Revista Foro 21 Nº 68

Editorial La Tentación de Huir al Futuro Marcelo Contreras El Superávit Fiscal y las Tareas del Gobierno Luis Eduardo Escobar Contratistas de CODELCO Michel Bourguignat La Política Pública de Gasto Militar Eugenio Lahera P. La Reforma de las Concesiones Área Regulación Chile 21 La Integración Peruano Chilena

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l cambio de la televisión analógica a la digital ofrece una inédita e inmejorable oportunidad para repensar a este medio que se ha transformado en el más importante espacio de socialización de un país. Repensar no sólo el actual y peculiar modelo de televisión pública que surgiera luego de reconquistada la democracia. Un modelo de televisión que, al igual que la televisión privada, debe subsistir exclusivamente sobre la base de los mecanismos de mercado -los avisadores publicitarios- y cuyos contenidos no difieren sustancialmente de los de la televisión comercial. Una televisión pública que sólo refleja el arco político con representación parlamentaria y que, por esa misma razón, reproduce las exclusiones del actual sistema electoral binominal.

El reciente rechazo a la propuesta presidencial para reemplazar a dos representantes del oficialismo en el directorio de TVN, obliga a replantearse el propio concepto de pluralismo que subyace en la conformación de ese directorio.

También este cambio tecnológico que aceleradamente se produce en todo el mundo ofrece la oportunidad de analizar la forma cómo se adjudica el limitado espectro televisivo y que según sea la norma que se adopte y las variantes que se elijan, no sólo amplia las frecuencias en cinco o seis veces sino, ofrece múltiples posibilidades para la interactividad, portabilidad y emisión.

Los actuales concesionarios de frecuencias televisivas han sostenido un supuesto derecho sobre las nuevas frecuencias, lo que admite más de una discusión pensando en el interés público y las necesidades de la ciudadanía, de asegurar un pluralismo informativo y la expresión de la diversidad política, social y cultural de nuestro país.

FUNDACION CHILE 21 Presidente Honorario: Carlos Ominami Directora Ejecutiva: María de los Ángeles Fernández Director Ejecutivo Adjunto: Jorge Leiva Dirección: Compañía 1085, piso 12 Fono: 6991700 Fax: 6735296 E-mail: chile21@chile21.cl Web: www.chile21.cl

FORO Editora Lucy Dávila Director y Representante Legal Marcelo Contreras Diseño Visión Comunicaciones Impresión ATG Impresores

Este cambio tecnológico obliga a enfrentar un debate largamente soslayado desde la recuperación de la democracia y que dice relación con el rol del Estado como garante del pluralismo. Un rol que durante las complejas negociaciones para traspasar el poder desde las autoridades militares al poder civil se dejó librado al mercado, asumiendo que no era posible oponerse voluntariamente al proceso de concentración y confiando en que serían "los propios medios de comunicación, preocupados de mantener la credibilidad de sus audiencias, los que estarían obligados a practicar el pluralismo al interior de los medios".

Una confianza que el tiempo se ha encargado de defraudar, no solamente en nuestro país sino en el conjunto de América Latina, en donde la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la excesiva dependencia del avisaje publicitario, los han transformado en verdaderos poderes fácticos, que a menudo ejercen su rol fiscalizador de manera sesgada y tendenciosa, implementan campañas de descrédito de la política y no reflejan la diversidad étnica, social, política y cultural en cada país.

Se afirma que el limitado mercado publicitario en nuestro país, en donde el Estado aporta tan sólo un 4 a 5 % de la torta publicitaria (que distribuye sin criterios muy objetivos), en tanto que el avisaje comercial aparece concentrado en no más de 80 grandes avisadores, es del todo insuficiente para sostener una mayor oferta televisiva. Pero lo que no se dice es que en ese precisamente consiste la libre competencia. Una mayor diversidad para competir por medios escasos, sin descartar que el Estado puede y debe invertir en pluralismo.

El gobierno militar no sólo subsidió a los medios estatales, sino también a medios privados que se identificaban con él a través de créditos del Banco del Estado, que fueron traspasados a la banca privada, como créditos incobrables, con fuertes descuentos y que aún el Estado subsidia, de manera sesgada, a algunos medios de comunicación.

El pluralismo informativo y la expresión de la diversidad social, política y cultural de un país, está en la base de la democracia. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación, sea en manos del Estado o de privados, debilita la base material de la libertad de expresión y la transforma en meramente formal y declarativa. Sólo la diversidad de perspectivas editoriales garantiza un auténtico pluralismo.

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COYUNTURA

La Tentación de Huir al Futuro Las encuestas que intentan auscultar la intención de voto de los ciudadanos en unas elecciones presidenciales a realizarse a más de dos años plazo, carecen de todo valor predictivo, tal como lo comprobara en carne propia el ex alcalde Joaquín Lavín, que durante la primera mitad del gobierno anterior aparecía como el líder indiscutido de la derecha y el más seguro candidato a suceder a Ricardo Lagos. Las mediciones constituyen -a lo más- un mecanismo usado por lo medios de comunicación para aumentar su venta y sólo interesan al exclusivo club de los señores políticos.

Mucho más interesante es la evaluación

Marcelo Contreras N. Director Revista Foro Chile 21

del grado de apoyo del gobierno, las evaluaciones de la ciudadanía a las coaliciones políticas, así como las de las principales figuras públicas del país.

Visto así, pese a los evidentes problemas que enfrenta el gobierno y la "contaminación" que produce el Transantiago en la Región Metropolitana -la zona con mayor densidad poblacional y número de votantes- las encuestas no son malas para el gobierno, que mejora su nivel de aprobación, en abierto contraste con lo que sucede con otras administraciones de la región, que evidencian marcados deteriores de popularidad, pese a las favorables condiciones económicas.

Los sondeos tampoco son definitivamente malos para la coalición en el poder, pese a la sensible baja en la aprobación ciudadana, en todo caso menor que la que sufre la oposición. No es un dato menor que la Concertación logre instalar a nueve de sus figuras entre los diez personajes mejor evaluados, en tanto que la derecha sólo logra posicionar a Sebastián Piñera en un modesto décimo lugar, pese a que hoy aparece con la mejor intención de voto (si las elecciones fueran el próximo domingo), en un escenario que no termina de prefigurarse.

En el diseño del panorama electoral no es para nada ajeno lo que el gobierno haga o deje de hacer en los próximos dos años y medio que resta de su mandato, periodo en el que, pese a la sistemática campaña de "demolición" y la operación "Desalojo" en la que aparece embarcada la derecha, el Ejecutivo tiene las condiciones para cumplir su programa de gobierno y para dar un nuevo impulso al desarrollo, aprovechando las excepcionales condiciones que presenta la economía, generadas por el alto precio del cobre y con un superávit fiscal que promete acumular cerca de 30.000 millones de dólares a fines del presente año.

Pero precisamente esta es una discusión que divide aguas no sólo al interior del oficialismo y con la oposición sino en el seno del propio gobierno, con a una postura excesivamente conservadora de las autoridades de Hacienda, que busca limitar la expansión del gasto fiscal,

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ahorrando no sólo los recursos transitorios sino parte de los recursos permanentes, contradiciendo la propia regla fiscal que se auto impusieran las administraciones concertacionistas en los inciertos y volátiles tiempos de escasez, en donde el precio del cobre no superaba su precio de tendencia.

Según todas las previsiones, el escenario económico que enfrenta el país y la región es muy distinto. Al parecer, la abundancia ha llegado para quedarse en un horizonte previsible de los próximos dos o tres años, de la mano del dinamismo que hoy muestra la economía mundial, así como los altos niveles de crecimiento de China e India y que tiene efectos muy positivos para la mayoría de las economías de América Latina, las que registran importantes superávit fiscales e inéditos ahorros.

Administrar esa abundancia no solamente de manera prudente sino también inteligente, plantea más de un desafío teórico y político para las autoridades económicas y muy principalmente para las políticas, que deben procesar las demandas y presiones que genera esa abundancia en países en proceso de desarrollo como el nuestro, en donde subsisten tantas necesidades y desigualdades en la distribución del ingreso.

Nuevo salto al desarrollo En verdad, este es un debate inédito para la mayoría de los países de la región, acostumbrados a administrar la estrechez, arrastrando gravosas deudas externas y constreñidos por rígidas normas de los organismos financieros internacionales.

Un escenario que nadie pudo prever tres años atrás, cuando los técnicos y políticos del oficialismo empezaran a elaborar el actual programa de gobierno que la Presidenta ofreciera al país. En este nuevo cuadro, marcado por la abundancia, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de replantearse objetivos más ambiciosos, que permitan dar "un nuevo salto al desarrollo". Un desarrollo más dinámico e inclusivo, que atienda a las demandas y urgencias de los sectores menos

favorecidos con el crecimiento de los últimos años y que enfrente con mayor decisión el tema de las desigualdades, como lo plantean no sólo algunos de los llamados sectores "díscolos" o críticos de

por una postura conservadora y defensiva para manejar la actual bonanza por parte de las autoridades de Hacienda, lo cual le ha generado duras críticas de los parlamentarios oficialistas respecto de la

la actual conducción económica sino la propia Iglesia Católica y desde luego, la izquierda extraparlamentaria.

excesiva preeminencia del equipo económico por sobre la conducción política del gobierno, comprensible a la hora de administrar recursos escasos e insuficientes pero bastante menos digerible en períodos de abundancia.

No se trata, obviamente, de dilapidar estos excedentes en políticas populistas e irresponsables, como sucedió en el pasado con los recursos provenientes del salitre.

Ni tampoco aumentar imprudentemente el gasto fiscal con los evidentes riesgos de recalentar la economía o desatar una espiral inflacionaria. Pero existen alternativas inteligentes para usar parte de estos recursos permanentes que, sin afectar los equilibrios macroeconómicos, permitan inversiones más rentables para el país, que sienten las bases de un desarrollo más dinámico, inclusivo y sustentable, tal como reiteradamente han propuesto la Comisión Económico Social de la Democracia Cristiana, así como diversos parlamentarios y centros de pensamiento vinculados a la Concertación.

La propia derecha se ha mostrado partidaria de usar parte de estos excedentes para rebajar los impuestos.

En buena medida, la baja aprobación de la gestión económica del gobierno, reflejada en las encuestas de opinión, pese a los buenos resultados en materia de crecimiento (5,7% proyectado por el Banco Central), la reducción de la pobreza que muestra la encuesta CASEN y la disminución de la cesantía, se explican 2007 3 FORO J U L I O

El desorden concertacionista Buena parte del "desorden" que hoy se registra en las filas oficialistas, se explica por diferencias sustantivas acerca de cómo administrar la actual bonanza económica, asumiendo que el crecimiento económico registrado el primer año de gobierno fue más bien modesto (4%), teniendo a la vista el dinamismo mostrado por otros países de la región. Y si bien este año se proyecta mejor (6%), tanto sectores oficialistas como de oposición coinciden en que el país está en condiciones de crecer mas vigorosamente. Lejos de estar zanjada, esta es una discusión que recién comienza y que se posicionará como el principal debate a propósito de la próxima ley de presupuesto y la discusión sobre reforma previsional y que la Jefa del Estado deberá zanjar teniendo a la vista las tensiones al interior de su propio conglomerado, los desafíos que enfrenta su administración en la segunda mitad de su mandato y los intereses superiores del país.

Pero no sólo estas diferencias en el terreno económico explican el "desorden" que

hoy se aprecia en las filas concertacionistas. Indiscutiblemente la actual coalición de gobierno sufre el desgaste y deterioro de sus 16 años en el poder. También es cierto que, luego de cerrada la transición y desaparecido el caudillo que contribuía en buena medida a la cohesión de la actual alianza de gobierno, es mucho más difícil ordenar y disciplinar a una coalición que ha cumplido sobradamente la misión que se impusiera en sus orígenes y que no ha mostrado mayor capacidad para renovar su proyecto político. La Concertación hoy día se justifica más por la defensa y reproducción del poder, también por su disputa, que por objetivos trascendentes o de largo plazo.

Desde sus orígenes, la Concertación, al igual que la Alianza por Chile, se ha fundado en el principio de la diversidad, más que natural de la esencia de toda coalición política. La gran diferencia entre la derecha, que tiende a asumir esa diversidad como una anomalía (donde se advierten intentos por revertir el punto) y la Concertación, es que la alianza de centro izquierda la ha asumido como una riqueza que prueba la amplitud de su convocatoria, evidenciando una gran

capacidad en el pasado para procesar sus diferencias y construir acuerdos vinculantes.

Esa es la virtud que hoy aparece debilitada al interior del pacto oficialista, que refleja un preocupante deterioro político de los partidos que la integran, así como evidentes debilidades en el liderazgo del gobierno. El caso de TVN, con el rechazo de la propuesta presidencial para reemplazar a dos directores, aparece como el paradigma de una decisión que ni siquiera fue consultada con el equipo político del gobierno y que no reunía las condiciones mínimas para su aprobación.

La primera tarea del gobierno como de los dirigentes concertacionistas es cohesionar al propio bloque en el poder, generando mecanismos eficientes para procesar las diferencias y construir acuerdos vinculantes que aseguren la disciplina del voto de sus parlamentarios.

A partir de esa posición de fuerza es indispensable intentar construir los consensos políticos más amplios que sean posibles para viabilizar su agenda legislativa.

Es verdad que la mayoría que la Concertación conquistó en la última elección parlamentaria es hoy día virtual o inexistente, al menos en el Senado, luego que Fernando Flores, en compañía de Esteban Valenzuela, decidieran renunciar la PPD para fundar el difuso movimiento político Chile Primero y que Adolfo Zaldívar, el díscolo ex presidente de la DC, decidiera adoptar una postura fuera de la disciplina de su partido para operar como independiente.

La carrera presidencial

Sin embargo, la conclusión de algunas autoridades de gobierno y dirigentes políticos de que ello obliga a reponer una política de los acuerdos con la oposición, peca de un cierto irrealismo político,

teniendo a la vista la estrategia del "desalojo" en que hoy aparece comprometida la oposición.

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La otra tentación, frente a los evidentes problemas de gestión del actual gobierno, es la "huída al futuro", dando por agotada la actual administración, asumiendo que no tiene condiciones para ordenar a la coalición en el poder y confiando que un candidato presidencial del oficialismo pueda cumplir esa tarea.

Adelantar la carrera presidencial, como postula la oposición y algunos dirigentes concertacionistas representa un verdadero "campo minado" para el oficialismo. No sólo porque no tiene un candidato o candidata indiscutido (tampoco la oposición) sino por que adelantar ese proceso implica frustrar una gran oportunidad que tiene el actual gobierno no sólo para cumplir su programa, sino para aprovechar las excepcionales condiciones que hoy presenta el país para dar un sólido impulso al desarrollo y la inclusión social.

El país y las propias bases concertacionistas no entenderían que los propios partidos que contribuyeron a llevar a Michelle Bachelet al poder, asumieran a este gobierno como un mero paréntesis y se enfrascaran en una prematura carrera presidencial, soslayando sus responsabilidades políticas de hacer un buen gobierno y cumplir las promesas y expectativas generadas con la elección de la primera mujer en nuestra historia que llega a la Presidencia de la República.

ECONOMÍA

El Superávit Fiscal y las Tareas del Gobierno

Luis Eduardo Escobar Economista Chile21

Los gobiernos, como la gente de negocios, se dividen en dos grandes categorías: los emprendedores, que son capaces de aprovechar las oportunidades y generan nuevos paradigmas, y los gerentes, que básicamente administran lo que hay.

Gobiernos emprendedores en la historia de Chile fueron el de Diego Portales que institucionalizó el gobierno centralizado; el de Arturo Alessandri Palma promotor de la participación popular en las decisiones políticas, cambiando para siempre la forma de hacer política en Chile; el de Pedro Aguirre Cerda, que creó la CORFO y lanzó la industrialización del país; el de Eduardo Frei Montalva que ejecutó la reforma agraria, base del desarrollo capitalista del campo; el de Pinochet -a pesar de sus otras características- que impuso el capitalismo de mercado en la economía nacional; el de Lagos que dotó al país de una infraestructura a la altura de las necesidades económicas; etc. A nivel internacional se puede mencionar personajes tan destacados como Teddy Roosevelt, artífice del imperialismo norteamericano moderno y la construcción del Canal de Panamá, el zar Alejandro el Grande que fundó la Rusia moderna, Helmut Kohl con su reunificación de Alemania, Margaret Thatcher que reintrodujo el capitalismo en el Reino Unido y Tony Blair que lo hizo amigable a las grandes mayorías, etc.

En contraposición, tenemos los gobiernos de administración que, sin duda, son la enorme mayoría. Menciono sólo algunos para ilustrar la diferencia. En el caso de Chile, los gobiernos de Carlos Ibáñez y Alessandri Rodríguez son ejemplos

recientes. En Estados Unidos, Truman, Ford y Jimmy Carter entran en esta categoría. Mitterand y Chirac en Francia también entran en esta categoría. Desde luego, en el Reino Unido, John Major que ejerció de Primer Ministro por más de siete años y que hoy nadie recuerda.

Lo que distingue a los emprendedores de los gerentes, no es sólo que los segundos trabajan para los primeros, sino que hay una manera diferente de enfrentar los desafíos y oportunidades. El emprendedor identifica un problema o una deficiencia y la convierte en oportunidad de cambio.

Enfrentado a cambios en las condiciones materiales, el emprendedor plantea nuevas formas de aprovecharlas. El gerente o administrador normalmente opera sobre la base de mantener lo que hay y seguir el curso "normal", posiblemente limando

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alguna aspereza de la fábrica social pero sin aspirar a cambiar las características del tejido. Los gerentes son más bien de mantener el curso, "steady as she goes" al decir de los marinos ingleses, muchas veces a pesar de las consecuencias.

Para alcanzar altas tasas de crecimiento y salir del subdesarrollo en un período breve, digamos 15 a 20 años, hay que tener gobiernos emprendedores. En una frase, con el otro enfoque jamás creceremos como los "tigres asiáticos" o como lo hacen China e India hoy. Un enfoque gerencial de la economía en países en desarrollo, por conservador, nos condena a la mediocridad.

Assar Lindbeck, un famoso profesor de economía internacional en la Universidad de Estocolmo, escribía recientemente que el modelo de desarrollo sueco tuvo una etapa de crecimiento acelerado que corresponde al período que media entre 1870 y la década de 1960. Durante ese lapso Suecia pasó de ser una de las economías más pobres de Occidente, en términos de ingreso per cápita, a ser la número tres. El crecimiento acelerado que le permitió a Suecia ganar posiciones estuvo basado, según Lindbeck, en tres elementos. El primero fue el desarrollo de políticas que permitieron el desarrollo de los mercados competitivos y que perfeccionaran su funcionamiento a lo

largo del tiempo, incluyendo la apertura económica. Esta es una tarea permanente.

El segundo elemento fue la inversión en capital humano (educación y salud) que permite tener mano de obra capaz de incorporar nuevos conocimientos y tecnologías a través del tiempo. El tercer pilar fue la expansión de la infraestructura que facilitó el desarrollo de las inversiones privadas, al facilitar la creación de nuevos negocios y reducir el costo de los bienes y servicios producidos. Mejores caminos, trenes, puertos, aeropuertos, transporte público, agua potable, electricidad, alcantarillado son elementos claves para permitir el mejor desarrollo de las empresas.

Más allá de Suecia, la experiencia internacional nos muestra que esa es la "receta" detrás de todos los casos de crecimiento acelerado, incluyendo los tigres asiáticos. Las diversas experiencias internacionales difieren en los detalles,

especialmente en lo que respecta al grado de intervención estatal en las decisiones de inversión, pero todos los casos conocidos de desarrollo acelerado sostenido tienen en su base estos tres elementos. Desde luego, el sector privado participó activamente elevando sus tasas de inversión. En general, se puede decir que los países occidentales han tenido menores grados de intervención estatal que los países asiáticos, esto es, que los llamados tigres y China. De hecho, en Suecia en 1960 la participación del gobierno en el PIB bordeaba el 30%, nivel similar al observado en los EEUU, y las tasas marginales de impuestos eran parecidas.

En Chile los elevados precios de las

materias primas, especialmente del cobre, cambiaron las condiciones económicas. Es necesario, por tanto, administrar el aparato del Estado de una forma distinta a cómo lo hemos venido haciendo desde mediados de los 80. En ese entonces, se consolidó una forma de administrar el Estado que ha resultado en algo que podríamos caracterizar como que "el cajero decide la estrategia de la empresa". A mediados de los 80, en plena crisis de la deuda, lo fundamental era administrar cuidadosamente los pocos recursos disponibles. Para ello se le otorgaron, como nunca antes en la historia de Chile, poderes absolutos al Ministerio de Hacienda y a su brazo derecho, la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La urgencia de la crisis impidió ver que se cometía un error garrafal al eliminar la capacidad de pensamiento y orientación estratégica del aparato del Estado. Llevar

a los ministerios de Planificación y Economía hacia la irrelevancia ha demostrado ser un error que hoy estamos pagando caro. La pugna por recursos pasó a dirimirse en la Dipres que mantiene hasta hoy potestad absoluta sobre todas las decisiones que involucren recursos, incluso por encima de ministros y, en ocasión, de presidentes.

Orientación estratégica Contrariamente a lo que ocurre en nuestro aparato de Estado, en una empresa el que administra la caja nunca decide la estrategia de la empresa, salvo que esta esté al borde de la quiebra. El cajero se concentra en el

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flujo de caja pero no tiene los elementos que le permitan ver la posición de la empresa en el mundo que la rodea. Lo mismo pasa en los gobiernos. Por eso es que los gobiernos radicales fundaron la CORFO, que creó gran parte de las principales empresas chilenas de hoy.

Posteriormente, Frei Montalva creó Odeplan para elaborar los programas de desarrollo y, más adelante, la administración militar mantuvo y fortaleció Mideplan, desde donde se diseñaron las bases del modelo económico vigente.

Curiosamente, la Concertación, a pesar de sus orígenes ideológicos, abandonó totalmente la idea de un pensamiento estratégico por parte del Estado. Esta falencia ha sido una de las principales debilidades de nuestros gobiernos y fuente de nuestros principales fracasos y problemas.

La visión gerencial de gobierno, en que el cajero decide la estrategia, nos llevó a fines de los 90 a elevar las tasas de interés y agudizar las consecuencias de la crisis asiática. En 2002 nos llevó a la crisis política generada por la práctica, malsana por cierto, de pagar sobresueldos por no ser capaces de proponer la reforma y modernización del aparato del Estado. En 2003 degeneró en el escándalo de MOP- GATE, que empezó como una forma bien intencionada de subvertir la dictadura de Hacienda para gastar más en proyectos de infraestructura.

Este año 2006 nos llevó a la crisis generada por el Transantiago donde gran parte de los problemas se originan, nuevamente, porque Hacienda-Dipres no estaba dispuesto a pagar el costo real de poner en marcha el nuevo sistema de transporte público. Finalmente se sinceró la situación pidiendo US$ 290 millones adicionales al Congreso y que pueden no ser suficientes.

La misma falta de visión estratégica, o de visión estratégica mediatizada por las decisiones del cajero, nos está llevando a la crisis energética, donde a última hora se tomó la decisión que el Estado tenía que participar en la construcción de una planta de GNL. Primero era una plantita y, una vez más, en el camino se improvisó a que la planta fuera tres veces más grande de lo planteado inicialmente.

Hoy el Estado chileno ha dejado de ser

deudor internacional. Prestamos más al resto del mundo de lo que debemos. Cuando se publiquen los datos, se verá que tenemos en caja cerca de US$20.000 millones. A pesar de ello, increíblemente, seguimos operando como si estuviéramos atorados con los pagos de la deuda externa. El cajero sigue decidiendo la estrategia de la empresa...

Si este gobierno quiere dar un salto hacia el desarrollo, el Estado debe asumir las tareas que tan bien resumió Lindbeck: ayudar a desarrollar los mercados para hacerlos más competitivos y eficientes; invertir en capital humano (educación y salud de calidad); invertir en infraestructura, que hoy también debe incluir Internet. En estos días se nos informaba que en Chile el precio de la banda ancha es cuatro veces

lo que cuesta en países desarrollados. ¿Razón? Faltan más clientes, es decir, hay que conectar a más usuarios y seguramente hay que mejorar las regulaciones para aumentar la competencia. Así como el Estado construye carreteras para camiones y autos, ¿porque no construir carreteras para la información? ¿Cuál es la diferencia?

Para esto hay que tener una visión de país.

Las visiones de empresa o de país jamás han salido de la mente y la imaginación de los cajeros. Con suerte, los cajeros son buenos gerentes. El desafío que enfrenta el gobierno de la Presidenta Bachelet es convertirse en gobierno emprendedor. En primer lugar hay que reconocer que la realidad ha cambiado y plantear un nuevo paradigma de gobierno. Luego hay que pasar de un sistema de gobierno dedicado

a administrar la pobreza a otro dedicado a potenciar la riqueza, esto es, aprovechar las oportunidades que la holgura económica nos permite.

No se trata de salir a malgastar los recursos en el primer proyecto que se presente. Se trata de crear la capacidad de pensamiento estratégico. Eso lo hacen todas las grandes empresas del mundo y también nuestras fuerzas armadas. ¿Cómo es posible que la cabeza de todo el proceso, el gobierno, no lo haga? Se trata de generar una visión de país que nos permita alinear esfuerzos y apalancar la inversión privada para hacerla crecer y hacerla más rentable.

A mi juicio, esa capacidad estratégica se debe dirigir, en una primera etapa, hacia la reforma y modernización del aparato del

10 Propuestas para una Nueva Estrategia de Desarrollo Carlos Ominami, Viernes 1 de junio de 2007 1. Perfeccionamiento de la política macro-económica a) En política fiscal: converger hacia un equilibrio estructural y la eventual sustitución de la regla por otra que permita activar la inversión pública con el debido respeto a los equilibrios macro.

Usar parte de los excedentes fiscales en programas de inversión y capacitación de costo no recurrente (renovación de equipos, reducir la brecha digital, capacitación en Chile y el exterior, campañas de imagen país, etc.), que permitan aumentar la competitividad y el crecimiento potencial. b) En política cambiaria: mejorar la simetría de las intervenciones del Banco Central.

2. Políticas activas para promover sectores con ventajas ampliamente establecidas. Formalización de la política de clusters productivos para ir superando progresivamente la especialización primario exportadora. Aceleración de la puesta en práctica de las propuestas del consejo para la innovación. Especialización de la oferta de capacitación laboral. Fortalecimiento de la educación técnico-profesional.

3. Ampliación base productiva. Poner nuevamente en marcha a miles de pymes castigadas por el sobreajuste de fines de los noventa (renegociaciones, créditos, asistencia técnica, etc.). Abordar creativamente la cuestión crucial del acceso a mercados. Y promover una nueva generación de empresas innovadoras (la puesta en práctica de la ley del mercado de capitales 2 debiera jugar un importante papel a través del capital de riesgo).

6. Corregir insuficiencias regulatorias. Perfeccionar legislación antimonopolios y tribunal de la libre competencia. Fortalecer la capacidad regulatoria del Estado sobre los sectores monopólicos y muy especialmente sobre los monopolios naturales. Asegurar el rendimiento adecuado de las actividades reguladas sin consentir beneficios monopólicos injustificados. Regular los poderes monopsónicos para evitar la explotación de las pequeñas y medianas empresas y de manera general, de todos los proveedores.

7. Perfeccionamiento mercado laboral. Convergencia hacia un buen seguro de desempleo que desactive las bombas de tiempo hoy día existente en el sistema (un muy pobre seguro de desempleo y un inadecuado sistema de indemnizaciones). Judicatura laboral y defensoría laboral. Ampliación negociación colectiva en cobertura y temáticas. Combate a prácticas antisindicales.

8. Reforma educacional. Asegurar calidad de educación primaria y media usando mecanismos de sobra conocidos en otros países de mayor desarrollo relativo (estándares de calidad nacional, supervisión centralizada, control de los colegios a nivel local, más recursos a los más pobres, etc.). Mejorar la información sobre la calidad y la empleabilidad de los egresados de la educación terciaria en todos sus niveles. Promover el enfoque de educación por competencias.

4. Formulación de proyectos destinados a resolver cuellos de botella en áreas claves: energía, aguas (embalses), infraestructura, conectividad internacional, modernización del Estado.

9. Generación de capacidades prospectivas y de inteligencia y planificación estratégica. Un país que navega a ciegas.

Construcción de escenarios prospectivos. El contraste con las grandes empresas. Un ejemplo dramático: la crisis energética y la reducción del suministro de gas argentino. Necesidad de definir una institucionalidad adecuada.

5. Desarrollo institucional. Creación de la tercera pata de la institucionalidad económica. Ministerio tipo miti que complemente al ministerio de Hacienda y al Banco Central. Articulación al menos del fomento productivo, la innovación y las relaciones económicas internacionales bajo una única autoridad.

10. Generar instancias nacionales de diálogo y concertación social. Mejorar calidad del debate. Generar una nueva ola de acuerdos del tipo de los logrados a principios de los 90.

Fortalecimiento de la colaboración público-privada para apalancar la actividad inversionista de los privados.

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Estado, fortaleciendo su capacidad de regular los mercados para hacerlos más eficientes y competitivos; concretar la reforma educacional, concentrándose en la calidad de la educación pública; mejorar la calidad y oportunidad de la salud pública; fortalecer la infraestructura nacional, necesitamos más y mejor transporte público,

más y mejores carreteras, puertos y aeropuertos, más energía, e Internet. Con esos temas podemos partir sin temor a equivocarnos.

Si no lo hace este gobierno lo hará el próximo, con el riesgo que, de nuevo, sea la derecha la que imponga el próximo

paradigma de gobierno. ¿Será que ellos, con sus vínculos empresariales, son los verdaderos emprendedores y tienen la capacidad de pensar estratégicamente y que la Concertación está condenada a cuidar los recursos para los proyectos de la derecha? La respuesta está en manos de nuestro gobierno.

Definiciones Presidenciales frente a la Bonanza Fiscal Jorge Leiva El gobierno de la Presidenta Bachelet despertó desde un comienzo grandes expectativas de renovación y acogida a las demandas ciudadanas. A estas expectativas se sumaron las creadas por la acumulación de excedentes fiscales derivados de los inesperadamente altos precios del cobre. Sin duda, se le han abierto al país oportunidades de progreso que no estaban previstas por nadie en nuestro país. El Mensaje del 21 de mayo estableció definiciones claras acerca de cuáles oportunidades intentará aprovechar y con qué recursos.

Una primera definición se refiere a qué recursos se ahorrarán y a cuáles se destinarán a financiar proyectos públicos. A este respecto, la Presidenta reafirmó la política de balance estructural y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero, ello no excluirá en los años venideros un aumento importante, por encima del crecimiento del PIB potencial, del gasto público acompañado de medidas mitigadoras del riesgo de caída del tipo de cambio.

Durante el actual gobierno, no se utilizarán los excedentes fiscales provenientes de los altos, pero transitorios, precios del cobre, pero sí se utilizarán los ingresos considerados permanentes, excepción hecha de un medio punto porcentual del PIB que se ahorrará en 2008 aunque existen las condiciones para cancelar tal excepción en 2009.

Destino de los aumentos del presupuesto fiscal Definidos los recursos que se dispondrán para las iniciativas del Ejecutivo, el Mensaje definió cual será el destino de tales recursos. La Presidenta reafirmó su propósito de dar prioridad a las cuatro áreas de transformación que enunciara en su primer Mensaje, el año pasado.

La primera prioridad es claramente la Educación. En términos financieros, esa prioridad queda clara; 650 millones de dólares de los 750 millones de dólares que liberará la rebaja de la meta de superávit estructural de medio por ciento del PIB, quedan comprometidos con la educación escolar, dotándola de mayores recursos para que pueda mejorar su calidad. La inversión en la educación tiene prioridad tanto por su aporte al crecimiento económico como por contribución a una mayor equidad social entre los distintos sectores de nuestra sociedad.

La Presidenta recordó también en el Mensaje que su propósito es consolidar las bases de un sistema de protección social que permita extender el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos

sociales. Aspira a que esta sea la marca histórica de su gobierno.

Afirmó que "la reforma emblemática del sistema de protección social es la reforma previsional". Sin duda, el proyecto de ley enviado al Congreso, particularmente la propuesta de Pilar Solidario que éste contiene, representa un paso importante para dar acceso al derecho a la seguridad social a un grupo importante de la población que estaba excluido de él.

En el área de la salud, la agenda contempla terminar en junio el proceso de garantizar 56 patologías del plan AUGE, iniciar el de su extensión a 80 patologías en 2010 y un vasto plan de infraestructura y equipamiento hospitalario. En materia de infancia, el programa Chile Crece Contigo pasará de 161 comunas a cubrir todo el país. El informe del Consejo Asesor Presidencial para la infancia estimó que el gasto en los distintos programas debía pasar de 0,6 % del PIB en 2006 a 1% del PIB con las nuevas iniciativas propuestas que ahora están implementándose.

Más calidad de vida en las ciudades y barrios, la tercera área de prioridad gubernamental, incluye las políticas de vivienda, integración urbana, seguridad y las iniciativas para evitar las causas de la delincuencia en materia de empleo, capacitación y deportes.

Las políticas para el crecimiento económico consideradas por la Presidenta en el Mensaje ponen en el acento en los iniciativas destinadas a promover la innovación y el emprendimiento.

El Consejo Nacional de Innovación está identificando polos de desarrollo y ha sido lanzado el Plan de Infraestructura para la Competitividad 20072010 que apunta a potenciar los pilares productivos del país.

El Mensaje destaca los desafíos para avanzar en la competitividad en cuatro áreas: consolidar a Chile como potencia agroalimentaria y turística, asegurar un suministro energético estable y contar con un política medioambiental actualizada y fiscalizada por una Superintendencia.

Finalmente, la Presidenta reafirmó el compromiso del gobierno con las pymes. El reciente plan dado a conocer por el gobierno muestra la decisión de apoyar y asignar recursos a medidas tributarias y políticas de fomento productivo que favorezcan a las pymes. Es este un tema que seguirá siendo prioridad en la agenda del gobierno.

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CODELCO

Contratistas de CODELCO: ¿Conflicto de Índole Nacional?

Michel Bourguignat, Cientista social y Consultor en temas laborales Hace años que actores sindicales e investigaciones de variada índole1 hacían hincapié sobre la situación de los trabajadores de las denominadas empresas subcontratistas en varios sectores de la economía nacional, esencialmente en la minería, empresas forestales, la construcción, la industria pesquera y el comercio, entre otros. Estas denuncias y estudios apuntaban hacia el abuso que representaba el hecho que trabajadores realizaran faenas en la empresa mandante, a veces en el mismo giro, y eso en condiciones muy a menudo precarias y con remuneraciones claramente inferiores a las de los contratados de la empresa mandante. Esta situación no se ajusta con el "trabajo decente" promovido por la OIT y que la Presidenta asumió como tema prioritario de su gobierno en su discurso en la Asamblea anual de la OIT a principios de junio del presente año.

Además, en la práctica, se sabía, la subcontratación era una manera de ocultar una contratación de parte de la empresa mandante, con el objetivo de rebajar los costos de producción.

No es casualidad que la movilización de los "contratistas del cobre" vinculados con CODELCO fuera precedida por otra, ésta en el sector privado, con características muy semejantes, en la VIIIa región con "contratistas forestales" vinculados a empresas del grupo Arauco.

Dicho conflicto se desarrolló entre los meses de marzo y mayo de este año, conflicto del cual poco se habló hasta cuando, a principios de mayo, un trabajador falleció en enfrentamiento con Carabineros. Este acontecimiento y su contexto laboral no dejaron indiferente a

la Presidenta.

Dada la importancia del cobre en la economía del país y del carácter público de CODELCO, puede ser interesante considerar el conjunto de los actores que de una u otra forma estuvieron -o siguen siendo- o se consideraron -o siguen

considerándose- implicados en el conflicto que protagonizaron los trabajadores de las empresas contratistas de CODELCO. Antecedentes Previamente, una rápida presentación de la situación de los denominados trabajadores contratistas de CODELCO

que Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile, sintetiza de la siguiente manera: "Las remuneraciones promedio mensuales de estos trabajadores, que representan el 80% de los trabajadores contratistas excluyendo los supervisores y ejecutivos, se estiman en $250.000 promedio, según los dirigentes sindicales 2 . Muchos de ellos trabajan por el salario mínimo. Se debe tener presente las difíciles condiciones de trabajo en las actividades mineras. Estas diferencias con los trabajadores de planta también se presentan en las actividades relacionadas con el trabajo: jornadas de trabajo, transporte, salud, seguridad y otras. El impacto de estas desigualdades que se viven en las regiones tienen fuerte impacto en las convivencias de las familias, de los hijos de los trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase, rompiendo lazos y relaciones en las familias y en el tejido social de las ciudades y de los pueblos de las regiones mineras."3 El conflicto tiene antecedentes.

Ya en julio de 2003 después de tres meses de movilización, los trabajadores de ocho empresas contratistas de CODELCO obtuvieron el pago de un bono de producción. Luego, a principios de 2006 después de un mes de movilización en plena campaña electoral por la segunda vuelta, se firmó un acuerdo con los representantes de las empresas

[1] Magdalena Echeverría, Subcontratación de la producción y subcontratación del trabajo in TEMAS LABORALES Nº 7, Dirección del Trabajo 1997; y Los riesgos laborales de la subcontratación, Aporte al debate, abril 2006.

[2] Un trabajador de planta de Codelco gana entre 900 mil y 1 millón 200 mil pesos al mes (mil 714 y 2 mil 285 dólares).

[3] Orlando Caputo, Trabajo precario en el cobre chileno: Codelco, El Mostrador, 07/07/2007.

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responsabilidad respecto de la salud, higiene y seguridad de los trabajadores contratistas, no prohíbe en sí el trabajo de contratistas en el mismo giro de la empresa principal. Es de esperar que la fiscalización y estudio que está realizando la Dirección del Trabajo a través del país -en la actualidad precisamente en el sector mineropermitan corregir y complementar algunas disposiciones de dicha ley.

Los trabajadores contratistas de CODELCO5 contratistas, representantes de organizaciones sindicales de trabajadores contratistas (entonces Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas) y la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que actuó en calidad de garante.

Dicho acuerdo contemplaba entre otros temas una equiparación de las condiciones de trabajo de los trabajadores contratistas con los de CODELCO y una integración a la planta de esta empresa de los trabajadores contratistas que cumplían tareas semejantes a las de los trabajadores con contratos en la cuprífera; así como una posibilidad de entregar a éstos un bono de producción tal como se le otorgaba a los trabajadores de planta y la constitución de mesas de trabajo sobre varios temas relacionados con condiciones de trabajo. Este conflicto de principios de 2006 provocó una reacción en el último tiempo del gobierno del Presidente Lagos en cuanto a la necesidad de presentar un proyecto de ley destinado a regular la situación de los trabajadores de empresas contratistas, lo que fue al final aprobado por el Congreso en junio del mismo año y entró en vigencia el 17 de enero del presente año 20074.

Esta ley, objeto de largos debates, consagra sólo unos pocos artículos a la subcontratación propia dicha; lo esencial de dicho cuerpo legal se dedica al suministro de mano de obra. Si bien incluyó entre otras materias normas para exigir de las empresas mandantes asumir

El primer actor relevante que a fines del mes de junio encendió la mecha -ya existente como lo acabamos de señalarfueron los trabajadores -unos 30.000- cuya mayoría de los sindicatos constituye desde el mes de abril la Confederación de Trabajadores del Cobre, cuyo presidente es Cristián Cuevas, de filiación comunista.

Sus demandas: no se cumplieron los acuerdos de 2006, y se encuentran paralizadas las mesas de trabajo acordadas en aquel entonces. Además de sus peticiones del año 2006, agregaron últimamente la integración en la planta de CODELCO de trabajadores contratistas que cumplen tareas semejantes a las de trabajadores contratados en la cuprífera, así como la mantención en las empresas que les corresponden de los huelguistas y la reintegración de los despedidos, y eso sin descuentos de los días no trabajados.

La situación descrita más arriba provoca en los que la viven diariamente un sentimiento de discriminación y menoscabo, así como de explotación en pro de reducción de costo de producción de CODELCO sin ninguna participación en las utilidades de dicha empresa, mientras, como lo saben igual que todos los chilenos, "el sueldo de Chile", como le gustaba denominar el cobre al Presidente Allende, representa de hecho una parte importante del PIB, pues ésta creció del 8,3% al 23% en los últimos cuatro años.

Otras organizaciones sindicales Al lado de los trabajadores de empresas contratistas se presentó en primer lugar la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a todos los sindicatos de las distintas divisiones de CODELCO, con un total de 15.100 trabajadores (84% de sindicalización). Igual que muchos actores sociales y sindicales, la FTC rechazó las provocaciones violentas desatadas en varias divisiones. Sin embargo, no se puede negar la debilidad de su apoyo pese a llamados a reconocer la legitimidad de las demandas de los trabajadores contratistas y a buscar entendimiento con la empresa con la cual todos tienen vinculado su destino.

Por su parte, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, declaró a la prensa que había advertido a la misma Presidenta a fines de abril que el conflicto se veía venir con fuerza. Sin detenerse en condenar la violencia aludida, lo que le valió el enojo pasajero de la dirigencia de la FTC, la CUT volvió a insistir sobre las condiciones precarias en las cuales están realizando sus labores la gran mayoría de los trabajadores pertenecientes a empresas contratistas, cualquier sea el sector productivo, público y privado. La Central se está preparando para aprovechar este conflicto con el fin de reivindicar una extensión de la negociación colectiva; y la experiencia de las mesas de diálogo de CODELCO con la Confederación de los Trabajadores del Cobre a nivel corporativo y divisional abre la puerta a la introducción de un tipo de negociación colectiva más allá de la empresa. Lo mismo ocurrió en el caso antes señalado del grupo Arauco.

La Confederación Minera de Chile, una de las más antiguas en el sector y muy cercana a la recién constituida Confederación de Trabajadores del Cobre, respaldó a los trabajadores contratistas.

Otra organización sindical que se acercó a los trabajadores en conflicto, fue la Federación Minera de Chile. Creada en 2003, agrupa a unos 5.000 trabajadores

[4] Ley 20.123 [5] Según datos de CODELCO, un 27% de los trabajadores que prestan servicios a dicha empresa realizan labores de servicio, como alimentación, aseo y otras actividades especializadas que son las más alejadas del negocio minero o del giro de la empresa. Una cantidad similar se dedica a mantención industrial y reparación de edificios. Asimismo, otro 28% de los trabajadores colabora en la preparación minera y en la ejecución de proyectos de inversión.

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de las grandes minas de capital extranjero del norte de Chile, dentro de las cuales está la Escondida, cuya huelga desató una gran polémica el año pasado en consideración del aumento significativo de las remuneraciones y bonos obtenidos.

Si bien estas distintas organizaciones hicieron valer su cercanía con los trabajadores contratistas de CODELCO, así como su respaldo en cuanto a sus demandas, aparentemente no fueron más allá de declaraciones y algún apoyo solidario, a veces con participación en las movilizaciones. Sin embargo algunos dirigentes han manifestado, no siempre de manera nítida, su disposición de aprovechar este conflicto para pensar en una estrategia general de los trabajadores organizados sea frente a los propósitos del gobierno respecto de una nueva legislación de la negociación colectiva, sea para exigir una modificación y/o precisión de la ley de subcontratación.

Si la unidad sindical permitió el éxito del conflicto de la VIII región y mantuvo firmes durante un mes las movilizaciones de los trabajadores contratistas de CODELCO que habían adherido a la huelga 6 , sigue presente la pregunta de saber hasta dónde y con qué organizaciones esta unidad puede representar una herramienta -ya comprobada en el pasado- al servicio de los intereses de los trabajadores y de las relaciones laborales del siglo XXI. CODELCO El directorio de CODELCO, presidido por la ministra de Minería y que integra Andrés Velasco, ministro de Hacienda, tuvo que asumir el conflicto, siendo su presidente ejecutivo, Juan Pablo Arellano, su cara pública. Un año antes, al asumir su cargo, Arellano había declarado que "el tema de

los contratistas ha sido uno de los conflictos que han marcado la agenda de la Corporación en el último tiempo; las empresas en general, y la minería en particular, requieren de empresas colaboradoras y sobre la materia no hay definiciones a priori; en el dinamismo de los negocios es posible que una tarea sea más eficiente externalizándola y que en otro momento lo mejor sea reincorporarla".

La subcontratación empezó a ser una práctica en CODELCO en la década de los años '80, esencialmente para abaratar su costo de producción. Este último punto sigue vigente hoy en día.7

En cumplimiento del acuerdo del 2006 y de la ley de subcontratación, a principios del mes de junio Arellano confirmó la existencia de un reglamento de higiene y salud ocupacional que las empresas contratistas de CODELCO tendrán que respetar bajo su vigilancia. El carácter pacífico de las movilizaciones, así como -se ha de suponer- presiones desde el gobierno y parlamentarios llevaron a que se propusiera la reanudación de la mesa de negociación, en las condiciones que proponían los trabajadores tales como se mencionó más arriba, incluyendo a representantes de las empresas contratistas.

Los Empresarios No es de extrañarse que muchos empresarios compartieran con el presidente ejecutivo de CODELCO la condena a los actos de violencia que ellos caracterizaron de "delictuales". Luego, dejaron aparecer muy rápidamente su profundo malestar por todo lo que estaba ocurriendo,-se caracterizó de "ilegalidad" el intento de "negociación ínter empresas"-, pues podría acarrear consecuencias en el sector privado, después del éxito de Arauco. El presidente de la CPC, a su vez presidente de SONAMI, Alfredo Ovalle, sintetizó así la postura del empresariado: "Se nota que hay un espíritu dentro de las agrupaciones gremiales, sindicales, de tratar de ir armando confederaciones para que éstas negocien. En el mundo actual cada vez se le da mayor valor a la persona misma y no a las agrupaciones, que por número de adherentes podrían tener más fuerza frente a una negociación." (El Mercurio, 01/06/2007) Y agrega en una entrevista al diario La Segunda (27/06/2007): "¡Por ningún motivo CODELCO debe sentarse a negociar!" El diario El Mercurio se encargó de defender esta postura.8 Opiniones complementadas por la preocupación por la "imagen de Chile" en el exterior.

En cuanto a los empresarios contratistas involucrados (unos 9009), con sus 30.300 trabajadores, al parecer no quieren entrometerse entre sus trabajadores que pretenden negociar directamente con CODELCO, lo que para ellos representa una arma a doble filo: si bien se les puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo cuya responsabilidad recae en CODELCO, por otro lado pueden sentirse obligados a reajustar las remuneraciones y compartir otras bonificaciones con la empresa mandante.

[6] De hecho, los trabajadores de la denominada “Asociación de Sindicatos Contratistas” así como del Sindicato de Montajistas se descolgaron de la huelga y firmaron un acuerdo el 23 de julio.

[7] De 1.371 en 1989, los trabajadores de empresas contratistas que trabajan en actividades operativas regulares, en las diferentes Divisiones de CODELCO se pasó en 2006 a 24.028, -el mismo Arellano habla de 30.000-, mientras en el mismo período los trabajadores contratados en CODELCO disminuyeron de 24.000 a 17.936. Fuentes: CODELCO & COCHILCO. [8] Editoriales de El Mercurio 03/07 & 22/07.

[9] El 80% de los trabajadores contratistas se concentra en 90 empresas contratistas.

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El Gobierno10 Pese a la impresión de desorden y vacilación que transmitió la prensa -probablemente de manera intencional-, el gobierno se mantuvo en una postura idéntica a la que tuvo en los conflictos mineros y forestales de los años anteriores o más recientes 11 . En más de una oportunidad en las últimas semanas el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, la sintetizó de la manera siguiente: buenos oficios para restablecer el diálogo entre las partes, sí, pero sin inmiscuirse en los contenidos de las discrepancias existentes entre éstas. La presentación conjunta, considerada como normal, de querellas judiciales de parte del gobierno y CODELCO en contra de quienes fueran responsables de los daños ocurridos en los actos de violencia, que algunos leyeron como un intento de "criminalizar" el conflicto, no trajo mayores consecuencias.

Frente a la lentitud para solucionar este conflicto, la Presidenta tuvo que ejercer presiones de variada índole. Tal como se señaló más arriba, dos ministros son parte del directorio de CODELCO, la ministra de Minería que lo preside y el ministro de Hacienda. No se puede negar la preocupación del gobierno por este tipo de conflicto, pues no cabe duda que los componentes de esta situación sean parte de su análisis tanto político como económico y social.

Los partidos de la Alianza, por su lado, aprovecharon esta situación en CODELCO para entrar en conflicto con el gobierno y apoyaron con mucha fuerza a los trabajadores contratistas, exigiendo del gobierno una pronta solución. Los mismos dirigentes de los trabajadores contratistas reconocieron tener el respaldo de todas las bancadas del Congreso.

El papel de la Prensa reconoció la legitimidad de las demandas de los trabajadores y su comprensible afán de justicia, lo que fue ratificado por el Comité permanente del Episcopado12.

Los Políticos Desde el inicio del conflicto, varios son los parlamentarios de la Concertación que dieron a conocer su respaldo a las demandas de los trabajadores contratistas y su preocupación por las implicancias múltiples de lo que estaba pasando con CODELCO, algunos tomando contacto directo con los trabajadores movilizados así como con ejecutivos de la corporación.

Incluso las Comisiones del Trabajo de la

El papel de la Iglesia Católica Tal como ocurrió en el conflicto del año 2006, los dirigentes de los trabajadores contratistas recurrieron al obispo de Rancagua, Alejandro Goic, para solicitar su intervención.

De la misma manera que lo hizo anteriormente, el obispo, a su vez presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, acudió a la solicitud de los trabajadores, pidiéndoles en primer lugar que dejaran de utilizar la violencia bajo cualquier forma, pero, apoyándose en la doctrina social de la Iglesia católica,

Cámara de Diputados y del Senado dedicaron más de una sesión al tema. El Partido Comunista estuvo también muy cerca de los trabajadores movilizados.

No se puede dejar de lado el rol que juegan los medios de comunicación en este tipo de conflicto. Con facilidad, se transformaron de cierta manera en portavoz de los distintos actores involucrados, con algunas preferencias obvias. Salvo la excepción de algunos medios, esta información ha sido muy fragmentada, incluso de parte del canal denominado "público", con una insistencia desmesurada sobre el carácter violento de algunas manifestaciones.

La Bolsa de metales de Londres Sin ser un actor social como tal, no se puede negar la importancia que tuvo para todos los actores señalados la bolsa de metales de Londres, pues la variación de la cotización del metal rojo podía entregar elementos a unos u otros actores para orientar su actuar.

La última semana de junio, mientras en varios países productores de cobre existían conflictos y huelgas en faenas mineras de cobre (Perú, Zambia, Polonia), sin olvidar la votación de huelga legal en la mina de Collahuasi en Chile, dicha Bolsa de Metales registró una alza de 1,9%.

Este conflicto se suma a otros de misma índole y compromete a todos los actores a asumir su responsabilidad en los debates venideros por el mejoramiento de las relaciones laborales que el país necesita en el siglo XXI.

[10] La breve presentación de los actores a continuación no significa que tengan una incidencia menor en el conflicto, pero tomando en cuenta que el carácter de éste es de relaciones laborales, se insistió en los dos actores precedentes involucrados más directamente.

[11] En 2006, en Mina Escondida, y más recientemente en la negociación colectiva de la mina de Collahuasi cuyos trabajadores votaron la huelga legal, así como hace algunos meses en él de los contratistas del grupo Arauco.

[12] Ver artículo del Obispo Auxiliar de Santiago y Secretario de la Conferencia Episcopal, Mons.Cristián Contreras, El Mercurio, 22/07.

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Falta de transparencia1 No es raro que falten análisis, porque el gasto militar no es transparente en Chile.

El gasto militar, al igual que los otros gastos del sector público, debería formar parte del presupuesto anual que aprueba el Poder Legislativo. Sin embargo, los recursos destinados a la adquisición y/o modernización de sistemas de armas (provenientes de la Ley del Cobre que otorga el 10% de los beneficios por venta de dicho metal a las Fuerzas Armadas) no están incluidos en el presupuesto que conoce el Congreso. Existe más de un presupuesto y hay distintas metodologías en la realización del ciclo presupuestario.

Estos recursos sí son incluidos como corresponde por los centros de análisis del gasto militar.

Por otra parte, los montos asignados por la Ley del Cobre tienen carácter de reservados, no están bajo el análisis del Legislativo y no existe cuenta pública de ellos.

En estas condiciones para la sociedad no existe la posibilidad de realizar una evaluación de lo efectuado con el gasto militar. De ese conocimiento depende, al menos en parte, la legitimidad social del esfuerzo que el país hace en este sector para su desarrollo de largo plazo.

Algunos números Según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2005 el gasto militar de Chile fue de US$4,4 mil millones (Brasil US$12,5 mil millones, Colombia US$4.5

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mil millones, Argentina US$1,8 mil millones, Venezuela US$1,6 mil millones, Perú, sin datos).

Según la misma fuente, en 2004-2005 estos montos equivalieron al 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile (fue 5,6% en 1974 y 5,8%.en 1975). En Colombia 3,8%, Ecuador 2,5%, Bolivia 1,7%, Brasil 1,6%, Argentina 1,1%, Perú sin datos.2 Según la CIA, el dato de Cuba es 3,8% y el de El Salvador 5%.3 Para apreciar estos porcentajes digamos que los estudios de diversos institutos

de investigación concluyen que el mundo en 2006 dedicó a gastos militares más de 2,5% de su Producto Interno Bruto (PIB). 4 En Chile, pese a que los recursos provenientes de la Ley del Cobre no están incluidos en el presupuesto que conoce el Congreso -y que hay parte del gasto militar en algunos ítems de la partida del Ministerio del Trabajo- el gasto en defensa y en orden y seguridad pública es una parte considerable del presupuesto nacional de Chile. Según el Fondo Monetario Internacional, dicho gasto equivalió al12% del Presupuesto en 2005: 5,2% en defensa y 6,8% en orden y seguridad pública.5 Según cifras oficiales este gasto fue 13,5% del presupuesto nacional entre 1990 y 2001, la democracia lo habría disminuido poco.

Dentro del gasto militar la previsión es un gasto alto y creciente. El gasto público en la previsión militar equivale a un punto del producto (0,97% del PIB en 2002) y seguirá aumentando en el futuro previsible. Esta es una doble excepción respecto de la población en general y los funcionarios públicos en particular, lo que no tiene justificación.

Fundamento del gasto militar Como todo gasto público, el militar requiere tener un fundamento social.

El gasto militar se justifica porque aporta a la disuasión y, si es el caso, a la defensa. Esto último es infrecuente; muchas generaciones de oficiales no estuvieron en esa condición. También aporta a la participación de Chile en esfuerzos internacionales por la preservación de paz.

El impacto del gasto militar en el desarrollo también depende de la

El gasto militar puede tener externalidades negativas sobre el desarrollo económico (rigidez, políticas de abastecimiento, política previsional); sobre el desarrollo político, tal como la intromisión política o en los legítimos poderes del estado, reconocidos como tales en la civilización contemporánea; o sobre el desarrollo social, tal como la violación de los derechos humanos.

existencia de amenazas militarizadas externas. Las amenazas sin gasto y el gasto sin amenazas reducen el crecimiento, mientras el gasto en presencia de amenazas puede aumentarlo.6 La disuasión y la defensa tienen además otros factores: la internacionalización de la economía, la buena voluntad internacional, la capacidad jurídica y diplomática del país, las relaciones vecinales y las para vecinales, incluyendo la historia de las fronteras.

La combinación precisa de todos estos factores es un arte. De hecho las dos últimas situaciones prebélicas de Chile ocurrieron durante un gobierno militar, pero aislado internacionalmente.

El nivel del gasto militar es un indicador importante de la seguridad externa, pero también importa su rendimiento el que, al igual que cualquiera otro gasto público, depende de la calidad de la institucionalidad con que se diseñe, gestione y evalúe este gasto.

La disuasión, la defensa y el aporte a la paz global son bienes públicos: se trata de una categoría económica y es equivocado confundirla con un juicio de valor respecto de cualquier nivel del gasto militar o con un bien meritorio; eso sería un uso ideológico de un concepto técnico.

De manera precisa, se trata de bienes públicos porque: 1) son indivisibles, no pueden afectar a unas personas y no a otras, 2) no son apropiables privadamente, y por lo tanto, 3) deben ser provistos principal, pero no exclusivamente, en forma pública.7 Por otra parte, el costo de oportunidad del gasto militar es elevado, mientras que varias externalidades positivas que genera (construcción de carreteras, capacitación laboral, educación), o parte de ellas, pueden lograrse mediante otro gasto público que lleve a cabo otro servicio, más especializado.

El gasto militar puede tener externalidades negativas sobre el desarrollo económico (rigidez, políticas de abastecimiento, política previsional); sobre el desarrollo político, tal como la intromisión política o en los legítimos poderes del Estado, reconocidos como tales en la civilización contemporánea; o sobre el desarrollo social, tal como la violación de los derechos humanos.

De lo anterior se deduce que hay distintos factores que considerar y que el balance respecto de los recursos públicos que se destinan a gasto militar

[4] Como el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y el Centro Internacional para el Desarrollo de Bonn.

[5] FMI, Government Finance Statistics 2006 [6] Joshua Aizenman y Reuven Glick, "Military Expenditure, Threats, and Growth", FRBSA Working Paper 2003-08, marzo 2003 (disponible en Internet).

[7] Eugenio Lahera y Marcelo Ortúzar, "Gasto militar y desarrollo en América Latina", Revista de la Cepal , diciembre 1999 (disponible en Internet).

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será siempre específico. ¿Qué nivel de gasto militar es óptimo?

La asignación de fondos presupuestarios finitos a las necesidades infinitas es siempre una elección política, ya que se trata de dineros públicos. ¿Qué factores deberían considerarse respecto del gasto militar? ¿Cuál es su nivel apropiado? (¿cuánto es suficiente?); ¿cuál es su costo de oportunidad? (¿cuál es su impacto económico directo e indirecto?); en el

nivel regional ¿cómo se estima el nivel de disuasión adecuado? ¿Cómo se atenúa o modifica el inevitable alejamiento progresivo de la frontera tecnológica debido a los altos costos de los nuevos equipos? Es claro que Chile se distanciará de la frontera tecnológica, al menos en el ámbito del armamento pesado. Esto lo diferencia de otros gastos públicos (como en salud, computación, minería, fruticultura, etc.).

Si bien es difícil una respuesta precisa a la pregunta de cómo proveer la cantidad exacta del bien público que es la disuasión, su provisión excesiva representa un gasto improductivo. Debe evitarse la falacia de composición: si todos los países relevantes para Chile aumentan su gasto militar en la misma proporción y aumentan su seguridad igual, sólo hay más gasto, no más seguridad. En situaciones de equilibrio regional es difícil optimizar la disuasión mediante gastos marginales en cualquier país. El gasto marginal que produce el mismo nivel de disuasión es, sin duda, gasto improductivo e injustificado.

Corolarios de lo anterior: a) los aumentos diferenciados en seguridad basados sólo en el gasto, son inestables; y b) una reducción equilibrada del gasto no afectará la capacidad de disuasión de las partes.

Eficiencia y eficacia del gasto Pero, incluso antes de discutir sobre los montos, hay que dejar de pagar un alto costo de eficiencia y eficacia en la

operación. En esto, no hay diferencia con el resto del gasto público. ¿Cómo se determina la combinación óptima de factores? La información internacional revela que hay patrones divergentes de gasto militar para resultados parecidos de disuasión.

También que no hay relación clara de una unidad de gasto militar por habitante o por kilómetro cuadrado. Parte de esas diferencias se explican por razones históricas.

Una vez que está claro el nivel de disuasión, el óptimo sería una estimación precisa lograda con diferentes combinaciones de factores. ¿Cuál es la manera más eficiente y eficaz de lograrlo? ¿Qué combinación de armas y sistemas operativos, dadas las restricciones existentes, produce los mejores resultados disuasivos, esto es, la utilización óptima de los recursos públicos en este ámbito?

Ese es el tipo de propuesta en el que existen organismos especializados en otros países, tal como la General Accounting Office en Estados Unidos. 8 Un criterio básico es que la disuasión marginal producida por el último peso gastado por cada rama de las Fuerzas Armadas debería ser igual. Hasta hace poco no podría serlo, debido al diseño y la gestión no coordinada e incluso superpuesta de las ramas. En este sentido hubo un avance importante mientras la Presidenta Bachelet fue ministra de Defensa del gobierno de Ricardo Lagos.

Los fondos provenientes de CODELCO dejaron de ser distribuidos en partes iguales entre las ramas, lo que no tenía justificación, el mínimo garantido puede ser distribuido temporalmente de distintas formas, y se ampliaron los objetos del gasto.

Asignación y gestión del gasto militar9 La forma que asume el proceso de asignación y uso de recursos en la defensa

[8] Ver www.gao.gov [9] Comisión de Defensa Instituto Libertad, 29 de septiembre de 2005 y 31 de marzo de 2006 (disponible en Internet)

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nacional requiere ser modificada, en base a criterios básicos de eficiencia y eficacia en cuanto a la provisión del bien público.

La reforma al proceso de asignación de recursos requiere un sistema que conecte objetivos con recursos, reemplazando los elementos inerciales en la distribución de fondos entre las instituciones y la separación arbitraria de los recursos según destino. La tecnificación de los métodos de asignación de todos los recursos puede asegurar una distribución que se fundamente en la contribución que cada institución hace al logro de los objetivos de defensa conforme a la planificación sectorial de corto, mediano y largo plazo.

Esto implica: - Establecer un sistema analítico que haga explícita la conexión entre la planificación de defensa, los programas que la satisfacen y los recursos que son necesarios para construir las capacidades militares que de allí derivan. En este sistema todos los recursos se asignan a las instituciones sobre la base de su contribución a los distintos programas globales definidos para diversos espacios temporales.

forma es la extensión hacia el nivel de defensa del análisis de costo-efectividad utilizado hasta ahora individualmente por las instituciones.

- Establecer criterios de gestión estratégica en todos los niveles del Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas, de modo de integrar la defensa en los procesos de modernización del Estado, implementando, entre otros aspectos, la definición de objetivos, instrumentos e indicadores de desempeño y procesos de evaluación permanente y públicos de ellos.

- La carrera militar puede ser determinante del buen uso de los recursos humanos, ya que el gasto en personal es muy alto. Se requiere modernizar la carrera militar en términos de duración, ascensos e ingreso. Aumentar la edad de retiro, reducir el personal y modificar la proporción entre las tropas de combate y el personal de apoyo y administrativo.10 Es necesario redefinir el sistema de previsión y de salud de las fuerzas

armadas, así como crear una carrera funcionaria para los civiles del sector.

Además de eliminar situaciones discriminatorias, como se propuso durante el gobierno anterior. En cuanto al servicio militar obligatorio, este año por primera vez en la historia de Chile éste fue cubierto por voluntarios.

En resumen Se requiere aumentar la transparencia del gasto militar, ya que hoy no existe la posibilidad de realizar una evaluación integral de lo logrado con el gasto militar.

Aún con la información disponible es claro que hay que mejorar su eficiencia y eficacia en la operación. En esto, no hay diferencia con el resto del gasto público.

De un mejor conocimiento y una mejor gestión del gasto militar depende, al menos en parte, la legitimidad social del esfuerzo que el país hace en este sector para su desarrollo de largo plazo.

- Avanzar en la complementariedad y compatibilidad de los esfuerzos de cada una de las Instituciones. Llegar a implementar un presupuesto por programas para todo el sector.

- En el presupuesto global establecer presupuestos por desempeño, centrando la atención del análisis en cómo los recursos son utilizados.

- Generar un proceso de evaluación de los proyectos de defensa que, orientado desde el nivel ministerial, priorice las distintas iniciativas según su relevancia para la defensa, la que no tiene por qué coincidir con la que puedan asignar cada una de las instituciones armadas. La

[10] Yaneth Giha y Héctor Riveros, "Gasto Militar en Colombia; aspectos macroeconómicos y macroeconómicos, Revista de la CEPAL, diciembre 1999 (disponible en Internet).

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REGULACIONES PÚBLICAS

La Reforma de las Concesiones: Transparencia e Interés Fiscal en la Cooperación Público Privada Área de Regulación Chile 21 No obstante el cúmulo de éxitos, el mecanismo ha sido objeto de cuestionamientos.

La preocupación pública se desató con la investigación judicial conocida como MOPGATE, cuyas dimensiones se han ido acotando, y se han cerrado varias de sus aristas.

Al mismo tiempo otros temas concitan la atención de la agenda pública. Entre ellos, si la administración ejerce una adecuada fiscalización de los operadores privados; si los procesos de renegociación de contratos que surgen por eventos no previstos afectan el interés fiscal; si el sucesivo número de renegociaciones puede implicar un cambio en las condiciones económicas de las licitaciones y debilitan el mecanismo de licitación, y si el sistema de resolución de controversias es adecuado.

1. Introducción El sistema de concesiones revolucionó el desarrollo de la infraestructura nacional y, con ello, ha fortalecido la competitividad del país. En menos de una década se construyó una doble vía desde La Serena a Puerto Montt, una red de autopistas urbanas en Santiago y se renovó además la red aeroportuaria del país. El mecanismo también se ha aplicado a las llamadas concesiones de segunda generación, como cárceles y otras edificaciones públicas.

El proyecto de reforma recientemente enviado al Senado representa un esfuerzo importante por perfeccionar el mecanismo de concesiones, para proyectarlo en el tiempo como un instrumento fundamental para desarrollar la infraestructura nacional.

Tema no baladí, si se considera que los gobiernos de varios países, algunos vecinos, ante los defectos que presentó la incorporación de inversionistas privados en áreas que tradicionalmente estaban en manos del Estado, han optado por descartar la asociación público privado en estos campos.

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2. El proyecto El proyecto busca garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares técnicos comprometidos en los contratos de concesión; aumentar la transparencia de estos últimos velando, simultáneamente, por las condiciones de libre competencia y equidad en la adjudicación de los mismos; perfeccionar el mecanismo de resolución de controversias y dotar al Estado de herramientas más eficientes para resguardar el interés fiscal. La iniciativa anuncia la presentación de otro proyecto de ley que crea la Superintendencia de Obras Públicas. Con estos objetivos, el proyecto introduce varias modificaciones, entre las que destacan las siguientes. a. Impone a los concesionarios de obras públicas la obligación de mantener durante toda la duración de la concesión, los niveles de servicio y estándares técnicos determinados en las bases de licitación y en el respectivo contrato. b. Crea el Consejo de Concesiones asignándole la tarea de orientar las políticas de concesiones de obras públicas. c. Consagra la posibilidad de efectuar procesos de precalificación y establece la opción de que las empresas precalificadas financien en conjunto los estudios requeridos para el desarrollo del proyecto cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no cuente con recursos para ello. d. Establece las hipótesis en las cuales el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no contempladas en el contrato original y los criterios

económicos aplicables para la determinación del monto de dichas compensaciones, cuando haya lugar a ellas. Con ello, también, se pretende regular las modificaciones de los contratos de concesión, lo que permitirá evitar un eventual perjuicio del interés fiscal. e. Introduce modificaciones tendientes a asegurar la continuidad de servicio. f. Establece, que en caso de incumplimiento del concesionario, es facultad del MOP decidir si vuelve o no a licitar la obra, terminando con la norma que lo obligaba a hacerlo. g. Elimina el tope de 500 UF para las multas que el MOP puede establecer directamente sin consulta a la Comisión Conciliadora. h. Modifica el régimen de solución de controversias. i. Se propone que ante, abandono de las obras por parte del concesionario, la designación del interventor con arreglo a las normas legales, se entienda existir de pleno derecho un incumplimiento grave del contrato, con los efectos jurídicos consecuentes. j. Se modifican las sanciones para usuarios morosos del sistema TAG y se propone que sólo el 50% de las multas impuestas por infracciones relacionadas con esta ley ingrese al Fondo Común Municipal, pasando el resto a beneficio de la Municipalidad donde tenga asiento el Juzgado de Policía Local que aplicó la infracción.

3. Una revisión de las principales disposiciones propuestas 1. Niveles de servicio, modificaciones de las características de obras y compensaciones.

Este es sin duda, uno de los dos principales temas que aborda el proyecto de ley. En efecto, el gran número de renegociaciones sucesivas de contratos plantea varios aspectos complejos.

obra y que, además, posee ventajas de información importantes.

Actualmente se licitan proyectos que especifican hasta los componentes menores; por consiguiente, cualquier obra no prevista por deficiencias del proyecto o cualquier construcción que sea solicitada a posteriori por una comunidad afectada no se consideran dentro de las obligaciones de la sociedad concesionaria y deben ser compensadas por el Estado. Esta situación tiene dos consecuencias principales. Obliga a la Administración a un seguimiento cotidiano de la obra, forma no consistente con la idea básica de la concesión, según la cual el Estado delega las responsabilidades de construcción y explotación en la sociedad concesionaria, reservándose sólo la fiscalización.

Pero lo más importante es que la secuencia de múltiples modificaciones acarrea renegociaciones que posibilitan cambios en las condiciones económicas definidas en el contrato de concesión derivado de la licitación. Ello puede afectar el interés fiscal, pues la negociación se da con un operador que disfruta de hecho de una posición monopólica y que esgrime la amenaza tácita de abandonar la obra, con las consecuentes dificultades para la Administración interesada en terminar lo antes posible la construcción de la

Del mismo modo, la posibilidad de que cambios contractuales deriven en modificaciones de las condiciones económicas que resultaron de la licitación puede afectar la credibilidad de ésta, ya que la competencia por el mercado opera eficientemente sólo si los interesados en adjudicarse la concesión tienen la certeza que los precios ofrecidos son vinculantes. Si, por el contrario, existe la convicción de que dichos precios podrán sufrir modificaciones posteriores, los operadores podrán concluir, con razón, que deberán operar con dos precios: uno que le permita ganar la licitación y otro, que genera la rentabilidad buscada mediante la renegociación. Naturalmente, en un contexto como este, son proclives a ganar la licitación no los operadores más eficientes, sino aquellos con mayores capacidades de negociación.

Por ello el proyecto dispone que toda inversión que realice el concesionario para cumplir con los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las bases de licitación no será susceptible de compensación económica. La propuesta implica, en consecuencia, que las bases de licitación deben especificar tanto los estándares técnicos como los niveles de servicio que el concesionario debería asegurar en todas las circunstancias. En tal sentido, por ejemplo, los contratos determinarán que a partir de que una determinada cantidad de habitantes, el concesionario deberá asegurar conectividad a poblaciones afectadas por una carretera. Esta modificación requiere importantes estudios para desarrollar los modelos de contratos pertinentes, más complejos que los ahora usados. Del mismo modo, es probable que aumente

[1] La Ley vigente abre la posibilidad de que en lugar de solicitar la constitución de la comisión arbitral, la concesionaria recurra a la Corte de Apelaciones.

No obstante, esta posibilidad no ha sido utilizada por las sociedades concesionarias.

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en algunos campos los riesgos del inversionista, lo que redundará en un aumento de la prima de riesgo, con el consiguiente encarecimiento de los proyectos. La apuesta de la iniciativa es que dicho encarecimiento será más que compensado por la reducción de los costos fiscales y para los usuarios al acotarse las renegociaciones y sobre todo, por los beneficios que acarrea fortalecer el mecanismo de licitación.

2. El sistema de resolución de controversias.

El otro aspecto destacado del proyecto de ley se refiere al mecanismo de solución de controversias, cuya efectividad actual plantea sendas dudas, ya que las diferencias que surgen entre el MOP y las sociedades concesionarias se llevan ante una comisión conciliadora y, en caso que no sea posible llegar a un acuerdo, dicha instancia puede constituirse en una Comisión Arbitral (CA), cuya resolución tiene carácter definitivo1.

Las CA han surgido como una alternativa al Poder Judicial para resolver controversias, por ser organismos especializados, con capacidad de análisis técnico y económico en sus determinaciones, por ser independientes y por operar de manera rápida y eficiente.

La experiencia en infraestructura, sin embargo, no es positiva. Como ha informado recientemente el ministro Bitrán, desde que se inició el sistema de concesiones, el MOP ha pagado cerca de US $ 500 millones de dólares tras fallos adversos, en los que muchos advierten un sesgo a favor del sector privado.

El análisis de la operación del sistema parece confirmar estas aprehensiones.

En efecto, las CA, constituidas por 3 personeros designados por las partes, no garantizan un estudio especializado de las controversias. Los temas debatidos incluyen problemas técnicos, económicos y jurídicos. Como en la práctica dos de los miembros de la CA son designados por cada una de las partes, la decisión final tiende a recaer en el tercero, que usualmente está calificado sólo en una

de las materias. La designación por las partes de los miembros de la CA elimina la posibilidad de independencia. La operación ha generado un efecto perverso adicional con efectos negativos sobre el interés fiscal. En algunos casos, la Administración ha elegido como su representante a profesionales que no defienden a todo evento la postura del Estado. Esta actitud no tiene un correlato en el profesional designado por el concesionario que defiende a ultranza la posición de la empresa, constelación que puede acarrear un resultado inaceptable para el interés público. El tercer miembro de la CA es nombrado de común acuerdo por las partes. Se esperaría que su juicio fuese, al menos, imparcial. No obstante, como la dedicación de ellos es parcial, estos individuos dependen laboralmente con frecuencia de las mismas empresas que constituyen parte en la controversia.

Para resolver estos problemas, el proyecto propone que los tres profesionales sean 2007 19 FORO J U L I O

nombrados de común acuerdo por las partes de una lista integrada por 20 profesionales, propuestos en partes iguales por el MOP y la sociedad concesionaria, dos de los cuales deben ser abogados. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el nombramiento será efectuado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, de los candidatos incluidos en la lista. Los candidatos deberán ser profesionales universitarios ligados a la economía y a la construcción y por abogados con al menos 10 años de ejercicio profesional, y no podrán estar relacionados con las empresas concesionarias ni ser dependientes del MOP ni de ninguna otra institución pública, con excepción de las universidades. Del mismo modo, la ley consagra que las CA deberán actuar de acuerdo con las normas legales fijadas para los árbitros mixtos, con fallo en derecho y apreciación de la prueba de acuerdo a la sana crítica y con obligación de fundar la sentencia.

Para resolver estos problemas, el proyecto propone que los tres profesionales sean nombrados de común acuerdo por las partes de una lista integrada por 20 profesionales, propuestos en partes iguales por el MOP y la sociedad concesionaria, dos de los cuales deben ser abogados.

Todos estos elementos perfeccionan el sistema. La obligación de operar

conforme a derecho va a terminar con decisiones arbitrales que han ido en directa contravención de lo establecido en los contratos. El común acuerdo y las condiciones que deben llenar los árbitros evitarán que funcionarios de la empresa formen parte de la Comisión Arbitral. No obstante, cabría considerar la posibilidad de fortalecer la capacidad técnica y la independencia de la CA estableciendo un organismo permanente, similar al Panel Eléctrico. En efecto, una instancia permanente, cuyos miembros se designan por períodos determinados de años, renovables; que tienen dedicación exclusiva y, por tanto, están fuera del mercado de consultores, con los beneficios consecuentes desde el punto de vista de la independencia, y que tiene un número de miembros de 7 ó 9 personas, permite incluir en su seno las distintas especialidades que garantizan una sentencia adecuada. La gran cantidad de controversias justifica la creación de esta instancia.

3. El Consejo de Concesiones.

El ministro de Obras Públicas en diversos medios ha insistido sobre la necesidad de ajustar las decisiones respecto de obras públicas a los requerimientos planteados por el desarrollo de la competitividad de la economía y la calidad de vida de las personas. En este contexto, el proyecto

Presidente de la República su nombramiento. Podrán incorporarse, además, otros ministros cuando se trate de concesiones atingentes a su cartera.

El MOP deberá contar con un informe del Consejo antes de definir los proyectos de iniciativa pública a concesionar, de declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada, de dictar las bases de licitación, de autorizar la modificación de las características de las obras para incrementar los niveles de servicio y de dictar los decretos sobre modificaciones de obras y contratos entre otros.

Resulta interesante, como se propone, formalizar la participación de algunos ministerios en la toma de decisiones sobre

Es relevante que los ministros que tienen una visión global del desarrollo del país y que forman parte del Consejo, puedan utilizar sus equipos para entregar los antecedentes requeridos para una buena decisión.

de ley propone crear un Consejo Consultivo integrado por el propio ministro de Obras Públicas, quién lo presidirá, los ministros de Hacienda, Economía y Planificación y por tres especialistas en evaluación social e ingeniería de proyectos, que no podrán ser funcionarios públicos ni personas relacionadas con las empresas concesionadas, correspondiendo al

las obras de concesión. Aún cuando un consejo consultivo probablemente no requeriría crearse por ley, la obligación impuesta al ministro de Obras Públicas de contar con un informe previo fortalece la idea de asegurar vínculos directos entre los proyectos y el desarrollo de la competitividad y calidad de vida del país.

Más aún, es relevante que los ministros que tienen una visión global del desarrollo 2007 20 FORO J U L I O

del país y que forman parte del Consejo, puedan utilizar sus equipos para entregar los antecedentes requeridos para una buena decisión.

Pero no obstante, incorporar "tres especialistas en evaluación de proyectos, con experiencia profesional en áreas que se desarrolle el programa de concesiones" introduce dudas, tanto en relación con el carácter del Consejo como sobre la pertinencia de incorporar estos especialistas. En efecto, ya que el Consejo debe asesorar sobre políticas de concesiones, tal definición de los especialistas no resulta idónea para realizar estas funciones.

Pese al carácter consultivo de la instancia aludida, y sobre todo en la medida que incluye personas externas a la Administración, se plantean sendas interrogantes respecto del sistema de toma de decisiones. ¿Deberán ser ellas tomadas por unanimidad, o por un sistema de mayorías? ¿En caso de diferencias, podrá existir un informe de mayoría y otro de minoría? Por la naturaleza de las decisiones que el Consejo debe informar y por el carácter público de los informes, este no es un tema menor. En efecto, algunas de las determinaciones pueden ser reclamadas ante los Tribunales de Justicia u otros mecanismos de resolución de controversias y estas diferencias pueden esgrimirse en contra del interés público.

R E L A C I O N E S B I L AT E R A L E S

La Integración Peruano Chilena desde el Diálogo Partidista Diversos temas sobre la integración entre Perú y Chile, que pasan por el diálogo político, fueron analizados en el seminario "Diálogo Político Binacional ChilePerú", organizado el 6 de julio pasado por la Fundación Chile 21, la Fundación Ebert y el Instituto Igualdad.

En este seminario intervinieron Mauricio Mulder, congresista de Perú y Secretario General del APRA, Nidia Vilches, congresista de Perú, y el senador chileno

Mauricio Mulder Es la primera vez en la historia de nuestros países que dos partidos que siempre proclamamos hermandad, igualdad, origen similar, trayectoria parecida, estemos simultáneamente en la conducción de nuestros respectivos países.

Hoy tenemos períodos de expansión económica, los países crecen, hay capacidad de inversión y hay Estado de Derecho y democracia en casi todas las repúblicas de América Latina, esencialmente las nuestras.

Entonces uno se pregunta qué vamos a dejar para la historia y qué correlato vamos a dejar para las futuras generaciones, si hemos venido practicando permanente y constantemente la política de mencionar que es un objetivo de fondo la integración latinoamericana, lo es la búsqueda de la justicia social, es un objetivo de fondo el Estado de Derecho y no dejamos huella indeleble de ese accionar en el período en que nos toca asumir esas responsabilidades.

Tener conciencia de que estamos ante un

Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Socialista.

Dada la calidad de las ponencias y las muchas propuestas que se hicieron para fortalecer un proceso de integración y vinculación a nivel de partidos, reproducimos a continuación los aspectos centrales de las exposiciones de Mauricio Mulder y Jaime Gazmuri.

reto histórico es fundamental para explicar las razones por las que estamos aquí. No es que se esté buscando un mecanismo de diplomacia paralela, como en algún momento se ha dicho, pero sí el de constatar que la diplomacia o la política exterior en su conjunto no es solamente tema de cancillerías y de técnicos, sino también es de pueblos.

Aun cuando tengamos la posibilidad de analizar qué es lo que viene ocurriendo y qué es lo que podemos hacer para buscar un mejor mecanismo de entendimiento e integración entre nuestros pueblos, los mismos pueblos ya están en un proceso de integración por su propia cuenta.

Y eso se explica por la presencia de 120 mil peruanos en Chile, por ejemplo, que no han sido decisión política de nadie, sino que es simplemente la consecuencia del devenir social que hay en América Latina y también el propio hecho de que haya cinco mil millones de dólares de inversión chilena en el Perú, que es también consecuencia del devenir social. Ahí está la integración.

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Por lo tanto hay un proceso efectivo, real, que viene de abajo hacia arriba, de integración y los dirigentes políticos tenemos que ser claros y conscientes de que tenemos que dar una respuesta a esos intereses para que sirvan de beneficio a nuestros respectivos ciudadanos. Eso significa que debemos adoptar como una política que aquello que pueda significar discrepancia y separación de criterios, no puede perturbar aquello que signifique coincidencia y unificación de puntos de vista.

El concepto de que porque uno tiene una discrepancia con otra persona, le tiene que declarar la tercera guerra mundial, tiene que ser descartado de las posiciones que todo dirigente político y democrático debe esgrimir. Y esto es importante, porque sí hay sectores políticos, algunos con importancia en nuestros países, que creen que lo que hay que poner por delante en cualquiera de nuestras relaciones es solamente el tema discrepante y dejar de lado los temas coincidentes. En el caso peruano ha sido un sector preponderante con alta votación en las últimas elecciones,

y es parte del accionar político constante, permanente y cotidiano que tenemos allí.

Al mismo tiempo existen otros factores de poder fáctico que circundan en nuestras sociedades como organizaciones de carácter no político, no diría ONGs, pero sí grupo de poder alrededor de determinados intereses, compra venta de armas o intereses que buscan un nivel de confrontación y también sectores recalcitrantes que pueden estar enquistados en determinados medios prensa que ejercen un poder real y que arrinconan y marcan pauta de agenda al devenir político en sociedades democráticas como la nuestra. Por lo tanto, nuestra presencia aquí obedece a ese criterio: manifestar que los partidos políticos que están en la conducción de un país y que ejercen un liderazgo social en su respectivo país tiene algo que decir en materia de política exterior, aun cuando en sus países son las cancillerías y los cuadros técnicos y diplomáticos los que tienen la responsabilidad de conducir estos temas.

esto que es casi una verdad universal, para algunos es una buena noticia, porque dicen: muy bien los políticos que se vayan todos.

Ya sabemos que el "que se vayan todos" que se utilizó mucho en Argentina, en realidad es "quítate tú para ponerme yo". El partido político en ese sentido es clave. Y esa debe ser también una de las conversaciones para que encontremos la fórmula desde el lado político de cómo hacer para que esa percepción ciudadana cambie.

Hemos buscado innúmeros planteamientos: democratización interna, mecanismos de permeabilidad, cambio generacional de líderes, pero al final siempre caemos en lo mismo. No hay todavía fórmulas mágicas que nos permitan encontrar una solución a este problema.

Institucionalidad de los partidos Un segundo punto que quiero resaltar es que al tener este tipo de diálogos lo que estamos haciendo es una apuesta por la institucionalidad y el respeto democrático que tiene los partidos políticos.

El partido político sigue siendo la institución pilar del sostén democrático de una sociedad en la que tiene que haber conjunción de ideas. Hay crisis política de representatividad en la democracia en su conjunto y hay serias discusiones en el sentido de que pudieran haber en lo sucesivo fórmulas que incluso terminen reemplazando la actividad de los partidos políticos, pero la verdad es que eso, mientras no se demuestren en la práctica, tiene que llevar a darse cuenta de que sin partidos políticos no puede existir convivencia civilizada entre los hombres y sin partidos políticos no se pueden tomar decisiones para conducir a los proceso de búsqueda de equilibrio y justicia social. Sólo con decisiones políticas tomadas desde el poder es que se pueden alcanzar objetivos de fondo. Las sociedades no adoptan posiciones ni planteamientos per se, sino que tiene que haber propuestas de personas que están en el quehacer político. Y ese es un terreno en el cual los partidos todavía nos encontramos arrinconados. Hay encuestas en Chile y en Perú que muestran que sigue persistiendo el descrédito de la política y de los políticos en su conjunto. Y

pero que tienen una sólida raigambre en la historia y en la composición social de este país. Veo que la institucionalidad de la Alianza, en el caso de la UDI y de RN en términos estrictos de solidez política, no difiere demasiado de la que tiene la Concertación, en el sentido de que cuatro partidos políticos, uno de ellos muy antiguo como el Partido Radical tienen parte inserta en la historia. En el Perú desafortunadamente lo que hay es una suerte de posición aluvional de la política en términos electorales, que conduce a que aparezcan siempre actores y que por la falta de institucionalidad política en su accionar, siempre se diluyan rápidamente una vez que se está probando en el ejercicio de la cosa pública. Y hasta ahora no han podido germinar dos o tres grupos que tengan una representatividad ideológica amplia de la sociedad, que puedan tener más de cinco o diez años de persistencia en la cosa política.

Para nosotros eso representa un problema.

Porque el APRA como partido político que hoy es responsable de la conducción política del país, se da cuenta de que no representa la totalidad del pensamiento político nacional. Nosotros obtuvimos 24,3 % en las elecciones de la primera vuelta de abril del año pasado.

Lo que indica ese resultado es que por cualquiera que sean las circunstancias, un inmenso sector ciudadano apuesta por un partido político pero dándole determinados mecanismos cerrados de conducción que no deben significar un cheque en blanco, sino simplemente la apuesta de que haya gobiernos inclusivos y de apertura.

Pero si en otros campos con la persistencia, la perseverancia, la mantención de esos planteamientos y de su consecuencia ideológica se han logrado recuperaciones de carácter electoral y recuperación de fórmulas de esperanza que los pueblos depositan en los políticos, esto mismo podría funcionar para que también encontremos mecanismos para que se valore y se le dé real dimensión al papel que un partido político tiene que jugar en una sociedad democrática como la nuestra. La crisis de representatividad política es mucho más aguda en Perú de la que hay en Chile. En Chile hay partidos sólidos en la Concertación que son preexistentes al 11 de septiembre del '73 y también hay partidos que tienen un origen posterior, incluso en la derecha,

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Y cuando hemos demostrado ser consecuentes con ese resultado electoral y hacer gobiernos de apertura con un gabinete donde no haya mayor número de militantes, no los hemos encontrado en el ámbito de los partidos, sino que mucho más allá, en la tecnocracia, en el mundo académico y empresarial.

En otras palabras, si uno quiere en Perú entenderse con la derecha no debe buscar a los partidos que representan a la derecha, sino que directamente al sector social de la derecha, que puede estar en el empresariado, en el mundo académico. No hay intermediarios políticos en el Perú que representen a ese sector social. Hay que ir directamente donde ellos. Ese proceso es complicado, porque no tienen raigambres políticas, entonces afecta un poco la estabilidad del país.

entonces estamos ante un problema más de fondo en nuestro debate. Ya no es sólo el debate de los partidos políticos, sino que si la democracia es o no es un valor en nuestros países.

E l último punto que quiero explicar es que todavía sigue siendo una discusión de fondo en nuestros países el tema de defender la democracia y el Estado de Derecho.

Hoy hay declaraciones en la prensa en el sentido de que habría una pertenencia militante de un sector de la política de mi país que estaría siendo digitado por Hugo Chávez. Traigo esto a colación porque es un tema que lleva a una polémica más de fondo. En muchos sectores académicos a nivel mundial, cuando se analiza lo que es hoy América Latina se llega a un simplismo para decir que hay dos grandes corrientes en América Latina. Una manejada por Chávez, en la que estarían Ecuador, Bolivia y Cuba. Y otra, en la que estarían Colombia, Perú, Chile.

¿Debemos persistir en el Estado de Derecho, en la concepción de la división de poderes y en la constitucionalidad de nuestros actores como elementos definidos? Nuestra apuesta ideológica es que sí, pero cómo hacemos para que el pueblo lo sienta también así. Cómo hacemos para que aquel sector para el cual hemos trabajado durante tantos años, que es el más empobrecido de nuestra población, que no tiene acceso a condiciones de educación y salud y que en este mismo momento tiene que estar parado en un semáforo vendiendo caramelos porque tiene que dar de comer a sus hijos, ese ciudadano sienta que la democracia, la libertad de prensa, el acceso a la información es un valor, que me sirve para dar de comer a mis hijos, es una buena herramienta.

Jaime Gazmuri La experiencia de que estemos conversando entre amigos tiene la máxima importancia desde el punto de vista de la contribución que podemos hacer al desarrollo. Tenemos muchos temas en común, porque no es sólo una amistad individual y personal, sino que es la amistad de fuerzas políticas que tienen tradición, cultura, historia. Finalmente hemos vivido experiencias similares en nuestros dos países durante mucho tiempo.

Digo que es una visión simplista, porque la política nunca es tan fácil. Siempre hay distintas complicaciones, pero en segundo lugar porque hay concepciones distintas entre cada una de estos bloques que llevan a que nos demos cuenta de que en realidad empieza a aflorar en América Latina un debate que va mas allá de este tema.

Fuerzas políticas que tienen tradición, historia, que está llenas de luces y sombras como ha sido la historia de nuestros países y que tiene una convicción desde su origen, desde su impronta latinoamericana común.

Y en Chile esto no tiene que ver sólo con la tradición socialista, sino también con la democratacristiana.

El debate es para nuestros pueblos: funciona o no funciona el Estado de Derecho, sirve o no sirve que haya parlamento, partidos políticos, debates políticos. Y cuando vemos que hay pueblos que votan por alternativas en las que se promete el aniquilamiento del debate político, que aceptan proyectos en los que se promete y cumple la desaparición de los partidos políticos y que consideran que solamente pueden obtenerse beneficios de carácter social con personas que manejen ellos solos, casi monárquicamente el poder,

Que fuerzas con esta tradición y trayectoria compartamos responsabilidades de gobierno y pro primera vez con el APRA en el Perú nos da la oportunidad, no para resolver todos los temas, pero sí para intentar en estos años dar un respaldo fuerte en el fortalecimiento no sólo de las relaciones ente Chile y Perú, sino intentar también hacer un común aporte a los procesos de integración en América Latina. Ese es el valor que tiene este encuentro y el trabajo estrecho que podamos hacer en el futuro con agenda y regularidad

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entre fuerzas afines democráticas.

Quiero hacer reflexiones en dos órdenes.

Una en cómo se ven los procesos políticos en América Latina y otro en la agenda bilateral.

Sobre América Latina, creo que vivimos una cierta paradoja en el sentido de que las circunstancias para avanzar en los procesos de integración deben ser de los mejores que existen en los últimos años. Vivimos un ciclo político caracterizado por la existencia de democracias en toda América Latina, medidas con los parámetros tradicionales de libertades públicas, elecciones periódicas.

En toda América del Sur, tenemos gobiernos con respaldo, lo que no existía hace 8 años, cuando había crisis en Argentina y Perú, pero ahora son gobiernos estables. Y hay un ciclo económico en general positivo.

También se van construyendo acuerdos muy generales. Uno es que las recetas del Consenso de Washington no resuelven los problemas económicos y sociales en el continente. Ese es un acuerdo general.

Ahora estamos en otro ciclo, entendemos que aquí no basta responsabilidad fiscal, las políticas macroeconómicas, aperturas y reformas, sino que es necesario reponer los viejos temas de estrategia de desarrollo. En todas partes están hablando de esto, con distintos énfasis.

En segundo lugar sabemos que los problemas centrales que tenemos sobre todo las fuerzas progresistas son los temas de exclusión y desigualdad. Con distintos niveles y grados.

En Chile hemos tenido gran éxito y tenemos que celebrarlo mucho, de disminución de la pobreza, porque en otros países hermanos el tema de la pobreza todavía sigue siendo agobiante. Pero incluso en Chile -que desde este punto de vista demuestra éxito- , en los temas de desigualdad en 16 años no hemos avanzado un metro. El esquema de la distribución sigue siendo el mismo. Y eso para las fuerzas progresistas cuestiona casi la autoidentidad. Uno puede estar quince años sin resolverlo, porque teníamos que enfrentar muchos otros, pero se pone como un desafío mayor hacia el futuro. Y ese desafío es igual en todas partes. Porque este es el continente más desigual del mundo, no es el más pobre, pero el más desigual.

Y todos también estamos insertos en esta polémica de la estabilidad de largo plazo de nuestros sistemas políticos y las necesarias

reformas para establecer sistemas políticos donde haya sintonía entre la ciudadanía, las masas populares, sus instituciones, sus partidos políticos. Este tema pasa por todos lados, aunque se da de manera distinta en cada país.

Por lo tanto tenemos material para avanzar en los problemas de integración, pero los esquemas de integración están relativamente en crisis y los procesos de integración sustantivos avanzan poco.

Hay problemas en el Mercosur, en la Comunidad Andina, la promesa de la unión de la Comunidad Sudamericana avanza poco, habiendo una coyuntura favorable en general.

Y aquí en el mundo en que vivimos, la posibilidad de que se nos vaya el tren es muy grande. Si no articulamos mayor cohesión política, no vamos a jugar como área mundial un papel en ningun lado en los grandes asuntos que se están resolviendo a nivel planetario. Parte de la agenda entre chilenos y peruanos debe ser esto. Cómo trabajamos juntos en avanzar en procesos de integración.

Y en ese sentido la decisión del Presidente García de llevar la controversia sobre delimitación marítima -que creo que es la principal que tenemos respecto del pasadoal Tribunal de La Haya, si eso ocurre, eso permitiría al menos encauzar el asunto que queda como último tema pendiente a través de una solución jurídica. Y eso nos da tiempo para construir una agenda positiva.

En los temas de agenda bilateral, que es muy amplia y no se trata de abarcarla toda, quisiera solamente poner de relieve cuatro aspectos que me parecen que son exclusivamente políticos.

Si entendemos que tenemos problemas históricos pendientes, no sólo desde el punto de vista jurídico y soberanía, sino desde el punto de vista de las percepciones mutuas, de los sentimientos populares, como fuerzas políticas podríamos ir generando desde una

Agenda anclada Respecto de la agenda común, lo primero es que a pesar de toda la integración real que se ha dado en los últimos años entre nuestros países, porque somos vecinos, ocurren las cosas, 120 mil peruanos trabajan en Chile y así como hay inversiones y muchas otras cosas en común, los temas de la agenda pública y las relaciones a nivel político y estatal siguen marcados por los temas de la Guerra del Pacífico.

Ahí tenemos un problema severísimo. O sea es una gran noticia que en la Academia Naval de Perú en Callao se inaugure una estatua de Arturo Prat y que eso se hará recíproco en Talcahuano con el busto del almirante Grau.

nueva mirada de la historia, nuevo tipo de conocimiento, por lo tanto el diálogo sobre los temas problemáticos de la historia tenemos que ponerlos también en la relación.

Promover distintas iniciativas: gestos políticos, hay que devolver los libros, la revisión de los textos de historia. Creo que hay que multiplicar y relevar los muchos elementos que nos unen. Hay muchas cosas comunes que no están puestas sobre la mesa.

Y aquí las diplomacias no son los actores principales, son las fuerzas políticas, la sociedad civil.

Esas son las noticias.

Entonces tenemos un problema. Y digo que mientras no resolvamos los problemas del siglo XIX es muy difícil construir agenda de futuro. Porque siempre queda un pendiente, una piedra en el zapato que puede convertirse n una roca pesada.

En segundo lugar debe ponerse fuerte en la agenda los temas de migración. Nosotros no tenemos política migratoria que tenga en cuenta las condiciones de Chile hacia delante. Es un tema central. Como fuerzas políticas chilenas tenemos que hacer serias advertencias y tomarnos en serio el problema

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que puede surgir con los síntomas de intolerancia y chauvinismo en Chile frente a inmigrantes peruanos, hay síntomas muy alarmantes.

En tercer lugar hay que dar mucha importancia en avanzar en el diálogo en los temas de defensa y seguridad. Son muy vitales para generar confianzas a nivel de estados. La experiencia que Chile ha tenido en este aspecto con Argentina es muy positiva. Y con Perú esta dimensión es particularmente importante para generar confianzas mutuas.

Y en último lugar, y espero que esto se vea en el diálogo trilateral con Bolivia que se planea para agosto, es que los temas de integración específicos entre el sur del Perú, el occidente boliviano y el norte chileno, debiera ser un tema también específico de nuestra relación bilateral. Lo general es evidente. Esa región fue quizás la que más sufrió las fracturas históricas de la guerra y esa parte del continente esta destinada a integrarse. Todo pasa por ahí. Tacna y Arica, con su comercio. No quiero poner temas muy polémicos, pero el puerto natural, puede tener varios puertos naturales Bolivia, pero por Arica se hace casi todo el asunto. Ahí hay y es necesario para Bolivia, el sur del Perú y es fundamental para el norte chileno. Tenemos un tema común que está lleno de problemas históricos.

Existe la necesidad de bolivianos y chilenos de resolver el conjunto de nuestra agenda, y todos entendemos que eso es, en un plazo razonable, alguna resolución de la cuestión marítima que sea mutuamente aceptable para los dos países y Perú podría ser o no un interlocutor de ese tema. Pero en todo caso los temas de integración del norte y de la relación trilateral, ya que juntos sufrimos las aventuras y desventuras de la historia, también tienen que formar parte de la agenda común.

Y espero que entre amigos -aun cuando uno no resuelve todos los problemas con el puro hecho de la amistad -se pone una mirada, una manera y una voluntad que creo es la que necesitamos para terminar efectivamente con la retórica de que vamos a eliminar la agenda del pasado, pero tenemos que trabajar de verdad para construir una sólida agenda de futuro.

Modernidad y protección social en el Bicentenario: desafíos nuevos Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet se realizó el 27 de junio el seminario "Modernidad y Protección Social en el Bicentenario" organizado por los cinco centros de estudios de la Concertación, CIEPLAN, CED, Chile21, Expansiva y Proyectamérica.

El encuentro se realizó en la cineteca del Centro Cultural Palacio de La Moneda y contó entre los asistentes a numerosas figuras de la Concertación como Edgardo Boeninger, Juan Villarzú, Sergio Molina, Marcelo Trivelli, Álvaro Erazo, Sergio Micco, Jorge Navarrete P., la diputada Carolina Tohá, la Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y los subsecretarios Raúl Vergara y Claudia Serrano, entre otros.

Durante su intervención, la Presidenta planteó que el título del seminario "recoge muy bien la marca y sello del gobierno: la modernidad como contexto y la protección social como respuesta".

Agradeció la oportunidad de inaugurar este encuentro que "tiene como objetivo reflexionar acerca del sentido del quehacer de su administración y sus metas, más allá de la contingencia".

Al repasar los logros obtenidos durante los gobiernos de la Concertación, la Presidenta resaltó que, sin caer en la autocomplacencia, hay que ser justos en los análisis y que el proyecto del conglomerado progresista "ha sabido combinar responsabilidad económica y audacia social y ha logrado crecer y sacar a millones de chilenos de la pobreza, en libertad y democracia".

Posteriormente intervinieron los representantes de los centros Enrique Correa por Proyectamérica, Jorge Leiva por Chile 21, Mauricio Jelvez por el CED, Javier Couso por Expansiva y Patricio Meller por Cieplan.

Los debates de la Concertación y el mensaje del 21 de mayo Un interesante debate sobre los efectos del Mensaje 21 de mayo y los documentos "La disyuntiva " y "El desafío" se realizó el jueves 14 de junio en la Fundación Chile 21. El diputado Jorge Insunza presentó las principales ideas de "El desafío" y el senador Carlos Ominami presentó los temas principales de "La disyuntiva". Los comentaristas fueron el director ejecutivo del CED, Mauricio Jelvez; el ex ministro y presidente de TVN, Francisco Vidal y el ex ministro Enrique Correa.

Todos los participantes coincidieron en la idea de que la Concertación requiere dotarse de un nuevo concepto que la cohesione, el cual necesariamente tiene que estar ligado a una estrategia de desarrollo inclusiva. Junto con reconocer los importantes avances que ha tenido el país desde el año 90, se insistió en que abrir debates y confrontar puntos de vista no sólo es necesario, sino que ha sido parte de la riqueza de la Concertación desde su inicio.