Revista Foro 21 Nº 57

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Editorial Coyuntura Marcelo Contreras Economía Luis Eduardo Escobar F. Reforma Sistemas de Pensiones Gonzalo D. Martner Las Brechas de la Equidad Carlos Ominami Debate Progresista María Teresa Fernández de la Vega Entrevista a Jaime Gazmuri

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FUNDACION CHILE 21 Presidente Honorario: Director Ejecutivo: Directora Ejecutiva Adjunta: Dirección: Fono: Fax: E-mail: Web:

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FORO Chile 21

Editora Ximena Gattas

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a caída de 10 puntos porcentuales en la aprobación a la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, que puede ser explicada por el tiempo en que fue tomada -en medio de una movilización estudiantil que alcanzó una gran legitimidad y apoyo en la opinión pública-, unida a ciertos desajustes y problemas de coordinación de los equipos de gobierno, propios de su proceso de instalación, representa un llamado de atención de la ciudadanía no sólo en relación al gobierno, sino también a la propia clase política y, en particular, a la oposición que muestra el nivel más bajo de aprobación ciudadana a la forma como está desarrollando su labor.

Mucho se ha especulado con la idea que este es un gobierno ciudadano.

Una idea que no se origina en el propio gobierno y que la propia Jefa del Estado se ha apresurado a desechar. Este es un gobierno político como el que más. La Presidenta es militante de un partido; sus ministros y subsecretarios, en su gran mayoría, militan en partidos y el gobierno responde a una coalición política que ha ganado todas y cada una de las elecciones populares desde el retorno a la democracia y que hoy ha alcanzado una mayoría parlamentaria, tras terminar con los senadores vitalicios e institucionales.

Otra cosa muy distinta es el estilo que el nuevo gobierno ha buscado establecer en su relación con los gobernados. Lo novedoso de este "estilo ciudadano", además del carácter paritario en materia de género y el proceso de renovación de las elites políticas en la administración del Estado, es la relación que el gobierno busca establecer con la ciudadanía. . Una relación más horizontal y abierta a las demandas, asumiendo que tras 16 años de recuperación de la democracia, hoy tenemos una ciudadanía más informada y consciente de sus derechos, que busca participar e influir en las decisiones de la autoridad. Tal como lo demostraron los estudiantes secundarios con su movilización en donde, más allá de sus reivindicaciones inmediatos, plantearon el crucial tema de la calidad de la educación pública.

El desafío, sin embargo, es abrir cauces institucionales a esa participación, que efectivamente incentive la asociatividad y posibilite que los ciudadanos se involucren activamente e influyan en la conducción de los asuntos públicos. Ello representa una concepción moderna de la democracia, que no puede agotarse en el plano representativo, sino que debe avanzar en fórmulas efectivas de participación y deliberación que los involucre. Lejos de disminuir el rol de los partidos o atentar en contra de los fueros parlamentarios-como parecen creer algunos dirigentes políticos-la participación ciudadana contribuye a darle mayor densidad y profundidad al debate, obligando a los partidos y los propios parlamentarios, también al gobierno, a establecer nuevos vínculos y un diálogo más estrecho con la ciudadanía.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente el propio gobierno, en una democracia representativa, tanto el rol del parlamento como de los partidos es insustituible y es en esta área de la gestión política en donde tanto el gobierno, como la propia coalición oficialista, parecen enfrentar sus mayores dificultades.

En verdad, el principal desafío gubernamental es conciliar el "estilo ciudadano" abierto a la participación, con una gestión política de mayor precisión, que no sólo releve el protagonismo de su gabinete y su comité político, sino que le permita desplegar agendas sustantivas, acompañadas de un relato o discurso comprensivo, que ordenen a su coalición e interpelen a la oposición, especialmente en aquellos temas en donde se registraron coincidencias objetivas en la pasada campaña presidencial.

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COYUNTURA

Seguridad Ciudadana: ¿Una Operación Política, un Fenómeno Mediático o un Problema Desbordado?

De una manera un tanto misteriosa, la seguridad ciudadana se ha posicionado como el tema más relevante de la agenda pública en las últimas semanas, pese a que las cifras oficiales muestran un estancamiento de los índices de recurrencia y que la propia encuesta nacional de victimización -la única a la que se le reconoce validez porque considera no sólo las denuncias de delitos (muchos no se denuncian) sino la propia percepción ciudadana- baja cerca de cinco puntos (de 43 a 38,3%).

Marcelo Contreras N., Director Revista Foro Chile 21 La reacción más inmediata es culpar a los medios de comunicación "por una exagerada emisión de noticias sobre violencia y delitos", como sostiene el diputado Carlos Abel Jarpa, miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y que, de alguna manera, avala la investigación encargada por el Diario La Nación, que registró la cobertura entregada por los distintos canales de televisión y en donde Chilevisión aparece

con más del 50% de sus noticieros dedicado a cubrir el tema.

Los más suspicaces acusan a la derecha de montar esta verdadera operación mediática para generar un clima de temor, con el propósito de culpar al gobierno por una supuesta ineficacia y lenidad en el enfrentamiento del tema. La suspicacia tiene más de un asidero luego que los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand hayan decidido reflotar su propia Fiscalía en Contra del Delito, para denunciar un incremento de los mismos; un exagerado "garantismo" de los jueces y el supuesto fracaso del gobierno en el combate en contra de la delincuencia.

Una línea a la cual se ha plegado, con similar entusiasmo, la mayoría de los medios de comunicación; la Fundación Paz Ciudadana, que preside Augustín Edwards y los dirigentes de la Alianza por Chile, para pintar un cuadro catastrofista y exigir "mano dura" del gobierno.

Más allá de si todo esto responde al supuesto "sensacionalismo" de algunos medios de comunicación para ampliar sus audiencias o vender más ejemplares, o si se trata de una operación política para desacreditar al gobierno y obtener dividendos políticos para la oposición, lo único evidente es que la "sensación térmica" es que el fenómeno ha recrudecido, sino en masividad, al menos en

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espectacularidad y violencia.

Por cierto, contribuye a generar esta sensación térmica la amplia cobertura de los medios de comunicación a los asaltos registrados en residencias en barrios altos y en sectores medios (con menor intensidad los delitos en sectores populares), así como delitos que afectan a personajes públicos como el Presidente de la Corte Suprema y la Presidenta de la Democracia Cristiana, lo que refuerza la imagen de que si ellos no están protegidos, nadie la está.

Sin duda la Seguridad Ciudadana corresponde a un problema real muy sentido por la opinión pública, tal como lo demuestran todas las encuestas de opinión.

Un fenómeno complejo, con múltiples aristas, que afecta por igual a sectores altos, medios y bajos de nuestra sociedad, pese a que los medios entregan una mayor cobertura a los delitos que afectan a sectores acomodados y personajes públicos que a los sectores pobres, los cuales deben convivir a diario con la delincuencia.

Todo el tema es si este es un problema que ha desbordado a las autoridades políticas y policiales para transformarse en una situación incontrolable de no mediar medidas de excepción o "mano dura", como postula la derecha y si en verdad Chile vive "tiempos

violentos", muy distintos de aquellos que viven otros países en la región o en el mundo entero.

En verdad no existe ninguna estadística seria y confiable que demuestre un incremento de las cifras de criminalidad. Más bien muestran un estancamiento. La propia percepción de los ciudadanos sobre victimización muestra un retroceso en los últimos dos años y para cualquier analista objetivo y desapasionad, la realidad del país respecto de seguridad ciudadana es incomparablemente mejor a la que se vive en la región y puede ser comparada favorablemente con varios países desarrollados.

Pero este puede ser un consuelo de tontos, que no alcanza para conformar a los muchos

El Mercurio, el jurista Carlos Peña analizaba las distintas teorías que buscan explicar las razones por las cuales la gente delinque y en verdad muchas de ellas explican las distintas posiciones y propuestas de los actores políticos para enfrentar el tema.

Una primera teoría, de Gary Becker, sostiene que la gente delinque porque es rentable hacerlo (el delito paga), afirmando que si el costo de delinquir aumenta (porque suben las penas, aumenta la posibilidad de aplicarlas o mejoran los bienes alternativos) entonces la tasa de delitos bajara. El delito, por tanto, se reduciría a una cuestión de precios y la solución obvia sería elevar las penas; reducir las garantías procesales y aplicar la llamada mano dura, para disuadir a los delincuentes como propone la derecha.

derechos humanos de todos y cada uno de los individuos, los cuales son anteriores al Estado. Reducir el delito es una aspiración más que razonable para toda sociedad, así como la utopía de un mundo o un país sin crímenes es una quimera. El remedio de deslizarse a un Estado policial o desproteger los derechos humanos para combatir la delincuencia puede ser peor que la enfermedad Por su parte, el juez Richard Posner sugirió que el nivel de crímenes es en función de los niveles de protección privada y pública. Si baja o es insuficiente la protección pública, subirá el delito. Entonces se incrementará la protección privada. Pero al mejorar la protección privada tenderá a bajar la protección pública y el delito subirá de nuevo.

Y así hasta alcanzar el equilibrio.

Aparentemente esa visión no considera la alternativa de asumir la protección pública y privada como elementos complementarios y no antinómicos, asumiendo que este es un tema que requiere de la cooperación entre la autoridad, la propia policía y los ciudadanos y que la protección privada no es eficiente en materia de represión, ni eficaz si es ejercida de manera individual o familiar, sino cobra su verdadero sentido y eficacia en comunidad, de manera organizada y en colaboración con la fuerza policial.

miles de chilenos y chilenas, de todos los estratos, que son víctimas de asaltos, robos o violaciones y que ven crecer los índices de drogadicción y alcoholismo en las poblaciones y en la juventud, así como para la propia opinión pública, amedrentada por la amplia y sistemática cobertura informativa sobre los delitos.

La buena noticia en este sombrío panorama es que el país no enfrenta un proceso electoral en los próximos dos años, lo que permite un debate racional acerca de este fenómeno asociado a la modernidad, que sea capaz no sólo de dimensionar adecuadamente su magnitud, sino reflexionar sobre sus causas y debatir acerca de la forma mas eficiente de hacerle frente.

En una interesante columna de opinión, publicada por la edición dominical del diario

El único inconveniente es que la proporción de personas cumpliendo condenas, en relación a la población en nuestro país, es desmesurada, con el consiguiente atochamiento de los recintos carcelarios.

Nadie ha podido demostrar que los delitos tienen penas bajas o que los jueces tienen mano blanda a la hora de imponer condenas.

Tampoco se ha demostrado en la experiencia internacional que la famosa mano dura o "tolerancia cero" sea el remedio más eficaz o la panacea en contra de la delincuencia.

El poder judicial no forma parte del dispositivo estatal para combatir la delincuencia. Su rol es impartir justicia, de acuerdo a las leyes. Las garantías procesales, aún para delincuentes reincidentes, representan avances de la humanidad que son necesarios cautelar, entre otras cosas, para legitimar la coacción y proteger los

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Otras teorías, sostiene Carlos Peña, examinan la influencia de los estilos de vida en el incremento de los delitos, sosteniendo que la vida lejos de la familia (asociada a la expansión del consumo, el matrimonio tardío, la industria de la diversión) está relacionada con el aumento de los delitos en el último siglo. El estudio sugiere entonces que hay que estimular la vuelta al hogar (¿).

Una teoría distinta, con la que muy probablemente se identifica la mayoría de la izquierda y sectores progresistas no sólo en Chile sino en el mundo, es la teoría de la anomia. Cuando las sociedades enfatizan en demasía los fines y, en cambio, descuidan socializar a sus miembros en el uso de medios legítimos, surge lo que Merton denominó conducta innovadora: el sujeto persigue los mismo fines que el resto; pero por cualquier medio. La democratización de los mensajes

de consumo y de éxito, sumados a una sociedad desigual en los recursos, produciría conductas desviadas.

En esta visión, el delito representaría una conducta de adaptación a una sociedad que expande los mismos deseos pero no las oportunidades.

Hasta hace un tiempo atrás en la ex Penitenciaría de Santiago colgaba un cartel que rezaba "aquí están los que han robado poco". Preguntados unos jóvenes delincuentes acerca de su justificación de robar una bicicleta en el barrio alto de Santiago, afirmaban que sus dueños tenían sobrados recursos para reponer el bien robado y la única forma que ellos tenían de acceder a estos bienes era por esos medios. La viuda de un delincuente abatido en la comisión de un delito, junto con llorar su pérdida, justificaba a su cónyuge afirmando que robaba para mantener a su familia.

El jurista Carlos Peña sostiene que hay un tipo de delitos que requiere de otra explicación. Se trata, afirma, del delito cometido por esas "pequeñas masas" que son las pandillas y las "tribus" urbanas, en cuyo caso el delito está asociado al prejuicio y la diferencia, pero no es seguro que se trate de un fenómeno muy distinto de la anomia fundada en el existimo y el incentivo exacerbado del consumo, al que estos sectores tienen un acceso muy limitado.

Finalmente, la otra teoría que expone Carlos Peña, es tan sugerente como peligrosa. A veces, sugiere Zigmund Baumann, las sociedades instituyen el miedo como cemento para la cohesión social. Así, los malestares de la modernidad (causados por el individualismo, el enfriamiento de las relaciones sociales y el hastío del consumo) se conjuran mediante una transferencia simbólica. El delincuente es así erigido en el "otro", el "extranjero" de nuestras sociedades.

Tenemos miedo al crimen, sostiene Baumann, porque estamos desolados y ateridos. No porque haya más delincuentes.

Tal como concluye el abogado Carlos Peña en su columna de opinión, es probable que todas estas teorías tengan algo de razón (unas más que otras) y por lo mismo el combate a

la delincuencia no se agota en un frente -la represión al delito- como propone la derecha, sino que requiere de una política integral, centrada en la fórmula prevención-represiónrehabilitación, como sostiene con toda razón la autoridad.

La paradoja es que Chile, al igual que muchos otros países, ha avanzado considerablemente en el terreno de la represión al delito, incrementando y profesionalizando la fuerza policial; mejorando sus mecanismos de coordinación, así como tecnificando sus métodos de investigación y represión de los delitos; modificando el sistema procesal penal e incrementando no pocas penas, pero no hemos registrado similares avances en materia de prevención, una prevención integral que apunte a las causas estructurales que incentivan la delincuencia, y mucho menos en materia de rehabilitación. Las cárceles son verdaderas "universidades del delito"; los delincuentes primerizos tienen muy pocas oportunidades de reinserción social y los recursos destinados a efectivos programas de rehabilitación son muy escasos.

Sin duda Chile tiene aún un largo camino que recorrer para mejorar la relación entre su población y su dotación policial; ampliar la cobertura del llamado "Plan Cuadrante", que ha demostrado su eficacia pese a las críticas; aumentar la coordinación y profesionalizar la policía dotándola de nuevos elementos técnicos para incrementar su eficacia, pero es justo reconocer que en estos 16 años se registran notables avances en todos estos rubros y el propio programa de gobierno se orienta en esta dirección.

Es más que discutible, en cambio, que el tema pueda resolverse o experimentar avances sustantivos con la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, distinto del Ministerio del Interior, encargado del orden público. En especial por el problema de la doble

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dependencia de los servicios policiales, que durante todos estos años ha entrabado la coordinación de los servicios policiales. Lo más racional pareciera concentrar en el Ministerio del Interior las funciones de orden y seguridad, con subsecretarias diferenciadas.

El desafío mayor que enfrenta el país, en materia de prevención del delito, está asociado a la resuelta decisión de enfrentar las extremas desigualdades que aún subsisten en nuestra sociedad; a la superación de la exclusión social; la discriminación por origen, etnia o género y el combate a los efectos perversos del desarrollo como la drogadicción, el alcoholismo, el consumismo o el exitismo.

También y muy principalmente el combate a la delincuencia se da en el terreno de los valores y se libra no sólo en la escuela sino en el hogar, a través de los medios de comunicación y en los espacios de socialización de los ciudadanos.

Finalmente, la participación de la comunidad organizada y la propia responsabilidad social de las empresas y los medios de comunicación, en estrecha colaboración con los servicios policiales y las autoridades políticas, permitirá incrementar las medidas de prevención de los delitos.

PENSIONES

Hacia una Reforma Radical del Sistema de Pensiones (*)

La teoría económica convencional asume que los individuos son quienes mejor juzgan su propio bienestar. Sin embargo, se producirá una ineficiencia asignativa si estos subevalúan los beneficios personales que derivan del consumo de determinados bienes, vale decir si le atribuyen un mérito insuficiente, y en especial si no ahorran o no se aseguran frente a los riesgos y mantienen una preferencia sistemática por el consumo presente.

El síndrome del "a mi no me va a ocurrir" se traduce en la insuficiente provisión de seguros personales para propio bien de los consumidores frente a la posibilidad

Con una vasta experiencia y trayectoria en el sector público, que abandonó para ocupar la presidencia del Partido Socialista, Gonzalo D. Martner postula una reforma radical del sistema de pensiones. El presente artículo resume un trabajo más extenso que este economista enviara a la comisión presidencial que está trabajando el proyecto de reforma del actual sistema de pensiones y que presentamos como un aporte al debate sobre este crucial tema.

Gonzalo D. Martner

de accidentes inhabilitantes, de enfermedades graves o de insuficiencia de ingresos en la vejez, impidiendo en este caso que se promedie los ingresos a lo largo del ciclo de vida. Se trata de eventos que pueden ser juzgados como de improbable ocurrencia y/o cuyas consecuencias son demasiado lejanas en el tiempo -como la necesidad de ahorrar hoy para tener ingresos cuando ya no se esté en condiciones de trabajar- y que, sin embargo, de presentarse, pueden tener consecuencias catastróficas para los individuos imprevisores.

Adicionalmente, el problema de ineficiencia asignativa se presenta en el caso de una oferta de seguros realizada en condiciones de selección de riesgo que los agentes privados practican en estos mercados: a ellos les interesa obtener el pago de primas de los individuos con menos riesgo y desechar a los de más alto riesgo, o cobrarles primas sustancialmente más altas para maximizar sus utilidades, generando mercados incompletos. Pero se

trata, justamente, de aquellos individuos a los que apunta primordialmente el consumo obligatorio del bien preferente, en este caso el seguro contra el riesgo.

Asimismo, el comportamiento llamado de riesgo moral, es aquel que multiplica las conductas de riesgo en la medida en que se está cubierto por un seguro y la selección adversa es el proceso en el que los que tienen riesgos bajos y poca aversión al riesgo se sustraen de contratar pólizas de seguros, incrementando las primas que se cobra a los demás.

Estas son las razones que llevan a muchos gobiernos a facilitar el acceso universal a la protección frente a los grandes riesgos sociales, estableciendo su producción o regulación pública para contener los costos que resultan de este tipo de comportamiento.

Los sistemas de pensiones suelen incluir, simplificando, tres "pilares". El primer pilar, normalmente financiado con recursos tributarios, no necesariamente basado en contribuciones previas, tiene el propósito de asegurar una pensión básica a quienes no tienen otros ingresos en la vejez. El segundo, el sistema contributivo obligatorio, tiene dos objetivos propios: lograr la máxima tasa de cobertura posible del universo de asalariados y trabajadores independientes y lograr una tasa de reemplazo adecuada de los ingresos al momento de terminar la vida activa, suavizando la curva de la capacidad de consumo a lo largo de la

(*) En www.gonzalomartner.blogspot.com se encuentra una versión más amplia de este texto.

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vida, redistribuyéndola desde la edad productiva a la vejez. Un tercer pilar, el que incentiva tributariamente el ahorro voluntario, viene a complementar, con el esfuerzo individual adicional, los ingresos en la vejez.

Las democracias sociales modernas establecen que ciertas cosas sean de acceso universal, en especial los llamados bienes públicos. Y desde Bismarck en la Alemania de 1880 y Beveridge en la Inglaterra de 1945 se vienen perfeccionando los sistemas de seguridad social, cuyos principios ha consagrado la Organización Internacional del Trabajo.

exclusión severa (con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, un 7% de la población).

Nuestro país construyó tempranamente un sistema público de pensiones. Con sus imperfecciones dio respuesta parcial a la condición de vejez sin ingresos, llegando a una cobertura del orden del 70% de la población. Esta cayó a cerca de 50% con el nuevo sistema de capitalización individual establecido en 1980, el que no va a asegurar sino a la mitad de los cotizantes algo más que la pensión mínima. Esto no es digno de la democracia chilena y por ello Michelle Bachelet

de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.

Una pensión básica garantizada uniforme tendría el mérito de ser de muy simple administración y legibilidad colectiva (por el sólo hecho de tener más de 65 años la sociedad me otorga como un derecho un piso modesto de ingresos para la vejez, financiados mediante una contribución proporcional a los ingresos de cada cual).

Permitiría asegurar un 100% de cobertura, o la proporción que se desee si no se quiere incorporar en el dispositivo a las personas más ricas; incluir automáticamente a las mujeres y a los

Si la provisión de bienes públicos y la redistribución de ingresos son tareas públicas poco controvertidas (lo es más bien su magnitud), en una sociedad democrática tampoco debiera ser que los recursos que en origen pertenecen a la colectividad sean distribuidos a la colectividad. El enfoque del ingreso mínimo garantizado originado en un dividendo universal plantea que estos sean distribuidos como recursos de subsistencia no condicionales: "dése a todos los ciudadanos un ingreso modesto, aunque incondicional, y déjenlo completarlo a voluntad con ingresos provenientes de otras fuentes".

Chile debe avanzar a una simplificación de la actual gama de mecanismos de compensación social (existen 142 prestaciones de 33 diferentes instituciones públicas para la población en situación de pobreza) y definir un piso de política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos iniciales: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años (sobre la base también de una consideración valórica). Un enfoque de este tipo es especialmente relevante para quienes sufren de exclusión social y bajos ingresos. Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse de acuerdo a la encuesta CASEN 2003 como en situación de

propuso reformar en profundidad el sistema de pensiones.

Proponemos como primer pilar solidario de un nuevo sistema una pensión básica garantizada para los de más de 65 años no contributiva, uniforme, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa, exceptuando eventualmente a los de muy altos ingresos, y financiada con un impuesto parejo a la renta, específico para estos fines, combinado con un sistema contributivo reformado en tanto segundo pilar y con un sistema de capitalización individual como complemento de ahorro voluntario, con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos 2006 9 FORO J U L I O

trabajadores informales, es decir a los más frecuentemente excluidos de los sistemas de pensiones; no estigmatizar a los beneficiarios, en virtud del principio del aporte y beneficio universales; fortalecer los incentivos para ahorrar para la vejez; eliminar la incertidumbre para el fisco respecto a la magnitud del gasto que implica mantener un primer piso solidario, con parámetros fijos en lugar de estar sujeto -como opera en la actualidad- a la evolución de la pobreza y de la cobertura, densidad y rentabilidad de las cotizaciones obligatorias; eliminar la incertidumbre para el trabajador sobre el piso de ingresos que dispondrá en la vejez. Este mecanismo debiera reemplazar a las actuales pensiones asistenciales y mínimas.

Proponemos mantener en el tiempo la pensión garantizada en un nivel de 30% del PIB por habitante, equivalente a la pensión mínima actual para mayores de 75 años y aplicable desde ya al 1,29 millones de personas de más de 65 años que hay hoy en Chile.

Se podrá argumentar que de este modo se desincentivaría el ahorro para la vejez, puesto que existiría un ingreso asegurado. En realidad, este esquema aminoraría los problemas de incentivo: en el margen, para complementar la pensión básica, todos estarían interesados en constituir ahorros adicionales asociados a la formalización contractual de las relaciones laborales o realizar ahorros voluntarios. Hoy, en cambio, para muchos no tiene sentido exigir un contrato al empleador, y de paso disminuir su remuneración líquida, al percibir que su pensión será la mínima legal, si tiene más de 20 años de cotizaciones, o directamente la asistencial, si no los tiene y su condición es de pobreza. Si además el potencial cotizante tiene algo de cultura financiera, constatará que el costo de administración (un sexto de los fondos descontados obligatoriamente del salario bruto) es en extremo elevado, lo que lo alejará también de la formalización contractual de su relación laboral.

Para ilustrar los órdenes de magnitud involucrados, la homogeneización inmediata de las pensiones asistencial y mínima, en base a la pensión mínima vigente para los mayores de 75 años (102 494 pesos) tendría un costo fiscal adicional de 0,6% del producto, llevándolo a 2,2% desde el 1,6% que representa actualmente financiar las pensiones asistenciales y el

total de las pensiones mínimas. Si se incorporara toda la población de más de 65 años, el costo sería de 0,8% de PIB adicional.

Esta propuesta se sitúa en márgenes de gasto público adicional que son, sin perjuicio que en el tiempo tendería a incrementarse su costo por el mayor peso progresivo de la población de más de 65 años en la población

total, fiscalmente abordables de inmediato.

Nótese, además, que el esquema actual de AFP llevaría con el envejecimiento de la población inevitablemente a una caída de las pensiones, a un incremento obligado de las cotizaciones o a una edad de jubilación más tardía, como algunos están proponiendo para las mujeres.

capitalización, reforma de fundamentos puramente ideológicos basados en una radicalidad neoliberal sin precedentes.

No existe otro país en el mundo que haya hecho soportar a una misma generación el financiamiento tributario de las pensiones de sus padres y al mismo tiempo el financiamiento por capitalización de aportes de la propia: todos las naciones que han introducido mecanismos de capitalización individual lo han hecho adicionalmente a los esquemas de reparto o sustituyéndolos sólo en parte. Si Chile adaptó sus cuentas fiscales a esta situación, la legitimidad de hacerlo innovando en un esquema de transferencias redistributivo y, a la vez, eficiente es bastante mayor. Llegó el momento de actuar en materia distributiva y no sólo de lamentarse por la pésima situación que Chile experimenta en este ámbito.

Junto al primer pilar solidario incondicional, cabe reformar el segundo pilar contributivo para hacerlo menos incierto que el actual. Este debiera, en plenitud de derechos previsionales adquiridos, mediante descuentos salariales obligatorios, apuntar a garantizar un porcentaje cierto del ingreso salarial Los montos involucrados son, en la etapa percibido durante la vida activa. Una meta inicial, inferiores y en régimen de largo a alcanzar en un nuevo sistema de reparto plazo equivalentes al esfuerzo fiscal provisionado, sustentado en cotizaciones realizado hasta aquí, para financiar la y en un fondo de capitalización colectivo transición del sistema de reparto al de de respaldo, debiera ser obtener una pensión (incluyendo la pensión básica garantizada) del orden de Costo de una pensión básica garantizada 70% del salario ganado a lo largo de la vida, haciendo más justos para Pensión Población Costo en las mujeres y las personas de menos Básica/PIB/Hab +65 años %PIB ingresos el modo de cálculo de las 2005 0,30 7,9 2,37 pensiones (recordemos que por 2025 0,30 12,9 3,87 construcción el sistema actual lesiona a las mujeres al establecer 2050 0,30 18,9 5,67 menos años de cotización Fuente: En base a INE-Celade, Banco Central de Chile obligatoria y permitir una menor y proyecciones demográficas intermedias de la ONU. pensión dada su mayor esperanza Se supone un crecimiento anual del PIB de 5%. de vida), promediando el cálculo 2006 10 FORO J U L I O

entre géneros y niveles de ingresos y también aproximándose a una tasa de reemplazo de 100% para las pensiones de viudez (montepíos).

El sistema de capitalización individual que proponemos mantener, como un tercer pilar complementario y no obligatorio, mejoraría disminuyendo los costos de administración (con regulación de los

Se ganaría, de este modo, en un segundo pilar contributivo obligatorio certeza sobre el valor futuro de las pensiones más allá del nivel garantizado, combinando reparto y capitalización, a lo que contribuiría hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes con más recursos, como se hace en EE.UU y Canadá, a través del cobro al momento del pago del impuesto a la renta. Solo un 24% cotiza esporádicamente en una AFP, mientras un 65% de los independientes declaran ingresos al servicio de impuestos.

gastos de búsqueda de afiliados, disminución de las barreras a la entrada a la administración de fondos del sistema, separando recolección de inversión y permitiendo la intervención en recolección del INP y BancoEstado,), eliminando el giro exclusivo para las AFP y estableciendo un sistema de juntas de vigilancia de los administradores e inversores de los fondos con participación de los cotizantes, sin perjuicio de fortalecer el rol de la Superintendencia de AFP. Con reformas de este tipo estaremos enfrentando las expectativas de un verdadero cambio en el sistema de pensiones y dando un paso decisivo en la tarea de construir en Chile una democracia social moderna.

Ha llegado Informe Ha emitido su informe la Comisión Marcel sobre reforma provisional.

Sorprende que esta haya actuado por consenso: en diversas otras comisiones de expertos del gobierno suelen consignarse las opiniones de unos u otros, pues estas instancias no están llamadas a definir una política, que necesariamente requiere síntesis y consensos, sino a diagnosticar problemas y proponer opciones a quienes deben decidir. La síntesis y los consensos son propios de la tarea política, no de los expertos, que más bien deben poner en evidencia las alternativas para que decidan los representantes del pueblo (y en algunos casos, idealmente, el pueblo mismo mediante pronunciamiento referendario).

Seguramente esta inadecuación conduce a que el informe afirme que no hay crisis del sistema creado en 1981, pero que solo la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión mayor a la mínima, menos de un 5% accederá a la misma y el resto podrá aspirar a la pensión asistencial o a nada. Como sería la situación si el sistema no estuviera en crisis....Esto no se sostiene: que algunos

expertos piensen lo contrario es legítimo, siempre que argumenten en consecuencia.

Los consensos no siempre son buenos, sobre todo a la hora de pensar y debatir.

Pasemos a las proposiciones: el informe las clasifica en la lógica "de los 3 pilares" (solidario, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), lo que será útil para el debate.

Respecto al primer pilar, la Comisión propone terminar con el sistema de pensión asistencial y mínima, lo que es un buen avance. En reemplazo, menciona un sistema de Pensión Básica Universal cuya principal característica es que... no sería universal. En efecto, se entregarían subsidios públicos para asegurar que los que no tienen ningún recurso acumulado en el sistema contributivo accedan a una pensión de unos 75 mil pesos, beneficio que se mantendría de modo decreciente hasta extinguirse a partir de una pensión autofinanciada de 200 mil pesos. El resumen ejecutivo disponible no entrega detalles de que como esto funcionaría, pero esperemos que no signifique 2006 11 FORO J U L I O

disminuciones de beneficios (recordemos que la pensión mínima para mayores de 75 años es actualmente de 102 494 pesos y la pensión asistencial es de 44 186 pesos para personas entre 65 y 70 años). En todo caso, el gobierno y los legisladores habrán de perfeccionar lo que es un buen principio. Por nuestra parte, reiteramos nuestra proposición de establecer una pensión básica garantizada a los mayores de 65 años equivalente al monto actual de la pensión mínima para más de 75 años, es decir del orden de un 30% del PIB por habitante, lo que tendría un costo adicional de 0,8% del PIB respecto al gasto actual en pensiones mínimas y asistenciales, pensión a la cual se agreguen el pilar contributivo obligatorio y el pilar no obligatorio.

Respecto a este segundo pilar, abundan las proposiciones. Estas incluyen novedades como subsidiar las cuentas individuales de los trabajadores jóvenes y de las madres. Este subsidio fiscal al pilar contributivo no parece pertinente.

El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde

transparencia y eficiencia, cuando no puede terminar siendo un simple subsidio a los dueños de AFP, que cobrarán -y por la experiencia conocida, se las arreglarán para cobrar mucho- por administrar fondos fiscales.

El esfuerzo por bajar las comisiones de administración incluye proposiciones interesantes de licitación colectiva de nuevos cotizantes, estableciendo una competencia de cotizantes "por el mercado", que pudiera beneficiarlos en ausencia de colusión entre las AFP. También se propone crear un Comité de Usuarios, facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y separar las funciones de recaudación, administración e inversión de los fondos, lo que va en el buen sentido si de proteger al trabajador se trata. Pero cuando se sugiere que se podría subcontratar la recaudación a un organismo público como el INP, esto de nuevo terminaría en que el Estado subsidia a las AFP con un sistema barato de recaudación y con más utilidades para sus dueños. Recordemos que, como ha demostrado Salvador Valdés, las utilidades de las AFP son simplemente un escándalo basado en malas regulaciones públicas.

Respecto a la incertidumbre sobre las pensiones futuras asociada por definición al sistema de capitalización individual, se menciona el problema, pero no se propone sino hacer cálculos actuariales cada 5 años y apostar a una densificación de las cotizaciones (de 51 a 61%) y a un aumento del rendimiento (de 1% anual), junto a mecanismos ingeniosos como introducir módulos anticipados de renta vitalicia, con lo que los chilenos podríamos dedicarnos a un permanente juego de casino. No se menciona, además, ni una palabra sobre la necesaria restricción del sistema de retiros programados, que permite apostar a los pensionados respecto a cuando van a morir y en qué momento van a quedar en la calle...

El problema no es seguir apostando (de hecho no se cumplió en 25 años para nada los supuestos con los que se construyó el

sistema en 1981), sino aportar más certezas al s i s t e m a .

Proponemos, por nuestra parte, que el sistema de capitalización se transforme en un sistema voluntario y que la contribución obligatoria se realice en base a un sistema de reparto para dar certeza a las pensiones, sin perjuicio de establecer un fondo de reserva capitalizado que otorgue respaldo a pensiones financiadas, por sobre el nivel básico, por los salarios actuales en base a derechos constituidos por las contribuciones pasadas.

Por último, no se entiende la insistencia en subir la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años, lo mismo que la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Desde luego porque una de las pocas ventajas del sistema actual es que se puede, con ciertos requisitos, adelantar o retrasar la edad de jubilación, temática que habría que profundizar en un nuevo sistema eliminando toda prohibición de emplear a personas jubiladas y modulando así una salida progresiva de la actividad remunerada de una población que, en buena hora, vivirá cada vez más.

Lo que ocurre es que existe un cierto costo fiscal al asegurar pensiones mínimas de las mujeres a partir de los 60 años y no de los 65 como los hombres, de monto perfectamente abordable por nuestra sociedad. Si se propone subsidiar las cotizaciones de las madres, con un costo fiscal adicional, no parece haber una cuestión de principio para la comisión (salvo que se considere dignas de ser subsidiadas preferentemente solo a las madres, lo que sería francamente lamentable). En cambio hay una cuestión de principio en reconocer a toda mujer (madre o no) el trabajo doméstico no remunerado que realiza desde temprana edad, como muy bien ha dicho la 2006 12 FORO J U L I O

Presidenta Bachelet, al menos respecto a beneficiar de un subsidio pensional a una edad más temprana que los hombres, circunscrito además a un mínimo.

Es notable, cuando tenemos por primera vez una presidenta mujer, que una comisión nombrada por ella proponga, sin argumentar mayormente, disminuir derechos bien merecidos que las mujeres tienen en Chile desde hace décadas. Si otros paises han homogeneizado sus edades de jubilación, otros más han mantenido la diferenciación por género.

Ya decían los griegos: no se puede tratar igual a los desiguales. Y si el sistema actual por construcción les otorga menos pensiones, hagamos el sistema más solidario con las mujeres y no al revés.

En el límite, siguiendo el razonamiento miope de los contables, si las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior hoy y más en el futuro, pues que trabajen más tiempo que los hombres.

Eso es lo coherente con ese razonamiento.

Esta manera de trasladar el cálculo actuarial estrecho propio de los seguros privados a un sistema que, por definición, busca la solidaridad refleja bien cuan utilitaria se ha vuelto nuestra sociedad y c u a n u rg e n t e e s p r a c t i c a r c o n transparencia, evidenciando con claridad sus costos, la solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos y de los que se hacen poco cargo del trabajo doméstico y de la crianza, con las que si se hacen cargo de estas tareas poco visibilizadas y poco reconocidas socialmente. Es tiempo de solidaridad y de solidaridad con las mujeres.

D E B AT E P R O G R E S I S TA

Socialismo y Nueva Ciudadanía Intervención de María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno Español, en los cursos de verano dictado en El Escorial, Madrid. que constituirá uno de los elementos de reflexión en este seminario-, consiste en ver hasta qué punto pueden realizarse estos principios bajo las difíciles condiciones de una sociedad en plena transformación como la que estamos viviendo en la actualidad. Los principios están claros, no así los medios para llevarlos a efecto.

Los nuevos retos

El nuevo socialismo Una de las señas de identidad de cualquier gobierno de izquierdas es que no se da por satisfecho con una mera gestión eficaz de la cosa pública. Para serlo de verdad ha de saber vincular dicha gestión a los valores de sus propias convicciones ideológicas, a determinados "principios regulativos" dentro de los cuales enmarcar toda la acción política. Entre éstos están, como no, los principios de la solidaridad y la igualdad que siempre han distinguido a los socialistas. Valores que enseguida se fusionaron a una concepción progresista de la libertad y democracia. La proximidad de los poderes públicos a la ciudadanía y la construcción de una sociedad más igualitaria siguen siendo nuestra prioridad y así habrá de ser también en el futuro. El problema que se plantea -y que supongo

Frente a esta situación, el discurso de izquierdas debe reacomodarse para afrontar el futuro sin negar los valores del pasado. Se ha dicho que la izquierda lleva ya demasiado tiempo "conduciendo con el espejo retrovisor". Se ha fijado en exceso en el discurso que emana de la Ilustración y en las condiciones específicas que tuvieron su origen en el industrialismo clásico. Si deseamos mirar hacia delante debemos necesariamente asumir tres hechos: - Primero, que el corte histórico producido en 1989/90 con la caída del socialismo de Estado ha obligado a un reajuste completo de las ideologías políticas. Aunque esto no equivalga, desde luego, al reconocimiento de su "desaparición".

- En segundo lugar, que han cambiado de forma sustancial los presupuestos sobre los que se edificaron las políticas de izquierdas:

2006 15 FORO J U L I O

hemos llegado al fin del industrialismo clásico para encontrarnos ante una sociedad sujeta a nuevas condiciones objetivas. Baste mencionar ahora los efectos de la globalización económica con su continua apertura de los mercados, que ha creado un nuevo paradigma dentro del capitalismo, eso que alguien ha caracterizado como el "capitalismo existencialista", permanentemente condenado a la innovación. O las dificultades derivadas de los problemas de la nueva complejidad social, que imponen una nueva forma de entender la acción de gobierno y el papel del Estado.

Por no entrar en otros cambios sociológicos, como el creciente pluralismo moral y de formas de vida, o el aumento de la diversidad social.

- Y, por último, que hoy nos encontramos también ante la amenaza de desaparición del optimismo ilustrado, que creía en una mejora progresiva de las condiciones de vida de los seres humanos. Hoy se aprecia por doquier un nuevo realismo "posilustrado", que parece mostrarse complacido con la afirmación del mundo tal y como es. Y todo empeño por tratar de transformarlo tiende a presentarse como una empresa ilusoria y sin fundamento.

Simultáneamente estamos asistiendo, a una nueva menesterosidad social que exige más que nunca una respuesta de izquierdas.

En términos un tanto dramáticos, el sociólogo Zygmunt Bauman ha caracterizado esta nueva

realidad como una "situación de vulnerabilidad mutuamente asegurada", derivada del hecho de haber perdido el "sentido de una misión colectiva". En una descripción un tanto lúgubre, nos dice que "los derechos económicos están fuera del alcance del Estado; los derechos políticos se han reducido al pensamiento único de mercados desregulados de estilo neoliberal; y los derechos sociales son reemplazados por el "deber individual" de velar por nosotros mismos". A mi juicio, todavía no estamos ante esto que Bauman nos presenta como un hecho. Pero sería vano ignorar que la amenaza está ahí. El proceso de creciente individualización del que nos hablan algunos sociólogos y los imperativos de la nueva economía puede revertir, en efecto, sobre la pérdida de una dimensión pública dirigida a enmendar sistemáticamente los problemas sociales en manos del Estado.

Políticas neo-liberales y socialismo de las libertades Esta ha siso la pretensión de las nuevas políticas neoliberales, que parecen darse por satisfechas desafiando el ideal humanista básico de la igualdad moral entre las personas. Se han valido de la economía para desafiar el fundamento moral de la igualdad social. Su objetivo ha sido la "despolitización de la desigualdad", que la igualdad dejara de ser uno de los fines morales del Estado, y el tratar de reducir la democracia a una mera "democracia delegativa". Lo que se pretende al final es una "democracia de consumidores" no de auténticos ciudadanos, así como la ruptura del pacto social montado sobre la idea socialdemócrata clásica de la redistribución de los recursos sociales, el "tomar de los ricos para dárselo a los pobres".

El socialismo del s. XXI tiene que enfrentarse a estos hechos con soluciones imaginativas y con una nueva conciencia de sus posibilidades; sin traicionar los valores de su tradición ni replegándose

sobre las estrategias del pasado. Su éxito ha consistido históricamente en conseguir llevar bienestar social y la libertad a una mayoría de la población, así como en fomentar la liberación frente a las jerarquías sociales y comunitarias tradicionales.

Nuestras sociedades contemporáneas no serían lo que son sin su importante labor a la hora de forjar el consenso socialdemocrático. Por mucho que se hayan transformar las circunstancias sociales, nada impide que podamos seguir avanzando. Para ello debemos concentrarnos en definir nuestro proyecto en positivo, dejar claro qué es lo que favorece y propugnar y luchar por ello.

El nuevo discurso teórico neo-progresista A pesar de las dificultades derivadas de la complejidad de la sociedad contemporánea, a nadie se le oculta que el socialismo de hoy sigue perseverando en la construcción de un potente discurso teórico. No hay izquierda sin un proyecto coherente con capacidad de ilusionar. Su superioridad sobre la derecha sigue estando en el campo del pensamiento, en su fuste teórico.

Desde luego, hoy ya no es posible hacerlo en los mismos términos que en otras épocas. Steven Lukes -uno de los politólogos británicos que más ha reflexionado sobre el papel de la izquierda a lo largo del siglo pasado- decía, que lo que siempre ha caracterizado a la izquierda es su convicción en la importancia de buscar la coherencia, en su comprensión del mundo para a partir de ahí actuar sobre él. Esta coherencia se extraía de un análisis evolutivo de la sociedad, como parte de una historia más amplia de progreso real y potencial: una narrativa completa de conquistas acumulativas y de retrocesos, expresada a veces en metáforas militares.

Su guía era el principio de rectificación 2006 16 FORO J U L I O

de las injusticias que se iban observando en cada momento histórico, y que se vinculaba a una determinada comprensión de la evolución histórica como dirigida hacia un "estadio final". Para ello necesitaba valerse siempre de un estándar de la justicia, un contra fáctico frente al cual medir las desventajas y desigualdades que se presentaban como "injustificadas" y promover su abolición.

Según Lukes, la dificultad de mantener este planteamiento en los momentos actuales es que carecemos ya de un claro "principio de rectificación de las injusticias", observándose una propensión hacia una mayor "tolerancia de la injusticia" .Pero, sobre todo, que no está ya a nuestra disposición ese Estado-nación de hace algunas décadas, capaz de emprender una auténtica transformación de la sociedad "desde arriba".

Lo que esto nos dice es que es que el mundo ha devenido lo suficientemente complejo como para poder ser abarcado por filosofías de la historia o por la mirada de un gran Maitre penseur. Y que, como quiera que elaboremos el discurso, no es fácil "ponerlo a trabajar" sin contar con una más activa participación de la propia sociedad. La izquierda siempre se había apoyado sobre un fuerte Estado jerárquico conformador de un orden desde un centro

y sobre un discurso universalista abstracto.

Estos son los elementos de los que hoy ya no podemos disponer. Y no basta con reaccionar entregándose a un optimismo pragmático que se limita a maquillar la realidad; tampoco sirve de mucho la enmienda a la totalidad que se construye sobre la demonización permanente de todo lo dado o exigir a la política lo que quizá ya no está en condiciones de aportar. La izquierda de hoy es la que se toma la realidad en serio, precisamente porque aspira a su transformación y mayor perfectibilidad. Que en el camino hayamos de fraccionar el discurso hay que interiorizarlo como parte de las nuevas condiciones con las que hay que operar, lo importante es que siga habiendo discursos.

Si miramos la agenda temática de cualquiera de las reuniones o conferencias europeas o mundiales de los grupos encargados de redefinir y ajustar el discurso socialista enseguida tomamos conciencia de la multiplicidad de los temas que se abordan y de lo formidable del desafío; los mercados financieros y la nueva economía, los problemas de la inmigración, los grupos minoritarios, las nuevas fuentes de marginación creada por la "división digital" de la sociedad, la pobreza, la protección de la diversidad cultural o los límites de la sociedad civil, además de muchos otros.

bastante más allá de la timidez y la condescendencia con el status quo de las propuestas de la Tercera Vía. Veamos algunas de ellas.

Sector público y mercado El núcleo de este nuevo pensamiento se centra en la necesidad de instituir un vigoroso sector público ligado a una floreciente economía de mercado; una sociedad pluralista, pero inclusiva; y un ámbito mundial cosmopolita sostenido sobre los principios del derecho internacional. El elemento decisivo es la recuperación de la prioridad de los intereses y bienes públicos.

Una economía saludable precisa de mercados que funcionen, pero también de un sector público en condiciones en el que el Estado mantenga un papel esencial. Puede que sea aquí, en el diseño de un nuevo papel para el Estado, donde se encuentre lo más relevante de estas propuestas. Las nuevas tesis de Giddens a este respecto acentúan el cambio de énfasis de que es preciso dotar a esta institución. El período de posguerra fue la era del "Estado burocrático". Luego vino la fase de la privatización y la desregulación. Ahora deberíamos entrar en una nueva etapa marcada por una renovada atención a lo público, de defensa de la decisiva importancia que tiene el sector público para una sociedad decente y justa.

De estas reuniones está surgiendo una nueva Internacional Progresista, que está sirviendo para detenerse a pensar sobre los nuevos desafíos, reaccionar frente al entreguismo ante el "orden espontáneo" de los mercados mundiales y sacudirse un poco las inercias del conservadurismo ideológico de la izquierda tradicional. Ya comienzan a verse, además, algunos importantes avances. El primero y fundamental es la recuperación del espíritu internacionalista o cosmopolita y el consiguiente abandono de las soluciones locales. Sólo habrá posibilidades de gobernar la sociedad global desde una colaboración internacional y a partir de un claro diagnóstico sobre lo que está pasando.

Pero se aprecian también importantes ideas para sustentar eso que Giddens califica como un discurso neoprogresista, que va 2006 17 FORO J U L I O

Aquí no se trata de tomar partido por ver si el Estado es en general superior al mercado o a la inversa. Lo importante es sujetar a ambos a la prueba del "interés público". Hay que abandonar la idea de que sólo puede justificarse aquello "que funciona", lo que es eficiente en sí; el criterio debe ser más bien la eficacia en la promoción de determinados bienes públicos. Por decirlo en otras palabras, el mercado no funciona más eficientemente por el mero hecho de permitir el libre juego del interés propio. Es más bien al contrario.

La aceptación incontrovertible de este hecho en la nueva economía constituye una de las razones de la actual crisis de confianza que ha recaído sobre el mundo de los negocios y sector financiero. Como acertadamente señala John Kay, ""o es cierto que el beneficio sea el objetivo de la economía de mercado, y que la producción de bienes y servicios sean el medio para conseguirlo: el objetivo es la producción de bienes y servicios, y el beneficio es el medio".

El Estado asegurador Estas reflexiones apuntan a un concepto que considero clave, la inmersión del mercado en un contexto político, social y cultural más amplio, que han de marcar los límites sobre los que debe operar. Y a estos efectos los poderes públicos son

decisivos como intermediarios y responsables legítimos del bienestar general. Para referirse a ello, el discurso neoprogresista habla de un Estado asegurador. "Asegurador" en el sentido de que su función básica estriba en asumir la responsabilidad por la provisión de políticas y por la coordinación de servicios que en muchos casos no organiza directamente. No sólo es responsable de dotar de determinados recursos a los ciudadanos -el acceso a la educación, la sanidad, u otros servicios sociales- sino de garantizar los estándares o niveles de dicha provisión. Es un Estado regulador, pero su orientación es distinta de la del Estado burocrático del período de posguerra. Dada la amplitud de actores implicados -grupos de la sociedad civil, asociaciones voluntarias, tercer sector, etc- la regulación no equivale a un "control directo", sino a la fijación de criterios y al establecimiento de incentivos para impulsar comportamientos que se juzgan relevantes a efectos públicos.

Este fomento de una mayor implicación de otros actores de la sociedad civil no significa, sin embargo, que se esté llamando a una "retirada del Estado"o que los cambios en las nuevas formas de gobierno impliquen una disminución de la responsabilidad estatal. Un Estado asegurador debe reconocer que las transformaciones de la forma estatal de hecho generan cambios en los modelos, el estilo y los instrumentos del gobierno, pero no un rechazo de su responsabilidad.

Permite reforzar la gobernabilidad trabajando en colaboración con la sociedad, pero siempre haciendo posible la prestación de servicios públicos mediante las adecuadas estructuras regulativas. Como se ha dicho, el Estado ha de dar por supuesta su responsabilidad continua en el bienestar general y el reforzamiento de la sociedad civil. Desea ser " el estado de la sociedad civil" y no su mera contraparte.

Y esto nos conduce ya más directamente a las relaciones entre poderes públicos y ciudadanía.

Poderes públicos y ciudadanía El compromiso que adquirimos con los

ciudadanos tras el triunfo en las últimas elecciones generales es un compromiso a favor de la política y de un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados. Este compromiso busca instituir un auténtico contrato entre los poderes públicos y los ciudadanos dirigido a crear un sentimiento de responsabilidad compartida. Sin él no será posible enfrentar los formidables desafíos que están ante nosotros y precisan de soluciones colectivas. Si la mayoría de los ciudadanos se apartan del sistema político como un instrumento de cambio social, se desvanece la capacidad de la política para influenciar a la sociedad y transformarla en una dirección progresista. Reintegrar a los ciudadanos en la vida política se convierte en la máxima prioridad. Hay que imaginar nuevas vías para conseguirlo mediante la revitalización de las instituciones, la potenciación de la cultura cívica y el desarrollo de nuevas prácticas para la deliberación democrática y la adopción de las decisiones políticas. En suma, buscar una nueva ruta para recobrar la confianza en la política y en la legitimidad de la acción pública.

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Como es bien sabido, la confianza en la política es un recurso que parece más escaso cada vez. Como observa Farred Zakaria respecto de Estados Unidos, las instituciones que gozan de la mayor confianza -los jueces del Tribunal Supremo, la dirección de la Reserva General o el ejército- tienen algo en común, y es que están aisladas de la presión pública y operan en forma no democrática. El Congreso, por el contrario, la institución política más representativa y deliberativa de todas, siempre se sitúa al final de las preferencias ciudadanas. Con referencia a ese mismo país, Robert Putnam, quizá el máximo experto en capital social, ha calculado que el compromiso de los ciudadanos con los asuntos públicos o civiles ha descendido un cuarenta por ciento desde mediados de la década de los sesenta. Pero esta tendencia no es exclusiva de los Estados Unidos. Basta seguir las encuestas del Eurobarómetro para darse cuenta de que los partidos políticos siguen siendo las instituciones que gozan de la menor confianza en Europa, y que, salvo en los países escandinavos, los parlamentos nacionales están también en la parte baja de la tabla. ¿Significa esto que disminuye la legitimidad de la democracia, o más bien que aumenta la exigencia de los ciudadanos sobre sus instituciones representativas?

Seguramente no se trate de una cosa ni de otra. La legitimidad de la democracia está asegurada, sobre esto también hay unanimidad en las encuestas, y la exigencia ciudadana sobre la clase política sigue diferentes oscilaciones que no son siempre fáciles de establecer. La causa última puede que resida en la nueva situación de inseguridad y precariedad que caracteriza a este nuevo mundo globalizado, en la percepción de que los poderes públicos ya no son capaces de controlar nuestro destino, y que el compromiso moral con la provisión de ciertas prestaciones imprescindibles para llevar a cabo una

vida digna y segura es una cosa del pasado.

Esta situación de incertidumbre ante el futuro y de inseguridad ante el presente hay que imputarla a la expansión del neoliberalismo y a la nueva naturaleza fragmentaria de los vínculos sociales y de la propia identidad individual. El Estado Social de posguerra sostuvo el principio de la responsabilidad colectiva por el bienestar individual, de la seguridad colectiva frente a la necesidad individual.

Hoy se ha invertido la ecuación. Lo que predomina es la tendencia a buscar "soluciones biográficas, individuales, para males colectivos" (Ulrico Beck). Hay dificultades crecientes para traducir los problemas privados en cuestiones públicas.

En el análisis que el ya citado Z. Bauman hace al respecto, la causa de esta situación depende del hecho de que las sociedades de hoy se integran mediante el consumo más que a través de la producción. La libertad ha dejado de ser un concepto con una dimensión pública para reducirse al modelo de la libertad de elegir cómo satisfacer deseos individuales, del mismo modo que la propia identidad personal se construye también a través del mercado. La libertad y el destino personal se han privatizado. Y "una libertad crecientemente privatizada alimenta el desinterés por la política". Aquellos gobiernos que han cedido la mayoría de sus recursos a fuerzas no elegidas y no controlables políticamente, tienen cada vez menos que ofrecer.

Es posible que haya, en efecto, un nuevo espíritu de "desapego cívico" o de desconfianza en algunas instituciones, pero sería erróneo identificarlo sin más a una retirada de la política. Como demuestra el último triunfo de la izquierda en nuestro país, es posible recuperar para la política a los ciudadanos desencantados. No debería ser una situación coyuntural, sino parte de ese contrato entre poderes públicos y ciudadanos del que hablaba antes. La cuestión que habría que suscitar es, por tanto, la relativa a cómo apuntalar de modo estable esa corresponsabilidad entre poderes públicos y ciudadanos. Algo

hemos dicho ya al respecto al hablar del nuevo compromiso del Estado con la sociedad. Pero es preciso insistir también en la necesidad de dotar de un nuevo contenido a las instituciones democráticas.

Nuestra democracia representativa debe abrirse para acoger una democracia más participativa y abierta a la discusión. Una democracia que, además, deberá ser inclusiva. Debe prestara la mayor atención posible al pluralismo de nuestra sociedad y a su acomodación en el sistema político.

A nadie se le escapa que no todos los grupos sociales tienen la misma capacidad

de entrada al sistema político o al espacio publico. Nuestra sociedad tiene importantes bolsas de marginalidad social que es también marginalidad política. Podemos pensar en grupos sociales minoritarios como los inmigrantes o los gitanos. Pero también en los jóvenes o en los miembros de movimientos sociales, cuyo activismo político muchas veces sólo encuentra un cauce de participación fuera de los canales del sistema político. Hay que darles nuevas vías de acceso al escenario de la política institucional. Que su voz pueda ser escuchada y procesada en su interior. No estamos precisamente sobrados de energías democráticas como para poder prescindir de esta base social inquieta e innovadora.

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Sin ellos no hay un auténtico proyecto de apertura a toda la sociedad.

Durante demasiado tiempo la ciudadanía se ha asociado a estructuras constitucionales formales y estáticas. Pero si deseamos afianzar el poder de los ciudadanos para producir soluciones políticas estables, los socialistas debemos combinar estos fundamentos tradicionales e imprescindibles del Estado de derecho con un nuevo énfasis sobre la cultura y la participación y con una adaptación institucional dinámica. Sin ese poder que emerge de la ciudadanía difícilmente podrán clarificar los poderes públicos sus límites y objetivos. Pensemos, por poner un ejemplo, en el actual debate sobre la dimensión que ha de cobrar la gestión de recursos públicos escasos en áreas como la educación, la sanidad u otras prestaciones sociales. Y esto se extiende a cualquier cuestión de naturaleza política.

Las instancias públicas -y también los propios partidos políticos- deben dejar de contemplarse tanto así mismos y más a la sociedad.

Concluyo. Hay cuestiones que a mi juicio no ofrecen muchas dudas: siempre es mejor un debate de ideas que las luchas personalistas o las inercias programáticas.

Pero este debate no puede quedar confinado a los límites de un seminario, debe abrirse también a la sociedad como un todo. No hemos dejado de insistir en que nuestro objetivo es tratar de recuperar el espacio público para la política. Habremos de hacerlo también para incorporar el contraste de pareceres y los desafíos provenientes del nuevo pensamiento político. ¿De que sirven las ideas si luego no pueden ser debatidas? Nadie ignora que la mayor amenaza para que nuestra sociedad cobre una mayor madurez en su discurso público deriva del escaso espacio dedicado a las cuestiones políticas en determinados medios de comunicación. Tengo para mí, que los ciudadanos sólo comenzarán a cobrar una mayor conciencia de su dimensión ciudadana cuando pueda reconocerse como tales en un espacio público con mayor capacidad de acogida de sus inquietudes políticas, por muy latentes que éstas sean.

Y una ciudadanía crítica y activa es la mejor garantía para un gobierno responsable.

TRABAJO

Propuesta de Carlos Ominami

El Debate sobre el Cambio en las Indemnizaciones La discusión de corregir algunas de las más graves falencias que presenta la protección para los trabajadores cesantes no es nueva en el país. Ya tuvo una vertiente hace diez años cuando se inició la discusión del seguro de cesantía.

Hoy el asunto ha reflotado, pero con fuertes aristas políticas.

Cuando el senador Carlos Ominami propuso, en septiembre pasado, introducir cambios al sistema de indemnizaciones por años de servicio y modificar también el seguro de cesantía para dotarlo de mejor cobertura como una forma de abordar algunos de los problemas de

empleo del país, la polémica levantó polvareda.

Con el transcurso de los días, diversos economistas y especialistas que han estudiado el tema del empleo empezaron a coincidir con el senador respecto de la

necesidad de, al menos, plantear el asunto para corregir las deficiencias que tiene el actual sistema de cobertura de quienes pierden su empleo.

En el XII Congreso de Finanzas y Negocios de ICARE, Ominami dijo que es necesario poner en la agenda pública un número importante de contenidos, entre ellos el uso productivo de los excedentes del cobre; el perfeccionamiento del seguro de desempleo y la reforma -de aquí en adelante- del sistema de indemnizaciones de un "mes por año", debido a que representa un costo de despido excesivo y que afecta principalmente a la pequeña y mediana empresa.

"Hablé de perfeccionar hacia adelante el sistema de seguridad del trabajador.

Es posible mejorar el sistema para los desempleados, porque el actual pago de indemnizaciones es un derecho incierto, teórico, ya que la gran mayoría lo termina

2006 18 FORO O C T U B R E

discutiendo en tribunales, donde se determina pagar menos de lo correspondiente. Al mismo tiempo no promueve la contratación", dijo días después en el diario La Segunda.

caso de despido, renuncia muerte o cualquier otra causal de terminación del contrato de trabajo.

El sistema que se analizó operaba mediante una cuenta individual en una entidad administradora, desde el inicio del contrato de trabajo, a la cual el empleador aportaría mensualmente un cargo, equivalente al 3,6% de la remuneración del El Protac trabajador, y este un 0,8% de la misma por un periodo Fue entonces cuando se estudió una de 11 años. En caso de propuesta denominada Sistema de despido por necesidades Protección al Trabajador Cesante de la empresa, desahucio (Protac). Entonces también se planteó el o despido indirecto el hacer frente a los cambios que enfrente trabajador podía retirar la el mercado laboral, especialmente la totalidad de sus fondos en rotación en el empleo y adecuar la su cuenta individual, en institucionalidad a estos cambios. tantas cuotas mensuales como años de servicio El Protac buscaba crear un sistema de tuviera, distribuidas en un protección al trabajador cesante y máximo de cinco. Estas se resguardo frente a la movilidad laboral, completarían con una asegurando al trabajador ingresos suma de cargo de mientras encuentra empleo, distribuidos empleador, equivalente a la diferencia en un máximo de cinco meses. entre sus aportes a la cuenta más la rentabilidad estos, y lo que debía pagar El sistema mantenía el nivel como prestaciones por año de beneficios económicos de servicios. Nunca los q u e h o y p e r c i b e u n “Es posible mejorar aportes del trabajador y su trabajador cuando es el sistema para los rentabilidad contribuirían despedido por necesidades a financiar el pago de esa desempleados, de la empresa, desahucio o diferencia. utilizar el mecanismo del porque el actual pago d e s p i d o i n d i r e c t o de indemnizaciones C u a n d o e l c o n t r a t o (indemnización de terminaba por causales que es un derecho equivalente a un mes por no daban derecho a año de servicio, con tope de incierto, teórico, ya indemnización, el beneficio once meses). Por lo tanto no que la gran mayoría consistiría el retiro total del existía disminución de saldo que registraba la lo termina beneficios para el trabajador cuenta al terminar el discutiendo en respecto del sistema de contrato en un máximo de indemnizaciones. tribunales, donde se cinco cuotas, salvo en el caso de muerte o jubilación, determina pagar Adicionalmente a eso, el cuando se podía retirar en menos de lo Protac extendía la cobertura un solo giro. por cesantía a todo evento, correspondiente”. asegurando prestaciones en El Fisco contribuiría a Pese a que hubo rechazo de parte de la mayoría de los parlamentarios y partidos políticos de la Concertación, algunos especialistas indican que el tema no es nuevo, y que ya se discutió en el país hace al menos unos 10 años, cuando se comenzó a elaborar la idea del seguro de desempleo.

2006 19 FORO O C T U B R E

financiar el Protac de manera subsidiaria y respecto de los trabajadores de rentas bajas. Este seguro se aplicaría sólo a los nuevos contratos y no era aplicable a los contratados con anterioridad al inicio de la vigencia de la ley.

Lo que buscaba este proyecto, en definitiva, era asegurar al trabajador ingresos económicos durante un período razonable de búsqueda de empleo, reguardar mejor el derecho de los trabajadores cesantes, dado que la mayoría de los fondos ya estarían depositados en su cuenta; protegerlo ante cualquier causal de término de contrato, aunque fuera por voluntad del trabajador; y dar estabilidad al empleo, ya que a mayor antigüedad del trabajador, menor era el horizonte de cotizaciones del empleador, debido a que sus obligaciones se extinguían al año 11. Entonces se desincentivaba el despido de trabajadores antiguos, lo que con el sistema de

indemnizaciones actual resulta totalmente inverso.

El debate pendiente Tanto el senador Ominami como otros que se han referido al tema de las indemnizaciones han hablado de corregir problemas graves de cobertura frente al desempleo, como que, primero, encarecen la contratación y operan como un impuesto para el empleador a medida que el trabajador lleva más años en el mismo empleo.

Segundo, que en la práctica sólo favorece a un número reducido de trabajadores, porque la mayoría de las empresas cuando despiden por necesidad de la empresa -que es la única razón de despido que obliga a indemnizar-, lo hacen porque están con pérdidas y, por lo tanto, no

en uno con esas condiciones, requeriría fuertes inversiones. "Porque es muy modesto, cubre sólo por cinco meses y en fracción decreciente. Además, para el empresario es pesado desembolsar una carga al contado en el momento más difícil -a punto de la quiebra- en vez de ir depositando mes a mes en un seguro", ha explicado el propio Ominami.

Los argumentos actuales El ex director del Trabajo, Sergio Mejías ha dicho que las indemnizaciones fueron ideadas "para una situación laboral completamente distinta en el país, que buscaba la seguridad laboral cuando las personas pasaban más de 20 años en el mismo empleo".

Actualmente dice Mejías, y dada la gran rotación que existe, es preferible

Las estadísticas de la Dirección del Trabajo indican que sólo entre un 10 y un 12% de las terminaciones de contrato se acogen al artículo 161 del Código del Trabajo, que es la que invoca la causal de necesidades de la empresa para el despido. La mayoría de los finiquitos son por otras causales, aunque en la Dirección del Trabajo se tramitan más de 60 mil causas en las que se apela de las razones de despido invocadas por el empleador.

Otros especialistas cuestionan los beneficios de que este "ahorro" para el período de cesantía no deje una buena rentabilidad. Sería mucho mejor administrado por un independiente, asunto que es muy discutido cada vez que se habla de los seguros de desempleo en sus distintas versiones.

El tema, en todo caso, ha sido estudiado en diferentes partes del mundo y lo que se tiende es a establecer un buen seguro de desempleo. Es decir, no se habla de eliminar el beneficio, sino de sustituirlo por una herramienta que proteja mejor a los trabajadores.

Pese a todos estos argumentos técnicos, el tema sin duda tiene un fuerte componente político que se debe buscar cómo abordar. No se trata de entrar en una batalla ni con las organizaciones de trabajadores, ni con los partidos de la coalición, los cuales rechazaron la propuesta, aunque efectivamente no hay ninguna fórmula concreta en el tapete a la cual se le puedan agregar o quitar números.

pueden afrontar ese costo. Por lo tanto en muchos casos no se paga la indemnización, se negocia un monto inferior o se lleva el litigio a los tribunales donde el promedio Y tercero, que un seguro de cesantía fortalecido ofrece mayor cobertura porque se paga a todo evento, es decir, aún si el trabajador renuncia o es despedido por cualquier causal.

Sin embargo transformar el seguro actual

garantizar la estabilidad de los ingresos más que la de la permanencia en un mismo trabajo.

Un factor que se conjura con un tipo de seguro distinto es el que los trabajadores permanezcan en sus trabajos aún cuando quieran irse, precisamente para no perder su indemnización, lo cual redunda en una baja productividad y otro tipo de conflictos laborales.

2006 20 FORO O C T U B R E

Lo que hay es el planteamiento de un tema que para los entendidos en los asuntos de empleo no es una novedad.

Sólo que depende cómo se intente hacer frente a los problemas actuales y sobre los que hay bastante consenso.

Más aun si se considera que la agenda social fundamental de este gobierno es la protección social, incluyendo por cierto una área muy importante dedicada a la protección al trabajo.

E N T R E V I S TA

Senador Jaime Gazmuri:

“Estamos en un Momento muy Difícil de Integración”

* Haré una afirmación que hasta ahora no había hecho, pero llegó el momento de hacerlo. Se negoció muy mal con Argentina y la crisis tiene que ver, básicamente, con que las reservas de gas que existían, no eran tales. Esa es la base del problema. * No comparto para nada transformar la decisión de si votamos a favor o en contra de Venezuela para incorporarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una suerte de juicio a favor o en contra del liderazgo de Chávez ni de su política interna.

En América Latina y, particularmente, en América del Sur, se vive una situación bastante paradojal porque por primera vez, en muchos años, tiene democracias y gobiernos fuertes, que han resuelto de manera democrática sus crisis muy agudas en su momento y de pronóstico complicado.

Me refiero a la situación de Argentina del 2001, a la de Bolivia, con la elección de Evo Morales; incluida la peruana, que terminó con Toledo en un 45 por ciento de adhesión y una elección inobjetable desde el punto de vista democrático.

Además, varios de estos gobiernos con afinidades políticas y de propósitos, también han tenido en los últimos dos años, un ciclo económico que les ha permitido crecer, incluso a algunos con tasas bastante altas, en un período expansivo de la economía y del comercio mundial. Todas condiciones necesarias para que los procesos de integración tuvieran gran desarrollo.

Sin embargo, todos los procesos de integración tienen problemas. Por una

parte, la comunidad andina, con el retiro de Venezuela sufre un golpe durísimo.

El MERCOSUR, que es una realidad sólida, avanza muy poco porque le faltan mecanismos supranacionales para resolver diferencias entre sus asociados.

Su precariedad como esquema de integración política se constata cuando la fuerte controversia entre Uruguay y Argentina termina en el Tribunal de La Haya.

Estamos en un momento en donde, de alguna manera, los mecanismos de integración están con crisis o problemas severos de desarrollo, lo que se manifiesta en la dificultad de avanzar en procesos sustantivos, más allá de lo meramente comercial Y eso empuja a algunos países deficitarios hacia políticas de autarquías.

Eso es lo que imagino esta ocurriendo con el anillo energético de Brasil y ahora esta ocurriendo en Chile porque no somos capaces de resolver ciertos cuellos de botellas con procesos de integración efectivos, en áreas estratégicas y eso 2006 20 FORO J U L I O

requiere, básicamente, de condiciones políticas que no hemos sido capaces de generar. Estamos en un momento muy difícil de integración.

En ese pobre balance y teniendo en cuenta que Chile apostó por un camino de apertura comercial, de baja de aranceles, con tratados de libre comercio con EEUU, la UE y ahora con China, con una postura un tanto egoísta y poco solidaria con el resto de América Latina, no se ve cómo ese camino elegido pueda favorecer un esquema de integración No tenemos la principal responsabilidad como conducción política de los gobiernos de la Concertación, pues del esquema de integración del cual fuimos fundadores en los sesenta -el Pacto Andino- el régimen de Pinochet retiró a Chile y en los 90 la opción tomada fue no reincorporarse. No tenía viabilidad política ni práctica.

En materia de MERCOSUR, durante los

primeros años de recesión, en general en América del Sur, no hubo una mirada suficiente sobre América Latina, privilegiando los acuerdos de libre comercio con el norte y con Europa. Con el gobierno del Presidente Freí esa orientación se fue modificando, no obstante con el Presidente Aylwin hicimos algo fundamental para nuestra integración con América Latina, como fue resolver los pleitos históricos, modificando el estatuto de relación con Argentina, pasando de ser países enfrentados a ser aliados estratégicos. Eso, sin duda, es una modificación esencial de la política exterior de Chile y de su capacidad de integración.

Y el MERCOSUR no se entendió bien la propuesta del Presidente Lagos, de fortalecer los mecanismos políticos de integración y no poner todo el acento en una unión aduanera. En un momento estuvimos plenamente disponibles para ingresar, pero como en su constitución inicial se afirmaba que era una unión aduanera, eso nos obligaba a modificar

toda nuestra estructura arancelaria, cosa que no tenía ningún sentido. Y esta asociación ha avanzado muy poco en establecer mecanismos políticos de integración, lo que al final significa instalar, en algunas áreas, instituciones supranacionales, coordinaciones macroeconómicas, acuerdos vinculantes de los bancos centrales, o sea en procesos

más sólidos de integración, la dimensión política es central y esta no consiste en reuniones de cancilleres, sino en resolver las diferencias a través de mecanismos supranacionales y si vamos a tener una política de integración energética, tiene que haber un organismo sudamericano que la administre. Y de eso estamos muy lejos, mientras Europa, en plena guerra fría, pudo tener abastecimiento de gas siberiano, en la actualidad Bolivia le vende gas a Argentina, pero le limita la cantidad que puede exportar a Chile. Sobre la base de esas conductas políticas, no hay integración posible.

Cómo se explica que habiendo suscrito un acuerdo de abastecimiento de gas con Argentina, hoy exista una suerte de incumplimiento y la idea de un socio no confiable?

Haré una afirmación que hasta ahora no había hecho, pero llegó el momento de hacerlo. Se negoció muy mal con Argentina y la crisis tiene que ver,

básicamente, con que las reservas de gas que existían, no eran tales. Esa es la base del problema. No se trata de mala voluntad, sino que no existían la cantidad de reservas que se suponía habían al firmar los acuerdos con el gobierno de Menen.

Segundo, los convenios acordados no son suficientemente sólidos y, además, alguien no leyó la ley argentina que en 2006 21 FORO J U L I O

una norma estipula que con problemas de abastecimiento, el país tiene prioridad sobre los compromisos con terceros, lo que habría significado, de poner la controversia en el plano jurídico, que habría que haber firmado un tratado con carácter de ley. En ese sentido, ambos países actuaron con una doble imprevisión porque no se previó el potencial exportador de Argentina y, segundo, los vínculos jurídicos que generamos no son claros. Me asilo en la fuerza del acuerdo, pero también debo considerar que ese acuerdo tiene un problema, no es un tratado y hay una ley interna argentina.

Y eso es lo que nos habría mejorado la situación para resolver el conflicto, pero no habría resuelto el tema del abastecimiento de nuestra matriz energética.

Han pasado varias cosas desde ese acuerdo. La primera que Argentina apareció creando una crisis brutal y hoy demanda cada vez más energía.

Todo hace prever que Chile en el corto plazo no tendrá gas argentino.

Bueno, poco estamos teniendo, pero se trata de mantener lo posible.

Sin embargo, no puede depender nuestra estrategia energética de un país exportador sin las condiciones de sobreproducción estimadas en algún momento. Ese es todo el tema. Los expertos y actores económicos, entienden que esa es la causa del problema, aquí no es como se dice, una cierta mitología antiargentina, que no cumplen sus compromisos y que son poco confiables. En este caso específico ese no es el tema, es un factor de recursos, no eran en los niveles supuestos.

Ahora estamos en la disyuntiva política de que el país debe garantizar una estrategia energética, que asegure el

ejemplo, hacerlo en el desarrollo de una política exterior común y para ello, en algunas áreas de problemas en el mundo, su política exterior tiene elementos de complicación.

Complica al proceso de integración de América Latina la alternativa bolivariana, suscrita por Cuba, Venezuela y abastecimiento para una economía, que queremos crezca a un ritmo alto y sostenido y, por lo tanto, eso se convierte en una amenaza, por lo que nos obligará desarrollar una política energética, en d o n d e t e n g a m o s c e r t e z a s y, desgraciadamente, en América del Sur no la estamos encontrando. Se nos impone el desafió de garantizar una matriz segura.

Se acaba incorporar Venezuela a MERCOSUR, sin precisar las condiciones, y se ha firmado un protocolo para avanzar en una alianza energética entre Brasil, Argentina y Venezuela, a la cual se sumarían Uruguay y Paraguay, siendo expresamente excluidos Chile y Perú ¿Cómo se enfrenta esta situación?

La incorporación de Venezuela, una de las economías más fuertes de América Latina, es un dato político de la mayor significación porque refuerza el proyecto y la idea del MERCOSUR, al sumar a un país que tiene una importancia protagónica y estratégica. Ese es el dato que hay que constatar Ahora, cómo se va a desarrollar ese proceso, es una incógnita todavía y esa incógnita se va a despejar según sea o no la capacidad del MERCOSUR de resolver problemas que hasta ahora no ha podido y con la incorporación de una economía tan poderosa como la venezolana, éstos se pueden facilitar y/o complicar. Si bien puede ser una oportunidad para los países chicos, teniendo en cuenta que Venezuela tiene recursos, pero también los compromisos de avanzar en una integración política, significarían, por

Sin embargo nos hemos negado a ceder cuotas de soberanía y si no se hace, la integración tiene límites, límites sujetos a los vaivenes propios de los países y por tanto es difícil construir procesos más sólidos.

Usted ha hablado de un proceso de afinidad política en América Latina, pero también se puede poner acento en la diversidad. No representan lo mismo los liderazgos de Lula y Kitchner, con los de Chávez y Uribe.

Bolivia.

Es un factor de complejidad porque no está claro el esquema de integración que somos capaces de construir. Los dos tienen limitaciones y aún cuando fueran superadas no habría una integración sudamericana, toda vez que el mecanismo no existe en un esquema de exclusión de países importantes como Chile y Perú.

Toda la proyección de América del Sur hacia el pacífico los tiene como eje fundamental y la incorporación de Cuba no resuelve ninguno de estos problemas.

El tema de Cuba tiene que ver con otro factor y es cómo lo reintegramos en la comunidad Latinoamérica y no en la comunidad sudamericana.

La idea de la Comunidad Sudamericana de Naciones resuelve el tema de integración, ¿es un proyecto viable?

Es una idea a la que apostaría.

Se trata de un anillo básico, por su ubicación geográfica, su complementariedad económica, por su dimensión política y, por lo tanto, apostar a que se fortalezca como proyecto político común, me parece puede ser el camino de solución. Y la dimensión política es si somos capaces de tener una agenda común en los grandes temas de política internacional y multilateralismo. Y en eso, algo hemos avanzado. Un ejemplo de ello es lo que hemos hecho en Haití.

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Hay que hacer un esfuerzo muy grande y, en ese sentido, tengo una mirada muy crítica de cómo estamos haciendo los procesos de integración y sin duda la diversidad es uno de ellos. No es posible pensar que la integración se haga sobre la base de un cierto modelo nacional de desarrollo y así como nosotros no tenemos derecho ni aptitud para exportar nuestro modelo, tampoco quiero que lo haga Chávez con Chile y eso tiene que ser recíproco. El segundo aspecto es tener ciertos acuerdos políticos sustantivos -el más evidente es la Carta Democrática del MERCOSUR-, como ir construyendo otros en manejo fiscal y monetario y,

es cómo construimos una relación de confianza y de integración. Hay que conversar con el Presidente García y ver cuáles son los alcances.

obviamente, en materia de política internacional. Tienen que haber ciertos acuerdos políticos mínimos básicos, no obstante que cada país escoja las vías internas de desarrollo que le parezcan, sin atentar contra esos principios y los acuerdos suscritos.

Cómo se compatibiliza eso con un cierto veto ideológico que parece emerger de los actores políticos, tanto del oficialismo como de la propia Concertación respecto de apoyar o no a Venezuela para incorporarse al Consejo de Seguridad en Naciones Unidas.

No comparto para nada transformar esa decisión, que tendrá que tomar el gobierno en octubre, en una suerte de juicio a favor o en contra del liderazgo de Chávez ni de su política interna. No estamos frente a una cuestión de calificación ideológica, sino tenemos que ver cuál de las dos candidaturas, a cuyo origen no concurrimos, responde mejor a nuestros intereses, por lo que la decisión se debe tomar con un criterio nacional, con fundamentos de su política internacional y si pongo sobre la mesa esos criterios, me parece evidente que la opción tendría que ser Venezuela.

No veo por qué tendríamos que apoyar a Guatemala, que no esta en Sudamérica, que no es socio del MERCOSUR, y que tampoco nos acompañó en la elección de Inzulza a la OEA Entonces las razones que se dan corresponden a razones puramente ideológicas y no se construye la política internacional chilena basada en razones ideológicas. No nos olvidemos que estamos firmando el Tratado de Libre Comercio con China, lo que no significa estar votando a favor de régimen de partido único como allí existe. Sin embargo, convengamos con el gobierno venezolano un mínimo de consultas en los temas más complicados de la agenda internacional, de manera que en su voto se exprese de alguna manera una opinión de la región. Esa

El MERCOSUR y la Can tienen alguna perspectiva de comunidad Sudamericana.

no es una exigencia, uno vota por países no por programas, pero si estamos en este ánimo de integración es posible concordar un sistema de consultas.

Nosotros lo hicimos con el tema de Irak.

El presidente Lagos mantuvo permanentes consultas con todos los presidentes de AL y sin perjuicio que era una decisión nuestra, de país soberano, entendió que en la medida que pudiéramos expresar una posición común, estaríamos actuando con un criterio más integracionista.

Cómo se concilia la Comunidad Sudamericana Andina con un MERCOSUR reforzado y esta suerte de invitación del electo Alan García para que Chile se reincorpore.

No conozco los alcances de la invitación del Presidente García pero, a priori, diría que no veo qué resolvería. No obstante, estimo que el gobierno de Alan García abre alternativas muy promisorias para ir construyendo con Perú la relación que todos queremos y necesitamos. Hasta ahora es formalmente buena, pero llena de suspicacias, de desconfianzas mutuas.

Somos unos vecinos desconfiados, el tema

Lo son, pero si hay dos esquemas de integración hay que generar una dinámica, hay que tener una política, un concepto de las cosas. El proyecto debe ser la integración de América del Sur, hay que construir instrumentos de ese proyecto y como hoy día hay dos sistemas de integración, hay que ir acercándolos a través de variados mecanismos y fórmulas diversas. Somos parte del MERCOSUR, entonces se podrían reforzar los asociados y se avanzaría mucho si pusiéramos en agenda acuerdos no tanto sobre las estructuras, sino sobre los procesos concretos de integración que seamos capaces de enfrentar y desarrollar. Hay por lo menos tres áreas básicas, el tema energético, la llamada integración física y comunicacional y, una tercera área orientada a establecer patrones mínimos de políticas sociales, creando una integración social. El combate de la desigualdad y la marginalidad son comunes a todos, por lo que deben ser elementos y partes integrantes de ese proyecto de integración.

Chile tiene sus propias tareas pendientes para poder aportar a un gran proyecto de integración, entre otras cosas su relación con los países vecinos ¿Cómo se enfrenta de manera positiva las demandas de Bolivia de salida al mar?

Se enfrenta con una agenda abierta con la cual manifestamos nuestra disponibilidad para enfrentar el tema marítimo, pero incorporando todo el temario. La dificultad histórica es que Bolivia pide primero la reivindicación marítima y después los otros temas, en tanto nosotros queremos partir por la

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integración para concluir con su primera reivindicación. El desafío, sin embargo, es iniciar ese camino y hay que hacerlo con mucha fuerza. Todos entienden los márgenes posibles de un acuerdo, pero como condición fundamental es necesario generar un clima de amistad entre ambos países, pero a mí me inquietan ciertas actitudes bolivianas que, precisamente, dificultan esa confianza y, a su vez, debilitan la fuerte corriente chilena, no dominante, de abrirse a la cuestión marítima.

Me refiero a la llamada cláusula candado que si bien no tiene ningún efecto práctico, impone a Argentina la condición de no poder exportar a terceros países una cantidad más grande de gas del convenido.

Eso lo sabe Kitchner y lo tiene que saber el gobierno boliviano, pero tiene un efecto político y psicológico, que atenta contra la generación de confianza en los procesos.

La normalización plena de las relaciones con Bolivia es un pendiente histórico y se hace cada vez más urgente, porque resulta anómalo no tener relaciones con un vecino tan importante, que juega un papel clave en todo proceso de integración latinoamericana, partiendo por su ubicación en el centro del Continente.

Se trata de un pleito no resuelto, de difícil resolución, pero en Chile se ha ido generando un cierto acuerdo para enfrentarlo, incluso el Presidente Lagos hizo intentos serios y una de sus

frustraciones en materia de política exterior fue no haber tenido éxito, pese a haber entregado una relación si bien no normalizada, con un buen clima, que no sin dificultades han intentado mantener ambos gobiernos.

Todos criticaron el viaje de parlamentarios a Bolivia, en donde suscribieron un documento que no ha tenido ninguna difusión y cuyos contenidos no son atentatorios para la política exterior chilena.

Sorprende que no se discutan temas de fondo, pero si accesorios. ¿Existe una opinión pública adversa a darle una salida al mar?

En una encuesta que tuve a la vista, un 35 por ciento de los chilenos estaba de acuerdo y si bien constituye una minoría, es una cifra mayor de la estimada, pero una política de esta envergadura debe contar con un respaldo mayoritario de la ciudadanía y, por lo tanto, es un proceso de construcción que hay que hacer en los dos países. Un acuerdo razonable podría ser entendido por la opinión pública siempre y cuando actores relevantes estuvieran dispuestos a un debate serio, con razones y argumentos.

No obstante, tengo la impresión que existe un cierto consenso en esta materia. Si hay una conducción política clara, creo podemos construir un acuerdo pues hay sectores políticos, de manera transversal, disponibles.

En relación a la visita de parlamentarios, el acuerdo suscrito es impecable, no se asume ninguna posición, pareciera hecho por la cancillería, entonces no se explica que no hayan tomado contacto. Esa es su imprudencia.

A juicio de Perú, nuestro país ha sostenido una política armamentista, con una renovación permanente de material bélico, con una Ley que no tiene clara explicación y que sólo representa un 2006 24 FORO J U L I O

factor de inquietud y desconfianza ¿Cómo se enfrenta esta situación?

Si bien se ha hecho una renovación bastante amplia, ésta tiene una consideración técnica razonable, no obstante es cierto que cuando modernizamos el material bélico, aumentamos la capacidad militar.

Tenemos una política internacional y de defensa bastante explicita y efectivamente tenemos una vocación disuasiva, eso es objetivamente así y se explica por razones históricas. Ahora, las relaciones entre las FFAA de ambos países es fluida, en la medida que ha habido una política de acercamiento y, por lo mismo, no existen mayores susceptibilidades.

Sobre la ley del cobre, ésta ya no se sostiene y es un factor de distorsión muy fuerte, no obstante tiene que haber una ley especifica para el presupuesto de las FFAA, que pueda asignarse de manera plurianual, dependiendo de una seria planificación. Y eso lo tiene claro el gobierno, incluso existe un compromiso de la Ministra de Defensa para presentar un proyecto de ley modificatorio en el tercer trimestre de este año.