderse en un sentido mínimo, esto es como un sistema político que necesita una amplia participación y contiendas electorales diáfanas, libres y periódicas, para seleccionar a quienes gobiernen. Sojo llama la atención sobre el impacto negativo que ejercen los momentos críticos sobre los regímenes democráticos no consolidados. Al mismo tiempo llama la atención sobre el hecho que las crisis económicas internacionales han tenido efectos magnificados en países en donde la democracia, es débil incompleta o inexistente. Explica este aserto trayendo los ejemplos de los países asiáticos que presentaban los rasgos más autoritarios, como es el caso de Indonesia, Tailandia o Corea del Sur, donde se solían desarrollar prácticas financieras dudosas (bancos prestando grandes sumas de dinero sin tomar en cuenta los criterios técnicos “las relaciones personales y políticas entre el sector financiero y el gobierno no fueron la única causa de la crisis, pero sí un factor que contribuyó a acrecentarla. En palabras de Amartya Sen, esas experiencias demuestran “las penalidades de una gobernabilidad no democrática” (cit. Por Sojo, p. 30)

Democracia, políticas públicas y desarrollo.

La democracia abre a los ciudadanos la posibilidad de demandar mejores condiciones de vida y en tal sentido, a la demanda de ciudadanía se agrega la demanda de eficacia sobre el sistema político, el Estado y la economía. La democracia enfrenta la necesidad de ser capaz de responder a estas demandas. Para Sojo, es en consecuencia crucial “dotar a la democracia de políticas públicas eficaces y eficientes que devuelvan la esperanza a los grandes sectores de población desprotegida y marginada. Sólo en la medida en que la democracia sea efectiva en mejorar las condiciones materiales y sociales de millones de personas excluidas del desarrollo, habrá creado las condiciones necesarias y suficiente para su consolidación como un valor indiscutible” (p. 24) En este contexto, el autor destaca su concepción de las políticas públicas, esto es “acciones organizadas en torno a objetivos de interés colectivo” lo que requiere visualizar los público en un sentido amplio, que envuelve múltiples instancias de la sociedad civil y el gobierno y entender que de los que se trata es en esencia, “ de abrir espacios de participación de la sociedad y corregir tanto las fallas de mercado como las fallas de gobierno”. En el análisis del PAN, las políticas públicas adquieren un rol central en el fortalecimiento de la democracia. Clave sin embargo para alcanzar este resultado es la inclusión de la sociedad civil en la fase de planeación o de instrumentación de las políticas públicas ya que la existencia de espacios de expresión, información, discusión y evaluación de compromisos, fomenta una nueva relación entre la sociedad y el gobierno. “Esta nueva relación queda cimentada en principios de participación activa y comprometida que fomentan la corresponsabilidad …” (Sojo, p. 329). El incorporar a la ciudadanía a la formulación e implementación de las políticas públicas puede hacer más lento y complicado el procesos por los tiempos que marca el debate y la negociación. No obstante, eso inconvenientes “se compensan con ventajas como una mayor riqueza temática, realismo, mayores y mejores consensos y el compartir con los actores involucrados los éxitos, riesgos y también algunos fracasos…”(id. ppa 329 – 330)

Democracia, cohesión social y desarrollo.

Como hemos visto, el PAN insiste en que la democracia para consolidarse debe tener resultados para los más pobres. En tal sentido, la política social es un componente de primordial importancia en su propuesta política. En su análisis, el PAN se distancia del corporativismo que había caracterizado la política social en los gobiernos del PRI: “la historia de las políticas sociales en México, estuvo marcada por la tensión entre un marco legal que reconocía amplios derechos sociales y un esquema de acceso a los bienes públicos sustentado en mecanismos clientelares y corporativos”13. Para el Gobierno panista, políticas sociales organizadas bajo principios clientelísticos derivan en una noción incompleta de ciudadanía social caz de incluir tanto la dimensión de los derechos como la de responsabilidad. Elemento clave de la nueva política social fue la aprobación por unanimidad en enero del 2004 de la Ley de Desarrollo Social. Esta ley recoge y codifica una larga experiencia histórica en materia de derechos sociales y de políticas públicas encaminadas a hacer efectivo su ejercicio. Incluye reglas que acotan y especifican el rol del Estado, definen derechos y responsabilidades de los actores que participan en el campo de las políticas sociales, dibuja fronteras más claras entre el espacio público y los actores sociales y promueve la cooperación entre estos últimos (Sojo, 2006, p. 221) Para el panismo, la política social constituye un problema transversal que requiere la participación de múltiples actores del aparato público. De ahí que la ley mencionada, instituye el Sistema Nacional de Desarrollo Social “como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los sectores social y privado” (id.) La coordinación recae en la Secretaría de Desarrollo Social que a su vez cuenta con diversas instancias colegiadas de participación. También dispone que los organismos públicos deben garantizar el derecho de los beneficiarios y de la sociedad en general a participar de manera activa en todas las etapas de la política social (id. 222) En tal sentido, se contemplan varios canales de participación ciudadana, entre los cuales destacan, el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, que tiene como objetivo proponer programa y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social y más en general, la promoción de una democracia formada por ciudadanos atentos a lo que ocurre en la arena pública, respetuosos de las diferencias y responsables en cuanto 13

La crítica la modelo priista es fuerte: “ La naturaleza básica del clientelismo es el intercambio de favores entre actores con desigual poder. Asimismo este mecanismo facilita la obtención de apoyo político. El clientelismo mostró una gran versatilidad para acomodarse a las distintas coyunturas históricas. Así, distintos tipo de redes clientelares se sucedieron en el control del acceso a los servicios sociales públicos. El clientelismo segmentó el acceso a los bienes públicos y, en ese sentido, operó como un mecanismo de exclusión y reproducción del rezago social y la pobreza” (Sojo, 2006, p. 219) 19

al ejercicio de sus derechos y obligaciones (id. p. 222 - 223) Es así como, sostiene Sojo, “la ley… se propone romper con la histórica escisión entre derechos y responsabilidades. La noción de corresponsabilidad convoca a los ciudadanos a asumir una actitud activa frente a las políticas sociales y ante las condiciones sociales que afectan su bienestar” (id. p. 222)

CAPÍTULO VIII

El MAS y Bolivia: Puntualizaciones históricas sobre la democracia y el desarrollo Sergio Molina Monasterio 1.

Las primeras ideas democráticas.

La idea de la democracia llegó a Bolivia con los ejércitos extranjeros que ayudaron al país a independizarse de la Corona española. Los “argentinos”, primero, y los “colombianos”, después, predicaron la liberación de España para seguir el camino de otras metrópolis europeas, a fin de obtener también, en estas tierras, la modernidad capitalista y un gobierno de tipo republicano. El modelo de los primeros era Gran Bretaña; el de los segundos, Francia. Estas ideas se expresaron en la primera Constitución boliviana, redactada y aplicada por el presidente José Antonio de Sucre. Dicha Constitución separa al Estado de la Iglesia e intenta incorporar a los indígenas a la sociedad mediante la eliminación de las medidas de protección y sometimiento que se les aplicaba durante la Colonia. El símbolo de tal propósito fue la suspensión del tributo indígena. La sociedad boliviana temprana no estaba preparada para este tipo de reformas. Sucre fue resistido y fue echado del país, con el apoyo de otras élites sudamericanas igualmente preocupadas por su liberalismo; pero también para alivio de los indígenas, que de buen grado siguieron el tributo indígena que les garantizaba la seguridad de su vida tradicional. En las leyes quedaron el gobierno republicano y la democracia, pero en gran parte como una hipocresía, como dice Octavio Paz, es decir, un arreglo de conveniencia que, dada la imposibilidad de adoptar otras formas de gobierno como la monárquica o la aristocrática, permitía cierta movilidad de las élites y, además, desarmaba la contestación de los incipientes grupos liberales. En los hechos no había posibilidad para la democracia política, puesto que durante el siglo XIX: a) faltaba el espíritu republicano: la elite no creía más que en el tutelaje de una oligarquía ilustrada (que cada facción creía encarnar), y consideraba que los demás ciudadanos no estaban capacitados para gobernar; b) el único actor político era el Estado, conformado por los empleados públicos y un abultado ejército que se desarrolló a partir de las tropas nacionales empleadas en la guerra de Independencia; c) la mayoría de la población se hallaba fuera del circuito económico, anclada en la agricultura de supervivencia, y perduraban los privilegios de nacimiento, con lo que una parte de la población debía servir al grupo dominante. Como resultado de todo esto, hasta fines del siglo XIX, lo predominante fue el cesarismo militar, por medio del cual cada uno de los grupos dominantes imponía su tutelaje sobre la sociedad. 2.

El proyecto republicano.

En este contexto, el desarrollo de un proyecto republicano (a partir de la superación del caudillismo militar, de la crítica del concepto del tutelaje, es decir, del gobierno de “los mejores” que anula la participación de los demás ciudadanos, del respeto del voto, de la representación y división de poderes), se convirtió, desde 1880 hasta la tercera década del siglo XX, en el gran objetivo de la modernización boliviana. Tanto el Partido Conservador, clerical, y el Partido Liberal, positivista, que buscaban un republicanismo aristocratizante, como, después, el Partido Republicano, que hacía hincapié en el lado democrático del republicanismo; cada uno a su manera, intentaron sentar las bases políticas e institucionales de la democracia nacional. La democracia que construyeron, sin embargo, aunque arrebató a los césares del siglo XIX la exclusividad del derecho de gobernar que, aprovechando su dominio sobre el ejército, se habían atribuido, no logró erradicar del todo las revoluciones (las hubo en 1899 y 1920,

para permitir el ascenso de los liberales, primero, y de los republicanos, después); ni tampoco garantizar el sufragio libre de los ciudadanos. No sólo porque siempre hay una distancia entre los deseos y los hechos. También porque, debido al escaso desarrollo del país, la élite dependía en exceso del Estado (en la obtención de sus rentas) como para aceptar fácilmente la pérdida de su control. Y porque la exclusión indígena ralentizaba la aparición de una clase media urbana y rural. La crítica a este proyecto se agudizó durante las primeras décadas del siglo XX a causa de eventos como el triunfo del comunismo y el fascismo en Europa, la Gran Depresión, el keynesianismo y, en Bolivia, por la organización de los primeros partidos marxistas y el desarrollo del nacionalismo, que adquirió cuerpo dentro o cerca del Partido Republicano y que obtuvo un primer y desastroso resultado en la Guerra del Chaco (1932-1935). Esta crítica se hizo en nombre de valores propiamente democráticos (la libertad, la igualdad políticas), así como en nombre de valores propios de otros ámbitos (la libertad, la igualdad económicas). En el primer ámbito, el democrático, se combatió las restricciones del régimen electoral, cerrado para los indígenas y, parcialmente, para las mujeres, al mismo tiempo que su corrupción. La consigna que articuló esta lucha fue la del “voto universal”. En el segundo ámbito, el estructural, se dictaminó que el proyecto republicano había fracasado, pues sus resultados económicos y sociales eran magros: El país vivía de la minería, pero las ganancias de esta industria salían al extranjero o enriquecían a la clase propietaria, sin favorecer al Estado ni impulsar un proceso de diversificación económica. La crítica a la democracia, desde los años treinta y cuarenta se caracteriza por tres elementos que siguen vigentes hasta nuestros días: a) exige una ampliación del “demos”, es decir, de los ciudadanos con derechos políticos; b) demanda a la democracia el cumplimiento de objetivos que no están asociados a los valores democráticos sino a otros de diferente índole; c) y por esto se articula, aunque no sin diferencias y contradicciones, con la crítica a lo liberal de la sociedad, o crítica anticapitalista. Por eso usa los argumentos leninistas contra la “democracia burguesa”, por ejemplo, pero no se adhiere completamente a ellos. 3.

El nacionalismo.

El primer partido que encarnó este tipo de crítica al proyecto republicano precedente, tanto en su aspecto democrático como antiliberal, fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que triunfó en la Revolución Nacional de 1952, y dio origen a un régimen igualmente combinado, a la vez antiliberal (estatizó la minería, acabó con las haciendas, incorporó a los sindicatos al poder) y democrático (eliminó los restos de servidumbre, incluyó a los indígenas en el voto, difundió una educación igualitaria, estableció una nueva y más extensa institucionalidad democrática). En los años 60, la debacle del MNR dio lugar a dos corrientes opuestas, cada una de las cuales hacía hincapié en uno de los dos elementos ideológicos de la Revolución Nacional. Por un lado, el nacionalismo de derecha, desarrollista, que encarnaron los gobiernos militares de los 60 y 70, que se adaptaba perfectamente al “modelo de acumulación” rentista; también era antiliberal (inclusive en la utilización de los sindicatos) y en cambio rechazaba enérgicamente el aspecto democrático de la Revolución. Aunque organizó algunas elecciones y mantuvo una retórica republicana, en los hechos resucitó el cesarismo del siglo anterior. Con el apoyo de los Estados Unidos, estableció un poder fuerte que, siguiendo las recetas industrialistas intentaba desarrollar al país. La expresión más cruda de esta tendencia la constituyó el gobierno dictatorial del General Hugo Banzer (1971-1978). La segunda línea fue el nacionalismo de izquierda, llamada también “izquierda nacional”, apoyada por las diferentes alas del partido comunista (menos la cubana). Su deseo era rescatar las banderas democráticas y antiimperialistas que había arriado el nacionalismo de los cuarenta. Para esta corriente, que se basaba en la “teoría de la dependencia”, el subdesarrollo de Bolivia no era la suma de las carencias que diferenciaban al país de las metrópolis, sino el resultado directo de la existencia y el éxito económico de las metrópolis, las cuales explotaban al país. Ergo, una parte de la lucha antiimperialista exigía apartar a la oligarquía local, apoyar a los sectores burgueses auténticamente nacionales (algo en lo que había fallado la Revolución, que en lugar de constituir una burguesía capitalista autónoma había restituido la oligarquía dependiente del extranjero de antes de 1952) y empujar a los militares progresistas en el poder, como una vía hacia la democracia.

En una palabra, la izquierda nacional intentaba volver al centrismo ideológico que es la ideología “natural” de la sociedad boliviana, devolviéndole el carácter democrático y endógeno al capitalismo de Estado heredado de la Revolución Nacional. Los sectores marxistas suponían que así se acercaba de forma progresiva, y por tanto realista, a una futura sociedad socialista. A fines de los 60, sin embargo, una facción de la izquierda procuró zafarse de la ideología nacionalista, de la visión de la revolución como una sucesión de dos etapas y romper, entonces, con el ya mencionado centrismo ideológico. Esta facción, constituida por el guevarismo, se sumó al trotskismo en la formulación de la línea abiertamente revolucionaria y antidemocrática del pensamiento boliviano, con un apoyo político mayor, aunque igualmente circunscrito a los sectores medios radicalizados. Paradójicamente, el guevarismo y el trotskismo combatieron a la “moderada” izquierda nacional, que en esa época había logrado colocar en el gobierno a dos militares que le eran favorables: los Generales Alfredo Ovando y Juan José Torres, que gobernaron, sucesivamente, de 1969 a 1971. Con ello la extrema izquierda contribuyó al triunfo de Hugo Banzer, la expresión más conspicua del nacionalismo de derecha. Este yerro anuló a la izquierda antidemocrática. En 1982, en cambio, la izquierda moderada o “nacional”, organizada en la Unión Democrática Popular (UDP), reconquistó la democracia y cortó 11 años de nacionalismo militar. Al mismo tiempo, intentó continuar con el capitalismo de Estado, pero se produjo una crisis económica sin precedentes, que hundió a la izquierda nacional y, con ella, al nacionalismo en general. 4.

El neoliberalismo.

En 1985, una nueva opción apareció en el escenario. Desde la Revolución Nacional, el proyecto republicano sólo había perdurado, y de forma conflictiva, en el nacionalismo de izquierda. A lo largo de los años había adquirido un sentido acusadamente popular. En 1985, sin embargo, cambia de signo y, después de medio siglo, vuelve a aparecer en su versión aristocratizante. El país demanda orden dentro de la democracia. El republicanismo aristocratizante lleva en ese momento el nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada; curiosamente, militaba en el MNR, es decir, el mismo partido que liquidó el proyecto republicano conservador-liberal. Este proyecto político usa los siguientes quince años para echar abajo el capitalismo de Estado, desmantelar parcialmente el patrón de enriquecimiento rentista y establecer reglas (neo)liberales para la economía, además que funda una democracia basado en los pactos o democracia pactada (la necesidad de acordar con la oposición para elegir al Presidente en el sistema de representación indirecta boliviano). El proyecto neoliberal no alcanzó su propósito de extender el capitalismo y desarrollar al país. Así, junto con este siglo, comenzó una etapa de confrontación entre las clases trabajadoras y los gobiernos democráticos. Dos grandes luchas sociales se produjeron en abril y septiembre del año 2000 y lograron importantes concesiones de parte del gobierno por primera vez en una década y media, desde que el fracaso del gobierno de la UDP (y, después, la caída del muro de Berlín) silenciaran y dispersaran a la vieja izquierda nacional. Esta ola se explica en primer lugar por la sensación de estancamiento que la crisis económica finisecular provocó en los pobres, que, entre 1999 y 2002, llegaron a la conclusión de que sus hijos serían tan o más necesitados que ellos. Al mismo tiempo, las empresas transnacionales traídas al país por el neoliberalismo descubrían grandes reservas de gas natural. Ambos fenómenos restauraron la apetencia por un Estado nacionalista concentrado en la redistribución de las rentas de los recursos naturales. 5.

La nueva izquierda.

Simultáneamente, los intelectuales de izquierda vieron estos acontecimientos como el síntoma y, al mismo tiempo, la causa del fin del “modelo neoliberal”. Así, junto con el levantamiento popular antiliberal surgió la “nueva izquierda” boliviana. No se trataba de un partido homogéneo, sino de un archipiélago de grupos unificados por objetivos y actitudes comunes, que se diferenciaba de la izquierda tradicional por su mayor flexibilidad organizativa, política e ideológica, y por poseer una nueva confianza respecto a la certeza de sus posiciones.

La nueva izquierda inauguraba un hecho inédito en Latinoamérica: la conjunción de movimientos marxistas e indigenistas (que tradicionalmente habían estado enfrentados) y, en el caso de los primeros, el desplazamiento de la vanguardia del proceso del proletariado y la clase media a manos de los movimientos indígenas y campesinos. El archipiélago de la nueva izquierda boliviana estaba compuesto por las organizaciones corporativas antiguas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia, y otras de reciente creación. Todas ellas afiliadas o en relación por el recién creado Movimiento al Socialismo de Evo Morales. También se incluían las organizaciones no gubernamentales e intelectuales de diverso origen, entre los cuales se distinguían, por la extensión de su obra y su influencia en la opinión pública, los reunidos en el grupo denominado Comuna, de donde salió Álvaro García Linera, candidato vicepresidencial del MAS en 2005. Las ideas de estos grupos en esencia consistían en una reformulación de las principales ideas del nacionalismo revolucionario desde una matriz indígena. La línea de continuidad entre el proceso actual y el nacionalismo revolucionario es evidente: el intento de apropiación de los excedentes para su uso desde el Estado en un sentido desarrollista, pero simultáneamente, un proceso radical de participación popular y de ampliación del demos (a favor de los indígenas). Ahora bien, la nueva izquierda señala que en las circunstancias actuales, la democracia es la única vía posible para la transformación antiliberal de la sociedad boliviana, como dice Álvaro García Linera: “Es evidente que hoy en América Latina todo gobierno tiene que legitimarse electoralmente, pero además, la democracia vista ayer como libertades y derechos políticos, y ahora como distribución de riqueza y derechos colectivos de pueblos indígenas, es por historia, memoria y definición la plataforma de realización política de las conquistas sociales. No se debe olvidar que incluso la revolución de 1952, para realizarse, previamente contó con la legitimación electoral victoriosa de un programa de cambios estructurales reivindicado por el MNR en las elecciones de 1951, y los que desechan la vía electoral como un medio de acumulación política a nombre de una salida insurreccional, nunca han pasado del griterío verbal para la efectivización de tal insurrección.”14

Cuando García Linera dice que la democracia “es por historia, memoria y definición la plataforma de realización política de las conquistas sociales”, significativamente deja de lado la “plataforma” de la revolución, preferida por el marxismo para lograr la “distribución de riqueza y [los] derechos colectivos”. Y añade que incluso la Revolución de 1952 requirió una “legitimación electoral victoriosa (previa)”, legitimación que también necesita, en su opinión, cualquier gobierno de América latina. Pero la crítica a la democracia existente también se enuncia en función de valores de un ámbito distinto al democrático, como el nivel de igualdad socioeconómica logrado. Se considera entonces que los procedimientos e instituciones democráticos fueron monopolizados por una “aristocracia” de representantes, que sustituyó la verdadera voluntad popular, y esto hizo posible un dominio tan prolongado del neoliberalismo; con éste, la desigualdad se enseñoreó de la sociedad. La democracia lo es en la medida en que puede garantizar la adquisición por parte de la población de los medios necesarios para ejercer la igualdad política, es decir, en la medida en que le da una base real a la libertad.

En Horizontes y límites del Estado y el poder, pág. 71. García Linera ocupa una posición de apoyo a la democracia después de llegar al poder; antes su crítica a ésta era más parecida a la del leninismo. 24

Las posiciones ideológicas del MAS y su visión sobre la democracia

Un análisis de los principales discursos del actual presidente de la República, Evo Morales, permite inferir una determinada visión del mundo. Morales piensa la política como un espacio de enfrentamiento y atribuye a cada bando determinados valores y símbolos, que se hallan en oposición:

Cuadro nº 6 Diferencias entre el MAS y la oposición El MAS Filosofía del “Vivir bien” Distribución la riqueza (sociedad justa) Nacionalización Estado Igualdad Pobres, oprimidos Sufrimiento (lucha cocalera) Identidad (popular-indígena) Reserva moral Cultura del diálogo Organización nueva Comunitarismo Transformación Patriotismo Conservación de los recursos

La oposición Injusticia Acaparamiento (neoliberalismo) Privatización Transnacionales Desigualdad Ricos, opresores Represión, abuso Extranjerización Corrupción Pactos clientelistas Organización tradicional Individualismo Prebendalismo Antipatriotismo Saqueo de los recursos

Fuente: La revolución democrática y cultural – Diez discursos de Evo Morales

Como puede verse, ninguna de las posiciones antagonistas que aparecen recurrentemente en el discurso de Morales se refiere explícitamente a la democracia. Este concepto no forma parte del discurso tradicional del líder del MAS (así como tampoco conceptos como inclusión, estado de bienestar, cohesión social, etc.). Sin embargo, puede colegirse que en su concepción opera una oposición que tendría el siguiente sentido: Democracia comunitaria

Democracia neoliberal

Este contraste orientó la crítica del MAS —desde su nacimiento entre 1992 y 1995, hasta 2005— a los procedimientos e instituciones de la democracia de entonces que el MAS consideraba: -

No principistas; pues anteponían el pacto en busca de intereses y posiciones en el aparato estatal, a la voluntad popular. Tradicionalistas, es decir, puramente crematísticos. Subordinados a los poderes extranjeros: las trasnacionales, los Estados Unidos y las élites económicas. Inferiores, porque el voto es una forma imperfecta de conformación de la representación política, respecto a la participación directa por medio de asambleas, cabildos, organizaciones sociales y empleo de los “usos y costumbres” de los pueblos indígenas. Ineficientes para lograr la equidad socio-económica de los habitantes, así como para desarrollar el país y castigar la corrupción de las autoridades. Incapaces de ofrecer derechos socioeconómicos, además de los derechos personales, civiles y políticos, a los bolivianos.

Por otra parte, en los inicios del MAS, Álvaro García Linera, que todavía no formaba parte de ese partido, teorizó y sofisticó estas críticas a la democracia en una abundante obra bibliográfica publicada en colaboración con el mencionado grupo Comuna. Conglomerado que como se verá fue morigerando su posición en la medida en que se acercaba a posiciones de mayor responsabilidad y, finalmente, cuando participa en el gobierno. Comuna imaginaba la democracia como un medio de reducción de las desigualdades económicas y sociales; en tanto que, como se sabe, la concepción liberal pretende solamente que la democracia ponga en competencia y alternancia la diversidad de ideas y fuerzas políticas. Dice uno de los miembros de este grupo, Raúl Prada: La democracia [es] para el pueblo su conquista y por eso [es] tomada como el instrumento que debe garantizar sus libertades y la satisfacción de las demandas sociales, en tanto que para la derecha la democracia viene a ser lo constituido, las reglas de juego, el monopolio de la palabra y el manejo de las leyes15. Por esta razón, no puede haber verdadera democracia en un contexto neoliberal. Dice Prada: “Somos ciudadanos, es decir, seres humanos libres, en la medida en que recuperamos nuestros recursos naturales y repartimos la tierra a los campesinos…” 16. De la misma manera, en el prólogo de autoría colectiva de uno de los readers de Comuna, Democratizaciones plebeyas, se señala que en las décadas neoliberales, al haberse “desorganizado todas las bases de articulación de una economía nacional… se ha desorganizado las condiciones de posibilidad de la democracia”. En otras palabras, para Comuna, la democracia y el nacionalismo económico, o la democracia y el estatismo redistribuidor, se hallan unidos por un lazo irrompible. Por eso no acepta que los años de liberalización económica que comenzaron en 1985 sean democráticos, y los considera años de imposición de los designios de terceros por sobre la voluntad de la sociedad boliviana. Comuna concluye que un gobierno popular, autónomo respecto de las potencias, capaz de reorganizar la economía nacional, reconstituir el espacio público y repartir equitativamente los bienes nacionales entre todos los habitantes, aunque al mismo tiempo no respetara los procedimientos representativos, sería deseable y podría considerarse una expresión de verdadera democracia. Dice García Linera: “Puede haber gobiernos democráticos sin necesidad de régimen electoral, en la medida en que se amplían las prerrogativas públicas de las personas, como el caso del gobierno [del General Juan José] Torres…” 17. Como se ve, esta concepción, al atribuir a la democracia el objetivo de producir una sociedad igualitaria, puede llevar a tratar de canjear la imperfecta democracia liberal por una “revolución” (proletaria o popular) que clausure las instituciones liberales que constituyen la democracia, pero que sea igualitarista en todos sus actos de gobierno, dando nacimiento a una sociedad próspera y justa. Como se sabe, para el liberalismo, en cambio, la democracia debe reducirse exclusivamente al ámbito político. La satisfacción de las necesidades de alimentación, vestido y casa, enseñanza y salud, aunque puede determinar la actividad política de cada individuo en particular (puesto que, por ejemplo, la ignorancia obstaculiza la práctica electoral), no determina ni califica al régimen político democrático, ya que éste es formal, no eficientista, y por tanto en él los hombres ya son iguales (iguales formalmente, ante la ley) como condición previa para el ejercicio de su libertad. Para Comuna, el ejercicio de la libertad debe estar orientado a lograr la igualdad. Por tanto, no debe detenerse en los “derechos”, es decir, en aquellas libertades que están reconocidas legalmente. En lugar de eso, deben “experimentarse” otras libertades lejos del “centro político del Estado y las rutinas políticas de las elecciones, la administración estatal y el ejecutivo…”, en los “bordes de la política” 18.

Raúl Prada, “Multitud y contrapoder” en en VV.AA., Democratizaciones plebeyas, La Paz, Comuna/Muela del Diablo Editores, 2002. Las cursivas son nuestras. 16

Pág. 119. Las cursivas son nuestras.

“¿Qué es la democracia?”, en VV.AA., Pluriverso – Teoría política boliviana, La Paz, Comuna/Muela del Diablo Editores, 2001, Pág. 103. Luis Tapia, La velocidad del pluralismo, La Paz, Comuna/Muela del Diablo Editores, 2002

Lo cual parecería contraponerse con conceptos como el de gobernabilidad o la búsqueda estatal de cohesión social: “Los compromisos por la estabilidad no son los momentos democráticos… Somos democráticos sobre todo cuando estamos en la condición de innovación política contra las desigualdades”19. Comuna no es reformista, sino revolucionaria y holista. Por eso, para estos pensadores los procesos más democráticos ocurren “cuando se discute la forma de la sociedad”, cuando se problematiza y critica “los momentos constitutivos” de los Estados modernos: Los derechos de propiedad están reconocidos en el momento constitutivo de los Estados modernos. Estos se fundan con el reconocimiento de la desigualdad socio-económica existente… La querella de las desigualdades [la democracia] se vuelve a plantear para problematizar y criticar esos momentos constitutivos.20 Para la nueva izquierda el pluralismo liberal, que consiste en la libre discusión de reformas que no afectan el núcleo del orden social, es decir, que no afectan la propiedad, es “trivial”. 21 En suma, nos situamos frente a dos tipos de democracias distintas e incluso enfrentadas: La una lucha por la igualdad y la otra defiende la desigualdad. Una es innovación y, aún más, transformación holística o totalizadora de la sociedad; otra es intento vano de detener el tiempo y su inevitable resultado, el cambio. La una es ejercicio de las libertades incluso fuera de la ley, la otra se circunscribe a los derechos concedidos por la ley. Una, la democratización o revolución en democracia, tiene la fuerza de lo que nace, la otra, la democracia mínima procedimental, se debilita y languidece. La primera causa inestabilidad y conflicto, la segunda trata de evitarlo. La una es verdadera democracia, el momento de “la participación y deliberación”; la otra en cambio es solamente un simulacro” 22 Tanto Comuna como el MAS consideraban que la única forma de lograr que la democracia fuera una vía hacia la igualdad consistía en prescindir de la representación y de las instituciones de mediación, que terminaban sepultando la voluntad popular, privilegiando a los intereses trasnacionales, subordinándose al neoliberalismo, etc. En lugar de esta aristocracia y de sus hábitos burocráticos planteaban, a lo Rousseau, el poder directo del pueblo a través de nuevas instituciones de deliberación y participación sacadas de la experiencia de las luchas sociales. “[Se debe] revertir la representación que sustituye, delega y, en fin, excluye, por procesos de creciente y extensa autorepresentación y presentación o presencia en la política…” 23 Sin embargo, hay que destacar que estas ideas han sufrido una inflexión desde el momento en el que el MAS, con el apoyo de Comuna y la candidatura de García Linera a la Vicepresidencia, logró éxito. Desde 2005, con la nueva actitud ya señalada, García Linera y los demás líderes del Gobierno, empezando por Evo Morales, redujeron sus aspiraciones de una democracia “directa”. Las concesiones más importantes se realizaron en la negociación final del proyecto constitucional oficialista, que consiguió el apoyo de una parte de la oposición, en octubre de 2008.

La velocidad del pluralismo, Pág. 44.

Pag. 67

Pag. 69.

Pag. 40 y 54.

Luis Tapia, La conquista de la democracia: consigna de la plebe en tiempos modernos, 1999.

El siguiente cuadro muestra la dirección de las concesiones gubernamentales en materia democrática:

Cuadro nº 7 Características de los ajustes del proyecto constitucional Área

Democracia

Régimen político

Principales ajustados

artículos

Características de los ajustes del proyecto constitucional

7, 12, 26, 108, 242

Se señala que la participación de los ciudadanos en los órganos democráticos es delegada, así como directa. Se prohíbe que los poderes del Estado se reúnan en un solo órgano. Se anuncia que la democracia comunitaria rige en las zonas en las que se practica y será supervisada por el órgano electoral. La veracidad y la responsabilidad de los medios de comunicación sólo serán autorreguladas. Las organizaciones del control social participarán en el diseño y no en la toma de las decisiones públicas.

160, 161, 170, 180, 183, 198, 200, 212

Se crea la Asamblea Plurinacional Legislativa, compuesta por dos cámaras. En la Cámara de Diputados se combina el sistema de mayorías y minorías –o uninominal con la representación proporcional de las fuerzas políticas. La Asamblea Plurinacional designará a los responsables de otros órganos del Estado por dos tercios de votos. En la Asamblea Plurinacional se originarán las candidaturas para los órganos judiciales. Se regula el procedimiento de aprobación de leyes. Se incorpora al presidente del Senado en la línea de sucesión presidencial.

En resumen, muy poco de las primeras ideas maximalistas de Evo Morales y Comuna ha tenido una realización práctica. Por el contrario, el triunfo electoral del MAS en 2005 ha producido un reflorecimiento de los métodos representativos de gobierno, gracias a la enorme popularidad del presidente Morales y su capacidad para movilizar al electorado. No puede negarse, sin embargo, que la visión oficial de la democracia como instrumento de cambio social que debe responder directamente a la voluntad popular ha producido un proceso de desinstitucionalización del Estado democrático, e incluso el fin de aquellas de sus instancias destinadas al control y la disminución del poder. La democracia representativa sigue siendo la base del régimen, pero está lejos de su mejor momento. En otras palabras, la crítica a la democracia representativa, así como el intento de sustituirla por formas directas de participación, continúan, aunque atenuados y ahora se producen como procesos inmanentes del Estado democrático.

CAPÍTULO IX Democracia y desarrollo en el caso del PT de Brasil

Eugenio Rivera Urrutia

Reseña histórica de Brasil.

Luego de una serie de gobiernos reformistas, llega al poder una seguidilla de gobiernos militares que mantienen el control sobre el país entre los años 1964 – 1985. Se trata de un movimiento institucional de las FFAA; que genera un mecanismo de sucesión cada 4 años. Son gobiernos altamente represivos que, sin embargo, desde los años setenta permiten la existencia de un partido oficial “Arena” y un partido de oposición MDB24 donde encuentran espacio diferentes sectores del panorama político brasileño, entre los cuales destaca Fernando Henrique Cardoso. Al contrario de otras experiencias en América Latina, en el caso de Brasil, los gobiernos militares impulsan una política desarrollista, donde el sector público asume un papel central y donde las empresas públicas asumen un rol protagónica en el crecimiento económico del país. En 1985, culmina la apertura democrática con el triunfo de la oposición dirigida por el antiguo político Tancredo Neves, falleciendo éste, sin embargo, poco antes de asumir el cargo. Es sucedido por José Sarney. En las elecciones de 1989 aparece con fuerza la candidatura de José Lula da Silva, máximo dirigente del Partido de los Trabajadores. No obstante, la elección es ganada por Fernando Collor de Mello que inicia un programa de liberalización y privatizaciones. Problemas de corrupción llevan a su destitución. En su reemplazo asume Itamar Franco quien nombra ministro de relaciones exteriores a Fernando Cardoso quien luego asumiría el Ministerio de Hacienda. Permanece en este ministerio entre mayo del 93 y abril del 94, con el encargo de introducir un programa de estabilización que logre detener la grave crisis económica que afectaba al país. El éxito del Plan Real, catapultó a Cardoso a la Presidencia de la República siendo elegido en la primera vuelta en octubre de 1994.

Los gobiernos de Cardoso.

Fernando Henrique Cardoso asume el gobierno con el apoyo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el apoyo de dos partidos vinculados con la derecha, el Partido del Frente Liberal (PFL) y del Partido Laborista Brasileño (PTB). En el contexto de una economía relativamente estabilizada, la nueva coalición de gobierno se propone impulsar una serie de reformas. La profundidad del proceso queda en evidencia al considerar, que las distintas iniciativas son precedidas por importante reformas constitucionales 25. 24

A partir de 1986, en el contexto del proceso de democratización este partido cambia de nombre por el de PMDB. Posteriormente, Fernando Cardoso abandonaría dicho partido para formar el PSDB. En efecto, luego de varios meses de desencuentros con Sarney y Guimarães, el 25 de junio de 1988 Cardoso, André Franco Montoro, Mário Covas, Tasso Jereissati, José Serra y otros destacados representantes populares del PMDB pusieron en marcha el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que recibió la adhesión inmediata de 48 congresistas. El PSDB se configuró como un partido animado por intelectuales formados en el pensamiento marxista y empresarios, sobre todo del área metropolitana de São Paulo, partidarios de una economía de mercado socialmente orientada y, por tanto, alternativa al modelo liberal aplicado por el Gobierno Sarney con resultados muy poco convincentes (Ver biografía oficial de FHC, http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/fernando_cardoso

Se abolió la distinción entre empresa brasileña y empresa de capital nacional; se eliminaron las reservas de mercado sobre el gas natural, se permitió la participación del sector privado en las telecomunicaciones; se retiró a PETROBRAS la ejecución exclusiva del monopolio sobre el petróleo. Se aprobó también el Fondo Social de Emergencia, que elevaba la parte variable del presupuesto público que quedaba a discreción del Ejecutivo, elevándose así el margen de maniobras del Gobierno para reasignar o reducir los gasto públicos (Pehna Cysne, 2000) 29

El proceso de privatizaciones se inició ya en el año 1981, todavía bajo el gobierno militar. En una primera fase, se privatizaron 39 empresas en su mayoría pequeñas y que se habían estatizado por haber encontrado en situación de falencia económica. El proceso empezó, sin embargo, a tomar fuerza entre los años 1990 y 1992 en que se privatizaron 18 empresas del sector siderúrgico, petroquímico y fertilizante por un valor de 5,4 mil millones de dólares. Posteriormente, en una segunda fase se siguió enajenando empresas de los mismos sectores alcanzándose a vender otras 15 empresas por un valor total de US$ 6,5 mil millones. Bajo el gobierno de FHC, la privatización alcanza a los servicios públicos vendiéndose primero 19 empresas entre los años 1996 y 1997 por un total de US$ 6,3 mil millones El proceso continuo incluyendo otras empresas en manos del gobierno federal así como estaduales. El proceso de privatizaciones estuvo acompañado por reformas financieras, reformas al sistema previsional y una amplia reforma administrativa. ¿Cuáles son las características principales de los dos gobiernos de Cardoso? Si se analiza la gestión gubernamental en ambas administraciones llaman la atención varios elementos relevantes para nuestra discusión. Cardoso y su partido forma parte de la oposición permitida al régimen militar. Importante referente intelectual de la teoría de la dependencia presenta una evolución ideológica que denota varias similitudes con lo que sería la Concertación de Partidos por la Democracia. Existe una crítica a la alta participación del Estado en la producción. De hecho, y quizás marcando diferencias con el caso chileno, el proceso de privatizaciones adquirió fuerza luego del fin de los regímenes militares y en particular bajo el gobierno de Cardoso 26. Aparece como bastante fuerte la percepción de que las empresas públicas no estaban en condiciones de competir adecuadamente con las empresas privadas. Se esperaba, que con la privatización se lograría un incremento de la productividad general de los factores. A diferencia, sin embargo, de los grupos neoliberales, el gobierno de Cardoso pone mucho énfasis en asegurar que el proceso de privatización no represente sólo un traspaso de monopolios públicos a privados. Por una parte, en el caso de la privatización de los servicios públicos como electricidad y telecomunicaciones se asegura que previo a la enajenación de los activos, existan las entidades y las normas reguladoras adecuadas. Del mismo modo, y en particular en el caso de las telecomunicaciones, se estructura el proceso de privatización de manera de asegurar que el escenario post privatización es uno competitivo. Como ejemplo es interesante analizar con más detalle el proceso de privatización de las telecomunicaciones. En 1996 se aprobó la Ley Mínima destinada a abrir el mercado de las telecomunicaciones y permitir el ingreso parcial de la inversión privada. En 1997 se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones. Esta última ordenó la creación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y la reestructuración y privatización del Sistema TELEBRAS. La ley determinó que los servicios de telecomunicaciones se organizarían sobre la base del principio de libre, amplia y justa competencia entre todos los operadores correspondiendo al poder público corregir los efectos de la competencia imperfecta y reprimir las infracciones al orden económico. La ley asignó a ANATEL la responsabilidad de definir la estructura tarifaria para cada modalidad de servicio y fijar las tarifas rompiendo con la tradición de que fuese el Poder Ejecutivo el que asumiera esta tarea. El marco regulatorio puso especial cuidado en garantizar la independencia y transparencia de los procedimientos que desarrollase el organismo regulador. La autonomía quedó establecida sobre la base de la independencia administrativa y financiera del organismo, pese a su vinculación con el Ministerio de Comunicaciones, de la ausencia de subordinación jerárquica y de la designación por un período fijo de sus autoridades por parte del Senado Federal a proposición del Ejecutivo. Por otra parte, la Ley de Telecomunicaciones estableció explícitamente que la legislación antimonopolio se aplicaba plenamente al sector de telecomunicaciones, reafirmando las competencia de CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica)(CEPAL, 2001). Más aún, CADE está en condiciones de revertir decisiones de ANATEL que sean consideradas lesivas para la competencia (Mariscal y Rivera, 2005). Por otra parte, más allá del mundo regulado, para el gobierno de Cardoso, la privatización contribuía significativamente al crecimiento económico, siempre y cuando existiera una adecuada regulación y un sistema de defensa adecuado de la Competencia. Se trataba en consecuencia, de aprovechar el dinamismo económico del sector privado mediante la privatización, pero, al mismo tiempo, mediante la creación de las condiciones institucionales, regulatorias y de protección de la competencia que permitieran transformar esa potencialidad en una realidad. En las palabras del propio presidente Cardoso, de lo que se trataba era de impulsar una reforma modernizadora concebida como la superación de dilemas obsoletos “entre un estatismo exacerbado y el libre mercado y que tampoco se dejaba maniatar por una falsa identificación entre lo público y lo estatal. Una reconstrucción que procura disipar la ilusión, de consecuencias gravísimas de que para asegurar los derechos de la ciudadanía estaríamos obligados a preservar un Estado de “mal – estar social”, cuyas estructuras 26

En el caso de Chile, las principales privatizaciones tienen lugar bajo el régimen militar. Este proceso empezó ya en la década de los 70 con las privatizaciones de las empresas intervenidas o estatizadas bajo el gobierno de la Unidad Popular. Posteriormente, se privatizaron varias empresas de servicio público. No obstante, como se señaló en el caso de Chile, los gobiernos de la Concertación continuaron este proceso con algunas modificaciones. En el caso del agua, se definió que el Estado debía mantener una participación en las principales empresas. El área de concesiones de obras públicas tuvo un gran desarrollo. También se licitaron los puertos. Como en el caso de los gobiernos de Cardoso, la Concertación enfatizaba que la diferencia con las privatizaciones del régimen militar radicaban en que existía una institucionalidad antimonopolio, que buscaba perfeccionarse y un marco regulatorio que apuntaba a asegurar que la regulación simulaba la operación del mercado competitivo lo que permitía contar con fuertes incentivos para un desempeño eficiente que se debía traducir en transferencia de los usuarios de las ganancias de productividad. 30

distorsionadas funcionaban como mecanismos adicionales de concentración de la renta” (Cardoso, 2002) 27 Sobre esa base el ex – presidente definía su visión del Estado que era necesario alcanzar: “contra esa ilusión y contra aquellos falsos dilemas, es que se propone un Estado que favorezca las condiciones para el crecimiento de la economía y que pueda hacer frente al imperativo de la universalización del acceso a los servicios públicos, quedando entendido que eso exige la atención prioritaria a las demandas de los grupos más pobres. Un Estado que no sustituya los mercados y la iniciativa privada, sino que la regule de forma eficaz y orientada hacia el interés público. Este es el espíritu de las nuevas agencias de supervisión y de regulación” (id. 2002). Desde el punto de vista de la reforma administrativa, se iniciaron una serie de acciones que incluyeron, una reforma constitucional que la viabilizaría, modificaciones sustanciales del régimen de trabajo de los servidores públicos, la introducción de los contratos de gestión y los indicadores de desempeño y una nueva política de recursos humanos. Se introdujo también una estrategia gerencial de administración adoptándose además la estrategia de calidad total (Bresser Pereira, 2002) El gobierno de Cardoso representa orientaciones políticas que rechazaban radicalmente el ejercicio dictatorial del poder. En tal sentido, protagonizaron la lucha democrática dentro de la legalidad impuesta por la dictadura. Su política estuvo determinada por dos elementos cruciales. Por una parte, a la lucha democrática se asoció una visión crítica del modelo desarrollista del régimen militar brasileño. Por la otra, dicha lucha y en particular la restauración democrática tiene lugar en los momentos de mayor éxito de los gobiernos neoliberales de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Gran Bretaña. Parecía que la apertura plena a los flujos comerciales y financieros internacionales, la privatización, la desregulación de la economía representaban la idea de modernización y modernidad en el mundo. El de Collor de Mello representó la primera expresión clara de estas ideas. Su caída no implicó una crítica a su política neoliberal, sino a los rezagos corruptos propios del estatismo, excesivo que según los críticos, caracterizaba al régimen militar. Su sucesor enfrentó graves turbulencias económicas, frente a las cuales se aplicaron propuestas heterodoxas de estabilización vinculadas además con proposiciones que sostenían que la estabilidad sería sólo duradera en la medida que fuera acompañada por reformas estructurales. En ese contexto, el gobierno de Cardoso impulsa profundas reformas económicas, marcadas por el predominio del pensamiento neoliberal. Pese a lo esfuerzos, la política social clave en un país de los contrastes del Brasil, no logra la presencia necesaria en la agenda política. En efecto, como sostiene retrospectivamente el propio Cardoso: “In democracy, we made progress. I tried to reinforce institutions; democracy requires institutions. What is still lacking in Brazil in terms of democracy is not institutions. It is a more difficult thing. It is civic culture: the respect of the law. Secondly, I consolidated economic stabilization. After the stabilization of the economy, we suffered an enormous financial crisis. We tried not to just look at the economy but to look at the people, education, agrarian reform and health. As to whether I would do something differently? Yes, it would have been possible to float the exchange rate in 1998. Maybe I would have started the social program earlier. I could also have put more energy into political reform”

Algunos antecedentes de la historia del PT

Sin lugar a dudas, no es posible entender las características de la actual coalición de gobierno sin tomar en cuenta el origen y las características del líder de PT, el actual Presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945, en la ciudad de Garanhuns, al interior de Pernambuco. Hijo número 7 de una familia de 8 hijos, que debió emigrar en diciembre de 1952 a Sao Paulo. El Presidente Lula Da Silva debió empezar a trabajar desde muy temprano. Temprano fue también su involucramiento en el movimiento sindical. Ya en 1969 fue elegido miembro suplente del Sindicato de Metalúrgicos De San Bernardo do Campo y Diadema. En 1972 fue elegido primer secretario. En 1975 fue electo presidente del sindicado pasando a representar 100 trabajadores. Reelecto nuevamente en1978; encabezaría una huelga, de las primeras después de más de 10 años. En marzo de 1979, 170.000 metalúrgicos paralizan Sao Paulo lo cual va a generar una fuerte represión policial. La percepción de que no existían partidos que representaran los intereses de los trabajadores llevó a que se planteara la idea de crear el Partido de los Trabajadores, lo cual cristaliza el 10 de febrero de 1980. En el partido confluyen sindicalistas, intelectuales, representantes de movimientos sociales y diferentes liderazgos rurales y religiosos. Una nueva huelga en 1980 provoca la intervención por parte del Gobierno Federal del sindicato y varios dirigentes son encarcelados, incluido su máximo dirigente Lula da Silva. El nuevo partido experimenta un rápido crecimiento; en 1982 se había extendido a todo el territorio nacional. En el año mencionado, Lula da Silva presenta su candidatura a la gobernación de Sao Paulo no pudiendo, sin embargo, alcanzar su objetivo. En agosto de 1983 participa en la fundación de la Central Única de Trabajadores. Junto a su involucramiento en la 27

En 1980 el FHC sostuvo contactos con el líder sindical paulista Luiz Inácio Lula da Silva para la puesta en marcha de un gran partido de izquierda en Brasil que captara el voto de las clases trabajadoras y de sectores universitarios progresistas, pero el proyecto no prosperó y Lula siguió adelante con su Partido de los Trabajadores (PT), exponente, según FHC, de un socialismo filomarxista con el que él no comulgaba. 31

vida sindical, participa activamente en la lucha por elecciones presidenciales directas. En 1989, Lula da Silva lanza su candidatura presidencial. Aun que es derrotado, consigue un resultado que le permite perfilarse como una fuerte corriente política en el país. En las dos elecciones siguientes, se vuelve a presentar y es derrotado en ambas oportunidades por FHC 28. En su libro “Lula hijo de Brasil”, Denise Parana explica el surgimiento del PT como resultado de la convergencia dinámica de la iniciativa sindical, de aspiraciones para alcanzar la igualdad económica y el liderazgo de Lula.

La llegada al gobierno de Lula.

El Presidente Lula vence en el 2002 y se reelige en el 2006 con un programa que pone énfasis en atender las necesidades de la población más pobre. El triunfo tiene lugar sobre la base de una alianza con sectores políticos vinculados al mundo empresarial. Renato Casagrande, líder en el Senado del PSB, partido que forma parte de la coalición que condujo Lula da Silva a la presidencia del país interpretaba de la siguiente manera el éxito del ex dirigente sindical: “La elección del presidente Lula fue una demostración clara de que para la sociedad brasileña no tenía más atractivo el discurso del Consenso de Washington, ni el discurso del Estado mínimo y, que por el contrario, se quería un Estado activo interviniendo para reducir las desigualdades que existían en lo regional, y en lo social. Las desigualdades eran mucho mayores cinco años atrás…No se puede decir que todo lo que se hizo en el pasado haya sido equivocado… pero en relación directa con la población de mayor vulnerabilidad, más necesitada del país, la adopción de políticas públicas que pudiesen comenzar a cambiar la realidad de las dificultades que enfrentaba la población brasileña, comenzó con más intensidad en el primer año de gobierno del Presidente Lula” 29

El propio presidente Lula, en su discurso de toma de posesión del cargo hacía un análisis descarnado de lo que representaba y buscaba su gobierno30: “Cambio; esta es la palabra clave, el mensaje de la sociedad brasileña en las elecciones del octubre (2002). La esperanza, finalmente, ha vencido el miedo y la sociedad brasileña decidió que era la hora de iniciar nuevos caminos. Enfrentamos el agotamiento de un modelo que en lugar de generar crecimiento, produce estancamiento, desempleo y hambre. La cultura del individualismo, de la indiferencia frente al prójimo, de la desintegración de las familias y comunidades ha fracasado. Cansado de las amenazas a la soberanía nacional, la precariedad de la seguridad pública, la falta de respeto a los más viejos, el desaliento de los más jóvenes, el impasse económico, social y moral del país..” Esta situación deriva de una política equivocada: “Brasil es un país inmenso, un continente de alta complejidad humana, ecológica y social, con casi 175 millones de habitantes. No podemos dejarlo seguir a la deriva, al sabor de los vientos, sin un verdadero proyecto de desarrollo nacional y de una planificación estratégica” Se trata de una ruptura clara con un modelo que deja en las manos del mercado y de los inversionistas privados la suerte de la economía. Pero la crítica va más allá, no basta orientar el esfuerzo hacia la exportación “es necesario – y mucho – el desarrollo del mercado interno, fortaleciendo las pequeñas y microempresas. Es necesario invertir en capacitación tecnológica y en infraestructura orientada a encadenamiento de la producción. Para reponer a Brasil en el camino del crecimiento y la generación de los tan necesarios puestos de trabajo, carecemos de un auténtico pacto social para el cambio y de una alianza que entrelace objetivamente el trabajo y el capital productivos, generadores de la riqueza fundamental de la Nación, de modo que Brasil supere el estancamiento actual… el pacto social será, igualmente decisivo para viabilizar las reformas que la sociedad brasileña reclama y que me he comprometido a hacer: reforma de la seguridad social, reforma tributaria, reforma política y de la legislación laboral además de una reforma agraria”

No obstante, el gobierno de Lula y su política no pueden ser entendidos sólo a partir de la visión del Presidente y del PT. La coalición de gobierno es aún más heterogénea que la de Cardoso ya que incluye partidos conservadores como el Partido Popular hasta sectores de 28

No basamos principalmente en http://www.presidencia.gov.br/presidente/

http://200.169.97.236:81/uploads/ATO_versao_final.pdf Discurso de toma de posesión: (01.01.2003) http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=2296

izquierda. Esto se traduce en una falta de coordinación estratégica (Sallum, 2008) en el Congreso y en el gobierno. En ese sentido, es posible encontrar liberales ortodoxos, en el Banco Central, liberales desarrollistas en el ministerios de Hacienda, en el BNDES y en otros ministerios ligados a la economía y en la casa civil del la Presidencia de la República. Esta heterogeneidad así como la política desarrollada lleva a Sallum a concluir que “el período de Lula constituye una continuación en el sentido más amplio de lo que usualmente se admite. No se trata de la preservación de la política económica de las reformas liberales realizadas por los gobiernos de FHC en la relación Estado/ economía. El período de Lula continúa el movimiento iniciado en el período anterior, consolidando la hegemonía liberal y la democracia como sistema de dominación social. Esta es su espeficidad”

No obstante lo anterior, el mismo autor constata que el gobierno de Lula ha introducido una serie de modificaciones a la política impulsada por FHC. De particular importancia en la detención del proceso de privatizaciones y la puesta en cuestión de la política de Cardoso de otorgar plena autonomía a las entidades regulatorias de los servicios públicos. Una nueva iniciativa desarrollada por el gobierno de Lula en este campo, fue la de “Parcería” como forma de articulación entre el Estado y la empresa privada; aprobada en 2004 que regula la cooperación público privada para obras de infraestructura. En las parcerías el Estado define que hacer y mantiene el papel dirigen; participa en las inversiones y garantiza a los inversionistas privados una rentabilidad mínima.

Por otra parte, el PT ha desarrollado interesante proposiciones respecto de la relación entre democracia y desarrollo que pasamos a mostrar.

Democracia y desarrollo en la visión del PT.

En sus definiciones programáticas el gobierno del PT pone énfasis en establecer un amplio esfuerzo de diálogo con la sociedad con el objetivo de establecer amplios consensos a partir de los intereses de la población. La importancia dada a esta política se expresó en primer lugar en la redefinición de las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia en la perspectiva de hacer responsable de la “coordinación y articulación del diálogo con la sociedad civil”. En este contexto, se han creado consejos y foros de debate que reúnen diversos segmentos de la sociedad civil. Especial importancia se asigna de la creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) cuyas tareas apuntan a definir las orientaciones básicas del desarrollo estratégico del país y al Foro Gubernamental de Participación Social. El foro es coordinado por la Secretaría General de la Presidencia y formado por los representantes de los encargados del diálogo y articulación con la sociedad civil. Sus objetivos son los de constituir un sistema de participación social en el gobierno que haga posible la participación de la sociedad en la formulación y acompañamiento de las políticas públicas. El interés por establecer mecanismos de participación en la política pública se ha traducido en la promoción de un amplio proceso de discusión del Plan Plurianual 2004 – 2007 que incorporó encuentros en 26 Estados y el Distrito Federal con representantes de 2170 entidades y organizaciones. El Ministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre Patrus Ananías (2008), ha analizado a fondo la forma en que el gobierno de Lula concibe la relación entre democracia y desarrollo. El autor parte señalando que la historia ha mostrado que el binomio no camina necesariamente junto, dejando además traslucir una percepción de la democracia que incluye la valoración de sus resultados sobre los grupos vulnerables y la desigualdad. En efecto, bajo la dictadura militar, sostiene, Brasil experimentó fases de crecimiento económico acelerado paralelo a la concentración de la renta y de las oportunidades. En el contexto de la redemocratización y la consolidación democrática entre la segunda mitad de los ochenta y de los años 90, el bajo crecimiento económico no fue capaz de alterar la grave concentración del ingreso. Desde su punto de vista, el gobierno de Lula entiende que el desarrollo debe ser comprendido en su acepción más amplia en que no existe una dicotomía entre desarrollo económico y social. Más aún, el desarrollo debe ser visto en su integridad, esto es, incluir las diversas dimensiones de la vida individual, familiar, comunitaria, social y nacional. Debe beneficiar a todos, pero de forma prioritaria a los históricamente excluidos y considerar la sustentabilidad ambiental y la finitud de los recursos naturales. Es esta visión la que puede promover un ciclo duradero del crecimiento sustentable y que traiga beneficios equitativos para toda la población. Este modelo de desarrollo social es posible en el ambiente democrático del Estado de derecho. No obstante, la democracia representativa constituye solo una parte de lo que se requiere para fortalecer las sinergias entre la democracia y el desarrollo. Efectivamente, los canales institucionales de representación política deben ser complementados por instancias de participación social que hagan posible el

compromiso de la sociedad en la definición y acompañamiento de la gestión de las políticas públicas. En este contexto, el autor retoma las proposiciones desarrolladas por la CEPAL en el sentido de que la cohesión social debe ser un objetivo de las políticas públicas, pero, al mismo tiempo, la cohesión social constituye un medio pues las sociedades que presentan un mayor nivel de participación democrática y confían más en las instituciones políticas y jurídicas presentan condiciones más favorables para las inversiones y para crecimiento económico, al disponer de reglas aceptadas y seguidas por sus poblaciones fortaleciendo el sentido de pertenencia e inclusión.

Políticas públicas para el desarrollo.

La percepción básica del gobierno de Lula es que para impulsar un proyecto inclusivo, las políticas públicas promotoras del desarrollo del país tienen un valor estratégico. No obstante, no basta este reconocimiento; el aparato del Estado debe adecuarse para enfrentar estos desafíos. Como señala Marcio Pochmann (2008), la división del aparato del Estado en pequeñas cajas fragmentadas sobre la base de la especialización de las intervenciones públicas sectoriales en educación, salud, vivienda, transporte entre otras, debe ser reconsiderados a la luz de las exigencias de coordinación y gestión de las acciones, del orden matricial de las políticas y de integración de los esfuerzos en el plano territorial. Es este el sentido de la modernización necesaria del Estado, que difícilmente podrá ocurrir sin la ampliación del federalismo brasileño y la alteración de la fragmentación sectorial que se ha consolidado por la rigidez del proceso presupuestario de la Nación. Esto alude también a la necesidad de contar con un Estado menos “raquítico”, ya que son los países con mayor participación pública donde la democracia y justicia social presenta mayores avances. No existen según Pochmann razones técnicas que justifiquen un Estado que no llega a representar un 8% del total de la población ocupada, que contrasta con un 18% en los Estados Unidos, un 25% para Europa y que alcanza un 40% en los países escandinavos, “que son los modelos de democracia con justicia social y competitividad avanzada” (2008, p. 32) En el debate sobre las políticas públicas gana en importancia lo que un autor (Martins, 2008) denomina el fenómeno de la “autorepresentación” como un mecanismo que complementa los mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Se trata de una perspectiva que suma a las tareas de representación y agregación de intereses asumidas por la clase política mecanismos directos de participación en la formulación de las políticas públicas. Dos caminos tradicionales identifica el autor, las reivindicativas abiertas propias de los movimientos sociales y las subterráneas o clandestinas (compadrazgo, lobby o intercambio de favores). En los países que esta última modalidad está aceptada y reglamentada puede constituir un instrumento digno de estudiar, de lo contrario constituye a juicio de Martins una infracción a una regla de central importancia de las democracias que confiere a los partidos la función de representación y agregación indicada de intereses. Surgen, sin embargo, nuevas modalidades que pueden modificar las formas tradicionales de intermediación políticas; entre las que cabe destacar las asociadas a los nuevos medios de información y comunicación masivos (Internet, blogs etc) y, las relacionadas con las asociaciones voluntarias y ONG que desarrollan autonomía respecto de los partidos políticos y la clase política para la defensa o condena de diferentes temas. Ambos mecanismos amplifican, multiplican y diversifican las capacidades de actuación política de la ciudadanía y representan un fenómeno nuevo que no puede ser ignorado en la discusión sobre las reforman de las instituciones políticas democráticas de cualquier país, en especial, subraya el autor, en un país como Brasil, que no consigue resolver problemas elementales de la construcción democrática y de su funcionamiento, lo que incluye la ética de la política. Un tercer elemento que ha desarrollado el PT para fortalecer la incidencia de la participación directa de la población en las políticas públicas es lo que se conoce como la experiencia de los “presupuestos participativos” de Porto Alegre. Esta experiencia ha alcanzado renombre mundial y representa un salto cualitativo respecto de otras iniciativas de participación de la población en políticas públicas. Como señala Paul Ginsborg (2008), al contrario de las experiencias más tradicionales, que carecen de continuidad y que a menudo, sus decisiones no son implementadas, el presupuesto participativo tiene lugar anualmente, no es sólo una consulta sino una serie de toma de decisiones sujeto a un cronograma conocido por todos. Es así como en el mes de marzo tienen lugar una serie de reuniones preparatorias; en abril y mayo asambleas temáticas en que se votan las prioridades para el año siguiente y se eligen 48 delegados de estas asambleas para el Concejo Presupuestario todo lo cual culmina con la entrega de las demandas de la ciudadanía al Alcalde y al Concejo Municipal. El Concejo se reúne a partir del mes de septiembre y definen el programa con la participación de los administradores, los concejeros municipales y los delegados elegidos en las asambleas, tomándose las decisiones por mayoría. Todo el proceso es ayudado y facilitado por 20 coordinadores del Comité de Coordinación para las Relaciones con la Ciudadanía. De la experiencia, destaca según Ginsborg, que las decisiones finales radican en los representantes elegidos por los medios propios de la democracia representativa, pero sólo después de un proceso de interacción entre las modalidades de democracia participativa y representativa y el importante crecimiento del número de ciudadanos que participan en el procesos que ha pasado de 1300 en 1989 a 31,300 en el 2002 con una creciente participación de las mujeres. Pese al alto número, no debe dejar de mencionarse que esta última cifra representa una parte

menor de los ciudadanos de Porto Alegre, lo cual deja en evidencia el alcance y límites de la democracia participativa como mecanismo que quisiera sustituir la democracia representativa, pero que resulta de gran utilidad para complementarla y mejorar las políticas públicas. Desde el punto de vista analítico, el especialista mexicano en políticas públicas Eduardo Sojo (2006) contrasta el caso de Estados Unidos con el caso brasileño y releva un fuerte problema que enfrenta Brasil. En el caso del primer país, la política gira en torno a dos partidos con una distancia ideológica relativamente pequeña y cuya diferencia principal es el clivaje socioeconómico lo que hace posible que el debate en torno a las políticas públicas tenga una menor dispersión y se pueda lograr con cierta facilidad un intercambio de posiciones así como ajustes incrementales más que comprehensivos a un sinnúmero de políticas públicas. En el caso de Brasil, en cambio, existe un sistema presidencial con más de 10 partidos que representan muy variados intereses, algunos de ellos muy parroquiales, lo que en opinión de Sojo, produce clientelismo político. Para lograr políticas públicas exitosas, el Presidente debe formar gabinetes multipartidistas, tal como se haría en un sistema parlamentario, con el afán de que “la coalición ejecutiva se traduzca en una legislativa, la que a su vez impulse algunas de las iniciativas de la agenda del Presidente”. En segundo lugar, el Presidente “tiene que buscar la formación de una coalición legislativa y política correspondiente a cada asunto de política pública que desea impulsar” lo que transforma al Presidente en el principal cabildeador y negociador de sus iniciativas buscando apoyo en el Congreso, asunto por asunto y “voto por voto”.

CAPÍTULO X

A manera de conclusión.

Eugenio Rivera Urrutia

El análisis presentado a lo largo del texto deja en evidencia la complejidad de los vínculos entre democracia y desarrollo, lo cual dificulta su análisis. El seguimiento de la discusión académica ha permitido observar que confluyen perspectivas disciplinarias, enfoques analíticos y empíricos diversos que dificultan la compresión del debate. No existe acuerdo respecto de que ha de entenderse bajo el concepto de democracia. Mientras que algunos ponen el énfasis en el carácter competitivo del sistema, otros tienen dificultades para caracterizar de democrático un sistema que no valora suficientemente la dimensión inclusiva. Como ha dejado en evidencia José Nun, el aspecto sustantivo de la democracia ya estaba presente en los análisis pioneros de Schumpeter, cuando en su libro “Capitalismo, socialismo y democracia” refiriéndose a su viabilidad, señalaba que “es posible que el método funcione en los países de gran industria de tipo moderno”. Paradojalmente, la relativa baja valoración de la democracia por parte de partidos como el MAS boliviano o el Socialismo Siglo XXI de Venezuela, tiene un parentesco con esta posición: para ellos la democracia no resulta valorable en sí misma, sino sólo en la medida en que ha contribuido a sociedades más equitativas. Tabla número I: Grado de acuerdo o valoración de las diversas dimensiones del debate. Temas/Partidos Alianzas

Concertación (Chile)

Partido Acción Nacional (México)

Movimiento al Socialismo (Bolivia)

Socialismo Siglo XXI (Venezuela)

Alto

Partido de los Trabajado res (Brasil) Medio

Convergencia democracia y desarrollo Democracia promueve desarrollo Desarrollo (crecimiento económico) promueve democracia Democracia como procedimiento competitivo Equidad como condición de la valoración de la democracia Relevancia de la equidad en la concepción del desarrollo económico Contribución de la democracia consolidada al dinamismo económico Valoración de la cohesión social Modernización del Estado como condición

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Media

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

de fortalecimiento de la democracia y desarrollo económico dinámico El rol de las políticas públicas La participación ciudadana en las políticas públicas

Alta

Media

Baja

Media

Alta|

Baja

Fuente: Elaboración propia.

Tras esta visión, en que la democracia aparece en sus características como entidad abstracta independiente de los grupos sociales y fuerzas políticas, el desarrollo del Estado de bienestar en Europa occidental representa un cambio radical de mirada. Desde el mundo conservador europeo de finales del siglo XIX, la viabilidad de la democracia estuvo asociada al grado de compromiso de los sectores subalternos con ese régimen. La democracia debía, en consecuencia, incorporar elementos sustantivos para viabilizar dicho compromiso. La solución de las cinco amenazas que se cernían sobre la población obrera, la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la desocupación, aparecían como condición de viabilidad de la democracia y de la paz social. En tales condiciones, se hacía posible el aprovechamiento del gran dinamismo propio del capitalismo y por tanto, tal democracia, aquella que resolvía los problemas de la clase obrera, tenía la virtud de estimular el crecimiento económico, al crear un ambiente paz social propicio.

Por otra parte, desde el punto de vista de la Socialdemocracia, en especial, al asumir las tareas de gobierno, la relación positiva entre esa democracia, que pone como eje central de sus preocupaciones, políticas públicas en favor de las mayorías, adquiere nuevas connotaciones. El bienestar creciente de la población y la masificación del acceso a bienes de consumo durables de los trabajadores ya no es sólo importante para el desarrollo por su contribución a la paz social sino que además al transformarse el consumo de los trabajadores en el impulsor fundamental de la demanda va a dinamizar, luego de la Segunda Guerra mundial, el crecimiento económico en los países desarrollados.

Históricamente, y en América Latina desde los años 60, el concepto “desarrollo económico” ha sido también materia de extensos debates. Desde la visión de Lipset, quien con un interés básicamente académico buscó operacionalizar el concepto indicado a partir de PIB per cápita y su tasa de crecimiento, para establecer correlaciones significativas con el concepto de democracia, el debate ha sido amplio. Los críticos de la teoría de la modernización, en la década indicada, sostuvieron que desarrollo económico no se podía reducir al crecimiento económico. El desarrollo económico, era mucho más que el crecimiento del ingreso per cápita. Era necesario ir más allá de los promedios, indagar en la distribución del ingreso, en indicadores sobre el estado de la salud, la educación y, en general, del bienestar de los más pobres. Esta perspectiva es retomada con mucha fuerza por el MAS y Socialismo de Siglo XXI. Su visión crítica da, sin embargo, un paso adicional. Si la economía se encuentra dominada por los grandes consorcios internacionales, el crecimiento económico, no es desarrollo. De ahí que el análisis ha dejado en evidencia que para estos partidos, el crecimiento económico tiene una acepción positiva si las principales riquezas naturales son de propiedad pública. Esta perspectiva, tiene sin duda un fundamento. Si la explotación de dichos recursos naturales, o la propiedad extranjera sobre otras actividades como es por ejemplo los servicios públicos, antes en manos del Estado, operan en condiciones que van en desmedro de la población o si la actividad de los servicios públicos privatizados está sujeto a regulaciones laxas que favorecen a los operadores y no se traduce por ejemplo en servicios efectivamente accesibles para los grupos vulnerables, es razonable señalar que el crecimiento económico no es tal desde el punto de vista del país y los más vulnerables.

Lo desarrollado en los dos párrafos anteriores, explica probablemente, la baja valoración que tanto el MAS como el Socialismo del Siglo XXI tiene sobre la convergencia de la “democracia y el desarrollo económico” y sobre la afirmación “Democracia promueve el desarrollo” (Ver Cuadro I). Para la Concertación y el Partido de Acción Nacional en México, otra es la perspectiva. Ambos partidos o coaliciones surgieron en la lucha contra regímenes no democráticos. El PAN fundado a fines de los 30 debió enfrentar en condiciones muy duras el régimen priista. Su alta valoración de la democracia, lo llevó incluso a mantener siempre la lucha por la democratización, al interior de las reglas del juego definidas. Probablemente, un gran sentido de realidad hacía impensable otra opción. No obstante, esta perspectiva es

señal de la convicción de que no son posibles condiciones de convivencia básicas en el largo plazo, ni tampoco puede ser sostenido el desarrollo económico sin la construcción de un sistema político democrático compartido por todos. Esto aparece más explícitamente en el caso de la Concertación en Chile. Esta coalición incluye en su seno al Partido Socialista que en los años 60 y 70 mantuvo una relación ambigua con la democracia. Con base en la distinción entre los conceptos de democracia formal y democracia real, sostenía que la, realmente importante, era la segunda, aquella que hemos llamado inclusiva. La dura dictadura de Pinochet contribuyó decisivamente a un cambio en esta perspectiva. Con la pérdida de la “democracia formal” terminaron todos los avances sociales y económicos que se habían alcanzado, tras muchos años de lucha democrática. Es por esto que tanto para el PAN como para la Concertación, la confluencia entre democracia y desarrollo, así como la convicción de que el primero ayuda a la promoción del segundo, son tan altamente valoradas. Todas las organizaciones o movimientos políticos analizados, sin embargo, valoran poco la contribución del desarrollo económico a la democracia. Se alejan así, de la perspectiva desarrollada en Chile por Jaime Guzmán de que el desarrollo económico, en asociación con la llamada “teoría del chorreo” constituye la base para una democracia estable. Si no existe una cultura democrática, si no existe el Estado de Derecho, el desarrollo no culmina en una democracia estable. Concordamos, en consecuencia con Amartya Sen, quién es enfático en señalar que la relación no es unicausal ni que la relación sería lineal, sino que como es un fenómeno complejo, la relación y las implicancias son múltiples y por tanto, no hay una relación clara entre crecimiento económico y democracia.

Pero quizás más importante que lo anterior, es que con el Estado de bienestar la relación democracia y crecimiento económico dejaba de ser un una hipótesis intelectual para constituirse primero en un objetivo de política y luego una historia de éxito. Al plantearse el problema de la sinergia entre democracia y desarrollo como objetivo de política, se plantea el problema de cómo asegurar un manejo eficaz de los asuntos económicos y el imperativo de responder, también de forma eficaz, a las necesidades sociales, a las tensiones institucionales y a la erosión de la legitimidad democrática. La relación entre democracia y desarrollo depende en este nuevo contexto de la gobernabilidad y de la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. Depende también, como indica la CEPAL, del establecimiento de un contrato de cohesión social que permita avanzar hacia una cohesión social cimentada en valores democráticos y selle el acuerdo y el compromiso político en torno a ese objetivo y disponer de los recursos económicos, políticos e instituciones que lo hagan viable.

En este contexto, resulta más fácil discutir respecto del contraste que se observa en el cuadro número I de estas conclusiones, respecto la valoración de la democracia como procedimiento competitivo y por su contribución a los derechos económicos sociales. En efecto, mientras que el PAN y la Concertación valoran altamente el primero, no expresan la misma valoración frente al segundo. En el MAS y el Socialismo del Siglo XXI se expresan las valoraciones exactamente contrarias. La explicación es en efecto simple. Para los primeros, es crucial el carácter competitivo de la democracia ya que su existencia es también crucial para la consecución de los objetivos políticos entre los cuales los aspectos inclusivos son fundamentales. No son importantes para la valoración de la democracia los avances en los derechos económicos y sociales, ya que ellos no dependen de la democracia como sistema político sino que están más asociados a las ideologías y objetivos de los partidos que asumen la conducción gubernamental. Es en ese sentido, importante que exista un sistema competitivo para poder acceder al gobierno. El MAS y el Socialismo del Siglo XXI, por el contrario adjudican a la naturaleza de la democracia el carácter inclusivo o no de la sociedad. Naturalmente, que en el caso de países con grupos étnicos históricamente explotados y excluidos, la visión indicada de la democracia tiene un fundamento de hecho. No obstante, el propio acceso al poder de estas organizaciones, que se entienden intérpretes de los grupos excluidos, debería modificar la percepción de la importancia de los mecanismos competitivos de la democracia y de su perfeccionamiento. No sucede sin embargo así. De ahí la baja valoración del rol y la importancia que debe adjudicar todo gobierno a la mantención de un consenso político básico que evite situaciones confrontacionales. No es rol principal de la oposición hacerlo, tampoco es muy claro que lo deba asumir como tarea; son los objetivos económicos y sociales del gobierno, los que corren peligro de no avanzar en contexto de crisis abiertas.

El reconocimiento de que la dimensión equidad no debería estar relacionada directamente con la valoración o no de la democracia, sino que ello está asociado a las fuerzas políticas que ponen o no en el centro de las preocupaciones la inclusividad social nos lleva a otra dimensión que adquiere importancia en esta nueva modalidad de tratamiento de la relación entre democracia y desarrollo económico. La capacidad del sector público y su habilidad para formular y ejecutar eficiente y eficazmente políticas públicas son cruciales para el fortalecimiento de la democracia y el dinamismo económico. Naturalmente que las opciones políticas son determinantes del éxito o falta de éxito con que una sociedad enfrenta un determinado momento histórico. En la actual crisis, por ejemplo, posturas políticas que insistan en confiar en la autoregulación de los mercados pueden ser fatal pues, como señala Barack Obama en su discurso inaugural, “el mercado puede descontrolarse”. No obstante, disponer de un Estado moderno, con capacidad para impulsar las políticas públicas es un determinante fundamental de un desarrollo democrático sólido y un crecimiento económico capaz de sustentar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Esto es reconocido y valorado, altamente por el PAN, la Concertación y el PT de Lula. No es el caso del MAS y del Socialismo del Siglo XXI. Para ellos, más importante es la derrota política definitiva del adversario, es ese objetivo el que permitirá avanzar en la consecución de la igualdad. De ahí la falta de sensibilidad frente a los problemas que la exacerbación de los conflictos políticos causa a la gestión pública. Naturalmente, que éste no es un argumento a favor de la renuncia a los objetivos de la equidad social; apunta más bien a identificar los caminos más efectivos para lograrlo. Como contrapartida el caso chileno, en el contexto del trauma que generó la experiencia de la Unidad Popular seguida por la dictadura de Pinochet, ha llevado a la postura exactamente contraria, la de considerar que la modalidad que adquirió la construcción del consenso a lo largo de estos largos años de transición constituye la única opción que garantiza la estabilidad política y la supervivencia del régimen democrático, que ha presentado sinergias tan positivas con el crecimiento económico. Los procesos de construcción de consenso en los primeros gobiernos de la Concertación tienen lugar, en consecuencia, bajo condiciones determinadas por un marco institucional determinado, en lo fundamental, de forma unilateral y por ello, se estructura sobre la base de una relación de fuerzas institucionales favorable a los herederos políticos de la dictadura y al mundo empresarial. Naturalmente que estas restricciones aparecían necesarias y razonables para la transición, concebida ella como un período breve, extraordinario, orientado a completar las tareas de la democratización bajo la restricción de no afectar el crecimiento económico. No obstante, lo transitorio se transforma en una modalidad de convivencia política de largo plazo y la necesidad se transforma en virtud. La absolutización de la forma específica como se articulan consenso, democracia y crecimiento económico alcanza un paso adicional en la tesis que sostiene que el régimen militar y la Concertación forman parte de un único proceso de modernización que experimenta el país a partir del año 1973. Las turbulencias políticas que ha enfrentado la Concertación en el último tiempo reflejan el agotamiento de la modalidad en que se resolvieron las complejas relaciones entre democracia, políticas públicas y eficacia, lucha contra la pobreza y desigualdad y desarrollo económico. El logro de un adecuado equilibrio entre estos extremos representa uno de los grandes desafíos que enfrentan las fuerzas políticas progresistas en su lucha por compatibilizar la democracia y el crecimiento económico en un contexto de creciente igualdad y sustentabilidad ambiental

Finalmente, el debate ha dejado en evidencia la creciente importancia de una dimensión sobre la cual se había prestado poca atención. Formas de participación directa de la población en la definición de las políticas públicas representan posibilidades de fortalecer simultáneamente la democracia representativa (a menudo concebida como el contrapunto de la democracia directa) y por esa vía de incidir positivamente en el crecimiento. Las experiencias de los Presupuestos Participativos impulsados por gobiernos estaduales vinculados al PT han concitado la atención internacional. Al mismo tiempo, la búsqueda de mecanismos de participación en las políticas públicas aparece como un remedio a grandes errores cometidos. El caso del Transantiago es sólo un ejemplo de ello. La consulta ciudadana y otros tantos dispositivos que favorecen la intervención de la sociedad civil en la política pública pueden ser mecanismos que sin duda fortalecen la democracia, pero al mismo tiempo, inciden en un ambiente más favorable al crecimiento económico dinámico. En este contexto, si miramos el cuadro inserto en las presentes conclusiones, queda en evidencia la importancia que el PT le atribuye a este tema; en el caso de la Concertación y el PAN aparece como una aspiración pero todavía no como una preocupación central. Finalmente, en el MAS y el Socialismo del siglo XXI contrasta el discurso sobre el protagonismo popular con la baja reflexión sobre la incidencia de la participación popular en la política pública.

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