Revista Foro 21 Nº 69

Editorial La Evolución del Gasto Público Gonzalo Martner Propuestas Energéticas Carlos Ominami Salarios Éticos María Ester Feres En Vez de la Injusticia Humberto Vega Debate Progresista Eugenio Lahera La Revolución Bolivariana Ana María Sanjuan

FUNDACION CHILE 21 Presidentes Honorarios: Ricardo Lagos Carlos Ominami Francisco Vidal Directora Ejecutiva: María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto: Jorge Leiva Dirección: Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 E-mail: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

FORO Editora Lucy Dávila Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Visión Comunicaciones Impresión ATG Impresores

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as relaciones vecinales

La segunda guerra mundial terminó el año 1945 con la rendición de Japón y la derrota de la Alemania nazi. Una guerra cruenta que enfrentó ejércitos regulares, devastó a Europa, y en la que se implementó una política de exterminio del pueblo judío en hornos crematorios y se lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.

Cincuenta años después, la Europa restaurada iniciaba el camino de su integración, teniendo como protagonistas principales a Francia y Alemania. Japón es hoy día un país aliado de los Estados Unidos, al igual que Alemania y la Unión Europea es una realidad muy sustantiva.

Han pasado más de 120 años de la guerra que enfrentara a Chile con la Confederación entre Perú y Bolivia y aún hoy día subsisten los rencores y odiosidades del pasado, alimentadas de manera consciente e inconsciente por los respectivos países, no sólo por razones chauvinistas sino a menudo por intereses políticos coyunturales, y también sobreviven viejas reivindicaciones territoriales y delimitación de fronteras, pese a los sucesivos tratados que zanjaron las diferencias.

Hay una diferencia muy sustantiva entre las aspiraciones bolivianas de una salida soberana al mar y la reciente demanda del Perú sobre delimitación marítima, desconociendo tratados vigentes y la soberanía plena que Chile ha ejercido por más de 50 años. Con razón o sin ella Bolivia culpa a su enclaustramiento por su atraso y subdesarrollo y levanta una aspiración que -con muy buenas razones, entre otras el propio interés superior de la nación-, Chile se ha mostrado dispuesto a considerar en un marco bilateral y sin que ello implique necesariamente cesión de soberanía, para lo cual se requeriría el concurso del Perú y descartando de plano una división de nuestro territorio.

El gobierno de Michelle Bachelet ha definido como una prioridad de su política exterior las relaciones vecinales y el canciller Alejandro Foxley ha propuesto a nuestros vecinos una agenda del siglo 21. Una agenda de integración económica y cooperación política. De transparencia en los temas de defensa. De libre circulación de personas y capitales y de acogida a la inmigración de trabajadores. Una agenda que tiene un capitulo pendiente para exorcizar los fantasmas del pasado y enfrentar los chauvinismo que aún subsisten al interior de estos países y en donde nuestro país no constituye una excepción, tal como ha quedado en evidencia en estas últimas semanas.

La reciente tragedia que ha sacudido al Perú con un terremoto que ha devastado parte de su territorio y ha cobrado centenares de víctimas permite que afloren los mejores sentimientos de amistad y fraternidad entre ambos pueblos, que conocen muy bien los rigores de la naturaleza porque los han vivido en carne propia. Chile debe enviar una generosa y oportuna ayuda solidaria de parte del gobierno; debe comprometerse al esfuerzo de reconstrucción y debe abrir un cauce a la solidaridad ciudadana con el vecino país.

En relación al diferendo limítrofe planteado por el gobierno de Alan García, junto con reafirmar nuestra soberanía y lamentar la decisión unilateral de desconocer los tratados vigentes, no tenemos otra opción que concurrir al tribunal de La Haya que constituye la instancia jurídica reconocida por los Estados para zanjar estas disputas, con la plena confianza en la solidez de nuestros títulos sobre nuestro mar soberano.

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GASTO PUB LICO

La Evolución del Gasto Público entre 1990 y 2006 Gonzalo Martner Esta nota revisa la evolución reciente del gasto público y su composición, en el contexto de la política económica y fiscal en aplicación.

1. Evolución del gasto del gobierno central Al compararse el primer año del gobierno del Presidente Aylwin con el primer año del gobierno de la Presidenta Bachelet, el gasto del gobierno central (el sector público en su sentido más restringido, pues no incluye los municipios y las empresas del Estado) en proporción al tamaño de la economía ha experimentado una caída desde el 20.4% al 18,5% del PIB, según los datos actualizados de la Dirección de Presupuestos, si bien ha aumentado sustancialmente en términos absolutos en valor real.

La sociedad chilena dedica a la provisión de bienes públicos y a las

transferencias sociales una proporción del PIB un 1,9% menor en 2006 que en 1990. No obstante, este indicador tiene un numerador (el gasto público) más previsible y fijado en gran medida ex ante, pues es discrecional de la autoridad gubernamental y del parlamento y se fija con antelación a su aplicación, que el denominador (el PIB) que es una resultante ex post de múltiples factores de mayor variabilidad en el tiempo, especialmente en economías altamente fluctuantes como la chilena.

Es por tanto pertinente hacer la comparación de algún tipo de datos interanuales promedio. Por ejemplo, se constata un incremento del gasto público promedio de 0,8% sobre el

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PIB si se considera el período completo del Presidente Aylwin (con un gasto del gobierno central que representa un 20,4% del PIB) y el período completo del Presidente Lagos (un 21,2% del PIB).

Los ingresos totales del gobierno central han experimentado una caída de 0,4% del PIB (del primer al tercer gobierno) y un aumento de 3,6% del PIB entre 1990 y 2006. Por su parte, los ingresos tributarios han experimentado un incremento de 0,7% del PIB (del primer al tercer gobierno) y de 3,6% del PIB (entre 1990 y 2006).

Esta evolución está influida por los ingresos brutos del cobre, aunque los ingresos en proporción del PIB por

este concepto en los años de inicio y fin del período considerado no son muy distintos (4,7% del PIB en 1990 y 3,7% y 5,8% del PIB en 2005 y 2006), aunque estamos considerando un PIB que más que duplicó su tamaño. Entre 1991 y 2003 los ingresos por cobre fueron de cuantía relativamente modesta en comparación con los niveles de fines de los años 1980 y desde 2004 a la fecha.

El balance fiscal efectivo se ha mantenido en el promedio de los gobiernos desde 1990 con signo positivo, aunque su cuantía ha sufrido una disminución, especialmente por los déficit moderados experimentados en los años 1999-2003, en que la coyuntura económica desfavorable impactó negativamente sobre los ingresos fiscales.

2. Política fiscal El PIB de tendencia, calculado por el panel de expertos consultados por el gobierno para fijar la política fiscal, y que expresa el crecimiento potencial de la economía de acuerdo a los recursos disponibles (capital y trabajo), ha venido experimentando desde 2000 una trayectoria de caída de su tasa de expansión primero (incluso por debajo del 3% anual, como consecuencia del bajo desempeño efectivo de la economía, que creaba menos recursos productivos que los que salían de producción) y luego una recuperación hasta el 5,3% calculado para 2006. Este indicador es pertinente para la política fiscal pues influye de manera determinante en la expansión interanual del gasto público de acuerdo a la técnica en uso desde 2001

de "balance estructural" del presupuesto (en este caso con un superávit estructural de 1% del PIB).

Se constata que la brecha entre el PIB tendencial y el PIB efectivo -indicador clave de eficacia, en este caso de ineficacia, de la política económica- se incrementó fuertemente en el trienio 2001-2003. Esto se explica por la fuerte diferencia en 2001-2002 entre el PIB proyectado por la autoridad económica al momento de fijarse el presupuesto para el ejercicio anual siguiente y su resultado posterior efectivo. Un mix distinto de política monetaria y fiscal, y en especial un mayor impulso fiscal, hubiera sido necesario para evitar este

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efecto. La regla del balance estructural debe en este sentido proveerse de instrumentos de regulación coyuntural más activos, como promedios móviles interanuales, como sugirió la OCDE en su primer informe sobre la economía chilena, por ejemplo.

Una cierta flexibilidad del gasto público se constata además al comparar el gasto proyectado en la ley de presupuestos del sector público y la ejecución efectiva, que suele ser inferior o superior en volúmenes importantes, en parte explicada por cambios en la base de comparación que resultan de la ejecución presupuestaria efectiva del año que aún no termina al momento

de aprobarse la ley de presupuestos.

No obstante, diferencias sustanciales a la baja se verificaron en 2001-2003, especialmente por la brecha en los ingresos constatada, lo que hubiera dificultado la meta anual del superávit estructural de 1% del PIB, con la consecuencia de restringir el gasto público en circunstancias en que la brecha producto tendencial/producto efectivo se incrementaba sustancialmente.

3. Composición del gasto público La disminución del peso de las funciones tradicionales del Estado

gendarme (de 3,9% del PIB en 1990 último año en que el presupuesto fue fijado por la dictadura- a 3,3% en 2005, gracias a la disminución del peso relativo del gasto en defensa militar) fue absorbida por el incremento equivalente del peso de las funciones económicas (de 2% a 2,6% del PIB), es decir básicamente del gasto en infraestructura.

Las funciones sociales en 1987 alcanzaban un 15,3% del PIB, fueron disminuidas en la etapa final del régimen militar (a 12,3% en 1990) y luego incrementadas sucesivamente desde 1990 por las nuevas autoridades democráticas, llegando a 14,4% del

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PIB en el año 2000, para volver a caer en 2005 al 12,5% del PIB. Esto se explica por la disminución de la carga fiscal del sistema previsional antiguo, sin que las holguras liberadas se hayan utilizado en incrementar de modo significativo las pensiones asistenciales y mínimas, como podría haber sido posible y debiera ser objeto de corrección con la reforma al sistema de pensiones, y por una cierta disminución del esfuerzo de gasto público en educación en relación al PIB. El gasto en salud y en educación incrementaron su peso en un 1% del PIB desde 1990 cada uno como fruto

de las reformas realizadas. Por su parte, los gastos en subsidios familiares y en empleo, así como en medio ambiente, mantienen un peso sorprendentemente bajo en relación a las capacidades de la economía y a la experiencia comparada.

A su vez, la estructura de retribuciones salariales y del capital sigue siendo polarizada en extremo y persiste en Chile una especialmente desigual distribución del ingreso monetario de las familias, es decir una de las peores en el mundo, y una ausencia manifiesta de igualdad de oportunidades de desarrollar los proyectos de vida de cada cual, con una educación notablemente segmentada. Estos hechos mantienen en un alto nivel en la agenda pública la preocupación por la justicia distributiva y obligan a una reflexión más amplia sobre la viabilidad de la democracia sin una suficiente regulación social y ecológica de los mercados, capaz de actuar frente a las incertidumbres, que junto al impulso de acumulación, estos generan en todos

los intersticios de la sociedad.

Dado que el gasto público es muy insuficiente en Chile desde el punto de vista del monto promedio de las pensiones y del gasto en salud y educación, que este crezca más que el PIB es bienvenido en tanto se sustente en una mayor disponibilidad permanente de recursos fiscales. Se recuperaría así la caída observada en el peso del gasto del gobierno general en la economía desde el 24,5% del PIB en 2000 al 21,8% en 2005. En EE.UU y Japón este gasto fue del 37% del PIB en 2005, para no hablar del 54% de Francia y del 56% de Suecia. Chile necesita más gasto público en infraestructura, capacidades humanas e innovación para estimular un crecimiento que debiera ser mayor, y más gasto social para disminuir las desigualdades, lo que supone ingresos fiscales permanentes más elevados que los actuales, por ejemplo mayores transferencias a los más pobres para incrementar su ingreso disponible en 2007 5 FORO A G O S T O

el corto plazo mediante un mayor gasto en pensiones, en subsidios a la infancia y en educación y creación de empleo.

Esto significa tener un Estado más grande en el horizonte post bicentenario, con un gasto público al menos equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón en la actualidad, es decir del orden del 35% del PIB (que está en todo caso en el rango bajo del gasto público en los países industriales). Este el precio de hacer viable un proyecto de democracia social que, junto a una economía dinámica, asegure acciones efectivas contra la exclusión, protección frente a los grandes riesgos sociales, una educación integradora y un desarrollo territorial más equilibrado, y de esa manera disminuir en profundidad las desigualdades en Chile. Si esto se hace con impuestos e intervenciones no significativamente distorsionadores, no debe implicar costos en crecimiento. La experiencia de muchos países así lo demuestra.

ENERGÍA

Los Desafíos Energéticos de Chile: Una Mirada desde los Proyectos País Carlos Ominami Para cerrar el ciclo de talleres "Chile frente a los desafíos energéticos" que organizó la Fundación Chile 21 y el Instituto Igualdad durante el mes de julio, el senador Carlos Ominami participó en la sesión "Los desafíos energéticos de Chile: una mirada desde los proyectos país".

El ciclo abordó doce puntos relativos a una estrategia energética para el país.

Estos fueron: - Energía nuclear ¿una nueva opción?

- Proyecto Hidroeléctrico Aysén.

- SIC sin Aysén.

- Operación en el sector eléctrico.

- Rol del Estado en la planificación y regulación del sector y en las licitaciones.

- Intervenciones del Estado en el mercado eléctrico y licitaciones.

- Energía y Medioambiente - Condicionantes ambientales del Desarrollo Energético.

Entre los expositores estuvieron: Alberto Van Klaveren, Subsecretario de Relaciones Exteriores; Ana Lya Uriarte, ministra Presidenta CONAMA; Guido Girardi, Senador PPD; Hernán Salazar, Gerente general Hidroaysén; Jaime Gazmuri, Senador PS; Jorge Rodríguez, Ex Ministro de Economía; Juan Antonio Coloma, Senador UDI; Juan Cembrano, Ex Director Área Eléctrica CNE; Paúl Fontaine, SWC; Ricardo Núñez, Senador PS; Rodrigo Danús, Director SWC; Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo CNE; Sara Larraín, Directora Programa Chile Sustentable; Sebastián Bernstein, ex Secretario Ejecutivo CNE; Sergio Bitar, Presidente PPD; Vivianne Blanlot Ex Secretaria Ejecutiva CNE; Carlos Ominami, Senador.

Enfrentar la crisis En la sesión del 30 de julio además de Ominami, estuvo Rodrigo Iglesias. El panel fue moderado por la directora de Chile 21, María de los Ángeles Fernández.

Ominami precisó que lo que él planteaba era una visión más global que recogía lo que fueron las diferentes ponencias y aportes que se habían entregado en los diferentes paneles a lo largo del seminario.

Puntualizó que con ese material y analizando el problema, había elaborado esta presentación incluyendo las ideas propias que le parecía necesario resaltar en una estrategia a futuro para enfrentar los temas energéticos en el país.

La primera afirmación que hizo el senador Ominami, al iniciar su exposición, fue que "enfrentamos una crisis energética grave". Puntualizó que: "Entre el 2007-

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2010: período crítico. Meteorología similar a los años 1997-2000 y con un atraso de 50% de los proyectos (1500 MW en los próximos 2 años), al año 2009 la capacidad de producción superaría por apenas 316 MW la demanda. Cualquier falla en una Central podría generar una crisis”.

En segundo lugar, Ominami dijo que: "la crisis energética se ha convertido en la principal restricción al crecimiento. Si no nos resignamos a la medianía en materia de crecimiento y aspiramos a una tasa del 6%, se requiere, dada una elasticidad energía-producto superior a 1, de un crecimiento de la oferta energética del orden del 8% anual”.

En tercer lugar, el senador precisó que "las causas de la crisis están en una falla generalizada". Mencionó en esta categoría: - Que esto es un caso típico de miopía del mercado.

- Que hubo total imprevisión de los actores privados.

- Que hubo confusión entre desarrollo energético y negocio energético.

- Que hubo un Estado pasivo. Lo cual se notó en: • Ausencia de capacidad prospectiva • Un Estado pasivo frente a la mantención de una matriz energética incoherente e ineficiente.

• El gran pecado de la Concertación fue el continuismo que se rompe el 2004 con proyecto GNL liderado por ENAP. En la cuarta afirmación, Ominami planteó que se debe tener: "una matriz energética segura, económica y sustentable ambientalmente". Para lo cual hay que considerar: - Asumir amenazas globales como el calentamiento y el encarecimiento de las fuentes tradicionales.

- Advirtió que en todo caso hay que tener cuidado con los pronósticos catastrofistas.

- Hay que diversificar la dependencia: • Desarrollo de fuentes nacionales.

• Múltiples proveedores de fuentes energéticas importadas.

• Política activa de integración regional.

• Invertir en serio en las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) (hay que evaluar la modestia del aporte fiscal).

- Hay que hacer estudios permanentes de las fuentes y tecnologías energéticas (no sólo la energía nuclear): geotermia, potencial, eólico, etc.

Responder a cinco puntos Un quinto punto abordada por Ominami fue "la necesidad de responder rápido a por lo menos cinco preguntas claves". Las preguntas son: l. ¿Hasta donde es posible minimizar los costos ambientales en la producción de energía hidroeléctrica?

2. ¿Cuál es la vigencia de los peligros tradicionalmente denunciados en el caso de la energía nuclear?

3. ¿Cómo transformar las ERNC en una alternativa económica real y sustentable?

4.¿Qué papel jugará el gas en la producción eléctrica?

5. Las centrales de carbón ¿Una alternativa

moderna?

Citó como ejemplo lo que sucedió en Francia 1975: "más allá de la opción específica, es un buen caso de decisión política estratégica. Lo fue el papel de EDF en un gobierno... liberal y también el ejemplo de Brasil con el Etanol".

Un sexto aspecto se refirió a los cuatro componentes clave de una estrategia energética: - Una visión de largo plazo más allá de los intereses sectoriales.

- Fortalecer la capacidad de regulación mediante el mejoramiento de la normativa.

- Fortalecer igualmente la capacidad de intervención directa. El papel insustituible de ENAP.

- Superar el grave retraso institucional.

En este punto, Ominami propuso: l. ¿Ministerio de la Energía? Algo más sólido que la CNE. 2. Una Fundación Chile de la energía. La evidencia histórica acerca del papel del Estado en la emergencia de nuevos sectores productivos.

3. Un Foro energético amplio.

Otro aspecto que abordó Ominami en su intervención fue el relativo a asumir la existencia de nuevos estándares en materia de sustentabilidad ambiental: - Internalizar costos ambientales.

- Una vigilancia ambiental internacional severa. No al doble estándar.

- Deliberación inteligente abierta a todas las opciones: nuclear, Aysén (crecimiento

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potencial de 12 mil megas) - Poner atención con el tema nuclear, y ejemplificó con: • Incendio en la central de Krümmel en Alemania.

• Cortocircuito en la de Brunsbüttel, también en Alemania.

• Fuga radioactiva en la central japonesa de Kashiwazaki -Kariwa.

- Finalmente mencionó como una cuestión clave el ordenamiento territorial.

Finalmente abordó el tema de la "integración energética e integración latinoamericana: una gran paradoja" En esta área mencionó: - La obsolescencia del concepto de integración energética de los 90 a través

del libre funcionamiento del mercado.

• La politización de la energía.

• El fortalecimiento del rol del Estado y reducción del rol de las empresas.

• La inexistencia de grandes acuerdos energéticos a nivel internacional incluso en la Unión Europea.

- La necesidad de mayor autonomía para abrir paso a la integración. La dependencia excesiva, dijo, atenta contra la integración.

- Límites de las afinidades ideológicas.

- Una condición previa para la integración sería, dijo, la convergencia de políticas para reducir la discrecionalidad.

Y puso como ejemplos: - El ejemplo de España (límite legal a la dependencia).

- El ejemplo de Brasil-Bolivia.

- El ejemplo del GNL.

TRABAJO

Salarios Éticos ¿Un Desafío Complejo en una Economía de Mercado?

El llamado del Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica a los empresarios instándolos a pagar salarios éticos ha producido un gran impacto público y político. El gran valor de sus palabras está en haber invitado a un imprescindible debate nacional, iniciando la iluminación de un sendero intrincado y hasta ahora sumido en las penumbras, que requerimos inevitablemente transitar. Las repercusiones de sus dichos sólo se explican porque han tocado un problema social neurálgico: la gran deuda social pendiente y el desafío ineludible de construir entre todos una sociedad más inclusiva y con mayor justicia social.

Directora del Centro de Relaciones Laborales, Trabajo y Diálogo Social. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Central.

los seres humanos se despojan de toda dignidad y se conviertes en cosas".

En esta misma línea, la OIT, creada en 1919, como una novedosa y quizás la más antigua de las organizaciones multilaterales, de composición tripartita y con funciones normativas, reconoce como uno sus valores justificatorios "la no consideración del trabajo como mercancía", en forma expresa, de parte de la comunidad internacional.

Los resabios ideológicos del neoliberalismo Cabe preguntarse ¿por qué tanto revuelo, entonces? La hipótesis que emerge es que

Todo menos la indiferencia El que el llamado provenga de la Iglesia Católica, representando un planteamiento que incursiona en la realidad social con clara incidencia política, no debiese sorprendernos, en tanto, desde 1891, con la Encíclica "Rerum Novarum", ésta viene cuestionando el funcionamiento de un liberalismo económico carente de sentido social, y planteando la necesidad de salarios dignos y justos. La interpelación del obispo Alejandro Goic, la que admite entenderse como un profundo cuestionamiento a los resultados de la actual estrategia de desarrollo, sólo estaría reiterando concepciones elaboradas por la "doctrina social de la Iglesia", confluyendo con otras, de orden profundamente humanistas, para todas las cuales, parafraseando a Peña (2007), "el trabajo humano no puede ser en la hora undécima una simple mercancía, porque entonces

María Ester Feres N.

Alejandro Goic

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la estrategia de desarrollo, más allá de las correcciones a posteriori a los resultados de la actividad productiva -mediante crecientes políticas sociales redistributivas impulsadas por los gobiernos de la Concertación, e incrementadas fuertemente por el actual- mantiene rasgos esenciales de una matriz neoliberal.

Lo anterior se manifestaría de una parte en la opción política de circunvalar las necesarias regulaciones del mercado de trabajo, factor fundamental para una más justa distribución directa o factorial de los ingresos. De otra, preservando un proceso de creciente desestructuración productiva, generador de una creciente dualización de la actividad económica.

De ese modo, en muchos de los artículos sobre el sueldo ético, se expresan con fuerza planteamientos tales como: "las empresas deben pagar los sueldos que estimen convenientes, y no lo que una legislación les obligue"; o "es re peligroso y hasta pernicioso, hablar de cómo se reparten las utilidades entre los trabajadores"; y, propuestas como la de "salarios recomendados", u otras de financiamiento único mediante el gasto social. Otros, en cambio, plantean el agotamiento de una estrategia de desarrollo y la necesidad, por tanto de diseñar otra diferente, que dé cuenta de una parte de la persistente inequidad distributiva de los ingresos del trabajo y de otra de "las profundas diferencias de productividad y calidad de nuestra estructura productiva, tanto en sus sectores productores de bienes como de servicios" (Sunkel e Infante 2006).

Parte importante de las visiones que han predominado en la conducción económica del país se encuentran fuertemente influenciadas, en un fenómeno transversal, por la escuela norteamericana sobre el "análisis económico del derecho" (Ugarte 2004), y por los postulados teórico-políticos de von Hayek. Éste, defensor a ultranza del histórico "minimal state" anglosajón y padre del liberalismo actual o neo liberalismo, formula su teoría económica de la democracia, la cual como teoría política atribuye a la libertad individual y muy en especial a la libertad económica, un valor intrínseco, en oposición a la democracia como sistema político a la que le asigna únicamente un valor instrumental (Bobbio 1986). De ese modo, el funcionamiento de la economía no se encontraría al servicio de la sociedad y por tanto de la democracia política, sino al contrario, ésta debiese sufrir limitaciones, incluso constitucionales, a fin de evitar la incursión de la soberanía popular o del propio poder político en el incremento del gasto público, en el aumento de las

y políticos, los que avanzan hacia la consolidación de una práctica y de una mayor conciencia democrática. Éstos conllevan un relevamiento de las persistentes desigualdades sociales, incluidas las de carácter material. Así, comienza a evidenciarse pública y progresivamente el hondo malestar que atraviesa a la sociedad chilena, a través de conflictos sociales crecientes, producto de una mayor capacidad de organización y de articulación social, en función de las grandes desigualdades y, en particular, de la inequidad distributiva en materia de ingresos del trabajo.

La importancia de las políticas re-distributivas.

Existe consenso que el gasto social, como instrumento esencialmente re-distributivo, ha logrado avances sustanciales en la reducción de la pobreza en los últimos 16 años, pudiendo -eso sí- contrarrestar sólo parcialmente la mala distribución de ingresos generada en el mercado laboral.

Los datos muestran que el gasto social no sólo creció rápidamente, aumentando su importancia como factor de contrapeso a la creciente desigualdad del mercado de trabajo, sino que su ritmo de crecimiento (7%) fue superior al crecimiento del PIB per cápita y al de los salarios reales en el período 1990-2006.

(Infante 2007).

La política social, junto con su decisivo aporte a la reducción de la pobreza, ha conllevado a que en forma progresiva el mercado laboral y los salarios pierdan importancia en la generación de los ingresos totales de los sectores económicamente más rezagados. La relación entre ambos ha disminuido desde un 75,9% en 1990 a 71,7% en el 2003. (Ibíd.)

funciones del Estado y en el funcionamiento fluido de los mercados laborales y mercantiles; esto último, mediante la generación de interferencias legales y/o institucionales perniciosas.

Estas visiones entran hoy en confrontación con la dinámica de los procesos sociales

Sin duda, la dimensión más relevante en materia de ingresos debiese ser su distribución directa, a partir de una justa distribución de la productividad total de factores. No obstante, la insuficiencia de los mecanismos de distribución funcional de los ingresos dejados fundamentalmente a la libre determinación del mercado (léase

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En la actual coyuntura, las regulaciones son adicionalmente necesarias para una equilibrada relación comercial entre las grandes empresas y las unidades económicas más débiles, las que conforman la enorme mayoría, y experimentan un desequilibrio de poder económico y consecuentemente contractual, evidente. ausencia de una verdadera negociación colectiva), así como las asimetrías contractuales entre las grandes empresas y las de menor tamaño y productividad, conducen a un aumento creciente de la brecha entre el incremento de los salarios reales y el incremento de la productividad total, alcanzando al 2005 un 30% de diferenciación (Vega 2007).

Los datos sobre las significativas diferencias de productividad que devienen de la gran heterogeneidad productiva (empresas de alta, media y baja productividad), demuestran de otra parte que estas diferencias no se reflejan en forma equivalente en los salarios. Si bien la productividad del estrato alto supera en 18,7 veces la del estrato de productividad baja, el salario medio del primero alcanza a ser sólo 5,3 veces el del segundo; algo semejante ocurre con las empresas del estrato medio, cuya productividad es 3,6 veces la del estrato bajo, en tanto su salario medio es sólo 2,3 veces mayor. (Infante y Feres 2007).

La evolución de las políticas sociales redistributivas (recordando sus límites naturales derivados de la disponibilidad de recursos públicos) y la regresiva distribución factorial de los ingresos, implican que el llamado de monseñor Goic a los empresarios a cancelar salarios éticos se traduzca naturalmente en el pago de salarios justos, y en una interpelación social y política -directa y franca- a los actores respectivos como voz de la sociedad chilena: una apelación urgente a concordar mecanismos adecuados y eficaces para una mejor distribución de la riqueza al interior del propio aparato productivo, más allá y en

las regulaciones son adicionalmente necesarias para una equilibrada relación comercial entre las grandes empresas y las unidades económicas más débiles, las que conforman la enorme mayoría, y experimentan un desequilibrio de poder económico y consecuentemente contractual, evidente.

confluencia con el importante y decisivo rol de las políticas sociales del Estado.

Una gran oportunidad, un mejor desafío Visto de otro modo, el llamado de la Iglesia Católica reproduce un sentir, cada vez más generalizado, en nuestra sociedad, la que requiere de sus autoridades gubernamentales, de los actores políticos, de los interlocutores sociales, de los centros académicos y de estudios, y de otros actores sociales relevantes, una especial voluntad y capacidad para concordar una nueva estrategia de desarrollo, socialmente inclusiva, que concilie crecimiento económico y justicia social. ¿Cómo saltamos de un simple pero urgido llamado sobre un salario ético hacia una nueva estrategia de desarrollo? A partir de la necesidad objetiva de articular y fortalecer las políticas públicas regulatorias tanto laborales como mercantiles, junto a otras políticas de desarrollo productivo, de innovación tecnológica y de incremento de la productividad; todo ello de forma armónica y para el conjunto de la economía.

Los salarios en una economía globalizada debiesen reflejar los incrementos de productividad de todos los factores. No obstante, si bien la creación de la riqueza global del país requiere de un esfuerzo conjunto, apoyado por el Estado; la distribución justa de la misma requiere de mecanismos de regulación, en tanto históricamente, experiencia que se reproduce en la actualidad, los mercados no regulados permiten una apropiación muy inequitativa de los incrementos de valor. La regulación de las relaciones sociales de producción se requirió antes y se requiere hoy. En la actual coyuntura,

Históricamente, la regulación de las relaciones laborales y del mercado de trabajo han representando un mecanismo político transaccional que ha dado garantías de pervivencia a la economía de mercado.

En particular, con la regulación de las relaciones colectivas de trabajo, se persiguieron dos objetivos concretos: reconocer y regular el legítimo conflicto de intereses, encauzándolo legalmente hacia formas pacíficas de solución y de acuerdos; y, evitar la rigidez y el recargo de una protección social al trabajo basada sólo en la proliferación de leyes, las que por su naturaleza son homogenizantes, difíciles de modificar y de adaptar a cada realidad productiva. La negociación colectiva se convierte así en una fuente normativa adicional a la ley, que regula las relaciones de trabajo a partir de una relación de poderes equilibrada y autonómica de las contrapartes sociales; es decir, mediante el desarrollo de la autonomía colectiva.

Las normas actuales, de clara inspiración neoliberal, no dan cuenta del objetivo de reconocer la legitimidad del conflicto, ni de encauzarlo en forma positiva mediante reglas del juego que gocen de legitimidad social; no expresan una valoración de las contrapartes sociales, en especial del actor sindical; no conciben a la negociación colectiva como un instrumento relevante para una distribución factorial más justa de los ingresos del trabajo ni para el mejoramiento de la calidad de los empleos y la productividad de las empresas; menos se configuran como pilares en la gestación de una cultura de diálogo social.

De ese modo, queriendo o sin querer, el llamado sobre los salarios éticos ha logrado poner el tema donde siempre ha debido estar: en la retribución del trabajo y en una

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distribución más justa de los incrementos de productividad entre aquellos que contribuyen a generarlo. Esta apelación pareciera remitirnos finalmente al análisis de tres dimensiones específicas: la de definir nuevos parámetros -más ligados a una canasta básica real- para la determinación del salario mínimo, el que por su naturaleza, según la OIT, está destinado a solventar las necesidades para una sobrevivencia digna del trabajador y su núcleo familiar; la de establecer una efectiva negociación colectiva que posibilite una más justa distribución directa de la riqueza y de los ingresos; y, a la generación de un estatuto jurídico que regule las relaciones mercantiles intraempresariales, reparando el enorme desequilibrio contractual actualmente existente entre las grandes empresas y las PYMEs. De ese modo, monseñor Goic, con una simple apelación pública nos obliga a reflexionar en conjunto y a revisar seriamente nuestra estructura productiva y nuestra estrategia de desarrollo. Gracias monseñor.

BIBLIOGRAFIA: (de acuerdo al orden de citas del texto) Juan Pablo II. Centesimus Annus.

Artículos y entrevistas de prensa en diversos medios informativos.

Vega Fernández, Humberto (2007) "En vez de la Injusticia". Editorial Random House Mondadori.

Peña, Carlos. "Política y economía".

Artículo de Opinión. El Mercurio.

12.08.2007.

Sunkel, Osvaldo e Infante, Ricardo (2006).

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Ugarte, José Luis (2004). "El nuevo Derecho del Trabajo". Editorial Jurídica.

Infante, Ricardo (2007) "Nivel de vida: mercado laboral y gasto social".

Presentación 2° taller académico FIEL/CUT-FACEA/UCEN. Agosto 2007.

Vega Fernández, Humberto (2007) "Análisis Remuneraciones Mínimas".

Presentación 1° Taller académico FIEL/CUT-FACEA/UCEN. Junio 2007.

Infante, Ricardo y Feres, M. Ester (2007) "La negociación colectiva del futuro en Chile". Chile 21. Agosto 2007.

DESIGUALDAD

En Vez de la Injusticia Una Tesis sobre el Origen, Causas y Estrategia de Enfrentamiento de las Desigualdades de la Sociedad Chilena Humberto Vega Fernández Decano, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Central de Chile Introducción Este breve artículo busca identificar los antecedentes teóricos y metodológicos que dan fundamento a mi libro "En vez de la injusticia. Un camino para el desarrollo de Chile en el siglo XXI"*. En él libro traté de explicar las injustas desigualdades que caracterizan la evolución histórica de la sociedad y la economía chilena y que perviven en el presente, con un enfoque teórico y metodológico diferente, pero no necesariamente alternativo, sino integrador e interdisciplinario de los estudios y análisis que tradicionalmente se han venido realizando en los últimos treinta años.

Estos estudios responden a visiones especializadas de la economía, sociología, antropología y otras ciencias sociales que no permiten integrar sus aportes al diseño y aplicación de una estrategia de desarrollo que busque, entre otros objetivos, el de erradicar o reducir considerablemente dichas desigualdades.

Las rupturas teóricas y metodológicas En el caso de la economía son necesarias dos rupturas teóricas y metodológicas para liberarse de esas verdaderas prisiones mentales heredadas de la historia del pensamiento económico. La primera de ellas es con la concepción del problema de la distribución del producto y el ingreso de David Ricardo que inspiró a Marx y sigue vigente en muchos autores modernos

del mundo progresista. Según Ricardo: "El producto de la tierra -todo lo que se deriva de su superficie por la aplicación conjunta del trabajo, maquinaria y capital, se divide entre las tres clases de la comunidad, principalmente, el propietario de la tierra, el poseedor del stock o capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya industria ésta es cultivada. Pero en diferentes etapas de la sociedad, las proporciones del total producido de la tierra que será asignado a cada una de estas clases, bajo los conceptos de renta, beneficios y salarios, serán esencialmente diferentes. Determinar las leyes que regulan esta distribución es el principal problema de la Economía Política"1. Esta genial definición del problema de la distribución factorial del ingreso, que lo concibe como un problemática global de la economía, ha sido también una trampa para la búsqueda de su solución.

En esta definición los pagos a los factores productivos, su constitución como clases sociales y el resultado productivo y distributivo del esfuerzo conjunto, son económicos y se realizan en el ámbito de lo económico. El problema de la justicia se reduce a un problema de la política

económica, de las instituciones económicas y de las relaciones económicas. El enfoque unidimensional del problema, y el supuesto de que el origen de las desigualdades es exclusivamente económico, de los cuáles se desprenden recomendaciones y orientaciones de política sobre instrumentos e instituciones económicas que, al aplicarlas, muestran su insuficiencia, explican sus fracasos y se agotan en sus efectos progresivos al no considerar los factores sociales, culturales y políticos en que se inscriben.

La segunda ruptura teórica y metodológica radica en la integración de economía e

*Vega, Humberto (2007): En vez de la injusticia. Un camino para el desarrollo de Chile en el siglo XXI. Random House Mondadori S.A. Santiago de Chile.

1 Ricardo, David (1817): Preface to Principles of Political Economy and Taxation. Edition 1911, quoted by Atkinson, Anthony B, and Bourguignon, Francois (2001). Handbook of Income Distribution, Introduction: Income Distribution and Economics, page 2.

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historia, en una perspectiva global del cambio social y capaz de construir un relato sobre el proceso de diseño, aplicación y resultados de las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación, en el periodo 1990 - 2005, para tratar de alcanzar crecimiento económico con equidad, en el marco del proceso político de transición a la democracia. Como los historiadores acostumbran hacer, he querido explicar las injusticias del presente por lo que ocurrió en el pasado, especialmente en lo relativo a las características del diseño político global con que se enfrentó el proceso de transición, a partir del plebiscito del año 1988. Como los economistas, trato de proponer soluciones al problema no resuelto y pendiente de superar las grandes e injustas desigualdades de la sociedad y economía chilena del presente, mediante la proyección de los procesos actuales y sus principales tendencias hacia el futuro, identificando los campos posibles de acción estratégica y las principales políticas para combatir las desigualdades. Todo lo anterior en un enfoque o modelo de análisis e interpretación global del cambio histórico, inspirado en la teoría y metodología del genial historiador francés Fernand Braudel. En ese modelo integro los supuestos básicos, las hipótesis y las conclusiones teóricas que podemos deducir2.

Subyacente a todo el análisis y las recomendaciones de política están los cuatro grandes supuestos braudelianos: 1. La sociedad es el sistema de los sistemas y los procesos económicos se inscriben, interactúan y se explican en ella.

2. Toda sociedad puede describirse por sus tres subsistemas esenciales. La civilización material, la economía de mercado y la economía de las grandes corporaciones.

3. Los movimientos de larga duración son los procesos profundos que se imponen en el largo plazo y condicionan el futuro de la sociedad, aún cuando se acelere el tiempo

histórico por el impacto de la revolución de las Tics y de los medios de transporte, en el contexto del proceso de globalización.

4. Son las desigualdades sociales las que generan históricamente las desigualdades económicas, los procesos económicos las reproducen y las amplían.

Las estrategias de desarrollo deben integrar estos subsistemas con la acción del Estado, manteniendo el enfoque global y actuando en la misma dirección de los movimientos de larga duración.

La lógica de la argumentación El relato se inicia con el análisis, en una perspectiva histórica, del problema de las injustas desigualdades presentes y pasadas de nuestro país, sobre la base del supuesto de la existencia en la cultura, economía y sociedad chilenas de un movimiento de larga duración, expresado como una tensión permanente por una mayor justicia y equidad que recorre toda su historia. Su

origen se remonta al periodo de la conquista e invención de Chile por Pedro de Valdivia y su grupo más estrecho de colaboradores, y dura hasta nuestros días, con grandes avances y retrocesos, pero sin abandonar nunca la conciencia social profunda de sus diferentes grupos sociales y políticos, y ejerciendo una gravitación fuerte en los partidos políticos y grupos sociales que constituyeron la Concertación de Partidos por la Democracia, para los cuales la equidad y la justicia constituyen imperativos políticos y éticos ineludibles.

En una segunda etapa de nuestra reflexión, correspondiente al capítulo segundo, buscamos explicar la contradicción entre el discurso de los gobiernos y partidos políticos de la Concertación, que confiere un valor político central a la equidad y la igualdad, y la permanencia de una injusta distribución relativa del ingreso junto al acrecentamiento de las distancias sociales y económicas entre los diferentes grupos de población. El origen de esta contradicción se encuentra principalmente en la prioridad que ha tenido la estabilidad política y la económica en el proceso de transición a la democracia, por sobre cualquier intento de redistribución progresiva de la propiedad y del ingreso que pudiera elevar la conflictividad interna y desestabilizar el proceso de transición, optando por una ampliación creciente y masiva de satisfacción de las necesidades sociales mediante el gasto social público, respetando los equilibrios presupuestarios y macroeconómicos, y concentrándose con éxito en la reducción de la pobreza y en el crecimiento económico, y manteniendo el apoyo político mayoritario de la población, a pesar de diferir enfrentar los desafíos que plantea una estrategia y programa de superación de las injustas desigualdades que caracterizan a la sociedad y a la

2 Hamouda, O.F. and Price, B.B. (1991): Verification in Economics and History. A sequel to "scientification". Routledge, London.

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económica de cada sociedad.

economía chilenas.

Los diversos conceptos de justicia En el tercer capítulo nos concentramos en un hecho central y previo a cualquier discusión sobre justicia y desigualdad: la existencia de diversos conceptos de justicia en diferentes tradiciones filosóficas, ideológicas y políticas con vigencia y presencia en el Chile de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Estas diferentes nociones de justicia surgen de una activa, dinámica, creativa y renovadora reflexión en los medios académicos, intelectuales y políticos de los países europeos y norteamericanos, sobre los problemas éticos del quehacer público y privado en un mundo globalizado, especialmente en el campo de las políticas públicas y de la responsabilidad social empresarial. Al haber diferentes conceptos de justicia con muy diferentes raíces filosóficas y religiosas, el problema de avanzar sobre la base de un amplio consenso político hacia una sociedad más justa y luchar contra las injustas desigualdades se complica, no sólo al nivel de la teoría, sino, especial y principalmente, al nivel de las políticas, proyectos y acciones concretas para erradicarlas. La solución para una sociedad democrática, plural y tolerante, fundada en los derechos humanos y abierta a la razón pública y al problema de la diversidad de fuentes y concepciones éticas, radica en el concepto de ética civil o ética de mínimos consensuados, desarrollado por algunos filósofos actuales, especialmente españoles.

En el cuarto capítulo revisamos la magnitud que ha venido adquiriendo la desigualdad económica en Chile, en el periodo 19902005, mediante un nuevo diagnóstico de las desigualdades económicas y sociales, fundado en la concepción de la sociedad como un conjunto de tres grandes segmentos articulados dinámicamente, los que responden a las categorías de análisis

del cambio histórico de Fernand Braudel, a saber: la civilización material, la economía de mercado y la economía de las grandes corporaciones. El análisis de los principales procesos y fenómenos de transformación que han afectado a estos segmentos, en el periodo de transición a la democracia, nos permite evaluar en una perspectiva global de grandes cambios históricos los avances realizados y los desafíos pendientes, en cuanto a la justicia económica y social. Siguiendo nuestra hipótesis relativa a la coexistencia de tres grandes concepciones de justicia social, que en democracia deben alimentar un concepto consensuado de justicia social propio de nuestra ética civil, hemos utilizado un concepto de justicia económica -que forma parte del concepto más amplio de justicia social- asociado a la distribución del ingreso. En términos prácticos, asumimos que la distribución de los beneficios absolutos y relativos del proceso económico está asociado a los resultados obtenidos en tres dimensiones de sus resultados: la de los niveles absolutos de ingresos de los distintos grupos sociales, la de los niveles relativos del ingreso entre dichos grupos y las distancias económicas entre los grupos de ingresos. De este modo, la pobreza, la distribución relativa del ingreso y la integración económica tienen que ser consideradas simultáneamente en la evaluación de la calidad de la justicia

Avanzando en una perspectiva más analítica, estudiamos la distribución funcional del ingreso como la matriz condicionante de las restantes distribuciones del ingreso relativas a los ingresos familiares, los ingresos personales, los ingresos regionales y la distribución del gasto familiar. Todas estas distribuciones, a excepción de la funcional, se ven afectadas por el gasto público social que corrige positivamente, al margen del mercado, los resultados de la distribución resultante de las desigualdades sociales y del funcionamiento de conjunto de la economía chilena. De este modo se devela el modelo de enfrentamiento de las desigualdades aplicado por la Concertación en sus tres periodos, que apunta a una mejor distribución de las oportunidades económicas, sociales y culturales de la población y no a una mejor distribución efectiva de los ingresos 3 , dada su determinación de no corregir directamente la distribución primaria o funcional del ingreso en los mercados del trabajo, salvo en lo que dice relación con la determinación de los ingresos mínimos, junto a su prescindencia de atacar el proceso de concentración económica y el de centralización comercial y financiera.

Los modelos históricos El quinto capítulo busca identificar las características específicas y propias de cada uno de los modelos históricos de desarrollo de la economía chilena, con el objeto de establecer las diferentes concepciones de pobreza que han predominado en las distintas políticas de corto y largo plazo aplicadas en su contexto.

Estas concepciones están ligadas a su relación con las teorías y enfoques de crecimiento económico y a las causas que explicaban su existencia en la sociedad.

Al ser la pobreza una de las dimensiones fundamentales de la justicia económica,

3 Esta distinción entre distribución efectiva del ingreso y distribución de oportunidades la desarrollamos en el capítulo III. La misma distinción ha sido aplicada a la evaluación de las políticas públicas del gobierno laborista dirigido por Tony Blair en el Reino Unido. Ver: Giddens, Anthony y Diamond, Patrick, editors: (2005): The New Egalitarianism, Policy Network, Polity Press. Cambridge, United Kingdom.

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el análisis busca profundizar en la explicación de los diferentes tratamientos que el problema ha tenido en las principales etapas de nuestro desarrollo histórico, enfatizar el rol de las teorías e ideologías en las políticas económicas y sociales y, principalmente, mostrar la diferencia cualitativa entre los modelos económicos y sociales aplicados por el régimen autoritario y del que surge de los gobiernos de la Concertación, los que se corresponden con periodos históricos cualitativa y cuantitativamente diferentes y distintos.

El capítulo sexto está dedicado a una de las paradojas más impresionantes del pensamiento económico actual, al enfatizar el rol central de los factores endógenos de cada economía y sociedad, en la explicación de las experiencias exitosas de crecimiento económico, en un mundo donde se va imponiendo, sobre cualquier factor adverso, el proceso de globalización a escala mundial y con efectos multidimensionales, aunque liderado por factores comerciales y financieros, y acelerado por la revolución en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto implica que si las sociedades quieren desarrollarse y aprovechar las ventajas de la interdependencia y especialización a escala mundial, deben concentrar sus esfuerzos por elevar la productividad, reformar sus estructuras y desarrollar una institucionalidad abierta al mundo sobre la base de desarrollar sus propias capacidades y ventajas comparativas naturales y adquiridas, mediante el nuevo factor principal del crecimiento económico: el conocimiento, y un nuevo factor cultural

del cambio social: el emprendimiento. La nueva escuela de pensamiento sobre el crecimiento económico endógeno se ha convertido en una poderosa orientación para el diseño de las políticas económicas y sociales en un mundo globalizado que tiene, como principales limitaciones, la carencia de un análisis teórico y empírico sobre las consecuencias distributivas del crecimiento económico y la eliminación del trabajador del conocimiento como factor central y portador de las formas de capital intangibles asociadas a la innovación y el emprendimiento. Si los enfoques teóricos y políticos del crecimiento económico aplicados, mantienen estas carencias y no se modifican las instituciones y estructuras de los mercados principales de la economía chilena, en el sentido de proporcionarle espacio y apoyo a la expansión de la economía de mercado, nunca será posible para la Concertación de Partidos Por la Democracia y sus gobiernos responder a las demandas y aspiraciones por una mayor justicia económica y social, y quedará, como una tarea pendiente y permanentemente diferida, su compromiso inicial y fundacional de crecimiento con equidad o de desarrollo con igualdad.

Una estrategia de desarrollo El último y séptimo capítulo está dedicado a proponer las grandes líneas de una estrategia de desarrollo para asegurar efectivamente crecimiento y equidad o desarrollo e igualdad, para expresar la aspiración mayoritaria de un Chile más justo e integrado. En él se formulan las preguntas claves en nuestra búsqueda de orientaciones para lograr una mayor justicia económica y social en Chile. La respuesta a dichas preguntas se desarrolla en un conjunto de tareas políticas, institucionales y socioeconómicas que conforman una estrategia global para superar las injustas desigualdades. Esta estrategia descansa en la posibilidad de revitalizar la Concertación de Partidos por la Democracia, considerado como el único bloque histórico capaz de liderar el proceso político y

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social que requiere la nueva estrategia de desarrollo, enfrentar los cambios necesarios en la Constitución Política del estado y regular el modelo de negocios y el mercado del trabajo, conforme a una perspectiva de justicia y desarrollo. Las propuestas están orientadas a provocar cambios en la civilización material, la economía de mercado y en la economía de las grandes corporaciones, siguiendo las grandes líneas del diagnóstico de las desigualdades del capítulo cuarto.

En un sentido prospectivo, las propuestas que el libro enumera buscan evitar la generación de tres escenarios peligrosos para el desarrollo democrático: 1. La frustración personal, familiar y colectiva de las aspiraciones e ideales de los hogares y familias de ingresos medios y bajos. Esta frustración puede originar un clima social, difícilmente manejable sin represión policial, y agravar el desencanto y pérdida de confianza en el sistema político democrático, especialmente de los partidos y del Parlamento.

2. La captura del Estado por los grupos económicos, en el sentido de condicionar el conjunto de la estrategia de desarrollo y limitar sus capacidades de modificar su poder de mercado, dado los altos costos potenciales, reales o ficticios, de las medidas propuestas y su rol en el cumplimiento de los objetivos políticos del crecimiento económico.

3. La reversión del proceso de construcción de la ética civil en el campo de la justicia económica y social, lo que imposibilitaría generar los consensos necesarios para el éxito de cualquier esfuerzo por construir las estructuras básicas de la justicia y enriquecer nuestra cultura con sus valores.

D E B AT E P R O G R E S I S TA

¿Qué es Ser Progresista en 2007?

Este artículo corresponde a una presentación de Eugenio Lahera P. ante la Escuela Generacion Bicentenario de la Fundación Chile 21, el 19 de junio pasado. Eugenio Lahera ha sido Director Ejecutivo de Chile 21 en dos ocasiones y hoy es Investigador Senior de la Fundación Democracia y Desarrollo.

Es una muy buena señal que jóvenes como ustedes en la Generación Bicentenario quieran reflexionar sobre qué significa ser progresista hoy en Chile. Esta reflexión corresponde a la búsqueda personal de cada uno respecto de su vida y corresponde también a la actividad social de la comunidad en que vivimos.

Antecedentes Aníbal Pinto, ese gran pensador que fue autor del libro Chile. Un caso de desarrollo frustrado, ya en los años sesenta dijo que Chile había dejado de ser una sociedad oligárquica, pero que faltaba establecer una sociedad con principios mesocráticos; democrática, inclusiva y estable.

que es la Concertación es tan importante en nuestra historia de todos los días. Con el liderazgo de la Concertación el país ha avanzado en ponerse al día en múltiples aspectos, con ideas representativas y con buenos gobiernos.

La principal es que el conjunto de los partidos y ciudadanos independientes que la forman han tenido un carácter progresista.

Todos ellos y no sólo algunos, porque éste no es un tema de auto calificaciones, sino de trabajo objetivo. Sin embargo, no todas sus políticas han logrado ser progresistas, pese a las buenas intenciones.

Los contrapuntos de la Concertación2 No se trata de hacer un mero catálogo de ideas. Así como las ideas no se encarnan por sí solas en la realidad, no podrán dar fruto si ello no ha sido sistemáticamente buscado y asegurado por los actores sociales.

La eficacia de las ideas requiere una coordinación de las mayorías, es decir, una organización política y una energía moral que no están en modo alguno garantizadas.

Las ideas sólo están vivas en la medida que hay hombres y mujeres disponibles y capacitados para la aventura.

El factor más determinante de las posiciones desarrolladas por la Concertación fueron los traumas de la dictadura y el final de la Guerra Fría, que eran un marco autoritario en el que se imponía la exclusión. Ambos provocaron tres tipos de respuestas: una ortodoxa y anclada en el pasado, otra de un postmodernismo prudente, pero desilusionado; y una tercera con mayores posibilidades, a saber, la renovación y la unión de los s o c i a l i s t a s y democratacristianos. 3 La exclusión provocada por la dictadura dio origen a la

Para José Bengoa, Chile ya no es más una sociedad agraria o patriarcal, pero los valores tradicionales mantienen su predominancia.1 Este atavismo aún pesa en Chile, irradiando años de soledad para generaciones que no se sienten completamente en su país.

Por eso el movimiento social y cultural, además de político,

1 José Bengoa, Proposiciones Nº 24, SUR, 1994.

2 Sobre este tema véase "Los Contrapuntos de la Concertación, 1989-2006", con Federico Smith, Colección Ideas Chile 21, Chile21.org 3 Al respecto véase Ignacio Walter y Andrés Jouannet, Democracia Cristiana Y Concertación: Los Casos De Chile, Italia Y Alemania, Revista de Ciencia Política U. Católica, Volumen 26 Nº2, 2006.

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aspiración por una inclusión creciente, su concepción maniquea dio paso a una visión menos predeterminada de la libertad y su irrespeto por los derechos humanos alentó una reacción general en defensa de ellos.

Este marco y la renovación de democratacristianos, socialistas e independientes, hicieron posible su gobierno conjunto para procurar superar las exclusiones, aumentar la libertad, y defender los derechos humanos.

La discusión sobre el modelo de la dictadura aclaró sus pretendidas ventajas y evidenció sus altos costos. Se trataba de un marco autoritario diseñado para imponer un obsceno deseo de exclusión, basado en una definición macroeconómica poco sofisticada, con destrucción productiva y agresiones al medio ambiente, sin avances en infraestructura o tecnología, e imposibilitado de integrarse a la comunidad internacional, que lo rechazaba. La Concertación reaccionó frente a una idea en boga en el mundo en los años ochenta y aplicó políticas para mejorar tanto la democracia como el mercado, pero sin confundirlos. Además se ha debido remontar una cultura empobrecida y fuertes discriminaciones sociales.

Un tercer factor general de gran importancia fue un rasgo común a todas las políticas económicas y sociales puestas en boga en el mundo en los años ochenta. En ellas se hizo ostensible la pretensión reduccionista de entregar toda la articulación de lo social y económico al mercado, el lugar donde verdaderamente debía votar el ciudadano-

consumidor. Ello hizo más difícil repensar la globalización y precisar las mejores políticas para intentar la inserción nacional en la sociedad mundial, incluyendo desde luego la economía, pero también la cultura, lo específicamente político, la pobreza y la seguridad. Fue necesario crear conciencia de que esta estrategia sólo podía ser exitosa si era complementada con la ampliación de la base productiva, de manera que el desarrollo llegue en la forma de una provisión abundante de empleos y no se concentre en los dueños de las fuentes tradicionales de renta.

importante una mejor interpretación de la historia del país. En vez de la autodefinición como nacional de la voluntad del dictador, se ha reconocido a todos los chilenos como intérpretes válidos de una historia en la que hay continuidades y discontinuidades que hablan elocuentemente sobre nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestras fortalezas y debilidades. Ambos humanismos entienden que todos los chilenos son los intérpretes válidos de su historia, no algunos "iluminados", y también de su futuro, porque es de ellos de donde podrán salir las soluciones a los problemas que enfrentemos.

Los servicios sociales de la dictadura eran de mala calidad o caros, lo que la Concertación ha procurado revertir. Y hoy el gobierno propone un sistema integral de protección social.

Parece claro que las ideas y el buen gobierno del marco democrático (post oligárquico) ganaron el corazón de los chilenos y eso explica en buena parte la continuidad de los gobiernos de la Concertación. Hay un acuerdo social extendido en que el principal contenido de lo nacional es la situación del conjunto de los chilenos, quienes requieren expresarse libremente. Democracia y desarrollo han podido darse al fin la mano.

De allí que la oposición busque demoler con consignas a las administraciones de la Concertación y maltrate sistemáticamente a la Presidenta (en lo que suele seguirla el resto de la clase política).

Por otra parte, en el terreno político y de gobierno fue necesario cambiar el enfoque de la noción de gobierno, deformado por una concepción tecnocrática de la gobernabilidad, por uno genuinamente democrático. El ámbito del gobierno se amplió para incluir la participación y la administración del Estado fue modernizada con el enfoque de las políticas públicas.

Quizás ello explique buena parte de los éxitos logrados por los gobiernos de la Concertación.

El quinto factor se refiere a al sistema internacional, donde el gobierno hubo de enfrentarse a otra concepción reduccionista para la que la multilateralidad se debilitaba, sin encauzar la globalización, y el conjunto del sistema se consagraba al objetivo de apoyar un enfoque unilateral de la lucha contra el terrorismo.

Los gobiernos democráticos han apoyado el multilateralismo, rechazando la guerra unilateral contra el terrorismo y han desarrollado políticas para la una inserción diversificada en la sociedad mundial.

Ta m b i é n h a s i d o

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Perspectiva Ha pasado el tiempo desde mediados de los ochenta cuando se concretó la alianza del humanismo laico y el humanismo cristiano en la Concertación. Muchas de las novedades pensadas por la Concertación, en el contrapunto de ideas en la sociedad, se han ido convirtiendo en realidad -con importantes excepciones-. Entre tanto algunos se quedaron sin ideas, mientras otros han priorizado sus carreras políticas personales por sobre el trabajo de la Concertación.

Es el momento de superar el desaliento y continuar el trabajo de interpretación, programa y realizaciones a la luz de las realidades de hoy. Y para hacerlo, conviene repasar algunas ideas que en mi opinión están en la base de los planteamientos de la Concertación.

Idea del progresismo En breve, ser progresista significa buscar soluciones sociales, económicas y políticas

para los problemas de la mayoría lo más rápido posible y de modo eficiente y estable, plasmadas en políticas públicas de calidad.

Con esta definición el progresismo es un metro para medir y ser medido, no una vaga aspiración o una afirmación de voluntad. Para ser progresista hay que actuar como tal, no sólo afirmarlo.

Orientaciones generales Tener una visión ética individual, pero también social.

Esta es una diferencia con la mayoría de los conservadores. El imperativo moral categórico individual (Kant) manda actuar como si la voluntad propia pudiera ser ley general. De allí se deduce un imperativo moral categórico social, que es actuar buscando la igualdad de oportunidades.

Quienes no ven este punto se escandalizan porque los chilenos somos "aspiracionales" Lo nacional como incluyente. Un aspecto del contrapunto entre progresismo e izquierdismo tradicional, por una parte y los conservadores, por la otra, es el enfoque sobre la democracia y sobre lo nacional de las tres posiciones. Lo nacional siempre fue estereotipado en la visión izquierdista y en la conservadora (Quilapayún-Huasos Quincheros), mientras este concepto encuentra su cauce natural en una visión progresista del país, con su reconocimiento de la diversidad como riqueza.

La democracia como fin. La democracia es el mejor modo en que se articulan las mayorías y minorías nacionales de manera positiva e incluyente para el logro del desarrollo nacional.

Por lo demás, no hay mejor antídoto contra los errores que se pueden cometer en democracia que seguir ejerciéndola y profundizarla. Los iluminados que creen saber más que la gente tarde o temprano pierden el camino.

Con énfasis en la libertad. Podría decirse que el progresismo actual tiene más puntos en común con el progresismo de los liberales

del siglo XIX que con los izquierdistas de voluntarismo ideologista y autoritario.

Pero mientras la búsqueda de la libertad individual sigue vigente como problema y como enfoque para la acción, hoy es evidente que al mismo tiempo debe buscarse sus condiciones materiales y espirituales, sin las cuales la libertad es siempre limitada.

Los liberales de hoy no siempre ven esto y se han quedado en el pasado.

Una cultura local, nacional e inserta en el mundo. Preservar y desarrollar una cultura local y nacional será compatible y enriquecedor con la participación de Chile en el mundo según nuestra propia valoración y cuidado de ella. La creación cultural debe ser protegida y fomentada, pero con las ideas no debe, ni puede, haber proteccionismo.

Medios de acción. 4 Anclado en la razón. El progresismo de hoy, al igual que el del pasado, confía en la razón y desconfía de los irracionalismos.

Superada la confianza simplista en el positivismo, mantiene su adhesión a la razón como el mejor método para entender nuestra realidad y también para intentar modificarla mediante políticas públicas.

Al igual que con la democracia, los errores que se puedan cometer con la razón, sólo se arreglan al profundizar el uso de la razón.

Al reflexionar más y no menos.

Ser modernizador, pero con todos. Las políticas progresistas impulsan la

4 Véase Eugenio Lahera, Chile como pregunta, LOM, 2005,

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modernización de la sociedad pero aquí no reside la diferencia con los conservadores, los que de hecho han impulsado la modernización del país en diversos períodos. La diferencia está en el carácter selectivo o directamente excluyente de la mayoría que caracteriza incluso la fase modernizadora de los conservadores, para no mencionar sus aspectos regresivos.

Para una visión progresista la modernidad es incluyente por definición; si no lo es, está incompleta. ¿Ejemplos?: salud privada, AFPs, desarrollo exportador sin cambio productivo, descentralización de la educación, autos y transporte público, seguridad privada y pública.

Con eficiencia y estabilidad. Si la preocupación por las mayorías diferencia a progresistas y conservadores, la preocupación por la eficiencia y la estabilidad diferencia a los primeros de los izquierdistas tradicionales.

El estatismo y el proteccionismo en economía; la democracia popular y las vanguardias revolucionarias en lo político; y la redistribución expropiatoria de la riqueza junto a la estatización de los servicios sociales son inaceptables para quienes se preocupan de los problemas mayoritarios.

Todos ellos son falsos atajos a la modernidad; tan falsos como las dictaduras "iluminadas" pero excluyentes de la mayoría.

Al día. Si alguna vez fue progresista ser proteccionista, ya no lo es; si alguna vez lo principal en el terreno internacional fue el "intercambio desigual", hoy la principal fuente de dinamismo y de competitividad está dada por una activa y profunda inserción en la economía internacional en sus aspectos comerciales, financieros y productivos.

La diferencia de los progresistas con los conservadores en este terreno es que para los primeros la inserción en la economía mundial debe ir junto a la diversificación de la base productiva nacional y la incorporación de la pequeña industria.

Aspectos políticos Con un proyecto político diferente. En definitiva, junto a la tradicional dicotomía de "izquierda" y "derecha" -con sus variables de ajuste del centro y los independientes- derivada de la ubicación de los delegados a los Estados Generales de Francia en 1789, ha ido ganando fuerza otra conceptualización: la de progresistas y conservadores.

Una conclusión de este análisis es que los cortes políticos anticuados deberían ser superados por la realidad: los delegados han cambiado de asiento. Sin duda el apoyo social a las políticas progresistas -esto es, incluyentes y eficientes- supera al de cualquier marco político. Es más bien una tarea política el interpretarlo bien.

Políticas públicas del progresismo.5

del Ejecutivo para diseñar y monitorear políticas públicas, superando la falsa disyuntiva entre trabajar con un staff presidencial o con el gabinete. Para ello basta la decisión del Presidente de tener un staff de calidad, que lo asesora a él sin ser un grupo intermedio, sin protagonismo público y con cero filtraciones sobre sus recomendaciones.

Conclusión La buena gestión de las políticas requiere mucha transparencia y la selección independiente de los directivos, junto con mucha flexibilidad y capacitación de los trabajadores en el sector público. También trabajo directo con la comunidad y con el sector privado.

En el área de control y evaluación, además de las revisiones ex post de legalidad de los actos, convendría crear una agencia

La preocupación por la situación de la mayoría implica una definición especial de las políticas, una óptica sin la cual algunos temas ni siquiera son visibles.

Es obvio que la ruptura de la Concertación tendría importancia política, pero también afectaría la forma cómo los chilenos miramos al país y al mundo. El enfrentamiento, la distancia o la cercanía entre el humanismo cristiano y el humanismo laico han constituido unos de los ejes de nuestra historia contemporánea.

En términos generales, una política pública de excelencia es una que, a partir de valores, propone objetivos claros y define los aspectos técnicos de la mejor manera.

Conviene fortalecer la capacidad estratégica

Pero, dependiendo de su liderazgo y su renovación, la Concertación puede volverse estéril en ideas adecuadas, pobre en la calidad de sus políticas públicas, impotente en lo político, o ser rechazada por la mayoría. ¿Y cómo afectaría el deterioro de la Concertación al sistema no oligárquico en construcción? Ni la robustez del marco ya creado, ni la unidad a toda costa de la Concertación garantizan que su creatividad y calidad política se mantengan al día.

Ambas son condiciones necesarias, pero insuficientes.

Por otra parte, ¿podría ser profundizada la constitución de un sistema post oligárquico sin el concierto del humanismo cristiano y el laico en la Concertación? Ello requiere un agente político que hoy no existe, ni está planteado. La falta de una unión creativa en la Concertación podría marcar un retroceso en el sistema político y su gobernabilidad, así como una desesperanza difusa.

La economía política del gobierno y de las reformas depende de cómo se establece la agenda política y cómo se especifican las políticas públicas. Lo mejor es que ello sea alcanzado por una coalición amplia que concuerde un programa representativo, consistente y financieramente sustentable.

Más precisamente, una política pública de excelencia corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados.

la capacidad analítica y de propuesta de las organizaciones sociales mejorando su conocimiento del proceso de las políticas públicas. El perfil de la ciudadanía no organizada podría ser levantado a través de prácticas participativas y comunicacionales.

En todos los casos, la información es la base de la participación.

independiente con alta calificación que investigue el gasto público, que evalúe su eficiencia y efectividad, que examine malos usos y entregue opiniones sobre temas de legislación. El gobierno no puede ser su propio y único evaluador.

Los principios son para aplicarlos a la realidad y ser enriquecidos por ella.

El natural interés de los ciudadanos por las políticas públicas puede ser canalizado mediante la participación, acogiendo así los movimientos ciudadanos. Se puede mejorar

Porque, como señalara Saint-Exupery, "La única invención verdadera es descifrar el presente bajo sus aspectos incoherentes y su lenguaje contradictorio".

5 Véase del autor, Introducción a las Políticas públicas, Fondo de Cultura Económica, 2002.

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La actitud natural de los jóvenes es la de revisar y mejorar lo que hicieron sus mayores.

INTERNACIONAL

Algunas Claves para Entender a Venezuela Uno de los aspectos más notorios del reciente debate interno sobre la opción que debería tomar Chile en las elecciones para reemplazar al representante latinoamericano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el rechazo de la mayor parte de la clase política al proyecto que encabeza el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, tildándolo repetidamente como populista y que se, estima, tan lejano al chileno.

Es más, internacionalistas como Boris Yopo han llegado a plantear, en un reciente artículo publicado en el diario La Tercera que una de las lecturas que pueden efectuarse de dicho debate es la intolerancia hacia experiencias alejadas de nuestra imagen para entender los problemas de América Latina que encubre las críticas destempladas contra líderes de la región. ¿Qué tan distante es la experiencia política venezolana de la experiencia política chilena?, ¿es posible advertir, en la historia política reciente, rasgos que evidencien similitudes entre ambos contextos? Por otra parte ¿qué tan efectivo es el recurso de calificar al gobierno del Presidente Chávez y su Revolución Bolivariana como populista, en un contexto donde el populismo se ha convertido en un recurso y en un atajo discursivo para calificar cualquier

María de los Ángeles Fernández Cientista política, Directora Ejecutiva Fundación Chile 21

iniciativa, no sólo lejana a nosotros, sino estimada como indeseable? Trataremos de despejar ambas interrogantes.

En primer lugar, es posible advertir que Venezuela y Chile tienen algunos aspectos inimaginados en común, que se resumen en esa capacidad como país en erigirse, en algunos momentos de su historia, a la categoría de mito, en un sitial de proyecto digno a imitar. Para el primer caso, se planteó durante mucho tiempo el denominado mito de la "excepcionalidad democrática": Venezuela fue proyectada como un caso atípico en el contexto latinoamericano, no sólo por su condición de país petrolero y su posición geográfica estratégica, sino por la forma en la cual esta característica ha moldeado al conjunto de la sociedad, al Estado y a las instituciones y actores políticos. Dicha "excepcionalidad", potenciada por el sentimiento de una condición de nación privilegiada dentro del Tercer Mundo, consistía en una atenuación de la pugna distributiva entre 2006 22 FORO NOVIEMBRE

los actores sociales internos como efecto de la existencia de una renta de origen externo que se convertía en una fuente de riqueza superior a cualquiera que pudiera generar la capacidad productiva del país. Venezuela, por más de veinte años, fue considerada como la "darling" de América Latina, a la sombra de Estados Unidos: un modelo a seguir en la región dada la permanencia del régimen democrático, su estabilidad política, la transmisión pacífica del poder por medio de elecciones periódicas y un crecimiento sostenido.

Por su parte Chile, que parece haber tomado el relevo en esta condición de

modelo, también ha proyectado eficientemente una imagen de mito en la región, a partir de la estabilidad generada durante el proceso de transición a la democracia y la exitosa resolución del experimento económico neoliberal, que fue pionero en América Latina. Analistas como Alvaro Vargas Llosa y Jorge Castañeda, por citar sólo dos nombres, no se cansan de elogiar el modelo chileno como uno de prudencia de sus elites políticas, buen manejo económico y desmesura social. Pero esta percepción tendría raíces históricas profundas en su antiguo desarrollo democrático y el civismo ejemplar de los chilenos, alimentado con la idea de unas Fuerzas Armadas prescindentes y apolíticas.

Ambos países, de una u otra forma, han sido diestros en configurar autoimágenes muy cercanas al mito acerca de lo que son como nación, de su pasado y de su presente, así como de sus relaciones con América Latina y el mundo.

Cuál populismo Con relación al carácter populista del experimento político encabezado por el Presidente Hugo Chávez, es importante adoptar un juicio prudente por varias consideraciones. La primera, porque la información que emiten los medios de comunicación desemboca muchas veces en consideraciones un tanto caricaturescas de dicha experiencia, con tendencia a poner el acento en las acciones que Chávez encamina en materia de política exterior, eclipsando de alguna forma los intentos serios por comprender lo que sucede adentro. Tal como plantea el internacionalista venezolano Carlos Romero, sus querellas con Estados Unidos, la promoción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su clamor por un mundo más justo, su creencia en la soberanía nacional y sus simpatías por la revolución continental despiertan, no sólo la emoción en nuestro continente, sino también cariño, resultando ineludible que los análisis terminen centrándose más en su discurso y estilo, sin escarbar más profundamente. Nadie puede decir que

Chávez carece de "relato", de sueños y de sentimiento: les presenta a los venezolanos una propuesta política de país, un proyecto que empalma con la historia gloriosa de la patria venezolana, la cultura rentista del siglo XX y las reivindicaciones sociales asociadas al socialismo.

Explota muy bien el nacionalismo y el anticapitalismo asociado al lenguaje político latinoamericano, con su fuerte componente antinorteamericano.

En segundo lugar, no existe acuerdo acerca de la sustancia del fenómeno populista, aunque se trata de un arma argumentativa fácil cuando las dirigencias políticas pretenden desacreditar cualquier proyecto o iniciativa política. El populismo puede llegar a abarcar realidades muy diversas en lo espacial y temporal. Autores como Hermet afirman que lo que lo define es más bien su carácter antipolítico, es decir, la controvertida promesa de satisfacer rápidamente y sin revolución las necesidades populares. En esta línea ¿cómo podemos catalogar el gobierno de Hugo Chávez? Para aquellos que anclan en lo político su visión del populismo, la dimensión clave es la relación de los líderes con la institucionalidad. En este marco, el populismo es visto como una estrategia política a través de la cual un líder personalista busca ejercer el poder mediante el apoyo directo, sin mediación y no institucionalizado, de gran número de seguidores. Chávez, de acuerdo a ello, podría ser catalogado de populista. Sin embargo, es conveniente matizar que si bien los partidos políticos tradicionales fueron pulverizados, su gobierno se ha sostenido por el apoyo de la mayor parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, inspiradas en una "nueva doctrina militar", que los convierte en una suerte 2006 23 FORO NOVIEMBRE

de partido de gobierno, encargados de las decisiones en el ámbito político y de la gestión de una buena parte de las políticas públicas, particularmente en el ámbito social.

Autores que conocen bien la realidad venezolana como Ellner son más cautelosos, afirmando que la fórmula política chavista es compleja, heterodoxa y ambivalente. A su juicio, es cierto que el chavismo presenta similitudes con el populismo clásico y con el neopopulismo, pero también presenta características más propias.

En cuanto al primero, coincide en su arremetida contra una élite (partidocracia) y la generación de una nueva constitución (discurso antiestablishment), un estilo carismático y un marcado personalismo, un intervencionismo reciente (expresado en programas sociales por sobre los de carácter económico e industrial; misiones de alfabetización, de atención médica y educación a nivel secundario) así como intervención estatal en la economía.

Con relación al segundo, presenta una atracción especial para los sectores marginales de la población, proyecta la imagen de una persona que no pertenecía

a la elite tradicional y representa el hiperpresidencialismo. ¿A qué se debe su éxito y por qué es algo distinto al populismo clásico y al neopopulismo, según dicho autor?

Esencialmente, se debe al mantenimiento del apoyo de la clase baja, fundamentado en la credibilidad de su antineoliberalismo. Él ha puesto fin a las privatizaciones, aunque parece carecer de un programa económico coherente.

Por otra parte, su movimiento ha logrado atraer a una buen parte de las clases marginales que estaban excluidas de la vida institucional del país, aún vinculándose a estructuras institucionales incipiente y ciertamente frágiles y, por

Chávez, el Centro Carter y la OEA ratificaron los resultados y la oposición nunca entregó pruebas de iregularidades.

Lo que sí resulta una incógnita es en dónde desembocará el estímulo gubernamental a la participación política, que es un arma de doble filo por cuanto presenta un reto a un Estado con debilidades administrativas evidentes.

Ello puede llevar a evidenciar, a mediano plazo, limitaciones para manejar expectativas populares crecientes.

último, el proceso presenta un grado de complejidad que tiene más cercanías con un sistema democrático que con un personalismo extremo, caracterizado por el neopopulismo. Su movimiento no es totalmente monolítico y el gobierno se ha abstenido, en algunos momentos, de usar la fuerza contra una oposición que ha llegado a estar altamente movilizada.

En otros, sus medidas le han valido las protestas de los opositores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa. A pesar de las aprehensiones opositoras con relación a la transparencia de los comicios, para el caso del referendo revocatorio de agosto del 2004, donde se aprobaría o no la permanencia de

presidencial. El nuevo Presidente de Venezuela será electo por un período de seis años. El Consejo Nacional Electoral ha admitido las candidaturas de Hugo Chávez, de Manuel Rosales y de 18 candidatos más. Chávez representa al Movimiento Quinta República y a la coalición de 24 partidos aliados que lo respaldan. Rosales, por su parte, cuenta con el apoyo de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, COPEI, Bandera Roja y 36 referentes más. Esta dispersión y multiplicidad de grupúsculos forma parte del complejo cuadro que enfrenta la política venezolana y que dificulta la eficacia de cualquier acción que impulse la oposición al gobierno de Chávez. Por su parte, el posible nuevo triunfo de

Las lecciones El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo en Venezuela una nueva elección

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Chávez lo enfrenta a dos alternativas: profundizar su proyecto con las dinámicas del último tiempo, lo que significa seguir la pendiente de la radicalización y el autoritarismo o, en su defecto, colocar un freno al sectarismo y a la polarización, invitando a un diálogo conjunto de las fuerzas políticas venezolanas e intentando recuperar el corte democrático que le dio origen, así como la depreciada legitimidad que tiene en sectores considerables del país. ¿Hacia dónde va Venezuela? Por tratarse de un proceso en curso, resulta difícil su atropamiento y comprensión en base a categorías fijas e inmutables. Lo que sí parece ser claro es que la Venezuela actual está muy cercana del título de un famoso libro editado, a mediados de los ochenta, por Naím y Piñango, titulado "Venezuela: una ilusión de armonía". Ambos autores sospecharon, sagazmente, de las débiles bases en las que estaba asentado el modelo venezolano que, desde 1958 hasta 1982, se mantuvo estable y contó con la inyección de recursos petroleros significativos. La paz social era más virtual que real. Hoy en día, la armonía parece ser un espejismo, dadas las profundas divisiones que vive el país, la instalación de una dicotomía pronunciada entre un "nosotros" contra un "ellos" y el estado progresivo de la anomia iniciado a principios de los años 90. La inseguridad, junto con el desempleo (o falta de empleo formal) son los dos problemas que la población percibe como más acuciantes.

De entre las múltiples lecciones que la experiencia política reciente de Venezuela reporta para sus pares del continente, una resulta clave: Venezuela era admirada porque tenía partidos políticos fuertes que contribuían a su estabilidad política.

El problema es cuando dichos partidos y sus intereses terminaron interfiriendo con los requisitos para que exista una democracia de calidad. La crisis y atrofia de uno de los elementos del sistema, los partidos políticos, producto de lo que Coppedge ha denominado la "partidarquía", llevó a la crisis general de todo el sistema político. El que tenga oidos, que oiga...