Revista Foro 21 Nº 65

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COYUNTURA

El Despliegue de la Agenda Gubernamental Marcelo Contreras N. / Director Foro Chile 21 El reciente ajuste ministerial no sólo le ha dado un nuevo aire al gobierno, permitiéndole destrabar algunos nudos, como el nombramiento del nuevo Contralor, en donde el Ejecutivo logró imponer su criterio de nominar a una figura externa al organismo, que ofreciera garantías de liderar un indispensable proceso de modernización. También logró diversificar su agenda -que aparecía fuertemente contaminada con los problemas y dificultades que ha

creación de una Superintendencia de Educación; el régimen de financiamiento y gestión escolar, así como el modelo de organización de la educación pública. Esta sustantiva agenda que busca desplegar el gobierno incluye el emblemático tema de la reforma del sistema previsional y un nuevo impulso al crecimiento, como el que actualmente discute el parlamento. Resultan en verdad sorprendente las

capitalino. Otras interpretaciones van más lejos y describen el ajuste ministerial como "el fin del bacheletismo", con su énfasis en el estilo ciudadano, la paridad de género y las caras nuevas, para reponer el demonizado eje "Mapu- Martínez", que popularizara Adolfo Zaldívar y su sector para aludir a la supuesta alianza entre los ex Mapu y el sector "gutista" o alvearista al interior de la DC, que habría hegemonizado las anteriores administraciones concertacionistas. Finalmente, muchos han querido ver en el último ajuste de gabinete un reforzamiento del poder e influencia del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien no sólo habría logrado mantener en el gabinete a la actual ministra de Minería, Karen Poniachik, sino nominar a un de sus asesores directos, Marcelo Tokman, como nuevo ministro de Energía y patrocinar la designación de René Cortázar como nuevo ministro de Transportes, constituyéndose así en el eje articulador de la actual administración.

enfrentado el Transantiago-, con la propuesta de reforma parcial del sistema electoral, que permitiría romper las exclusiones a los sectores minoritarios; la reforma de la Ley Orgánica Constitucional sobre Educación (LOCE), que hace parte de un conjunto de iniciativas legislativas diseñadas por el Ejecutivo para mejorar la calidad de la educación pública y que incluye la

exageradas interpretaciones para uno de los ajustes ministeriales más anunciados y esperados del último tiempo. Algunas, como las del saliente ministro de Justicia, Isidro Solís, que apuntan al Transantiago y a una supuesta presión de la Democracia Cristiana, que habría exigido un "cuoteo partidario" para asumir los costos políticos del desastre originado por la implementación del plan de transporte

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Es a todas luces exagerado pensar que las razones del ajuste ministerial obedecen exclusivamente a los problemas generados por el Transantiago, así como es un verdadero desatino sostener que la Democracia Cristiana habría exigido que todos y cada uno de los partidos aportaran con un ministro de sus filas para compartir el costo político. Puede ser que lo que la DC pensara era que se requería un ajuste mayor, como públicamente lo sostuviera el senador Jorge Pizarro, pero de allí al cuoteo político media un abismo.


inmediata para el ministro Cortázar, el gobierno necesita reponer una agenda sustantiva no sólo para el presente año, el último sin elecciones en el presente mandato, sino para el resto del período gubernamental. Una agenda que ordene y cohesione a su propia coalición y que permita dialogar con la oposición. En la misma medida en que el nuevo equipo político del gobierno logre instalar los temas sustantivos, fijando claramente las prioridades y definiendo contenidos hoy controversiales al interior del propio oficialismo, podrá "ordenar" a su coalición y también establecer bases claras para negociar con la oposición.

Lo que sí es cierto es que la Presidenta ha decidido recurrir a políticos con mayor experiencia, sacrificando marginalmente el tema de la paridad de género y el supuesto dogma de las caras nuevas para reforzar el equipo político del gobierno. Medio en broma y medio en serio, algunos analistas han afirmado que por fin la Jefa del Estado se decidió a incluir un político en su gabinete. Al contrario de lo que piensa mucha gente, la política es un oficio como cualquier otro para el que, desgraciadamente, no existen escuelas o universidades sino se adquiere con la experiencia y trayectoria como la que puede exhibir el ministro José Antonio Viera-Gallo y que comparte con otros miembros del actual gabinete.

Mucho se ha especulado con el supuesto "empoderamiento" y refuerzo del poder del ministro de Hacienda no sólo a propósito del último ajuste ministerial, sino respecto de la excesiva influencia de las autoridades de esa cartera a la hora de fijar las prioridades políticas del gobierno. Y no son pocos quienes le atribuyen responsabilidades por la decisión de implementar el plan de transporte capitalino sin que estuviesen aseguradas las condiciones mínimas para su correcto funcionamiento.

Una agenda sustantiva

El tema explotó a propósito de uno de los i n c i d e n t e s m á s s e r i o s a n ive l parlamentario, protagonizado por senadores oficialistas que levantaron fuertes y fundadas críticas al proyecto estelar del ministro de Hacienda "Chile invierte". En particular a la propuesta de establecer, en forma transitoria, por dos años, el mecanismo de depreciación acelerada para las nuevas inversiones, que el titular de ese ministerio ha presentado como un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero que sus críticos asumen como un crédito innecesario que beneficia principalmente a los grandes inversionistas. Entre ellos Lan Chile, de propiedad de la familia Cueto y del empresario y político, Sebastián Piñera, que ha anunciado una inversión de US$2.500 millones, así como las millonarias inversiones que se anuncian en la minería.

Más allá de las urgentes rectificaciones y ajustes que requiere el Transantiago y que se constituyen en la tarea principal e

Sea que la oposición haya querido jugarle una mala pasada a Sebastián Piñera o que en verdad estén aburridos de defender los

En verdad, las razones de los cambios sólo las conoce la Presidenta y tal como lo afirmara el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, no resulta muy prudente ni menos elegante presionarla para que las explicite, aunque, más allá de explicaciones puntuales o de detalles, parece evidente que los cambios responden a necesidades políticas del gobierno para marcar un cambio de rumbo o una nueva etapa.

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intereses de los "desagradecidos" grandes empresarios que, en su opinión, no se cansan de "hacer buena letra con el gobierno", de manera por demás sorpresiva, anunciaron su rechazo al proyecto. Las alarmas sonaron fuerte en La Moneda y en las propias bancadas parlamentarias del oficialismo, que veían cómo el proyecto estrella de Andrés Velasco corría el serio riesgo de ser rechazado con los votos de la oposición y de cinco senadores de la Concertación (Carlos Ominami, Adolfo Zaldívar, Alejandro Navarro, Nelson Ávila y Mariano Ruiz Esquide) y que sólo pudo conjurarse por la vía de solicitar una segunda discusión. El debate se retomaría horas después en el Palacio del Cerro Castillo, en la cena ofrecida por la Presidenta a los senadores oficialistas, en presencia del equipo político del gobierno y del propio Velasco aunque, en verdad, el tema, más que el proyecto de depreciación acelerada y las objeciones que compartieron varios de los senadores oficialistas que lo votarían favorablemente, se centró en la conducción económica y su excesiva influencia en la marcha política del gobierno. Una conducción que muchos califican como muy conservadora, con resultados más que modestos en materia de crecimiento y un cierto desperfilamiento de la agenda social. A la hora del balance, los parlamentarios oficialistas critican los modestos resultados económicos del primer año de gobierno,


que contrastan muy desfavorablemente con las altas tasas de crecimiento de la mayoría de los países de la región. De igual manera se criticó la mantención de la regla de superávit fiscal que, según economistas de gobierno y de oposición, ha perdido su justificación original luego que Chile se convirtiera en un país acreedor y que a fines del presente año podría acumular un excedente superior a los US $ 25.000 millones de dólares. Con ello, la administración Bachelet dispone de un margen considerable de recursos permanentes que bien podría destinar a inversión productiva en capital humano y en apoyo efectivo a las Pymes y que podría incrementarse con la sola modificación de la regla fiscal, tal como han propuesto sectores oficialistas y de oposición.

clarificaciones y definiciones para la instalación de la agenda sustantiva del gobierno para el resto de su mandato, que reponga las orientaciones básicas que inspiraron el actual programa de gobierno y que dan sentido a la actual coalición en el poder.

que durante la actual administración se ha producido una renovación importante de las elites y que la presencia de mujeres en cargos públicos -que sigue siendo una sólida convicción para la Presidenta- es muy superior a la de anteriores administraciones.

Porque también resulta exagerado sostener, como afirman algunos, que las expectativas que generó la elección de Michelle Bachelet, con su aspiración de compatibilizar un crecimiento acelerado y sostenido, con mayor protección e inclusión social se frustraron. Las bases de la economía continúan siendo muy sólidas y el país no sólo crecerá a tasas

El problema sigue estando en la narrativa y la capacidad del gobierno para enfrentar las visiones catastrofistas que pregonan "la muerte del bacheletismo", el fin de la paridad de género y el ocaso del estilo ciudadano o visiones aún más ideológicas, como las que tiene la derecha, que habla de la vuelta del "socialismo de viejo cuño"; el estatismo o "el peor gobierno de la

superiores al 5% el presente año y los años siguientes, sino que acumulará un impresionante superávit fiscal sin precedentes en nuestra historia, profundizando su proceso de apertura económica con nuevos tratados de libre comercio. Si el actual gobierno logra destinar, en forma inteligente y eficiente, sólo los recursos permanentes que genera la actual bonanza económica para dar un nuevo impulso al desarrollo y avanzar en su plan integral de protección social, incluyendo la reforma previsional y de la educación e introduciendo reformas parciales al sistema electoral que resuelvan, también de manera parcial, el tema de la exclusión de las minorías, la actual administración habrá alcanzado muy importantes parámetros para medir el éxito de su gestión. Todo ello sin olvidar que el Transantiago es una asignatura pendiente para el gobierno y sin considerar

Concertación", todo ello muy influenciado por las encuestas y sin recordar los bajones de popularidad que debió enfrentar el Presidente Frei al término de su mandato o del Presidente Lagos en sus primeros años de gobierno.

La conducción económica La reforma previsional, un proyecto emblemático del actual gobierno, también generó críticas hacia las autoridades económicas por la excesiva gradualidad propuesta para su entrada en régimen (2017) y sus aprehensiones acerca de que el pilar solidario, con un monto de $ 75.000 para los mayores de 65 años, pueda "recalentar" la economía. Con todo, puede ser que el gobierno salve el proyecto de depreciación acelerada, luego del intenso lobby desplegado por las propias autoridades y las cúpulas empresariales y con los nuevos compromisos de Andrés Velasco a favor de las Pymes, y que lo haga con los votos de la derecha y la mayoría de la Concertación, pero el saldo de este incidente, que tiene como protagonistas al titular de Hacienda y las bancadas oficialistas, trasciende con mucho la controversial propuesta para posicionarse como un debate muy de fondo al interior del oficialismo respecto de una conducción económica funcional con las prioridades políticas del gobierno y no al revés, y que enfrenta a las sensibilidades más liberales de la coalición con sus sectores más progresistas. En este sentido, el cónclave oficialista, programado para el próximo 7 de mayo, puede constituirse en un momento de

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Y así como no está escrita aún la historia de este gobierno, tampoco está escrito el capítulo de su proyección, que muchos se empeñan en redactar anticipadamente y que no sólo tiene como condición necesaria el éxito de la actual administración, sino una renovación de su proyecto político. Este nuevo gabinete tiene la oportunidad de escribir parte importante de esa historia, que tiene como uno de sus principales protagonistas al actual equipo de gobierno que recién inicia su segundo año en el poder.


ECONOMIA

¿Cómo viene el 2007? Luis Eduardo Escobar Economista Martin Wolf, comentarista económico del Financial Times1 decía que él no era tan aventurado como para predecir los movimiento diarios de los mercados. La tarea de predecir lo que pasará en Chile y el mundo en lo que resta del año es aún más aventurado. Es por ello que sólo me permitiré tres o cuatro aseveraciones sobre las grandes tendencias que veo desarrollándose y un comentario final sobre nuestra política fiscal.

Las cuatro aseveraciones que estoy dispuesto a hacer son: primero, que la economía mundial tendrá un quinto año sobresaliente aunque hay nubes que tienden a oscurecer el horizonte más lejano en el tiempo; segundo, que los precios de las materias primas seguirán siendo cíclicamente altos; por tanto, tercero, que el fisco chileno tendrá otro gran año con un enorme superávit global, y cuarto, que no sabemos si esto será suficiente para impulsar a la economía a crecer más allá del 5%. Termino con un comentario sobre algunos de los problemas que genera nuestra regla fiscal. Situación internacional La situación de la economía mundial es extraordinaria. Este es el quinto año de crecimiento por encima de 4% anual de la economía mundial y se espera que esté entre 4-5% nuevamente, luego de registrar más de 5% en 2006. Los ciclos de crecimiento económico de la economía mundial fluctúan entre 3 y 7 años. Por ello, la pregunta clave es cuánto más puede durar.

Hay algunos signos de sobre valoración de activos reales y financieros que han llevado a analistas tan destacados como Alan Greenspan a pronosticar que hay un 30% de probabilidad de que EEUU entre en recesión durante el último trimestre de este año. En cierto modo las turbulencias de los mercados financieros de las últimas semanas son útiles para evitar un gran colapso, ya que al reflejar un estado de incertidumbre impiden que se empujen hacia arriba indefinidamente los precios de los activos y materias primas.

1 Financial Times, 7 de marzo, 2007

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Asimismo, las recientes turbulencias financieras indican que hay un límite al déficit de EEUU que el resto del mundo está dispuesto a financiar. Recordemos que la expansión de la economía mundial de la década de 1960 fue en gran medida impulsada por los déficit de EEUU y que finalmente el sistema colapsó cuando los acreedores, liderados por Francia, no estuvieron dispuestos a seguir financiando ese déficit. Hoy día EEUU tienen un déficit externo equivalente a 6,5% del PIB o US$857.000 millones (casi 6 veces el


tamaño de la economía chilena). La deuda externa de EEUU asciende a un 26% de su PIB u 8% del PIB mundial. De mantenerse el déficit externo, en cinco años la deuda externa de EEUU superaría el 50% de su PIB y llegaría a un 15% del PIB mundial.2 Estas son cifras que los países acreedores, como China, Japón, Corea, los exportadores de petróleo y economías asiáticas superavitarias -y también Chile- pueden no estar dispuestas a financiar indefinidamente. En algún momento los sentimientos de los agentes de mercado que intermedian estos flujos y de los funcionarios que manejan las reservas cambiarán. La pregunta es cuándo. Lo que ha ocurrido en los mercados financieros domésticos de EEUU es un reflejo de esta situación, ya que los flujos externos son los que financian una parte importante de la expansión del crédito doméstico. Las tasas de interés que han estado muy bajas en relación a la experiencia histórica, podrían subir si la percepción de la FED es que las presiones inflacionarias son un riesgo. De ser así, créditos a tasas de interés flotantes se hacen más riesgosos y ya hay indicios que algunos deudores hipotecarios contrataron más deuda de la que pueden pagar (los créditos llamados subprime). Esto puede llevar a una caída del valor de los activos reales y financieros. Al caer el valor de estos, disminuye la riqueza percibida y el valor de las garantías que respaldan los créditos lo que lleva a nuevas disminuciones de crédito y una espiral recesiva. Es por ello que el FMI ha iniciado un

proceso de consultas internacionales, con el objeto de poner de acuerdo a los principales países del mundo sobre cómo corregir la situación de desequilibrio en la economía mundial. Lamentablemente, hasta ahora los principales países del mundo no han considerado conveniente iniciar un

seguiría creciendo a tasas en torno del 10% anual, duplicando su ingreso cada 7 u 8 años. India, la cuarta economía del mundo detrás de Japón, crecería a una tasa de 8% anual y Japón se recupera creciendo a tasas bien por encima de 2%. Incluso la Unión Europea, que los analistas más conservadores daban por estancada para siempre, que creció a tasas cercanas al 3% el 2006, crecería a tasas del orden de 2,25% este año o medio punto por encima de su potencial estimado. El precio de las materias primas Todo esto configura un panorama auspicioso para el mercado de materias primas. Cuando el precio de las materias primas está alto, en general Chile se beneficia en el sentido que el precio del cobre es alto y por medio de Codelco el Estado chileno retiene una parte de la renta del recurso natural. En los últimos años, además, nos hemos beneficiado con un alto precio del molibdeno, ingrediente clave para la producción de ciertos tipos de acero.

diálogo serio al respecto. Al no existir una solución por la vía de políticas económicas aumenta el riesgo de un ajuste recesivo. Por ahora, seguimos en un mundo feliz donde la tasa de crecimiento de la economía superaría 4,5%. Estados Unidos, de lejos la economía más grande del mundo, crecería a una tasa levemente menor que la del año pasado pudiendo llegar a 2,25% este año. China, la segunda economía del mundo,

Como se recordará, el precio promedio del cobre en 2006 fue de US$3,05 por libra, con una fuerte aceleración a partir del segundo trimestre. Este año el promedio acumulado va en US$2,71 con una tendencia ascendente a medida que queda claro que la tirantez del mercado se mantiene y que la baja al inicio de este año fue temporal. Es así como en marzo el precio promedio fue US$2,93 y en lo que va de abril ya supera los US$3,20. Los analistas son cautos en cuanto a la evolución del precio del cobre, pero ya hay quienes postulan que "en el corto o en el mediano plazo se transe a US$3,50 - 3,70 la libra".3

2 Ahearne, Cline, Lee, Park, Pisani-Ferry y Williamson (marzo 2007): Global Imbalances: Time for Action. Policy Brief PB07-04, Peterson Institute for International Economics. Washington, DC. 3 LarraínVial, Macroeconomía Chile, 5 de abril, 2007.

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En general, los analistas internacionales consideran que los altos precios de las materias primas están aquí para quedarse. Es así como después de un bajón a principios de año, el precio del petróleo en abril ya estaba de regreso en US$66,8 el barril, comparado con un promedio para el 2006 justo por debajo de US$66.4

Para la economía chilena, mientras los altos precios de las materias primas sigan favoreciendo al cobre, el alto precio del petróleo no genera problemas de balanza de pagos y mantendríamos un superávit comercial importante. Desde luego, el alto precio del petróleo le impone un costo a los agentes económicos, empresas y familias, al disminuir su capacidad de comprar otras cosas una vez que pagan por la energía que usan. Este efecto tiende a introducir una suerte de fricción que reduce la tasa de crecimiento. El alto precio del cobre también afecta el tipo de cambio. El mecanismo

principal por el cual esto ocurre es la oferta de dólares que hace el sector público por dos vías: la venta de dólares para financiar gastos en pesos o los depósitos en dólares en el sistema financiero nacional. Esto último aparentemente ya no estaría ocurriendo y el gobierno está considerando la propuesta que hicimos varios economistas desde 2005 de que el

gobierno se endeude en pesos evitando así deprimir más el precio de la divisa. Las opiniones sobre el tipo de cambio para este año giran todas en torno al rango de $540 a 550 por dólar y, salvo desviaciones puntuales, este rango parece consistente con las políticas vigentes. Esto incluye, desde luego, la abstención por parte del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario. La situación fiscal Como resultado de la alta tasa de crecimiento mundial que mantendrá altos precios de las materias primas, la situación fiscal para 2007 apunta hacia

4 Tomando el promedio de los precios del Brent y el WTI en ambos casos.

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otro gran año de ahorros fiscales. Si el precio del cobre promediara US$2,80 la libra, un supuesto relativamente conservador a la luz de la evolución reciente, los ingresos fiscales adicionales por este ítem podrían estar en torno a unos US$2.800 millones, es decir, un 1,8% del PIB por encima de lo proyectado por la Dirección de Presupuestos para 2007. Con la regla fiscal vigente, el resultado sería un superávit efectivo del orden de algo más de 6 puntos del PIB o unos US$9.000 millones. Dado que los ahorros financieros del fisco al 31 de diciembre de 2006 eran algo menos de US$18.000 millones, el fisco hacia fines del 2007 tendría ahorros financieros en torno a US$27.000 millones, equivalente a unos 18 puntos del PIB de 2007. Otro aspecto de esta política es que el gobierno, al generar todos los años un excedente de ingresos sobre gastos, va disminuyendo a lo largo del tiempo el tamaño del Estado en relación al tamaño de la economía. Es así como, según las cifras publicadas por la Dirección de Presupuestos, en 2006 el gasto del gobierno central llegó a 18,5% del PIB disminuyendo en 1,5 puntos respecto de 2005. Según el presupuesto 2007 esta relación se mantendrá prácticamente inalterada, aunque con las nuevas cifras del PIB seguirá disminuyendo. Esto significa que el Estado tiende a disminuir su posición relativa dentro de la economía nacional limitando su capacidad para proveer servicios sociales con mayor cobertura y de mejor calidad. En estos días que se discuten temas sociales que van al corazón del programa de gobierno, como las reformas de educación y pensiones, es


fundamental no perder de vista esta consideración. Crecimiento 2007 Hace poco se publicó el resultado de la última encuesta de expectativas que hace el Banco Central. El resultado es que, en promedio, los analistas consultados consideran que nuestra economía crecerá un 5,3% este año. Esto representa un aumento respecto de marzo, en que los mismos analistas consideraban que la economía crecería este año al 5%. Es curioso este renovado optimismo porque, en verdad, no han cambiado mucho las cosas respecto de marzo. El optimismo se basa principalmente en las cifras de importaciones de bienes de capital, las que han mostrado un mayor dinamismo desde el último trimestre del año pasado. También hay elementos de repunte del precio del cobre, que sólo tienen un efecto de expectativa, ya que la mayor parte de

lo que ingresa por la gran minería sale en forma de utilidades repatriadas y lo que retiene el fisco ahora se ahorra en el extranjero. Por último, hay un efecto relacionado con las medidas de Chile Invierte, de las cuales la principal es la depreciación acelerada del 50% de lo invertido en 2007 y 2008, que no afecta nada ya que sólo aumenta las utilidades de las empresas que ya tienen programas de inversión listos para ejecutar. Incluso el supuesto efecto sobre las Pymes, de reducir las necesidades de crédito, no se da, porque para invertir se necesita el mismo nivel de gasto aunque se devuelvan los impuestos más tarde. Por otra parte, todo lo demás sigue igual o peor que el año pasado. Por ejemplo, la economía mundial crecerá a una buena tasa pero menor que la del año pasado. El precio del cobre seguirá alto, pero también será menor que el del año anterior. El tipo de cambio se mantendrá más o menos donde está incentivando la sustitución de producción doméstica por importada, lo que se resta del PIB. Lo que es posible que aumente es el gasto público, pero no aumentará más de lo que se anunció en septiembre del año pasado cuando se presentó el presupuesto, cumpliendo así con la regla fiscal. Por todo ello, me parece que la economía chilena crecerá algo más que en 2006 pero difícilmente superará una tasa del 5%. Es decir, el desempeño económico de nuestro país, que ya el año pasado fue inferior al promedio de América Latina, será por segundo año consecutivo decepcionante. Una lástima para el gobierno, una lástima para la Concertación y, principalmente, una lástima para los pobres de Chile que se

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merecen algo mejor. Consideraciones finales La disminución relativa del tamaño del gobierno y las magnitudes de ahorro financiero hacen dudar de la conveniencia de mantener la regla de superávit estructural. El país no necesita mantener esos niveles de ahorro para garantizar la estabilidad de su gasto público y el servicio de lo poco que queda de deuda pública. Por el contrario, el país necesita invertir más y mejorar sustancialmente el trato que le brinda a su población, especialmente la de sectores más desposeídos. Esto es particularmente cierto en el caso de la educación, base para aumentar la productividad y, por tanto, los ingresos de nuestros compatriotas. A la vez, para crecer en forma sostenida es necesario que el gobierno aumente sus programas de inversión pública en infraestructura, y en proyectos que ayuden a elevar las tasas de inversión del sector privado en áreas distintas a la minería y el sector forestal que tienen enormes subsidios públicos. (No olvidemos que en este país no cobramos por el mineral: es gratis para el que lo quiera extraer). Temas estratégicos como energía, agua, calidad de los puertos y aeropuertos son cruciales para elevar la inversión privada. Hoy ya nadie discute que el gobierno tiene que jugar un papel relevante en proyectos de innovación tecnológica. Si el gobierno no apuesta por el futuro nacional, mucho menos lo hará el sector privado. Ese es el verdadero desafío nacional que tienen que resolver las políticas públicas. ¿Queremos crecer y desarrollarnos o queremos simplemente guardar la plata debajo del colchón? Esa es la decisión que enfrenta el gobierno y la Concertación. Los ciudadanos esperan la respuesta y la próxima elección.


EDUCACION

Los principales temas del Proyecto de Nueva Ley General a la luz de lo que se discutió en el Consejo Asesor

El Gran Debate sobre la Educación Fernanda Melis Taller de Educación Fundación Chile 21

A la luz de la confrontacional polémica que se abrió con el envío de un proyecto de ley que establece una Ley General de Educación, la que deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, es adecuado traer al debate la gran cantidad de temas que están en cuestión no sólo en el marco regulatorio, sino en muchos otros aspectos de lo que fue el trabajo del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que entre junio y diciembre del año pasado trabajó para canalizar las demandas de los estudiantes y de diversos sectores de la sociedad. Entre los puntos más gravitantes del proyecto enviado a trámite el lunes 9 de abril destacan dos aspectos cruciales que fueron debatidos por el Consejo y en los cuales no se logró consenso: la selección de los alumnos y la existencia de establecimientos subvencionados con recursos públicos con fines de lucro. Con respecto al primer tema, el proyecto incluye normas que prohíben los procesos de selección de alumnos en establecimientos subvencionados por el Estado, desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el 8º año de la educación general básica. Se establece, en su artículo 11, que los establecimientos educacionales que reciban

subvenciones y/o aportes del Estado deberán aceptar a todos los alumnos que postulen al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y desde 1º hasta 8º año de la educación general básica, dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento. En caso que la cantidad de postulantes sea superior a la capacidad autorizada las vacantes sólo podrán asignarse

exigencias. El proyecto enviado por la Presidenta Bachelet incluye otros aspectos esenciales, como el aumento de los requisitos para ser sostenedor y para mantenerse en el sistema, y anuncia la creación del Consejo Nacional de Educación que reemplaza al actual Consejo Superior de Educación y que deberá definir los contenidos que se impartirán en la educación chilena. La Presidenta también anunció el pronto envío del proyecto que crea la Superintendencia de Educación, estamento inexistente hasta ahora y que actuará como agencia de aseguramiento de la calidad de la educación.

por prioridad familiar o,en última instancia, por sorteo, sin perjuicio de las discriminaciones positivas establecidas por ley.

El artículo que sigue hace una pequeña historia de lo que fue el trabajo del Consejo y los debates en su interior, como una manera de hacer presente los muchos aspectos que se están poniendo en juego con la tramitación de esta iniciativa.

Con respecto al segundo tema, se establece la necesidad de que los sostenedores privados se organicen como personas jurídicas sin fines de lucro, con giro educacional de carácter exclusivo. Dandóse un plazo de 4 años para la adecuación a estas nuevas

El 7 de junio de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet convocó al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. La constitución de este Consejo estuvo fuertemente asociada a las movilizaciones de los estudiantes secundarios, las que,

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ocurridas entre abril y junio de 2006, lograron la adhesión del Colegio de Profesores y de los estudiantes universitarios. Las características de este Consejo lo distinguen de experiencias anteriores. En los últimos años, ninguna comisión convocada para tratar temas asociados a la calidad de la educación había tenido una conformación tan numerosa y tantos temas a tratar. El Consejo estuvo integrado por 81 miembros1 y durante su labor se organizó en comisiones por ejes temáticos. Entre junio y septiembre funcionaron las comisiones de marco regulatorio de la educación, institucionalidad y c a l i d a d d e l s i s t e m a e d u c a t ivo . Posteriormente, luego de la entrega del Informe de Avance en septiembre, se constituyeron dos nuevas comisiones: Docentes y Educación Superior.

relación con el sistema de educación superior. También se subrayaron problemas con respecto a la organización, personal y financiamiento del sistema educativo chileno. En relación a las causas se señaló la gestión y manejo de recursos humanos, materiales y de financiamiento. Además que la inversión en el sector estaba muy por debajo de lo que se requería para que el país lograra modernizar su educación. Como máxima prioridad se planteó que antes del año 2000 debía asegurarse a todos los niños que asisten al sistema subvencionado una educación de un mínimo aceptable de calidad y un conjunto de acciones asociadas a este objetivo. Una breve revisión desde esos años muestra que muchas de las acciones recomendadas fueron implementadas: Jornada

Otro rasgo distintivo es el objetivo declarado del Consejo. En su primer informe se señala que la misión del Consejo es política, planteándose que se busca que se manifieste acerca de muchos temas que fueron demandados por los estudiantes secundarios, logrando, cuando sea posible, una visión consensuada y en los otros casos conocer los aspectos en que hay distintas perspectivas. Desde los noventa se han convocado un conjunto de comisiones para tratar temas referentes a la educación chilena. Entre ellas destaca la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, conocida por el informe del Comité Técnico Asesor, el Informe Brunner, a la que se le encomendó en 1994 proponer los grandes lineamientos que requería la educación chilena. El Informe Brunner estableció un diagnóstico que reconocía el crecimiento de la cobertura y de los niveles de escolaridad de la población. Pero destacó un desempeño de baja calidad, la baja cobertura de educación parvularia en los más pobres, la desigualdad en los resultados de aprendizaje por nivel socioeconómico, el relativamente escaso tiempo dedicado al aprendizaje y la inadecuación del currículo, la severa crisis de orientación de la enseñanza media y su

Escolar Completa, mejoramiento sustantivo de los insumos y de las condiciones para aprender, Marco Curricular, apoyo a las escuelas y liceos con menores resultados vía programas de mejoramiento, modificación del Estatuto Docente, Evaluación Docente, por mencionar las más centrales. Además, el gasto total en educación como porcentaje del PIB se incrementó sustantivamente, así como la participación del gasto público en educación en relación al gasto público total y el gasto público en educación por alumno. Sin embargo, el diagnóstico acerca de la situación de la educación chilena no mejoró significativamente y la calidad del sistema educativo y las diferencias de resultados por nivel socioeconómico han marcado la agenda

de la política educativa. Recomendaciones del Consejo Las movilizaciones de los secundarios que parecían en un principio causadas por demandas como la gratuidad de la PSU y el pase escolar, llamadas de agenda corta, avanzaron hacia una demanda por mayor calidad del sistema educativo, por cambios sustantivos en el marco regulatorio y en la institucionalidad del sector. También podría plantearse que las características, composición y metodología de trabajo del Consejo tuvieron el efecto de que se ampliaran los temas en debate. Dentro de las recomendaciones del Consejo destacan las relativas a marco regulatorio e institucionalidad. La comisión de marco regulatorio abordó la modificación de la LOCE, los deberes del Estado en materia de educación y los requisitos para impartir educación y mantenerse en el sistema. También temas donde no existió consenso como el trato que debe recibir la educación estatal y gratuita y la existencia o no de establecimientos con fines de lucro. En relación a la institucionalidad, el Consejo planteó el reordenamiento de las funciones de instituciones como el Ministerio de Educación y del Consejo Superior de Educación y la creación de una Superintendencia o Agencia aseguradora de la calidad. Asimismo, recomendó la organización de la educación pública sin llegar a acuerdo sobre las formas de constituir instancias administradoras ni sobre su futura dependencia. El Consejo asimismo realizó recomendaciones relativas al marco curricular y la necesidad de consolidar la institucionalidad responsable del desarrollo curricular. También abordó la situación de los docentes con propuestas relativas a las políticas laborales y desarrollo profesional que implicarán la revisión del Estatuto Docente y la creación de una carrera profesional docente, mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes y el fortalecimiento de la formación inicial.

1 Académicos, expertos en educación, representantes de confesiones religiosas, de pueblos indígenas, rectores de universidades, estudiantes secundarios y universitarios, docentes, sostenedores, entre otros.

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Además, analizó la situación de la educación técnico profesional y de la educación superior. La comisión de marco regulatorio recomendó una ley sustitutiva de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990. Esta ley no había registrado cambios y su necesaria modificación no había sido puesta en la agenda pública ni legislativa. En este contexto, señaló la importancia de corregir la asimetría existente entre derecho a la educación y la libertad de enseñanza, planteando que la libertad de enseñanza -entendida como el derecho de los particulares de fundar establecimientos de enseñanza y de los padres a escoger el tipo de educación que prefieren para sus hijos- no es incompatible, en un marco regulatorio bien diseñado, con el derecho a una educación de calidad. El Consejo también indicó que el actual ordenamiento constitucional impone deberes que no están a la altura de los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país ni de los desafíos a enfrentar. Los deberes que establece el Consejo involucran el financiamiento de la educación (con un monto que permita a la educación gratuita alcanzar la calidad definida por ley), requisitos de entrada a los proveedores al sistema educacional tanto en los aspectos académicos como patrimoniales, evaluación del sistema educativo y sus resultados para acreditar calidad o intervenir de forma oportuna y definir criterios para apoyar, intervenir o excluir del sistema a los establecimientos educativos que no alcanzan los estándares previamente definidos. Asimismo, el Consejo realizó un conjunto de recomendaciones referentes a los requisitos para impartir educación, requisitos que hasta ahora eran muy poco exigentes. Ellas son la necesidad de reconocimiento público y exigencias para los establecimientos que solicitan financiamiento público. Además, por primera vez se establecen requisitos para permanecer en el sistema educativo como mantener las condiciones exigidas para ingresar al sistema y tener resultados asociados a indicadores nacionales de calidad de educación. Asimismo, se debatió largamente acerca de los procesos de selección en establecimientos educacionales existiendo tres posiciones al respecto: los consejeros que recomiendan un sistema de selección ciego a la identidad y capacidades de los niños; los consejeros que consideran que este

sistema de selección ciego deber ser aplicado como norma general, pero que pueden haber excepciones en establecimientos de excelencia donde puede aplicarse un principio de meritocracia; y los consejeros que admiten los procesos de selección, pero con la sola condición que no sean discriminatorios y que estén sujetos a un conjunto de criterios. Con respecto a la calidad del sistema educativo una de las principales recomendaciones es generar un sistema de aseguramiento de la calidad, para lo cual es necesario reordenar las funciones de las instituciones existentes -Ministerio de Educación y Consejo Superior de Educación- y crear instituciones nuevas. El Consejo recomendó crear una Superintendencia o Agencia aseguradora de la calidad que tendrá como tarea evaluar los estándares de calidad definidos para velar efectivamente por el derecho a una educación de calidad y podrá sugerir la salida o intervención de las instituciones que no cumplan con los estándares establecidos. Esta institución será un organismo autónomo con personalidad jurídica de derecho público. Organización de la educación pública Otra propuesta importante corresponde a la organización de la educación pública. En este marco se propuso la creación de un órgano público encargado de la administración de las escuelas y liceos de propiedad pública. Esta instancia tiene funciones de gestión administrativa-financiera, técnica pedagógica y de recursos humanos, especialmente docentes, y administra los establecimientos de una determinada unidad geográfica considerando un tamaño adecuado para contar

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con capacidad técnica y aprovechar economías de escala. Lo anterior, a juicio del consejo, debía ir acompañado de un adecuado financiamiento para asegurar el funcionamiento de los establecimientos educacionales. Con respecto a la forma de constituir estas instancias administradoras y sobre su futura dependencia no hubo acuerdo y se plantearon cuatro alternativas: a) Municipios y asociaciones de municipios que puede corresponder al territorio de una comuna o varias, b) la creación, por los Gobiernos Regionales en coordinación con el Ministerio de Educación, de corporaciones de derecho público autónomas, c) la creación de uno o más servicios descentralizados de educación en cada región, articulados a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y los Gobiernos Regionales y d) la creación de un servicio nacional de educación pública, dependiente del Ministerio de Educación. Financiamiento Por otra parte, existió consenso en la necesidad de modificar el sistema actual de financiamiento. No obstante, existen dos tendencias. Los primeros consideran que las ventajas del sistema actual (incentivos, competencia, control de costos, derecho de la familia a elegir) son suficientes como para pensar en perfeccionar el sistema. Para ello se proponen un conjunto de modificaciones. Los segundos plantean que la competencia no ha mejorado la calidad de la educación, que el sistema escolar no es más eficaz y que el mercado ha resultado inoperante para


regular la entrada, permanencia y salida de los malos proveedores. Este sector propone un sistema de financiamiento que combine un subsidio por establecimiento independiente del número de alumnos con uno por alumno matriculado y otras características tales como ubicación geográfica, vulnerabilidad de la escuela, entre otras. También se discutió sobre los recursos que deben entregarse según la dependencia del establecimiento y sobre las condiciones para recibir aportes públicos, estableciéndose como posible sanción para los establecimientos que no cumplan con los estándares de calidad o presenten sistemáticamente malos resultados la cancelación del derecho a recibir estos aportes. El Primer Informe del Consejo entregado el 29 de septiembre de 2006 recogió el trabajo realizado entre los meses de junio y septiembre de ese año. El Informe Final se entregó el día 11 de diciembre de 2006. En esa misma fecha, la Presidenta anunció la creación de un Comité de Ministros para la Educación integrado por los Ministerios de Educación, Interior, Secretaría General de la Presidencia y Hacienda. A este Comité se le encargó la elaboración de un conjunto de proyectos de ley en relación a las recomendaciones realizadas por el Consejo: Reforma del Marco Regulatorio (Nueva LOCE, Superintendencia de Educación), régimen de financiamiento y gestión escolar e institucionalidad, para ser entregadas el 11 de abril de 2007 a la Presidenta. El primero se envió el día 9.

Completa y sus modificaciones posteriores y Subvención Preferencial. Considerando el largo trámite de algunas de esas leyes y las dificultades enfrentadas2 será una labor muy importante del Consejo de Ministros para la Educación lograr generar proyectos de ley que sean efectivamente apoyados por los parlamentarios y que además durante su tramitación no sufran modificaciones que les signifiquen perder sus objetivos. Ese es el desafío que se enfrenta hoy con el primer proyecto enviado. Asimismo, las propuestas en materia de institucionalidad y organización del sistema implican cambios en las funciones de instituciones existentes como el Ministerio de Educación y la creación de instituciones nuevas, el principal desafío es lograr un nuevo diseño institucional que permita efectivamente contar con un sistema de aseguramiento de

La reforma del marco regulatorio implicará la discusión de una nueva Ley Orgánica Constitucional de Educación en el Parlamento -ya enviada-, poniendo en el tapete temas históricos de debate como la relación entre derecho de educación y libertad de enseñanza, los deberes que conlleva el financiamiento público para quienes lo reciben, el ámbito y extensión de la regulación estatal en materia de educación, la autonomía de los establecimientos, entre otros. También temas donde no existió consenso en el Consejo como el trato que debe recibir la educación estatal y gratuita, la existencia o no de establecimientos con fines de lucro y la selección de los alumnos por parte de los establecimientos educacionales. Muchos de estos temas han sido parte de la discusión parlamentaria en los últimos años durante la tramitación leyes como Jornada Escolar

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la calidad. Además, la organización del sistema implica abordar las normas que regulan la profesión docente, específicamente el Estatuto Docente, considerando que este regula la carrera profesional en el sector municipal. Uno de las áreas donde se lograron menores avances corresponde a la Educación Superior, donde la discusión quedó postergada hasta la conformación de un nuevo Consejo. 2 Así por ejemplo el proyecto que modifica la Jornada Escolar ingresó al Parlamento en enero de 2002 siendo publicada la ley en noviembre de 2004. Durante la discusión del proyecto, 35 diputados, todos de la oposición presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad con respecto a normas que regulaban los procesos de selección, la negación de matrícula, los Consejos Escolares y que al menos un 15% de sus alumnos presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.


REFORMA PREVISIONAL

Reforma Previsional: ¿Es Posible Mejorar las Pensiones y Acortar los Plazos? Jorge Leiva Lavalle1

La propuesta más importante de la reforma al sistema previsional chileno, contenida en proyecto de ley que el gobierno ha puesto bajo la consideración del Congreso, es el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS). Significa un gran paso en orden a dar acceso al ejercicio de este derecho constitucional a un gran sector de la comunidad nacional que estaba amenazado de quedar totalmente al margen de los beneficios del sistema vigente o de obtener pensiones insuficientes para llevar una vida digna. El SPS agrega al sistema vigente de la capitalización individual un Pilar Solidario de cargo fiscal que está destinado a asegurar un grado razonable de protección para las personas de edad avanzada (65 años o más) o que sufren invalidez. Estará constituido por la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). El proyecto de ley establece que la PBS será de $75.000 mensuales. El APS, en cambio, estará destinado a complementar las pensiones que el beneficiario logra financiar y será decreciente, hasta desaparecer cuando éstas alcancen los $200.000 mensuales. Durante los tres primeros años de operación, accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos de la población. En años posteriores, dicho porcentaje se expandirá paulatinamente hasta alcanzar el 60% el 1 de julio de 2017.

Estas cifras involucran una decisión política de la más alta importancia. Desde luego, porque regulan el acceso a un derecho constitucional, pero también porque se trata de un régimen de subsidios públicos financiados con ingresos fiscales generales. Es decir, se asignan recursos que podrían destinarse a otras actividades públicas indispensables para el desarrollo económico y social del país. Más aún, los compromisos previsionales son de

muy largo plazo. Al joven que se integra hoy a la fuerza de trabajo se le está prometiendo un subsidio para 40, 50 o 60 años más. Por ello, es importante examinar el significado de estas cifras y legítimo hacerse la pregunta: ¿Puede el país proponerse metas más ambiciosas que permitan ofrecer beneficios solidarios más elevados a sus adultos mayores?

1 Director del Programa Económico de la Fundación Chile 21.

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¿Es posible abreviar los plazos previstos en el proyecto de ley para la entrada en vigencia de estos beneficios? ¿Se pueden elevar los montos de los beneficios? La respuesta a esta pregunta constituye una decisión política mayor referida al uso de los recursos del Estado. Se trata de una decisión de economía política. Desde este punto de vista, se puede precisar el tema de la decisión reformulando la pregunta en los siguientes términos: ¿Cuántos recursos fiscales está dispuesto a comprometer el país para entregar un ingreso básico a las personas que no lograron ahorrar lo suficiente para obtener una pensión digna? El Informe Financiero que acompaña el proyecto de ley no entrega detalles que permitan hacer cálculos precisos. Pero se pueden establecer algunos hechos que permiten establecer órdenes de magnitudes de los compromisos fiscales involucrados. En ese Informe (realizado por la Dirección de Presupuestos, DIPRES), se estiman los costos del SPS y del resto de los compromisos incluidos en el proyecto en $ 44 mil millones para 2008 (menos de US$ 80 millones), $163 mil millones para 2009 (US$300 millones) y $266 mil de millones para 2010 (US$500 millones; menos del 0,3% del PIB). En 2025, cuando estos compromisos estén en régimen


beneficiando al 60% de la población, tales costos serían de US$2.700 millones, equivalentes a menos del 0,9% del PIB de ese año2. Este costo resulta modesto y hace un fuerte contraste con el costo asumido por el Fisco durante 26 años durante el proceso de transición hacia el sistema de capitalización individual. El diagnóstico presentado por la DIPRES al Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional 3 señala que el déficit previsional del sector civil financiado por el Estado entre 1981 y 2006 representó en promedio montos equivalentes al 4,3% del PIB4. La misma fuente muestra que ese déficit ascendió a 4,7 % del PIB en el trienio 1999-2001 para luego comenzar a descender paulatinamente, estimándose que alcanzaría al 3,7% del PIB en 2006 y al 3,2 % del PIB en 2010, sin cambio en las normas vigentes. Esa tendencia es producto de la extinción progresiva de las obligaciones fiscales derivadas del antiguo sistema de pensiones (anterior a 1981). La tarea de acomodar un gasto de 0,9% del PIB previsto en el presupuesto, sin afectar otras actividades públicas indispensables para el desarrollo, no parece difícil. Por ello, no se propone establecer nuevos impuestos para financiar esta reforma. La liberación de recursos producto de la extinción de las obligaciones derivadas del sistema de pensiones antiguo es más que suficiente para financiar los compromisos contenidos en el proyecto de ley5. Más aún, la extinción de obligaciones podría financiar beneficios algo mayores sin necesidad de recurrir nuevos impuestos ni a otras fuentes de financiamiento. En otras palabras, hay holguras que dejará la reducción de obligaciones previsionales del Fisco que

no serán agotadas con las propuestas del proyecto de ley. La decisión política de elevar los beneficios propuestos no implicaría, por tanto, sacrificar el financiamiento de programas actualmente existentes en otras áreas de responsabilidad fiscal. Se refiere, en cambio, a determinar cuánto de las holguras que se van produciendo se destinarán a financiar mejores beneficios de la SPS en lugar de hacerlo en expandir programas en esas otras áreas. Las mejoras que se plantean a continuación en relación a la PBS, el APS y la bonificación por hijo para las mujeres, significarían elevar los compromisos fiscales permanentes del Fisco desde el 0,9% del PIB al 1,1% del PIB. En otras palabras, las mejoras propuestas en los párrafos siguientes aumentarían en 0,2% del PIB el costo de los beneficios propuestos en el proyecto de ley cuando el SPS esté funcionando en régimen y beneficiando al 60% de la población. El monto de la PBS. Debe advertirse, en primer lugar, el efecto de la inflación en las cifras nominales. El Consejo Asesor Presidencial planteó $75.000, como monto de la PBS, en julio de 2006. El proyecto de ley plantea la misma cifra para julio de 2009. Esta última representa, en términos reales, un monto menor que la anterior. Suponiendo una inflación de 3% (meta del banco Central), el monto de la PBS debería ser de casi $ 82.000 6 en julio de 2009, para que tuviera el mismo poder adquisitivo que los $ 75.000 propuestos en el Informe del Consejo. Aparte de este hecho, conviene plantearse las razones para establecer ese monto. Los $75.000 se encuentran en el rango intermedio entre los montos que tenían, a mediados de 2006, la Pensión

Asistencial y la Pensión Mínima Legal7. Ambas serán sustituidas por la PBS. Pero, no se hay razones que permitan afirmar que el punto elegido es el más conveniente de ese rango. Parece más lógico ligar el monto a un porcentaje del ingreso mínimo legal que rigiera para los trabajadores activos al momento de iniciarse el SPS. Este es un monto establecido por ley después de un proceso en el que manifiestan sus opiniones representantes de trabajadores y empresarios e intervienen el gobierno y el Congreso. Chile 21 ha planteado que se considere un porcentaje cercano al 80% del ingreso mínimo. Basado en ese criterio, se propone que el monto de la Pensión Básica Solidaria sea de $ 95.000 mensuales, en julio de 20088. La pensión máxima con aporte solidario. El aumento del monto de la PBS requeriría revisar también el monto de la PMAS, fijado por el proyecto de ley en $ 200.000 mensuales en julio de 2012. Para que operen en mejor forma los incentivos a la cotización de trabajadores con bajos ingresos del mecanismo de subsidios decrecientes, debe mantenerse al menos la proporción entre PBS y PMAS establecida por el Consejo Asesor Presidencial (PMAS igual a 2,67 veces la PBS). La bonificación por hijo para las mujeres. El Consejo Asesor Presidencial calculó que una mujer que tuviera un hijo a los 25 años recibiría aproximadamente $4.000 mensuales como subsidio. Sin embargo, si tuviera el hijo a los 35 años, recibiría solamente $ 2.700 mensuales. Si lo tuviera a una edad más avanzada el subsidio resultaría aun menor. Este beneficio mejoraría estableciendo

2 Las cifras del Informe Financiero están en pesos de 2007. La conversión a dólares se realizó a una tasa de cambio de $ 540 por dólar. Las cifras del

PIB se estimaron suponiendo un crecimiento de 5 % para 2007 y sólo 4% real anual desde 2008 hasta 2025.

3 Conocido también como la Comisión Marcel. 4 Alberto Arenas, "Informe de Diagnóstico para el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional" (DIPRES, marzo 2006). 5 Esto es particularmente cierto si el crecimiento de la economía se mantiene a un ritmo igual o superior al 4 % promedio anual (tasa de crecimiento

promedio del PIB durante los últimos 10 años). Pero, aún si la economía no creciera o lo hiciera a una tasa baja existen otras fuentes de financiamiento que están definidas en el Mensaje del proyecto de ley: Fondo de Reserva de Pensiones, intereses de generados por los activos financieros fiscales generados por los altos precios del cobre y eficiencia del gasto. 6 La cifra exacta es $ 81.954,5. 7 Las pensiones asistenciales van de $ 44.186 mensuales para los menores de 70 años hasta $ 51.500 para los mayores de 75 años. Las pensiones mínimas legales alcanzan a $ 87.854 y $ 102.492 mensuales para los mismo rangos de edad. 8 Si el ingreso mínimo bruto fuera de $ 140 mil en esa fecha, $95.000 representaría el 78 % del de ese ingreso deducida la cotización a las AFP.

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un monto fijo por hijo, equivalente al 10% de la PBS, y agregándolo a la pensión de la madre cuando ésta estuviera asociada al SPS. Establecer un monto fijo se evitarían diferencias difíciles de explicar entre los subsidios causados por hijos nacidos a distintas edades de las madres. El aporte más generoso a la maternidad compensaría en mejor medida el sacrificio que hacen las madres al retirarse temporal o parcialmente del mercado laboral para engendrar o cuidar niños pequeños, en un contexto de tasas de fecundidad cada vez menores. Por otra parte, no es conveniente asociar el subsidio a la maternidad con la capitalización individual. Las AFP cobrarían por administrar fondos fiscales. El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde transparencia y eficiencia.

cuántos recursos está el país dispuesto a distraer de otros posibles programas fiscales para financiar los beneficios que se acuerden dentro del SPS. Pero, ahora se trata de analizar con mayor precisión el impacto en el gasto fiscal del otorgamiento de los beneficios del SPS durante sus primeros años de operación. La pregunta podría plantearse en términos de la disminución del esfuerzo fiscal previsional9 producto de la extinción de las obligaciones fiscales derivadas del antiguo sistema de pensiones que se ha analizado más arriba. ¿Cuál es el esfuerzo

¿Se pueden acortar los plazos? El texto del proyecto prevé un calendario para el otorgamiento progresivo de estos beneficios: Durante los primeros tres años (julio 2008 a junio 2011), el SPS sólo beneficiaría a las personas cuyo grupo familiar perteneciera al 40% de menores ingresos de la población y este porcentaje se ampliaría al 45% durante los dos años siguientes, al 50% en el bienio siguiente y se elevaría al 60% sólo a partir del 1 de julio de 2017. Los montos de la PBS y el APS también subirían en etapas hasta alcanzar el valor definitivo, de acuerdo a este proyecto. La PBS inicial alcanzaría a $60.000 y sólo un año después, se elevaría a los $75.000. El monto de la pensión máxima con aporte solidario (PMAS) sería igual al de la PBS durante dos años (julio 2008 a junio 2010), subiría a $100.000 y a $150.000 en los dos años siguientes para situarse en los $ 200.000 sólo a partir de junio de 2012. Estamos aquí frente a una segunda decisión política de la mayor importancia. ¿Con qué rapidez asumirá el Estado los compromisos que adquiere con la reforma previsional? Se trata también aquí de

2008, beneficiando sólo a las personas cuyo grupo familiar perteneciera al 40% de menores ingresos de la población. Las dificultades de tipo administrativo que representa la instalación de una nueva institucionalidad y la misma focalización de los beneficios justifican esta disposición. Estas dificultades administrativas radican en que el INP deberá transformarse en el Instituto de Previsión Social (IPS). Este será su sucesor y continuador, pero que tendrá nuevas funciones como administrar los Centros de de Atención Previsional Integral y el Sistema de Información de Datos previsionales. Las responsabilidades del nuevo Instituto como administrador del SPS se pueden ilustrar considerando que la población de 65 años y más sobrepasará el 1,4 millones de personas en 2008, primer año de vigencia de la reforma. Esto significa que unas 574 mil personas (el 40% del total) tendrán inicialmente derecho a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias10. Para atender este requerimiento, el IPS contará con la experiencia del INP que en 2005 pagó 882 mil pensiones, de las cuales 138 mil fueron de invalidez y 695 mil beneficiaron a personas con 65 o más años de edad11. El esfuerzo fiscal previsional

fiscal que está el legislador dispuesto a asumir para un despliegue más rápido del SPS? ¿Hay otros programas más importantes que deban tener precedencia en el tiempo? Restricciones administrativas Antes de atender a los recursos disponibles, sin embargo, debe prestarse atención a las restricciones de tipo administrativo.Ya ha habido malas experiencias por el inicio de reformas a programas públicos sin haber considerado los problemas de este tipo. Suponiendo que la aprobación de la ley se producirá hacia fines de 2007, el propio proyecto prevé que las normas sobre el SPS entren en vigencia el 1 de julio de

Cuando el SPS esté funcionando en régimen y beneficiando al 60% de la población significará un gasto fiscal equivalente al 1,1% del PIB, incluyendo las mejoras propuestas en este texto. Sin embargo, el Fisco debe seguir atendiendo gastos previsionales de la población civil que en 2006 alcanzaron un monto equivalente al 3,7% del PIB. Se sabe, además, que ese nivel de esfuerzo fiscal descenderá progresivamente en los próximos años por extinción de las obligaciones del antiguo sistema. La gradualidad que establece el proyecto de ley en el otorgamiento de los beneficios del SPS parece estar destinada a evitar que dicho esfuerzo aumente. El Fisco ha estado financiando gastos

9 Se denomina "esfuerzo fiscal previsional" en este texto al gasto previsonal del Fisco destinado a la población civil como porcentaje del PIB.

10 Proyecciones de INE- CELADE. El número de personas con 65 años y más, en 2009, se acercará a 1,5 millones. El 60% de ellos serán 893 mil personas. 11 INP, "Anuario Estadístico 2005".

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previsionales correspondientes a pensiones mínimas y asistenciales, al déficit operacional de las antiguas Cajas de Previsión integradas en el INP y los bonos de reconocimiento. Las pensiones asistenciales serán sustituidas por la PBS. Las pensiones mínimas legales se mantendrán vigentes hasta que la pensión máxima con aporte previsional solidario sobrepase su valor, pero el gasto fiscal por este concepto no subirá significativamente en relación al PIB. Los gastos por bonos de reconocimiento, en cambio, se mantendrán en torno a 1,2% del PIB, entre 2006 y 2009. Sólo en 2010 descenderán a 1,1% del PIB comenzando una tendencia a la baja que se mantendrá hasta su extinción. El déficit operacional es el rubro descenderá más rápidamente: del 2,0% del PIB a 1,5 % del PIB entre 2006 y 2010. De esta manera, se puede estimar que la reducción del esfuerzo fiscal a un 0,6% del PIB. Por su parte, con los plazos y la gradualidad dispuestas el proyecto de ley, el Informe Financiero del proyecto de ley estima que los costos serán de 0,05 %, 0,2 y 0,3 % del PIB en los años 2008, 2009 y 2010. Es decir, se podría acelerar el otorgamiento de los beneficios del SPS destinando recursos a ese objeto hasta por un 0,3% del PIB en 2010, sin sobrepasar el esfuerzo fiscal de 2006. Financiero tampoco permiten, en este caso, hacer cálculos precisos. Pero, expandiendo sus cifras con coeficientes apropiados para el aumento de los valores de las variables de cobertura y monto de la PBS, se puede llegar a resultados aproximados. Estos indican que, dentro de ese margen de 3 centésimos del PIB, es posible

financiar: 1. El monto total de la PBS que se establezca en la ley desde julio de 2008 (se examinaron las alternativas de $79.60012 y de $95.000), sin necesidad de comenzar con $ 60.000 como propone el proyecto13. 2. El acceso a la PBS a las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 60% de menores ingresos en julio de 2009, incluyendo las mejoras propuestas en este texto a la PBS y sin postergar la extensión de este beneficios al tercer quintil de la distribución de ingresos a las fechas que propone el proyecto de ley. Más allá de 2010, se puede prever una reducción progresiva del esfuerzo fiscal. Por una parte, se registrarán tendencias ya anotadas a la disminución del gasto por bonos de reconocimiento y por déficit operacional de las antiguas Cajas de Previsión. Por otra, el reajuste de pensiones por inflación implicará que su costo crezca básicamente en relación al número de beneficiarios el cual lo hará

a un ritmo inferior al crecimiento económico. Las proyecciones demográficas muestran 14 , para la población de 65 años y más, una tasa de crecimiento cercana al 3,6% anual (con tendencia levemente descendente) mientras que la del PIB fue de 4% promedio anual durante los últimos diez años (y 5,6% desde 1990). Cobertura de los beneficios La focalización de los beneficios del SPS en el 60% de la población es una restricción que conviene revisar. Esta restricción parece arbitraria si se considera el tipo de distribución del ingreso existente en nuestro país. Restringir el ejercicio del derecho constitucional a la seguridad social del cuarto quintil de la población no parece justificado si no es por razones de prudencia fiscal al implementar la reforma. Pero, creemos que la ley debiera contemplar la extensión del acceso de los beneficios del SPS al 80% de la población en un plazo de unos cuatro años, a menos que la situación fiscal impida financiarla en ese momento. Tal ampliación de la cobertura a los cuatro primeros quintiles de ingreso de la población de los beneficios de la SPS (incluidas las mejoras aquí propuestas) elevaría su costo fiscal a aproximadamente 1,4 % del PIB, en 2025. En relación a la cobertura del 60%, el costo adicional sería de 0,3% del PIB. Parece un compromiso fiscal razonable para acercarse a la universalidad del derecho a la seguridad social, tal como está sancionado en nuestra Constitución Política.

12 Equivalentes a 75.000 pesos de 2006 (fecha de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial). 13 El Informe Financiero del proyecto de ley muestra que el costo del SPS sería de unos 85 mil millones de pesos (unos US$ 157 millones) durante el primer año de vigencia, equivalentes a menos del 0.1% del PIB de 2008. Establecer la PBS, desde el principio, en $79.600 pesos significaría aumentar ese costo en 21 mil millones de pesos (US$39 millones). Si la PBS fuera de 95 mil pesos el costo adicional sería de 40 mil millones (US$ 74 millones). Los costos están expresados en pesos de 2007, como lo hace el Informe Financiero. La conversión a dólares se hizo al tipo de cambio de $ 540 por dólar. 14 Realizadas por el INE y el CELADE. La tasa de crecimiento de la población de 65 años y más (3,6%) contrasta con la del total de la población que sólo alcanza al 1% con tendencia decreciente. Este contrate es el que dimensiona la tendencia al envejecimiento de la población.

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TA L L E R D E E M P L E O

¿Por qué mirar hacia Europa? Loreto Maza Taller de Empleo Fundación Chile 21

Desde el año 2006 ha causado polémica o discusión en nuestro país la idea de mirar los casos europeos exitosos para enfrentar el tema del desempleo, especialmente cuando se señaló que se pensaba seguir el "modelo danés". innumerables visitas de expertos europeos en estas materias a nuestro país, se puede destacar que recientemente estuvo en Chile la ex-ministra de Finanzas de Suecia, la socialdemócrata Magdalena Anderson, quien comentó acerca de la experiencia de su país en materia de empleo. Ella dijo que el empleo ha estado creciendo en un continuo de doce años y que desde 1991 rara vez alcanzó sobre el 3%, alcanzando ahora cifras alrededor del 5%. Respecto a la función del Estado, la ex ministra señaló que "un Estado moderno de Bienestar debe responder a la globalización, habrán muchos cambios, habrá nuevas empresas y paralelamente otra cerrarán sus puertas, necesitaremos un mercado laboral flexible, no creo que podamos proteger los trabajos en un mundo globalizado, pero sí podemos proteger a los trabajadores, y aquí el Estado de Bienestar tiene un potencial. No sólo con un seguro de desempleo generoso, que es algo que no se puede mantener por un largo período más allá de una transición, sino que combinado

Agenda Social de la Unión Europea para los años 2007-2010, agenda que se constituye en la segunda parte de un proceso iniciado con la Agenda de Lisboa. La Agenda Social: "Una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos"

con una buena educación y buenas oportunidades". Desde esta perspectiva es oportuno preguntarse ¿por qué en el último tiempo ha concitado tanta atención el modelo europeo? Es claro el efecto de las reformas en los países miembros de la Unión Europea, y se ha empezado a sentir en el crecimiento y en el empleo. La economía europea esta creciendo a un ritmo más rápido que en muchos años. Se crearán siete millones de nuevos empleos allí, en un período de tres años, hasta el 2008. En este sentido podemos revisar algunos elementos que pueden ser un aporte a la discusión y al debate sobre las políticas de empleo. Uno de ello es la Nueva 2007 17 FORO A B R I L

La visión que une a los países miembros en está área es la de obrar en pro "del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente". La Comisión Europea está plenamente comprometida con la modernización y el desarrollo del modelo social europeo y con la promoción de la cohesión social, como parte integrante de las estrategias de Lisboa y de desarrollo sostenible. La presente Agenda señala las prioridades que deberían guiar la acción de la Unión Europea en este ámbito. La revisión de la Agenda Social completa y consolida la revisión intermedia de la


estrategia de Lisboa, que se centró en el crecimiento y el empleo. La Agenda tiene un papel fundamental en la promoción de la dimensión social del crecimiento económico. En el período 2000-2004 se han logrado avances significativos. Ahora se trata de mejorar la aplicación de las medidas previstas en la Agenda Social, tomando como base principios acreditados. Estos principios permitirán: - perseguir un enfoque europeo integrado que garantice una interacción positiva de las políticas económica, social y de empleo; - promover la calidad -del empleo, de la política social y de las relaciones laborales-, mejorando, como contrapartida, el capital humano y social; - adaptar los sistemas de protección social a las modernas ex p e c t a t iva s d e n u e s t r a s sociedades, sobre la base de la solidaridad y reforzando su carácter de factor productivo; - tener en cuenta el “coste de la falta de una política social”. El valor añadido de la Agenda Social es indiscutible. La Agenda ayuda a facilitar la modernización de los sistemas nacionales en un contexto de profundos cambios económicos y sociales. Asimismo, apoya el funcionamiento equilibrado del mercado único, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y de los valores comunes. La Agenda desarrolla una estrategia doble. En primer lugar, subraya su cometido de reforzar la confianza de los ciudadanos. Esta confianza es esencial para gestionar el proceso de mutación y tiene un papel clave por su impacto en el crecimiento económico. La Agenda describe la combinación de los instrumentos comunitarios para mejorar la calidad de su aplicación y presenta, en ese contexto, tres condiciones para el éxito: el enfoque intergeneracional, la asociación para el cambio y la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización.

En segundo lugar, presenta acciones clave en torno a dos ejes principales, derivados de los objetivos estratégicos de la Comisión para 2005-2009: 1) el empleo (objetivo de prosperidad) y, de forma complementaria, 2) la igualdad de oportunidades y la inclusión (objetivo de solidaridad). La Agenda conjuga la consolidación de un marco común europeo con la puesta en práctica de medidas diversificadas para responder a necesidades específicas. De este modo, suscribe el lema de una Europa "unida en la diversidad" que proclamó el proyecto de Tratado Constitucional.

progresos en materia de participación de todos los protagonistas en la aplicación de las políticas europeas. Con este fin, la Comisión va a proponer: -La organización anual de una reunión de todos los actores en un foro para evaluar la aplicación de la Agenda. -La integración del modelo social europeo en los diálogos y las actuaciones exteriores a nivel bilateral, regional y multilateral. La promoción de un trabajo digno como objetivo mundial a todos los niveles. Los dos ejes prioritarios Los dos ejes prioritarios de lo que debiese ser la preocupación por el empleo son: Lograr el pleno empleo y establecer un enfoque estratégico para la previsión y gestión del cambio.

Tres condiciones para el éxito La Agenda sólo puede tener éxito involucrando a todos los componentes de la población europea: el cambio debe b a s a r s e e n u n n u evo e n f o q u e intergeneracional. Del mismo modo, los objetivos de empleo, solidaridad e inclusión social no pueden disociarse de la economía globalizada, en la que están en juego la competitividad y el poder de atracción de Europa. Esta doble apertura requiere una participación fuerte y activa de todos los protagonistas. Un enfoque intergeneracional: oportunidades para los jóvenes También es preciso hacer balance de los 2007 18 FORO A B R I L

- Hacia el pleno empleo: hacer que el empleo sea una auténtica opción para todos, reforzar la calidad y la productividad del trabajo, prever y gestionar el cambio. - Lograr el pleno empleo. Un ciclo renovado de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) en 2005, en el marco de la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa. Un Fondo Social Europeo (FSE) al servicio de la convergencia, el empleo y la competitividad. Previsión y gestión del cambio: enfoque estratégico Para alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo de Lisboa, Europa necesita más trabajadores en activo y que trabajen de forma más productiva. Esto permitirá sostener el crecimiento económico a largo plazo, luchar contra el desempleo y las disparidades regionales y promover la cohesión social. Por tanto, Europa debe abordar al mismo tiempo la cantidad y la calidad de los empleos, y la productividad del trabajo. También debe reflexionar sobre el modo de abordar la


cuestión de la migración económica. Como parte de la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa, la Comisión ha propuesto un ciclo renovado, que incluirá nuevas directrices y establecerá un nexo con la racionalización de los ciclos de coordinación de la política económica a escala europea. Las cuatro prioridades propuestas por el Grupo Kok sobre el empleo en 2003 (informe “Empleo, empleo, empleo”) constituirán el núcleo de ese ciclo, para: - aumentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas; - atraer y mantener a más personas en el mercado de trabajo; - invertir más y con más eficacia en el capital humano; - garantizar la aplicación efectiva de las reformas merced a una mejor gobernabilidad. Para mejorar la gobernabilidad de la EEE, la Comisión tenía previsto presentar en 2006 una acción de sensibilización de los actores del FSE. En 2006/2007, pondrá en marcha una campaña de comunicación entre los parlamentos y los protagonistas a todos los niveles. Integración económica En el contexto de una integración económica creciente y una competición global más intensa, la UE debe poder prever, promover y gestionar mejor los cambios económicos. Estos son cada vez más rápidos; las reestructuraciones, las deslocalizaciones, la externalización e incluso la desindustrialización van tomando importancia. La experiencia demuestra que un enfoque activo es al mismo tiempo necesario y posible. Por ello, la Comisión se propone desarrollar una estrategia en torno a cuatro temas: - una mayor interacción de las políticas europeas encaminadas a fomentar y

acompañar las reestructuraciones; la Comisión prevé crear un foro de alto nivel de todos los actores y partes interesadas para avanzar por esta vía; - una implicación mayor de los interlocutores sociales, sobre todo mediante la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales en torno al tema de las reestructuraciones y la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos (94/45/CE); - una mayor sinergia entre las políticas y los instrumentos financieros de que disponen, en particular, el FSE; - un vínculo más estrecho entre la EEE y la evolución de los marcos

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reglamentarios y convenios entre los interlocutores sociales; así será posible reforzar la capacidad de adaptación de la mano de obra y apoyar las políticas de aprendizaje permanente y de modernización de la organización del trabajo. En una economía dinámica surgen nuevas formas de trabajo, como el trabajo económicamente dependiente y el trabajo de duración determinada. Teniendo en cuenta la integración económica, el nivel europeo aportará un valor añadido importante a lo ya ha emprendido a nivel nacional. Por ello, la Comisión se propone adoptar un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del Trabajo. En este Libro Verde, la Comisión analizará las actuales tendencias en materia de nuevos modelos de trabajo y el papel ante esta evolución del Derecho del Trabajo para aportar un entorno más seguro y capaz de promover transiciones eficaces en el mercado de trabajo. El debate que este Libro Verde abrirá, podrá llevar a proponer un abanico de medidas de modernización y simplificación de las normas actuales. Respetando la autonomía de los interlocutores sociales, la Comisión seguirá promoviendo el diálogo social europeo interprofesional y sectorial, en particular, con el refuerzo de su apoyo logístico y técnico y mediante consultas en virtud del artículo 138 del Tratado CE. La Comisión proseguirá fomentando la responsabilidad social de las empresas. Para potenciar la eficacia y la credibilidad de estas prácticas, la Comisión, en cooperación con los estados miembros y los protagonistas, presentará iniciativas a fin de mejorar más aún el desarrollo y la transparencia de la responsabilidad social de las empresas.


D E B AT E P R O G R E S I S TA

"Justicia Social y Globalización: Teorías, Conceptos y Experiencias para una Política de Izquierda" Expositor: Wolfgang Merkel Bajo este nombre el profesor Merckel dictó una conferencia en la Fundación Chile 21 el pasado 19 de marzo. Merckel es politólogo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Humboldt y director del departamento "Democracia: estructuras, efectos y desafíos" del Centro de Ciencias de Investigaciones Sociales (WZB) de Berlín. La maciza exposición y lo novedoso del punto de vista respecto de los tipos de justicia social y los tipos de Estado de Bienestar que derivan de ella convirtieron la conferencia en un enriquecedor lugar de discusión y conocimiento para quienes asistieron. Especialmente interesante por la agenda política actual de Chile en que los temas de la protección social, equidad y disminución de las brechas de desigualdad son centrales. Me alegro mucho de estar aquí para compartir algunas de mis ideas y pensamientos sobre lo que podría significar la justicia social en el siglo XXI. Si les preguntara qué piensan sobre la justicia social estoy seguro de que tienen una cierta intuición. Ustedes saben que pueden diferenciar en la vida cotidiana lo que es justo y lo que no es justo. Pero si les pregunto sistemáticamente por qué piensan que esto es justo o esto es injusto o cómo manejamos las desigualdades, si son todas las desigualdades injustas, y si son justas bajo qué condiciones, tendríamos probablemente distintos puntos de vista. Y ese será mi punto de inicio. Voy a hacer cuatro preguntas que voy a responder a lo largo de mi exposición. La primera es una cuestión normativa: qué tipo de ideas tenemos en las que podemos confiar cuando hablamos de justicia social. La segunda pregunta es la que se orienta a la acción política. Si tenemos una idea

de la justicia social, ¿tenemos ciertas preferencias en nuestros objetivos para hacer política? Eso es algo que ya está orientado hacia la acción política. Y luego presentaré una tercera pregunta: una comparación entre diferentes estados de bienestar y modelos en el mundo de la OCDE, en Europa, Estados Unidos, y después les voy a mostrar algunos resultados bastante sorpresivos que encontré al

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comparar los países latinoamericanos y les presentaré un ranking sobre justicia que se implementa en diferentes sociedades, en Centroamérica y Sudamérica. Y finalmente les preguntaré qué tipo de lógica debería seguir una reforma. Si una reforma del sistema de bienestar de la economía puede ser llamado justo, cuando la reforma es políticamente exitosa. Esos son los cuatro puntos de mi presentación. No se asusten. No quiero hablar de ideas académicas, solamente quiero dar una idea de cómo estos diferentes pensamientos juegan un rol en la justicia social. Se puede diferenciar entre teorías en favor de la redistribución y aquellas que están en contra, y las que parten del individuo o de la comunidad. También aquí tenemos puntos de vista bastante diferentes y si intentamos retratar la justicia social en estas dos dimensiones, vamos a tener cuatro tipos diferentes. El primero tiene que ver con el trabajo teórico de


economistas bien conocidos como Friedmann y Von Hayek, que yo llamaría una justicia lineal y a la derecha. En el cuadrante está lo que yo llamo la justicia comunitaria, esta tiene mucho que ver en los últimos 20 años con el trabajo de filósofos comunitarios. Y luego lo que llamo la justicia social liberal y que tiene que ver con los pensadores sobre teorías de la justicia social, probablemente los filósofos políticos de mayor influencia en los últimos 50 ó 60 años: John Rawls y un economista, Amartya Sen. No hablaré del cuadrante conocido y tradicional que se refiere a escritos que ya no son muy relevantes y que vienen del pensamiento marxista tradicional. Modelos de justicia Qué significa justicia liberal: cuando piensan en la justicia social la prioridad absoluta está en el individuo. Todo el pensamiento sobre justicia debe comenzar con el individuo y hay pocas excepciones que se pueden hacer. El concepto liberal de la justicia está a favor de un cierto tipo de redistribución más allá del mercado, pero sólo en muy raras circunstancias y estas deben ser muy bien justificadas. Ellos argumentan que el mercado es un sistema superior y ningún pensamiento racional puede superar la moral de evolución del mercado que surgió hace dos o tres siglos y cualquier intervención a través de un pensamiento político racional va a conducir a consecuencias injustas y esto es un concepto de una justicia que se basa en un principio meritocrático que significa que uno recibe lo que merece y lo que se merece está determinado por el mercado. De modo que los resultados finales son que uno tiene una clara igualdad legal, no hay ninguna excepción que se permita para eso, hay una máxima libertad contractual para los negocios y en el mercado y sólo hay un mínimo nivel marginal de seguridad social. Si llegamos a los países latinoamericanos, cuando se los muestre, muchos siguen esta idea de un gasto social muy marginal. Y hablaremos de Chile también en este caso. La institucionalización de este concepto liberal de justicia es un estado de bienestar marginal y que podemos encontrar en el

mundo anglosajón, en Estados Unidos y también en Australia y Nueva Zelandia. La justicia comunitaria: fue descubierta por la Socialdemocracia europea, tiene una prioridad diferente. Parte más bien de la comunidad. Piensa la justicia social no tanto a partir del individuo, sino que tiene un objetivo fuerte y prioritario de que la comunidad debiera ser cohesionada. La cohesión de la comunidad es un objetivo de todas las políticas y para eso es muy importante que estas comunidades produzcan capital social. Por capital social quiero decir confianza mutua. La confianza entre los ciudadanos, no tanto entre los ciudadanos y el Estado, sino entre los ciudadanos. Cuando miramos las sociedades latinoamericanas en comparación con otros países son sociedades de baja confianza y esto tiene mucho que ver con el hecho de que son sociedades con un gran nivel de desigualdad, cuando hacemos una comparación global. Desde el punto de vista latinoamericano se podría estar más a favor de esta idea de justicia comunitaria, pero más adelante voy a argumentar que deberían partir del individuo. Ellos argumentan para más sociedad civil, pero menos Estado. El Estado no debería jugar un rol tan prominente, como la mayoría de los países europeos, están a

favor de la redistribución, pero solamente al interior de la comunidad. Y cuando digo comunidad no digo el Estado-Nación. Ellos tienen un concepto de exclusión. Solamente las comunidades deciden cómo distribuyen y pueden ser sistemas muy diferentes de redistribución, según la decisión de una especie de democracia de base. La otra justicia social liberal: Aquí

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nuevamente parten del individuo, y pienso que para el siglo XXI debemos partir del individuo. El individuo tiene que poder hacer opciones, pensar lo que quiere, tener un proyecto de vida y de qué manera puede realzar estas oportunidades. Esto es a favor de la redistribución. Rawls argumenta contra la lotería de la naturaleza. Lo que la naturaleza le dio, si es inteligente, más o menos atractivo, si nació en una familia rica y pudiente o en una familia pobre, él dice que esto no puede decidir sobre las oportunidades en la vida. Y si lo pensamos bien, esto nos conduce a una redistribución bastante fuerte. Si pensamos cómo opera esta lotería de la naturaleza, no hay un estado de bienestar que llegue muy cerca de estas ideas. En este marco tenemos el primer principio de justicia que es que necesitamos una distribución igualitaria de los derechos políticos. No debe haber desigualdad, no se justifica. Esto es algo que tiene que ver con el derecho de voto. Un ejemplo que es bastante interesante es Tailandia. Allí sólo tienen derecho a ser elegidos al parlamento los que tienen un grado de bachelor y eso en Tailandia significa como el 5% de la población; es lo que yo llamaría una desigualdad que no se justifica. El segundo principio es el de distribución de Rawls y él argumenta que las desigualdades se justifican y que todavía es una sociedad justa cuando existen desigualdades siempre y cuando éstas existan con un grado menor de privilegios en la sociedad y sean beneficiosas. Esto podría ser un parámetro. Uno puede medir si su política es justa o no en el principio de la diferencia, es decir que la desigualdad puede ser justificada bajo ciertas circunstancias. Hay que decir que no hay nada como una teoría socialista o socialdemócrata de justicia que sea realmente discutida entre los filósofos que tienen que ver con esto. Es extraño porque los Socialdemócratas y los socialistas tienen estas características particulares de estar interesados en la justicia social, pero nunca han desarrollado una teoría de este tipo como Rawls y otros. Entonces yo miré a quién puedo encontrar. Al final creo que hay intento con Amartya Sen que podría ser un núcleo de una justicia socialdemócrata. Él no lo llamaría así,


aunque él se considera progresista. Aquí el punto de referencia es el individuo y él diferencia entre dos tipos de libertades. Una es la libertad sustancial y se refiere a la libertad de ser libre de pobreza. Eso es un imperativo y la salud debería ser algo para todos, es lo que se necesita, es la base de la vida. Una segunda es la llamada por él libertades instrumentales, pero que ayudan al individuo a ver qué quiere llegar a ser en su vida y que obtenga la capacidad, los medios para poder transformar su proyecto de vida en realidad. Es la capacidad del empoderamiento de las personas. El individuo debe ser empoderado y el Estado debe establecer las políticas para que eso sea posible. Esto tiene como consecuencia que se tiene un Estado fuerte, en este caso bastante tradicional. Los estados fuertes son necesarios, significan inversión social y educación, inclusión social que es lo que importa, concebida como una inclusión e integración en el mercado laboral. La acción política que deriva de esto En esta segunda parte voy a hablar de las preferencias para la acción política, que pueden ser derivadas de estas teorías sobre la justicia social y les voy a presentar la síntesis del concepto social liberal y del concepto socialdemócrata de justicia y voy a usar tres fuentes para eso. Primero lo que Rawls llamó el principio de la diferencia. Segundo lo que Amartya Sen quiere decir con la capacidad del individuo, y tercero lo que un sociólogo británico llama oportunidades en la vida. Eso por cierto se trata de justicia social. Cuando uno tiene esto puede establecer una lista de preferencias en orden de importancia. Si uno elabora una política tiene que tener en cuenta que vivimos en un mundo de recursos escasos y tiene que establecer preferencias. No se puede decir -porque no es muy popular en las elecciones-, pero en algunos casos estas preferencias se explicitan. La primera es la prevención de la

que deberían ser incluidos en el análisis. Reforma del Estado de Bienestar

pobreza. La pobreza daña las oportunidades de una manera irrecuperable en la mayoría de los casos. Sabemos que incluso en estados de bienestar bien desarrollados como Alemania, si usted nace como niño pobre tiene todavía un 80% de oportunidades de seguir siendo pobre en su vida. Y si usted nació en una familia de clase media o alta, tiene una alta posibilidad de llevar una vida bien asegurada. Por eso la prevención de la pobreza es la primera porque esta daña la vida y la dignidad del individuo, la autonomía y sus oportunidades. La segunda preferencia es la educación y el empoderamiento. Pienso que el Estado de bienestar alemán o continental no debe pensar tanto en incluir a las personas en el Estado liberal, sino en ser más generoso en compensar al individuo. Ellos tratan de mantener las personas mayores fuera del mercado laboral. Y esto creo que es más bien una estrategia desastrosa y lo ha sido en los últimos 15 años. Francia, Bélgica y Alemania son los casos clásicos de esta política errónea. Luego hay que tener un cierto nivel de seguridad social y si usted cumple en gran medida estas primeras cuatro preferencias entonces la igualdad de ingresos no es tan importante. Si preguntamos lo que queremos decir con justicia social, la mayoría diría igualdad de ingresos, pero las condiciones están claras. Hay que cumplir las primeras preferencias en primer lugar. En un caso empírico uno llegaría a otras dimensiones de justicia: justicia entre las generaciones, es decir entre los jóvenes y los mayores. Y justicia entre los géneros,

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Voy a hablar de dos modelos. Lo que encontramos en Europa continental que llamo modelo conservador. Y luego un segundo modelo que yo llamo modelo socialdemócrata y que encontramos en los países escandinavos. El modelo conservador lo considero pasado de moda. Creo que tenemos un modelo de los países escandinavos que es más actual. Ellos tienen un alto nivel de seguridad social. El nivel más alto de inclusión de mano de obra femenina en el mercado laboral. Si comparamos Suecia y Alemania, en Suecia tienen 25% más mujeres en el mercado laboral que en Alemania, lo cual es bastante importante para los impuestos y financiamiento. Hay un nivel de ingreso del Estado mucho mayor. Y las mujeres tienen una mejor educación que los hombres hoy en día, pero no están tan representadas en el mercado laboral y sobre todo en el nivel de ingresos. Tienen por cierto un alto nivel de compatibilidad entre familia y carrera profesional, lo que es bastante importante. El Estado debe establecer y garantizar los servicios para que las mujeres puedan ser integradas al mercado laboral. Uno de los puntos que quiero reiterar aquí es que el modelo socialdemócrata no defiende tanto la seguridad del empleo, como es el pensamiento tradicional de los sindicatos de los países europeos. En los países escandinavos tratan más de proteger a la gente, no tanto los empleos, tratan de proteger y empoderar a la gente. De darles oportunidad de desarrollar capacidades y destrezas que se necesitan para tener una buena carrera profesional. Esto es el llamado bienestar para el trabajo. Las políticas sociales deberían concentrarse o focalizarse en llevar a la gente al mercado laboral Y esto significa que hay diferentes estructuras del estado de bienestar. El Estado de Bienestar no debería ser pagado a través del seguro social, sino mucho más a través de impuestos generales. Debería tener más servicios sociales en educación, en cuidado de la tercera edad y no tantos beneficios de transferencias monetarias directas. Eso es


una decisión que hay que tomar y se puede tomar paso a paso. Pienso que el Estado de bienestar tradicional tenía sus orígenes en Latinoamérica en 1930, en Argentina y de alguna manera en Chile y ustedes tienen esas herencias que domina el sistema de bienestar: eso no es un modelo sustentable para el siglo XXI. Asimismo, claramente se necesita no sólo alta inversión en la educación sino que eso no debería comenzar en la escuela primaria. Debería comenzar antes, debe comenzar sobre todo para las clases bajas o para los inmigrantes entre los 2 y 6 años. Y debe haber un sistema pre-escolar muy bueno: ese es uno de los ejemplos de los países escandinavos. Sabemos por la sicología que los niños aprenden a aprender mejor entre los 2 y 6 años. Para un proyecto progresista uno de los focos debería estar aquí, para proveer más oportunidades para los sectores más bajos.

en la economía. Mi argumento es que depende del tipo de Estado de bienestar. Para Latinoamérica el ranking tiene siete dimensiones: integré la justicia general entre las generaciones y la de género. Hay dos buenos casos. Costa Rica con el cual no estamos tan sorprendidos, pero ¿qué pasa con Brasil? Recalculé eso de nuevo y al final Brasil, que es uno de los países que vemos como uno de los de mayor desigualdad, según esos indicadores tiene una performance bastante buena para el contexto latinoamericano, tiene mucho que

El ranking Para hacer un ranking establecí cinco dimensiones: la tasa de pobreza, la educación, la inclusión en el mercado laboral, el gasto público, igualdad de ingresos y un índice general que es nuestro y que es un cálculo estadístico para un índice agregado. Entre el 1995 y 2005, aparecen Dinamarca, Suecia, Países Bajos. Francia, Alemania y Reino Unido. A pesar de siete u ocho años de gobierno de Tony Blair, él ha cambiado algunas cosas, pero no cambió tanto como para que se pudiera comparar con el resto de los países europeos. Los países europeos del sur y Estados Unidos están claramente por debajo de eso. Tenemos claros resultados de estos tipos de Estado de bienestar traducidos a justicia social. Esto no es justicia social, esto es cómo en los seis países que ha resultado bien la política económica, crecimiento económico, política fiscal, empleo y política social. Ahí se puede ver que aquellos países que están en los top de la lista de justicia social han tenido una mejor performance, esto puede ser un ejemplo empírico que se puede utilizar contra el mito neoliberal de que el Estado de bienestar carga demasiado

petróleo. Sistema tributario Voy a llegar ahora a los estados tributarios, y esto es uno de lo problemas que tenemos o que vemos en Latinoamérica, la incapacidad de extraer suficientes impuestos de la sociedad y todavía pienso que hay más espacio para mejorarlo. Si miramos estos casos catastróficos de los países más pobres, Guatemala, donde sólo se obtiene un 11% del PGB, ni siquiera se puede asegurar un nivel básico de seguridad física, el problema de prevenir la guerra entre la población. Esto no puede ser hecho por el Estado y por lo tanto hay 70 mil personas en el servicio de seguridad privada. Veamos ahora los casos mejores. Chile, uno de los países más ricos en el índice per cápita, solamente saca el 18% de impuestos en el año 2004 y yo pienso que podría obtener mucho más a través de impuestos. Eso debería ser un proyecto progresista. Ustedes tienen una economía próspera y un fuerte crecimiento económico. Latinoamérica y Chile

ver con justicia generacional y con justicia entre géneros. Pienso que el concepto progresista de la justicia social tiene que tomar en consideración estos dos aspectos. Veamos ahora las economías más poderosas de los últimos 10 ó 15 años. Chile está sólo en el lugar siete, eso es algo que también me sorprendió. Venezuela viene un poco después y yo miré como Venezuela estuvo en el '98, cuando Chávez llegó al poder, y en el año 2005 Venezuela no tuvo una mejoría en estos 7 indicadores. Mi argumento es que Chávez no tiene un claro concepto de justicia, él oscila a la manera populista y le falta la consecuencia, él más bien se dedica a la famosa lotería de la naturaleza y de ella depende el tener

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¿Cuáles son los problemas más urgentes en términos sociales en Latinoamérica? Uno es el alto nivel de pobreza absoluta. Quizás una palabra en el caso cuando citamos a Chile. Chile ha tenido un éxito soberano en los últimos 10 años, ha logrado mucho reducir la pobreza, pero la reducción de la pobreza no se tradujo en una menor desigualdad. Si vemos en Chile la distancia entre el 20% más alto y el 20% más bajo, la desigualdad persiste. Esto tiene algo que ver con la falta de inversión en educación y otros bienes públicos. Tenemos un gran desigualdad de ingreso y una extremadamente fuerte desigualdad de oportunidades en la vida y es eso uno de los elementos centrales del concepto de la justicia social. Nuevamente el problema es que los pobres están entrampados en la pobreza, hay una herencia de generación en generación. Los niños pobres de hoy son los padres pobres de mañana. Uno de los


objetivos es que hay que esforzarse por lograr cohesión social, pero también -y esto es algo que mencioné en el caso de la sociedades de baja confianza-, hay que resolver el problema de la delincuencia diaria, de la violencia diaria que daña la calidad de vida. Desde luego hay una diferencia enorme entre Chile y digamos Honduras o Guatemala, pero aun así, en todos estos países hay que preocuparse de invertir en la seguridad ciudadana o la seguridad interna. Luego hay lo que he llamado bajo nivel de ejercicio de la ciudadanía. Quiero decir que no solamente hay un desigual acceso a las oportunidades sino también a los tribunales, no hay seguridad. La inversión en el imperio de la ley, creo que sería algo bastante necesario. El Estado de bienestar tiene que ser a priori, muy tempranamente en el ciclo de vida y no ex post, cuando la gente ya perdió el empleo. Esa es una de las lógicas importantes. No tendería a haber discriminación de mujeres, de jóvenes, de mayores o de inmigrantes. Ustedes dirán eso está claro, pero si miramos el Estado de bienestar clásico, en Europa continental ellos discriminan a las mujeres a través de ciertas lógicas, están discriminando los inmigrantes en un alto nivel y de alguna manera también aparece lo que es la tercera edad. Si miramos el grupo de países, hay un ranking claro que sigue esta lógica formativa. Los mejores son el Estado de bienestar escandinavo, después el continental, y último y no muy bueno, el marginal liberal. La lógica económica es algo bastante importante también, y nadie sabe mejor eso que los políticos de la Concertación. Las reformas de bienestar deben ser compatibles con una economía próspera y esa es una lógica que tenemos que seguir. La economía tiene que ser próspera, porque si no se perderían las mayorías políticas, los menos privilegiados en la sociedad serían los más dañados, de manera que debe haber compatibilidad entre la prosperidad económica y la inversión social y, por lo tanto, la inversión en capital humano debería ser el centro del Estado de bienestar. Eso es muy importante para la prosperidad económica. Eso es el centro del milagro económico finlandés que estaba casi al borde del colapso y un tercio de la economía se perdió simplemente por el colapso de la Unión Soviética. Ellos invirtieron en capital humano y en investigación de desarrollo

de una manera dramática, mucho más alta que en los otros países europeos y creo que Chile invierte sólo el 0,6% en desarrollo de investigaciones, mientras que los países escandinavos marcan el 3%. El capital social, como les dije, es una fuerza productiva que baja los costos de transacción del Estado y la sociedad. Aquí también tenemos ranking claro, los Estados de bienestar escandinavos están muy bien posicionados, son muy capaces de compatibilizar una economía próspera y la justicia social. El estado de bienestar liberal es mejor incluso que el Estado de bienestar continental en este caso. Este último, el continental, tiene un problema: que la gente con poca formación es la que está desempleada, además porque el empleo de estos sectores es demasiado caro para los empleadores, porque tienen que pagar no solamente el salario, sino que el 50% del seguro social de las personas. Y el costo de la seguridad social de las personas en Alemania está alrededor del 50% del salario. Esto tiene que ver con la industria altamente productiva, esto impulsa altamente el cambio tecnológico, pero es desastroso para la mano de obra no calificada. Tendremos siempre entre el 10% y 15% de personas que seguirán siendo mano de obra no calificada. Finalmente necesitamos mayorías, eso es lo que llamo la lógica política. Ustedes necesitan llegar a las clases medias. Hay que focalizar altamente en la calidad de los servicios sociales y no solamente en la

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cantidad. Hay que tener servicios sociales bien desarrollados, para que la clase media acepte ese Estado de bienestar. Hay una cosa que podemos aprender: que la población escandinava está preparada para pagar un alto nivel de impuestos, porque ellos reciben algo a cambio y si reciben algo, la clase media y clase baja saben lo que el Estado hace con los impuestos y por lo tanto lo aceptan. Yo sería muy cauteloso de importar el modelo escandinavo a Latinoamérica, eso sería ridículo. Yo pienso que los modelos no pueden viajar tan lejos. Las políticas tienen que ser adaptadas a los problemas, a las tradiciones y a los contextos de las sociedades. Sin embargo, creo que ciertos elementos pueden viajar y tenemos que pensar en adaptarlos a las circunstancias específicas del país. He señalado algunos de esos que sí pueden ser importados y esto es normalmente más servicios sociales de alta calidad, inversiones en educación, inversión en desarrollo e investigación. Eso no es algo tan específico de la parte norte del globo. La inversión temprana en los niños es algo muy importante, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, protección de la gente a través del empoderamiento. Si se dan buenos servicios, se hace de manera transparente, entonces la gente podría aceptar paso a paso, pagar impuestos más altos porque tienen algo a cambio. Esto es racional para ellos. Eso creo que podría ser una agenda para Latinoamérica también, y ustedes saben mucho mejor de esto.


Abril

Museo Nacional de Bellas Artes Obras 2005-2007 HERNÁN PUELMA: PROCESIONES POR DENTRO Obras de los últimos años de creación del destacado artista chileno. La muestra incluye cuarenta grabados, la instalación de una capilla-altar y dieciséis carros en procesión. Sala Chile del MNBA, entre el 11 de mayo y el 24 de junio. Exposición y Conferencia DISEÑO JAPONÉS HOY 100 cotidiano en Japón, diseñados en la década del noventa, junto a otros trece objetos creados en los años cincuenta, en tiempos de la posguerra japonesa, muestran las raíces del diseño actual. En el Hall Central del MNBA desde el 16 de mayo hasta el 17 de junio.

Goethe Institut Exposición HECHO EN ALEMANIA: ARQUITECTURA & ECOLOGÍA Desde el 23 de abril hasta el 25 de mayo. Escuela de Arquitectura, Universidad Mayor, Portugal 351 Lu-Vie,10-17 hrs. Entrada liberada. 23 de abril a las 19.30 horas abierta al público, sin invitación particular. La exposición “Hecho en Alemania - Arquitectura & Ecología” que fue concebida en colaboración con la Galería Aedes en Berlín, representa nueve ejemplares proyectos de edificación, que presenta la diversidad de los tipos de construcción que se han desarrollado en los últimos años en Alemania tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente. Ciclo de Video CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO TENDENCIAS DEL CINE Y VIDEO EXPERIMENTALES EN ALEMANIA 1994-2004 Desde el 2 hasta el 18 de mayo. Matucana 100. cinemateca@santiago.goethe.org La cinematografía experimental y el videoarte configuran el laboratorio en que nacen tanto nuevas formas estéticas, como nuevas técnicas de producción. Aunque la película experimental siempre ha formado parte de una subcultura cinematográfica que, alejada del cine comercial, más bien logró una pequeña comundidad de aficionados, sus innovaciones influencian y amplían también el mainstream. FESTIVAL DE CINE EUROPEO 10 al 30 de mayo. Sala Cine Universidad Católica, Centro de Extensión UC. Alameda 390. cinemateca@santiago.goethe.org De Alemania se exhibirán las películas "La vida de los otros" y "Rhythm is it!", seleccionada.

Instituto Chileno-Británico de Cultura HOMENAJE A LAS ESTRELLAS DEL ROCK En la Sede Santa Lucía del Instituto Chileno Británico de Cultura se realizará la presentación "Homenaje a las estrellas del Rock: Historias de amor,

odio y pasión por la música", que se llevará a cabo entre el 12 de abril y el 21 de junio, los días jueves a las 19 horas. Las presentaciones tendrán una ambientación especial según el rockero homenajeado de la semana, estarán a cargo de Javier Arpad y en ellas se exhibirán películas, entrevistas y material audiovisual sobre íconos del rock, finalizando cada día con un cover de algún otro artista. La entrada es liberada, previa confirmación de asistencia a los teléfonos 413 2027 ó 413 2055. La dirección es Miraflores 123. • Elliott Smith: Everything means nothing to me, 10 de mayo • Kurt Cobain: A rock portrait document, 24 de mayo • Shannon Hoon: A travel Without course • Nick Drake: A sad men and a sad story, 7 de junio • Joe Ramone: Don't worry about me, 21 de junio

Instituto Chileno Francés RIDICULE (JUEGOS PELIGROSOS) Merced 298. Jueves 10 de mayo - 19.30 hrs. Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant y Judith Godrèche. Año 1996 - 102 minutos Gregoire Ponceludon de Malavoy, oriundo de una familia de antigua nobleza decaída, se erige un estudio de la corte de Luis XVI y de sus antecámaras en el Versailles del 1780, donde ya la espiritualidad tenía como enemigo mortal el ridículo. Esta película obtuvo el César 1997 para la mejor película, el mejor director, el mejor vestuario y el mejor decorado. También recibió la "Lumière" 1997 para la mejor película (premio concedido por periodistas internacionales). LA VEUVE DE SAINT-PIERRE (PASIÓN DE AMOR) Jueves 17 de mayo - 19:30 hrs Intérpretes: Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Emir Kusturica y Michel Duchaussoy. el año 1850 y en Saint-Pierre, una pequeña isla francesa cercana a Canadá, un hombre es asesinado. El culpable, Neel Auguste, es condenado a morir en la guillotina. Pero, para ello, debe esperar a que el letal instrumento llegue desde París. Una larga espera que Neel comparte con la mujer del capitán que lo custodia. Película seleccionada en numerosos Festivales internacionales.

Museo de Arte Contemporáneo ADEL ABDESSEMED Por tercera vez el Museo de Arte Contemporáneo acogerá una selección de la 27º Bienal de Sao Paulo cuyo lema es: Cómo vivir juntos, extraído de un texto de Roland Barthes. Pretende reflexionar y cuestionar cómo son constreñidos los espacios y cómo se establecen las diferencias que se generan en sentido ético en torno a la cuestión de compartir creencias y vivencias diferentes. Anteriormente en 2002 se presentó una selección de Euro-América y en 2005 Contrabandistas de Imágenes. En esta oportunidad Francia estará representada por el artista visual : Adel Abdessemed de origen argelino que hoy vive y trabaja en París. Apertura de la muestra: jueves 26 de abril Museo de Arte Contemporáneo Espacio Quinta Normal Matucana 464. Abierto hasta el 1º de julio.



Nueva directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 La cientista política María de los Ángeles Fernández acaba de asumir como directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 en reemplazo de Eugenio Lahera quien, luego de cumplir un ciclo a la cabeza de esta institución, se dedicará ahora a sus labores de investigación y docencia en Políticas Públicas en la Universidad de Chile. La Fundación agradece a su director saliente el trabajo realizado que contribuyó a mantener a Chile 21 en el sitial de centro de pensamiento progresista y cumpliendo los objetivos para los que fue creado. María de los Ángeles Fernández, quien se desempeñaba hasta ahora como directora ejecutiva adjunta, es cientista política, Doctora (c) en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Santiago de Compostela (España). Actualmente, es también profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política durante el período 2000-2002, fundó la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e integró la Comisión Boeninger para la Reforma Electoral, formada por la Presidenta Michelle Bachelet, en el año 2006. Sus áreas de interés son la historia intelectual de la Ciencia Política, género y vida política y el estudio de los partidos políticos. Próximamente saldrá editado un libro con todos sus artículos periodísticos sobre mujer y política, titulado "Bienvenida, paridad" (Editorial Cuarto Propio).

Eyzaguirre expuso sobre una estrategia de innovación para la competitividad Una masiva concurrencia tuvo el seminario al que asistió el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre para exponer los lineamientos principales del Informe del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad que se efectuó el martes 17 en las sede de la fundación. Eyzaguirre expuso algunos de los desafíos que enfrenta el país si verdaderamente se propone acercarse a la meta de ser un país más desarrollado y con un ingreso per cápita superior a los 20 mil dólares (actualmente es de poco más de 12 mil). Entre estos mencionó el duplicar el ingreso per cápita en los próximos 15 años, que se debe avanzar hacia la economía del conocimiento y en la diversidad productiva, invertir sustancialmente en Investigación y Desarrollo (I+D) y aumentar considerablemente el gasto en educación. A la exposición de Eyzaguirre le siguió la de José Miguel Benavente, miembro del Consejo, y quien expuso sobre un estudio de competitividad en Clusters. Entre los sectores que mencionó en estudio están la acuicultura y el outsourcing (Offshoring). El público presente realizó una serie de comentarios relativos a temas específicos o generales sobre la estrategia de desarrollo explicada, así como preguntas a los panelistas, lo que hizo que la reunión se extendiera mucho más allá de lo previsto.


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