RASGOS INSTITUCIONALES DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL EN ESPAÑA Paz Benito del Pozo Departamento de Geografía Universidad de León Sonsoles Benito del Pozo Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria)
Resumen: En esta comunicación se da cuenta de la importancia del suelo industrial planificado en el desarrollo regional así como su incidencia en la ordenación del territorio, poniendo el acento en los principales aspectos de su planificación y gestión desde el punto de vista de los organismos e instituciones públicas que en España, y en particular en el seno de las comunidades autónomas, asumen dicha función, siendo de destacar la presencia e intervención de las agencias de desarrollo regional en los casos de promociones de suelo industrial público.
Introducción
En este breve trabajo interesa poner de relieve la presencia y participación de las diferentes instancias públicas y, en particular, de las agencias de desarrollo regional, vinculadas a los respectivos Gobiernos de las comunidades autónomas españolas, en materia de planificación y gestión del suelo industrial. Se trata éste último de un recurso o infraestructura de notable importancia en las políticas industriales y económicas regionales, como así lo demuestran el hecho de figurar entre los elementos a potenciar por los planes de desarrollo regional y el aparecer recogido con renglón propio en los presupuestos generales de las comunidades autónomas.
Asimismo, la oferta de suelo industrial planificado ejerce una influencia destacada en la dinámica inversora (atracción y fijación de empresas industriales) y en la localización adecuada de los establecimientos productivos y la consolidación de actividad dentro de cada región, de modo que su déficit o ausencia en el mercado del suelo produce pérdida potencial de oportunidades de inversión y desarrollo industrial, al tiempo que imposibilita la expansión o crecimiento ordenado de las empresas industriales que necesitan ampliar su espacio productivo. Desde el punto de vista territorial, dicha oferta de suelo industrial, si es fruto de una planificación previa en localización y volumen, es sin duda un factor vertebrador del territorio que contribuye de forma manifiesta a paliar las disparidades intrarregionales, dado que crea oportunidades sobre la base de un racional uso del suelo.
Metodología
Para elaborar el trabajo se han tomado como referencia diversas publicaciones sobre la promoción del suelo industrial en España, si bien la fuente fundamental la constituyen los respectivos planes de suelo industrial que tienen aprobados o en fase de avance las comunidades autónomas que constituyen la muestra del estudio. Como fuente de apoyo también se han utilizado los memorias anuales de las agencias de desarrollo regional y las correspondientes a las empresas que promueven y gestionan suelo industrial.
Con relación a la muestra del estudio, este se ha centrado en las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Murcia y Madrid,
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una representación limitada pero suficiente para extraer algunas conclusiones de valor general aplicables al caso español.
Discusión y conclusiones
El análisis de las distintas iniciativas que las comunidades autónomas llevan a cabo o proyectan en materia de suelo industrial conduce a dos constataciones iniciales: primero, los documentos o planes que recogen la política sobre suelo industrial son de carácter eminentemente territorial y dependen del máximo organismo que gestiona la ordenación del territorio, si bien la vertiente sectorial de dichos planes está desarrollada por la agencia de desarrollo regional correspondiente, que actúa de forma directa o a través de sociedades creadas a tal efecto; en segundo lugar, no se plantean, en general, actuaciones integradas de promoción y mejora de la oferta de suelo, sino que se propugnan medidas puntuales orientadas a solucionar problemas concretos de suelo (crear nuevo suelo industrial, rehabilitar espacios degradados, realizar estudios de viabilidad o proyectos urbanísticos, etcétera).
De la información disponible sobre Galicia, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Murcia y Madrid se colige que desde el punto de vista instrumental unas y otras CC AA disponen de parecidos entes operativos y, en última instancia, son las respectivas agencias de desarrollo regional las responsables de su desarrollo. En Galicia la ejecución de la política de suelo corresponde a las Xestures, una por provincia, participadas al 80% por el IGVS y el resto aportado por la Diputación Provincial. La entidad ejecutora de los
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programas de suelo industrial en el País Vasco es la sociedad Sprilur, creada en 1983 con capital enteramente público. Similares tareas desempeñan en Cantabria la sociedad Sican, en León Prosilsa y en Madrid el Imade.
Se comprueba, asimismo, que aunque hay coincidencia en los planteamientos y en la forma de instrumentalizar las actuaciones referidas al suelo industrial, existen algunos elementos diferenciados que ponen de relieve los contrastes entre las políticas de suelo de unas y otras Comunidades Autónomas y el desigual grado de desarrollo de sus instrumentos de planificación.
En la Comunidad gallega, por ejemplo, la política de suelo industrial está vinculada al mismo organismo responsable de vivienda, el Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia y que desde 1990 dispone de un Plan de Solo Empresarial que establece las directrices para la promoción y desarrollo de suelo empresarial, señalando los municipios en los que se van a construir polígonos industriales o parques empresariales. En el País Vasco está vigente desde 1994 un Plan Territorial Sectorial de Suelo para Actividades Económicas, promovido por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y concebido como un instrumento de ordenación territorial del suelo destinando al conjunto de la actividad económica, lo que incluye el suelo industrial. También Cantabria busca dotarse de un instrumento similar al vasco que con el nombre de Plan Estratégico Territorial Industrial para el Desarrollo de Cantabria, que en la actualidad se encuentra en fase de propuestas y aparece vinculado a la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones del Gobierno
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de Cantabria. Una realidad distinta ofrece la Comunidad vecina de Castilla y León, pendiente de dotarse de un instrumento planificador específico de suelo industrial de ámbito autonómico.
Otras regiones brindan ejemplos contrastados en cuanto a la articulación institucional de lo que es en sí la ordenación y/o planificación del suelo industrial. En Aragón la promoción de suelo industrial depende del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, organismo autónomo adscrito al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes. En Madrid es el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), vinculado a la Consejería de Economía y Empleo quien realiza este tipo de actuaciones, situación análoga a la de Asturias, donde es la Consejería de Industria, Comercio y Turismo quien tiene la iniciativa en la realización de planes de suelo industrial. Por último, en el caso de Murcia son las consejerías de Política Territorial y Obras Públicas y de Industria, Trabajo y Turismo las que han impulsado las Directrices de Ordenación de Suelo Industrial.
Con relación a las ayudas aplicables y sus beneficiarios, destaca la línea de subvenciones para la creación de suelo industrial o para la renovación de infraestructuras urbanísticas existentes. Los beneficiarios son las entidades locales de ámbito municipal o supramunicipal que propongan alguna intervención en el sentido señalado. Como caso singular, la Comunidad de Madrid dispone de ayudas específicas para la rehabilitación de áreas industriales que contribuyan a la recualificación del entorno empresarial. También se aprecia un notable esfuerzo de las instituciones autonómicas por divulgar su oferta de suelo
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industrial a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías, destacando la presencia de catálogos de suelo industrial en la red, a través de internet.
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