Revista Foro 21 N° 87 by Fundación Chile 21

Julio 2009 Año 9- No 87

Obama y América Latina CEP: Punto de Partida de la Carrera Presidencial

Propuestas para una Nueva Concertación

El Nuevo Rol del Estado

Editorial Coyuntura Marcelo Contreras N. La Política Fiscal y la Coyuntura Económica Luis Eduardo Escobar Desigualdad, Participación en Política y el Voto Voluntario Paulo Cox Planificación Estratégica y Rol del Estado en Chile Alvaro García Hurtado Propuestas para una Nueva Concertación Manuel Salazar Salvo Reinventando a Calibán: Barack Hussein Obama y América Latina Jorge Heine

Presidentes Honorarios Ricardo Lagos Carlos Ominami Francisco Vidal Directora Ejecutiva María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto Jorge Leiva Dirección Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 Email: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

Editora Ximena Gattas Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Mónica Poblete Impresión ATG Impresores

E 1 2 5 8 10 16 21

E D I T O R I coA y u n t u rLa El progresismo: una mayoría plural Las recientes elecciones al parlamento europeo, desarrolladas en el contexto de la crisis económica internacional, mostraron un fuerte avance de las fuerzas conservadoras y un claro retroceso de las fuerzas progresistas y bien pudiera darse el caso que América Latina este poniendo fin al ciclo de gobiernos progresistas inaugurado con el triunfo de Patricio Aylwin en Chile, Lula da Silva en Brasil o más recientemente del Presidente Tabaré Vásquez en el Uruguay. La reciente victoria de las fuerzas conservadoras en Panamá, así como el resultado de las recientes elecciones legislativas en la Argentina, podrían estar mostrando una tendencia pendular hacia la derecha, que augura una reñida disputa presidencial tanto en Chile, como en el Uruguay, así como en el propio Brasil y la Argentina, en los próximos dos años. Por su parte, el derrocamiento del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien se distanciara de los grupos económicos y poderes fácticos en su país para acercarse a la iniciativa bolivariana del ALBA, que merece el repudio y plantea un claro desafío a la comunidad internacional, presenta más de una interrogante acerca de la solidez de esos procesos. La extendida idea que la derecha no puede ganar la próxima elección presidencial porque sus ideas están en bancarrota en el mundo tras el desplome del paradigma neoliberal, el gobierno y la Presidenta están en su nivel más alto de apoyo o porque en Chile existe una clara mayoría identificada con el centro y la izquierda peca de ingenuidad. Se puede ser mayoría y perder una elección, tal como quedara demostrado en la última elección municipal, en donde la Concertación obtuviera el 38 % de los votos a nivel de alcaldes mientras la derecha alcanzara el 40 % de los sufragios y el gobierno de los principales municipios emblemáticos. En las próximas contiendas presidenciales, las derechas no saldrán a defender las ideas que ayer adoraron de mercados desregulados, Estados mínimos o la teoría del “chorreo”. Ni siquiera los viejos dogmas fundamentalistas en el plano valórico. Por el contrario, intentarán vestirse con los ropajes del cambio, que asimilan a la ansiada alternancia en el poder. Intentarán apropiarse de las propuestas de protección social, a la que sumaran las “oportunidades para los emprendedores”, reclamando una supuesta mayor eficiencia para crear riquezas y por cierto, mano dura en contra de la delincuencia. Todo ello condimentado con espectaculares denuncias sobre corrupción. La misma que se desbordara en los regimenes autoritarios que apoyaron en el pasado y acerca de la cual guardaron riguroso silencio. Por su parte, los sectores progresistas no deben probar su capacidad de asegurar la gobernabilidad, el orden fiscal, la lucha en contra de la pobreza o la miseria y el compromiso con el crecimiento económico, que han demostrado más allá de toda duda razonable en estos años en que han gobernado. Lo que verdaderamente deben demostrar es que son capaces de asumir la diversidad que los constituye como un valor de la democracia para generar mayorías amplias que no sólo aseguren la gobernabilidad sino la capacidad del sistema político de procesar las nuevas demandas ciudadanas por mayor justicia distributiva, participación ciudadana y profundización de la democracia. Y así como no hay una nueva Concertación sin los partidos que actualmente la integran, no existe una clara mayoría progresista que no asuma su actual diversidad y pluralidad. j

2009 1 i

C OYUNTURA

Encuesta CEP Marca Punto de Partida de la Carrera Presidencial Marcelo Contreras N., Director Revista Foro Chile 21

Los resultados de la última encuesta CEP, a cual la mayoría de los actores políticos le reconocen seriedad y rigurosidad, representa un verdadero punto de partida de la campaña presidencial, mostrando a Sebastián Piñera en primera posición con un 37% de las preferencias, a Eduardo Frei en un piso del 30% y manteniendo su primera opción de pasar a segunda vuelta y a Marco Enríquez Ominami en un expectable 13% de las preferencias, dejando en un piso del 1% a los demás candidatos alternativos. En verdad estos resultados confirman lo que la mayoría de los analistas políticos proyectaban y que sólo algunos ponían en duda, confundiendo sus deseos o temores con la realidad. Y es que la próxima elección presidencial, lejos de estar resuelta, tiene un resultado abierto e incierto, que nuevamente se resolverá en una segunda vuelta y, lo más probable, es que enfrente a los candidatos de los bloques mayoritarios. La novedad es que por primera vez en estos últimos 20 años, el candidato oficialista no cuenta con el favoritismo en las encuestas, a pesar de registrar un empate técnico en segunda ronda. Por lo mismo, nada en verdad, que justifique la euforia con que fue recibida la encuesta en algunos círculos oficialistas como no sea por el enorme alivio de comprobar que aún tiene una buena opción de ganar en segunda vuelta, aún cuando permanezca la incógnita del comportamiento en primera vuelta del electorado alineado tras Marco Enríquez Ominami y demás candidatos alternativos y de las reales posibilidades del candidato oficialista de acortar la considerable brecha que aún lo separa del postulante de la derecha y que, de mantenerse, plantea una enorme dificultad para revertir esa distancia en la segunda ronda. Esta última encuesta del CEP confirma que la Concertación ha dejado de representar por sí misma una sólida 2

2009 i

mayoría ciudadana, que hasta ahora le había permitido ganar todas y cada una de las elecciones democráticas desde 1989, con la excepción de la última elección municipal, en donde perdió a nivel de alcaldes, fruto de su dispersión y sólo marcó un 45% a nivel de concejales. Los sucesivos quiebres y escisiones experimentadas por el oficialismo en los últimos cuatro años, con epicentros en el PPD, la DC y el Partido Socialista, y que han significado la renuncia o expulsión de varios de sus parlamentarios y dirigentes emblemáticos, dan cuenta de su desgaste y deterioro. Y si bien todo indica que sigue existiendo en el país una clara mayoría social y política que se inclina hacia el centro y la izquierda, mientras que la derecha sigue siendo minoría, esa mayoría es más diversa y plural que lo que hoy es capaz de expresar la actual alianza de centro izquierda en el poder, con domicilios que van desde la Concertación hasta el Juntos Podemos, pasando por sectores desgajados de los partidos oficialistas e independientes que no reconocen afiliación política. ¿Cómo unir a esa mayoría plural tras un programa y un candidato único para enfrentar la próxima elección

coyuntura presidencial? Algunos, como el senador Carlos Ominami, que decidiera abandonar las filas del Partido Socialista para apoyar a Marco Enríquez Ominami, proponen que el oficialismo reconozca que hoy existen dos candidatos de la Concertación, Eduardo Frei y el propio Marco Enríquez Ominami. Que se asuma la primera vuelta presidencial como una suerte de primarias, con un pacto de apoyo recíproco en segunda vuelta y la extensión del pacto parlamentario por la no exclusión. En verdad una propuesta algo extemporánea luego que los partidos oficialistas desarrollaron un proceso de primarias no abiertas y que Eduardo Frei obtuviera la nominación. Por su parte, el comando presidencial de Eduardo Frei no tiene resuelta la manera cómo enfrentar al díscolo parlamentario que optó por renunciar al PS para enfrentar la próxima elección presidencial como independiente y que, según sus propias afirmaciones, ya lleva reunida más de la mitad de las 36.000 firmas requeridas. Oscila entre las políticas contemporizadoras esbozadas por Enrique Correa y Belisario Velasco, que apuestan a sumar a estos sectores alternativos en una segunda vuelta, y las posturas más confrontacionales, representadas por Eugenio Tironi, que encuentra eco en la DC y las cúpulas partidarias, que apuestan a cerrarle los espacios a la disidencia en la perspectiva de fortalecer la opción oficialista en primera ronda. En verdad las campañas políticas, que implican competencia por las ideas y disputa electoral, están regidas por la lógica de la confrontación antes que la colaboración. Inevitablemente la candidatura oficialista deberá enfrentar el desafío que representa Marco Enríquez Ominami, cuyo objetivo principal, independientemente que pueda captar a otros sectores, es disputar el electorado tradicional de la Concertación, para abrir paso a lo que el senador Carlos Ominami denomina nueva Concertación o nuevo progresismo. En definitiva, se trata -asumiendo que parte del electorado que logre Marco Enríquez es recuperable en una segunda vuelta- de no demonizar o anatemizar a Marco Enríquez y lo que representa, asumiéndolo como un fenómeno político con orígenes en problemas reales de las propias administraciones concertacionistas, así como de la propia coalición en el poder, que no han logrado resolverlos adecuadamente, teniendo en cuenta que éstos requieren de respuestas políticas antes que medidas disciplinarias o agresivas. En la última encuesta CEP, Marco Enríquez Ominami ha

obtenido un resultado a todas luces positivo para un joven diputado, que tan solo hace algunos meses decidiera desafiar a las elites oficialistas y plantear su propia postulación presidencial. Un resultado tan sólo oscurecido por sus propias expectativas y la de sus partidarios, avaladas por algunas encuestas de opinión, de dejar en el camino a Eduardo Frei e inscribir su nombre en la papeleta de segunda vuelta. Una aspiración a la que Marco Enríquez y sus seguidores, teniendo a la vista su aún bajo nivel de conocimiento en el electorado, no han renunciado para nada pese a la distancia que lo separa del candidato oficialista. Mucho se discute si ese 13% que Enríquez ha alcanzado representa su piso o su techo y aún tiene seis meses de campaña para intentarlo. La propia decisión del senador Carlos Ominami de desafiliarse del Partido Socialista y enfrentar su reelección como independiente, muy probablemente acompañado por el diputado Álvaro Escobar, asumiendo un rol más protagónico en la campaña presidencial de su hijo, fortalece esa perspectiva, pese a que deberá enfrentar una dura competencia del oficialismo, representada por el actual senador por la Quinta circunscripción Costa, Nelson Ávila y presumiblemente por el ex canciller Ignacio Walker.

En la lógica de la competencia, todo indica que Marco Enríquez Ominami levantará una lista parlamentaria más extensa de la anunciada inicialmente, en donde bien pudiera integrar al Partido Humanista, representantes del PRI, sus propios partidarios y algunos candidatos que opten por desafiliarse de los partidos oficialistas para integrar esta lista alternativa. Para Sebastián Piñera, en cambio, el resultado de la última encuesta CEP es corrosivo. No tan sólo porque lo muestra en baja y empatando con el candidato oficialista en segunda vuelta, sino porque reabre el debate en la UDI acerca de la conveniencia electoral y política de enfrentar la próxima elección presidencial y parlamentaria con un candidato único. Sobre todo teniendo a la vista la dura confrontación electoral que protagonizan Joaquín Lavín y Francisco j

2009 3 i

coyuntura Chahuán en la Quinta circunscripción Costa, así como Lily Pérez y Marcelo Forni en la Quinta Cordillera, que amenaza con extenderse al resto de las circunscripciones y distritos, sobre todo si existen dudas fundadas sobre el éxito de la campaña presidencial. Es difícil que a estas alturas la UDI decida revisar su decisión de no levantar un candidato propio, al igual como lo hiciera RN con Sebastián Piñera en la pasada campaña presidencial, aduciendo que Lavín era un candidato débil que iba para abajo en las encuestas. Básicamente porque desaprovechó el momento de levantar un candidato fuerte como Pablo Longueira cuando este se postuló y porque pese a los roces entre ambos partidos y promesas incumplidas de Piñera a los candidatos a parlamentarios de la UDI, la Alianza por Chile, a diferencia de lo que sucede en la Concertación, ha vivido sus mejores momentos de unidad y cohesión tras la campaña presidencial de Piñera. Pero bien puede concentrar sus esfuerzos y liderazgos en la campaña parlamentaria, en donde aspira a revalidar su supremacía en relación a sus aliados y la condición de primera fuerza política en el país, dejando la campaña presidencial librada a su propia suerte. Sebastián Piñera aún puede ganar la próxima elección presidencial si logra mantener la distancia que aún lo separa del candidato oficialista y si Marco Enríquez Ominami logra seguir creciendo a costa de la Concertación. Una ventaja de siete puntos, que aún lo distancia de Frei, concentra la atención en el comportamiento de los indecisos, así como del electorado que logre reclutar el candidato alternativo y las demás opciones presidenciales en primera vuelta, aún cuando luego de la encuesta, las opciones minoritarias, representadas por Adolfo Zaldívar, Alejandro Navarro y Jorge Arrate, parecen entrar en una “pausa reflexiva” como la ha descrito Jaime Mulet. A excepción de Marco Enríquez Ominami, que tiene decidido competir hasta el final, logrando capitalizar el descontento en contra de las elites, las demás opciones alternativas están en un piso que no supera el 1% de las preferencias. Una incómoda posición que podría afectar las pretensiones de sus candidatos a parlamentarios, con excepción del PC, que ha suscrito el pacto por la no exclusión con el oficialismo, que les garantiza levantar candidatos competitivos en al menos tres distritos y que las demás fuerzas políticas alternativas, 4

2009 i

incluida la de Marco Enríquez, no tienen asegurado, todo lo cual podría hacer variar el actual elenco de candidatos presidenciales. El Partido Humanista, que formalmente apoya la postulación presidencial de Jorge Arrate pese a que declinara su incorporación al pacto parlamentario en contra de la exclusión, ha llamado a sus aliados del Partido Comunista a reconsiderar la postulación de Jorge Arrate y dar un eventual apoyo a Marco Enríquez. Una alternativa que el PC ha desechado de plano. Por su parte, Alejandro Navarro, junto con valorar el posicionamiento de Eduardo Frei en la encuesta CEP, ha llamado a la unidad de las fuerzas de la izquierda para levantar un candidato único. La “pausa reflexiva” a la que ha llamado al PRI Jaime Mulet puede tener lecturas muy diversas. Desde una eventual bajada de Adolfo Zaldívar y un hipotético apoyo a Marco Enríquez Ominami, a un pacto parlamentario con lo que representa, descartando que puedan apoyar a Frei o Piñera y su abortada “coalición por el cambio”. La reciente encuesta del CEP representa el punto de partida, pero en ningún caso el punto de llegada de una campaña que recién comienza y en donde Eduardo Frei asume el duro desafío de acortar la distancia que aún lo separa de Sebastián Piñera. Marco Enríquez mantiene su decisión de disputar la representación de las fuerzas progresistas con el candidato de la Concertación y los demás candidatos alternativos entran en un proceso de reflexión, que bien podría simplificar el escenario presidencial. Sin embargo, más allá de sus resultados, la elección presidencial y parlamentaria plantea más de una interrogante acerca de la gobernabilidad futura del país. Un valioso intangible que hasta ahora, con mayores dificultades que en el pasado reciente, la Concertación ha podido garantizar, pero que difícilmente puede asegurar a futuro sin una adecuada política de alianzas que de cuenta de la diversidad de la llamada nueva mayoría progresista y que la derecha no está en condiciones de asegurar si pierde la mayoría parlamentaria que hoy tiene de manera circunstancial y que, difícilmente, puede revalidar en las urnas. Una incógnita que se proyecta a la candidatura alternativa representada por Marco Enríquez Ominami.

E CONOMÍA

La Política Fiscal y la Coyuntura Económica Luis Eduardo Escobar Economista, Fundación Chile 21

Introducción Recientemente el Gobierno, por medio de su Director de Presupuestos, presentó las proyecciones fiscales actualizadas para el año 2009. Estas han producido un cierto revuelo ya que suponen un déficit significativamente más alto de lo que el Gobierno había estado dispuesto a admitir, aunque los analistas de la plaza ya habían estado anunciando déficits un poco mayores. Para financiar el déficit y otros gastos financieros que técnicamente no constituyen déficit, como el aporte de capital al Banco Estado y a Codelco, el gobierno recurrirá entre otros elementos a la venta de US$ 4.000 millones. Lo anterior plantea al menos dos temas centrales que son el objeto de este artículo. Primero, ¿qué pasó con la regla

fiscal? Segundo, ¿qué margen queda para aumentar el gasto público en el 2010 si esto fuera necesario? Las bases de la política fiscal La política fiscal en Chile se ha venido manejando en base a la “regla de superávit estructural” diseñada por Eyzaguirre y Marcel al comienzo del gobierno de Lagos. Lo que hizo la regla no fue más que darle una expresión concreta a lo que había sido la práctica de los gobiernos chilenos desde fines de la década de los ochenta, esto es, generar un superávit fiscal global prácticamente todos los años hasta 1998. Un superávit global es una forma técnica de decir que los ingresos totales son superiores a los gastos totales, incluyendo inversión. Lo que hizo la regla fue formalizar esta forma de operar y fijó la política que el superávit debía ser calculado en base a (1) una estimación de los ingresos tributarios no cobre en el supuesto que la economía funciona “normalmente”, esto es, creciendo a una tasa que corresponde a su operación de tendencia; y (2) los ingresos del cobre (Codelco más los impuestos a la renta de las empresas privadas) suponiendo que el precio del metal rojo está en su nivel de largo plazo.1 Al calcular los ingresos de esta forma y establecer una meta de superávit, queda fijado el gasto que es posible realizar durante el año.2 Durante el Gobierno de Lagos la meta de superávit fue igual a 1% del PIB. Como hacia el final de ese gobierno el precio del cobre se disparó y la economía aceleró su crecimiento, se generaron excedentes fiscales como el país jamás había visto y que a fines de 2008 resultaron en una acumulación de ahorros que superaron los US$ 23.000 millones entre el fondo de Estabilización Económica y social (FEES) y Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). 1 A partir de 2006 se calcularon separadamente los ingresos del molibdeno. Aquí nos saltamos ese elemento para no complicar la descripción. 2 Es decir, Ingresos Estructurales - Meta de Superávit Estructural = Límite de Gasto Total Presupuestado. El resultado fiscal, sin embargo será igual a Ingresos Efectivos - Gasto Total Presupuestado = Superávit Efectivo. Como se observa, si el ingreso efectivos es mayor (menor) que el ingreso estructural, el superávit efectivo será mayor (menor) que el superávit estructural ya que el gasto total está fijo.

2009 5 i

economía Esta forma de manejar la política fiscal fue formalizada en la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2007 de manera que todos los gobiernos futuros tienen que calcular los ingresos estructurales cada año cuando presenten el presupuesto y, a los tres meses de asumir el gobierno, la administración entrante debe declarar cuál será su política fiscal en base a este cálculo. El Gobierno de la Presidenta Bachelet redujo la meta de superávit a 0,5% del PIB para el año 2007 ya que se consideró que no era necesario acumular tantos ahorros. De paso, la reducción de la meta permitía aumentar el gasto público que había disminuido significativamente como

El mundo real y las reglas

A medida que la situación económica internacional se deterioró y que el gobierno llegó a la conclusión que el crecimiento del PIB en el 2009 sería significativamente menor a lo proyectado en septiembre de 2008, el gobierno introdujo un paquete fiscal en enero de este año que elevó el gasto respecto de lo presupuestado en US$ 3.500 millones. Este monto incluía un aporte de capital a BancoEstado y a Codelco que técnicamente no son gasto.5 En ese momento el gobierno redujo la meta de superávit fiscal a cero ya que era imposible aumentar el gasto público y al mismo tiempo generar un superávit estructural de 0,5% del PIB. Ahora el gobierno ha aceptado y proyecta que tendrá un déficit estructural de 0,4% del PIB. Es decir, en menos de 12 meses el gobierno pasó de una política de superávit más o menos importante a una política de déficit significativo, lo que implica un aumento del gasto público de 6,4% respecto de lo presupuestado para el 2009 y de 14,5% respecto del nivel de Fuente: Dirección de Presupuestos, www.dipres.cl gasto registrado en el 2008. Estos cambios reflejan el principal problema que tienen las porcentaje del PIB durante el gobierno de Lagos llegando a reglas aplicadas a la economía. Por una parte, ofrecen una los niveles más bajos registrados durante los gobiernos de la cierta certidumbre respecto de cuáles serán las políticas Concertación (Gráfico 1). Como la operación de la regla fiscal tuvo el inesperado efecto de un gobierno. Para asegurar que se conozca lo que hará de reducir el gasto público como porcentaje del PIB, el gobierno un gobierno y comprometerlo públicamente, la Ley de de la Presidenta Bachelet vio la oportunidad de aumentar el Responsabilidad Fiscal obliga a los gobiernos entrantes gasto social significativamente a partir del año 2008, llevando a declarar su política fiscal en base a la regla de superávit el nivel de gasto público a cerca de 21% del PIB, en línea con estructural. Por otra parte, las reglas cuantitativas tienen el el promedio observado en el período 1989-1997. inconveniente que para adaptar las políticas a situaciones reales cambiantes, es necesario violar la regla o modificarla Al diseñar el presupuesto para el año 2009 el Gobierno con tal frecuencia —en este caso dos veces en cinco meses— estimó que la economía crecería en un 4% real y que el que pierden significado. precio del cobre de largo plazo sería de US$ 1,99 por libra y el precio promedio de mercado durante 2009 sería de Para ser justos, debemos recordar que Keynes decía, US$2,90.3 Esto permitiría aumentar el gasto fiscal en cerca “Cuando cambian los datos yo cambio de opinión y usted, de 8% en términos reales, consistente con mantener un superávit estructural de 0,5% del PIB.4 5 Los aportes de capital se tratan como inversiones de saldos 3 En realidad, las proyecciones las hacen dos paneles de expertos, uno para proyectar el PIB de tendencia y otro para el precio del cobre. 4 Medido respecto del gasto efectivamente realizado en el 2008.

2009 i

líquidos del gobierno, es decir, no afectan el patrimonio del Estado ya que simplemente se invierten en otro tipo de activos. En cambio, los gastos, corrientes o de inversión, potencialmente afectan el patrimonio fiscal si generan un déficit o un superávit.

economía ¿qué hace?” Ese es el dilema. Una buena política fiscal contracíclica requiere que el sector público gaste más durante períodos contractivos y que gaste menos en períodos expansivos. Como no se sabe de antemano lo que ocurrirá, es necesario “cambiar de opinión” y adaptar las políticas a las nuevas realidades. El problema con la regla fiscal que tenemos es que si la meta es cero tiende a estabilizar el gasto a lo largo del ciclo, pero no es lo suficientemente contracíclica. Si la meta de superávit fiscal es positiva, como lo fue entre 2001 y 2008, corremos el riesgo de reducir el gasto público en relación al PIB de manera muy importante como ocurrió durante el gobierno de Lagos y los primeros dos años del actual gobierno. No poder hacer política contracíclica por cumplir con una regla inventada por un gobierno, y no usar los recursos ahorrados con el sacrificio de todo un país, sería un acto de soberbia increíble. Al mismo tiempo, reducir el tamaño del gobierno consistentemente no es indiferente para el crecimiento económico ni para el bienestar de la población. Cada punto porcentual del PIB que se reduzca el gasto público representa unos US$ 1.600 millones anuales menos de gasto, corriente o de inversión. Esto es equivalente a dos puentes sobre el Canal de Chacao, una vez y media todo el programa de inversiones del Ministerio de Salud par el 2009, o 1,3 veces el programa de inversiones del MOP para este año. Los US$ 1.600 millones son equivalentes a un aumento de 26% en la inversión pública total, incluyendo las transferencias de capital. Los desafíos futuros ¿Cuánto más habría crecido la economía chilena si la inversión pública aumentara en estas magnitudes? ¿Cuál debe ser la relación entre lo que ahorramos cada año “de vacas gordas” y lo que gastamos en bienestar social o inversión? Este es el desafío que enfrentan los futuros gobiernos Alcanzar un equilibrio entre lo que ahorramos para los períodos “de vacas flacas” y lo que queremos invertir para crecer más y mejorar los ingresos y condiciones de vida de la población. En este sentido el año 2010 se presenta complicado. Aparentemente, los precios del cobre estarían por encima de lo que los expertos han considerado es el precio de largo plazo y la economía tendería a recuperarse, acercándose a su nivel de tendencia. Esto permitiría aumentar el gasto público

aun si el balance estructural vuelve a cero, registrando un superávit efectivo que aumentaría los ahorros en el FRP y el FEES. Este resultado complica a los economistas conservadores que ven con preocupación que el gasto público, como porcentaje del PIB, se mantenga en los niveles en torno al 24% que se registrará este año, similares a los niveles observados hacia fines de la administración Frei. Sin embargo, si queremos una economía que crezca aceleradamente es necesario aumentar la inversión pública en infraestructura, reduciendo así los costos operativos (aumentando la productividad) del sector privado y facilitando mayor inversión privada. Asimismo, si una parte del gasto adicional se dirige hacia inversiones en infraestructura social, mejoramos la calidad de vida de los chilenos y chilenas que dependen, en mayor o menor medida, del Estado para obtener servicios de salud, educación, vivienda, transporte y pensiones. La discusión sobre reglas económicas no son sólo discusiones técnicas, también tienen un trasfondo valórico que no se puede ignorar. Ahorrar hasta que duela, para parafrasear al Padre Hurtado, no tienen sentido en un país que, como el nuestro, ha sido capaz de superar su historia de alto endeudamiento y crisis de balanza de pagos. Sin duda hay que manejar las finanzas públicas con prudencia, pero no podemos ignorar las oportunidades de crecimiento perdidas ni las necesidades de un pueblo que aspira a vivir mejor de manera sostenible en el tiempo. Lograr ese equilibrio será el gran desafío de futuros gobiernos. j

2009 7 i

P OLÍTICA

Desigualdad, Participación en Política y el Voto Voluntario: Lo que Dicen los Datos Chile ha exhibido una baja sostenida en la participación electoral durante el período post-autoritario, alcanzando hoy día un nivel que apenas supera el 50 por ciento del universo de personas que pueden participar1. Uno de los riesgos más importantes a los que está expuesta una democracia, donde tan pocos votan, es el sesgo de clase social que se produce entre quienes participan y aquellos que no. Tal como lo ha destacado la literatura especializada1,

La aprobación del voto voluntario y sus posibles efectos negativos sobre la participación, sólo incrementará el sesgo de clase en las elecciones.

Paulo Cox Toulouse School of Economics, Francia.

las desigualdades socioeconómicas serían un fuerte determinante de la forma más elemental de participación en política, la concurrencia a las urnas. Ello implica un dilema fundamental para el principio de representación democrática2, pues el resultado de las elecciones, en cuanto a las políticas efectivamente escogidas o a los representantes encargados de implementarlas, no reflejaría bien las verdaderas preferencias de la ciudadanía, sino aquellas de grupos particulares de la población, siendo la solución más natural a este problema el aumentar la participación electoral. La reciente reforma al sistema electoral ha hecho bien en proponer la inscripción automática, lo que conduciría a promover la participación y allanaría las desigualdades intergeneracionales derivadas del actual sistema. Pero al mismo tiempo ha desechado, con la propuesta de voluntariedad del voto, uno de los instrumentos de orden institucional más eficaces para promover la participación de los ciudadanos: la obligatoriedad de presentarse a votar el día de elecciones. Así, los efectos de la reforma no pueden ser sencillamente evaluados, pero resulta evidente que la remoción de la obligatoriedad debiese tener efectos lesivos para la participación de largo plazo. En este nuevo escenario se acrecienta la vigencia

1 Proporción de votos válidamente emitidos respecto a la población con edad para votar.

2009 i

2 Lijphart, Arend (1997), Unequal participation: Democracy’s unresolved dilemma, The American Political Science Review; Mar 1997; 91, 1.

política de la pregunta: ¿quiénes votan en Chile? Aunque existe una intuición de que se trataría de las clases relativamente más acomodadas, no sabemos de ningún estudio sistemático que aborde esta pregunta. A continuación daré a conocer nueva evidencia conducente a responder esta interrogante fundamental. Usando información por comunas de la Región Metropolitana3, se concluye no tan solo que son los ciudadanos relativamente más ricos quienes participan más, sino también que la magnitud del sesgo de clase es muy alto en términos comparados. En efecto, la correlación simple entre el ingreso del hogar representativo de la comuna4 y la proporción de jóvenes entre 18 y 19 años inscritos sobre el total de jóvenes en aquel rango de edad a nivel comunal es de 87%5 (ver gráfico). La participación promedio de las 26 comunas más ricas de la Región Metropolitana es aproximadamente el doble que la de las 26 más pobres. Así, a modo de ejemplo, si bien el INE estima para el año 2005 que el número de jóvenes entre 18 y 19 años de Puente Alto es tres veces el de Las Condes, en cuanto a participación (número de inscritos), Las Condes (con aprox. 3300 jóvenes inscritos) es aproximadamente 2,5 veces Puente Alto (con aprox. 1300 inscritos). En términos comparativos, la magnitud del sesgo entre comunas ricas y pobres es sólo comparable con la de Estados Unidos6. Vemos que esta evidencia en Chile confirma aquella encontrada en otros países: que existe una estrecha y positiva relación entre variables socio-económicas y la participación electoral, tal vez siendo la única diferencia lo marcado de 3 Para un estudio más completo al respecto, que lleva a cabo un análisis multivariado para describir la participación electoral en Chile a nivel nacional, ver Corvalán A., y Paulo Cox (2009), Declive y desigualdad electoral en el Chile post-autoritario, Documento de Trabajo. 4 He considerado el ingreso total per capita del hogar mediano por comuna. Para efectos del gráfico he reescalado esta variable usando la función logaritmo natural. 5 Esta relación es robusta a la inclusión de otras variables, como educación, tamaño de la comuna y ruralidad, entre otras. 6 En ambos casos, la diferencia entre el primer y último quintil de ingreso es del orden de 3, siendo Estados Unidos un país que reporta una desigualdad excepcionalmente alta en la participación electoral cuando se le compara con otras democracias modernas (ver Przeworski, Adam (2009), Constraints and Choices: Electoral Participation in Historical Perspective, Comparative Political Studies, Vol. 42, No. 1, 4-30 (2009)).

esta relación para el caso chileno, que no se asemeja sino al caso norteamericano, largamente considerado un caso anómalo comparado al resto de los países. El patrón descrito genera una distorsión entre la voluntad de todos los ciudadanos respecto a los representantes que desea elegir o las políticas que desea implementar, y las preferencias manifestadas como resultado de cada ejercicio eleccionario respecto a estas dimensiones. La evidencia aquí presentada muestra que la regla electoral sesgará el resultado de las elecciones, sistemáticamente, en favor de los sectores relativamente más ricos de la sociedad, vulnerando así el principio decretado en la carta fundamental, que señala que ningún sector del pueblo puede atribuirse el ejercicio de la

soberanía7. En el contexto descrito, la aprobación del voto voluntario y sus posibles efectos negativos sobre la participación solo incrementará el sesgo de clase en las elecciones. Con él, no sólo se pierden valores esenciales de la vida política y democrática de una Nación, sino que también se vulnera un principio constitucional fundamental, puesto que las elecciones convocarán a los sectores altos a decidir las políticas que se aplicarán a todos los ciudadanos. Ante el nuevo escenario derivado de la reforma permanece entonces como desafío diseñar políticas conducentes a disminuir este sesgo.

Artículo 5.Inciso 1, Constitución de Chile.

2009 9 i

P L A N I F I C A C I Ó N E S T R AT É G I C A

Planificación Estratégica y Rol del Estado en Chile

El camino para avanzar hacia objetivos más ambiciosos, como sería la construcción de una Visión compartida de futuro y enfrentar los desafíos que plantean las políticas públicas en Chile, es una demanda de los propios actores que deben concurrir a construirla. Álvaro García Hurtado, Vice-Presidente Chile 211

La planificación estratégica ocupa un espacio importante en la operación de la empresa privada, pocos pondrían en cuestión su utilidad. Sin embargo, la inclinación hacia las políticas de libre mercado que han predominado en Chile en el último tiempo, especialmente en el medio empresarial, fue comprendida como contradictoria con el rol planificador del Estado; lo que debilitó el papel que este jugaba en esta materia. Sin embargo, son muchas las razones que justifican que Chile tenga una visión de los escenarios que se le pueden presentar en el futuro, como de la dirección en que quiere avanzar. Esto es que cuente con un Plan Estratégico. Nos enfrentamos a un mundo globalizado que experimenta frecuentes crisis que se expanden a gran velocidad y el país debe estar preparado para enfrentarlas. La misma economía global exige, para crecer, exportar conocimiento y valor agregado; un desafío que Chile conoce pero aun no asume en plenitud y que, sin duda, demanda un persistente esfuerzo de largo plazo. Aun más importante, existe la necesidad de asumir realística y ordenadamente nuestros grandes desafíos en el área social, que demandarán una gran cantidad de recursos por un prolongado período de tiempo. No es de extrañar, por tanto, que todos los actores de la vida nacional perciban la importancia de que Chile cuente con un ejercicio de planificación estratégica que defina una visión del país que queremos, escenarios en los que nos podemos desenvolver en el futuro mediato y los caminos y prioridades en las que debemos avanzar.

Rodrigo Egaña y Roberto Urmeneta (ver recuadro) entrevistaron a los principales dirigentes empresariales, sindicales del sector público y privado (incluyendo las dos centrales sindicales de carácter nacional), a miembros del Parlamento y del Gobierno (especialmente de Mideplan), a expertos de Centros Académicos y de Organizaciones sociales y ONGs, entre los cuales existe una opinión generalizada respecto de que el país requiere contar con una visión compartida de los desafíos que plantea el futuro. Sin embargo, cómo se genera esa Visión parece ser muy importante para los actores. Dos son las condiciones que estos demandan: que la institución tenga algún grado de autonomía respecto del gobierno de turno y que sea plural en su composición. En otras palabras, que la institución represente y le de confianza a una pluralidad de actores, lo que le da gobernabilidad y permanencia a las reformas que conlleva la

1 Este artículo resume un trabajo mas largo del autor realizado para el ILPES y denominado “El Sistema de Planificación en Chile. Análisis y lecciones de la experiencia”.

2009 i

planificación estratégica en la consecución de sus objetivos. 3) el monitoOPINIONES de los ACTORES sobre la PLANIFICACIÓN EN CHILE reo y evaluación (M&E) de las acciones para re• Es necesario rescatar la función de planificación e instalarla en algún lugar del sector público. troalimentar el proceso, Esta función debe hacerse cargo de problemas de fondo, que requieren soluciones de largo identificando, en cada plazo, que son costo político en el corto plazo. Es necesario que se den líneas de Estado sobre momento, los mejores temas de futuro, análisis de escenarios y de prospectiva. Esto se debería hacer desde un ente cursos de acción dadas autónomo, que no tenga la calidad de Ministerio las siempre cambiantes • Institucionalidad para la planificación debería contar con un Consejo del tipo del de Innovación, condiciones y recursos debe tener autonomía relativa del gobierno de turno, con designaciones tipo Banco Central, existentes. de institucionalidad liviana apoyada en expertos externos, plural en representación de áreas La denominación de profesionales diversas y corrientes de pensamiento diversas. planificación estratégica • Se debe recuperar lo positivo que tenía el sistema de planificación, adaptado al contexto actual busca enfatizar una en el que se trabaja a partir de políticas públicas. modalidad de planificar, • Es necesario contar con un instrumental para mirar el país del futuro, contar con bases que trasciende el mero comunes de información, para discutir políticas sobre las mismas bases. cálculo técnico, considera • Es necesario contar con una oficina que se haga cargo del pensamiento estratégico sobre el a actores adicionales a país y el gobierno. los gubernamentales y • Se debe tener una institución que mire el Chile en el largo plazo, los temas estratégicos, los enfatiza la importancia escenarios, los actores, etc. Podría estructurar un Consejo con la tarea de mirar el largo plazo, de evaluar continuamente que contara con una Secretaría Técnica liviana. el entorno en que se da el proceso de planificación Fuente: Rodrigo Egaña y Roberto Urmeneta (2006) “MIDEPLAN: propuesta de rediseño institucional”, inédito. para adaptarse a él. El reconocimiento de que construcción de una visión de largo plazo. hay múltiples actores y factores intervinientes en el curso del Un ejercicio de este tipo rescataría la positiva experiencia que proceso de planificación lleva a que este no pueda ser sólo Chile ha tenido con la constitución de Comisiones Asesoras un ejercicio técnico; requiere también de la coordinación y Presidenciales para temas sectoriales, construyendo una concertación de actores y acciones, lo que enfatiza su carácter institución permanente, con una composición similar a la de político y social (sin perder la dimensión técnica). Con ello la esas Comisiones. Dicha institución, financiada por el Estado, planificación también adquiere un carácter más incremental pero no parte del gobierno, tendría como propósito generar (logro de objetivos de corto plazo o gradualidad en la la información que le permita a sus participantes elaborar consecución por etapas de las metas) y transaccional (en el una visión compartida de los desafíos que debe enfrentar el sentido de que busca construir acuerdos entre los principales país, los posibles escenarios en que estos se desenvolverán, actores o stakeholders respecto de las metas y la trayectoria las prioridades que deben ser atendidas y las implicancias para alcanzarla). Ello sin perder su carácter estratégico o –especialmente en materia de recursos y financiamiento- que prospectivo, pero los objetivos de largo plazo se buscan con plantea enfrentar estas prioridades. flexibilidad táctica adecuándose a las cambiantes situaciones. Propugnamos un estilo de planificación gubernamental Qué se entiende por Planificación Estratégica? que articule de manera sistemática tres actividades en que intervienen múltiples actores: La planificación estratégica es el proceso de formulación de una visión del futuro a partir de la realidad presente, con el propósito de definir y posteriormente implementar políticas y programas que permitan acercarse a la situación futura deseada. Este proceso supone sucesivas y continuas etapas que se describen más adelante. Estas son: 1) la elaboración de una Visión con su consiguiente plan de acción a partir de la evaluación de los recursos de que se dispone y de las condiciones relevantes para su consecución. 2) la implementación del plan donde el rol del sistema de planificación es la coordinación de múltiples actores y acciones; de tal manera que estos desarrollen su labor de manera eficiente, coherente y complementaria

Construcción de una Visión Estratégica. La visión estratégica es la propuesta de tránsito (o plan de acción) entre la situación actual y un escenario deseable, con un conjunto priorizado de objetivos a alcanzar y recursos para lograrlos. Por lo tanto, parte de un diagnóstico acabado de la situación (social, económica, política, ambiental) en que se desenvolverán las políticas y programas; un análisis de las alternativas de cursos de acción, y la determinación de prioridades con las grandes metas y objetivos que en estas se deben alcanzar. Como también la definición de las acciones que se realizarán j

2009 11 i

planificación estratégica para lograr dichas metas, lo que denominaremos un plan de acción. La fuerza de la visión estratégica y la gobernabilidad o viabilidad de su plan de acción, reside en el nivel de apoyo que este concite. A mayor respaldo social y político, mayor es su viabilidad. Esto, a su vez, le plantea un requerimiento al proceso de construcción de la Visión y el plan de acción; estos deben reflejar y conciliar la multiplicidad de intereses y desafíos, al menos, del grupo que la sustenta.

Orientación y coordinación de actores y de la secuencia de acciones en la fase de implementación del plan. El proceso de planificación coadyuva, pero no interviene directamente en la ejecución del plan de acción. La ejecución de un Plan y Visión Estratégica supone el concurso de una multiplicidad de instituciones y actores que, además, intervienen en forma paralela o secuencial para lograr objetivos que se deben reforzar mutuamente. Lograr los resultados propuestos, supone por tanto un gran esfuerzo de coordinación de las acciones, como también la existencia de una secuencia o plan temporal de acciones (etapas) con metas realistas y responsables claros de alcanzarlas. El rol central de la planificación en la fase de ejecución es constituirse en el nódulo de un sistema de coordinación que asegure coherencia y complementariedad entre los agentes ejecutores y sus acciones. Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación. La tercera etapa que reconoceremos en el proceso de planificación es la de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones (políticas y programas), como del entorno en que estas se desenvuelven, para retroalimentar la Visión y reorientar –si así se requiriese- las acciones. Es importante remarcar que esta etapa no precede necesariamente a las anteriores, ya que alimenta y refuerza la necesidad de coordinación o puede modificar el plan de acción. Monitorear y evaluar requiere que el plan de acción cuente 12

2009 i

con indicadores de desempeño. La máxima “lo que se mide se consigue” constituye una de las lecciones más recurrentemente señaladas por quienes han manejado sistemas de planificación. Esta información cumple la doble, y clave, función de permitir hacer las correcciones que requiere alcanzar los objetivos propuestos (también adecuar los objetivos si es necesario) y mantener la confianza y, por ende, compromiso de los actores o stakeholders- que deben recibir esta información y confiar en ella. Esto último ha llevado a convenir la necesidad de que las evaluaciones no sean hechas por partes interesadas o intervinientes en la ejecución. Avanzar en esta dirección, requiere de una institución formal y permanente que cumpla con esta función, porque este debe ser un ejercicio continuo que de cuente de los cambios de escenario y de las lecciones que se aprenden durante el proceso de implementación de las reformas. La institucionalidad que ha ido generando el país en materia de coordinación, monitoreo y evaluación de los programas públicos, como las prácticas de transparencia en la difusión de esa información ya constituyen un importante avance para el funcionamiento de una institución responsable de mantener una visión estratégica de los desafíos del país. Cómo avanzar en Chile hacia una institucionalidad para la Planificación Estratégica? A partir del año 2000 se inicia en el país lo que puede denominarse un incompleto proceso de planificación estratégica gubernamental o, más bien, lo que se denomina la nueva política de administración pública (“new public management”) que surge en países anglosajones. Sin embargo, este es un proceso de hecho, no amparado por una legislación que otorgue claras funciones de planificación a los entes que la realizan (en particular al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, SEGPRES). Si bien la ley que crea la SEGPRES le asigna funciones propias de la planificación (coordinación de acciones y monitoreo y evaluación), no la denomina como tal, ni le asigna todas las funciones que la planificación requiere. Omite la de diseño de una Visión Estratégica, que conduzca el proceso. En la práctica, a esta se le da por hecha y contenida en el programa de gobierno (mas los compromisos adicionales que asuma el Presidente durante su mandato). La falta de una Visión Estratégica que oriente las prioridades y objetivos de las políticas públicas es, sin duda, una gran debilidad para un sistema de planificación. Solo la existencia de una Visión con objetivos estratégicos permite que las instituciones se orienten por y adquieran compromisos de largo plazo. Como también que la actividad de evaluación no se limite al proceso anual de acciones que se ejecutan, sino al avance en los resultados estratégicos que persigue la acción. Adicionalmente, si la Visión es consensuada entre los actores relevantes y permanentes del quehacer nacional, adquiere una

planificación estratégica fuerza que facilita su implementación durante un período que es necesariamente prolongado, normalmente superior a la del gobierno que la inicia. Por consenso entre los actores relevantes se entiende un acuerdo en torno a un objetivo estratégico inscrito en un contexto global que señala la prioridad que esta objetivo tiene, la forma en que se llevará adelante en relación a las otras prioridades, y los recursos con que contará para implementarse. Esto, en general, no ha existido en la experiencia chilena. En Chile, esta falencia se ha subsanado con la búsqueda de acuerdos sectoriales que cumplen con las características descritas (recursos y modalidad de implementación). Ello, sin embargo, no permite avanzar en temas globales y, por lo mismo, prácticamente todas las reformas que se han emprendido se han topado con la existencia de diferencias en torno a temas como el financiamiento público y el rol del Estado. Dos temas que típicamente, debían formar parte de la Visión general. La falta de una Visión Estratégica, especialmente si es consensuada, también contribuye a explicar el débil avance en uno de las principales promesas de los gobiernos de la Concertación: lograr una mayor equidad. Por lo menos en materia distributiva el avance ha sido nulo. Es difícil imaginarse un avance significativo en este tema que no se fundamente en un acuerdo sobre el rol y tamaño del Estado (aunque no se limite a ello). Prácticamente la totalidad de los países que han enfrentado con éxito el tema distributivo, lo han hecho con acuerdos que comprometen a los principales actores de la vida nacional a partir de una Visión de largo plazo. Finalmente, esta debilidad de no contar en Chile con una Visión que oriente el proceso de planificación se ve reforzada por el estrecho vinculo que la planificación tiene con el proceso presupuestario de carácter sectorial y anual. El vínculo con el proceso presupuestario es por supuesto positivo, pero su carácter sectorial y anual limita enormemente la planificación de objetivos que, normalmente, tienen un carácter multisectorial y cuyo período de implementación supera con creces el año presupuestario. Crear la institucionalidad necesaria para generar una Visión Estratégica que se plasme en planes plurianuales de consecución de los objetivos estratégicos; es una necesidad imperiosa para un buen sistema de planificación estratégica en Chile. Dicha Visión será más poderosa mientras mayor sea la coalición de actores que la sustenta. Una segunda debilidad del actual sistema de planificación en Chile es que los mecanismos que se han creado para

realizar las tareas de planificación -coordinación y M&Eestán dispersos y tampoco cuentan con una sanción formal (especialmente los de la SEGRES) y, por lo tanto, sufren cambios e incluso se establecen esfuerzos paralelos en los distintos gobiernos. Estas funciones están compartidas entre el Ministerio de Planificación (en el área social), la SEGPRES (evaluación de las metas ministeriales y coordinación para su logro) y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda (Evaluación de resultados de las políticas y programas y de eficiencia en la gestión). Si bien este sistema muestra muy significativos avances en los últimos años (especialmente el de la DIPRES), aun más, su solo existencia amerita que se pueda hablar de un sistema de planificación en Chile. Su permanencia no está asegurada, ya que la coordinación entre los múltiples actores que participan (que, hasta la fecha, puede calificarse de adecuada), depende de la voluntad de dichos actores que, invariablemente, cambia a través del tiempo. Por lo tanto, el proceso experimenta avances y retrocesos, sin avanzar en una dirección definida que permita el aprendizaje institucional, ni capacitar a los recursos humanos para que vayan perfeccionando su quehacer.

Tampoco existe un presupuesto claro (y coordinado entre los que participan) para realizar estas funciones, por lo mismo su permanencia en el tiempo pudiera verse en peligro. A lo anterior se suma el hecho que, al menos en los últimos años, el sistema de M&E impulsado por el Ministerio de Hacienda ha adquirido mayor formalidad y fuerza. Lo anterior refuerza el carácter anual y sectorial del proceso de M&E propio del proceso presupuestario chileno. De allí que el esfuerzo de evaluación de “procesos” tenga una cobertura significativamente mayor que la de resultados (142 instituciones versus 16 programas al año) y prácticamente no j

2009 13 i

planificación estratégica existe la evaluación de avance en la consecución de objetivos estratégicos con un carácter multisectorial (como es la equidad). Por otra parte, el buen sistema desarrollado por la DIPRES enfrenta la dificultad que estimula la definición de metas poco ambiciosas. Esto ocurre por la asociación que existe entre el logro de las metas y la consecución de recursos del presupuesto y de incremento en las remuneraciones de los funcionarios de las instituciones que ejecutan los programas. Metas poco ambiciosas son más fáciles de lograr y, por ende, recibir los premios que otorga el sistema. De hecho, el promedio de cumplimiento de los indicadores de desempeño es 90% una cifra a todas luces muy alta. De allí la importancia de fortalecer el rol de M&E en una institución distinta (y con criterios distintos) al del Ministerio de Hacienda. Ese es el rol que ha buscado jugar la SEGPRES en este proceso, con las debilidades ya mencionadas. Sin desmerecer los importantes avances que se han producido, es claro que el actual sistema de planificación estratégica presenta problemas para su permanencia y su calidad. Ello es especialmente cierto para las tareas que realiza la SEGPRES que tienen un mayor grado de informalidad y menores recursos de poder (en relación al Ministerio de Hacienda). Lo anterior quedó de manifiesto en los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente en el del período 2000-2006, donde se establecieron sistemas paralelos al de la SEGPRES para hacer la labor de seguimiento y monitoreo y, en menor medida, para asegurar coordinación en la acción de los distintos entes públicos. Ello, por supuesto debilitó el sistema e impidió que la experiencia ganada por estos equipos paralelos permaneciera en el sector público y se aprovechara para seguir fortaleciendo el proceso. Adicionalmente, impidió que el sistema siguiera desarrollándose para cubrir todas las áreas de acción el Estado. La situación descrita, tiene el riesgo de que las funciones de Coordinación y de M&E de la SEGPRES se transformen en un ritual formal que cumplen las instituciones, pero que no sirve para alimentar el proceso de planificación de los objetivos estratégicos del gobierno. La falta de definición formal, de Visión Estratégica y el carácter anual del sistema de planificación en Chile impide que la planificación tenga el carácter de ciclo continuo e integrado que sugiere la teoría de la planificación estratégica. En particular se debilita el proceso de aprendizaje que cumple el M&E en la orientación de las políticas y programas que 14

2009 i

buscan la realización de los objetivos estratégicos. El M&E debiera constituir un sistema de alerta temprana que alimente de forma continua el proceso de planificación estratégica. Dicho proceso, además, es requerido por la mayoría de los actores relevantes en Chile. De lo anterior se deducen claras sugerencias de política: Crear un Consejo Nacional de Planificación Estratégica, autónomo del gobierno, pero que se relaciona con este a través de la SEGPRES (o quien sea el responsable de la planificación estratégica en el gobierno). Dicho Consejo tendría que tener una representación plural en términos políticos, como también de expresión de los distintos sectores sociales, al igual que los Consejos Asesores Presidenciales que se han creado con muy positivos resultados. El Consejo tendrá como misión elaborar y mantener al día una Visión Estratégica del desarrollo nacional, sus desafíos y prioridades. Así como las formas, tiempos y responsables con que se deben asumir estas prioridades y los recursos que se requieren para implementarlas. Este Consejo debería asumir el desafío de buscar consensos estratégicos en temas claves cuya inexistencia ha dificultado la implementación de las reformas realizadas en Chile. Sin duda uno prioritario se refiere al rol y tamaño del Estado. O, en otras palabras, quien debe financiar y proveer los “productos” en que se plasma la consecución de un objetivo estratégico. Ello no impide mantener la positiva práctica de conformar Consejos Asesores para reformas específicas, pero estos debieran funcionar bajo la coordinación o, al menos, en estrecha relación con el Consejo de Planificación Estratégica de carácter nacional. Esta institución podría adquirir las características de un Consejo Económico y Social como se ha hecho exitosamente en múltiples países para lograr este mismo fin. O, al menos, contar con similares características en términos de composición, autonomía y financiamiento propio. Otorgarle formalmente, mediante un proyecto de ley, todas las funciones de planificación estratégica gubernamental a una institución pública distinta al Ministerio de Hacienda (evidentemente la que muestra más ventajas para ello es la SEGPRES). Por esta vía, esta institución pasaría a coordinar las tareas propias de este proceso que realizan otras reparticiones públicas. No parece necesario transferir todas estas funciones a la SEGPRES –o a quién se defina- sino solo asegurar el rol rector de ella en el proceso de planificación estratégica. Sin embargo, si parece necesario separar la función de

planificación estratégica evaluación de resultados del Ministerio de Hacienda, manteniendo su carácter externo e independiente a la institución ejecutora. Al respecto, en Chile, se ha elaborado una propuesta de creación de una institución pública y autónoma que vele por la calidad de las políticas públicas; esta institución podría ser la responsable de las tareas de evaluación de resultados y de informar al ente responsable de la planificación estratégica. Un presupuesto público plurianual. Es necesario extender el período presupuestario para que pueda dar cuenta de los tiempos que requiere la consecución de los objetivos estratégicos que contiene la Visión, como también considerar la formulación de planes multisectoriales que den cuenta de la necesaria coordinación y complementariedad en la acción de las múltiples instituciones que deben participar en la definición e implementación de los objetivos estratégicos. Ello no implica modificar la práctica presupuestaria anual que hoy existe; sino sumarle una etapa previa o un marco general que defina un presupuesto plurianual con un enfoque multisectorial. Ello también permitiría definir indicadores de desempeño con un carácter estratégico, esto es que den cuenta de las etapas que considera el proceso de consecución de los objetivos estratégicos. Extender la práctica y cobertura de la planificación estratégica. Continuar extendiendo las funciones propias de un proceso de planificación estratégica a todo el aparato gubernamental. Ello parece especialmente importante en el plano territorial. Tanto los gobiernos regionales como los comunales (estos últimos son autónomos del gobierno central) en la actualidad no forman parte de este sistema. Tampoco las empresas públicas participan de el. Esto es particularmente importante en el desarrollo en las funciones de coordinación y en las de monitoreo y evaluación, como se señalara en las conclusiones de las secciones respectivas. Extender este sistema requiere crear oficinas responsables en las instituciones a ser integradas a el y capacitarlas; como probablemente también requiere fortalecer las capacidades de la propia SEGPRES (si es la institución elegida para desempeñar esta tarea). El sistema de planificación estratégica debe contar con un centro fuerte, con organismos autónomos que aporten visión estratégica y evaluación de resultados, y también con una gran capacidad de planificación en los organismos ejecutores. Las debilidades señaladas, como las sugerencias hechas, no son obstáculo para concluir que el proceso de planificación

estratégica en Chile está avanzado. Sus logros son especialmente destacables en el área sectorial, donde se han impulsado muchas y variadas reformas de gran significancia, con positivos resultados y una gran aceptación entre los actores sociales y políticos, lo que les augura permanencia en el tiempo. Es también valorable el sistema de monitoreo y evaluación que se ha construido, que contempla de buena manera todas las dimensiones: evaluación ex ante, monitoreo de avances, evaluación de gestión y evaluación ex post. Como también asegura la retroalimentación que permite impulsar las coordinaciones que se requieren para superar problemas o aprovechar oportunidades. Ello, a pesar, de su actual sesgo hacia la evaluación de procesos, más que de resultados. También, aunque de manera informal, existe una adecuada relación entre la definición y seguimiento de las metas estratégicas y el proceso presupuestario de tal manera de asegurar que la gestión financiera y estratégica del Estado estén alineadas. Por último, es destacable que el gobierno y, en general, todos los actores de la vida nacional han mostrado una gran capacidad para construir acuerdos sobre temas estratégicos. Si bien quedan importantes temas por ser consensuados, ya existe la práctica y positiva experiencia de haber logrado acuerdos con resultados positivos para el desarrollo del país. Esta positiva experiencia pavimenta el camino para avanzar hacia objetivos más ambiciosos, como sería la construcción de una Visión compartida del futuro y los desafíos que le plantea a las políticas públicas en Chile. Esta, por lo demás, es una demanda de los propios actores que deben concurrir a construir esta Visión. Ello, junto con la formalización del proceso, completaría el ejercicio de planificación estratégica gubernamental desarrollado en Chile.

2009 15 i

C O N C E RTA C I Ó N

Propuestas para una Nueva Concertación

Los senadores Guido Girardi (PPD), Carlos Ominami (PS) y Mariano Ruiz Esquide (PDC), hicieron público un extenso documento de debate para constituir un “acuerdo progresista” que conduzca a lo que denominaron “un Estado Social de Derecho para Chile”. En casi 100 páginas, el documento resume los desafíos que, según estos parlamentarios, debe asumir la Concertación “para liderar la nueva ola de reformas políticas, económicas y sociales que el país requiere”. “La debacle del modelo neoliberal pone al descubierto una verdad que, aunque obvia, parecía sucumbir frente a los argumentos que dominaron durante los últimos 30 años: ni la justicia social, ni la democracia, ni la solidaridad son asuntos que los mercados puedan resolver. La crisis abre una oportunidad invalorable a las ideas progresistas para redimensionar las relaciones entre Estado y ciudadanía, reevaluando el rol del mercado en la sociedad”, expresan los senadores en la introducción. Proponen como las dos más importantes tareas pendientes el diseño de un nuevo régimen político, plasmado en una Constitución plenamente democrática, y la definición de un modelo de desarrollo sustentado en la justicia social. “Los empresarios librados a la mera competencia producen monopolios, colusiones, concentración de riquezas, daños ambientales, trabajo precario e ingresos miserables para los trabajadores no calificados. Por ello no pueden gobernarse a sí mismos, ni menos gobernar la nación”, afirman, agregando que “una nueva Concertación deberá desarrollar estrategias de fortalecimiento de la inversión pública en ciencia, educación y tecnología, perfeccionar el aparato público para la protección social y generar políticas tributarias que reduzcan las desigualdades sociales”. Enfatizan que “la democracia moderna debe generar un equilibrio efectivo entre los distintos poderes, rompiendo con el presidencialismo exacerbado que domina Chile; limitar los períodos para cargos de elección popular; contar con formas de revocación del mandato de las autoridades electas; plebiscitos 16

2009 i

Por Manuel Salazar Salvo

vinculantes para temas nacionales, regionales y comunales, entre otros mecanismos”. “El presente trabajo –manifiestan– intenta contribuir a un debate que resulta impostergable en un año electoral. Se trata de gestar un acuerdo progresista que otorgue un nuevo impulso al conjunto de reformas necesarias para constituir un Estado Social de Derecho para Chile. Cada una de las propuestas incluidas en el documento está precedida por análisis y cuadros explicativos que justifican la intervención sugerida. En el siguiente resumen se incluyen las principales medidas sugeridas por los senadores, quienes fueron asesorados por un equipo de expertos en diversas áreas del acontecer nacional.

Constitución política incluyente y democrática • La nueva Constitución debe consagrar un nuevo régimen político semi presidencial cuyos contenidos esenciales fueron definidos por los principales grupos de dirigentes a fines de los 80. Se creará así la figura del Primer Ministro, jefe de la mayoría parlamentaria. El Presidente de la República garantizará la continuidad y representación del Estado y será el encargado de asumir las principales definiciones en materias de defensa y política internacional. • La Constitución debe asegurar que la economía esté orientada a satisfacer y garantizar el goce efectivo de todos los derechos humanos y a superar las desigualdades sociales. • Delegar en los ciudadanos la capacidad

concertación de convocatoria efectiva a Referéndum y Plebiscito para temas de trascendencia nacional. • El sistema electoral deberá ser de carácter proporcional.

La participación garantiza la democracia • Derecho a voto para los chilenos en el exterior. • Impulsar la iniciativa popular de ley. Para ello debiera recogerse el 1% de firmas del padrón electoral, con un mecanismo de verificación y validación sencillo, seguro y sin costo para los firmantes. • Limitación a los mandatos de representación popular a dos períodos sucesivos, para un mismo cargo. Reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para que el gobierno local tenga más atribuciones en la generación de recursos propios. • Generar un financiamiento público básico de las organizaciones sociales que asegure su autonomía y transparencia de los gastos ante sus asociados y el Estado. La democracia llega a las regiones • Elección directa de consejeros regionales, los que a su vez eligen al presidente del Consejo Regional, entidad que tendrá el gobierno de la región, sin perjuicio de las funciones que competan a los delegados del gobierno central. • Traspaso significativo de facultades de inversión a las regiones.

Central en la definición de la política económica, priorizando las políticas productivas por sobre los enfoques monetaristas o financieros. • Una autoridad social fuerte que recoja la propuesta de la Comisión de Equidad en el sentido de fortalecer un Ministerio de Asuntos Sociales. • La creación de un Ministerio del Desarrollo donde se privilegien las políticas de incentivo al aparato productivo, las creaciones de nuevas tecnologías y la integración regional con perspectivas de largo plazo.

Reforma tributaria para más igualdad • Reforma integral a la tributación vigente, estableciendo un nuevo sistema impositivo que grave fuertemente y de modo progresivo las utilidades de la industria y las grandes operaciones comerciales y reduzca la carga sobre el ingreso a las personas y las Pymes. • Toda explotación de recursos naturales, que por definición pertenecen a todos los chilenos, debe estar sujeta a tributación. Debe existir una “tabla” de royalties según el tipo de recursos y la política de desarrollo nacional. • Eliminar el IVA a los libros y establecer un IVA diferenciado más bajo para los productos de primera necesidad (medicamentos, alimentos básicos y otros).

Garantías a los derechos ciudadanos • Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora y reguladora sectorial con fuertes atribuciones y potestades de control, monitoreo y sanción. • Mayor participación estatal en los mercados regulados de electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Chile elimina la usura • Fortalecer las atribuciones y organización de la Superintendencia de instituciones bancarias y financieras, para asegurar una mayor competitividad. • Establecer la responsabilidad penal de las empresas. • Regular a las personas jurídicas y naturales que se dedican al empréstito y al cambio de divisas. • Monitorear y controlar permanentemente la tasa de interés cobradas por empresas de retail, bancos e inmobiliarias. • Regular la actividad de “factoring no bancario”, para evitar que los riesgos de esta actividad desestabilicen a la pequeña y mediana empresa. • Eliminar la cláusula de aceleración, que le permite al financista, en un breve plazo, cobrar el total por la mora del deudor, sin buscar otras fórmulas para el pago. • Regular las repactaciones de crédito. • Otorgar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a fin de evitar colusiones de precios, barreras a la entrada y abusos de posición dominante. Hacia un nuevo modelo de desarrollo • Una nueva estrategia de desarrollo para las exportaciones donde la innovación tecnológica juegue un papel fundamental. • Una nueva institucionalidad económica que debe dejar atrás el monopolio mediocre y conservador de Hacienda y del Banco

Los recursos naturales son de todos los chilenos • Nuevo régimen jurídico e institucional antimonopolios que ponga límites a las concentraciones de poder económico actualmente existentes. • Profundizar los procesos de apertura económica hacia el exterior permitiendo un mayor nivel de sustitución de productos en un mismo mercado relevante a fin de que exista una fluida competencia; y fomentar la participación de la Pymes en los procesos de exportación, a fin de que los TLC sean reales oportunidades de negocios para ellas. • Mejorar el control sobre los servicios de utilidad pública. • Restituir la sanción penal a los atentados contra la libre competencia, considerándolos delitos de acción penal pública y causal para la disolución de las sociedades. Fin a la destrucción del medioambiente • Una nueva autoridad ambiental, dotada de autonomía y poderes reales frente al Estado y los grandes emprendimientos j

2009 17 i

concertación industriales. Eliminación de las Coremas y su reemplazo por órganos ambientales técnicos y autónomos. • Una nueva legislación marco para el ambiente y los recursos naturales. • Revisión integral de toda la legislación ambiental o con incidencia ambiental a fin de determinar vacíos, antinomias y otros conflictos que pugnan con un sistema ambiental de reglas claras. • Reducir el uso del automóvil estableciendo un sistema de tarificación vial en las zonas congestionadas urbanas de las grandes ciudades. • Desarrollar en Santiago y otras grandes ciudades trenes suburbanos eléctricos que reduzcan el uso del automóvil.

eficiente, y que genere una estrategia de reconversión progresiva para el corto y mediano plazo. • Creación de un Fondo para la Innovación y Desarrollo Tecnológico Energético de Energías Renovables no Convencionales, principalmente termo-solar, eólica y geotérmica, de al menos 1.000 millones de dólares.

País líder en innovación • Creación de un Ministerio de Ciencias y Tecnología que de respuestas a la necesaria integración de los esfuerzos para el desarrollo de esta área.

Recuperar la primacía de la educación pública de calidad • Fortalecer la educación pública y poner fin al lucro en la educación. • Eliminar el financiamiento compartido. • Toda universidad perteneciente al Consejo de Rectores que reciba financiamiento estatal, vía aportes fiscales directos e indirectos, debe destinar el 50% de su matrícula en forma gratuita exclusivamente para estudiantes egresados de liceos públicos. • Duplicar el financiamiento educacional y diferenciar el gasto en la educación pública de la educación privada, asumiendo como desafío inmediato una subvención base de $100.000 por niño al mes. • Generar incentivos públicos para el estudio en carreras estratégicas para el desarrollo nacional.

Equidad en el acceso a Internet • Impulsar el acceso a Internet como servicio público con fines sociales, garantizando el acceso igualitario y fomentando el uso de las nuevas tecnologías a bajo costo para reducir la brecha digital. Asegurar la conectividad y uso de tecnologías en educación y servicios de salud. • Mejorar el marco regulatorio sobre las empresas del sector para asegurar precios razonables, servicios de calidad y mejora en la conectividad de zonas remotas. • Dotar a Chile de una Infraestructura Pública Digital (IPD) basada en una red nacional de fibra óptica, financiada por el Estado. Destrabar la burocracia: hacia un país emprendedor • Desburocratizar la creación y cierre de micro y pequeñas empresas. Reducir los tiempos de apertura o de cierre de las empresas. Promover el uso de Internet para la gestión de trámites. • Facilitar el cierre de empresas. En Chile el emprendedor que quiebra, muchas veces se convierte en un paria, sin acceso a créditos y ayudas para recomenzar. • Modificar la legislación sobre quiebras. Estado Digital con Cero Papel • Simplificar los trámites de la administración pública, interconectar servicios y bases de datos y eliminar exigencias inútiles para mejorar la atención al público, sobre todo, vía gestión de trámites en línea. Masificar la firma digital. • Generar nuevas aplicaciones tecnológicas que permitan mejorar la gestión en los servicios como la disminución del tiempo de espera en solicitud de horas medicas vía Internet, fichas de salud digitales en línea, resultados de exámenes en línea, etc. Chile, potencia mundial en la producción de energías limpias • Adopción de una política energética que de un giro en 180º y opte, para el largo plazo, por las energías renovables y su uso 18

2009 i

El agua para todos los chilenos • Nacionalización del agua: El proceso de nacionalización del agua necesita de un consenso nacional similar al obtenido con la nacionalización del cobre, pues requiere de quórum calificado por parte del Congreso Nacional.

Por un sistema de salud pública confiable • Incrementar en forma progresiva y en un plazo de 6 años, el gasto público en salud, pasando del 3% actual del PIB hasta llegar a un nivel aproximado del 6%. Este gasto se conformará como un Fondo Universal Solidario de Salud, al que concurrirá el Estado con un aporte fiscal que pase del 1,6 actual a un 3% del PIB, con un aporte de los cotizantes de Fonasa que crezca del 1,3% actual del PIB a un 1,5% al final del período y con un aporte adicional de las cotizaciones de las Isapre, que comenzando el año 2012 en un 0,4% del PIB, llegue al 1,5% del mismo en el año 2015. • Aumentar el Per-Cápita de la atención primaria municipalizada, de los $ 1.999 actuales a los $ 3.000, para una población beneficiaria a diciembre del año 2007 ascendente a 9.742.047 personas, implicaría una diferencia a cubrir que alcanza a los M$ 117.713.692. • Otorgar a Cenabast la calidad de farmacia estatal dotándola de facultades que le permitan la venta directa al público de medicamentos. • Prohibir que las farmacias cuenten con laboratorios, terminando con la integración vertical. Mayor regulación de la salud privada • Restablecer el mecanismo del Fondo Solidario para financiar el Plan Auge, como forma solidaria de equiparación de la calidad en la atención para todas las personas, sin discriminación de género, edad o situación de salud. • Aumentar de la cobertura mínima entregada actualmente por las Isapres a un 80% del

concertación valor total de la prestación, estableciendo un co-pago máximo de un 20%. • Terminar con las discriminaciones por sexo, edad o condición, con las exclusiones y preexistencias para los planes de salud. • Terminar con las atribuciones de las Isapres para modificar unilateralmente las Licencias Médicas.

Privilegiar la prevención por sobre el tratamiento de la enfermedad • Optimizar la cadena de producción de los alimentos saludables e incentivar tributariamente su venta a precios más bajos. • Eliminar los subsidios e incentivos económicos para la producción de alimentos ricos en grasas saturadas y transgénicos. • Revisar los reglamentos que rigen el comercio internacional de alimentos y la alimentación institucional ofrecida en las escuelas, servicios públicos, fuerzas armadas y lugares de trabajo. Por un sistema previsional solidario • Crear una opción solidaria que compita con el sistema de capitalización individual para hacer realidad la libertad de elección. • Integración de los trabajadores en la administración de las AFP. • Creación de una AFP estatal. • Vincular utilidades de las AFP a la rentabilidad de los Fondos de Pensiones para asegurar una mayor equidad para los contribuyentes. • Eliminar el retiro programado, para evitar la indigencia al final de los años. • Disminuir la inversión de las AFP en el extranjero de un 80% a 50%. Chile respeta los derechos de los trabajadores • Reforma al Código del Trabajo en materia de sindicatos, Federaciones y Centrales de Trabajadores, simplificando la constitución de los mismos. • Mayor precisión de la causal de “necesidades de la empresa” en el despido. • Mayor fiscalización de la aplicación de la Ley Bustos, que obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas como requisito para el despido. • Establecimiento de un sistema obligatorio de gratificación. • Incentivos tributarios para empleadores que fomentan la sindicalización. • Prohibición del “lock out” y simplificación del ejercicio al derecho a huelga legal. • Permitir la compatibilidad de militancia partidaria con la de dirigente sindical. • Aumento del plazo de fuero maternal y paternal.

la participación juvenil en el diseño, la gestión, y el monitoreo de las acciones de su interés y la evaluación de políticas. • Impulsar la creación de la subsecretaría de la Juventud.

Adultos mayores, tiempo para el goce • Hacer extensiva la ley Nº 20.066 de violencia Intrafamiliar, a los adultos mayores. Chile sin discriminación de géneros • Participación efectiva de mujeres en los órganos de decisión política: 50/50. • Ley marco de derechos sexuales y reproductivos que asegure el acceso a la información y a la educación sexual en las escuelas, anticoncepción, entre otros temas. Reconocimiento y respeto a los pueblos originarios • Reconocimiento por el Estado de la diversidad cultural de la nación, conformada por la unión de pueblos indígenas originarios y foráneos. • Respeto y ampliación del derecho indígena sobre sus tierras ancestrales y recursos hídricos. • Garantizar la representación indígena en el Congreso Nacional a través de la creación de distritos especiales. Aborto terapéutico • Establecer el aborto solo con fines terapéuticos, eugenésicos o ético-sociales en los siguientes casos: Al existir riesgo para la vida de la madre en ausencia de otros medios para evitar dicho riesgo; cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o malformaciones físicas o psíquicas; y, cuando el embarazo sea consecuencia del delito de violación. Muerte digna • Incorporar el derecho a la muerte digna en el caso de pacientes que padezcan una enfermedad incurable o muerte cerebral. Píldora del día después • Reconocimiento de la “píldora del día después” como método anticonceptivo de emergencia para prevenir embarazos no deseados en casos de violación, uso incorrecto de métodos anticonceptivos tradicionales y relaciones sexuales no planificadas.

Chile, país para niños • Diseñar y aprobar una Ley de Protección de Derechos que reemplace totalmente a la actual Ley de Menores vigente desde 1967 y actúe como marco al conjunto de la política pública destinada a la infancia. Jóvenes protagonistas de su desarrollo • Construir una Política Pública de Juventud, con la participación juvenil de todos los sectores y el reconocimiento de los jóvenes como actores sociales y ciudadanos plenos. • Fomentar j

2009 19 i

concertación • Distribución gratuita de la “píldora del día después” en los consultorios, colegios y universidades.

Diversidad sexual • Terminar con todas las formas de exclusión de las minorías sexuales. • Legalización de la unión conyugal entre las personas del mismo sexo. • Regular el régimen patrimonial, provisional, herencias y salud de las uniones de hecho. Estado chileno, corrupción cero • Creación de la institución del Defensor del Pueblo, al cual se pueda acudir para denunciar casos de corrupción e ineficiencia en los servicios públicos. • Fortalecimiento de la transparencia haciéndola extensiva a las empresas que operan con bienes públicos y a las que tienen control monopólico sobre los mercados. • Separación de los negocios privados y el ejercicio de los cargos nacionales de elección popular, estableciendo el fideicomiso ciego en todos estos casos y prohibiendo por al menos un año su inserción laboral en las grandes empresas privadas. • Obligar a toda empresa regulada, monopolios naturales, administradores de fondos o aseguradoras de salud, a transparentar su información. Debe abrirse al conocimiento público el pago de bonos, sueldos, participación de sus altos ejecutivos, políticas de inversión financiera, participación de accionistas y ejecutivos en otras empresas, etc., al igual que lo hace el sector público. Chile protege su cultura y patrimonio • Ratificar la Convención contra tráfico ilícito de bienes culturales de la Unesco de 1970, para impedir que Chile siga siendo reconocido internacionalmente como un país donde ingresan ilegalmente bienes patrimoniales de otros países de América Latina y después se exportan. Crimen y castigo, reinserción y no discriminación • Formación democrática en ciudadanía y doctrina sobre el uso de la fuerza, a las instituciones encargadas de reprimir el delito. • Despenalización de delitos de bagatela, como hurtos a supermercados y coherencia en las penas de los delitos: no puede ser un homicidio simple penado con la misma sanción que un robo. • Mejoramiento de los establecimientos penitenciarios. • Prisión preventiva absolutamente excepcional. • Persecución de los delitos penales de “cuello blanco”. Chile respeta, promueve y protege los derechos humanos • Anular la “Ley de Amnistía”. • Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de Derechos Humanos. • Modificar la judicatura castrense restringiendo la posibilidad que juzgue a civiles. Ordenamiento territorial 20

2009 i

• Generar una real descentralización, que permita el desarrollo de las regiones. • Crear incentivos para la expansión y el desplazamiento de los ejes principales de la dinámica nacional hacia los espacios locales y regionales, que deben ser dotados de capacidades instaladas y de oportunidades

Libre acceso a las playas, ríos y lagos • Todos los predios ribereños a playas y riberas de mar, lagos y ríos debieran estar gravados, por el sólo ministerio de la ley, con un derecho de paso consistente en poder acceder a través de ellos en forma libre, pública y gratuita. • Todo proyecto inmobiliario, loteo o subdivisión predial colidante con playas, riberas de mar, río o lago debiera contar, para su aprobación e inscripción, con un acceso público peatonal y vehicular, debidamente señalizado. Chile integrado en la región y en el mundo • Crear una Dirección de Integración Sudamericana. • Crear una Dirección Sociedad Civil, la cual se preocupe de coordinar la relación internacional de las organizaciones de la sociedad civil con la política exterior del Estado de Chile. • Reestructurar la Academia Diplomática, convirtiéndola en el “Instituto de Relaciones Exteriores de la República de Chile”, plantel de nivel universitario, dedicado a la docencia, la investigación y la extensión Consolidando la paz regional • Reducción y eliminación progresiva del arsenal, infraestructura y poder bélico nacional. • Reducción progresiva del presupuesto militar. • Diseñar y liderar a nivel regional un acuerdo multilateral de desarme. • Término de la Ley de financiamiento con el 10 por ciento de las ventas del cobre.

Los autores Senadores Guido Girardi, Carlos Ominami y Mariano Ruiz- Esquide Edición Política: Osvaldo Torres, Emerson Segovia, Rodrigo Quintana y Sebastián Fernández Grupo Asesor: Nelson Ávila, Manuel Ipinza, Eugenio Rivera, Bet Gerber, Osvaldo Torres, Jaime Ensignia, Fernando Krauss, Víctor Caro, Dina Krauskopf, Patricio Rodrigo, Lorenzo Soto, Pedro Huichalaf, José Piga, Miguel Márquez, Santiago Escobar, Patricio Orellana, Manuela Gumucio, Ángel Cabezas, Cristián Fuentes V., Hiram Villagra, Teresa Valdés, Paulina Osorio, José Aylwin, Ángeles Fernández, Denisse Malebrán, Diego López, Roberto Garretón y Cecilia Castillo

I NTERNACIONAL

Reinventando a Calibán: Barack Hussein Obama y América Latina

Jorge Heine

“Algunos podrían decir que el Presidente Obama es de centro-izquierda, y desde luego eso significa que vamos a trabajar bien con países que comparten nuestro compromiso de mejorar y realzar el potencial humano”. Secretaria de Estado Hillary Clinton, El Salvador, junio de 2009. El solo hecho que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos haya asistido a la toma de posesión del nuevo Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y primer presidente de izquierda de ese país, revela los enormes cambios que se han dado en los últimos seis meses, bajo la presidencia de Barack Obama. La elección de Barack Obama generó grandes expectativas en América Latina, como en el resto del mundo1. En Estados Unidos, en que los hispanos representan un 15% de la población, y donde el electorado hispano ha sido renuente a apoyar a candidatos negros, Obama el 4 de noviembre tuvo un buen desempeño entre los votantes hispanos—mejor que Gore en el 2000 y que Kerry en el 2004, y derrotando a McCain en Florida. El Presidente Obama mismo, con su padre de Kenya y una madre de Kansas, nacido en Hawaii y criado en parte en Indonesia, tiene una trayectoria personal que realza su comprensión de los asuntos internacionales de una manera que el Presidente Bush (que pisó Londres por vez primera siendo Presidente) carecía. Sus raíces africanas y su experiencia asiática, por otra parte, le han dado una sensibilidad hacia el Sur Global. En un sentido, entonces, estos cambios eran esperables. En otro, sin embargo, no han dejado de sorprender. Para la gran

mayoría de los observadores, la sobrecargada agenda del nuevo presidente (con la crisis económica, dos guerras y un ambicioso programa de reformas internas) significaría que la región apenas figuraría en las actividades del nuevo ocupante de la Casa Blanca2. Sin embargo, de enero a junio de 2009, el Presidente Obama realizó una visita de estado a México, participó en la Quinta Cumbre de las Américas en Puerto España, recibió en la Casa Blanca al Presidente Lula de Brasil y a la Presidenta Bachelet de Chile, regularizó las relaciones diplomáticas con Venezuela y, en San Pedro Sula, su gobierno apoyó el levantamiento unánime de la resolución que había suspendido a Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1962, además de haber tomado otras medidas para normalizar las relaciones con Cuba.

1 Para algunas reflexiones sobre ello, ver el número especial de Foreign Affairs Latinoamérica 8:4 (2008), “Propuestas para un mundo sin Bush”, y particularmente los artículos de Jorge Castañeda, Roberto Russell y Luis Maira.

2 Este es el tenor principal del interesante libro de Abraham F. Lowenthal, Theodore J. Piccone y Laurence Whitehead (comps.), The Obama Administration and the Americas: An Agenda for Change. Washington DC: Brookings Institution, 2009.

2009 21 i

internacional Estas últimas reflejan un cambio considerable. Los obstáculos para ello al interior de los propios Estados Unidos no son menores, y la brecha existente entre la realidad latinoamericana y la forma en en que ella es percibida por algunos formadores de opinión clave en ese país se reflejó en la Quinta Cumbre en Puerto España en abril. Algo tan rutinario como el que el Presidente Obama se haya levantado para responder al saludo del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le haya sonreído y le haya aceptado un regalo (el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina), generó encendidas críticas. El legado de la “era Bush” no se refleja sólo en la crisis y en las guerras, sino que también en una cierta actitud hacia el resto del mundo, que va a tomar tiempo en disiparse. Y los ocho años de alejamiento entre los Estados Unidos y América Latina entre el 2001 y el 2008 (emblematizados por la caótica Cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el 2005, en que el Presidente Bush se quitó ostentosamente los audífonos, dejando así de escuchar los discursos de sus contrapartes), han significado el surgimiento una América Latina muy distinta. En ese sentido, las expresiones del Presidente Obama en la Quinta Cumbre, en cuanto a que habría asistido sobre todo para “escuchar”, son alentadoras.

Grosso modo,las tendencias principales de esta década en la región han sido3: Estabilización política y crecimiento económico. Tanto los golpes de estado (con excepciones como lo ocurrido en Honduras) como la inflación (dos antiguas maldiciones de la región) han sido erradicados. La democracia, si bien con imperfecciones, se ha consolidado, y la apertura económica y el modelo de desarrollo hacia afuera (esto es, exportador) hizo que la región se beneficiase del boom de las materias primas del 2002 al 2008. Seis años seguidos de crecimiento ininterrumpido a una tasa cercana al 5% permitieron a varios países pagar parte de su deuda externa, aumentar sus reservas de divisas, y, en algunos casos, ahorrar para la época de “vacas flacas”. Abandono del dogma neoliberal. El auge de la izquierda (de lo cual la elección del Presidente Funes en El Salvador no es sino la ultima expresión, en este caso, la vez primera en America Latina que un antiguo movimiento guerrillero, transformado en partido político, gana en elecciones libres)

expresa el rechazo al Consenso de Washington impuesto en los noventa. Aceptando ciertos parámetros (apertura comercial, control inflacionario), los electorados perdieron la fe en las reformas eternas que prometían “el oro y el moro”, y eligen a líderes y partidos que ofrecen alternativas al fundamentalismo de mercado. Respondiendo a lo que le habrían expresado sus colegas en la Cumbre, Obama dijo: “Están cansados del Consenso de Washington”4. Desarrollo de la cooperación política intra-regional: La diplomacia de cumbres está para quedarse. El Grupo de Rio, las Cumbres Iberoamericanas, UNASUR y las cumbres anuales de los mecanismos de integración regional y subregional han contribuido a una nutrida agenda de encuentros. Ello no ha dejado de dar resultados. La forma en que el Grupo de Rio durante su reunión en Santo Domingo en marzo de 2008 resolvió el impasse entre Colombia, Venezuela y Ecuador creado por la incursión de las Fuerzas Armadas colombianas en Ecuador es un buen ejemplo. Lo mismo podria decirse de la cumbre de UNASUR en Santiago en septiembre de 2008, convocada por la Presidenta Bachelet para enfrentar la crisis politica boliviana. Expansión de los mercados internacionales: Los mercados tradicionales de la región eran Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el auge de Japón primero, de los “tigres asiáticos’ después y de China e India ahora, abrieron nuevas oportunidades. Argentina, Brasil, Chile y Perú estuvieron a la vanguardia de este “giro al Asia”. Petróleo, hierro, cobre y soya, entre otras, han estado entre las materias primas en fuerte demanda por los “gigantes asiáticos” y sus vecinos para alimentar su crecimiento de dos dígitos. En varios casos los mercados asiáticos han desplazado a los de Norte América y Europa en valor y volumen de exportaciones, creando una inserción internacional muy distinta. Diversificación de lazos diplomáticos: Mano a mano con lo anterior se ha dado la apertura del abanico diplomático y un papel internacional mucho más asertivo. Entre 2003 y 2008, Brasil abrió 32 nuevas embajadas, algo inédito. En ese mismo periodo, el número de misiones latinoamericanas y caribeñas acreditadas en Nueva Delhi subió de 12 a 17. México se incorporó a la OECD y todo indica que Chile lo hará pronto. Chile, México y Perú son miembros de APEC, mientras que Brasil ha participado en la creacion de nuevos grupos como la Iniciativa IBSA (India, Brasil, Sudáfrica) y BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Argentina, Brasil y México son miembros del recientemente creado G-20. Todo esto no deja de afectar las relaciones inter-americanas.

3 Sobre esto, ver Andrew F. Cooper y Jorge Heine (comps.), Which Way Latin America? Hemispheric Politics Meets Globalization. Tokio: United Nations University Press, 2009.

4 Sobre este tema, ver Laura Macdonald y Arne Ruckert (comps.), Post-Neoliberalism in the Americas. Londres: Palgrave Macmillan, 2009.

Una nueva América Latina

2009 i

internacional Las amenazas de varios congresistas de los Estados Unidos de cesar el pago de la cuota de los Estados Unidos a la OEA (un 60% del presupuesto anual de US$ 90 millones de esta última, esto es, unos 50 millones de dólares) dada la votacion unánime de levantar la suspensión a Cuba ya mencionada, no tienen el mismo peso de antes. No es una cifra prohibitiva. Los desafíos de Obama Nada de esto implica que América Latina no tiene dificultades, o que no tiene aun un largo camino por recorrer antes de llegar a ser plenamente desarrollada. Significa sólo que se ha progresado y que algo se ha aprendido de los errores del pasado. El hecho que los Estados Unidos ya no jueguen el papel dominante que tuvieron alguna vez no implica tampoco que hayan pasado a ser irrelevantes. Un quinto de todo el comercio exterior de los EEUU (la mayor economía del mundo, con la cuarta parte del producto mundial) es con América Latina. Un 30% de sus importaciones de petróleo provienen de la región, más que del Medio Oriente. De los 45 millones de residentes en los EEUU nacidos en el extranjero, 18 millones son latinoamericanos. Muchos países latinoamericanos y caribeños (especialmente México, El Salvador, Guatemala y Guayana) han pasado a depender fuertemente de las remesas, que en algunos casos llegan al 20% del PIB de los paises receptores, y cuyo valor total es sólo algo inferior al flujo anual de inversión extranjera directa a la región5. Es mas. La dependencia de los Estados Unidos por parte de países como México, así como los de Centroamérica y del Caribe, ha aumentado en el curso de las últimas dos décadas, a diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, y especialmente en el Cono Sur. Mientras que un 80% de las exportaciones de México van a su vecino del Norte, sólo un 20% de las exportaciones de Chile van a los EEUU, TLC y todo. América Latina tambien exporta drogas ilícitas al país del Tío Sam. Alrededor de mil toneladas métricas de cocaína son producidas en la región al año (sobre todo en Bolivia, Perú y Colombia), de lo cual la mitad es exportada a los EEUU, mayormente a través de México y el Caribe, por un valor anual de US $ 60,000 millones ( el equivalente al valor de todas la exportaciones de Chile). El reciente aumento de la violencia vinculada al tráfico de drogas en México, que llevó a unas 7000 muertes en el curso de 2007-2008, incluyendo a varios altos jefes de la policía, es 5 Para estas cifras, ver el informe del Diálogo Inter-Americano, “A Second Chance: U.S. Policy in the Americas”. Washington DC: Marzo de 2009.

resultado de estas “guerras de la droga”. Hay, asimismo, un problema más amplio de violencia criminal en la región. Cuatro de cada diez personas que mueren por medio de armas de fuego en el mundo hoy lo hacen en América Latina, que tiene menos del 10% de la población del planeta. La tasa de homicidios cada 100,000 habitantes (indicador clave para medir la criminalidad) es de 60 en un pais como Jamaica y de 38 en Colombia, comparada con 10 en los EEUU y entre uno y dos en Europa Occidental (tasa a la que se aproxima Chile). Más personas fallecieron como resultado de homicidios en El Salvador y en Guatemala en 2008 que en los momentos mas críticos de las guerras civiles que asolaron a esos países en los ochenta.6 Los Estados Unidos no son un mero espectador inocente de todo esto. Como dijo la Secretaria de Estado Clinton en su visita en marzo de 2009 a México, es la demanda por drogas en su pais la que genera el tráfico, y es el fácil acceso a armas de fuego en los Estados Unidos lo que permite que los traficantes se armen hasta los dientes. Igualmente, y con un toque casi perverso, la política de los EEUU de deportar a sus países de origen a criminales convictos, hace que delincuentes endurecidos, capacitados en las ultimas técnicas de su oficio, sean liberados en países pequenos (como los del Caribe anglófono), sin la infrestructura policial ni de justicia criminal para enfrentar esta amenaza, con trágicas consecuencias. En breve, pese al considerable progreso que se ha dado en América Latina últimamente y el papel menos significativo de los Estados Unidos en el Hemisferio, sigue existiendo una problemática común. En adición a los propios desafios de desarollo de América Latina y el grado al cual ellos están vinculados a la economía y sociedad norteamericana (en 6 Ver Council on Foreign Relations, U.S.-Latin American Relations: A New Direction for a New Reality. Independent Task Force Report # 60, 2008, p.25.

2009 23 i

internacional

materia de inmigración, de tráfico de drogas y de criminalidad, entre otros), hay tambien desafíos transnacionales mas amplios, que requieren acción colectiva y algún grado de coordinación de políticas, como los los de pobreza, energía y cambio climático. Mas allá de ello, hay otro aspecto que ha sido captado tanto por el nuevo Presidente como por su Secretaria de Estado ,dos políticos duchos y de considerable visión. El que en América Latina no haya grandes crisis ni guerras ni terrorismo, hace que la región se preste para una relación de distinto tipo con los Estados Unidos, basada en la madurez y en el respeto mutuo. Es ideal, entonces, para que Washington despliegue su nueva diplomacia, basada en el diálogo, las instancias multilaterales y los esfuerzos conjuntos para enfrentar desafíos comunes, con la posibilidad de logros reales en el futuro inmediato, algo difícil en regiones más conflictivas. La importancia de la reunión de Obama con la Presidenta de Chile en la Casa Blanca el 23 de junio radica en ello. Las fortalezas institucionales de Chile y su ágil política exterior significan que puede hacer un aporte a un nuevo entramado hemisférico, trabajando de la mano con Washington y con Brasilia para consolidar los avances de la última década, sin amenzar a nadie. El que tanto el Secretario General de la OEA como el flamante Secretario Auxiliar de Estado para Asuntos Inter-Americanos sean chilenos es una feliz coincidencia, que no puede sino ayudar en esta tarea. El A-10:Hacia una nueva instancia hemisferica Tan importante como el contenido de la agenda es el proceso 24

2009 i

por el cual ella se maneja. Si bien en la región hemos visto el surgimiento de una variedad de entidades de coordinación política, ello no ha sido el caso para el hemisferio en su conjunto. La única excepción es el proceso de las Cumbres de las Américas, cada cuatro años y guiado sobre todo por el objetivo de crear el ALCA, proyecto ya muerto. Ello genera dudas sobre la continuidad de estas cumbres. En la primera década del siglo XXI, en que muchos países latinoamericanos han extendido sus vínculos más allá de Europa y Norteamérica, han desarrollado sus propias agendas en materia de política exterior, con el respaldo de estados en forma, el verdadero desafío ya no es lo que Estados Unidos deberían hacer por América Latina, sino como construir y manejar una agenda hemisférica común. Si bien algunos de los antiguos componentes del antiguo Sistema Inter-Americano (la OEA, el BID, el Tratado de Rio) han demostrado su utilidad y deben ser apoyados (el BID, por ejemplo, que ha tenido pérdidas de su capital por la crisis, necesita con urgencia un aporte adicional de fondos), tienden a tener estructuras demasiado pesadas para la era digital. Así como el G-7 constituyó por mucho tiempo una especie de “Comité Ejecutivo” de los países más desarrollados representados en la OECD, lo que se requiere es algo similar en las Américas. Esto es, un comité ejecutivo en el cual un grupo selecto de países latinoamericanos pueda sentarse alrededor de una mesa con los Estados Unidos, sin el peso de tener que reunir a 35 jefes de estado. En ese marco, se ha propuesto la creación de un “Américas-8” (que yo ampliaría a un “Américas 10”), que incluiría, como mínimo a Estados Unidos, Brasil y México, y que permitiría reuniones anuales (como el G-8)7. Es el tipo de idea innovadora que sólo puede florecer en tiempos como el actual, en que hemos tenido, simultáneamente, el primer presidente negro de los Estados Unidos y la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. En momentos en que el Presidente Obama está pensando en grande sobre tantos temas, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, América Latina no debería restarse de hacer algo similar en las Américas y trabajar con él en un mecanismo de ese tipo—heterodoxo, pero con gran potencial. Jorge Heine es Catedratico de Gobernanza Global en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales en Waterloo, Ontario. 7 Ver, “Rethinking U.S.-Latin American Relations: A Hemispheric Partnership for a Turbulent World”, Report of the Partnership for the Americas Commission. Washington DC: The Brookings Institution, noviembre de 2008.

Los jovenes se toman la Fundación Chile 21

Experto español destaca valor de uso de energías renovables

Con diversos representantes de la sociedad civil, académicos y dirigentes políticos, la Fundación Chile 21 organizó en junio, junto al Instituto Nacional de la Juventud y la Fundación Friedrich Ebert, el seminario “Recambio generacional en política: ¿protagonismo o sucedáneo?, con la participación de los dirigentes de las juventudes del PS, Daniel Melo; el PPD, Nicolás Navarrete, y la Democracia Cristiana, Héctor Gárate y, aún cuando había comprometido su asistencia, no llegó Tomás Fuentes, dirigente de RN. En el encuentro participaron además el presidente del Instituto Nacional de la Juventud, Juan Eduardo Faúndez, el director del Centro IDEA, de la Universidad de Santiago, Cristian Parker, Juan Pablo Halpern, director de “Independientes en Red”, además del director social de “Un Techo para Chile”, Gonzalo Cerda, quien relató las experiencias vividas al interior del grupo, señalando que aunque Sebastián Bowen (Comando de Frei) y Francisco Irarrázabal (Comando de Piñera), habían salido de aquella escuela social, “la formación valórica adquirida les permite integrarse con mucha facilidad, vocación y profesionalismo a las tareas sociales, y una de esas es la experiencia.

El destacado profesor de Termodinámica de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Asesor de la Prospectiva Energética 2030, del gobierno de España, Valeriano Ruiz Hernández, ofreció, en la Fundación Chile 21, una interesante e ilustrativa charla acerca de los principales temas energéticos de la agenda mundial del progresismo, haciendo especial énfasis en el desarrollo de energías renovables y, en especial, en la búsqueda de formas y mecanismos de generación eléctrica sin utilización de grandes centrales y que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos locales. Ex Alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Valeriano Ruiz explicó por qué no aprueba el uso de energía nuclear y cómo y por qué esta fórmula esta en retirada hoy en Europa. Resalto, además, la vanguardia que en esta materia han asumido los gobiernos alemán y español, concluyendo que a su juicio las soluciones deben ir orientadas a la utilización de energía solar. (Pronto estará en la Web de Chile 21) En la misma línea, Hernán Durán, Director del área de Medioambiente de la Fundación Chile 21, expuso en el marco del “Mes de la Energía”, organizado por el Colegio de Ingenieros, junto al ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; Jean Acquatella, experto de la Cepal y el propio investigador español, Valeriano Ruíz.

Seminario en Buenos Aires

Obama y sus Desafíos Una conferencia sobre “Obama y su Administración: Desafíos conocidos y menos conocidos”, ofrecerá el ex Director Político del Partido Demócrata en California y actualmente asesor político de National Cable Communications (NCC) y Director de Comcast en el Estado de California, Sam Rodríguez. Organizada por la Fundación Chile 21 y el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el encuentro se efectuará el próximo 16 de julio, a las 18:00 horas, en San Crescente 551, Las Condes.

El senador Carlos Ominami y la directora Ejecutiva de la Fundación, María de los Ángeles Fernández, participaron recientemente en un seminario en la ciudad de Buenos Aires, organizado por el Proyecto de Globalización de la Fundación Friedrich Ebert y Nueva Sociedad, dedicado a analizar la crisis económica internacional, el manejo de sus efectos en América Latina y el nuevo rol del Estado, buscando construir una mirada más allá de la crisis. El seminario contó con la participación de destacados expositores europeos, como Manfred Zoellmer, diputado del SPD de Alemania, Klaus Bodemer del Instituto Alemán de Estudios Globales y Rocío Martínez-Sampere, diputada del Partido Socialista de Cataluña, que interactuaron con expositores latinoamericanos como Luis Carlos Bresser de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, George Gray de Bolivia y el senador Carlos Ominami de Chile.

JULIO

Música Hernán Valdovinos Prats en U. de Talca/ El Realismo Mágico de Valdovinos Desde el 7 de mayo de 2009 En cada una de las 17 pinturas que presenta en la Sala “Pedro Olmos” de la Corporación, el artista utiliza la técnica del óleo a la veladura, un método usado por los grandes maestros del Renacimiento, la que descubrió en Florencia. A través de sus interesantes y curiosas obras, Valdovinos, guiado por su inquietud espiritual y conocimiento de la meditación, orienta su quehacer hacia la búsqueda de armonía y belleza y opta por desarrollar en su pintura una conexión entre la mitología y la imaginación creadora a través de la representación de seres arquetípicos y personajes fantásticos tales como ángeles, hadas, duendes, genios y Dioses.

Grabado Miguel Solari en Galería Carmen Codoceo/ Reencuentro (La Serena) Hasta el 11 de julio 2009 Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. La obra del artista es una imagen, una forma ilusoria en un plano bidimensional. Así aparecen títulos como “identidad”, “Jesucristo” o “ébano” que describen todas las determinaciones objetivas que se nos fijan, que nos identifican o que reconocemos. La muestra “Re-encuentro” está compuesta por 25 obras de mediano formato, en técnica de grabado sobre papel.

Danza Ciclo Danza Contemporánea / Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago Hasta agosto 2009, 19:30 hrs. Con la presentación de la Compañía norteamericana City Dance Ensemble se inició un espectacular Ciclo de Danza Contemporánea en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago. El jueves 16 y el domingo 19 de julio se realizarán las presentaciones de Inercia Emergente, compañía de break dance integrada por un grupo de jóvenes chilenos que bailan los ritmos callejeros. Finalizará el ciclo la Compañía Danza en Cruz, con su montaje Matadero Alma, creación del actor Patricio Pimienta y que fue estrenada en 2007 en el Centro Cultural Matucana 100.

Ciclo de Jazz 2009 en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura Marzo a agosto 2009, 20:00 hrs. Las bandas estarán compuestas por destacados profesionales y docentes de la Escuela Moderna de Música y del Instituto Profesional Projazz. Programación: Jueves 30 de julio, Menú del día Jueves 27 de agosto, Gonzalo Palma Trío Ciclo Grandes Pianistas 2009 Radio Beethoven / Teatro Municipal de Santiago Hasta el 23 de noviembre 2009 Con el debut en Chile de la solista Jie Chen, se dio inicio al Ciclo Grandes Pianistas 2009 Radio Beethoven, que este año contempla también las presentaciones de Jorge F. Osorio, Armands Abols, Alfredo Perl, Anatol Ugorski y Bruno Leonardo Gelber. El destacado pianista chileno Alfredo Perl se presentará en dos recitales: los días lunes 14 de septiembre y miércoles 23 de septiembre, con obras de Beethoven (Variaciones Diabelli, Seis Bagatelas), Brahms, Bach (Variaciones Goldberg), Stravinsky y Chopin. Finalizará el Ciclo el eximio solista argentino Bruno Leonardo Gelber, el lunes 23 de noviembre, con obras de Scarlatti, Beethoven, Schumann y Chopin (Andante Spianato y Gran Polonesa). El Ciclo Grandes Pianistas se presenta en el Teatro Municipal desde 1995, captando cada año más público por la excelencia de sus artistas y lo interesante de sus programas.

Fotografía Rodrigo Casanova en MAC Quinta Normal/ Paisaje en tránsito Hasta el 26 de julio 2009 Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs. Domingo de 11:00 a 18:00 hrs. El artista nacional expone fotografías de parajes desolados de Santiago, en que la velocidad del tiempo y el apetito inmobiliario tienen como desenlace rumbos infructuosos. El trabajo realizado entre el 2005 y 2008 contempla principalmente el territorio ubicado en Huérfanos con Riquelme y Libertad con Erasmo Escala. Los que derivan en el barrio Brasil –Yungay; terrenos que a pesar del tiempo, no han perdido su identidad arquitectónica ni su estructura de barrio en el gran Santiago, conservando un aire apacible en que el ritmo de la postmodernidad no ha ejercido “del todo” un dominio efectivo.