PROPUESTASPÚBLICAS
Octubre del 2000
Comité Directivo
Carlos Ominami Jorge Schaulsohn Directora Ejecutiva Clarisa Hardy Presidente
Vicepresidente
Staff
TRANSPARENCIA TOTAL
Marcelo Contreras Oscar Landerretche Cecilia Montero Jorge Rodríguez Iván Valenzuela Paulina Veloso Fernando Basilio Roberto Trejo Rafael Ruiz Alvaro Herrera Pablo Morris Erica Castro Guido Camú Genaro Cuadros
DIAGNÓSTICO
Servicio Público y Transparencia Es imprescindible investigar y analizar los hechos denunciados en nuestro país con el máximo de rigor. No caben aquí ni los ataques al bulto ni las miradas condescendientes. Los primeros terminan desprestigiando injusta y gravemente al conjunto del servicio público con todas las consecuencias que eso implica respecto de la defensa del interés colectivo. Chile mantiene una reputación que es preciso salvaguardar. La reparación de daños estructurales en este terreno puede requerir de décadas.
debate político de las últimas semanas resulta inquietante. En definitiva es el Estado de Chile, y su sistema político, con su legitimidad interna y su imagen internacional los que están en tela de juicio. La situación es demasiado delicada para tratarla con superficialidad. Los vientos que soplan en el continente han producido sucesos dramáticos en prácticamente todos los países. Basta pensar en el colapso de la democracia en Perú, la crisis de la Alianza de gobierno y el desprestigio de las instituciones en Argentina, el desplome del sistema político venezolano o el drama de la violencia en Colombia.
Por su parte, la condescendencia conduce a subestimar la gravedad de los hechos imposibilitando una adecuada delimitación de responsabilidades, condición indispensable para la aplicación de sanciones ejemplarizadoras. La cirugía mayor que hoy día se requiere no puede ser postergada. Pero, para practicarla de modo eficaz es imprescindible determinar con precisión cuáles son las partes que deben ser intervenidas. Y hay que decirlo con claridad: no se puede hacer extensiva al conjunto de la administración o de las empresas públicas la
Hay que evitar, a toda costa, que Chile se deslice por la misma pendiente. Los requisitos para mantenerse como la gran excepción son difíciles de reunir. Pero no imposible. Más aun, nuestro país se labró con el triunfo de Ricardo Lagos en la reciente elección presidencial una posibilidad inédita de hacer de Chile en el curso de los próximos años, una nación plenamente democrática, desarrollada y reconciliada.
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1.- El curso de los acontecimientos y del
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PROPUESTASPÚBLICAS condena por abusos o irregularidades cometidas por algunos altos funcionarios. Es bueno, además, reconocer la infinita superioridad de la democracia para enfrentar estos hechos. ¿Cuántos horrores de toda especie hubieron podido evitarse en el pasado con prensa libre, tribunales independientes y comisiones fiscalizadoras del Parlamento?
Para superarlos, el único antídoto eficaz pasa por el término del sigilo, el fin de la opacidad, por la apertura a una total transparencia en todas aquellas cuestiones que involucren de manera directa los intereses públicos. En este sentido, resulta tan importante para el contribuyente saber el monto de las remuneraciones o indemnizaciones de los ejecutivos de las empresas públicas, como para el cotizante conocer la información correspondiente a su AFP, que administra, ni más ni menos que su fondo de ahorro obligatorio o saber cuáles son para el consumidor los efectos de los gastos en personal en las tarifas de servicios públicos que debe pagar mes a mes. Transparencia total, ahora en un país con una ciudadanía más activa y consciente de sus deberes y derechos, es la línea central que proponemos.
2.- La coalición de gobierno tiene que meditar muy profundamente acerca de su fu-
turo. De hecho es la primera vez en su historia que se ve sometida a un severo cuestionamiento ético. Esta situación está afectando fuertemente el ánimo de miles de personas que depositaron su confianza en ella como fuerza capaz de reconstruir la democracia chilena sobre sólidos pilares materiales y espirituales. Desde ese ámbito, se expresan hoy día sin ambigüedades sentimientos que no pueden ser ignorados. De indignación ante la evidencia del abuso por parte de algunos. De frustración por el daño que esto produce a la creación de las condiciones necesarias para que Chile recupere el impulso perdido y pueda culminar con éxito su transición a la democracia en el marco de un crecimiento económico alto y equitativo. La actual Concertación tiene una responsabilidad política ineludible. Ella contribuyó decisivamente a elegir al nuevo Presidente de Chile. Es su deber respaldarlo durante todo su mandato constitucional. Esto no está en cuestión. Pero para que este apoyo sea fructífero, se requieren modificaciones muy de fondo en la relación entre los partidos y la sociedad, en el funcionamiento de la coalición, la articulación con las bancadas parlamentarias y en la relación de todos estos actores con el propio gobierno. A su vez, éste debe ser capaz de definir con gran claridad su impronta, sus propuestas políticas, sus iniciativas legales, estableciendo para la aprobación de estas últimas, compromisos formales con las bancadas en el Congreso. Todo lo anterior requiere un amplio debate al cual Chile 21 se propone contribuir con todas sus energías.
3.- El episodio de las indemnizaciones de
importantes ejecutivos de empresas o servicios del Estado presenta diversas aristas. A
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Es nuestro convencimiento que el telón de fondo de los hechos recientes está constituido por abusos de poder, relajo en el servicio público y falta de fiscalización, situaciones todas que tienen orígenes lejanos en el tiempo y que, a pesar de los evidentes progresos de la democracia, todavía subsisten.
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PROPUESTASPÚBLICAS estas alturas y sin perjuicio de clarificaciones posteriores resulta claro: i)
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que es enteramente repudiable la actitud de quienes usufructuando de su autoridad cambiaran reglas establecidas para beneficiarse personalmente. que no es aceptable que se indemnice a personas que continuaron desempeñándose en la administración pública en cargos de confianza.
Cabe señalar igualmente que en el tráfago de reacciones suscitadas se ha puesto, de manera injustificada, en la condición de inculpados a personas respetables y probas que durante el período en que les correspondió desempeñarse cumplieron con su deber y recibieron lo que en derecho y justicia les correspondía.
4.- Los acontecimientos de los últimos días
El problema que enfrenta Chile no es la existencia de un sistema generalizado de corrupción. Las responsabilidades generales de la Concertación en la situación actual radican más bien en la permisividad y el laxismo que hicieron posibles los abusos perpetrados por algunos funcionarios. ¿Cómo llega a esto una coalición que desde su lucha en contra de la dictadura, se había asentado en un sitial de incontrovertible superioridad ética respecto de la derecha? Muchas razones pueden esgrimirse para ello. Dos nos parecen fundamentales. Por una parte, se ha producido un serio de-
bilitamiento del sentido crítico y una fuerte tendencia a orillar los conflictos y postergar sus soluciones. En estos años, se ha usado y abusado de la razón de Estado y de los enfoques políticamente correctos . Por la otra, ha faltado claridad para mantener la especificidad del servicio público como ámbito de acción regido por valores y principios que le son absolutamente propios y que constituyen una cierta ética que el país siempre ha valorado. A su vez, está fuera de dudas la necesidad de contar con mercados dinámicos y empresas privadas altamente competitivas. Todo consiste en mantener sólidamente establecida la muralla china que debe separar ambos espacios. De la economía de mercado no se transita automáticamente a una sociedad de mercado. Es nuestra convicción que existen áreas cuyos principios de funcionamiento deben atenerse de modo riguroso a la ética del servicio público. Las confusiones en la materia producen resultados lamentables. La adopción inconsulta en empresas públicas de normas propias del sector privado y el establecimiento incluso, en algunas de ellas de roles privados o secretos, son inadmisibles.
5.- En la contingencia, la oposición se ha sentido movida a cosechar los beneficios electorales que de este episodio pudieran resultar. Más allá de la refriega coyuntural es fundamental tener absoluta claridad acerca de la envergadura y los orígenes de las cuestiones en juego.
El país no puede perder de vista el hecho que muchos de estos regímenes
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han puesto de manifiesto cuestiones muy fundamentales que deben ser objeto de un amplio debate público.
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PROPUESTASPÚBLICAS Octubre del 2000 indemnizatorios fueron establecidos durante la dictadura y que fue en 1979 cuando un decreto de la Junta Militar terminó con la fiscalización de las empresas públicas por parte de la Contraloría. Son también conocidos los gravísimos abusos cometidos por ejecutivos de esa época que arrasaron no sólo con las indemnizaciones sino que en varios casos con las empresas mismas. Constituye también una grave falta a la ética que quienes se benefician de cuantiosos financiamientos privados para sostener sus actividades políticas y electorales se nieguen sistemáticamente a legislar sobre la materia con el único fin de perpetuar las graves inequidades existentes. La privatización de facto de una actividad tan esencial para la democracia constituye una gravísima irregularidad.
Para avanzar en tal dirección y en la línea de la transparencia total ahora, proponemos abordar las siguientes iniciativas:
1.-
Un nuevo estatuto de administración de las empresas públicas que asegure la protección de los intereses de todos los ciudadanos y la mayor eficiencia en sus resultados: •
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PROPUESTAS
Chile tiene sólidas bases para transformar este episodio doloroso en una oportunidad para represtigiar la política, legitimar la función pública y avanzar en probidad, reponiendo el necesario vínculo entre política y ética. El gobierno del Presidente Lagos ha sido el primero en responder a este desafío ordenando una investigación acuciosa de las irregularidades cometidas para delimitar las ello
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La vigencia de normas propias a las sociedades anónimas, incluyendo la responsabilidad patrimonial de los directores. Las decisiones sobre privatizaciones no pueden supeditarse a estos problemas de probidad y deben ser discutidas en su mérito, caso a caso, razón por la cual debe haber un proceso previo de saneamiento y normalización. Establecer una distinción nítida entre los cargos de confianza política y los puestos de administración y gerencia que deben operar al margen de consideraciones políticas. El estado chileno necesita un sistema de Dirección Pública autónomo y altamente calificado. El sistema de remuneraciones de todos estos ejecutivos debe ser público y transparente.
En lo inmediato, fortalecer el sistema de Auditoría Interna, mientras se estudian mecanismos estables de fiscalización.
2.- Los intereses ciudadanos también deben ser cautelados cuando la provisión y administración de bienes y servicios públicos son de ejecución privada. De modo que se requiere avanzar en transparentar el sistema remuneracional de ejecutivos de empre-
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La oposición tiene que cumplir con su responsabilidad de fiscalizar, en profundidad, los actos de la administración y formular denuncia pública de cualquier hecho irregular. Pero para que su accionar tenga la respetabilidad necesaria no puede seguir instalado en el doble estándar.
ponsabilidades administrativas, políticas y personales en vistas de las sanciones correspondientes.
PROPUESTASPÚBLICAS sas como las AFP que administran las cotizaciones obligatorias de los trabajadores o de aquellas que constituyen monopolios naturales y cuyos costos de administración y gestión inciden en las tarifas fijadas por ley y pagadas por los usuarios.
3.- Los servidores públicos deben garanti-
zar el ejercicio transparente de la función pública y, por lo mismo, su generación y desempeño debe ajustarse a normas tendientes a separar la política de los negocios. De allí, la necesidad de establecer la obligatoriedad de declaración patrimonial de los altos ejecutivos del Estado a nivel central y descentralizado, así como de los representantes de la ciudadanía: senadores, diputados, alcaldes y concejales.
4.- El papel de las comunicaciones es de-
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mover y defender tales derechos y responsabilidades fortaleciendo la ciudadanía. Para ello se debe acelerar la promulgación de la reforma constitucional destinada a crear el Defensor Ciudadano.
7.- Complementaria a la anterior, reforzar y desarrollar nuevas iniciativas legislativas, normativas y de financiamiento conducentes a la consolidación de una sociedad civil fuerte, autónoma y autosuficiente, así como al desarrollo de la participación y vigilancia ciudadana. Declaración del Directorio de la Fundación Chile 21 En sesión del día Viernes 13 de octubre de 2000
5.- La probidad y la lucha contra la corrup-
ción requieren sólidos sistemas democráticos e instituciones políticas transparentes. Urge legislar sobre financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, garantizando información pública, control del gasto y acceso equitativo a recursos.
6.- Con una débil cultura de derechos y responsabilidades ciudadanos, nuestro país requiere de un instrumento que permita pro-
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terminante para hacer más transparente la información a los ciudadanos para que estos ejerzan sus derechos y obligaciones, controlen y fiscalicen. En pos de este objetivo, es urgente culminar a la brevedad la tramitación del proyecto de ley de prensa, especialmente en materias que dicen relación con la libertad de expresión, pluralismo informativo, fin de la censura y de la prohibición de informar.
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