Revista Foro 21 N°76

COYUNTURA

¿El Principio del Fin de la Concertación?

La propuesta del PPD y el PRSD de enfrentar la próxima elección de concejales con dos listas oficialistas, aceptada a regañadientes tanto por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, ha sido descrita, especialmente por parte de algunos dirigentes de la DC, “como el principio del fin” de la alianza de centro izquierda que gobierna el país desde 1990. Una descripción más que ominosa para una propuesta que más allá de sus ventajas o desventajas en el terreno puramente electoral, proyecta una imagen de división y ruptura en la coalición de gobierno que bien puede tener graves consecuencias en el plano político tras el objetivo de reproyectar a la Concertación a futuro.

Sin embargo, es preciso asumir que tanto el PPD como el PRSD no plantearon esta propuesta como una postura irreductible ni menos se limitaron a notificar a sus aliados de la decisión de enfrentar la elección de concejales con dos listas sino que contemplaba la alternativa de una lista única, en donde cada partido tenía derecho a nominar un candidato por comuna y el resto se distribuía de manera proporcional a la fuerza electoral de cada partido.

Adicionalmente, el PPD y el PRSD propusieron suscribir un acuerdo para enfrentar la próxima elección presidencial con un solo candidato presidencial del oficialismo, además de una sola lista parlamentaria. Ambas

Marcelo Contreras N. Director Revista Foro Chile 21

propuestas contaron con el rechazo de la Democracia Cristiana, que asumió que no estaba en condiciones de suscribir dicho compromiso.

Se puede discutir y de hecho se discute al interior del oficialismo si esta fórmula de dos listas, que no sólo asegura maximizar la votación de los partidos sino una mayor renovación de los elencos, implica un riesgo claro de elegir menos concejales por efectos de la aplicación de la cifra repartidora. Un efecto que según los técnicos electorales del PPD podría verse compensado con una mayor votación.

Con la decisión que asumieran los presidentes de los partidos

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oficialistas de aceptar la fórmula de dos listas a nivel de concejales, se cierra un capítulo que no sólo prefigura el escenario de la próxima elección municipal -que no sólo permitirá medir a los bloques mayoritarios- sino la fuerza electoral de los partidos que integran la actual coalición de gobierno, enfrentando por primera vez en estos 18 años al PS con el PPD y poniendo a prueba la capacidad del PRSD de probar su desempeño electoral con candidatos en cada comuna, lo que representa toda una novedad en materia electoral. Sólo el resultado permitirá esclarecer si el PPD y el PRSD tenían la razón al imponer esta fórmula o si, por el contrario, representa un error en el plano estrictamente electoral y ello se medirá no sólo por la cantidad de votos que obtenga cada partido sino por el número de concejales electos.

A nivel de alcaldes, una elección uninominal, en donde el oficialismo está obligado a presentar un candidato único, los parámetros son otros. Se mide por el número de alcaldes que obtenga el oficialismo y la posibilidad de recuperar algunas comunas emblemáticas, aquellas con mayor densidad poblacional, hoy en manos de la derecha, sin descartar que las listas separadas a concejales puedan afectar a los candidatos a alcaldes.

Otras son las cuentas en el terreno propiamente político, asumiendo que las listas separadas a concejales rompen la imagen de unidad y cohesión que el oficialismo había logrado proyectar a lo largo de estos 18 años, pese a sus diferencias y conflictos internos. Pero tampoco en este plano habría que dramatizar o responsabilizar exclusivamente al PPD o al PRSD por la mala imagen comunicacional que proyecta esta decisión. La unidad y cohesión oficialista ha sufrido un fuerte desgaste tras estos 18 años ininterrumpidos de ejercicio del poder, en donde las directivas partidarias enfrentan serias dificultades para ordenar sus bancadas parlamentarias, con la emergencia de elementos “díscolos” y la propia escisión que ha sufrido tanto el PPD como la propia DC, de sectores disidentes, al punto de proyectar más de una duda razonable acerca de la capacidad del oficialismo de asegurar la gobernabilidad futura del país. Uno de los elementos que ha constituido una de las fortalezas de la actual alianza de centro izquierda y que hoy aparece seriamente debilitado. Por su parte, tampoco la oposición está en condiciones de garantizar la gobernabilidad futura del país con un sistema binominal que tiende el empate en materia parlamentaria y teniendo a la vista las serias diferencias que separan a la UDI de Renovación Nacional y las tensiones internas que muestra la UDI entre sus líderes históricos.

Es innegable que el sistema de dos listas a concejales tiende a centrar un precedente en relación al mecanismo de designación de un candidato presidencial en el oficialismo, pero ha sido la propia Democracia Cristiana la que se ha encargado de reiterar que para su partido es punto menos que imposible resignar por tercera vez consecutiva su opción a encabezar a la Concertación, no desechando llevar su candidato(a) hasta la primera vuelta, que bien podría constituir el fin de la Concertación.

Bien pudiera ser que alguno de los

partidos que integran la actual coalición de gobierno estime que la Concertación cumplió su ciclo, que no tiene condiciones de proyectarse a futuro y que la prioridad política es acumular fuerza propia para hacer su “travesía por

el desierto” y repensar su política de alianzas.

Sin embargo, retomar el camino propio, que caracterizó buena parte de la trayectoria de la Falange Nacional y luego de la Democracia Cristiana, posicionándose como una alternativa a la derecha e izquierda, muy probablemente le permitiría a ese partido recuperar un caudal de votación de centro derecha que hoy capitaliza la Alianza por Chile para acercarse al tercio histórico que tradicionalmente representó. Y lo 2008 3 FORO MAYO-JUNIO

más probable es que ello precipitara la fusión de los tres partidos de izquierda concertacionista que se reconocen en una vertiente social demócrata (tanto el PS como el PPD y el PRSD están afiliados a la Internacional Socialista) para disputar el tercio mayoritario, pero resulta más que evidente que reproducir esa realidad a tres bandas que marcó la política nacional hasta 1973, no asegura la gobernabilidad del país y tiende a rigidizar la política de alianzas. Sobre todo en el caso del centro político, marcado por la histórica frase de Radomiro Tomic acerca de que ganar con la derecha es la derecha la que gana.

Situación acentuada por la propia inflexibilidad de ese sector político para ceder su hegemonía en una eventual alianza con el centro. Todo ello sin contar con el actual sistema electoral binominal, que impone una verdadera “camisa de fuerza” sobre el sistema político y amenaza con la marginación parlamentaria al tercio menor.

Pero es indispensable en este confuso escenario en que hoy se desenvuelve el oficialismo, dar cuenta al menos de dos elementos que bien pueden ser de carácter estructural. Tras estos 18 años en el poder y no pocos conflictos internos, la Concertación no solo se ha desgastado sino que se ha debilitado el ánimo asociativo que permitió reunir a demócratas cristianos y socialistas, tradicionales adversarios políticos, en una muy amplia coalición de 17 partidos -un verdadero arco iris- unidos tras la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia.

Alcanzados ambos objetivos, aún de manera parcial e incompleta, la difusa idea de avanzar hacia un Estado democrático y social de derechos, ha sido el pegamento y orientación de la actual alianza de centro izquierda. Un basamento que hoy requiere de mayor explicitación y precisión para darle un sentido de futuro a la actual alianza de centro izquierda.

El segundo elemento es básicamente sociológico y electoral a la vez. Chile es

mayoritariamente un país con mayoría de centro izquierda. Esa es la razón, en definitiva, porque la derecha no ha podido ganar una elección presidencial en los últimos 50 años, Pinochet perdió el plebiscito de 1988 y la Concertación se haya impuesto en todas y cada una de las elecciones democráticas en estos últimos 18 años.

Es verdad, como en algún momento lo describiera el ex Presidente Eduardo Frei, que la Concertación ha vivido un deslizamiento desde el centro hacia la izquierda, que no sólo ha significado un deterioro electoral de la DC a favor de sus aliados de la izquierda concertacionista (que hoy representa cerca del 60% de la votación oficialista) sino también la pérdida del liderazgo en las dos últimas elecciones presidenciales, con la posibilidad cierta de verse enfrentada a la disyuntiva de cederlo por tercera vez en el caso que las encuestas o unas elecciones primarias le sean desfavorables.

realismo político sino que le evitó a la DC repetir la traumática derrota de Andrés Zaldivar frente a Ricardo Lagos en 1999.

Y si bien las encuestas de opinión carecen por ahora, a más de un año y medio de la elección presidencial, de valor predictivo, los sondeos de opinión no son favorables para un candidato o candidata DC, al punto que no sólo el ex Presidente Lagos aparece como el

En más de una ocasión, dirigentes de la DC han insinuado la idea de la alternancia en el poder como fórmula para mantener la alianza de centro izquierda. Una fórmula que rechazaron enfáticamente durante las dos primeras administraciones concertacionistas y en donde Andrés Zaldivar protagonizó una dura batalla para disputar el liderazgo a Ricardo Lagos para encabezar un tercer gobierno. La bajada de Soledad Alvear frente a Michelle Bachelet en las pasadas elecciones presidenciales no sólo constituyó una muestra de 2008 4 FORO MAYO-JUNIO

candidato con mayores opciones a liderar a la coalición en la próxima elección sino que el actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se ubica en el segundo lugar de las preferencias, con un menor nivel de rechazo ciudadano. El ex Presidente Patricio Aylwin puso la nota de sensatez en este tenso escenario, generado no sólo por la propuesta de las dos listas a concejales y la propia disputa presidencial, afirmando que no tendría problemas para votar por Lagos o Insulza si se diera el caso. Un bien más bien escaso frente al inédito desafío que enfrenta el oficialismo no sólo para ganar la próxima elección municipal sino proyectar a una coalición que cumplirá 20 años en el poder al final de este gobierno y que presenta evidentes síntomas de desgaste y debilitamiento de su espíritu concertacionista.

M E N S A J E 2 1 D E M AY O

El Penúltimo Mensaje Presidencial

El tercer y penúltimo mensaje presidencial habría sido un discurso redondo si hubiese contenido un relato interpretativo de lo que ha sido el sello del gobierno de Michelle Bachelet. El fin de un ciclo exitoso de apertura de nuestra economía el exterior, que le permite a este pequeño país acceder en condiciones ventajosas a los principales mercados del mundo gracias a los múltiples Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales suscritos por nuestro país en los últimos 18 años, bajo las administraciones concertacionistas. Un ciclo marcado por un desarrollo acelerado, que permitió que el país prácticamente triplicara su ingreso per cápita, disminuyera la pobreza y la miseria a menos de un tercio, siendo el primer país de la región en cumplir una de las metas del milenio. Un ciclo, en fin, en donde de manera paulatina y aún incompleta, el país ha ido dejando atrás la herencia de la larga dictadura militar

para consolidar la democracia, reestablecer la plena vigencia de los derechos humanos, así como la verdad respecto de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, abriendo los cauces a la justicia y reparara, en la medida de lo posible, a las victimas y sus familiares.

Es verdad que esta es una tarea aún inconclusa. Pese a sus múltiples y sucesivas reformas, la actual constitución política del Estado no pasa el test de la blancura en materia de democracia. El régimen político sigue siendo excesivamente presidencialista y centralista. El actual sistema electoral binominal, que obstinadamente la derecha se empeña en perpetuar, consagra la exclusión de significativas fuerzas políticas minoritarias. El propio diseño de las actuales circunscripciones y distritos, no permite representar con fidelidad la voluntad mayoritaria de los

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ciudadanos. El sistema de medios de comunicación no refleja la diversidad y pluralidad de la sociedad chilena. Y son muchos familiares de detenidos desaparecidos que aún esperan conocer la suerte corrida por sus seres queridos y la justicia para los responsables de su desaparición.

Sin duda la elección de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile inaugura un nuevo ciclo político en el país. No tan sólo por ser la primera mujer en nuestra historia en acceder a la primera magistratura sino porque representa, a su manera, el mismo fenómeno que llevó al poder a Ignacio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y más recientemente a Fernando Lugo en Paraguay. Una cierta crisis y agotamiento de las elites, que se refleja en la crisis de los partidos políticos tradicionales en la región y la demanda de renovación de

la política, que expresan amplias mayorías ciudadanas Más que un estilo ciudadano de gobierno, que nadie ha podido precisar muy bien en que consiste y mucho menos plasmar en la práctica, el gobierno de Michelle Bachelet representa un esfuerzo por enfrentar las discriminaciones, tanto de género como sociales y étnicas, avanzar en la constitución de un sistema integral de protección social " que acompañe a las personas desde su nacimiento y hasta la vejez" y que garantice no sólo igualdad de oportunidades sino de resultados, especialmente a los sectores más desposeídos de la sociedad, reponer equilibrios sociales gravemente alterados tras 17 años de régimen militar y asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. En todas estas materias la Presidenta ha mostrado profundas y sólidas convicciones y que en forma muy equivocada los sectores más conservadores de nuestra sociedad han identificado como "el alma izquierdista de la Presidente".

En materia económica, el gobierno de Michelle Bachelet ha mostrado un serio compromiso con el crecimiento y el emprendimiento, profundizando la apertura de la economía al exterior, abriendo nuevos mercados e involucrando al sector privado en este esfuerzo. El propio manejo macroeconómico, por momentos excesivamente conservador, así como la responsabilidad fiscal que ha mostrado el gobierno para administrar el superávit fiscal,son prueba de este compromiso.

Sin embargo, hoy el país, en su actual grado de desarrollo y con la bonanza económica que vive, enfrenta un problema teórico y práctico en un cierto sentido inédito y que solo tiene como antecedente, como ha recordado la propia Presidenta, en la bonanza del salitre y que es como administrar de manera eficiente e inteligente la actual bonanza económica para dar un nuevo salto al desarrollo y distribuir de manera más equitativa los frutos del crecimiento. Los fondos de reserva en el extranjero, un mecanismo al que cada vez más recurren los países

petroleros y otros con abundantes superavits fiscales para precaverse de la llamada "enfermedad holandesa", pueden ser adecuados en países de alto desarrollo como Noruega u Holanda pero admiten más de un debate en países en vías al desarrollo, en donde subsisten tantas carencias, inequidades y necesidades.

Es cierto que Chile está creciendo a un ritmo menor que el que muestran otros países de la región pero también es cierto que la mayoría de ellos vienen de superar

fuertes crisis económicas y hoy viven procesos de crecimiento acelerado que Chile vivió en la década de los 90. Hoy, en el marco de la crisis internacional, el alto precio del petróleo y los alimentos en el mundo, el país enfrenta desafíos mucho más exigentes para mantener un ritmo de crecimiento acorde con su potencial, que requieren mayores grados de consenso social, inversión en capital humano y mayor productividad, que sólo es posible en base a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Quizás la parte más débil del mensaje se encuentre en el área de la economía, en donde se requiere de urgentes medidas para enfrentar el adverso escenario internacional, la crisis energética y el alza de los alimentos a nivel internacional, que

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no sólo representa un problema sino también una oportunidad para un país que aspira a convertirse en una potencia alimentaria.

En este sentido, las medidas de política económica, propuestas de manera transversal por el Senado, representa un activo para el gobierno y sus autoridades económicas, que deben ser analizadas en su propio mérito, asumiendo que cuentan con un amplio respaldo parlamentario y un sólido fundamento técnico. La propia decisión del Banco Central, de intervenir activamente en el mercado cambiario, pese a las dudas y aprehensiones de algunos sectores, ha generado benéficos efectos para el país y es obvio que la compleja situación que presenta la economía mundial, con un precio del petróleo que amenaza con escalar a los 200 dólares el barril, requiere de medidas de emergencia.

También el aparato estatal enfrenta esta crisis de crecimiento que vive el país. Un país que ha pasado de US 6.000 dólares per cápita a casi 14.000 y un Estado que ha incrementado varias veces su presupuesto y extendido su cobertura de atención en obras y servicios pero que no ha modernizado su estructura y personal para prestar un servicio de calidad y eficiente. Un mal que aqueja por igual a la administración central y descentralizada, así como a las empresas estatales y que requiere de un muy profunda reingeniería.

La cuenta acerca del Estado de la Nación, que presentara la Presidenta frente la Congreso Nacional el pasado 21 de mayo muestra no sólo avances sustantivos en materia social. Revela una orientación estratégica para avanzar hacia un Estado de protección social. Un Estado de derechos o una sociedad de garantías, como la que ha propuesto recientemente el ex Presidente Lagos. Que en estos dos años el país haya dado un salto gigantesco para ampliar la cobertura preescolar, especialmente orientada a los sectores de menores ingresos, representa un paso muy significativo para asegurar igualdad de oportunidades. De igual manera, que los mayores de 65 años reciban una pensión

mínima de $ 60.000 a partir de junio de este año y de $75.000 el año próximo no sólo representa un avance para superar la pobreza sino que convierte a la tercera edad ya no en una carga sino que en un aporte al ingreso familiar. Tal como sostiene la Presidenta en su mensaje "un logro central en estos dos años ha sido instalar el sistema de protección social como verdadero objetivo nacional. Nuestro propósito ha sido sentar las bases de un Estado social y democrático de derecho, que abandona el asistencialismo de las políticas sociales y que asume el enfoque de derechos de las personas". Un logro que la inmensa mayoría del país valora, tal como quedara reflejado en los sondeos de opinión posteriores al mensaje, que recibe el 70% de aprobación ciudadana.

Pero el mensaje no se agota en la cuenta sino que contiene anuncios trascendentes en materia educacional y formación de capital humano, aumentando significativamente el número de becas para estudios en el extranjero y para estudios técnicos superiores. Respecto de la educación pública, junto con definir el año 2008 como el año del acuerdo educacional, la Presidenta asumió implícitamente que los acuerdos alcanzados en esta materia no son suficientes y requieren ajustes y modificaciones, que deberán ser consensuadas por los actores políticos, teniendo a la vista las demandas y movilizaciones estudiantiles.

La escueta referencia a las reformas del Estado propuestas por el ministro Edmundo Pérez Yoma no debe ser asumida como una baja prioridad del gobierno a la iniciativa, que ha contado con un explícito respaldo del gobierno y la propia Jefa del Estado. De la misma manera la Presidenta respaldó la propuesta de reforma al sistema electoral con la inscripción automática y el voto voluntario, el voto de los chilenos en el exterior y los mecanismos que aseguren la representación de minorías significativas, materias en que la oposición

tener pausas hasta la elección presidencial del año próximo, trabando la agenda legislativa u obstruyendo la acción de gobierno.

había suscrito compromisos durante la pasada campaña presidencial y en estos dos últimos años.

En el terreno propiamente político, un punto central del mensaje está contenido en el punto de partida, cuando la Presidenta formula una aseveración capital al repasar lo que hemos vivido como país "encontramos el acuerdo como el motor de los avances y la desunión como el escenario de los retrocesos". Todo un mensaje, no sólo para la oposición, empeñada en su política del desalojo y con una postura que se asemeja al obstruccionismo. También para sectores oficialistas que han mostrado una baja capacidad para procesar sus legítimas diferencias y alcanzar consensos que garanticen su orden y disciplina en torno a las políticas oficiales.

El tema es especialmente relevante en un escenario en donde el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que conquistara en las urnas y cuando el país requiere avanzar en temas cruciales como la impostergable reforma del Estado, la reforma constitucional, nuevas medidas para dar un nuevo impulso al crecimiento y avanzar en relaciones mas equilibradas y menos confrontacionales entre empresarios y trabajadores.

El país no puede darse el lujo de paralizarse o detenerse por procesos electorales como el que viviremos los próximos dos años.

La ciudadanía no perdonaría a los sectores políticos que se enfrascaran en una campaña electoral, que amenaza con no

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Si bien el éxito del gobierno constituye una condición necesaria para proyectar su coalición a futuro, también la oposición, que legítimamente aspira a reemplazar a la actual coalición en el poder, debiera estar interesada en que el gobierno pueda cumplir exitosamente el programa ofrecido al país.

Porque las elecciones se ganan, básicamente, por propuestas de futuro y no por lo realizado.

El país ha cambiado muy profundamente en estos últimos 20 años y el gobierno de Michelle Bachelet, pese a los problemas y dificultades ha contribuido a cerrar un largo ciclo político, que se inaugura con el plebiscito de 1988 y el triunfo de Patricio Aylwin, y ha inaugurado en nuevo ciclo, que prefigura este Estado de Derechos y no de simples incentivos, al que ha aludido recientemente el rector Carlos Peña en sus columnas de opinión. Una orientación estratégica que la Presidenta anunciara tempranamente en su primer mensaje presidencial y que ha reiterado en los sucesivos mensajes a la Nación.

Todo el tema es si esta orientación estratégica es compartida por las propias fuerzas de gobierno o la oposición. Pero es una orientación que cuenta con un sólido respaldo ciudadano, como lo prueban las encuestas, y con toda seguridad este se constituirá en un tema central de la próxima campaña presidencial, dividiendo opiniones entre quienes postulen avanzar por esta senda, que busca compatibilizar el crecimiento económico con grados crecientes de equidad distributiva (crecer más y distribuir mejor) y quienes ponen toda su fe en las fuerzas ciegas del mercado para asignar los frutos del crecimiento (mas mercado y menos Estado).

ECONOMÍA

Las 36 Medidas de Política Económica Propuestas por el Senado de la República En un inédito acuerdo transversal, el Senado de la República encargó a las comisiones de Hacienda y de Agricultura la elaboración de un conjunto de propuestas de política fiscal, tributaria y monetaria, “tendientes a superar la grave crisis por la que atraviesa el país, tanto en materia del precio del dólar cuanto de crecimiento e inflación”. Ambas comisiones unidas desarrollaron un intenso trabajo para escuchar las opiniones de expertos y economistas, tanto de gobierno como de oposición, incluyendo a sus centros de pensamiento y centros académicos, materializando un conjunto de propuestas que fueran aprobadas de manera unánime por la Cámara Alta.

Además de su mérito intrínseco, que debe ser apreciado en su integridad y respecto de cada medida por las autoridades económicas, estas propuestas representan un valioso capital político para el gobierno, toda vez que cuentan con un amplio respaldo parlamentario y posibilitan una acción integral y no de medidas parciales de parte de la autoridad económica para

enfrentar un convulsionado escenario internacional, marcado por el alza del petróleo a niveles records, así como el alza en el precio de los alimentos en el mundo, que parece ser de carácter estructural y que ha golpeado la economía mundial, obligando a los distintos gobiernos ha tomar medidas de emergencia para prevenir sus efectos.

Las propuestas formuladas por el Senado de la República han tenido una difusión modesta y un mucho menor debate público, en donde las autoridades económicas y el gobierno debieran asumir la principal iniciativa, sin perjuicio del rol que puedan cumplir en este sentido los centros de pensamiento, las organizaciones sociales, los partidos políticos y los propios medios de comunicación.

Como una forma de incentivar este debate relevante teniendo a la vista los nocivos efectos del alto precio del petróleo y el alza de los alimentos, con rebrote inflacionario y bajo crecimiento en la economía nacional, Foro Chile 21 ha estimado oportuno reproducir el acuerdo del Senado.

Conclusiones y proposiciones de las comisiones de Hacienda y Agricultura, unidas, relativas a proponer y requerir al ejecutivo y al Banco Central la adopción de medidas concretas de política fiscal, tributaria y monetaria tendientes a superar la grave crisis por la que atraviesa el país, tanto en materia de precio del dólar cuanto de crecimiento e inflación.

Considerando el acuerdo de la sala del senado, de fecha 2 de abril de 2008, en orden a la constitución de las comisiones de hacienda y de agricultura, unidas, para proponer y requerir al ejecutivo y al banco central la adopción de medidas concretas de política fiscal, tributaria y monetaria tendientes a superar la grave crisis por la que atraviesa el país, tanto en materia de precio del dólar cuanto de crecimiento e inflación; y valorando el esfuerzo realizado por el banco central

abordar para ser presentadas a la consideración de la sala del senado: Capítulo crecimiento.

para sostener el tipo de cambio a través de la modificación de su política de reservas internacionales, las comisiones, unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señora matthei y señores allamand, coloma, espina, frei, garcía, naranjo, ominami y vásquez, han acordado las siguientes medidas a

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1.- Aprobar el proyecto sobre institucionalidad para la innovación a más tardar a finales de julio del presente año, debiendo, para estos efectos, calificarse con la urgencia que corresponda.

2.- Establecer programas especiales de apoyo a reconversiones de sectores productivos y de aprovechamiento de las nuevas oportunidades que ofrece el mercado internacional, a través de adecuados incentivos públicos y privados.

3.- Intensificar la construcción de infraestructuras, muy especialmente en

materia de red vial y de embalsamiento de aguas.

4.- Multiplicar el programa de fomento a la pequeña y mediana minería, a través de la apertura por parte de enami de nuevos poderes compradores y nuevas plantas de tratamiento.

5.- Modificar la legislación laboral de manera de permitir la adecuación de horarios, un sistema diferenciado de jornadas y posibilitar el aumento del tope de horas extras en los períodos de utilización intensiva de mano de obra.

6.- Acelerar las inversiones en energía, incentivando las nuevas formas de energías no convencionales y estudiando la opción nuclear.

7.- Exigir el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos en la ley nº 19.300, Sobre bases del medio ambiente, para evacuar los trámites de declaración y estudio de impacto ambiental.

Capítulo social.

1.- Reajustar el monto asignado a las asignaciones familiares.

2.- Establecer, para los alumnos de educación básica, programas de reforzamiento para lograr un desempeño normal en lectoescritura y matemáticas.

3.- Otorgar, para el cumplimiento del

objetivo precedente, especial preocupación a la formación, capacitación y evaluación de los profesores.

4.- Reducir, en forma progresiva, la cotización de 7% que se aplica actualmente a las jubilaciones.

5.- Subsidiar el ahorro del consumo eléctrico.

6.- Implementar un programa tipo servicio país en los ámbitos público y privado, remunerado, para aquellos profesionales y técnicos egresados de los distintos establecimientos de educación superior que no hayan podido insertarse en el mundo laboral y requieran adquirir experiencia.

7.- Crear un sistema nacional de capacitación en oficios para aquellos jóvenes que no hayan ingresado a la educación superior, estableciendo incentivos a las empresas que los contraten cuando finalicen su capacitación.

Capítulo cambiario.

1.- Favorecer, a través de la entrega de información y de la adecuación de los mecanismos de promoción, la reorientación de las exportaciones a mercados cuya moneda no se haya 2008 9 FORO MAYO-JUNIO

depreciado con respecto al peso chileno, mediante acciones conjuntas de la autoridad pública y de los exportadores.

2.- Incentivar la modificación de la moneda en que se celebran los contratos de exportación de productos nacionales y facilitar el establecimiento y difusión de seguros de cambio.

3.- Solicitar al banco central reuniones extraordinarias acerca de la evolución del tipo de cambio, de la inflación y su horizonte de convergencia, como asimismo, sobre la brecha de la tasa de interés y sus posibles efectos.

4.- Profundizar el mercado de futuros (coberturas) de dólares.

Capítulo fiscal.

1.- Rebajar sustancialmente el impuesto a los combustibles mientras se mantengan los altos precios internacionales del petróleo.

2.- Llevar a cabo un agresivo programa de gasto en el exterior con cargo a los excedentes fiscales, que no tenga efectos macroeconómicos negativos (cambiarios e inflacionarios) y no represente competencia desleal con la producción doméstica. Al efecto se propone: A) invertir masivamente en capital humano, estableciendo programas de

excelencia en escuelas para niños de escasos recursos, enseñanza intensiva del inglés, becas de postgrado en el extranjero y planes de aprendizaje y pasantías para trabajadores y dueños de pymes; B) disminuir la brecha digital en los niños de escasos recursos, poniendo en práctica un amplio programa de entrega de computadores, con conectividad a internet; C) propender a la total digitalización del aparato público, introduciendo eficiencia y transparencia en la adquisición y gestión de su equipamiento; D) llevar a cabo un amplio programa de promoción de la marca chile o imagen país en productos, turismo y regiones; en este último ámbito, apoyando a los gobiernos regionales y municipios catalogados de turísticos de manera que puedan informar de los atractivos de cada zona y mantener protegidos y con servicios los sitios de interés turístico; y E) abrir una línea de crédito en dólares a baja tasa de interés, para la adquisición de bienes de capital no competitivos con producción nacional equivalente.

3.- Evaluar el uso de excedentes fiscales y/o el avance paulatino en la modificación de la regla fiscal del superávit estructural, tendiendo a un balance estructural igual a cero si el gasto en moneda extranjera requerido para los programas del punto 2 precedente, debidamente aprobados por el congreso nacional, lo hiciese necesario.

4.- Reducir el impuesto adicional que grava la importación de servicios, en especial aquel vinculado al ámbito tecnológico.

5.- Implementar un programa de rebajas tributarias para las pymes, consistente en que tributen sobre la base de utilidades retiradas, evitando los riesgos de elusión.

6.- Modificar el actual impuesto de timbres y estampillas, diferenciando entre operaciones de crédito en moneda local y extranjera, permitiendo por esta vía arbitrar el diferencial de tasas de interés que hoy existe a favor del peso chileno.

7.- Aumentar el endeudamiento

público en pesos, como forma de ayudar a contener el deterioro cambiario.

Capítulo agrícola.

1.- Establecer un mecanismo de licitación de créditos, con seguros agrícolas incluidos, con garantía fogape y fogain, al que puedan acceder los agricultores que no cumplen con los requisitos para ser atendidos por indap.

2.- Implementar, a través del ministerio de agricultura, un sistema de información sistemática sobre la variación de los precios de diversos cultivos, respecto de la producción chilena y mundial, los factores que inciden en las variaciones de precios, etc.

3.- Fortalecer la comisión antidistorsiones para garantizar la libre competencia.

4.- Homologar las normas sanitarias para el comercio internacional.

5.- Ampliar los tratados de libre comercio incluyendo nuevas desgravaciones, incrementando las cuotas de productos agrícolas y mejorando los sistemas de solución de controversias.

6.- Renovar los beneficios establecidos en los programas de recuperación de praderas, en la ley de riego y en la ley de fomento forestal, todos los cuales vencen el 1 de enero de 2010.

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7.- Generar una institucionalidad que permita establecer mecanismos de prevención y solución de emergencias agrícolas.

8.- Legislar para aumentar la cobertura del seguro agrícola.

9.- Legislar para la implementación de un instrumento de crédito de largo plazo, a través de mecanismos tales como una letra hipotecaria agrícola.

10.- Implementar un programa de apoyo y fomento de una política de seguridad alimentaria, para hacer frente a las graves alteraciones del mercado de los alimentos a nivel mundial.

11.- Revisar los criterios conforme a los cuales se fijan las tarifas eléctricas, con el objeto de no afectar el desarrollo de la actividad agrícola.

Acordado en sesiones celebradas los días 7, 14 y 30 de abril, y 12 de mayo de 2008, con asistencia de los honorables senadores señores eduardo frei ruiz-tagle (presidente), señora evelyn matthei fornet y señores andrés allamand zavala, juan antonio coloma correa, alberto espina otero, josé garcía ruminot, jaime naranjo ortiz, carlos ominami pascual y guillermo vásquez úbeda.

CONSEJO TRABAJO Y EQUIDAD

Trabajo y Equidad: Del Consejo Asesor al Mensaje Presidencial Jaime Ruiz-Tagle P.

El Gobierno de Michelle Bachelet está haciendo un gran esfuerzo para construir un sistema de protección social que dé seguridad a las personas, en un país cada vez más globalizado, donde los cambios provocados por las nuevas tecnologías y por el incremento de la productividad son extraordinariamente rápidos. La profundización y ampliación de la reforma de la salud (Plan Auge), la reforma previsional, y el programa "Chile crece contigo" destinado a la infancia son algunas manifestaciones de ese esfuerzo.

Pero es necesario también avanzar hacia una mayor equidad social en el mundo del trabajo, que constituye uno de los fundamentos de la sociedad y donde Chile enfrenta todavía grandes desafíos. Por eso la Presidenta convocó el 23 de agosto de 2007 a un Consejo Asesor, constituido por 48 expertos de muy distintas especialidades y tendencias, con el objeto de dar respuesta a esos desafíos, en diferentes planos: las políticas sociales, el mercado del trabajo y las relaciones laborales.

El 6 de mayo de 2008, al recibir el Informe Final, Bachelet sostuvo que la puesta en marcha de Consejos Asesores ha dado buenos resultados. Reconoció que no es fácil conciliar las distintas visiones políticas e ideologías al interior de los Consejos, pero agregó que ésa es la diversidad que existe en nuestro país.

Sostuvo con fuerza: "soy una convencida, y muy profundamente convencida, que el país necesita una síntesis creativa en todas las áreas en que se juega su futuro".

Valoró los debates, pero más allá de ello valoró que la equidad se haya convertido en un tema nacional que trasciende las barreras políticas. Insistió en la necesidad de combatir las diversas dimensiones de la inequidad, que incluyen no sólo la distribución socio económica, sino también la etnia, el género, la edad y el territorio. Pero no hay duda que entre ellas son muy importantes las inequidades relativas al mundo del trabajo, que determinan profundamente las condiciones de vida de las personas y de sus familias.

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En el Consejo hubo bastante acuerdo en que el mercado es un mecanismo eficiente para asignar recursos y generar empleos, pero que no resuelve el problema de la equidad. Por el contrario, tiende a preservar la distribución regresiva inicial.

Debido a eso, se requiere la intervención del Estado, que a través de las políticas sociales contribuye a disminuir las desigualdades de ingresos. De hecho, según la Encuesta Casen de 2006, el diferencial de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre se redujo de 13,1 veces a 6,8 veces gracias al gasto público social.

Existen políticas sociales predominantemente asistenciales, que deben ser mantenidas y promovidas, sobre todo cuando se trata de niños, de ancianos, o de enfermos y discapacitados. Pero ellas no bastan. El consejo insistió en que la mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo y que éste proporcione un ingreso que permita cubrir un nivel de vida satisfactorio. Por lo tanto, es necesario incentivar a las personas a

capacitarse, buscar empleo y trabajar. Se trata de ir superando el asistencialismo y la dependencia, mediante el énfasis en la autoestima y en la autosustentación.

El Consejo presentó un conjunto de propuestas, en el ámbito de las políticas sociales, del mercado del trabajo, de las relaciones laborales y de las empresas de menor tamaño. Algunas lograron un consenso amplio; otras incluyeron posiciones bastante diferentes de grupos de consejeros. En lo que sigue nos vamos a referir a dos de ellas, que fueron destacadas por la Presidenta en su Mensaje del 21 de mayo: el subsidio al ingreso del trabajo y la reforma al seguro de cesantía.

La propuesta de subsidio al ingreso del trabajo fue elaborada en forma integrada con una transferencia especial a los niños de las familias más pobres. Fue discutida inicialmente por la subcomisión de políticas sociales, coordinada por el economista del PNUD y de la Universidad de Chile Dante Contreras. Pero luego consiguió un amplio respaldo, que la consideró como una de las principales propuestas. Así, Harald Beyer, miembro del Consejo y economista del Centro de Estudios Públicos, sostuvo en El Mercurio que "son muchos los países más desarrollados que han caminado en una

dirección similar y sería tremendamente positivo...que comenzáramos a avanzar por ese camino".

De hecho, el subsidio al trabajo se ha aplicado con éxito en países como los Estados Unidos y Gran Bretaña.

La Presidenta fue muy enfática al respecto en su Mensaje, cuando afirmó que: "Una de las políticas más relevantes que propuso el Consejo es un subsidio al trabajo. Quiero destacar esta política por el enfoque que propone. no se trata sólo de entregar ayuda monetaria. La idea es, más bien, acelerar el ingreso al mundo laboral de aquellas personas en mayor desventaja, y mejorar su empleabilidad, de manera que con esa ayuda inicial puedan salir adelante con su propio esfuerzo. He encargado al grupo de ministros, por cierto, que vea todas las propuestas que ha planteado el Consejo de Equidad, pero que se preocupe especialmente de esta política, que es una política de gran envergadura y de alta complejidad, y que requerirá una responsable gradualidad. Y queremos a fin de año presentar al Congreso Nacional los proyectos de ley que puedan hacer realidad el subsidio al trabajo".

Esta propuesta es la que más se acerca al llamado de Monseñor Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, para que los empresarios paguen un "salario ético", que él estimó en un mínimo de $250.000. Ahora bien, la única manera de avanzar hacia un salario ético garantizado como política pública habría sido establecer, paulatinamente, un sueldo mínimo legal que permita satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Pero la mayoría de los consejeros estimó que esta 2008 12 FORO MAYO-JUNIO

alternativa podría rigidizar el mercado del trabajo, aumentando la informalidad, sobre todo en las microempresas. Otros, entre los cuales me cuento, restaron validez a esta argumentación.

El subsidio propuesto a los ingresos del trabajo consistiría en un aporte estatal de un 30%, hasta un máximo de ingreso mensual de $150.000. A partir de este monto el porcentaje declinaría gradualmente, siendo igual a cero si el ingreso del trabajo llega a $300.000. De manera que todos los que ganen menos de esta suma recibirían un subsidio del Estado si pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad chilena.

Para estimular las contrataciones, se propone subsidiar no sólo a la oferta de trabajo sino también a la demanda. Por eso, los trabajadores recibirían directamente dos tercios de este beneficio (20%) y el empleador un tercio (10%).

Un asalariado que gane el sueldo mínimo legal (actualmente $144.000 brutos), recibiría un complemento de $28.800.

Por su lado, el empleador recibiría $14.400, lo que le facilitaría la mantención de este puesto de trabajo o la creación de uno semejante. Se tiene conciencia de que el subsidio al empleador puede ser útil para el trabajador que tiene un ingreso cercano al mínimo legal, ya que facilita su contratación o su estabilidad, pero no se justificaría para los que tienen sueldos más altos. De manera que este aspecto deberá ajustarse según las indicaciones del Consejo Técnico que acompañaría la implementación de esta política.

En principio la propuesta está dirigida a los hogares más pobres y vulnerables, al 20% de menores ingresos. Pero como se podría caer en la "trampa de la pobreza" (si algunos hogares beneficiados llegaran a tener ingresos superiores a los de hogares que no reciben beneficios) se estima que conviene incorporar gradualmente a este sistema a los que pertenecen al 40% de hogares de menores ingresos. En este tipo de focalización hay coincidencia con la política que se ha estado discutiendo en Mideplan.

La propuesta considera necesario

complementar la política de subsidios a los ingresos del trabajo (más activa, centrada en la empleabilidad), con una transferencia asistencial focalizada en los niños de las familias más pobres. Se sugiere que en la puesta en marcha exista un equilibrio de los recursos destinados a cada una de estas dos políticas, pero que paulatinamente se transite hacia un esquema centrado en el empleo.

El monto sugerido de la transferencia es de $10.00 (0,5 UF) al mes por cada niño perteneciente al 20% más pobre de la población. Si la familia tiene 3 niños, lo que es frecuente en los sectores de menores ingresos per capita, recibirá $30.000 mensuales, además de las asignaciones familiares. Esa suma se agregará al subsidio a los ingresos del trabajo. De manera que el que gana el sueldo mínimo legal y tiene 3 hijos podrá recibir $58.800 adicionales del Estado.

Suponiendo que el grupo familiar tenga 4 asignaciones familiares (de aproximadamente $5.000 cada una), se llegaría a un ingreso total mensual cercano a los $223.000.

Los diagnósticos indican que una de las principales razones por las cuales un hogar es pobre o vulnerable es la baja tasa de ocupación. Por eso, se espera que el subsidio a los ingresos del trabajo contribuya a que en los hogares pobres se incorpore al mercado laboral un segundo perceptor de ingresos. Por ejemplo, si una mujer con 2 hijos empieza a trabajar a medio tiempo por la mitad del sueldo mínimo legal, recibirá un subsidio del Estado de $14.400 mensuales. Si el padre gana el mínimo legal, el grupo familiar recibirá nuevos aportes del Estado por $63.200. Suponiendo que ya recibían 2 asignaciones familiares, con los nuevos subsidios y transferencias completarán ingresos por $246.000 mensuales. Esto, sin considerar otros aportes públicos en dinero o especies actualmente existentes, como los subsidios de vivienda, de agua potable y electricidad, alimentación y útiles escolares, etc.

El Consejo sugiere que las transferencias por niño se retiren conforme a una regla fija, conocida desde el inicio. Entre las

alternativas propuestas me parece mejor la que fija cierta edad límite (por ejemplo, 15 años), porque es más simple y fácil de aplicar. Además, a partir de los 15 años los jóvenes pueden empezar a generar algunos ingresos para la familia (como los empaquetadores de supermercados).

La propuesta considera que la combinación de ambas políticas, los subsidios y las transferencias, aunque es más compleja, constituye una mejor opción que cualquiera de esas dos políticas aisladas. Juntas constituyen un poderoso estímulo para que más miembros de las familias pobres busquen empleo y trabajen. La propuesta tiende también a incentivar la formalización del empleo, porque está destinada tanto a los asalariados con contrato como a los trabajadores por cuenta propia que pagan sus cotizaciones a la seguridad social.

En el caso de éstos, los subsidios que recibirán serán superiores a los pagos; además, las transferencias por hijos los estimularán a formalizarse. De esta manera los trabajadores independientes más pobres tendrán una mayor protección social.

Para implementar estas políticas se propone utilizar la Ficha de Protección Social, que es el instrumento de focalización que maneja Mideplan. Con todo, existe clara conciencia de que será necesario tener informaciones más frecuentes sobre el ingreso per capita de los hogares más pobres y sobre su grado de vulnerabilidad.

2008 13 FORO MAYO-JUNIO

El costo de estas políticas dependerá del ritmo escogido para su implementación.

Dadas las dificultades operativas, se aplicará sin duda de forma gradual, como lo planteó la Presidenta. En régimen, el costo podría oscilar entre 500 y 850 millones de dólares (esta suma equivale a cerca de un 0,5% del PIB).

Si el Parlamento aprueba el proyecto de ley en un plazo corto, los subsidios y transferencias podrían empezar a pagarse desde el segundo semestre de 2009. De esta manera Chile podría llegar al bicentenario con un poderoso instrumento de política social, que permitiría a la vez incentivar el empleo de los más pobres y continuar la superación de la pobreza, profundizando así la cohesión social y la gobernabilidad del país.

Por otra parte, Bachelet fue muy enfática respecto a la reforma del Seguro de Cesantía: "El Consejo también realizó un sustantivo aporte a lo que era la propuesta del gobierno en materia de Seguro de Cesantía. Y quiero anunciar que durante el mes de julio presentaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que introduce reformas al Seguro, de manera de ampliarlo, aumentar sus beneficios y extender su cobertura a una mayor cantidad de trabajadores. Es mi compromiso sacar adelante esa reforma prontamente, no sólo por lo beneficiosa que ella será para los trabajadores, sino también por lo que hay detrás de este mecanismo. Potenciar el Seguro de Cesantía es un mensaje muy claro acerca

de cómo visualizamos el trabajo y la equidad en nuestro país. Lo que nos dice el Seguro es que el dinamismo de la economía puede y debe ir de la mano de la protección de los trabajadores".

Se trata de un instrumento de protección social vigente desde octubre de 2002. Es obligatorio para todos los trabajadores dependientes mayores de 18 años que firmen un nuevo contrato de trabajo. Es voluntario para los que firmaron un contrato con fecha anterior. No incluye a los trabajadores del sector público ni a los de casa particular.

Esta puede ser la causa de que los Gobiernos no hayan hecho aportes mayores. De hecho, de las solicitudes aprobadas hasta diciembre de 2007 sólo un 2,7% incluían aportes del Fondo solidario. Esto se ha debido fundamentalmente a los estrictos requisitos de acceso: contrato indefinido, 12 cotizaciones continuas y bajo tope máximo en el monto financiado.

En síntesis, el funcionamiento actual de este Seguro es claramente insuficiente, tanto por la escasa proporción de los beneficiarios con relación a los cesantes, como por el bajo monto de las

Según cifras de la Administradora de Fondos de Cesantía, a diciembre de 2007 los afiliados al Seguro llegaron a 5.300.700 (el 98% de ellos obligatorios). Sin embargo en esa misma fecha los cotizantes fueron sólo 2.735.1321 (un 61,3% del total de asalariados). De manera que la cobertura es alta, pero queda mucho espacio para avanzar.

Por otra parte, a fines de 2007 el 60% de los cotizantes tenía contrato indefinido y el 40% a plazo fijo o por obra. Estos trabajadores retiran habitualmente sus fondos cuando terminan un contrato, aunque no se encuentren desocupados.

El financiamiento es compartido en el caso de los contratos indefinidos. El empleador paga un 2,4%, que se descompone en 1,6% para la cuenta individual del asalariado y un 0,8% para el Fondo Solidario; el trabajador paga un 0,6% de su remuneración bruta. En el caso de un contrato a plazo fijo, el empleador debe cotizar un 3% y el trabajador no aporta nada.

El aporte del Estado al Fondo Solidario ha sido muy bajo: equivale a 225.792 UTM por años (unos 14 millones de dólares en 2007). En cambio, el aporte de los empleadores a este Fondo fue superior a los 300 millones de dólares en 2007, de manera que constituye un importante mecanismo redistributivo.

El Fondo Solidario ha sido subutilizado.

exigiendo 12 cotizaciones, pero sólo las 3 últimas continuas y en el mismo empleo.

B. Respecto a los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra: 1. Exigir 8 meses de cotizaciones para el acceso a las cuentas individuales, con el objeto de que los fondos estén disponibles para enfrentar una real situación de desempleo.

2. Permitir el acceso de estos trabajadores al Fondo Solidario, bajo los mismos requisitos de cotizaciones y frecuencia que tienen los de contrato indefinido. Esto último fue acordado solamente por un grupo de consejeros (entre los cuales me incluyo). Otro grupo consideró que para los trabajadores a plazo fijo o por obra la pérdida del empleo no es sorpresiva y por lo tanto pueden planificar su tránsito de una empresa a otra; si tuvieran acceso al Fondo Solidario podrían incorporar en su planificación el abuso del sistema.

Hubo también propuestas en el Consejo para reformar el Seguro de desempleo reduciendo las indemnizaciones por años de servicio; pero esas propuestas no lograron un consenso amplio.

prestaciones. Hasta el momento ha funcionado más como un ahorro obligatorio individual que como un mecanismo de protección social.

Ahora bien, las propuestas del Consejo de Equidad fueron fundamentalmente las siguientes: A. Respecto a los trabajadores con contrato a plazo indefinido: 1. Mantener las tasas de reemplazo actuales, pero permitir que se agreguen pagos si la tasa de desempleo en la zona de residencia del trabajador aumenta.

2. Ampliar la cobertura, elevando el tope máximo de beneficios pagados con el Fondo Solidario.

3. Relajar las condiciones de acceso al Fondo Solidario. Se podrían seguir 2008 14 FORO MAYO-JUNIO

Para concluir, es necesario subrayar que un Seguro de Cesantía reformado, con mayor cobertura y montos más altos de sustitución de ingresos, puede constituir una de las principales formas de protección social en una economía cada vez más globalizada. En este tipo de economía resulta más importante proteger al trabajador, para que pueda buscar con calma una nueva ocupación, que proteger un determinado puesto de trabajo, probablemente obsoleto.

Para que constituya un verdadero Seguro es necesario que el Fondo Solidario funcione en forma extensiva, evitando los abusos, pero protegiendo sustantivamente a los trabajadores de menores ingresos.

En este plano, la responsabilidad directa del Estado debería ser mucho mayor que la asumida en los últimos años.

M O D E R N I Z A C I Ó N D E L E S TA D O

La Iniciativa de Reforma del Estado del Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma Una Contribución a la Puesta en Marcha de la Iniciativa1 Grupo de Trabajo sobre Modernización del Estado2 Fundación Chile 21 1. Precisar el diagnóstico.

En los últimos veinte años el país ha experimentado un extraordinario proceso de modernización social y de crecimiento económico que, a partir de los gobiernos de la Concertación, ha ido de la mano con efectivas políticas sociales, cuyas intervenciones duplican el ingreso nominal de los más pobres, y han reducido del 45% al 13% la proporción de la sociedad que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Ello ha redundado en la creación de un país más complejo, con una sociedad más participativa y demandante, la cual requiere de políticas públicas considerablemente más complejas.

La iniciativa del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, reimpulsada a través del Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, de impulsar la reforma y modernización del Estado es de primera importancia. Luego de una gestión muy exitosa bajo los diferentes gobiernos de la Concertación, se están enfrentando problemas derivados

de los atrasos en esta materia. Entre estos, cabe destacar las dificultades generadas por la crisis energética, por la puesta en marcha del Transantiago, por las faltas a la probidad identificadas en algunos servicios, por los desórdenes en el Ministerio de Educación, así como por las dificultades que se han constatado

en algunos hospitales públicos.

La Presidenta Bachelet advirtió prontamente el problema. Para ello, nombró a varios "gerentes", con el objetivo de eliminar trabas y acelerar la gestión. Estos "fast trackers", como los denominó la prensa, han sido Rafael Blanco (para la Agenda pro Transparencia), Carlos Mladinic (para eliminar las trabas a la inversión privada) y Rodrigo Egaña (monitoreo del cumplimiento de los compromisos presidenciales, la implementación de los programas de inversión pública, la identificación y destrabamiento de decisiones de gestión así como promover los mismos temas en regiones.

La multiplicidad de fenómenos que caracterizan un momento del transcurrir de una sociedad, la excesiva visibilidad de algunos fenómenos y la opacidad de otros dificulta a los tomadores de decisiones identificar los problemas de fondo a los que se enfrentan. La materia que nos ocupa no es una excepción. Los fenómenos de

1 El presente artículo contiene sólo una parte del documento presentado al Ministro del Interior. Se han dejado fuera los siguientes temas: la modernización del Servicio Civil, las políticas públicas y la evaluación de la gestión; modernización del Estado y reforma política y; el listado de propuestas específicas.

Cualquier interesado se puede comunicar con la Fundación Chile 21 para obtener una copia del documento. La presente síntesis es responsabilidad de Eugenio Rivera Urrutia.

2 Componen el Grupo de Trabajo María de los Ángeles Fernández, Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21, Nuria Cunill, Eugenio Lahera, Iván Valenzuela, Luciano Tomassini y Eugenio Rivera Urrutia que cumple, además, las funciones de Secretario Ejecutivo.

2008 15 FORO MAYO-JUNIO

corrupción y los diversos desórdenes administrativos son, sin duda, graves pero no dan cuenta de los principales problemas que enfrenta el país.

En el campo económico observamos serias dificultades derivadas de la falta de instrumentos en manos del Estado para enfrentar la crisis energética y para separar el esfuerzo de largo plazo desplegado para desarrollar las capacidades competitivas de nuestra economía de los impactos transitorios y variados que tienen sobre las condiciones macroeconómicas las turbulencias financieras internacionales y los cambios notables que experimenta el orden económico internacional (aparición de nuevos actores, alza en los precios de los "commodities" y, más recientemente explosión precios y escasez de alimentos).

En el campo institucional nos afecta una extremada dificultad para introducir reformas políticas, ampliamente consensuadas, para adecuar la institucionalidad estatal a la creciente complejidad de la política pública. Llama la atención la rigidez del Poder Ejecutivo para modernizar la arquitectura ministerial. Impresiona que sectores como el de concesiones de obras públicas, tras más de trece años de operación, no haya cristalizado en algún tipo de institución permanente. No deja de llamar también la atención la proliferación de superintendencias sin que se perciban con claridad los principios unificadores y una evaluación de las posibilidades de que algunos temas se traten de manera conjunta.

2. Los principales desafíos de la modernización del Estado.

En este complejo contexto, nuestro modelo de Estado ha sido profundamente desafiado. En el caso de la crisis energética, fue incapaz de prever los problemas de suministro de gas. La institucionalidad pública en este campo estuvo concentrada en su rol regulador, olvidando su papel en el desarrollo de una adecuada política energética. Aún no se dimensionan los costos que la crisis energética y, en particular la crisis de

suministro de gas, tendrá para el país.

Los cambios en el sector externo han puesto en cuestión el esfuerzo exportador de mayor valor agregado. La institucionalidad económica ha mostrado una tendencia a permanecer impertérrita frente a las dificultades. El Banco Central resolvió intervenir el mercado cambiario luego de un clamor proveniente de los más amplios sectores que pidieron la intervención del mercado cambiario ante el desplome del tipo de cambio del dólar.

La principal catástrofe que ha experimentado la política pública en el país, en el período reciente, es sin duda el Transantiago. Un análisis de esta experiencia deja en evidencia que quienes participaron en la preparación de la operación no eran personeros de baja calidad profesional, tampoco eran mal remunerados. No significa esto que el perfeccionamiento del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública no deban seguir siendo perfeccionados. Lo que queremos enfatizar es que los problemas principales radicaron en la baja capacidad de la coordinación interministerial, la falta de dispositivos para contrastar el avance efectivo de la preparación del nuevo sistema de transporte urbano de Santiago con las cuentas alegres del Ministro de Transporte de esa época, los altos costos de transacción que presentó la renegociación de contratos y el excesivo 2008 16 FORO MAYO-JUNIO

peso que dentro de la toma de decisiones tiene el Ministerio de Hacienda, que impuso la decisión de que el sistema debía financiarse con una tarifa de 380 pesos no debiendo, además, entregarse subsidio alguno.

En el mismo sentido, aún cuando las dificultades que experimenta el país para aumentar la productividad remiten a múltiples factores entre los cuales destaca la baja inversión en investigación y desarrollo de las empresas privada, cabe también al Estado -en sus múltiples funciones- una responsabilidad importante. No seremos capaces de dar el salto al desarrollo y a una sociedad más equitativa sin una mayor y más eficiente contribución del Estado, en particular en lo que se refiere a la articulación de los esfuerzos nacionales.

El debate no debe olvidar la importancia de las perspectivas ideológicas. La Alianza por Chile aprovecha los problemas que se derivan de los rezagos de la reforma del Estado para criticar la educación y salud pública e, incluso, para apuntalar sus envejecidas proposiciones de retirar al Estado de sus funciones en el impulso del desarrollo, dejando al mercado toda responsabilidad en esta materia. La experiencia de todos los países que han enfrentado más exitosamente los cambios en la economía internacional y han traspasado

recientemente el umbral del desarrollo, dejan en evidencia que el Estado merece a los dirigentes de esos países la mayor consideración asignándole un rol crucial.

Por otra parte, como lo reporta el Informe del Latinobarómetro, resulta interesante enfatizar la demanda ciudadana por más Estado, paralelo a la expresión de dudas sobre las bondades de la economía de mercado En este contexto, llama la atención también que consideraciones instrumentales desplacen, de la atención pública, los problemas de fondo. Se habla, por ejemplo, de que se requiere descentralizar el Estado dando mayor capacidad de decisión a las regiones y municipios pero se evade pronunciarse respecto de la elección popular de las autoridades regionales. Del mismo modo, se insiste con razón en aprovechar, por ejemplo el Internet para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información y al debate sobre políticas públicas, pero se propone sacar de la decisión popular cada vez un mayor número de cargos públicos.

3. Algunas proposiciones.

Postulamos que la discusión en torno a la reforma estatal hay que "elevarla" y hacer de ella una materia de un Gran Acuerdo Nacional. Y para que eso sea posible hay que generar los mecanismos para que todos los sectores, políticos, gremiales (la ANEF debe ser un actor crucial en este campo) y empresariales y ciudadanos en general, puedan aportar tanto en el diagnóstico como en las medidas de solución. Mecanismos que pretendan "atajos", vía acuerdos rápidos, creemos que si bien pueden tener una ágil partida, es muy difícil que fructifiquen. Consideramos este un primer paso para enfrentar los diversos temas pendientes que enfrenta el país. La generación de acuerdos e instancias nacionales permanentes es un mecanismo que aparece reiteradamente en los países que se han insertado exitosamente en el mundo globalizado. a. Mercados eficientes no liberan al

Estado de sus responsabilidades respecto de las políticas públicas.

Al analizar la experiencia en el campo energético, se constata que no es posible que el Estado no cuente con capacidad prospectiva (al estilo de unidades de inteligencia político - estratégica y visualización de escenarios), que no tenga tareas claves en el desarrollo de la política energética, que entregue al mercado todas las decisiones en materia de inversión y que no disponga de instrumentos para intervenir en casos de crisis. Resulta en extremo paradojal que la solución a los problemas derivados del desabastecimiento de gas provenga de dos empresas públicas que la Alianza por Chile, desde hace tiempo, ha querido privatizar: CODELCO y ENAP. Una reforma del Estado capaz de dar cuenta de los desafíos del presente debe entregarle los instrumentos necesarios para fijar los marcos dentro de los cuales debe operar el mercado, a fin de enfrentar con mayores posibilidades de éxito los desafíos que surgen de una economía internacional en proceso de crisis y de reordenamiento epocal, que junto con los problemas políticos internacionales, genera una situación de alta complejidad e incertidumbre. No se trata de volver al estado empresario pero sí se debe reconocer, que la experiencia nacional e internacional ha dejado en evidencia la precariedad de los mecanismos autocorrectivos del mercado. b. La modernización del núcleo estratégico del gobierno y sus capacidades de gestión: el eslabón perdido de la modernización del Estado.

En muchos países, actualmente, los gobiernos toman sus decisiones más 2008 17 FORO MAYO-JUNIO

importantes o más críticas con la participación o asesoría de lo que la literatura especializada ha llamado el "núcleo estratégico" del gobierno o del Estado. Dicho núcleo no necesita estar formalmente institucionalizado y con frecuencia no lo está. No necesita ser explícitamente parte del gobierno o del Estado. Puede estructurarse en torno a unas cuantas normas legales o constitucionales y a un importante conjunto acumulativo de prácticas. Por ello, puede variar de país a país y, dentro de éste, de mandatario a mandatario. Pero para desarrollar la capacidad de gobernar, es indispensable que exista algo que equivalga a aquello, que esté en el círculo

de la presidencia, y que no desaparezca o cambie radicalmente de forma de un gobierno a otro.

No obstante, que la operación del núcleo estratégico del gobierno depende de las preferencias del o la primer mandatario cabe señalar, además, que los gobiernos en los países desarrollados, incluyen diferentes mecanismos y dispositivos tendientes a crear las bases para una operación eficiente de dicho núcleo. Entre ellos destacan reglas para la operación del gabinete; la existencia de ministros coordinadores de áreas, la toma de decisiones en materias de carácter intersectorial o que afectan la marcha general del gobierno. Operan también

dispositivos que permiten prever errores garrafales como fue la decisión de poner en marcha el Transantiago sin que estuvieran las condiciones mínimas para ello. c. Los Comités interministeriales no solucionan todos los problemas de coordinación que plantea la mayor complejidad e intersectorialidad de la política pública.

El informe de la Cámara de Diputados sobre el Transantiago dejó en evidencia los límites del mecanismo de Comités Interministeriales para abordar problemas que involucran a muchos sectores. Los ministros que formaron parte de él se ocuparon sólo de los problemas que aludían directamente a sus ministerios, dejando a su suerte el objetivo general de transformar el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Algo similar se constata en la forma en que la Comisión Nacional de Energía enfrentó el problema energético.

Es necesario abordar con imaginación los mecanismos de coordinación en el gobierno cuando las políticas ganan en complejidad e intersectorialidad.

La creación del Ministerio de Energía por una parte y del de Medioambiente por la otra, deben incluir la creación de nuevos mecanismos y dispositivos que hagan posible formas superiores de coordinación gubernamental. En el caso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Energía, en relación con el medio ambiente no se incorpora ninguna medida para facilitar la coordinación más allá de la incorporación formal del Ministro de Energía a la ya de por sí poblada Comisión de Ministros. d. Los mecanismos de cooperación pública privada deben ser mejorados.

La cooperación pública - privada juega un papel cada vez más trascendental en la política pública en nuestro país y en la mayoría de los países exitosos. Esto tiene diversas dimensiones relevantes

para el debate que nos ocupa.

El esfuerzo de innovación y de creación de la sociedad del conocimiento hace necesaria la estrecha colaboración entre el mundo privado y el sector público. Es importante que esta colaboración no quede radicada sólo en mecanismos informales de colaboración. Es importante formalizarla institucionalmente. Las propuestas del Consejo de Innovación han generado proposiciones que pueden constituir una base para un debate en este campo. Del mismo modo, la operación de comisiones convocadas por la Presidenta de la República debería ser analizada para

transformar el mecanismo en modalidades de incorporación eficaces de académicos y especialistas, a la formulación de la política pública. Es también necesario revisar ámbitos específicos de colaboración pública privada. Los graves problemas vinculados a la renegociación de contratos con las empresas concesionarias del Transantiago dejaron en evidencia que esta colaboración está generando altos costos de transacción que es necesario resolver para que, efectivamente, la incorporación de la iniciativa privada a las tareas del sector público sea eficiente. Se debe implementar un sistema que compare la eficiencia de financiar proyectos mediante el sistema de concesiones o con recursos públicos.

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e. Restablecer los equilibrios entre los ministerios y establecer el predominio del gabinete.

No resulta comprensible que el costo máximo del proyecto del Transantiago (tarifa de 380 pesos sin subsidios) se haya determinado por los responsables del presupuesto público y no por los organismos técnicos. Este problema alude al excesivo poder del Ministerio de Hacienda. Concordamos también con que el país ha experimentado significativos avances en las modernizaciones presupuestarias. No obstante, consideramos que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto ejercen un poder excesivo al interior del gobierno que se está traduciendo en serios problemas de gestión gubernamental. Terminar con esta situación es parte de la modernización. f. Una nueva institucionalidad económica.

El Estado chileno no cuenta en la actualidad con una institucionalidad económica completa. Mientras que la política fiscal y la política monetaria - cambiaria encuentran en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central sólidas entidades, no ocurre lo mismo en el caso de la política económica para el crecimiento y el desarrollo. En efecto, no existe una entidad con el peso suficiente respecto de las dos anteriores que impulse los grandes acuerdos nacionales en torno al crecimiento, la innovación y la competitividad internacional. La inexistencia del tercer pilar de la institucionalidad económica representa un serio obstáculo para competir con éxito en el cada vez más complicado escenario internacional.

Habida cuenta de las carencias que enfrenta el país resulta irritante, en este contexto, la dificultad encontrada para desarrollar propuestas sistemáticas para una adecuada administración de las holguras que se han generado en el último tiempo.

ÍNDICE DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

El Índice de Gobernabilidad Democrática en A.L. El Índice de Gobernabilidad Democrática (igd) corresponde a una iniciativa de Graciela Romer & Asociados, en conjunto con la Fundación Chile 21 que ha contado con el apoyo del Centro Carter y el sector privado de las Américas. En esta primera etapa el estudio cubre un total de cinco países de la región (Argentina, Chile, Ecuador, México y Venezuela) apunta a medir el grado de gobernabilidad que presentan cada uno de los países y está construido en base a la percepción de los líderes de opinión en cada país (dirigentes políticos, empresarios, periodistas, académicos, centros de pensamiento,

dirigentes sociales) acerca de la fortaleza de las instituciones, la calidad de la política, el funcionamiento de la economía y el grado de cohesión social, que presentan los países en la percepción de sus líderes.

En verdad, tanto en la región como en el mundo, existen diversos indicadores y ranking sobre el desempeño de los países en el plano económico, que miden niveles de crecimiento, grados de competitividad, distribución del ingreso endeudamiento, transparencia, etc. También existen diferentes indicadores sociales, que miden niveles de pobreza, cobertura y calidad de

servicios sociales. Pero existen pocos indicadores acerca de la gobernabilidad de la democracia, la fortaleza de las instituciones o la calidad de la política, elementos que inciden muy directamente en el desarrollo de los países.

Con el índice de gobernabilidad democrática, que nos proponemos extender al conjunto de la región, esperamos hacer un mecanismo de alerta temprana a los gobiernos, partidos político y dirigentes sociales, acerca de las debilidades y fortalezas que presentan los países en materia de gobernabilidad.

IGD en América Latina El índice de gobernabilidad democrática (IGD) es una iniciativa de Graciela Römer & Asoc. y la Fundación Chile 21, que cuenta, además, con el apoyo del Centro Carter y el Sector Privado de las Américas/OEA. El índice de gobernabilidad democrática (IGD) correspondiente al primer trimestre del año 2008 se ha ubicado en un nivel promedio global de 4,8 (medido en una escala de 0 a 10) para el conjunto de la región, un desempeño que señala la precariedad de la situación que enfrentan muchas de las democracias de A. Latina. El estudio también destaca la visible disparidad que exhiben los distintos casos nacionales, desde el 3,7 que exhibe Venezuela hasta el 5,8 que logra Chile.

Entre ambos extremos, se ubican Ecuador y México con 4,6 y Argentina (5,0) .

Entre ambos extremos, además, no solo se ubican diferentes desempeños globales sino resultados que expresan dinámicas marcadamente contrastantes en función de las diferentes factores que están incidiendo y donde parece entrar en juego diferentes fortalezas y debilidades sobre las expectativas de gobernabilidad en cada país.

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La heterogenidad: un rasgo de la región con base en la economía La economía es, globalmente hablando, la dimensión de mejor desempeño de las 4 que constituyen el IGD. Con una media regional de 5,1, aun cuando existe cierta heterogeneidad en el desempeño de los países a este respecto.

La contrapartida de la economía, son las instituciones (4,5 de promedio regional) y la política (4,4) con menores aportes a la gobernabilidad. No obstante, mientras que el desempeño de las instituciones es marcadamente divergente entre los paises analizados, lo contrario ocurre con la política, donde los países se “parecen más”: una dimensión percibida como deficiente de modo general.

La economía en la región La percepción de que la economía es lo que mejor funciona en los países analizados, recibe su principal impulso de la expectativa de que los gobiernos harán honor a sus compromisos financieros internacionales.

Siendo la dimensión más dinámica, ella misma no parece libre de nubarrones.

Salvo la percepción de un buen clima de inversión en Chile y, en menor medida, en México, no existen otros aspectos positivos comunes a todos los países.

En Venezuela, la idea de que el gobierno honrará sus compromisos externos es el único aspecto destacado.

En Argentina, las buenas expectativas de corto plazo conviven con dudas sobre la sustentabilidad de la orientación económica de largo plazo.

En Ecuador, por su parte, las dudas apuntan tambien a las señales de la economía a corto plazo.

La cohesión social, por último, ocupa una posición intermedia (4,8).

La cohesión social en América Latina La cohesión social es percibida, a nivel regional, como la segunda dimensión mejor evaluada de la gobernabilidad. Con una media regional de 4,8 y una dispersión en un rango que va de 4,4 a 5,4, exhibe uno de los desempeños donde los paí'92ses se “parecen más”.

Dentro de esa relativa homogeneidad de los países, los aspectos positivamente mencionados se vinculan con la evaluación de la política social, con la presencia activa y pacífica de los movimientos sociales y con la presencia de un sentimiento comunitario generalizado y predisposición hacia la idea de “unidad nacional”.

La falta de reversión de las desigualdades y el estilo sindical prevaleciente constituyen los aspectos débiles de esta dimensión.

Existen también visibles diferencias en la importancia que los líderes le asignan a esta dimensión como aporte para la gobernabilidad: fundamental en México y Chile y secundario en Ecuador, Venezuela y Argentina.

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Las instituciones en América Latina Como en el caso de las expectativas respecto de la economía también las instituciones ofrecen un mundo de grandes contrastes en los 5 países analizados durante el primer trimestre del 2008. Con Chile y México como países mejor evaluados y por encima de la media regional.

El mantenimiento de la ley y el orden por parte del Estado es la característica mejor evaluada mientras la igualdad ante la ley la que exhibe el desempeño peor juzgado.

Sin embargo, y con la parcial excepción de Argentina, las instituciones no son consideradas una prioridad en términos de la relevancia que le asignan los líderes para el sostenimiento de la gobernabilidad democrática, en ninguno de los casos analizados y dadas las actuales circunstancias.

Argentina y Ecuador se ubican apenas por debajo de la media regional y, de modo más marcado aún, lo hace Venezuela.

La política en América Latina La dimensión de la política completa modelo del IGD con el desempeño menos lucido de todos los evaluados (4,4) y, al mismo tiempo, uno de los aspectos más homogéneos entre países.

Los datos ponen de manifiesto el cuestionamiento generalizado que los líderes de opinión de la región formulan sobre el desempeño de la dimensión política. Esto convive sin embargo, con una dispar jerarquía otorgada por los líderes respecto de su impacto sobre el clima de gobernabilidad de cada país.

políticas, y la baja legitimidad de los medios (sospechados de exceso de parcialidad).

Determinante del clima de gobernabilidad en Venezuela y Ecuador, la política parece desempeñar un papel menos importante en otros casos (Argentina, México y Chile)

Los aspectos comunes mejor evaluados: La satisfacción con la democracia y la popularidad de los gobiernos.

Los aspectos más objetados: La baja credibilidad de la dirigencia y las instituciones

Ficha técnica El conjunto de las entrevistas se realizaron durante el primer trimestre del año 2008, con base en un cuestionario estructurado y fueron aplicadas por personal especializado previamente capacitado y supervisado en su totalidad. por las consultoras responsables del estudio.

En cada país se entrevistaron muestras de líderes de opinión segmentadas para recoger los distintos matices económicos, corporativos, profesionales e ideológicos propios del segmento dirigente.

En total, se entrevistaron 70 líderes de opinión en cada país, respetando los criterios de representatividad por sector y atendiendo a las singularidades de cada país.

Los segmentos que se buscó integrar a la muestra: Dirigente políticos, empresarios, periodistas, académicos y think tanks, sindicalistas, referentes de la sociedad civil.

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INTERNACIONAL

Bolivia: Del Análisis Político al Psicoanálisis Sergio Molina Monasterios

Después de los referéndum autonómicos en Santa Cruz, Beni y Pando en los cuales -con sus bemoles-, se impuso la oposición regional al gobierno de Evo Morales, una nueva carta se juega en la larga partida (sin límites de apuestas) en la que se ha convertido la política boliviana: el referéndum revocatorio que el próximo 10 de agosto ratificará o no el mandato del Presidente de la República y los prefectos departamentales.

Se trata de una vuelta de tuerca que complica la ya complicada situación política boliviana, que la hace cada vez más ininteligible y que transfiere periódicamente la iniciativa política de uno a otro bando en disputa de forma casi demencial. Como sostiene el director de la revista boliviana Pulso, Fernando Molina, "para explicar lo que ocurre en Bolivia necesitamos pasar del análisis sociopolítico al psicoanálisis".

En cualquier caso, la mayor parte de los especialistas y las encuestas sostienen que el referéndum revocatorio no resolverá nada y que sus resultados no arrojarán grandes modificaciones a la actual correlación de fuerzas, apenas la ratificación de las heridas y problemas que dividen Bolivia y la capacidad que tiene para

postergar indefinidamente la resolución de sus problemas.

La historia del referéndum revocatorio El referéndum revocatorio fue inicialmente esgrimido por el propio gobierno en diciembre pasado para "redefinir la correlación de fuerzas" y terminar con el mandato de los Prefectos opositores, pero las encuestas que mostraban la imposibilidad de lograrlo hicieron que el gobierno diera marcha atrás y se olvidara de la idea.

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Además, el proyecto no contaba con el beneplácito del partido de gobierno porque el referéndum era una creación del entorno más estrecho de Morales, con el cual el MAS y los movimientos sociales tienen algunas diferencias. En cualquier caso -afirmaban entonces- todo iba a quedar igual, sólo que con mayor legitimidad para los prefectos, esta vez reafirmada en las urnas.

Esas objeciones hicieron que el proyecto se presentara con un contenido claramente favorable al gobierno: para revocar el mandato de alguna autoridad no debía obtenerse el 50% más uno como parecería lógico, sino un porcentaje mayor que el que tuvo esa autoridad en las últimas elecciones, lo cual, en el caso de Morales, se trataba de más del 53,7 por ciento y en el de algunos prefectos de menos del 45 por ciento (en el caso del prefecto de La Paz el sistema permitía que fuera destituido con el voto del 38 por ciento de los electores, aunque el 62 por ciento restante lo apoyara).

Además, se debía superar el número absoluto de votos que dicha autoridad obtuvo cuando fue electa. Es decir, que para revocar al Presidente y Vicepresidente se necesita por lo menos un voto más allá de los 1.544.374 sufragios logrados

por el oficialismo el 2005.

Ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados donde el oficialismo tiene mayoría pero no pasó el trámite del Senado porque los opositores consideraron que el sistema era injusto.

Meses después iban a cambiar de opinión.

Enceguecidos por las victorias regionales El Gobierno tampoco se interesó en descongelar el proyecto de referéndum revocatorio durante estos cuatro meses porque las circunstancias políticas se hicieron más adversas con los resultados de los referéndum autonómicos en la denominada media luna (Santa Cruz, Beni y Pando).

Sobre todo luego de la victoria en Santa Cruz, los partidos políticos de la oposición creyeron que todo había cambiado y que llegaba su hora. Estaban enceguecidos por las victorias regionales y su siguiente jugada fue retomar el proyecto de referéndum revocatorio que estaba archivado y aprobarlo entre gallos y media noche, convencida de que podrían lograr la revocatoria del mandato de Evo Morales.

Se olvidaban de que sin bien en los referéndum autonómicos se votó por estatutos parecidos a los españoles y que fueron redactado para hacer frente a la Constitución indigenista del gobierno; contra las medidas de desgaste económico; y en rechazo al gobierno, eso no implicaba que el fuerte respaldo de Morales hubiera terminado, todo lo contrario, se exacerbaron las demandas étnicas de zonas densamente pobladas y que son oficialistas incondicionales.

Por eso no toda la oposición estuvo de acuerdo con retomar y aprobar el referéndum revocatorio, ni siquiera los movimientos autonomistas y regionales, los mismos que creen que intentar revocar el mandato de Evo Morales antes de que se desprestigie en ciudades como La Paz y El Alto, sus principales apoyos, sería un suicidio político porque harían imposible la gestión de cualquiera que viniera después de Morales.

Además los prefectos deberán entrar en

campaña electoral y algunos podrían perder sus cargos, por eso se sienten traicionados por quienes deberían ser sus principales aliados. Este quiebre entre la oposición política y regional es un dato nuevo que se debe monitorear en el tiempo porque puede significar el cambio del escenario en los próximos meses.

En ese contexto, el gobierno hoy es el más interesado en que el referéndum revocatorio se lleve a cabo porque tiene la oportunidad de revalidar su mandato y quizá llevar parte del agua de la oposición a su propio molino.

Veamos los datos: según una encuesta

referéndum de diciembre pasado y que le impidió la reelección, pero ni la pregunta es la misma ni los procesos boliviano y venezolano pueden ser comparados, de forma que todos vaticinan un nuevo triunfo de Morales, que éste retomará la iniciativa política y que incluso recuperará alguna prefectura como la estratégica de Tarija, la "caja" de todo el movimiento regional, lo que aislaría a Santa Cruz casi del todo. Y si Morales gana Tarija, habrá revertido un proceso que comenzaba a serle adverso y podrá afirmar que nuevamente se ha hecho con el control de la situación y la

de marzo de la empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado Bolivia, la aprobación del presidente Evo Morales subió un punto, en comparación a febrero.

Es decir, de 55 a 56. Pero el estudio aplicado en cuatro ciudades (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba)también indica que la mayoría de la gente cree que los conflictos aumentaron en relación a hace 12 meses. El 54 por ciento cree que hay más conflictos, el 28 por ciento considera que hay igual cantidad y el 16 por ciento dice que hay menos.

Pese a estos datos contundentes, los partidos políticos de oposición esperan reproducir la derrota que le infringieron los venezolanos a Hugo Chávez en el

iniciativa política.

Así están las cosas: unos enceguecidos por la victoria en los referéndums autonómicos pensando que lo ocurrido en Santa Cruz es lo que ocurre en todo el país, otros incapaces de reconocer que algo ha cambiado a raíz de lo acontecido en las regiones... por eso Bolivia es más materia de psicoanálisis que de análisis y de ahí la incapacidad que tenemos todos de entender qué es lo que sucede realmente.

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¿Y el diálogo y la negociación?

Hace unas semanas la mayor parte de los analistas internacionales creyeron que el

referéndum en Santa Cruz iba a significar el desmembramiento de Bolivia, de forma que sugerían desesperados propiciar mecanismos de diálogo que evitaran su realización. Por otra parte, organismos como la OEA trataban de encontrar alternativas políticas enfrentando la paradoja de que una de las partes (los movimientos regionales) querían esperar hasta después del referéndum autonómico para negociar con más fuerza, y el gobierno quería hacerlo antes por el mismo motivo.

El oriente, la zona económicamente más importante de Bolivia (pero también la que tiene dirigentes más racistas y reaccionarios), consumaba acciones que tendrían consecuencias para el futuro político y administrativo de Bolivia, el clivaje regional -al igual que el indígena que permitió la victoria de Morales hace dos años-, ahondaba el empate catastrófico boliviano.

Como era previsible no hubo diálogo antes de esos referéndums y hoy, pasado el hecho electoral, la negociación quiere ser retomada por el gobierno con veedores internacionales (representantes de Brasil, Argentina, Colombia y la Iglesia). Pero gran parte de la oposición regional no está dispuesta a sentarse con el gobierno mientras no se envíen otras señales de distensión más allá de las buenas intenciones expresadas públicamente. Es muy simple, todos

esperan a ver lo que ocurrirá en el referéndum revocatorio de agosto antes de hacer su jugada.

Nuevamente en la misma situación.

Si antes era poco probable el diálogo antes del referéndum autonómico, hoy es poco probable el diálogo antes del nuevo referéndum revocatorio. La eterna capacidad boliviana de patear la pelota para adelante y de gastar los pocos recursos que tiene en todo menos en el mejoramiento de las condiciones de vida de si gente.

En cualquier caso, lo que ocurre en Bolivia no se definirá en una fecha concreta o a través de unas elecciones. Se trata de un proceso de largo aliento en el que se cierra un ciclo del Estado que nació después de la Revolución del '52 sin que nadie sepa a ciencia cierta qué es lo que viene después y, sobre todo, cómo será su alumbramiento.

¿Qué pasa si se revoca el mandato?

Si el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República fueran revocados en su gestión, el Presidente de la República convocará a elecciones generales, por un nuevo período constitucional, en un plazo de 90 a 180 días, desde la emisión del cómputo oficial emitido por la Corte Nacional Electoral.

Los Prefectos que fueran revocados en su gestión, cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y conforme dispone la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República designará al Prefecto que ejercerá funciones hasta tanto se designe al nuevo Prefecto como resultado del proceso eleccionario correspondiente.

Se revocará la gestión del Presidente de la República y del Vicepresidente de la República si el resultado del Referéndum por el NO a la pregunta establecida, alcance a un porcentaje superior a cincuenta y tres, setecientos cuarenta por ciento (53,740%) y una votación superior a 1.544.374 votos.

Se revocará la gestión de los Prefectos de Departamento si el resultado del Referéndum por el NO a la pregunta establecida en el Artículo 6 de la presente Ley, alcance a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las elecciones de 18 de diciembre de 2005, de acuerdo a la siguiente tabla de resultados: Prefecto de La Paz, 361.055 votos (37.988%); Prefecto de Chuquisaca, 66.999 votos (42.306%); Prefecto de Pando 9.958 votos (48.032%); Prefecto de Beni, 46.842 votos (44.637%); Prefecto de Santa Cruz, 299.730 votos (47.877%); Prefecto de Oruro, 63.630 votos (40.954%); Prefecto de Potosí, 79.710 votos (40.690%); Prefecto de Tarija, 64.098 votos (45.646%); Prefecto de Cochabamba, 246.417 votos (47.641%).

(Fuente: La Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular)

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Taller de Defensa entre Fundación Chile 21 y el CED: El director del Centro de Estudios Internacionales, Juan Emilio Cheyre, expuso sobre modernización del Ejército, ante un selecto grupo de especialistas entre los que estaban el diputado Patricio Halles, el director de Flacso, Claudio Fuentes, y el representante del Ministerio de Defensa, Ricardo Rincon.

Con gran asistencia se realizó el Seminario: "Los dilemas de la economía chilena. Un debate nacional", organizado por la Fundación Chile 21, en donde expusieron, entre otros, el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el presidente de la Anef, Raúl de la Puente.

Invitados por Chile 21, estuvieron en Chile el portavoz municipal socialista del Ayuntamiento de Alcobendas (España), Manuel Araguetes, quien dictó una charla sobre PLanificación y Gestión Estrategica Local: Cómo se hace un Plan Estratégico"; y la diputada nacional por Madrid (España), Lucila Corral, experta en Planes de Igualdad de Oportunidades Políticas de Género y Servicios Sociales.

Como parte del Taller Internacional expuso sobre "Las elecciones norteamericanas y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina", el especialista Peter Hakim.

La ex Directora del Trabajo, María Ester Feres, como parte del Taller Mujer y Trabajo, expuso los “Avances en protección a la maternidad y en responsabilidades parentales. ¿Mayores costos asociados a la contratación de mujeres?” .