Revista Foro 21 Nº 70.

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COYUNTURA

Las Exclusiones y las Desigualdades: Los Factores Estructurales de la Violencia Nuevamente, este 11 de septiembre estuvo marcado por hechos de violencia que costaran la vida de un cabo de carabineros. Una acción extrema que poco o nada tiene que ver con referencias al golpe de Estado de 1973, que sectores de izquierda conmemoraron en marchas pacíficas por el centro de Santiago, en el Cementerio General y frente al monumento del Presidente Allende. La violencia de este 11 de septiembre estuvo protagonizada por sectores

marginales, principalmente grupos juveniles, anarcos y otros derechamente delictuales, vinculados a pandillas de narcotraficantes, que aprovecharon la oscuridad de ese día para protagonizar actos de pillaje y vandalismo, enfrentando a las fuerzas del orden no sólo con armas hechizas o livianas, sino algunas de mayor calibre, muchas de las cuales pueden haber sido provistas por los narcotraficantes, pero que en su mayoría parecen constituir un recurso cada vez más habitual de defensa para

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Marcelo Contreras N. Director Revista Foro Chile 21

quienes habitan en zonas periféricas en donde impera la ley del más fuerte y en donde crecientemente tanto el narcotráfico como la delincuencia se disputan el control territorial de estos sectores, buscando imponer sus propias leyes. Sin embargo, reducir la violencia a un tema de seguridad ciudadana y señalar a la delincuencia o el narcotráfico como su origen, sin analizar las causas estructurales que la generan, es tan


para nuestro propio país en donde, pese a los éxitos económicos, de reducción de la pobreza y mejora de la totalidad de sus índices sociales, persiste un fenómeno de exclusión y extremas desigualdades de ingresos, de acceso a bienes públicos de calidad y de la modernidad publicitada a través de los medios de comunicación.

inconducente como culpar a los jueces de ser excesivamente garantistas en la aplicación de la reforma procesal penal o limitarse a pedir mano dura, incremento de las fuerzas policiales o leyes más severas para combatir la delincuencia. Por otra parte, constituiría un grave error de diagnóstico confundir a los pobres que día a día luchan por mejorar si condición de vida, educar a sus hijos y sacar adelante sus familias, con los sectores marginales que protagonizaron estos hechos de violencia. Estos sectores son las primeras víctimas de los narcotraficantes y bandas delictuales que quieren imponer su control sobre estos territorios y sienten que tanto el gobierno como los partidos los han abandonado al clima de terror y agresión cotidiana que se vive en las poblaciones periféricas. Y de la cual el resto de los chilenos nos enteramos de manera parcial y a menudo sesgada por los medios de comunicación. También constituiría un error atribuir la violencia a sectores políticos identificados con el Partido Comunista o la izquierda extraparlamentaria. No deja de ser ilustrativo que en aquellas poblaciones históricamente asociadas a la resistencia activa en contra de la dictadura- quizás la más simbólica puede ser la población La Victoria- y con dirigentes sociales vinculados a la izquierda tradicional, el pasado 11 de septiembre transcurrió pacíficamente. Si con algún signo ideológico se puede identificar este fenómeno es más bien con el anarquismo o una nueva ultraizquierda, portadora de una ideología básica y difusa, que intenta conectarse con el fenómeno de la exclusión en su postura antisistémica y de rechazo al orden establecido y que no duda en sumarse a los actos de pillaje y vandalismo. El diagnóstico más ajustado para explicar este fenómeno fue el de la propia

Presidenta de la República en la inauguración del Primer Foro Unión Europea- América Latina y Caribe sobre Cohesión Social, en donde apuntó a los problemas de exclusión y las desigualdades que imperan en la región como causas estructurales que explican el creciente malestar social y los estallidos de violencia que proliferan en muchos países de la región. "No hay democracia madura y constructiva si no aborda el tema de la equidad y de la justicia social" recalcó la Jefa del Estado, recordando que "a pesar de que América Latina se ha beneficiado del largo ciclo de crecimiento mundial, con una tasa de crecimiento regional promedio superior al 5% en los últimos años, el problema de la exclusión y las desigualdades se instaló en el centro de la agenda política en la región". "Nuestras democracias no han logrado mejorar más rápidamente las condiciones de vida de la gente, especialmente de las más desvalidos, y las consecuencias políticas se están viendo", sostuvo. El diagnóstico no puede ser más certero 2007 3 FORO SEPTIEMBRE

A fuerza de segregar las ciudades, diseñar una educación para pobres y otra para sectores acomodados, una salud diferenciada, carreteras de pago y otras liberadas, un transporte público que ha mostrado grandes falencias y una muy injusta distribución del ingreso, se proyecta la imagen de una sociedad dual, con brutales brechas no solamente entre ricos y pobres sino una de incluidos (insiders), que tienen acceso a los beneficios del sistema (empleos estables, previsión y prestaciones sociales) y otra de excluidos (outsiders), con altas tasas de cesantía, empleos ocasionales, sin previsión o acceso a educación o salud de calidad. El fenómeno es especialmente preocupante entre los jóvenes de poblaciones periféricas, marcados desde su nacimiento por su propio entorno, sin muchas posibilidades para abandonar su condición de marginalidad y que muchas veces ven en el delito una oportunidad fácil de acceder a determinados bienes de consumo y entretención, asumiendo un singular sistema de integración a través de un modo de vida que desafía el orden constituido. Chile, al igual que muchos países de la región, marcados por una muy desigual distribución del ingreso y grandes bolsones de marginalidad, incuba factores de violencia extrema- que hasta ahora han sido muy limitados- que cada tanto pueden aflorar con fuerza en la forma de


estallidos de difícil control (como quedó demostrado la noche del pasado 11 de septiembre), así como el incremento sostenido de la delincuencia y avances del narcotráfico. La propia bonanza económica que vive actualmente nuestro país, al igual que algunos países en la región, actúa como un detonante del descontento y malestar social que se registra en nuestra convivencia y que tiene distintas expresiones según se trate de sectores incluidos que luchan por mejorar su condición, o de sectores marginados que no se sienten parte del proceso de inclusión social.

narcotráfico, que busca tejer redes de protección y sólidos lazos con la comunidad, exclusivamente con medidas policiales o leyes represivas si no se rompen esos lazos y se busca una sólida alianza entre las fuerzas del orden y la propia comunidad organizada y empoderada. Enfrentar las desigualdades Otro tema muy distinto, aunque relacionado, es el de las desigualdades en la distribución del ingreso. Probablemente el desafío más difícil de

Combatir la exclusión Enfrentar este fenómeno de marginalidad y exclusión social requiere de políticas integrales, que superen el sesgo de asistencialismo que tienen no pocas políticas sociales para avanzar en políticas efectivas de inclusión y promoción social, trabajando en cooperación con los grupos excluidos para transformarlos en actores de su propio proceso de superación. Algo así como una versión actualizada de la antigua promoción popular que implementara el ex Presidente Eduardo Frei Montalva durante su administración y que buscaba empoderar a las organizaciones sociales y constituirlas en protagonistas del proceso de superación de la marginalidad. La respuesta del gobierno a las demandas de mayores grados de intervención para garantizar el orden y seguridad ciudadana, a nivel de la acción de inteligencia, prevención y represión del delito, constituye una tarea permanente de la autoridad, que dice relación con un tema político y socialmente sensible y las medidas que se anuncian parecen más que justificadas frente a la gravedad del problema. Sin embargo, parece evidente que no se derrota la delincuencia y el

enfrentar para un país que ha crecido aceleradamente en estos últimos veinte años y que pese a sus avances en reducir la pobreza e implementar un sistema integral de protección social como el que ha propuesto este gobierno, no ha tenido el mismo éxito en reducir la brecha que separa al quintil de mayores ingresos con los sectores más pobres del país. La Iglesia Católica ha planteado con particular fuerza este tema. El Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, apuntando a este problema, ha propuesto un salario mínimo ético. Por su parte, el cardenal Francisco Javier Errázuriz propuso un pacto social por la equidad en su reciente 2007 4 FORO SEPTIEMBRE

homilía de Fiestas Patrias. El gobierno, más que sensible a estas demandas ha creado una comisión asesora presidencial por la equidad, que debe hacer sus propuestas en esta dirección en un plazo no superior a 90 días. Lo crucial para enfrentar las desigualdades no sólo implica "nivelar hacia arriba" como muchos han propuesto. Implica un esfuerzo por reestablecer los equilibrios sociales gravemente alterados por 17 años de dictadura y que la democracia reconquistada no ha sabido o podido reequilibrar. Hoy, de los que se trata, nada más y nada menos, es de redistribuir el poder en nuestra sociedad. No sólo el poder económico con una alta concentración de la riqueza, sino que también el poder social, en donde aparecen agrupaciones empresariales y grupos mediáticos como verdaderos poderes fácticos, frente a una organización sindical desmembrada y con escaso poder d e p r e s i ó n y n eg o c i a c i ó n , organizaciones sociales debilitadas y un poder político desacreditado. Con un sistema político excesivamente presidencialista y centralizado, en desmedro de las regiones y del poder local, en donde el individualismo ha ganado terreno por sobre lo colectivo. El pacto social que falta Un verdadero pacto social por la equidad supone la presencia de actores económicos sociales y políticos empoderados y representativos, que reconocen un problema o anomia social que se debe enfrentar y resolver a través de mutuas concesiones a través de un proceso y no en un acto único pero que requiere de voluntad y disposición para avanzar en forma nítida y resuelta para acortar la brecha de las desigualdades. El ex Presidente Eduardo Frei ha propuesto institucionalizar este diálogo social a través de un Consejo Económico


y Social que reúna a gobierno, empresarios y trabajadores, tomando como modelo a algunos países desarrollados. Bien puede ser esa la instancia para posibilitar este esfuerzo que supone una disposición para mejorar el poder de negociación de los trabajadores agrupados en sindicatos fuertes y empoderados y reducir la discrecionalidad de la parte patronal para despedir a sus trabajadores, limitar el derecho a huelga o el poder de negociación sindical. En esa línea se inscriben algunas de las propuestas dadas a conocer por el ministro del Trabajo. Osvaldo Andrade. Las mismas que han generado todo tipo de críticas de sectores empresariales que durante los últimos treinta años se han beneficiado con una legislación en extremo favorable para la parte patronal y lesiva para sus trabajadores. El verdadero "test de la blancura", que mide la real disposición de sectores empresariales para sentarse en una mesa de diálogo y discutir las bases de un pacto social, pasa por aceptar reglas de negociación laboral más equitativas de las que contempla la actual legislación. Y asumir que el pacto social incluye un pacto fiscal que le de sustentabilidad. Sin duda que todo esto constituye un cambio en las reglas del juego en relación a los 17 años de dictadura y los 16 años de la

democracia reconquistada, pero más que como una carga o un debilitamiento de su poder, los empresarios, expertos en los temas del mercado, debieran considerarlo como una inversión en cohesión social y gobernabilidad democrática. Dos intangibles esenciales para asegurar un desarrollo integral y sostenido de nuestro país. Asumiendo que enfrentar el tema de las desigualdades constituye un enorme desafío es preciso considerar que las condiciones para hacerlo no pueden sen más favorables. Coincide con un momento de bonanza económica, amagado tan sólo por algunos nubarrones de la crisis inmobiliaria en los EE.UU. y un cierto repunte inflacionario que tiene causas estacionales, pese a los cuales las empresas registran buenas utilidades. En la evaluación del gobierno, los efectos del Transantiago parecen estar superando su punto más crítico y las graduales mejoras en el servicio de transporte de la capital -más allá de un debate cruzado a nivel político y de los operadores respecto del futuro del sistema- sitúan 2007 5 FORO SEPTIEMBRE

en un nivel razonable las expectativas de finalizar el año con un descenso de los factores más irritantes para la población. Superados algunos factores estacionales, las encuestas muestran un alza en la aprobación ciudadana a la gestión de la Presidenta y de su gobierno. La propia extradición del ex mandatario peruano, Alberto Fujimori, concedida por la Corte Suprema luego de un fallo contrario de primera instancia, le permite al gobierno capitalizar la imagen de un país en donde las instituciones funcionan y despeja un potencial punto de tensión con la vecina nación. La Presidenta de la República mantiene sus atributos de liderazgo, como ocurre con la credibilidad y confianza de la ciudadanía, que explican su elección y aún tiene por delante el suficiente tiempo político para hacer una inflexión en su agenda para incorporar en forma resuelta los temas de la exclusión y las desigualdades. Temas que se han instalado con particular fuerza, como ella misma lo afirmó, en el centro de la agenda política de la región y en nuestro propio país, como quedó en evidencia este último 11 de septiembre, con las movilizaciones sociales del último tiempo y con el agudo malestar social que recorre la región.


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