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Resistencias en movimiento Osvaldo León

Algo nuevo está pasando en la región. Al extenderse el grito de ¡ya basta! proferido desde las resistencias de todo tipo, se han desencadenado vientos de cambio -no necesariamente en la misma dirección ni exentos de ciertos choques- que están modificado el mapa político y colocando en la agenda la disputa por un nuevo sentido de democracia y proyecto social; todo esto, en un contexto favorable por las condiciones mundiales.

La promesa neoliberal de bienestar generalizado, con sus políticas de privatizaciones, apertura indiscriminada de las economías nacionales, desregulaciones, achicamiento del Estado y abandono de las decisiones estratégicas, etc., etc., no solo que no se cumplió, sino que arrastró a la región a una profunda crisis política, económica y social. Del desgarrado tejido social, cual corrientes subterráneas, poco a poco las resistencias comenzaron a emanar y multiplicarse con un anhelo de cambio.

Como el neoliberalismo se encargó de extender hacia la política la lógica de que "todo se compra y todo se vende", la rendición de cuentas que es un ingrediente básico del juego democrático prácticamente fue quedando al margen para dar paso al "toma y daca" como fórmula para lograr mayorías, acuerdos, dictámenes, sentencias, etc. -sobre todo en materia de privatizaciones-, profundizándose así los niveles de corrupción. En términos solemnes, esta tendencia a la reducción de la democracia se la denominó: "gobernabilidad", cuando ya desde los nichos de resistencia se reclamaba democracia participativa y directa, equidad y justicia social.

Por esa arrogancia de las élites, acostumbradas a dar órdenes y que los demás acaten, hicieron oídos sordos de las demandas de los sectores subalternos, por lo demás sistemáti-

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camente invisibilizados por los grandes medios de difusión y desdeñados por los "opinadores" que parecería viven en Europa y piensan que esa realidad es la nuestra. Hasta que esas resistencias sociales, articuladas en movimientos, irrumpieron en el escenario para dar un giro a la orientación prevaleciente con la elección de gobiernos que, como mínimo, coinciden en la revisión del papel del Estado en las economías nacionales y políticas sociales compensatorias, como también en la afirmación de alguna autonomía frente a Washington y la revalorización de la integración regional. Y en los pocos países donde este giro no se ha dado, las fuerzas que lo empujan se presentan como las expresiones de relevo.

Es evidente que el ascenso de gobiernos impulsados por fuerzas populares y las luchas impulsadas por éstas, ha provocado cambios en el plano geopolítico, pero no lo es tanto respecto a las transformaciones políticas y sociales que de una u otra manera anunciaron. Puede ser que su gestión quede circunscrita a la contención y disciplinamiento del movimiento social con políticas asistencialistas y clientelares para los "buenos", y criminalización de la protesta y represión para los "malos".

En todo caso, son cambios que ponen sobre el tapete nuevos desafíos que deben ser procesados seria y fríamente para no errar en las estrategias.

Más allá del manejo que se dé desde tales gobiernos, lo evidente es que solo si de da el espacio autónomo a estas fuerzas para propulsar el cambio, la anhelada profundización de la democracia puede avanzar, ni más ni menos. En este punto, también cobra importancia la agenda que las propias organizaciones y movimientos están priorizando, siendo que algunas, quizás las menos, han señalado que el momento exige una dedicación mayor

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para la comprensión de la realidad y sus tendencias, un esfuerzo permanente de organización de base, profundización y ampliación de los procesos de educación, particular énfasis en las estrategias y políticas de comunicación, formulación de propuestas alternativas y un sentido de acumulación de fuerzas que conjugue lo local, nacional y mundial.

No ALCA Las dinámicas de este proceso son particulares a cada país, en unos teniendo como eje la acumulación en el accionar de los movimientos sociales, en otros con la fuerza social volcada al campo político-electoral, pero hay un ingrediente que de una u otra manera ha gravitado en tales particularidades: la articulación de luchas contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en tanto causa que permitió vincular los ejes localnacional-continental-global contra el proyecto de los sectores empresariales y gubernamentales de los Estados Unidos, formulado para reforzar su dominio en el hemisferio.

El eje de esta articulación fue la Campaña Continental contra el ALCA, que no solo ha sido gravitante para que tal iniciativa se empantane, sino también para que se mantenga un accionar común contra los tratados de libre comercio y se ponga en agenda el tema de la integración, basada en la democracia, la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos.

Lo cual, organizativamente, hoy es catalizado por la Alianza Social Continental.

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Se trata de una campaña que fue lanzada en el II Foro Social Mundial (enero 2002) y que en algo más de un año, con una lógica descentralizada y acoplada a las particularidades de cada región, país, localidad, etc., logró que se conformen comités o plataformas nacionales en los diversos países, estableciendo vasos comunicantes para nutrirse de iniciativas como la implementación de consultas nacionales, el monitoreo, seguimiento y vigilancia de las negociaciones, la realización de campañas sobre puntos específicos contemplados en el ALCA, la articulación con otras campañas afines (deuda, militarización, etc.), el forta-

lecimiento de los mecanismos de comunicación y divulgación, entre otras.

Cabe tener presente que el neoliberalismo buscó romper el tejido social e imponer un sentido de orfandad a cualquier esfuerzo organizativo sobreviviente. Y es por esto que las campañas han jugado un rol de importancia. La pionera en este sentido, sin duda, fue la Campaña Continental 500 años de Resistencia, Indígena, Negra y Popular, tanto por el momento (cerró en 1992) como por los actores que lo impulsaron (movimiento indígena, en particular), hasta que la campaña contra el ALCA termina convirtiéndose en un espacio aglutinador, en un paraguas, de todas ellas; de ahí que no solo propició la movilización continental, sino también espacios de reflexión y debate que han contribuido a que se vaya tejiendo una agenda global común (como también ha contribuido el Foro Social Mundial).

En este último sentido, vale remitirse a la Declaración Final del VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la Integración de los Pueblos (La Habana, 5 mayo 2007) que señala: "Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe -el "ALCA europeo"- y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central" Así, conjugando esta búsqueda de cambios globales, con demandas específicas, los movimientos sociales están marcando el paso en la disputa por el sentido del nuevo rumbo que se libra en la región. Aquí les ofrecemos una panorámica sobre este complejo tema.

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Bolivia:

En la ruta emancipatoria Carlos Cortez Romero A partir de 1985, año en que se instituyó la democracia de pactos en Bolivia, los partidos políticos que se alternaron en el poder han aprobado numerosos instrumentos y normas que "legalizaron" el saqueo de los recursos naturales, el terrorismo de Estado, el genocidio, la impunidad, la corrupción, el clientelismo, entre otros. Ante esa situación, a partir del 2000, el pueblo dijo BASTA, y así emergieron los movimientos sociales, para, desde las calles y carreteras del país, hacer oír su voz e iniciar el camino de la articulación de nuevas alternativas inclusivas, soberanas y libertarias, en la perspectiva de la construcción de un futuro con dignidad, trabajo y soberanía nacional.

Los movimientos sociales son sistemas organizativos de participación social, de elaboración de discursos identitarios y de formulación de propuestas capaces de afectar las estructuras institucionales de los Estados. Toda vez, es posible diferenciar los movimientos sociopolítico reivindicativos que apuntan a modificar aspectos puntuales de la normativa estatal, y movimientos socio-político estructurales que buscan asumir el control del Estado y promueven un nuevo orden estatal. Este último es el que se ha vivenciado en la experiencia de los movimientos sociales de Bolivia y se expresa en la victoria de Evo Morales1.

Con base en las perspectivas de análisis del paradigma de la identidad y de la movilización de recursos, Pablo Mamani observa que en Bolivia los movimientos indígenas movilizan recursos e identidades socio-culturales como referencia de sus acciones colectivas, destacando la producción de significados o símbolos, así como, la estructura y organización de las acciones colectivas.

En esas dimensiones entrarían en escena y en la práctica, los discursos, imágenes y sentidos

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de pertinencia social. Por ello, los movimientos sociales han colocado en la superficie, a partir de 1980, un conjunto de símbolos del poder indígena: la wiphala, los ponchos violetas o verdes (vestimenta de las autoridades), la hoja de coca, la pollera y los awayus multicolores (pieza textil tradicional de las mujeres indígenas), sombreros y la q'uarwa ("arma" indígena). Esos serían los símbolos de la identidad indígena colectiva y de los movimientos sociales.

Así, la movilización de los recursos y la movilización de los símbolos del poder indígena son consideradas definidores de las identidades y estrategias de acción colectiva beligerante, que se manifiesta en los bloqueos de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado, en la toma de espacios físicos del poder del Estado, marchas, movilizaciones, etc.

En esa perspectiva, los movimientos sociales construyen y reconstruyen permanentemente sus símbolos, discursos e identidades en forma de repertorios. Por ello la escenificación de los símbolos indígenas, en Bolivia, es importante.

En los levantamientos indígenas de 2000, 2001 y 2003 se ha manifestado y evidenciado ese juego de poder de los símbolos. Evo Morales, líder del movimiento cocalero en el Chapare, expresa esos símbolos, con la imagen e identidad indígena afirmando "nosotros somos los aymaras, qhichwa y tupí-guaraníes". Felipe Quispe, el Mallku (cacique), ligado a los levantamientos aymaras del Altiplano Norte de La Paz, también afirma "el aymara es un pueblo rebelde".

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Ver: Mamani Ramirez Pablo, (2004). - El Rugir de las Multitudes. Ed. Yachaywasi, La Paz-Bolivia y Garcia Linera A. (2006).- Los Movimientos Indígenas en Bolivia, in Escárzaga y Gutierres (organizadoras): Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. Ed. Benemérita Universidad Autonómica de Puebla, México.

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Movimiento indígena El movimiento indígena en Bolivia no es nuevo, históricamente ha estado presente en grandes luchas. Una de ellas es la insurrección aymara de 1780, en plena época colonial, dirigida por el cacique aymara Tupaj Katari.

Otro de los movimientos destacados ocurrió en la época republicana, entre 1899 y 1900; el cual fue dirigido por el cacique Pablo Zárate Wilka.

Estas dos grandes insurrecciones, entre otras, constituyen referencias que marcan la memoria del movimiento indígena contemporáneo.

Más recientemente, con la revolución nacional de 1952, se realizaron grandes reformas, entre ellas: la reforma agraria, la instauración de la educación gratuita y obligatoria y el derecho a la participación política de los indígenas mediante el voto universal. Debido a esta revolución, durante algunas décadas parecía que se había perdido la memoria de Katari y Wilka. Muchos llegaron a apostar en un proyecto nacionalista-homogéneo, que prometía, entre otras cosas, la "liberación del indio". Sin embargo, a partir de los años 70, y fruto de la traición de la revolución nacional, surgen importantes líderes indígenas que cuestionan la situación existente y denuncian al Estado-nación como una estructura que reproduce el proceso de segregación y exclusión de los indígenas. Así, según Patzi Paco2, desde entonces se inicia un proceso de acumulación de fuerzas que sigue dos esquemas o propuestas:

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1. Un esquema que diagnosticaba y criticaba la realidad social jerarquizada con base en el elemento racial. Dentro de esa propuesta, la única manera de solucionar la diferenciación social era ocupando los espacios de poder existentes, participando de la democracia ya constituida, introduciéndose en los espacios institucionales de jerarquías, o sea, de acuerdo con Gramsci, "ocupar posiciones" dentro del Estado. Esta tendencia derivó de una posición denominada de pluri-multi, porque sustenta la multiculturalidad y pluralidad sin criticar la jerarquía entre cultura y naciones dominantes y dominadas. Esta posición predominó durante muchos años.

2. La propuesta de Felipe Quispe parte de la afirmación que Katari y Willka no fueron constitucionalistas ni reformadores del Estado colonial, y dirá que la única manera de conseguir la liberación indígena será con la reconstitución de la sociedad Kollasuyo3. Esta posición es fruto de un diagnóstico de la realidad: una Bolivia colono-mestiza, que es la nación dominante, la que expresa la cultura legítima de las elites; y otra Bolivia indígena que es mayoritaria, despojada del poder, despojada de recursos y sometida a la exclusión social.

Esta posición fue conocida durante algunos años como la posición "auto-determinista", pues pretendía el derecho a la plena autodeterminación de las naciones indígenas. Así, no sólo proponía una autonomía de regiones o territorios indígenas, sino también, la sustitución del proyecto de Estado-Nación que se había consolidado en Bolivia desde los años cincuenta.

Durante los años noventa esa discusión, con determinadas estrategias de apropiación del conocimiento de las Universidades Públicas, se profundiza y surgen tres fuerzas indígenas en el territorio boliviano: una es constituida por el movimiento cocalero de Cochabamba dirigido por Evo Morales y que ha transitado de la condición de movimiento social a un partido político electoral: el Movimiento al Socialismo (MAS).

Otra fuerza social indígena centrada en el pueblo Aymara es representada por Felipe Quispe. Esta fuerza tiene un proyecto social antagónico al modelo liberal, tanto en el aspecto político como en el aspecto relativo al modelo económico.

La tercera fuerza indígena es muy particular y está constituida por una significativa cantidad 2

Patzi Paco, F (2006).- Las tendencias en el movimiento indígena en Bolivia in Escárzaga y Gutierres (organizadoras): Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. Ed. Benemérita Universidad Autonómica de Puebla, México.

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Una de las cuatro regiones que conformaban el Tawantinsuyo (Chinchasuyo, Kollasuyo, Contisuyo Antisuyo). Corresponde al actual territorio de la Bolivia.

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de etnias (42), sin embargo, demográficamente son una minoría (5% del total de la población). Todos estos grupos humanos están localizados en las partes bajas del oriente del país y no tienen tanta fuerza como el de los cocaleros y Aymaras.

Durante todos estos años, la instancia principal de aglutinación de esos movimientos indígenas fue la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la cual ha desempeñado un papel importante en la organización de los movimientos indígenas y de los movimientos sociales.

De hecho, a partir de 2000, Bolivia vive un resurgimiento del movimiento social, particularmente el indígena. Tras el desmantelamiento del movimiento obrero en los años 80, los indígenas son los sectores sociales que presentan mayor fuerza de movilización y presión social. Este protagonismo se da en tres dimensiones: como fuerza de movilización, como construcción de instituciones y como consolidación de creencias, generando una crisis estatal. Crisis que básicamente es producto de dos factores: de los límites financieros del modelo neoliberal y, sobre todo, de la existencia de fuertes y vigorosos movimientos sociales regionales con amplia capacidad para paralizar el país, que generan discursos alternativos y constituyen sistemas institucionales alternativos a los existentes.

La diferencia respecto a lo que sucedió en los años 30 del siglo XX, cuando los movimientos sociales fueron articulados alrededor del socialismo obrero, es que hoy los movimientos sociales con mayor poder de interpelación al ordenamiento político son de base indígena, provenientes de las zonas agrarias marginadas de los procesos de modernización económica impulsada por el Estado.

El Estado boliviano se ha caracterizado por el no reconocimiento de los indios como sujetos colectivos con prerrogativas gubernamentales. Hoy, de acuerdo con Linera4, que los indios aparezcan de manera autónoma, como principal fuerza de presión social y política, pone en cuestión la calidad estatal, heredada de la época colonial, esto es, de concentrar la definición y el control del capital en bloques

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sociales culturalmente homogéneos y diferenciados de las distintas comunidades culturales indígenas que existieron antes de la propia existencia de Bolivia.

Inicio del cambio A partir de la revolución nacional de 1952, Bolivia fue conocida por sus riquezas minerales explotadas por la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y por el vigor de los movimientos de los trabajadores mineros considerados sujetos políticosociales, sobre todo desde los años 40. Pero esa Bolivia comenzó a evaporarse en 1985, cuando el ex Presidente Víctor Paz Estenssoro retornó al poder y comenzó a escribir el epílogo de la revolución del 52 que él mismo había encabezado y de la cual durante mucho tiempo fue su símbolo.

Como consecuencia de las políticas de privatización (en 1986), miles de mineros perdieron su fuente de trabajo y acabaron migrando a ciudades como El Alto (vecina de La Paz) y el Chapare, en Cochabamba, para trabajar en el cultivo de coca. En el nuevo hábitat, muchos abandonaron sus antiguas tradiciones y abrieron pequeños negocios familiares, pero otros "reinvirtieron" su "capital militante" en nuevos tipos de organizaciones: Juntas de vecinos en la ciudad de El Alto y sindicatos de cultivadores de coca en el Chapare. Para historiadores y analistas políticos bolivianos, no hay duda que esos trabajadores mineros transmitieron, a esas organizaciones, la experiencia acumulada del sector más politizado del mundo popular boliviano5.

La transmisión de esa experiencia tuvo que aguardar más de una década para que surgieran o fuesen recuperadas formas alternativas de organización, acción y construcción de identidades colectivas. De esa forma, poco a 4

Garcia Linera A. (2003).- La Crisis de Estado en Tinkazos, Revista boliviana de Ciencias Sociales, La Paz - Bolivia

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Ver: Linera op.cit. (2003) y Jordán De Camargo A. (2006).- Bolivia - La Creación de uno Nuevo País la Ascensión del Poder Político Autóctono de las Civilizaciones precolombinas la Evo Morales. Ed Fundación Alexandre de Gusmão, Brasilia-DF.

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poco, las tradiciones de resistencia, oposición y lucha que caracterizaron al movimiento popular boliviano "renacieron" de sus cenizas con una importante carga de renovación y un creciente protagonismo de las organizaciones campesinas-indígenas.

Una de las primeras manifestaciones de esa reconfiguración de las fuerzas populares fue la protesta de los ciudadanos de Cochabamba contra el aumento de las tarifas del agua (300%) por parte de la empresa de Aguas Del Tunari, controlada por la transnacional Bechtel; la cual derivó en una movilización popular conocida como la "guerra del agua".

En ese movimiento, entró en acción una nueva forma de agregación social flexible y multisectorial: la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, liderada por un dirigente obrero: Oscar Olivera. En esa experiencia, por un lado, se consiguió superar el estado de precariedad organizativa y simbólica derivada de la crisis de la Central Obrera Boliviana (COB) -tradicional articuladora de demandas sociales- y, por otro lado se empezó la discusión sobre el significado del patrimonio público y de los recursos sociales colectivos frente a la ola privatizadora de los gobiernos neoliberales. Un dato no menos importante: "la guerra del agua" fue la primera victoria popular significativa después de un ciclo de derrotas que duró poco más de15 años. Y esa victoria aconteció gracias a la alianza entre el campo y la ciudad, en la cual, un sector y un líder, tuvieron un papel importante y que pocos años después, se transformarían en actores del cambio político y social en el país: los cocaleros encabezados por Evo Morales Ayma.

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A la "guerra del agua" le siguió un ciclo de movilizaciones basadas en los bloqueos de carreteras ejecutadas por los indígenas aymaras, poniendo en acción una impresionante maquinaria comunitario-militar que culminó con el cerco a la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Nacional y capital del país. De esa forma se materializaba la revitalización de las estructuras comunitarias, propias de las naciones andinas y del discurso étnico-nacional indígena, con una interpelación de afirmación étnica heredera del ideario indianista Katarista de los años 70 y, operada desde

mucho tiempo, bajo el liderazgo de Felipe Quispe Huanca como secretario ejecutivo de la CSUTCB. Los bloqueos de 2000 y 2001 mostraron la capacidad de los aymaras para expulsar de las comunidades al poder estatal y sustituirlo por un complejo sistema de autoridades comunales (cabildos, asambleas, comités de bloqueo, entre otros) y, para enfrentar a las fuerzas armadas, transfirieron las formas tradicionales del trabajo comunal (turnos, trabajo colectivo) al ámbito guerrero. De esa forma emergió el cuartel general de Kalachaka como el estado Mayor de las Fuerzas Aymaras movilizadas. En varios pueblos del altiplano la policía fue expulsada y substituida, temporalmente, por "policías sindicales"6.

Paralelamente, emerge y se expande un conjunto de discursos sobre la descolonización del Estado, la auto-representación indígenapopular y la nacionalización de los recursos naturales. La demanda nacionalista no sólo marcará con enorme potencia el ritmo político desde el 2003, sino que, al denunciar el carácter "entreguista" de las elites nativas, recuperará una narrativa nacionalista que comenzó con los militares "socialistas" y nacionalistas de los años 30 y 40 (German Busch, David Toro y Gualberto Villarroel), pasando por la Revolución del 52 y con el nuevo ciclo de militares nacionalistas en los años 70 (Alfredo Ovando y Juan José Torres).

Sin embargo, ahora no se trata del nacionalismo que tenía al mestizaje como horizonte, pero sí de un nuevo nacionalismo que plantea una "unidad en la diversidad" e identifica a los indígenas como los mejores defensores de la nación.

Instrumento político para el movimiento indígena En una Asamblea de los Pueblos Originarios, reunida el 12 de octubre de 1992 y considerada como "el acto de nacimiento del movimiento campesino- indígena como sujeto político", se debatió la denominada "Tesis del instrumento político", una propuesta elaborada en el seno de la CSUTCB y defendida por los cocaleros que consistía en organizar un "brazo político" de los sindicatos campesinos. En esa

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Asamblea, los herederos del Katarismo defendían, contra la tesis del instrumento político, la "autodeterminación de los pueblos", esto es el retorno al ayllu (estructuras comunales tradicionales) como espacio de autonomía frente al "estado colonial"7.

El movimiento cocalero será uno de las primeros en intentar ampliar y leer la acción política en dos dimensiones: la dimensión política asentada, tanto en las prácticas sindicales como en las prácticas comunitarias heredadas del mundo andino, sobre todo aymara y de la tradición de la lucha de los mineros y la acción política con la organización moderna en partido político. Se puede decir que el movimiento cocalero, en cuanto movimiento social, es el primero que experimenta la posibilidad de construir brazos políticos electorales para participar en el sistema político formal.

Unificado en sindicatos organizados alrededor de la posesión de la tierra y de la defensa de la producción de la hoja de coca, el movimiento cocalero del Chapare tiene una composición cultural variable y experimentará hasta el final de los años ochenta un interesante proceso de politización. En primer lugar, los cocaleros rescatarán, a su modo, el discurso indianista del movimiento aymara, vinculándole con el cultivo de la hoja de coca, reivindicando los circuitos tradicionales y ancestrales de la cultura andina, emprendiendo, de manera simultánea, procesos de reorganización sindical y política. El sindicalismo cocalero articula el corporativismo de las comunidades andinas del Altiplano con la disciplina organizacional propia del movimiento sindical de los mineros, pues muchos de ellos habían migrado a la zona del Chapare durante los años ochenta, aportando al sindicalismo cocalero la dimensión organizativa y discursiva radical de los mineros. Fruto de ese proceso, posteriormente, la tesis del instrumento político, con Evo Morales dio lugar al surgimiento del Movimiento al Socialismo -MAS -.

Para el MAS, desde su nacimiento, el núcleo duro de su discurso es el rechazo al neoliberalismo, entendido como recuperación del control estatal de áreas estratégicas de la economía como los recursos naturales y los servicios públicos. Se trata, de una izquierda "refor-

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mista", que busca un proceso de "descolonización del poder" y de renacionalización de la economía y del Estado (entendido como instrumento al servicio de intereses extranjeros).

Por otro lado, desde la exitosa participación electoral de 2002 (segundo lugar para presidente de la república y un número significativo de parlamentarios), el MAS incorporó, de manera enfática, la defensa de la democracia representativa a su horizonte discursivo, retomando la idea de que la democracia fue una "conquista popular", y que ahora se trata de refundar el país incorporando a aquellos que no participaron de la fundación de Bolivia, es decir, se trata de la profundización de la democracia y de su nacionalización efectiva.

El programa del MAS incorpora algunas de las más importantes reivindicaciones de los movimientos sociales, o sea, la convocatoria a una Asamblea Constituyente "refundadora", la nacionalización de los hidrocarburos, la defensa del cultivo e industrialización de la hoja de coca y la afirmación de la soberanía boliviana ante las presiones de los EE.UU. Aprovechando el clima de descontento social y de rechazo a una clase política conocida como "vende patria", el MAS- IPSP y Evo Morales ganaron la batalla para estar del lado del cambio y dejar a los adversarios del lado del continuismo. En diciembre de 2005, Evo Morales y el MAS conquistaron el gobierno boliviano. El 53,7% de los votos proporcionado por el pueblo boliviano, representa una derrota "intelectual y moral" no sólo para Quiroga (candidato derrotado) sino también para las elites neoliberales que dirigieron el país desde 1985 y que pretendían conservar el poder con nuevas siglas y "nuevos" programas.

La izquierda que hoy está en el gobierno no es la izquierda tradicional, de raíz marxista, sino un conjunto de movimientos sociales y sindicales con ritmos, culturas, políticas y objetivos que no siempre coinciden y no siempre 6

Duran Choque, A. (2006).- MST: La tierra nuestra vida. Ed Artes Gráficas Sagitario, La Paz - Bolivia.

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Ibid

7

son fáciles de articular, con ideologías más amplias y pragmáticas que conservan referencias nacionalistas revolucionarias A la vez, incorporan un componente ético-cultural casi inexistente en la izquierda clásica. Como apunta Patzi Paco (8), no son los partidos que se insertan en el movimiento social para articularse con él, como tradicionalmente acontecía, sino que al contrario, emergen de esos movimientos en un proceso de expansión que va del campo a la ciudad.

Se trata de una izquierda sui géneris, con escasa base doctrinaria, que combina, de manera más o menos articulada, elementos del discurso nacionalista revolucionario de los años cincuenta y del Katarismo de los años 70, que estructuraba su discurso sobre la base de la denuncia del "colonialismo interno" que perduró en el país después de su independencia.

Así, Bolivia, por primera vez en su historia, tiene un gabinete ministerial que además de reflejar, la participación de los movimientos sociales, expresa el conjunto de demandas de cambio y de transformación de la política boliviana. Sin embargo, todo esto no puede ocultar la escasez de cuadros en el nuevo gobierno, producto de la forma organizativa sui géneris de la nueva izquierda, surgida de las escuelas del sindicalismo campesino.

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Por otra parte, la fragmentación actual de los movimientos sociales -y la inexistencia de un partido o cualquier otra forma de institucionalización del instrumento político- está potenciando un modelo ultra-centralizado en la toma de decisiones del Presidente de la República, dentro de un esquema de "consultas" del gobierno con las cúpulas de las organizaciones sociales y sindicales que no pocas veces reproducen formas clientelares de la política y están lejos de la imagen idealizada promovida por algunos teóricos que han transformando a los movimientos sociales en el lado "bueno" de una frontera que separa lo político (impuro) de lo social (puro).

Como sea, la estabilidad del gobierno de Evo Morales, pasa necesariamente por el "empoderamiento" de los movimientos sociales. No 8

será una mayoría parlamentaria que le permitirá gobernar, aunque puede ser necesaria en determinadas situaciones, pues la derecha no va a resolver sus pleitos con el nuevo gobierno "parlamentariamente", sino al interior de la sociedad civil, en el mercado y en la arena internacional, o sea, en las calles. Para prevalecer en ese terreno se requieren movimientos sociales muy bien organizados, con probada capacidad de lucha.

Fue por ello que los movimientos sociales como sujetos y actores de la transición histórica, el 17 de octubre de 2003 establecieron una Agenda Política de Prioridades: Crear la Asamblea Nacional de las Organizaciones y Movimientos Sociales, orientada a construir la unidad del pueblo boliviano, para ejercer la defensa de la soberanía nacional y generar las bases de la construcción del nuevo Estado y del nuevo país que se puso en marcha con la victoria de Evo Morales en diciembre de 2005.

La Asamblea Nacional de las Organizaciones y Movimientos Sociales define como objetivos específicos: - Crear conciencia nacional sobre la necesidad de reapropiarnos de nuestros recursos naturales.

- Crear conciencia sobre la defensa de la soberanía nacional, en lo económico, político, social, cultural y militar.

- Crear conciencia sobre la demanda de autodeterminación de: naciones, pueblos indígenas y originarios, comunidades urbanas, e implantar la democracia directa.

- Elaboración de un nuevo mapa políticoadministrativo, con continuidad económica y territorial, que se corresponda con los criterios de autodeterminación.

- Establecer mecanismos de coordinación y conducción colectiva de las organizaciones y movimientos sociales, que se constituyan en el soporte orgánico de nuestra unidad en la idea y la acción, en el proceso de emancipación de las garras del neocolonialismo.

Carlos Cortez Romero es profesor adjunto de la Universidade Federal de Juiz de Fora

Patzi Paco op. cit.

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¿Qué pasa con los movimientos sociales en Venezuela?

Julio Fermín Es evidente que el nombre de Venezuela ha estado resonando en todo el continente y el resto del mundo con mayor fuerza en los últimos 18 años a partir de los sucesos conocidos como "El Caracazo". El volumen de las noticias aumentó en los últimos años con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Ahora bien, es importante también hacernos algunas preguntas: ¿Suenan del mismo modo los movimientos sociales de Venezuela? ¿Cuál es la presencia y dinamismo que tienen en la escena nacional e internacional? ¿Qué liderazgo tienen en la lucha global que se desarrolla hoy en el planeta?

Hablar de los movimientos sociales en Venezuela y dar respuestas a estas preguntas puede ser, de hecho, estimular una polémica y contribuir a un debate necesario que se ha pospuesto una y otra vez. Pero también, podría ser una oportunidad para abordar otro punto de vista, un nuevo paradigma o una manera distinta de observar a los movimientos sociales hoy en todo el continente, respecto a los cambios en que se han producido en los gobiernos de varios países importantes como la propia Venezuela, pero también Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, donde probablemente se plantean las mismas situaciones.

Si evaluáramos de manera tradicional a los movimientos sociales hoy en Venezuela, podríamos concluir, salvo pocas excepciones, en que se caracterizan por una debilidad organizativa propositiva, cierta dispersión y desarticulación, carentes de visibilidad, sin una plataforma de lucha clara, padeciendo de la autocensura, carentes de iniciativa política propia, niveles de institucionalización de

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algunos y más bien en una alineación casi vertical con las políticas del Estado.

Pero posiblemente, la Revolución Bolivariana también nos esté proponiendo una nueva época para los movimientos sociales, otorgándoles a éstos un rol protagónico en las políticas públicas y en la configuración de un Nuevo Modelo de Estado. Al mismo tiempo que, a nivel internacional, el gobierno venezolano desarrolla relaciones fluidas con casi todos movimientos sociales de América Latina y del resto del mundo, resultado de espacios inéditos como el Consejo Consultivo de los Movimientos Sociales de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas)

Abreviando la historia La historia de los movimientos sociales en Venezuela no es muy diferente a la de otros países de América Latina donde los partidos políticos fueron, poco a poco, fundando las organizaciones sociales, como el medio para organizar a la población, según diversos intereses y necesidades.

Apenas en las primeras décadas del siglo pasado, los fundadores de los primeros partidos políticos, antecesores de los actuales, generalmente provenientes del movimiento estudiantil, se dieron a la tarea de crear los primeros sindicatos y organizar a los campesinos, entre otros sectores de la sociedad.

Este modelo sustentado en el esquema leninista de los partidos, se afianzó, incluso en el caso de las organizaciones de izquierda que constituyeron diversos "frentes" para organizar a las masas. Y que en el caso venezolano

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también tuvo su fuente en las aulas universitarias que desembocaron en la lucha armada de los años 60.

A principios de la década de los años 90, la implementación del modelo neoliberal encuentra a los partidos políticos en su más bajo nivel de deterioro, en vista de su incapacidad para interpretar los nuevos tiempos y las necesidades de más del 80% de la población excluida de los beneficios de la renta petrolera. Era tal el deterioro, que no se podía entender que un estallido social como El Caracazo no tuviera un liderazgo político.

Y mientras la abstención electoral aumentaba y la credibilidad de la democracia como sistema se resentía, el clímax de la crisis política lo constituyó el intento de golpe de estado de 1992 encabezado por el actual presidente Hugo Chávez.

Como en otras épocas de la historia, la sociedad venezolana voltearía la mirada hacia el sector militar como proveedor de salidas a las crisis, al mismo tiempo que éste mismo sector reclamaría para sí el liderazgo de los cambios por venir.

Hablar de los movimientos sociales es realizar una narración en paralelo con la historia de los partidos políticos. Es así como con cierto rezago con respecto al resto del continente, y coincidiendo con el deterioro de las organizaciones políticas se desarrollan en Venezuela algunos movimientos de trabajadores con enfoque clasista, surge el movimiento vecinal, el movimiento de mujeres, un movimiento por la defensa de los derechos humanos, especialmente de los DESC, pero también se producen algunas alternativas en el movimiento estudiantil, la mayoría reivindicando algunos niveles de independencia y autonomía.

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Sin embargo, tanto en el Caracazo de 1989, como en el intento de golpe de 1992, estos movimientos quedan descolocados frente a la nuevas realidades. De hecho, las diversas agrupaciones políticas de izquierda que promovieron algunos de los movimientos mencionados quedan fuera de juego y posteriormente se van integrando, poco a poco, a la iniciativa bolivariana que propone el entonces candidato Chávez.

De hecho, el presidente Chávez, consciente de la situación del tejido social en Venezuela hizo una campaña total que abarcó a todos los sectores del país, inclusive más allá de la izquierda. Hasta tal punto que pudo captar a las bases de los partidos mayoritarios: Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano (COPEI). En este caso la meta no era organizar a las masas, sino ganar las elecciones.

Sin embargo, una vez que llega el poder, el presidente ha seguido empeñado en re-construir el tejido social y organizativo de la población, especialmente en lo que respecta al liderazgo del proceso revolucionario. En el entendido que su Movimiento Quinta República y el resto de los partidos que lo apoyan sirvieron fundamentalmente para ganar las elecciones, pero no representaban cabalmente el partido de la revolución ni interpretaban la organización de los sectores sociales en Venezuela.

¿Dónde están los movimientos sociales?

Prácticamente, desde 1999, las iniciativas del gobierno se han orientado a demoler viejas estructuras organizativas, rescatar algunas de ellas y construir nuevos espacios de participación popular que permitan fortalecer las bases del proceso de cambio.

Inicialmente, apeló al movimiento MBR-200, aquellos núcleos militares que le permitieron organizar el intento de golpe de estado de 1992 como un mecanismo cívico-militar de respaldo al proceso revolucionario que comenzó con la toma del poder en 1999.

Posteriormente, se lanzaron los círculos bolivarianos que incorporaron la necesidad de la formación, el debate y la acción propositiva de quienes apoyaran el proceso en su medio local.

Posteriormente, se constituyó en una política de Estado la creación de pequeñas estructuras que acompañaran el desarrollo de las políticas públicas. Es así como surgen los Comités de Tierra Urbana y Rural en el marco de las políticas de vivienda; los Comités de Salud en el marco del programa Barrio Adentro; los

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Comités de Alimentación en el marco de MERCAL, los Comités de Protección Social, para apoyar la Misión Negra Hipólita y muchos otros más en diversos programas, hasta tal punto que incluso se solapaban unos programas con otros, amén de la acción que intentaban otras estructuras ya existentes tales como las juntas parroquiales y los centros municipales de atención integral. Ya existían las mesas técnicas de agua, y actualmente se empiezan a conformar las mesas técnicas de energía, comunicaciones y desechos sólidos.

En algunos momentos, tomó fuerza una política de conformación de frentes. Así, surgieron: la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, la Fuerza Bolivariana de Mujeres, el Frente Estudiantil Bolivariano, entre otros.

La mayoría de estas iniciativas, aún está lejos de constituir movimientos sociales, y en algunos casos proveen un importante voluntariado para la ejecución de los programas sociales del gobierno. Aún persisten los movimientos sociales tradicionales y otros han cedido su fuerza para participar con más bríos en la acción gubernamental. ¿Hasta qué punto se ha repetido un esquema utilizado por las fuerzas políticas que pretenden organizar a la sociedad desde el Estado, favoreciendo esquemas de cooptación de los movimientos sociales?

El movimiento obrero y sindical Si bien en varias ocasiones el presidente Chávez lo ha convocado para que asuma papeles de vanguardia en el proceso revolucionario, lo cierto es que en este caso, observamos la clásica situación del paralelismo sindical como estrategia que ha generado una situación indefinida: ni se ha construido una Central Sindical fuerte, alineada con el proceso de cambio, ni se ha fortalecido la unidad sindical entre las propias fuerzas que apoyan al gobierno. En el año 2000 se convocó a un referéndum sindical para exigir elecciones democráticas en la principal central del país, la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), donde convergían varios partidos del status, con el liderazgo de Acción Democrática. Una vez que ganó el SI, poste-

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riormente, en medio de denuncias de fraude, no fue posible derrotar a la dirigencia de la CTV y, unos años más tarde, un grupo de sindicatos y sindicalistas fundaron la Unión de Trabajadores de Venezuela (UNETE).

Aún con la creación de UNETE, los trabajadores del país siguen fragmentados en dos o más agrupaciones por sector que reivindican los mismos derechos y se disputan la interlocución con las empresas e instituciones públicas. La mayoría de ellos está concentrada en resolver la situación de los contratos colectivos como una manera de asegurar beneficios salariales en medio del boom petrolero. En tal sentido, se hacen de la vista gorda ante la precarización del empleo que amenaza a algunos sectores a través de la contratación de cooperativas que disminuyen los beneficios sociales de los trabajadores. Sin embargo, en otros temas de la agenda laboral que están vinculados con el nuevo modelo económico, los trabajadores están rezagados respecto a la iniciativa gubernamental. Temas como la cogestión, las empresas recuperadas y el control obrero de algunas industrias quedan para el discurso o la lucha por el protagonismo entre las corrientes que conviven en esta central.

Entre los sectores que más destacan encontramos a los trabajadores petroleros y a los empleados públicos, debido a la gran sensibilidad de estos sectores, y al papel protagónico que han jugado sobre todo los primeros en los recordados eventos del paro patronal y sabotaje petrolero de 2002 y 2003. Pero en la actualidad son los trabajadores de la salud y posiblemente los maestros quienes están llamados a dinamizar la situación, también con demandas salariales. Recientemente, una expresión de la búsqueda en este sector constituye la creación de una corriente al interior de UNETE como es la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (CC-MURA)

El movimiento campesino Este sector viene atravesando un período crítico. Producto de la política de democratización de la propiedad de la tierra, que ha distribuido millones de hectáreas entre los campesinos, algunos dirigentes se han convertido

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en objetivo de la política de algunos grupos de latifundistas, que han producido decenas de asesinatos de dirigentes campesinos, principalmente en lugares cercanos a las fronteras.

Las características de este movimiento son interesantes porque, aunque están divididos fundamentalmente entre quienes retomaron la Federación Campesina de Venezuela y el Frente Campesino Ezequiel Zamora, presentan un perfil de mucha seriedad a la hora de realizar sus propuestas, exigiendo no sólo la tierra sino también la asistencia técnica y crediticia necesaria para trabajarla. Su propuesta organizativa y educativa avanza sin prisa pero sin pausa en varios estados del país.

Junto a otros sectores han tomado las calles en más de una ocasión para reivindicar el derecho a la tierra, la denuncia de los asesinatos y la concreción de las políticas agrarias.

El movimiento de mujeres En este caso, ya encontramos diferencias respecto al resto de los movimientos.

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Posiblemente, este sea el movimiento que más se ha institucionalizado. Después de las luchas de los años 80, cuando las organizaciones de mujeres formaron un solo bloque para luchar por un nuevo código civil y luego de una acción política muy importante a través de la Coordinadora No Gubernamental de Mujeres, este sector es reconocido como el de mayor avance en las conquistas sociales. La creación del Instituto Nacional de la Mujer, la lucha por la participación paritaria en la Asamblea Nacional y otras entidades políticas y del Estado, la Ley contra la violencia doméstica, ya son realidades palpables. Incluso, en este último caso, la infraestructura de la Fiscalía General de la República no es suficiente para dar respuesta a las demandas de las mujeres. De los cinco poderes del Estado, tres están encabezados por mujeres.

Sin embargo, cabe preguntarse, si una vez que se logran importantes avances en términos institucionales ¿cómo continúan las luchas sociales de las mujeres?

El movimiento indígena Uno de los sectores de la población otrora invisible para la sociedad venezolana, algunos argumentan que por su tamaño (un 3% de la población), ha sido de los que mayor reconocimiento ha tenido por parte del Estado venezolano, incluso superando en más de una ocasión sus expectativas. Agrupados en el Consejo Nacional Indio de Venezuela, más de 20 pueblos indígenas tenían que enfrentar el olvido y la marginación de los mestizos que prevalecían en las decisiones y la conducción del país.

Pero a partir de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 se comienza a resarcir este olvido con el reconocimiento de su contribución a la conformación de la sociedad venezolana y se consagran los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la previsión de una delimitación de territorios. Aparte de tener un lugar privilegiado en las políticas sociales, los avances en materia de integración y respeto a sus culturas, este año se alcanzó un punto máximo de este reconocimiento con la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, es imposible obviar que la satisfacción completa de las necesidades de los indígenas aún están lejos de haber sido resueltas, dada la cuantiosa deuda social que se tiene con este sector de la población. La presencia de indígenas en las grandes ciudades en situación de indigencia y las amenazas que sobre ellos continúan, producto del atractivo de grandes riquezas existentes en su hábitat, son temas candentes que se mantienen en agenda.

El movimiento estudiantil Producto de las movilizaciones estudiantiles de este año, este sector ha cobrado cierta relevancia o al menos interés de parte de los actores políticos. Principalmente, se trata de jóvenes estudiantes que provienen de las universidades autónomas y privadas, cuyos líderes se han identificado con partidos opositores. Pero, como la polarización ha tenido su efecto también en el sector, a una dirigencia

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estudiantil claramente opositora le ha salido al paso otra dirigencia estudiantil plenamente pro-gobierno que obtiene un reconocimiento especial a través de una Comisión Presidencia lEstudiantil donde participa directamente el Vicepresidente de la República. A este sector habrá que prestarle mucha atención este y el próximo año, ya que se convertirá en arena para la disputa del liderazgo entre gobierno y oposición.

Otros movimientos Los ecologistas o ambientalistas, las ONG's, derechos humanos, cooperativas han quedado muy debilitados en los últimos años. Por una parte, varias de estas organizaciones han transitado por dificultades propias relacionadas con su interpretación de las nuevas realidades, en algunos casos se han quedado sin agenda o plataforma de lucha, y en otros, su iniciativa ha quedado rezagada y sobrepasada por la audacia y el poder de las propuestas gubernamentales. Un caso emblemático es el movimiento cooperativo que modestamente contemplaba 800 cooperativas en 1999, y que luego de una agresiva política gubernamental, la cantidad de cooperativas aumentó a más de 150.000. Sin embargo, ello no ha redundado en un crecimiento del movimiento ni de un protagonismo respecto a la construcción de la economía social en el país. Es evidente, que las relaciones Estado - Sociedad han cambiado y el gobierno privilegia la relación directa con la población sin pasar por estructuras intermedias.

Pero por otra parte, hay que reconocer el avance de los medios alternativos de comunicación o medios comunitarios, decenas de iniciativas de radio, TV y prensa popular, los cuales han germinado y se han reproducido por todo el país, luego de jugar un papel estelar en la época del golpe de estado de 2002.

Como a otros sectores se les acusa de ser amplificadores de la vocería gubernamental.

Pero también es cierto, que mantienen la lucha por el reconocimiento oficial, la emisión de permisos y el acceso al financiamiento mediante fondos públicos de estos medios comunitarios

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Recientemente, con motivo de la Reforma Constitucional, dos sectores obviados en 1999: los afro descendientes y las minorías sexuales, han alzado su voz para obtener un reconocimiento explícito que derive posteriormente en políticas públicas adecuadas para resarcir la deuda social existente con estos sectores.

Más allá de las fronteras Poco a poco los movimientos sociales venezolanos empiezan a incrementar su participación en los escenarios internacionales. Por una parte, son requeridos por los visitantes de movimientos sociales de otros países, y también son reclamados para participar en eventos e instancias fuera de las fronteras nacionales. Sin embargo, llama la atención la fuerte presencia en estos escenarios de funcionarios gubernamentales que realizan los intercambios con los movimientos de otros países.

Son estos representantes del gobierno, quienes toman la palabra, presentan las políticas sociales e incluso promueven convenios con sectores campesinos, obreros, de la economía solidaria, entre otros, de dichos países.

Relación entre movimientos sociales y Estado La relación actual entre movimientos y Estado en Venezuela transita un momento que dista de ser estable u homogéneo. Esta relación a veces es tensa o en ocasiones fluida debido al apoyo incondicional de grandes sectores de la población y factores del liderazgo social, económico y político.

En una primera instancia, la redefinición del modelo político, económico y social que se realizó a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 asumió las banderas de luchas del pueblo venezolano muchas veces pospuesta, lo cual quedó plasmado en el desarrollo y carácter progresivo de los derechos humanos, laborales y de las mujeres; la afirmación de la soberanía respecto a las riquezas naturales y las industrias básicas, la propiedad de la tierra, defensa del ambiente, integración física y soberanía alimentaria, entre otros elementos. De este modo, a partir de

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ese momento, el Estado asumió la promoción y posiblemente la sustitución de los objetivos de los movimientos sociales.

nes públicas que en su mayor parte son protagonizadas por ciudadanos y ciudadanas que apoyan el proceso revolucionario.

Y aquí es donde entra en juego una mirada distinta a la tradicional. ¿Hasta dónde los movimientos sociales venezolanos, aún desde sus debilidades, han podido abrirse paso en el nuevo Estado y ocupar espacio en las políticas públicas? ¿Hasta dónde un número importante de líderes sociales, ahora como funcionarios públicos, encarnan las plataformas de lucha del pueblo venezolano desde la institucionalidad? ¿Hasta dónde se podrán mantener o contener las demandas sociales de grandes sectores de la población, en momentos donde la renta petrolera no es suficiente?

Dos elementos nuevos: Los consejos comunales y el PSUV

Nadie puede negar la intensa movilización que se ha producido en la población venezolana desde 1999.

Con la Asamblea Nacional Constituyente, la decena de procesos electorales, la participación en las misiones educativas, de salud, alimentación, protección social, hábitat, árbol y demás iniciativas gubernamentales.

Otras instituciones del resto de los poderes se vieron obligadas a ensayar modelos alternativos de participación de la población para no quedarse atrás como poderes constituidos.

Es el caso de la Asamblea Nacional que implementó el parlamentarismo social de calle, llevando sus sesiones a los espacios públicos.

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Un grupo importante de la población, estimado en más del 35%, acude a cada convocatoria del gobierno para las movilizaciones. Un número menor pero significativo ha participado y está participando de las organizaciones que forman parte de las políticas públicas de educación, salud, vivienda, alimentación, ambiente, etc. Sin embargo, vale decir que otros sectores minoritarios de la población son excluidos, incluso personas que apoyan el proceso, en la medida que expresen elementos de disidencia o cuestionamientos a determinadas acciones o políticas. ¿Estamos en presencia de una participación tutelada, donde hay poco espacio para la crítica o la autocrítica? Es importante destacar el número constante y en aumento de las manifestacio-

Vale la pena destacar cómo esta unidad organizativa para 200 a 400 familias, prevista en el sistema de planificación participativa se está convirtiendo en el nuevo paradigma de la organización social en Venezuela. Participan por igual todos los sectores de la población, inclusive la clase media. Reciben y administran fondos públicos. Están llamados a realizar la contraloría social de las políticas gubernamentales. Se propone que sean la base del autogobierno de las futuras comunas y ciudades, mediante la transferencia de competencias que anteriormente tenían municipios y gobiernos regionales. El gobierno se propuso crear 50 mil, se han creado 25 mil y posiblemente unos 5 mil hayan recibido fondos.

Todas cifras increíbles para lo que supone organizar a la sociedad. El debate está planteado: ¿se trata de nuevas estructuras para la práctica de la democracia participativa? ¿O es un nuevo mecanismo para la cooptación de los movimientos sociales?

Al mismo tiempo, durante este año se ha desarrollado un proceso inédito en Venezuela, la construcción de un partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde cero, desde las bases, desde pequeñas unidades de la población. Es algo único, miles de unidades denominadas batallones realizan asambleas semanales, eligen voceros y comisionados, y próximamente elegirán delegados para un Congreso Fundacional. ¿Cómo se planteará el PSUV la relación con los movimientos sociales? Por el momento, llama la atención que los voceros del partido sean, en su mayoría, dirigentes que ocupan posiciones de gobierno y del resto de los poderes del Estado.

Julio Fermín es miembro de ALAI y del Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) de Caracas.

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Uruguay

Entre la autonomía y la lucha por los cambios Raúl Zibechi La mayor parte de los movimientos sociales uruguayos vienen reafirmando su independencia respecto al gobierno de izquierda. Aunque algunos han optado por alinearse de forma inequívoca con las políticas oficiales, los más relevantes marcan distancias y no ahorran críticas.

Para los movimientos sociales de la región la llegada al poder de gobernantes progresistas y de izquierda supuso un verdadero terremoto interior. No tanto por la necesidad de posicionarse ante los cambios registrados en el escenario político sino, sobre todo, porque la iniciativa pasó de los movimientos a los gobiernos. Ya no son las grandes movilizaciones las que marcan la agenda política de la región, como fue probablemente hasta el descarrilamiento del Aérea de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de Mar del Plata, en noviembre de 2005. La situación se ha vuelto mucho más compleja que en el período dominado por las políticas neoliberales clásicas y los gobiernos conservadores que generaron una oleada de resistencias.

Los cambios provocados en gran medida por la acción de los movimientos han contribuido a desplazarlos del centro del escenario. A mi modo de ver, esta paradoja está en el centro de los problemas que enfrentan los movimientos, para los cuales muchos de ellos no estaban preparados. En paralelo, la nueva coyuntura puso en primer plano la cuestión de la integración regional -con dos proyectos en disputa- ante la que numerosos movimientos encuentran dificultades a la hora de fijar posición1. Parece evidente que los Estados Unidos no juegan solos en una Suramérica que ya no puede ser considerada su "patio trasero", y que se viene consolidando un cierto

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multilateralismo impulsado, entre otros, por la activa presencia de un país como Brasil, que viene mostrando capacidad de pesar de modo determinante en la región. Los movimientos sociales no siempre supieron advertir la profundidad de los cambios en marcha, tanto a escala local como regional, y ubicarse ante escenarios mucho más complejos y contradictorios que no admiten lecturas simplistas.

Uruguay no escapa a esta realidad. Como veremos, algunos movimientos se han visto neutralizados por los gobiernos pero los más importantes -tanto cuantitativamente como por sus potencialidades emancipatorias- mantienen una saludable distancia con los poderes estatales. Quizá la principal distorsión que vive el país viene de la mano del conflicto con Argentina a raíz de la instalación de las plantas de celulosa sobre el fronterizo río Uruguay.

Luces y sombras respecto a los derechos humanos La actitud del gobierno de Tabaré Vázquez respecto a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985) revela la mayor ruptura respecto a las políticas seguidas por los gobiernos anteriores. Por primera vez, el Poder Ejecutivo decidió excavar en los cuarteles del Ejército en busca de restos de detenidos-desaparecidos. El viraje no es menor, pese a que los resultados no han sido los esperados, ya que los militares se nie1

Me refiero a la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) impulsada por Brasil y a la Alternativa Boliviariana de las Américas (ALBA) propuesta por el gobierno de Venezuela.

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gan a colaborar aportando datos. Así y todo, se han encontrado cuerpos de desaparecidos en unidades militares y se ha instalado un nuevo clima político que ha permitido que algunos de los principales acusados por las violaciones de los derechos humanos hayan sido procesados por la justicia.

Aunque el gobierno se ha negado a anular la Ley de Caducidad que en 1986 amnistió a los violadores, los cambios en la política oficial marcan una inflexión, quizá la mayor y más abarcativa del actual gobierno. Dicho de otro modo, estamos ante un cambio radical que nadie puede dejar de reconocer y que tendrá impactos profundos en la subjetividad de los uruguayos en las próximas décadas.

Las sombras habría que situarlas en dos aspectos: el mantenimiento de la Ley de Caducidad y el intento del Vázquez de celebrar el día del "Nunca Más" alentando una reconciliación entre torturadores y torturados. Respecto a la ley de amnistía, el movimiento sindical y buena parte de los demás movimientos lanzaron una campaña por su derogación. Pero la agrupación más importante, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, decidió no acompañarla ya que no llegaron a una posición unánime en su interior. Sucede que una de las personas más destacadas de la agrupación fue nombrada por el gobierno en un cargo oficial y mantiene la misma posición que sus superiores: no hace falta derogar una ley injusta porque igual se está procesando a los violadores.

Esta es la principal fuerza social que ha sido neutralizada por el nuevo gobierno de izquierda.

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Sin embargo, Vázquez debió dar marcha atrás en su intento por celebrar el "Nunca Más" ya que buena parte de la sociedad y los principales movimientos le dieron la espalda. En esta ocasión fue el sindicato de maestros el que jugó un papel relevante. Una amplia consulta democrática a las bases tuvo un resultado contundente: el 90% del magisterio se opuso a participar en el desfile cívico-militar que el presidente había convocado para sellar la reconciliación. El 29 de mayo pasado la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de

Trabajadores (PIT-CNT) acompañó un paro nacional de 24 horas de todas las ramas de la enseñanza en reclamo de que se cumplan las promesas electorales de aumentar el presupuesto educativo. Ese mismo día miles de trabajadores reclamaron por salarios y por "Nunca más" terrorismo de Estado. El 20 de mayo, fecha en que se conmemora el asesinato de cuatro uruguayos en Buenos Aires en 1976 (el senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y dos militantes tupamaros), asesinados por militares uruguayos con apoyo de la dictadura de Videla, más de 50 mil personas expresaron su rechazo a la reconciliación anunciada por Vázquez. El presidente no tenía otra salida que dar marcha atrás o arriesgarse a una crisis en su fuerza política.

La histórica autonomía del movimiento sindical El movimiento sindical uruguayo tiene una larga tradición de independencia de los partidos de izquierda y derecha, aunque casi todos sus dirigentes militan en algún sector del Frente Amplio. Sin embargo, con los años se ha ido construyendo un sentido común que dice que los sindicatos no deben someterse ni al Estado ni a los partidos, por más simpatías que tengan con ellos. Bajo el gobierno de Tabaré Vázquez ese principio se ha mantenido en pie.

Es indudable que el PIT-CNT es uno de los grandes beneficiarios de la política actual, ya que el Ejecutivo ha retornado a la política de negociación tripartita (Estado, sindicatos, empresarios) que se había abandonado a comienzos de los 90 al calor de la oleada neoliberal. La reinstalación de los Consejos de Salarios donde se discuten las condiciones laborales de los empleados formales, redundó no sólo en un aumento del salario real sino en la posibilidad de que surgieran nuevos sindicatos allí donde hasta ahora los derechos sindicales no eran respetados. En dos años se han creado decenas de secciones sindicales y la afiliación sindical se duplicó.

No obstante, el movimiento sindical supo mantener la independencia como quedó

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demostrado en varias ocasiones. Quizá la más evidente fue durante la visita de George W. Bush a Uruguay, a mediados de marzo de 2007, cuando la central sindical unitaria PITCNT se lanzó a la calle para rechazar el imperialismo y la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos. No fue la única vez. Como vimos, los sindicatos jugaron un papel destacado a la hora de rechazar la reconciliación con los militares de la dictadura y muchos sindicatos, entre los que hay que destacar a los públicos (maestros, administración central y municipal) no dejaron de hacer paros y huelgas reclamando salarios dignos. El PIT-CNT realizó varios paros parciales y un paro de 24 horas en rechazo de la política económica continuista del actual gobierno.

A la hora de evaluar al movimiento sindical bajo el gobierno de izquierda, Juan Castillo, secretario general del PIT-CNT, cree que el movimiento ha conseguido reafirmar su autonomía e independencia pero sin ser prescindente en el escenario político. En ese sentido, reconoce los cambios en curso y defiende una mayor implicación del sindicalismo en lo que debería ser una democracia participativa.

"En el seno del movimiento existen tres corrientes: la de quienes no quieren criticar para no dificultar la tarea del gobierno, los que dicen que nada ha cambiado y que todos son iguales, y, entre ambos extremos, los que creemos que hay que reconocer los avances pero a la vez criticamos los errores e insuficiencias", señala Castillo.

El movimiento sindical no cuenta con cuadros en el gobierno del Frente Amplio. Fiel a una legendaria tradición, cada vez que un sindicalista ingresa en el sistema político abandona de modo natural el movimiento. "Es algo que no se discute, es un sentido común", dice Castillo a la vez que recuerda que 30 de los 51 diputados con que cuenta la izquierda provienen del movimiento sindical. En suma, la autonomía forma parte de la cultura políticosocial del país.

El cooperativismo de vivienda El movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua (FUCVAM) es el más impor-

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tante y masivo luego del sindical. Nació hace más de tres décadas y cuenta con unas 500 cooperativas que gracias a la ocupación de tierras urbanas consiguieron construir unas 20 mil viviendas. Con el actual gobierno mantienen una férrea disputa ya que las autoridades aseguran que no hay dinero para la construcción y además el parlamento aprobó, con los votos de la izquierda, una ley que castiga duramente las ocupaciones. Los dirigentes se muestran muy duros con el gobierno.

"Estamos frente a gente que sabe gobernar y sabe cómo pegarle a los gremios", dice Daniel de Souza, secretario general de FUCVAM. Lo que está sucediendo bajo un gobierno de izquierda les parece desconcertante: "Esto no es una cuestión espontánea. Estos gobernantes no son nuevos, los que están en el ministerio de Vivienda llevan casi veinte años gobernando Montevideo"2. En los próximos meses deberán esforzarse en revertir las nuevas leyes y reglamentaciones, a las que consideran un "retroceso legal", ya que de lo contrario las conquistas del movimiento social estarán en peligro. En junio la justicia procesó con prisión a cinco cooperativistas que habían ocupado un terreno en Punta del Este, lo que puede ser un anticipo de la nueva actitud del gobierno.

En abril el Parlamento aprobó una ley que establece penas de cárcel desde tres meses a tres años a quienes ocupen tierras. La sorpresa es que todo el Frente Amplio apoyó la nueva ley que los cooperativistas están dispuestos a desafiar. El 28 de julio, junto a trabajadores rurales (cañeros, cortadores de caña del norte) que ocupan un predio de 32 hectáreas, realizaron un acto en Montevideo y una marcha hasta el palacio de gobierno.

Rechazan una ley que, en su opinión, "criminaliza" las ocupaciones. Varios dirigentes aseguraron que desde el gobierno buscan "criminalizar la protesta, la capacidad de movilización de los sectores populares que son, en última instancia, la única garantía de hacer alguna transformación sobre esta estructura tan injusta que tenemos de la riqueza".

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Brecha, 10 de agosto de 2007.

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Pero el problema de fondo no parece ser el legal, sino el modelo económico. FUCVAM asegura que de las 14 mil viviendas prometidas por el gobierno sólo se van a construir unas 3 mil por año en estos cinco años de gobierno progresista. De no cambiar el modelo, "va a seguir la emigración del campo a la ciudad y cuando llegan acá y no tienen trabajo son doblemente expulsadas a la periferia", dicen los cooperativistas.

Las relaciones entre los cooperativistas y el ministerio de Vivienda no son buenas, pero están destinadas a empeorar. Por un lado, la derecha presiona en el parlamento. Las críticas de FUCVAM apuntan contra la política global del gobierno porque sienten que la vivienda no está entre las prioridades. "Qué casualidad que nunca hubo problema con la cartera de tierras y en los dos años que tenemos gobierno de izquierda tuvimos que ocupar para poder tener tierras", se queja de Souza.

Desde 1989 no realizaban ocupaciones.

Sienten que con la nueva legislación no podrán ocupar tierras y el acceso a los préstamos para la construcción serán cada vez más lentos.

Es algo muy similar a lo que está sucediendo en otros países. Ponen como ejemplo la relación entre el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el gobierno de Lula. A lo largo del año 2007 la actitud de este movimiento ha ido cambiando, al punto que ahora las críticas al gobierno de Tabaré Vázquez se formulan ahora en voz alta. "Ellos hacen como que dialogan, pero no escuchan, no ceden nada", asegura de Souza.

Los más nuevos, los más autónomos

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En los dos o tres últimos años han venido despuntando nuevos movimientos integrados por jóvenes que no se formaron en las grandes instituciones como el movimiento sindical o el estudiantil universitario. Sin embargo, han mostrado gran dinamismo, creatividad y capacidad de colocar sus temas en lugares destacados de la agenda nacional. Me refiero a las demandas por la legalización del aborto y las movilizaciones por la diversidad sexual.

Se trata de movimientos "minoritarios" pero

que tienen gran aceptación en la población.

Los colectivos de mujeres a favor del aborto legal han debido enfrentarse a la cerrada negativa del presidente Vázquez, y de la mayoría masculina del Frente Amplio, a la hora de modificar la legislación. Así y todo, activistas feministas aliadas con legisladoras de izquierda han sabido desafiar a sus dirigentes aún sabiendo que el presidente está dispuesto a vetar cualquier decisión del parlamento que legalice el aborto.

En paralelo, el movimiento por la diversidad sexual ha ganado espacios y está conformado ahora por una red de grupos de base integrados en su inmensa mayoría por jóvenes. Con vocación de no quedarse encerrados en los territorios culturales de los grupos gay y lésbicos, han tejido alianzas con las mujeres que luchan por legalizar el aborto y consiguieron incluso el respaldo de la central sindical y de otros movimientos "tradicionales". Y están desnudando las inconsecuencias del gobierno: "Un gobierno que se llame progresista debe generar las condiciones para garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes.

Un gobierno progresista puede tener márgenes de acción más o menos acotados en política, económica, financiera o productiva.

Ahora, en el campo cultural hay que reconocer que las personas somos diversas desde lo sexual, religioso y reproductivo. Pero la reforma cultural está lejos de la agenda", señala el grupo Mujer y Salud3.

Este es precisamente un punto de inflexión que está ganando adeptos entre los jóvenes.

Si en el terreno económico no hay alternativas -señala esta posición- porque este es un país muy pequeño y muy dependiente, en otros terrenos, como los derechos humanos y las relaciones sociales y culturales, sí hay alternativa y eso depende de crear las condiciones para que los gobernantes sientan la presión social. Dicho de otro modo: el conservadurismo de la izquierda se está empezando a agrietar por la veta cultural, allí donde realmente no hay excusas válidas porque se trata simplemente de discriminación.

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Brecha, 28 de setiembre de 2007.

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Estos nuevos movimientos, mal llamados minoritarios, están rompiendo algunos diques ideológicos como aquel que dice que criticar a un gobierno de izquierda es hacerle el juego a la derecha. Esgrimen encuestas que aseguran que el 63% de los uruguayos están por la despenalización del aborto, en una situación en la que la población comprende que sólo las clases medias altas pueden acceder a un aborto seguro. En este sector, los argumentos de carácter ideológico tradicional tienen poca incidencia y sus activistas se sienten mucho más libres a la hora de enfrentar al gobierno progresista.

todos los movimientos, desde el sindical y los más institucionalizados hasta los más de base y dispersos. Hace 42 años se realizó el primer Congreso del Pueblo, en 1965, que tuvo dos efectos notables: reunió a 700 organizaciones sociales que debatieron un programa de cambios que años más tarde fue recogido íntegramente por el Frente Amplio cuando fue creado en 1971. En segundo lugar, el Congreso del Pueblo jugó un papel determinante en la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), la central unitaria que desde ese momento ha marcado la historia del país.

Otro sector que ha manifestado autonomía del Estado son los ambientalistas. El motivo principal es su oposición a la forestación y a las plantas de celulosa, en particular a Botnia que comenzará a producir antes de fin de año.

Sin embargo, dos hechos han distorsionado al movimiento. Por un lado, el conflicto con Argentina a raíz del corte del puente internacional entre Fray Bentos y Gualeguaychú desvió el debate sobre el plan forestación-celulosa a cuestiones de nacionalismo que beneficiaron al gobierno. Por otro lado, las ONGs ambientalistas juegan un papel muy destacado pero opacan al movimiento de base, o sea al verdadero movimiento social. En todo caso, el ambientalismo uruguayo sigue estando muy aislado y recién podrá levantar cabeza una vez que finalice el largo litigio con Argentina.

El pasado 13 de septiembre varias organizaciones lanzaron la propuesta del II Congreso del Pueblo, entre ellas el PIT-CNT, FUCVAM, FEUU (estudiantes universitarios) y la organización de los jubilados. La convocatoria señala que busca "contribuir a la formación de un bloque democrático radical que desplace al actual bloque dominante, luchando para profundizar el proceso de cambios" abierto el 1 de marzo cuando Tabaré Vázquez llegó a la presidencia. Los promotores del Congreso se oponen a los monocultivos forestales, plantean la necesidad de que el "pueblo organizado" participe en el gobierno nacional y en los municipios, y concluye que "ningún gobierno podrá gobernar, hacer los cambios y profundizarlos, sin nosotros y nosotras". De este modo, los movimientos se preparan para librar una batalla decisiva para disputar con las fuerzas neoliberales el futuro inmediato del Uruguay.

*** A grandes rasgos, puede asegurar que los movimientos uruguayos están saliendo de una etapa de debilidad que coincidió con el auge del modelo neoliberal. En los próximos meses será convocado el II Congreso del Pueblo, una instancia que permitirá la confluencia de

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Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.

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Dilemas de la izquierda brasileña Plinio de Arruda Sampaio Son varios, los partidos y movimientos populares de la izquierda latinoamericana que no logran comprender la coyuntura brasileña. No es para menos. ¿Cómo es posible que un líder popular y su partido socialista, después de veinte años proponiendo un programa, adoptan uno diametralmente opuesto, al llegar al poder? ¿Cómo se explica, por otro lado, que, no obstante esa evidente traición, siga elevado el apoyo popular a Lula y al PT?

Una historia de paternalismo Para contestar estas dos preguntas, es indispensable comenzar por un examen de las características generales de la población brasileña.

Desde el periodo colonial, la sociedad brasileña se ha dividido en tres grandes sectores: los señores de la tierra, los esclavos y los hombres libres pobres, obligados a vivir del favor de los primeros. La esclavitud solo ha sido eliminada en 1888 y no fue seguida por la reforma agraria, de modo que no hubo una modificación profunda en las características de la sociedad colonial Así, el capitalismo brasileño heredó un vasto contingente de "sujetos monetarios sin dinero": personas que solo pueden sobrevivir en la marginalidad o bajo la protección de un poderoso.

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Surgió de ese trazo estructural, "la cultura del favor".

Plinio de Arruda Sampaio es director del semanario Correio da Cidadania. Fue candidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Los brasileños pobres buscan desesperadamente un padrino poderoso, a quien recurrir para lograr un empleo, matricular el hijo en una escuela, internar un enfermo en los hospitales públicos.

Cuando esa cultura del favor se transplanta al nivel político, esos brasileños buscan un padre. Vargas, Quadros, Goulart son ejemplos de liderazgo paternalista, fundado en la cultura del favor.

La psicología del hombre que vive del favor lo obliga a devolver el favor con otro favor a su benefactor, porque esa es la forma de afirmar su valor.

Uno de los primeros actos de Lula, al asumir el gobierno, fue crear un programa de combate al hambre (Canasta Familiar) y un Programa (Sueldo Familiar) de distribución de un pequeño subsidio monetario a las familias pobres. Actualmente, 11 millones de familias reciben mensualmente cuantidaes que varían entre 30 y 75 dólares. Para esas personas, esto es un favor personal de Lula, a ser retribuido con el voto.

Este trazo cultural se refuerza con la visión del hombre pobre respecto a la posición que ocupa en la sociedad brasileña. Para él, la sociedad se divide claramente en dos partes: "nosotros" y "ellos". Por "nosotros", el entiende la masa de los pobres - los que "no ganan nunca"; por "ellos", los poderosos, los que pueden burlar las leyes impunemente, los que "ganan siempre".

Para los pobres, Lula pertenece a la categoría "nosotros". Por esto, "ellos" no lo dejan hacer todo el bien que desea para el pueblo. Si intentase hacer más de lo que está haciendo,

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"ellos" lo derrumbarían o lo matarían, como ocurrió con Vargas, Quadros y Goulart.

Es un verdadero "blindaje" que inmuniza al Presidente contra cualquier tipo de crítica política o ética.

El Partido de los Trabajadores (PT) Contestada la primera pregunta, puede contestarse la segunda: ¿que pasó con Lula y el PT? El PT nació como parte del gran movimiento popular por el retorno del poder político a los civiles y se formó a partir de tres corrientes políticas: los líderes de los sindicatos de la industria automovilística, bajo la influencia de Lula; los militantes de los movimientos cristianos, impulsados por la Teología de la Liberación; y un grupo numéricamente inferior de militantes marxistas, anteriormente combatientes de las guerrillas contra el régimen militar.

Como las dos mayores fuerzas eran muy poco politizadas, este pequeño grupo de ex-guerrilleros (bolcheviques, maoístas, trotskistas), distribuido entre varias corrientes internas, formó el núcleo del pensamiento estratégico y táctico del partido. Ocupó también, aunque siempre en estado de tensión con las dos corrientes mayores, los puestos claves de su estructura.

En la primera etapa de su existencia (19801989), el partido no tenía mucha penetración en la gran masa del pueblo, pues su postura de confrontación abierta con el establishment burgués asustaba a la gran mayoría despolitizada. Pero Lula, por su origen proletario y su carisma, comenzó a ser mirado por la masa como uno de "nosotros". En 1986 fue electo diputado nacional con la mayor votación del país y en 1989 asombró al establishment con una estupenda votación. Con esto, asumió en el interior del PT una fuerza desproporcionada en relación a las demás corrientes internas.

Entre 1989 y 1994, el PT sufrió tres formidables golpes: en 1990, la apertura económica realizada por Fernando Collor, que debilitó

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extremamente su brazo sindical, la CUT (Central Única de los Trabajadores); en 1991, la caída del "socialismo real"; y, en 1994, la abrumadora derrota frente a Fernando Henrique Cardoso.

Estos golpes eran ya el impacto del cambio neoliberal en todo el sistema capitalista mundial. Para hacer frente a ellos, sería necesaria una nueva teoría de la revolución brasileña. Esto significaría revisar la "estrategia democrática popular" que había constituido la base de los programas electorales del partido hasta entonces. Pero ni la dirección ni las corrientes internas del Partido lograron hacer un análisis coherente de lo que estaba ocurriendo. De allí resultó una conducta política errática hasta 1998, período en el cual Lula y la corriente Articulación cambiaron paulatinamente la estrategia del partido: de un partido anti-establishment, el PT se fue transformando, poco a poco, en un partido electoral.

Lula cede En las elecciones de 2002, Lula tenía todas las condiciones para imponer al partido una alianza con sectores de la burguesía (su candidato a vicepresidente era el mayor industrial textil del país) y la contratación, para dirigir su campaña, de la principal agencia publicitaria hasta entonces al servicio de los candidatos de la derecha.

Ganó en la segunda vuelta, pero no sin pagar anticipadamente un precio que comprometió a toda su administración.

En septiembre de 2002, la derecha realizó una maniobra financiera para amenazar al país con el caos económico en caso de victoria de Lula. Éste aceptó el chantaje y, en ese mismo mes, publicó la Carta a los Brasileños, en la que se comprometió públicamente a cumplir los acuerdos firmados por Cardoso con el Fondo Monetario Internacional.

En el gobierno, confiado en su arraigo popular, no le importó dejar de hacer todo lo que había prometido, pero cumplió con fervor de nuevo cristiano los compromisos con la derecha.

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Este matrimonio ya dura siete años sin mayor turbulencia, lo que se explica por la conducta sumisa de Lula y por un clima económico internacional extremamente favorable a las exportaciones brasileñas, lo que proporciona al gobierno condiciones para mantener la inflación bajo control y para realizar su programa asistencialista.

Con bancos superando todos los records de ganancias; una promesa de "boom" de las exportaciones de alcohol; cincuenta millones de pobres recibiendo mensualmente una pequeña limosna; partidos de oposición sin alternativa de gobierno; y una izquierda simplemente destrozada, el buque lulista navega en aguas tranquilas, perturbadas solamente por los escándalos éticos que ya lo obligaron a defenestrar prácticamente a todos los miembros de su staff personal. Pero esto no lo afecta. Está "blindado".

Los movimientos frente al gobierno ¿Cómo caracterizar esta coyuntura y cómo impacta a los movimientos populares?

La coyuntura es una especie de "neumonía sin fiebre"; en la superficie, no hay fiebre: crecimiento mediocre, pero continuado; inflación bajo control; capitales extranjeros entrando regularmente; desempleo atenuado por la asistencia social; en el subsuelo: desindustrialización; desnacionalización de la economía; empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres (educación, salud, vivienda, principalmente); escalada preocupante de violencia; pérdida de control sobre el crimen organizado en las cárceles y en las periferias de las ciudades medianas y grandes; deterioro acelerado del medio ambiente.

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Ese contexto extremamente confuso y amenazante explica las posiciones de los movimientos populares combativos frente a la coyuntura política y, en especial, de los tres más grandes de ellos.

La CUT ha tenido una evolución muy similar a la del PT. Sus dirigentes históricos, que se han destacado en el período heroico del sindicalismo, ocupan actualmente puestos elevados en

la administración del Estado (Ministerio del Trabajo) o disfrutan altos sueldos en diversas sinecuras.

Los dirigentes actuales, desconocidos del público, se limitan a administrar una organización burocrática.

En el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) la situación es distinta: la dirección es crítica, pero hace una distinción entre la política económica del gobierno y la persona de Lula. El argumento para justificar esa duplicidad es: "mal con Lula, peor sin él".

Pero la razón real es el peso de la "cultura del favor" en la masa campesina. La capa dirigente del MST moviliza trabajadores rurales totalmente despolitizados, habituados al clientelismo y al paternalismo.

Mientras están ocupando tierras, se crea un clima artificial que les hace suspender temporalmente la cultura del favor y participar de las actividades que el MST realiza para concientizarlos.

Pero, una vez asentados en la tierra, el peso de la "cultura del favor" vuelve con toda la fuerza y lo hace agradecida a Lula.

Ciertamente puede criticarse los criterios de movilización y el contenido de las actividades de concienciación: una crítica que, sin embargo, no puede perder de vista la situación concreta de la lucha de clases en el campo, marcada por el fuerte peso de la despolitización de la inmensa mayoría de la población rural.

Contrariar abiertamente la cultura de esa masa, representa el riesgo de aislarse de ella y exponerse a la ferocidad del latifundio; no contrariar significa dejar de hacer frente a un problema real, lo que ciertamente debilita al Movimiento: un dilema que todavía no se ha podido solucionar.

Los movimientos que siguen la Teología de la Liberación se han dividido en relación al gobierno. La mayor parte afirma que Lula está realizando silenciosamente una verdadera revolución social, en la medida en que transmite esperanza a los pobres. Atacar a pase a la página 26

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La perversa ideología de la "vocación agrícola" de Brasil Horacio Martins de Carvalho Las clases dominantes en Brasil, desde su fase colonial, reiteran ideológicamente que Brasil posee vocación agrícola y, por lo tanto, se debe usufructuar de esta ventaja comparativa en relación a otros países, aunque para eso se mantenga la histórica desigualdad social en el país.

Esa ideología de la predestinación agrícola brasileña ha sido reforzada siempre por los gobiernos imperialistas y por las grandes empresas multinacionales, desde la colonia hasta este periodo reciente de dominación neoliberal. Es un discurso - secundado por las prácticas económicas y políticas que le dan substancia- continuadamente renovado que legitima el desarrollo dependiente del país, la afirmación del perfil de la economía brasileña siempre ajustado a las estrategias de la agroexportación, la concentración de la tierra, la disgregación de la economía y de los territorios campesinos, así como la superexplotación de los asalariados rurales.

Los monocultivos en auge El clima de idolatría al agronegocio, que reina en Brasil desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, sólo se hace eco de esa estrecha visión de la vocación agrícola que, si bien, por un lado, tiene su base material, en función de la disponibilidad de tierras para la ganadería y la reforestación, por otro lado se contenta con la dependencia del país en lo que tiene que ver con la exportación de materia prima de origen rural y la exclusión social creciente.

La inserción de Brasil como proveedor mundial de 'productos' de la agroindustria, de la ganadería y de los monocultivos forestales responde a la reconfiguración de la economía

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mundial y a la nueva, para no decir nuevamente, división internacional del trabajo a partir de los intereses imperiales hegemónicos de Estados Unidos, Japón y de los países desarrollados de Europa.

Del total de productos de origen agropecuario y forestal1 exportados por Brasil, el 75% están representados por sólo cuatro grupos de productos: carnes y cueros con el 25%; soja y derivados con el 22%; madera, papel y celulosa con el 17%, y azúcar y alcohol con el 11%.

Esos cuatro grupos de productos demandan, por la forma como son producidos, grandes extensiones de tierras. En 2006/2007 la producción pecuaria ocupó 203 millones de hectáreas, la soja 20,6 millones de hectáreas (corresponde al 45% del área plantada en el país), la caña de azúcar 6,9 millones de hectáreas y los bosques, 3 millones de hectáreas.

Sin embargo, con excepción de la ganadería, estos grupos de productos tienden a expandirse y exigirán más tierras para la producción de materia prima. Esta demanda de nuevas áreas no sólo aumenta el precio relativo de las tierras sino que ejerce presión sobre diversos biomas brasileños, en especial sobre la Amazonia, los Cerrados y la Mata Atlántica.

En lo que tiene que ver con la ganadería, al sufrir presión por la expansión de las áreas de caña de azúcar y de los monocultivos forestales sobre las tierras que hoy ocupa, tenderá a expandirse hacia las áreas forestales nativas, incluso si puede, aquí y allá, mejorar su productividad. En esa reorganización del espacio rural se vislumbra un aumento considerable de la deforestación.

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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 2005.

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Es creciente la tendencia a la expansión de las plantaciones de caña de azúcar para la producción del etanol así como las de eucalipto para leña2, papel y celulosa. Se estima que la plantación de caña de azúcar en el 2017 alcanzaría 28 millones de hectáreas (6,9 en 2007) y la de eucalipto para leña en el 2010, 13,8 millones de hectáreas (5,3 en 2006).

Todo lleva a pensar que la soja volverá a expandirse, pudiendo alcanzar de 30 a 40 millones de hectáreas en 2020 (hoy es 20,6), sobre todo por la presencia de China como creciente compradora de la soja brasileña.

Expropiación del patrimonio público Este modelo económico, conservador y dependiente, para el campo en Brasil conduce inevitablemente a la concentración de la tierra, al aumento de las deforestaciones, a la disgregación de la economía campesina y al aumento de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada rural.

La concentración de la tierra se viene produciendo a través de la adquisición de antiguos latifundios y de empresas agrarias particulares tradicionales por parte de grandes grupos económicos nacionales y multinacionales y de personalidades del mundo de las finanzas internacionales. Pero, también y sobre todo, por el proceso creciente de traspaso de las tierras del patrimonio público al patrimonio privado.

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Según afirma el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente hay una disputa mundial por cerca de 120 millones de hectáreas de tierras brasileñas susceptibles de ser incorporadas a la producción de materias primas para la producción de etanol, así como para las plantaciones de bosques homogéneos para leña, madera, celulosa y papel. Esta codicia por las tierras brasileñas, públicas y privadas, evidencia que la cuestión de la concentración y de la privatización de las tierras públicas en beneficio de grupos económicos con intereses en el agronegocio se está convirtiendo en una expropiación del patrimonio público en una escala sin precedentes3. Y esto sin tener en cuenta las 203 millones de hectáreas destinadas a pastos. En este contexto, la

reforma agraria escapa a la agenda política nacional. Las tierras rurales del país están políticamente destinadas al gran capital.

A pesar de las innumerables iniciativas de los movimientos sociales que luchan por la reforma agraria, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la existencia de 50 mil familias acampadas por todo el país solamente de este Movimiento, crece el número de campesinos que están perdiendo sus tierras en ese proceso de concentración de la tierra y de implantación de monocultivos en grandes escalas. En estas condiciones, las tensiones en el campo aumentan cada día más a causa de las arbitrariedades de las empresas del agronegocio.

Las grandes empresas capitalistas, como las productoras de caña de azúcar y de eucalipto, al adquirir las tierras de empresas agropecuarias de los medianos y pequeños productores rurales, pasan a controlar territorios y a someterlos a la tiranía del monocultivo. En ese proceso de conquista de territorios por el capital, los pueblos, las comunidades, las casas, los huertos y las instalaciones productivas de los campesinos son destruidos para facilitar la mecanización a gran escala. Las tierras donde prevalecía la etnobiodiversidad dan paso al desierto verde de los monocultivos. No solamente la biodiversidad es destruida. Al implantarse en esas empresas los sistemas de asalariados temporales (los "bóias frias"), miles de trabajadores son sometidos a la superexplotación y al trabajo extenuante.

Y, cuando por conveniencia, esas grandes empresas de monocultivos no concentran directamente en sus manos toda la tierra que necesitan para sus negocios, arriendan las tierras de medianos y pequeños productores, o establecen con ellos contratos de producción que los vuelven cautivos de los intereses mer2

La leña representó el 12,4% de la oferta interna de energía (OIE) en el ámbito de la matriz energética brasileña en 2006 (Fuente: MME, Balanço Energético em 2006)

3

GRAIN. ¡No a la fiebre de los agrocombustibles!

Junio de 2006, http://www.grain.org/go/agrocombustibles.

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cantiles de esas empresas. En este tiempo -triste tiempo-, esos pequeños productores tienden a perder sus tierras debido al endeudamiento, perdiendo su identidad social como campesinos.

La explotación de los "bóias frías", en el caso de las plantaciones de caña de azúcar, es creciente. Para un corte de diez toneladas de caña se necesitan 9.700 golpes de machete, por lo tanto, casi 1.000 golpes por tonelada.

En la década de 1980, la media (productividad) exigida de cada trabajador era de 5 a 8 toneladas de caña cortada/día; en 1990, pasa de 8 a 9; en 2000 a 10 y en 2004 de 12 a 15 toneladas!4

Alimentos más costosos y escasos Tanto las plantaciones de caña de azúcar como las de bosques homogéneos cercan pueblos, secan fuentes y pequeños ríos, presionan poblaciones indígenas y campesinas, hacen de sus territorios grandes espacios de albedrío privado en nombre de la modernidad. Y los precios de las tierras aumentan.

La producción de alimentos básicos por parte de los campesinos, quienes responden en Brasil por cerca del 60% de la oferta de esos productos, se volverá más cara para los consumidores, en tanto se incrementará su escasez relativa. Eso significará que los más pobres tendrán mayores dificultades de acceso a los alimentos básicos. Esa inducción indirecta de los más pobres a una situación de hambre disfrazada es una manera de someter a las poblaciones más pobres a condiciones de trabajo degradantes.

Como la expansión del monocultivo y la concentración de tierras por parte de las grandes empresas capitalistas multinacionales tienen el apoyo de las macropolíticas económicas gubernamentales, las denuncias ambientalistas son sofocadas, los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos ignorados, al tiempo que se establecen condiciones objetivas (políticas públicas compensatorias) y subjetivas (formación de opinión por los grandes medios de difusión) de estabilidad social controlada de arriba hacia abajo. En ese proce-

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so de acciones integradas, públicas y privadas bajo la hegemonía del gran capital, la cooptación de fracciones de las organizaciones y movimientos sociales y sindicales, en el campo y en la ciudad, y de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, confunden y desarticulan las acciones populares de democratización de acceso y uso de las tierras rurales.

Podría afirmar que un complejo proceso autoritario se está instalando en el país, con más fuerza en el campo. La libertad de acción discriminatoria contra los campesinos y los pueblos originarios y la superexplotación del trabajo ejercidas por las grandes empresas del agronegocio, sea por la omisión pública, sea por su impotencia frente a la completa liberalización de las iniciativas, convierte a la población rural (y de las periferias urbanas de las pequeñas y medianas ciudades) en rehenes del desempleo, del subempleo y del empleo precario, situación que es considerada como natural por las clases dominantes.

Nuevas alianzas sociales En ese contexto, las luchas sociales en el campo (y en la ciudad) adquieren nuevas formas de expresión. Miles de pequeños enfrentamientos se verifican y nuevas alianzas se establecen ya no solo entre clases sociales sino, sobre todo, entre grupos sociales organizados por los más distintos motivos: desde la lucha por la vivienda hasta la afirmación étnica y cultural de minorías; desde la afirmación de la autonomía campesina ante la dominación del capital hasta las luchas de acción directa contra los experimentos de cultivos transgénicos; desde la ocupación de tierras para la concreción de la reforma agraria hasta las iniciativas de defensa del medio ambiente; desde la afirmación de ritmos y danzas que expresan una contracultura hasta la multiplicidad de formas de ver y defender la cuestión de género.

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Maria Aparecida de Moraes Silva (2006). Mortes dos "severinos" nos canaviais paulistas, in Conflitos no campo em 2005. Goiânia, CPT, Gráfica e Editora América, p.162-166.

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La pluralidad de iniciativas y de formas de organización remite a la memoria al periodo de resistencia social y política a la dictadura militar (1964 - 1984), donde la creatividad y las más distintas formas de resistencia y de agitación fueron desarrolladas, en tanto otras dimensiones de la solidaridad son redescubiertas.

Una vez más en la historia del país, el desafío popular está en la construcción de un proyecto de sociedad y, en este caso, de desarrollo rural que sea capaz de unificar esas luchas e iniciativas de organización, de manera de acumular fuerzas para detener esa avalancha verde del capital así como vislumbrar caminos para nuevas formas de socialización. Esto, no sólo en el nivel nacional, sino también internacional.

Las macro estrategias del capital en su fase neoliberal, al imponer la globalización del capital y de las comunicaciones, crearon las condiciones objetivas y subjetivas, aunque por razones adversas a los pueblos, de solida-

Dilemas de la izquierda... viene de la página 22

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Lula es, por lo tanto, aislarse de la masa.

Además, afirman, exactamente como el MST: "no hay alternativa mejor". Una minoría sigue siendo socialista y combativa, destacándose la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Como puede comprobarse, la coyuntura no es nada alentadora para quienes sueñan con una revolución social. Esta podría ser la conclusión lógica del análisis.

ridad y articulación de la resistencia social popular en el campo contra la desnacionalización de las tierras, la destrucción de la biodiversidad y la sumisión de los trabajadores a los intereses del lucro privado de las empresas nacionales y multinacionales del agronegocio.

La intención y práctica de los capitalistas de convertir las semillas, la tierra, el agua dulce y la biodiversidad en mercancías y objetos de negocios compromete la vida de los pueblos y amenaza el equilibrio ambiental del planeta.

El agronegocio se vuelve, contemporáneamente, en uno de los principales agentes de la nueva era de las degradaciones ambientales: el monocultivo versus la biodiversidad.

Horacio Martins de Carvalho es ingeniero agrónomo, consultor técnico autónomo y asesor de movimientos y organizaciones sociales populares en el campo.

Sin embargo, aunque muy difícil, la situación no es desesperada: la izquierda socialista, aunque reducida a su expresión política más baja de toda su historia, no está muerta.

Partidos como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), el renovado Partido Comunista Brasileño (PCB) y movimientos sindicales nuevos como las centrales Intersindical y Conlutas siguen sustentando las banderas del socialismo.

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Los movimientos sociales en el Ecuador de Rafael Correa Pablo Ospina Peralta En un hermoso texto de militancia intelectual y política, Gabriel Salazar, el destacado historiador chileno, defendía una definición amplia de lo que debía entenderse por "movimientos sociales". En Chile casi todos los académicos los identifican con grupos más o menos numerosos en movilización callejera protagonizando protestas sociales. Como de eso hay poco en Chile (aunque la situación parece estar cambiando por las recientes movilizaciones obreras), la conclusión es obvia: los movimientos sociales son débiles o inexistentes luego de más de tres décadas de neoliberalismo. Salazar se niega a aceptar tal veredicto.

Para él, "los movimientos sociales no dejan de moverse jamás, ni siquiera después de una derrota sangrienta (…) la historia de Chile muestra ciclos de irrupción pública de los movimientos sociales y ciclos de sumergimiento. Como olas que revientan y luego se pierden en su resaca (…) así como hay períodos en que los movimientos sociales irrumpen en el espacio público con organización y objetivos políticos (o sin ellos), con capacidad de negociación (o sin ella), así también hay períodos en que los movimientos sociales, a solas consigo mismos, sistematizan sus recuerdos, retejen sus redes asociativas, expresan culturalmente su nueva rebeldía, construyen nuevos objetivos políticos y nuevos repertorios de lucha"1.

En Ecuador, como en el resto del continente, el neoliberalismo ha promovido ciclos de repliegue y ciclos de emergencia pública de los movimientos sociales. Su implantación es tanto el producto del debilitamiento de las organizaciones populares, como un modelo económico cuya aplicación pretende profundizar la dispersión, la desorganización y la anomia social. No siempre lo logra, pero lo

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intenta sistemáticamente. Por eso, a lo largo de casi tres décadas de aplicación intermitente de su conocido recetario, se ha producido una combinación de procesos estructurales y políticos que tienden a debilitar el tejido organizativo en los sectores populares y medios. Empiezo mostrando cómo durante el período de su hegemonía se han fortalecido las tendencias a debilitar las organizaciones populares y luego muestro cómo su reciente crisis abre expectativas de reconstruirlas y fortalecerlas.

El modelo en acción Entre los factores estructurales, en las últimas décadas se ha producido una fragmentación de los espacios territoriales locales por efectos de la llamada globalización, lo que reduce las solidaridades de vecindad. Se ha profundizado la diversificación de las condiciones laborales y culturales de técnicos y trabajadores manuales; lo que dificulta su integración organizativa. Además, desde hace veinte años al menos, las regiones campesinas serranas vivieron una brutal aceleración de su marginalidad económica y social. Las actividades no agrarias empezaron a dominar en las zonas rurales de la sierra y se intensificó la vieja migración temporal hacia las ciudades o hacia las zonas de agricultura de exportación de la costa. Esto se acompañó desde fines del siglo pasado por una masiva oleada de migración internacional que ha desprovisto a muchas regiones de sus miembros jóvenes, 1

Gabriel Salazar, La nueva historia y los nuevos movimientos sociales, En G. Salazar. La historia desde abajo y desde dentro. Santiago: Facultad de Artes.

Universidad de Chile. Departamento de Teoría de las Artes. Colección Teoría, pp. 425 y 427.

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dinámicos y audaces que eran muchas veces dirigentes sociales locales. La atomización del empleo urbano, siempre presente en la estructura económica nacional, pero masificada y endiosada con el neoliberalismo, se aceleró con la des-industrialización, la reducción del empleo público y la tercerización de los servicios empresariales. No solo disminuyó la ya raquítica tasa de sindicalización, sino que se fragilizaron las condiciones de vida de las clases medias, de los funcionarios y los administradores. El pequeño comercio y los pequeños talleres de servicios compiten no solo contra los grandes centros comerciales en las ciudades, sino contra la competencia del empleo informal y las ventas callejeras.

Estos sectores dependen de una muy poco estudiada red de intermediarios que los ligan a los importadores, a la frágil industria local y a los monopolios de la comercialización.

Entre las clases medias, solo el empleo público y las organizaciones heterogéneas de los transportistas permiten todavía cierta organización laboral estable.

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Como resultado organizativo y político, la precarización del empleo, la des-campesinización y la persistente atomización del trabajo informal, parecen estar reforzando la anomia social. Solo las organizaciones comunitarias indígenas de la sierra y algunos movimientos regionales, generalmente abanderados por las instancias estatales del gobierno local, conservan todavía cierta capacidad de movilización. Ellos son herederos de un "vacío de poder" en zonas rurales relativamente alejadas de los circuitos exportadores, donde organizaciones de base comunitaria tomaron parte del control de sus localidades. Pero, fuera de este caso particular, predomina por todos lados una explosiva combinación de desorganización en la base y de descontento social por la fragilidad de las condiciones de sobrevivencia a las que el modelo económico arroja a la gran mayoría de desposeídos. Como el neoliberalismo agrava las desigualdades sociales, el descontento se dirige con fuerza contra los pequeños grupos de beneficiarios del empobrecimiento de la mayoría. Esta sensación de privación y fragilidad agita a los pobres pero también a los sectores medios.

En el ambiente domina la idea de que hay una

clausura en las oportunidades y una patente injusticia en el reparto del progreso.

Desde un punto de vista político, el neoliberalismo ha tendido a debilitar los acuerdos corporativos que se establecieron durante el siglo XX, que defendían derechos laborales, favorecían la intermediación organizativa en la provisión de bienes y servicios públicos, y que servían de incentivo a la organización social. En efecto, el neoliberalismo busca reducir costes laborales por lo que desalienta constantemente la organización gremial y sindical mediante una legislación restrictiva.

Además, el neoliberalismo insiste en políticas sociales personalizadas y focalizadas que eluden constantemente cualquier intermediación organizativa en la provisión de los servicios públicos. En síntesis, debido a estas políticas públicas explícitas, las reformas neoliberales han debilitado al pequeño movimiento obrero. Solo los trabajadores de ciertas empresas públicas mantienen una apreciable tasa de sindicalización y de movilización. El movimiento urbano ha sido sometido por el clientelismo municipal y por el abandono de casi todo activismo político socialista después de la caída del Muro de Berlín. El sectarismo de la práctica de ciertas fracciones de la izquierda llevó a la anulación de todo movimiento estudiantil autónomo. Como dijimos antes, solo el poderoso movimiento indígena logró romper con la monotonía de debilidad social.

El rol de la Iglesia Un factor crucial en este debilitamiento de los procesos organizativos en los sectores populares tiene que ver con un giro en la actividad de la Iglesia Católica, estructura organizativa fundamental en la historia de gran parte de los movimientos sociales del continente. La Iglesia de los Pobres, aquella que se identifica con los postulados de Medellín (1968) y de Puebla (1979), con los preceptos de la Teología de la Liberación y que considera que Jesús no es un ser neutral, sino que siempre se pone del lado de los pobres; vivió en Ecuador entre los años 1970 y 1980 su momento más poderoso y vital. En los años 1990 y 2000, en cambio, ha vivido un proceso de franco retroceso, dispersión y fragmentación.

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¿Cuáles son los elementos que influyeron más decisivamente en esa trayectoria?

En los años 1970 y 1980 se vivió un auge de la lucha social y política en toda América latina, expresada en la reforma agraria, la defensa de los derechos humanos contra las dictaduras y la primeras pugnas por la resistencia al giro neoliberal de nuestras economías. El aspecto más relevante de ese proceso fue sin duda la revolución sandinista en Nicaragua y la guerra civil de El Salvador, donde el protagonismo de los sectores de la Iglesia de los Pobres, se convirtió en un referente, un ejemplo y un decisivo factor de identidad latinoamericana entre los sectores de iglesia popular. En Ecuador, estos sectores de Iglesia lograron coordinarse justamente alrededor de esos elementos: el vínculo y la solidaridad con los procesos revolucionarios centroamericanos, la defensa de los derechos humanos y el apoyo al emergente movimiento campesino e indígena.

Adicionalmente, la figura de monseñor Leonidas Proaño, con su carisma, liderazgo y decidido compromiso liberador, permitía la confluencia y comunicación de todas estas vertientes políticas dentro de la Iglesia.

El panorama político latinoamericano en los años 1990 y 2000 cambió radicalmente en casi todos sus referentes básicos. La señal del cambio vino también de Centroamérica: la derrota electoral sandinista en los primeros días de febrero de 1990 y los acuerdos de paz de El Salvador, seguidos de la derrota electoral del FMLN en 1992. Coincidiendo con esos procesos, la muerte de Leonidas Proaño en 1988 privó de un referente simbólico y práctico, y de un liderazgo que generaba confianza en todos los sectores de Iglesia comprometida. La propia Iglesia vivió su contrarreforma.

Desde 1979 se conoció un sistemático esfuerzo centralizador que en América Latina consistió en desmontar todo el aparato eclesial institucional que se alineaba con la Teología de la Liberación.

Ese fue el legado de dos décadas conservadoras y de ofensiva capitalista. Ya no se trataba de mostrar que las alternativas existentes (el socialismo) eran peores que el sistema capitalista, sino que no existe alternativa posible. Y

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esa táctica ha tenido éxito: las opciones prácticas de trabajo popular han perdido el común referente político de una alternativa global al sistema capitalista al que siempre se opusieron. Como resultado, la dispersión y la fragmentación política se corresponde con distintas comprensiones de cuál debe ser la alternativa global a las estructuras de dominio que persisten en Ecuador, América Latina y el mundo.

No hay mal que dure 100 años…

Pero los años de absoluta hegemonía neoliberal parecen estar llegando a su fin. Siempre hubo resistencias y las luchas defensivas generaron su propio proceso organizativo en la base. El propio neoliberalismo engendró varias de las coordenadas de su agotamiento.

Las reestructuraciones económicas que promovió fuero tan duras y sus resultados económicos fueron tan ambivalentes, que muchos grupos empresariales, no solo sectores populares y medios, mostraron constantemente su creciente descontento. Las emergentes alternativas de gobiernos de izquierda en América Latina así como sus esfuerzos de integración regional parecen hacer renacer las expectativas de que tal vez sí existe alguna alternativa al sistema capitalista o al menos al modelo neoliberal, que es su rostro más reciente.

Este es un cambio todavía reciente y de difícil pronóstico en cuanto a su dirección final y su profundidad. Pero no hay duda de que en Ecuador, el gobierno de Alianza País ha significado una cristalización de esas expectativas de cambio, una canalización de la ira social desatada por las exclusiones del modelo y una oportunidad para el renacimiento de la militancia y el activismo radical tanto entre los sectores populares como ente las clases medias, y especialmente entre los jóvenes.

Pero sin protagonismo popular no hay verdadero proyecto de liberación. Solo ese protagonismo puede asegurar que los cambios en el modelo económico, en la estructura política y en los valores culturales, sean suficientemente profundos. Pero ese protagonismo es imposible sin formas propias de organización que les permitan entender, expresar, priorizar y batallar por sus intereses de largo plazo. Esta

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tarea es fundamental para transformar de raíz el legado de casi tres décadas de neoliberalismo. Una forma básica de combatir y de resistir al neoliberalismo es persistiendo con constancia en la búsqueda de hacer más densas, más numerosas, más poderosas y más exigentes a las organizaciones sociales y populares.

Si el intento de superar el neoliberalismo es sincero y se realiza un esfuerzo sistemático e inteligente por promover la organización popular desde el Estado, pugnando por mantener su autonomía política, se presentaría por primera vez en décadas un contexto medianamente favorable para vencer algunas de las principales restricciones existentes al protagonismo popular en la política. ¿Cuál ha sido la política del gobierno de Alianza País al respecto? Aunque el gobierno ha logrado canalizar inteligentemente gran parte de las expectativas populares de cambio y ha dado señales importantes de un giro en la conducción económica; su política de organización social está todavía en deuda con el futuro y con el proyecto que proclama. Como dijo Mario Unda hace poco: "El gobierno pudo haber aprovechado la ejecución de sus políticas sociales para acercar a los movimientos a su propuesta y, de paso, fortalecerlos; no quiso dar el paso. Pudo haber aprovechado sus pugnas con los grupos dominantes para concitar la movilización masiva de los movimientos y hacer retroceder a los dueños del poder y del dinero; tampoco quiso hacerlo.

Pudo, finalmente, haber aprovechado la próxima elección para la Asamblea Constituyente como un mecanismo para crear y fortalecer un amplio espacio de encuentro entre todas las fuerzas políticas y sociales que apuntan al cambio; no dio ese paso"2.

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Incertidumbre a las puertas del cambio en Ecuador.

En América latina en movimiento. Publicación internacional de ALAI. No. 423. Año XXI. II Época.

Quito: ALAI.

La organización es indispensable O se hacen alianzas con las organizaciones existentes o se construyen otras, pero sin organización popular no habrá cambio duradero. El gobierno necesita su base social propia, y está empeñado en construirla. Daría la impresión de que la aplastante victoria del 30 de septiembre en las elecciones para asambleístas constituyentes, en las que el movimiento político del gobierno barrió con todos los demás partidos y movimientos y alcanzó en primera vuelta una votación de más del 60%, inédita desde los tiempos del caudillo José María Velasco Ibarra; refuerza la idea de que todo depende ahora de la construcción de la estructura organizativa y política propia de Alianza País. Esos resultados solo pueden ser motivo de gran alegría en el campo popular, entre otras, por dos razones: por la bancarrota generalizada del sistema de partidos y movimientos de la derecha política; y por la capacidad del gobierno para romper con la tradicional ruptura política entre la costa y la sierra, sin lo cual no es posible transformar el país. Pero al mismo tiempo queda una inquietud: si solo el gobierno y su movimiento reparten las cartas políticas del momento dentro del campo de las izquierdas, ¿qué espacio están dispuestos a dar a la autonomía de las organizaciones populares? En este futuro de expectativas y oportunidades para un cambio social radical basado en el protagonismo popular, el gobierno de la revolución ciudadana necesita algo más que ciudadanos individuales. Necesita redes organizativas, colectivos deliberantes, estructuras políticas y organizativas sin las cuales los pobres no podrán transformar el balance de poder que los llena de desventajas frente a quienes los empobrecen.

Pablo Ospina Peralta es profesor del área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.

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Los movimientos populares en Argentina Claudia Korol Ya pasaron seis años de la rebelión producida en Argentina durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. En ese momento se extendía la consigna: "que se vayan todos", expresión de los alcances de la rebeldía, de la capacidad de resistencia popular, y también de los límites de los proyectos populares alternativos. Posteriormente, la crisis pudo ser disciplinada y controlada, especialmente a partir de la asunción del gobierno de Kirchner, que tuvo para ello que realizar fuertes cambios en las modalidades de dominación (incluso en relación a las políticas neoliberales que asumió acríticamente durante una década como intendente primero y gobernador después de Santa Cruz).

Se vuelve necesario entonces repasar las formas en que el sistema político recompuso la gobernabilidad, así como los cambios producidos en las relaciones de fuerzas en el país, y la manera en que los movimientos populares reordenan sus propuestas, proyectos y organizaciones, en el nuevo contexto argentino, latinoamericano y mundial.

El legado de las jornadas de 2002 Tomar como hito el 19 y 20 de diciembre, significa reconocer en ese momento un punto de inflexión entre la Argentina post dictadura, organizada dentro de las coordenadas de la dominación establecidas por el Pacto de Olivos1, y una Argentina que ingresa en una lógica capitalista post-neoliberal. Aquellas jornadas constituyeron el "¡ya basta!" de un pueblo agotado por las políticas de exclusión, de saqueo de los bienes de la naturaleza, de subordinación a las propuestas imperialistas, de concentración inusitada de la riqueza, de desintegración de las identidades clasistas,

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nacionales, populares, de súper explotación de los trabajadores y trabajadoras a partir de la flexibilización laboral y la pérdida de derechos sociales, de abandono de la educación, la salud, la vivienda y otros derechos inalienables, de deshumanización de la vida cotidiana, de feminización de la pobreza, de criminalización y judicialización de la protesta social.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la Argentina -y la multiplicación de energías que de ellas se desprendieron-, permitieron volver a plantear la diversidad de dimensiones emancipatorias de las resistencias. Fueron momentos de encuentro de distintas indignaciones, que por aquellos días lograron realizar una tarea común, que iba más allá de sacarse de encima a un gobierno y a una política2.

Lograron cuestionar al sistema de representación política, y el programa neoliberal sostenido por todos los gobiernos en la etapa postdictatorial.

El "que se vayan todos", al tiempo que deslegitimó a los tres poderes, significó también una interpelación a las distintas fuerzas políticas y sindicales populares, que actuando en los marcos de esa institucionalidad, no tuvieron capacidad de interpretar y actuar con efi-

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El Pacto de Olivos fue un acuerdo político realizado entre Alfonsín y Menem preparatorio de la Reforma Constitucional, para recrear un sistema de gobierno bipartidista, con compromisos alrededor del consenso neoliberal.

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La movilización popular del 19 y 20 de diciembre llevó a la destitución del Gobierno de la Alianza, del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, y del presidente Fernando De La Rúa.

cacia, no sólo en el momento de la revuelta popular, sino en las acumulaciones previas e incluso en las posteriores de resistencias y de búsquedas de alternativas. El movimiento popular emergente criticó la fragmentación de las izquierdas sostenidas en las peleas por mezquinos hegemonismos. Se mostraron los límites de las políticas sindicales timoratas y de las abiertamente subordinadas al poder.

Se cuestionaron las modalidades verticalistas de dirección política. Se multiplicaron los esfuerzos por construir experiencias de democracia directa. Se puso en evidencia la tensión existente en las fuerzas organizadas de la izquierda, que quedaron presas muchas veces de un electoralismo burocratizado, desmovilizado, y delimitado por una modalidad de representación vaciada de legitimidad y credibilidad.

Vale destacar de esa etapa, sobre todo, la ampliación de experiencias locales y sectoriales de poder popular, como la recuperación de empresas y la formación del movimiento de fábricas sin patrones, que junto con los proyectos productivos realizados por algunos de los movimientos piqueteros o de los movimientos campesinos, fueron laboratorios de una nueva manera de resolver la sobrevivencia y de realizar el trabajo, generando vínculos de solidaridad entre los protagonistas de estas experiencias; produciendo al mismo tiempo que mercancías, nuevos productos y relaciones sociales, basadas en la cooperación y no en la competencia.

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También en esta etapa se multiplicaron las expresiones de sujetos políticos que se organizaron para denunciar y enfrentar formas de subordinación o exclusión que no dependen solamente de variables económicas, como son las demandas ligadas al reconocimiento de la identidad cultural, a la visibilización de distintos campos de las percepciones, pensamientos, sentimientos y experiencias de las mujeres, de movimientos de la diversidad y de la disidencia sexual, o los movimientos ligados a la recuperación de las culturas indoamericanas y afrodescendientes, así como distintas espiritualidades populares que desafían la prédica del pensamiento capitalista y patriarcal, el fundamentalismo religioso, y la

homogeneización de las subjetividades alrededor de un patrón cultural burgués, machista, racista, homofóbico, xenófobo, colonizador, guerrerista, violento.

En aquellas jornadas, que se prolongaron como energía creativa hasta el 26 de junio del 20023, se evidenciaron al mismo tiempo los claros límites del imaginario rebelde, en términos de proyectos políticos organizados.

Entre muchos otros límites, el más significativo es la ausencia de organizaciones populares con capacidad de canalizar esa irrupción rebelde, en una acción revolucionaria sostenida, de formación de experiencias de poder popular. Los altos niveles de espontaneísmo, con una fuerte carga destituyente, no pudieron transformarse en construcción popular de alternativas.

Recomposición del bloque en el poder A pesar de los límites señalados, y de muchos más que pudieran analizarse4, la crítica y la confrontación con el modelo neoliberal, producidas en un contexto latinoamericano que 3

Tomamos como hito de inicio del reflujo del movimiento popular la masacre de Puente Pueyredón, por el impacto que tuvo en la subjetividad de los sectores organizados de la resistencia. La represión y el asesinato de los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la cacería desatada en esa oportunidad contra el movimiento popular, junto a medidas asistenciales de emergencia y el adelantamiento de la convocatoria a elecciones revirtieron el ascenso del movimiento social, y se abrió paso una etapa de recomposición de la dominación, en las condiciones concretas de una nueva relación de fuerzas.

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Algunas a señalar como ejemplo son las evidentes dificultades con que se encontraron las formas de organización popular asambleístas para sostener en tiempos prolongados el esfuerzo militante, desde una lógica basista que convirtió la horizontalidad en un nuevo dogma; o el hecho que las políticas sostenidas principalmente en la acción directa, despreciando la formación política del activismo, fueron conduciendo a procesos de desgaste que favorecieron la cooptación de muchas de esas franjas de militantes.

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empezaba a dinamizarse (sobre todo por el impacto de la experiencia bolivariana, de los levantamientos populares en Bolivia, Ecuador, Perú, del triunfo de Evo Morales en Bolivia, del Partido de los Trabajadores en Brasil, del Frente Amplio en Uruguay -más allá de las frustraciones que significaron algunas de estas experiencias-), plantearon la imposibilidad a las clases dominantes argentinas de seguir gobernando con el mismo modelo sostenido hasta entonces.

El gobierno de Kirchner refleja esta nueva relación de fuerzas, en la que el bloque de poder se recompone, realizando cambios en las modalidades de ejercer la dominación, reorganizando la gobernabilidad, modulando estrategias económicas de intervención estatal a través de la subvención a las empresas privatizadas por los capitales trasnacionales, de pago de la deuda externa o de canje de deuda por educación, junto a estrategias políticas de control de los movimientos sociales surgidos en la resistencia a través de la cooptación -mediante políticas asistenciales-, la criminalización de la protesta social y la judicialización de los movimientos que no se integran en sus lógicas corporativas, de control de la opinión pública a partir del fortalecimiento del manejo autoritario de los medios de comunicación; junto a estrategias internacionales basadas en un intento de equilibrio entre la subordinación a las exigencias de las políticas imperialistas de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea, y los proyectos de integración latinoamericana de corte neodesarrollistas con eje en el MERCOSUR, o las iniciativas de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).

Del lado del movimiento popular, muchas de las fuerzas que se organizaron en la resistencia al modelo neoliberal, resultaron cooptadas, y sus militantes se han vuelto funcionarios del gobierno. En algunos casos, algunas de estas organizaciones quedaron ya fuera del gobierno, pero el paso por el mismo debilitó fuertemente su inserción social, y sobre todo su compromiso con los sectores populares que continúan la resistencia.

En el campo de las fuerzas populares que

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intentan reorganizarse, el signo de este tiempo, es el de la fragmentación. Ésta reconoce causas históricas, encarnadas en la cultura forjada por la colonización, que deja marcas como el racismo, el desprecio por los pueblos originarios y por sus culturas, el europeísmo en determinadas franjas de la izquierda, la xenofobia en el movimiento popular; pero también reconoce razones más recientes, como el impacto de las políticas neoliberales en la ruptura de identidades históricas clasistas, nacionales, populares.

Profundizan al mismo tiempo esta fragmentación, las concepciones políticas y organizativas de algunos movimientos y partidos de izquierda, que en esta etapa de defensiva, han profundizado el sectarismo y el dogmatismo.

La diversidad de movimientos y fuerzas existentes en Argentina, expresa también los distintos momentos de constitución de los mismos; y las ideas con las que fueron creados.

Conviven en el pueblo organizaciones tradicionales, como los sindicatos, centrales campesinas, estudiantiles, barriales; y movimientos nacidos en respuesta directa a la exclusión, o a partir de búsquedas de reconocimiento; movimientos que plantean demandas económicas o culturales; movimientos estructurados de manera fuertemente jerárquica, basados en la separación de dirección y bases; y otros con dinámicas asamblearias, o de horizontalidad, que suelen formarse en torno a demandas específicas y tienden a desestructurarse con facilidad.

En los años 80 y 90 tomaron cuerpo los movimientos organizados alrededor de las políticas de identidad, que expresan formas de resistencia cultural frente a la lógica capitalista del pensamiento único, que al tiempo que intenta homogeneizar ideas, deseos, sentimientos, con la fuerte intervención de los medios masivos de comunicación, agrieta y diluye las identidades clasistas, niega las identidades nacionales, y ha llegado incluso a negar la identidad individual de las personas (como ha sido a través de la apropiación de niños y niñas durante la dictadura).

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Frente a la ofensiva capitalista que vulnerabilizó a los sujetos colectivos, desestabilizando a las personas, a sus grupos familiares, a sus roles, las políticas de reconocimiento actúan como formas de afirmación de los movimientos que reivindican la identidad, la diversidad cultural, las elecciones vitales, los proyectos y sueños de sus integrantes. Sin embargo, un fuerte límite de algunas prácticas con que se han desarrollado las políticas de identidad, ha sido colocar el valor de la diferencia por sobre la necesidad de confluencia del conjunto de los oprimidos y oprimidas por el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Por este camino se reforzó la dispersión del movimiento popular, y se estimuló una forma de acción política que sustituye las políticas de acumulación de fuerzas de mediano y largo plazo, por la acción y reacción frente a las emergencias.

Superar el corporativismo de algunas organizaciones tradicionales, el cortoplacismo de diversos movimientos nacidos en las batallas de sobrevivencia, y los límites de las políticas de identidad, son parte de los debates que atraviesan a los movimientos populares, necesitados para poder avanzar, de rearticular sus fuerzas en espacios de mayor capacidad transformadora.

En el movimiento obrero, la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha vuelto absolutamente funcional a las políticas de reconversión del capitalismo, siendo sus direcciones sindicales burocracias ligadas a las nuevas empresas privatizadas y fuertemente comprometidas con los gobiernos de turno.

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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por su parte, ha logrado innovar en las propuestas políticas y organizativas, incluso en la concepción del sujeto considerado como "trabajador" -en estos tiempos en que la precarización atraviesa y golpea la resistencia obrera-, apuntando a sindicalizar tanto a trabajadores ocupados como desocupados (a través de la afiliación directa); pero su incidencia está limitada fuertemente tanto por los sectores sociales que la integran (la dificultad mayor ha sido la de acceder a la organización

de los obreros y obreras industriales, por lo cual sus afiliados se concentran especialmente entre los/las trabajadores/as del Estado, de la educación, judiciales, etc.) y por algunas políticas de su conducción, con fuertes compromisos con el gobierno nacional o con los gobiernos provinciales, que debilitan su posibilidad de aportar a la unidad nacional de las luchas populares (esto se expresó con especial claridad en el débil papel de la conducción obrera en la articulación y proyección de los conflictos de los trabajadores de la educación, en los que resultó asesinado, en abril de este año, el maestro Carlos Fuentealba).

En este contexto, van surgiendo también en el marco de los conflictos sociales, direcciones de luchas importantes de los trabajadores en distintas ramas de la producción, que intentan su coordinación nacional en el Movimiento Intersindical Clasista, un espacio en construcción que busca unir las luchas, hacer efectiva la solidaridad entre unas y otras, e ir debatiendo una propuesta de mayor alcance (espacio que tiene muchas dificultades para superar las políticas sectarias de algunas de las corrientes que lo integran).

Por otro lado, la reactivación del movimiento popular en los últimos años, ha estado relacionada con coordinaciones muy concretas frente a determinadas agresiones que resultan del modelo productivo trasnacionalizado, que afecta a poblaciones completas. La Unión de Asambleas Ciudadanas, por ejemplo, intenta unir en un movimiento nacional a las distintas poblaciones que se han movilizado contra la minería, contra la contaminación ambiental producida por las petroleras o por las papeleras, contra el saqueo de los bienes de la naturaleza, contra el modelo del agronegocio. En estos espacios, sobre todo a nivel local, confluyen distintas organizaciones: desde movimientos campesinos, indígenas, hasta sectores sindicales y sobre todo agrupaciones barriales o locales de carácter territorial, junto con estudiantes, grupos ecologistas, investigadores/as, movimientos de mujeres, etc.

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Nuevos ejes articuladores Junto a la resistencia a las consecuencias inmediatas de unas u otras iniciativas del capital trasnacional, en esta etapa de recolonización del continente, comienza a plantearse un debate más complejo de crítica a los modelos civilizatorios del capitalismo, y de búsqueda de alternativas en el terreno productivo, energético, agrario, que permitan abonar -incluso en la dimensión latinoamericana- los debates alrededor de un proyecto de socialismo del siglo 21.

La descolonización cultural -en este contextoimplica avanzar en la crítica de los sentidos del mundo, de las concepciones de lucha, de la lectura de la historia, de las modalidades de resistencia; en la valorización y el reconocimiento de los saberes ancestrales, de las culturas originarias, de las diferentes cosmovisiones que se crearon en nuestras tierras.

Significa también asumir una actitud concreta ante la historia del capitalismo en América Latina, denunciando el genocidio de los pueblos, realizado una y otra vez en nombre del "progreso", la "civilización", el "desarrollo", y rechazando sus consecuencias hasta nuestros días para los sectores oprimidos.

Esto nos obliga a pensar, de manera sistemática y profunda, los dilemas que se plantean a los proyectos populares latinoamericanos -y especialmente a los que se reivindican como socialistas-, en términos de crítica a las maneras de destrucción y explotación de la naturaleza y de los pueblos realizadas por el capitalismo, y a imaginar nuevos proyectos de vida sobre la tierra, que no reproduzcan aquellos modelos, ni el autoritarismo con que se ejercen esas formas de dominación.

Otros ejes articuladores de las resistencias, son los que se organizan contra la mercantilización de aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como la educación, la salud, etc.

Los movimientos populares en estos años han ido denunciando los proyectos funcionales a las políticas del Banco Mundial, que llevan a la destrucción de la educación y de la salud públicas, y al avance de la privatización en estos campos.

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Las organizaciones campesinas e indígenas, por su parte, han ido aumentando su visibilidad, coordinando con otros sectores las luchas comunes (como los relacionados con el territorio, con el saqueo de los bienes de la naturaleza), y realizando también esfuerzos de unidad a nivel nacional, continental e internacional, participando de distintos espacios como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), y la Vía Campesina Internacional.

Estos ámbitos, no sólo han permitido fortalecer la resistencia. Son también lugares de impulso a propuestas de formación política, de educación popular, y de promoción de debates que van más allá del movimiento campesino, que interpelan a las organizaciones urbanas y a los sectores populares en general, como son la defensa de las semillas, la soberanía alimentaria, la denuncia de los agronegocios, del biocombustible y de los modelos agroexportadores propuestos desde los gobiernos de la región, al servicio de la división internacional del trabajo del capitalismo del siglo 21.

También mantienen un nivel importante de iniciativa y articulación, las diferentes organizaciones de mujeres y grupos feministas, que son parte de distintas redes y campañas, como la campaña nacional por el derecho al aborto, la campaña contra la trata de personas, y que año a año protagonizan el encuentro nacional de mujeres, que reúne a alrededor de 20.000 mujeres de todo el país para el debate de propuestas y líneas de acción en defensa de sus derechos.

Son los movimientos populares, los que expresan con más claridad en este tiempo, la diversidad de demandas que se han ido creando en las batallas anticapitalistas, antipatriarcales, antiimperialistas, contra las diversas formas de colonización cultural.

Siendo estas demandas en muchos casos limitadas, por su carácter sectorial, económico, o local, sin embargo, es en su interacción, unidad y diálogo, que pueden volverse develadoras de distintos aspectos de un proyecto político popular, de carácter civilizatorio, mucho más

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amplio, fecundo y vital que los programas populistas o neodesarrollistas, reproductores de lógicas viciadas de estatismo, que suelen exhibirse como la suma de las transformaciones "posibles" de ser realizadas, en este contexto latinoamericano y mundial.

Desafíos Aceptando las posibilidades que ofrece el Estado nacional como trinchera de disputa de las políticas de soberanía nacional y popular, es parte del debate actual la polémica con aquellas concepciones que niegan la autonomía de los movimientos populares, y pretenden manipularlos desde la gestión estatal, atravesada como está la misma por fuertes lógicas de burocracia, clientelismo y corrupción.

La autonomía de los movimientos populares, en esta dirección, no significa la reclusión en un lugar testimonial de crítica o de oposición a uno u otro gobierno, sino la capacidad de los mismos para actuar no como correas de transmisión desde las esferas del Estado, sino de acuerdo a sus propias demandas y proyectos, como parte de un proyecto político estratégico en construcción. Hablamos aquí de autonomía a crear en este presente, que apunta a la superación de las situaciones de dependencia, de alienación, a la construcción de espacios propios en dónde se recobra la identidad histórico-cultural.

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A pesar de las dificultades y límites mencionados, en los movimientos populares que se están reorganizando en la Argentina han habido aprendizajes que permiten pensar la posibilidad de nuevas perspectivas. Se van sorteando antiguas dicotomías establecidas con rigidez entre lo social y lo político, se va imaginando la posibilidad de crear momentos de unidad en un campo fragmentado y marcado

por la diversidad. Se van proponiendo modelos de construcción que parten de la organización de los excluidos, pero que no se agotan en la esfera de la sobrevivencia. Se generan experiencias de poder popular, limitadas en el espacio o en el tiempo, pero que permiten acumular fuerzas, iniciativa, protagonismo, ejercicio de la autonomía.

Las redes reorganizan sentidos, ponen metas, y en algunos casos enfrentan puntualmente determinados aspectos de la ofensiva colonizadora del gran capital.

Los desafíos, sin embargo, siguen estando en la necesidad de avanzar en la creación de un bloque político social contrahegemónico, que constituya al pueblo como sujeto histórico, con capacidad no sólo de plantar banderas en las resistencias, sino con iniciativa de avanzar en una alternativa de poder popular, con metas anticapitalistas, antiimperialistas, antipatriarcales, que sea parte de las múltiples batallas por la emancipación, por poner fin a todas las opresiones. Pensando en la integración latinoamericana, en una perspectiva socialista, que nazca -como reclamaba José Carlos Mariátegui- como creación heroica de los pueblos.

En los 40 años de la caída del Che en Bolivia, se vuelve necesario promover un proyecto popular, que amase la memoria y las resistencias con el sueño socialista, y que no podrá pensarse como un proyecto "desde arriba", uniformador de las diversidades, disciplinador de las diferencias, sino que crezca desde el rescate de todas las rebeldías.

Claudia Korol, investigadora argentina, es integrante del Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos.

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Entrevista a Aníbal Quijano:

En Perú hay un pueblo movilizado Osvaldo León En el Perú de estos días, no se puede hablar de movimientos sociales, lo que sí existe es un población movilizada de manera sectorial, local y, por tanto, dispersa. El único movimiento social, que merece tal nombre, es el indígena. Esto es lo que sostiene Aníbal Quijano, uno de los prominentes intelectuales peruanos, quien en diálogo con ALAI expresó lo que sigue.

- Años atrás, Perú fue un crisol de organización popular, de movimientos de diversa naturaleza. ¿Cuál es hoy la situación de los movimientos sociales en tu país?

Siempre hay un riesgo de meter en un tubo cosas que son sumamente diferentes. La idea misma de movimiento social es controvertida, durante un tiempo fue el tema favorito de todas las ONG's de América Latina, cuando vino el tiempo de la derrota, entonces los movimientos sociales parecían señalar que por fin vamos a tener un sujeto. No hay que dejar de recordarlo, a fin de que todo el mundo tenga cautela cuando trabaja o maneja este asunto.

Segunda cosa, creo que es importante en este momento, sobre todo en este momento, es que no hay que prestar atención solamente a los movimientos sociales en el sentido convencional, sino a los movimientos de la sociedad como tal. En todos los períodos de crisis han habido movimientos sociales de todo tipo, pero solo en determinados momentos se hace razonablemente perceptible que la sociedad en su conjunto está moviéndose y sus tendencias pueden ser razonablemente perceptibles y creo que es importante también considerar

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esto, lo que propongo, y por eso mismo, es pensar los movimientos sociales en relación con los movimientos de la sociedad como tal.

- ¿A qué te refieres con movimientos de la sociedad?

Yo creo que el patrón de poder actual, y que nosotros habitamos globalmente y el que nos habita, está en un momento crucial y es muy importante tener la máxima posibilidad de percibir y hacer percibir en que consiste esa situación crucial.

Lo que comenzó a mitad de los 70's del siglo pasado, ha creado un conjunto de condiciones que están llevando a la parte que es más controlada desde el poder mundial, a un proceso que va a una mutación histórica muy fuerte, cuya profundidad y cuyo alcance de hecho son o van a ser equivalentes a lo que fue de profundo y de importante lo que llamamos ahora la revolución industrial, la revolución burguesa, de ese porte, pues cambió la vida de la gente. Pero el proceso que va en este momento de la sociedad contemporánea en esa dirección, tiene un signo casi contrario a eso, es decir, lo que fue conquistado en ese proceso, está siendo perdido, reducido. Y por esto es que, del otro lado, hay un conjunto de procesos y por lo tanto también sectores de la sociedad que comienzan vagamente o agudamente a sentir esa presión que lleva a la pérdida de las conquistas principales, comienza a resistir y tratar de que la sociedad camine en una dirección opuesta alternativa.

Entonces, estamos en este momento crucial, quienes nos oponemos a que las conquistas

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sean perdidas y a que el proceso, por lo tanto, no permita una liberación mayor, hemos andado en todos estos foros y la idea de "otro mundo es posible" ha sido una inmensa conquista, pero la idea es también de que otro mundo puede ser posible, pero puede ser mucho peor, no hay sino que pensar, en el estado de la historia actual, en lo que ocurre con las invasiones de Irak, de Afganistán, en África, o lo que ocurre con la reducción de los espacios públicos, democráticos, la desnacionalización de Estados y sociedades para darse cuenta que corre en esa dirección.

Por esto es que hay un sector de la sociedad opuesto a ello que comienza a resistir y América Latina es el centro principal en este momento de esa resistencia mundial. Por eso, al hablar de los movimientos sociales hoy día, a mí juicio, tiene que ser referido a eso que pasa globalmente. En este momento crucial no se trata de movimientos sociales como los que teníamos en la década de los 60´s, 70's, 80's simplemente, hoy día los movimientos sociales realmente importantes, los que cuentan, están vinculados a este movimiento de la sociedad en una u otra dirección.

En el caso peruano, se podría hablar, en primer término, de algo llamable un pueblo movilizado, desde el último tramo del fujimorismo, que permitió virtualmente que la inmensa, la abrumadora mayoría de la población peruana terminará tratando de echar a Fujimori y lo logró. Pero, desde entonces, no ha logrado formarse ninguna gran movilización colectiva global, que podría mantenerse con la capacidad o de recrear lo que hay, o con la capacidad por lo menos de impedir, de negociar, de modular, lo que quienes tienen el control del poder, a través del Estado o fuera de el, están haciendo.

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Entonces, durante el gobierno de Toledo en sus dos últimos años hubo movilizaciones en todas partes del país, pero sin ningún elemento, ni ninguna organización, que zurciera todo eso y lo transformará en movimientos de carácter nacional. Lo mismo está ocurriendo actualmente, por ejemplo, el mes de julio coincidieron en el tiempo numerosas movilizaciones de todo el país, pero en cada lugar

se movían por asuntos puntuales, locales y dispersos. De modo que hay una población movilizada, virtualmente todo el mundo está movilizado pero se moviliza de manera sectorial, local, y por eso dispersa.

De vez en cuando, como en julio, sus movilizaciones coinciden, y entonces hay casi una movilización nacional, pero por lo mismo quienes controlan el gobierno o el resto del poder pueden también enfrentar ese movimiento haciendo concesiones puntuales, locales y por eso también diversas, y mantener por lo tanto este estado de movilización dispersa, localizada, sin posibilidad de integrarse.

- ¿Qué relación tiene eso con el impacto sobre el tejido social, que prácticamente desarticuló el gobierno de Fujimori?

Mucho, muy fuerte. No hay duda de que lo que conocemos como globalización del capitalismo neoliberalizado, realmente ha transformado todo el mundo y en todos los lugares en que había menos Estado nacional, en que había menos sociedad democrática sus efectos han sido realmente mucho más profundos, mucho más graves, el Perú es uno de esos casos.

En Perú el fujimorismo lo que hizo fue desinstitucionalizar lo poco que había, concentró por lo tanto el control del poder en una cúpula militar tecnocrática, de la cual él era una de sus cabezas, y todo esto permitió en consecuencia imponer, en un momento virtualmente casi sin resistencia, la reprivatización del control de los recursos, acompañado de la reprivatización del control del Estado. Esto ha sido tan profundo, pero ocurriendo en consecuencia no solamente como un conjunto de medidas de política económica, sino generando, esto es mundial no es solo peruano, una suerte de nuevo sentido común que admite este nuevo orden como algo "natural e inevitable", sobre el cual las protestas son por eso puntuales y dispersas.

En mayo del año pasado, hubo millones de gente desfilando en las ciudades de Estados Unidos, fue el mitin político más grande de la

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historia norteamericana, ¿quienes eran?, los migrantes, ¿y que pedían?, ser admitidos; los que hacían grandes manifestaciones en las calles de las ciudades de Francia, en Marsella, en París, pedían lo mismo, los que hacen grandes mítines hoy día en las calles de las ciudades peruanas piden lo mismo.

Es decir, en este sentido, estamos recién comenzando a salir de esta suerte de sentido común que el neoliberalismo impuso, el neoliberalismo no fue solamente una política económica, que reduce las previas conquistas de los trabajadores, que reduce las previas conquistas en general democrático populares, sino que esto se convirtió además en una especie de sentido común, que acepta pragmáticamente estas cosas. Estamos comenzando a salir de eso, y este es el problema central.

Para el caso peruano, lo que ocurrió con Fujimori fue en ese sentido decisivo. Por esto es que no se puede realmente hablar en este momento de movimientos sociales en el Perú, que de algún modo estuvieran buscando objetivos más allá de lo que hay en la sociedad.

Hay solo uno de ellos que es realmente un movimiento social, que hace parte y es una expresión del movimiento de la sociedad, ese es el movimiento indígena.

- ¿Qué es lo que le permite tener esta connotación?

Aquí hay una extraña contradicción. De una parte, como la dinámica de urbanización y migración interna en el Perú después de la segunda guerra mundial fue muy rápida y muy fuerte, se produjo un proceso de desindianización muy grande y la población que se auto identifica como indígena no es proporcionalmente tan amplía como, digamos, en Bolivia o en Ecuador, a pesar de que por razones obvias de carácter histórico este país era el centro mismo de la población llamable indígena.

Por esto mismo, la población que se auto identifica hoy como indígena en el Perú, no parece ser, a primera vista, muy amplia, pero tiene dos elementos que la hacen no solamente amplia potencialmente sino de hecho, con

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un potencial de acción notablemente importante.

En efecto, no solamente en el Perú, sino en otros lugares del mundo, la población llamable indígena ha estado llegando, empujada por las condiciones del capitalismo actual, a la conclusión de que si no defienden ahora los recursos con los cuales vive, en adelante sería imposible defender la vida misma, y esos recursos que son agua, plantas, animales, es la defensa de la vida en el planeta. Y no se puede hacer esa defensa sino desarrollando una mirada completamente diferente de la que produce la inmediata necesidad de lucro y de beneficio de tipo capitalista en el momento más perverso del tramo capitalista.

El movimiento indígena en el Perú comenzó exactamente de ese modo en los años 80 en la COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, era la defensa del mundo y la defensa de su vida en ese mundo. En esos años hubo en Iquitos una reunión famosa llevada a cabo por esta coordinadora, cuyo presidente era Evaristo Nuckuag, un ashaninka peruano, donde de un lado de la mesa está todo el liderazgo de la COICA y, del otro lado, todos los ambientalistas, naturalistas, etc. ¿Y cuál era el problema planteado? La COICA decía, ustedes han impuesto los conceptos de parques naturales y de zonas de reserva. Nosotros que habitamos exactamente en esa zona, ¿qué somos? ¿faúna?. Por eso estamos planteando cambiar ese concepto por la idea de territorio, porque eso implica habitantes, nosotros somos habitantes. Hubo resistencia de parte de una organización francesa y luego de una peruana, alegando que los indígenas del Amazonas eran muy ignorantes, que no estaban capacitados para manejar un recurso tan importante como la floresta que produce el 50% del oxígeno del mundo. Entonces, la respuesta de Nuckuag fue la siguiente: mire nosotros estamos viviendo aquí hace miles de años, hemos usado, hemos producido y reproducido esto que existe, ustedes están aquí llegando hace menos de 100 años a esta zona y ya están destruyendo. ¿Quién está mejor calificado, ustedes o nosotros?

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El poder actual capitalista expresa la onda predatoria que está destruyendo nuestra casa y nos está haciendo matarnos entre nosotros mismos. Es por eso que la acción de las comunidades indígenas del Perú en defensa del agua contra las mineras, en defensa de los bosques contra las madereras, contra la contaminación general, va directamente dentro del movimiento actual de resistencia de la sociedad en contra de la exacerbación del capitalismo en su periodo más perverso de transición.

Ellos saben esto, como claramente se expresó el año pasado en el Cusco, en el Congreso de fundación de la CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, pero además -y por esto es una de las grandes cuestiones en debate en ese movimiento-, que el proyecto liberal euro céntrico de Estado-nación moderno ha sido un fracaso, como en la mayor parte de América Latina. ¿Por qué es un fracaso?

Porque la ciudadanía que es entre iguales no puede ocurrir en países como los latinoamericanos donde la dominación social y política se armó sobre la idea de raza. De ahí que tienen razón al decir, ustedes son un Estado que no es de nuestra nación, no lo reconocemos como nuestro, son de la nación de ustedes que son una minoría y ustedes están destruyendo esto.

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Entonces, esto tiene que desmantelarse y reconstituirse otra forma de autoridad política, no solo un Estado plurinacional, como en las constituciones, sino un universo de autoridad política totalmente diferente en el cual los sectores sociales, incluidos los indígenas, estén totalmente no solo representados sino también en condiciones de hacer, de gestar sus intereses. Por eso mismo, ellos ahora saben muy bien que solo en condiciones cada vez más democráticas, más profundamente democráticas, es posible tener acceso a todos los bienes que ahora se están concentrando.

De modo que es por esto que el movimiento indígena tiene la importancia que tiene como movimiento. En el Perú, fuera de éste, rigurosamente hablando, a mi juicio no hay movimientos sociales que estén proponiéndose cambios reales e importantes o cambiando

directamente la situación. En el pasado hubo el movimiento campesino, que fue haciendo su propia revolución en el campo, tomándose las grandes haciendas, redistribuyéndolas, por lo tanto destruyendo el poder terrateniente.

En el pasado hubo el movimiento de los pobladores, que se tomaba las tierras para poblar, que ha re-hecho las ciudades. En el pasado hubo un movimiento migratorio gigantesco, que rehizo la sociedad, que creó nuevos sectores populares urbanos que rehicieron el movimiento sindical, que rehicieron las clases políticas, que rehicieron una gran parte del debate del Estado. Apareció el movimiento de las mujeres populares, además del movimiento feminista de las capas medias profesionales individuales. Pero estos movimientos no están más en escena. Lo que hay no son movimientos sino movilizaciones locales, eventuales, por razones puntuales, que pueden ser respondidas también puntual y localmente dentro los patrones del poder.

- ¿En qué medida el movimiento indígena podría ser el eje articulador de esta diversidad de movilizaciones? ¿Qué eco ha logrado en la sociedad, por ejemplo, la lucha contra las mineras?

El movimiento indígena está teniendo eco, porque hay un número creciente de gente de las capas medias que está prestando atención a esas demandas, no solo localmente en Cajamarca o en Ancash, sino en el conjunto del país. La prensa peruana, escrita, hablada o de televisión, lamentable es una suerte de consenso cerrado que defiende este nuevo sentido común neoliberal. Pero debajo de esto, el debate popular, el debate en la nueva academia que comienza en las universidades y fuera de ellas, está ya directamente comprometido con este problema de las comunidades y su lucha contra las grandes corporaciones mineras.

El Estado está criminalizando estas protestas.

La legislación reciente que ha sido aprobada en el Congreso a petición del ejecutivo actual, coloca al Perú en un virtual estado de sitio: se criminaliza la protesta social. Pero esta la lucha de las poblaciones indígenas contra las grandes corporaciones mineras e hidro-

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energéticas, o de las madereras, es lo que está creando un nuevo clima ambiental. La gente está aprendiendo que se trata de un asunto decisivo, no solo para ellos sino para todo el mundo. Así está comenzando, por fin, otro movimiento político-social que se espera que se vaya acelerando. No se puede asegurar ni garantizar, pero digamos que este es el eje central en torno del cual comienza a gestarse, a generarse y quizás a organizarse un movimiento social real, que además en este caso es parte del movimiento de la sociedad por el cambio y en contra del capital. El nuevo imaginario anticapitalista* tiene aquí, en este espacio, en estas condiciones, sobre estos ejes, su posibilidad actual.

- ¿Cuáles son los principales aspectos que se manifiestan en el movimiento de la sociedad al que te refieres?

En este momento hay mundialmente una doble trampa, nadie puede vivir sin el mercado, pero si no hay empleo estable creciente, si el salario es cada vez más bajo, si la flexibilización y la precarización han reducido la capacidad de respuesta y de organicidad de los trabajadores, si la población de las capas medias se reduce por todo el mundo, si los ingresos disminuyen para la gran mayoría y la riqueza de las minorías crece cada vez más, entonces vivir en el mercado para una mayoría creciente no es posible.

Lo mismo con el Estado, no se puede vivir sin el Estado, pero igual, si el Estado que hacía Fujimori o Ménem o como el que ahora está haciendo el actual gobierno, trabaja para las grandes corporaciones, criminaliza la protesta social y se amenaza diariamente con la represión y reprime, trabaja en contra de los intereses de la abrumadora mayoría de la población, entonces no se puede vivir con el Estado. Esa doble trampa, sin mercado no se puede vivir, sin Estado no se puede vivir, pero tampoco se puede vivir con mercado y Estado.

Una población creciente del mundo está aprendiendo a vivir con mercado y sin mercado, con Estado y sin Estado. Por eso formas nuevas de existencia social están entre mercado y no mercado. Una parte de la llamada

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economía popular, la economía solidaria, es parte de este proceso. El modo como las formas de autoridad local comienzan a tener de nuevo tendencia o lógica comunal, indica que la comunidad como comunidad comienza a emerger como una forma de autoridad frente al Estado que permite a la gente vivir con y sin el Estado, a veces en contra del Estado, con y sin mercado, a veces en contra del mercado.

Esto es lo que una parte de la población popular en América Latina está aprendiendo y por ello es que nos hemos convertido en el centro mundial de la resistencia, porque estamos pasando a la alternativa, estas opciones son alternativas, no son solamente resistencia.

- En esto hay un desafío cultural. A tu modo de ver, ¿cuáles serían los principales retos?

Yo creo que hay el libreto principal que plantea ¿cómo se produce el imaginario, cómo se produce la memoria histórica, cómo se produce el conocimiento, cómo se da sentido a la experiencia? Hasta aquí, desde hace 500 años, hemos sufrido la hegemonía del eurocentrismo, ahora en la lucha contra el patrón de poder actual estamos aprendiendo -y esto también es América Latina-, digamos, las propuestas teórico-epistémicas principales en contra de esto, que están siendo originadas y desarrolladas en el debate latinoamericano, que por eso mismo ahora ya es un debate mundial. La colonialidad del poder y la lucha contra el eurocentrismo tienen origen latinoamericano, y ahora tienen lugar en el debate mundial.

Esto implica que ahora hay que hacerse cargo de que estas poblaciones oprimidas y explotadas están recreando formas de producir sentido a su experiencia, que están recreando formas de organizar otra memoria histórica, otras formas de producir conocimiento donde la totalidad esté siempre, no solo la parte que instrumentalizan los que dominan. Todo esto es una revolución cultural real que está ocu*

Ver: "El nuevo imaginario anticapitalista" en América Latina en Movimiento Nº 351, ALAI, Quito, 9 abril 2002, pp. 14-21.

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rriendo, es una re-originalización de la cultura en el mundo, y América Latina en este momento es su centro.

- ¿En el proceso peruano actual, qué perspectivas se perfilan para avanzar hacia ese "otro mundo posible"?

Tenemos muchas desventajas en el corto plazo. Primero, dispersión, fragmentación y localización, y el hecho de que hay un sentido común que se impuso desde Fujimori, que se usa y manipula hoy día exactamente con el mismo mecanismo, distribuyendo recursos locales, no produciendo una redistribución de acceso a estos recursos sino distribuyéndolos directamente, por lo tanto creando una vasta

red clientelar. Entonces hay muchas desventajas. Solamente en la medida que se vaya reconstituyendo un movimiento que parta de lo que ahora los indígenas levantan, que vayan convenciendo a los demás que no es un asunto solo de indígenas sino del conjunto de la colectividad, de que es la defensa de la vida de todos la que está en juego y que la democracia es absolutamente la condición de eso, que es la producción democrática de una sociedad democrática lo que está en juego.

Ese debate ya está colocado hoy día en Perú, ya hay núcleos en diversos lugares, la dispersión está todavía allí, pero probablemente no tardaremos mucho en comenzar a tener tejidos mayores.

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Paraguay: Movimientos sociales y proceso político José Parra Gaona Las organizaciones campesinas han aportado una importante dinámica al proceso de luchas sociales. Durante los años 60-70 hubo un gran movimiento campesino en torno a las Ligas Agrarias Campesinas y a las juventudes agrarias. Se basaban en las ideas de la Teología de la Liberación y en los aportes del marxismo, una mezcla que dinamizaba las actividades de base, especialmente las acciones solidarias y de reclamos al gobierno, en ese entonces la dictadura de Alfredo Stroessner que actuaba en forma represiva y con mucha violencia, con torturas y asesinatos de quienes se organizaban y levantaban su voz contra el régimen dictatorial.

Las bases de las Ligas Agrarias trabajaban en el sentido de la solidaridad, con mingas en los trabajos agrícolas y comercialización a través de almacenes de consumo, que eran administrados por los mismos asociados y asociadas.

Las actividades religiosas comunitarias reforzaban, con sus reflexiones, estas prácticas solidarias y cuestionaban la sociedad capitalista, en la que se explota al hombre por el hombre y se acumula riquezas en pocas manos a costa de la pobreza y la miseria de la gran mayoría.

Podemos señalar que en aquellos tiempos difíciles había mucha solidaridad, tolerancia, apoyos mutuos y acciones casi clandestinas debido a la represión, porque la dictadura tenía una red de informantes en casi todas las comunidades, quienes eran premiados si descubrían a uno o varios "comunistas" en sus zonas. En realidad no había muchas organizaciones. Estaban las dos grandes organizaciones campesinas y la de la juventud: 1. La Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas (FENALAC), que era dirigida más por los sacerdotes jesuitas de los departamentos de Misiones, Paraguarí y Cordillera.

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2. La Federación Campesina Cristiana (FCC), que era de carácter más gremial, afiliada a la Central Cristiana de Trabajadores (CCT). La FCC, a su vez, afiliada a la Federación Campesina Latinoamericana (FCL), y la CCT, por su parte, afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Las bases de la FCC estaban ubicadas en los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Concepción y parte de Guaira.

3. La Juventud Agraria Católica (JAC), que estaba más dentro del campo de la Acción Católica, así como Juventud Obrera Católica (JOC) y otros grupos católicos muy activos y también combativos en aquel tiempo. Los jóvenes, con algunas excepciones, trabajaban con las Ligas Agrarias, cuyos componentes, en su mayor parte, eran los padres de estos jóvenes.

Mas adelante, orientadas por la FENALAC, se desarrollaron experiencias de vida comunitarias en torno a las Comunidades Cristianas de Base. Una de las más destacadas fue la comunidad de Jejui, en el departamento de San Pedro, junto con otras que desarrollaban, en menor proporción, una vida comunitaria, especialmente en distritos de este mismo departamento.

Otras experiencias que surgen de estas organizaciones, principalmente de las bases de la FCC, están relacionadas a cooperativas y otras asociativas para el desarrollo de la producción y la comercialización de los productos.

Todas las organizaciones de base estaban relacionadas a la Iglesia Católica que era como un amparo y cierta protección ante la represión de la dictadura, que actuaba, como ya señalamos, con una red de informantes en circunstancias en que hubo intentos de luchas armadas que fueron cruelmente aniquiladas. Por otra parte, toda organización popular era

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atribuida a una acción de los comunistas, si bien es cierto había un Partido Comunista Paraguayo, éste no era muy activo como quería atribuirle la dictadura.

Hubo intentos de construir una gran organización campesina o, por lo menos, una coordinación nacional que uniera a las Ligas y a los jóvenes, como el llamado KOGA, un gran encuentro de todas las organizaciones campesinas, que no llegó a concretarse, ya que había un conflicto por debajo relacionado al carácter confesional de la FENALAC y al gremial de la FCC. Mientras había este desentendimiento entre las organizaciones, la dictadura reforzaba su acción represiva cerrando los almacenes de consumo, prohibiendo las reuniones en las comunidades e inclusive los trabajos solidarios, las mingas. Asimismo, se intervinieron las comunidades de base, la de Jejui fue atropellada por un grupo militar en febrero de 1975, que, además, reprimió con violencia y detuvo a los varones integrantes de esa comunidad, incluido el sacerdote Braulio Maciel, quien fue herido en la pierna en esa acción. Posteriormente, en los siguientes días, se reprimió a todas las demás comunidades de base.

La represión llevó a las organizaciones a un análisis y a una discusión a nivel nacional.

Debemos señalar que en aquellos años estaban muy activos los grupos amados, en Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. En Uruguay. los Tupamaros. En Paraguay, también se dio la discusión para adoptar la línea de la lucha armada. Esto llevó a que surjan dos líneas: la armada, que constituye la Organización Político Militar (OPM) y la que sigue la línea de masas, con trabajo en las bases y articulaciones con otros sectores.

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En la prisión En 1976 la dictadura detecta a la OPM y ejecuta una represión generalizada. Se producen algunos enfrentamientos armados. La represión es cruel y violenta. Las torturas y asesinatos estuvieron al orden del día, hubo una importante cantidad de desaparecidos y ejecuciones realizadas por escuadrones de policías y militares destinados a ese fin por la dicta-

dura. Miles de apresamientos, incluyendo a los que estaban trabajando en la línea de masas: catequistas, docentes, miembros de partidos políticos, grupos de intelectuales y profesionales independientes, todos quienes se oponían a Stroessner. Los miembros de la misma jerarquía de la Iglesia eran perseguidos.

Esta terrible represión, por otra parte, permite la concentración de presos políticos en la cárcel o campo de concentración de Emboscada, en la que más de quinientos presos políticos compartimos las celdas y los rigores de la prisión. Esto permitió que, en la misma prisión, se desarrolle una discusión sobre las debilidades de la lucha popular y los pasos necesarios que debían darse. Se definió que la lucha armada no era la opción posible.

Había que continuar con los trabajos de base, aprovechando siempre el amparo de la Iglesia u otras instituciones para una reactivación en los diferentes sectores: campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes, mujeres, jóvenes y los partidos políticos progresistas. Se había definido que lo principal, en ese momento, era el derrocamiento de la dictadura y ello tenía que unirnos, dejando en segundo plano las diferencias.

La apertura democrática Como nunca se articulan diferentes grupos.

En los años siguientes, especialmente en los 80, aunque parezcan más tranquilos por el lado de las movilizaciones populares, en las bases se fueron creando las condiciones para la caída de la dictadura, lo que finalmente ocurre en febrero de 1989. Ya en la nueva etapa, sin dictadura evidente, con una apertura democrática, en los sectores populares, lastimosamente, se activan los grupismos, posiciones ideológicas radicalizadas, intolerancias, acusaciones mutuas. Este proceso lleva a la formación de decenas de organizaciones campesinas de base, de sindicatos y otras organizaciones populares; surgen 5 centrales campesinas y otras tantas centrales sindicales. Asimismo, se constituyen más de una docena de partidos políticos de izquierda.

Cada uno de ellos se atribuye la conducción de algunas de las organizaciones y centrales campesinas y sindicales.

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Aún con todas estas debilidades, se realizan importantes movilizaciones populares. Se destacan la activa y determinante participación de las bases campesinas por reivindicaciones propias como tierra, precios de productos, infraestructuras, servicios, entre otros. Una de las movilizaciones históricas de todos los sectores se da en mayo/junio del 2001 para rechazar la privatización de entidades públicas de electricidad y otras demandas. Después de 17 días de movilización, con cierres de rutas y enfrentamientos, en los que cae el compañero Calixto Cabral por las balas asesinas de la policía, se logra derogar la Ley de privatización por el Parlamento Nacional.

Este compañero se suma a otros caídos en la lucha y en las movilizaciones, como Sebastián Larrosa y Pedro Giménez, jóvenes campesinos también asesinados por la policía en plena movilización en la ruta. La mayor parte de los asentamientos campesinos nuevos son producto de la lucha de las organizaciones de sin tierra, así como la conquista de mejores precios para los productos. También se realizan movilizaciones de carácter político como la lucha contra el ALCA. Entre el 2002 y el 2003 se da una importante discusión en el seno de las organizaciones gremiales, en la que se define a la organización gremial como un instrumento y espacio de las luchas reivindicativas, pero también de propuestas, especialmente en lo que se refiere a su campo de lucha. Con esto también se definen a los partidos políticos de izquierda o progresistas como otros instrumentos fundamentales para las luchas populares. Estas herramientas políticas partidarias son las que participan activamente en el campo político electoral, con las propuestas de los sectores populares, teniendo en cuenta las reivindicaciones y las luchas de las organizaciones gremiales y la propuesta de otro manejo del Estado a través de la conquista del Gobierno y la construcción de otra sociedad.

En Paraguay, la discusión mencionada ha traído más de un problema y una gran dificultad para la unidad popular, aún en circunstancias en las que claramente se necesita de la unidad de acción. La excepción fue la movilización contra las privatizaciones del 2001. En el 2003 se intenta una propuesta de unidad de

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los sectores populares, con el objetivo de participar en las elecciones generales de ese año, creándose la Izquierda Unida. Después de una serie de reuniones, acuerdos y desacuerdos, finalmente de la docena de partidos de izquierda, solamente dos participan y sólo un sector de una de las centrales campesinas y una parte de los sectores sindicales.

Ciertamente que fue un hecho anecdótico, no se conquistó ningún espacio.

Considero importante señalar que las acciones de parte de la oligarquía dominante y gobernante en el Paraguay han sido muy precisas.

Ha jugado directamente ofreciendo propuestas, cediendo ante reclamos o entregando incluso recursos importantes, tanto a las centrales sindicales como a dirigentes importantes, por lo cual más de uno ha ido a parar a la cárcel al verse involucrado en hechos graves de corrupción. Ante sus reclamos, a las centrales campesinas les han facilitado subsidios que, en muchos casos, ha sido utilizados como mecanismos prebendarios. En otros casos, el Gobierno ha entregado importantes sumas de dinero para diversos proyectos campesinos.

Se han utilizado miles de millones de guaraníes, que sin una organización administrativa para el efecto, ha traído situaciones y prácticas de corrupción y de desconfianzas que han afectado a las organizaciones y han sido aprovechadas para mutuas acusaciones entre las organizaciones campesinas. No solamente las organizaciones o sus dirigentes han caído en esta situación. La misma institución de administración de la tierra, de los asentamientos campesinos, ha aprovechado para negociados en la compra de tierras, herramientas y otros insumos. Otras instituciones también se han visto involucradas en los negociados de compra de semillas y agroquímicos o agro tóxicos para la producción.

Partidos y movimientos Durante toda la experiencia vivida y sufrida, en las movilizaciones, en las represiones, en las imputaciones por la justicia de los compañeros y compañeras dirigentes por participar y dirigir estas movilizaciones, así mismo en el proceso de conquistas de algunas de las reivindicaciones se han ido discutiendo, en el espacio mismo de las luchas y también en los

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momentos más tranquilos de jornadas y de talleres, sobre el proceso de la lucha popular en nuestro país. Cada partido, cada organización central, campesina y obrera, tiene sus puntos de vista y sus orientaciones para sus adherentes.

En el proceso actual, existen dos posiciones, que tienen sus efectos directos en la lucha popular de nuestro país: 1. La primera define a las agrupaciones político partidarias como organizaciones de carácter superior y llamadas a conducir el proceso de lucha en el país. Las organizaciones gremiales o sociales en general están bajo la dirección política de los partidos. En el país hay una gran variedad, están los partidos que entienden que la acción política es el no al voto; otros discuten aún su participación en el proceso electoral y otros están bien definidos y participando ya activamente, llevando detrás de si a las organizaciones bajo su dirección respectiva.

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2. La segunda es la postura de que tanto las organizaciones partidarias como las gremiales/ sociales son dos instrumentos de lucha con responsabilidades bien claras. Las organizaciones gremiales son de luchas reivindicativas y de propuestas de modelos en lo productivo, en salud, educación, entre otros. Sus acciones no están comprometidas necesariamente con los partidos, y aun en el caso de que éstos llegaran al gobierno, podrían seguir cuestionando y reclamando. Se las considera así más bien como un soporte y contralor permanente de las acciones partidarias. Los partidos políticos definen su accionar en la lucha por lograr la conquista del gobierno y de las instituciones del Estado, como un paso para la construcción de una nueva sociedad. Su accionar no incluye el de direccionamiento, como algo propio, de las organizaciones gremiales/sociales.

La diferencia entre estas dos posturas es clara. Las que definen como propio el direccionamiento de las organizaciones gremiales, también exigen la adhesión o afiliación de los asociados a estas entidades gremiales, a sus partidos, o, por lo menos, de sus principales dirigentes. Así se confunden estas organiza-

ciones y más bien trastornan los procesos de luchas de ambos instrumentos. La otra postura, que define a la organización gremial como independiente de la organización partidaria, no prohíbe que los asociados gremiales participen en las actividades políticas y que sean miembros de los dos instrumentos. Solamente que no participan en un partido en representación de su organización gremial sino como personas. Esto da fuerza y dinamiza la acción política electoral. Asimismo, los partidos políticos pueden proponer, aún sin que estén afiliados a los mismos, a personalidades gremiales o de otros sectores con una visión democrática amplia, superando las mezquindades tradicionales de los partidos en la hora de seleccionar candidatos electorales.

La coyuntura actual Actualmente en nuestro país estamos en una coyuntura electoral. Las posturas señaladas de nuevo están interviniendo. Sobretodo en lo que se refiere al campo popular, se trabajó una propuesta de unidad del mismo con la intervención de sectores importantes de organizaciones campesinas, sindicales y de partidos de izquierda. El planteamiento es establecer una base política social de respaldo fuerte a la candidatura popular de Fernando Lugo, ex Obispo de San Pedro, para las elecciones presidenciales de abril del 2008, que surgió como candidato de las luchas y movilizaciones de este departamento. Esta experiencia de unidad popular de nuevo presenta debilidades ya que asume planes electorales.

Así están juntos, en una propuesta electoral muy difícil de administrar, organizaciones gremiales y partidos políticos.

Los partidos políticos pueden exigir a sus adherentes el respaldo político, está en su misma naturaleza. Una central campesina o sindical no puede hacer lo mismo, sus adherentes son para los procesos de luchas gremiales y pueden tener otra opción política, sobretodo cuando desde los sectores populares hay diferentes propuestas para los cargos plurinominales, como son de senadores, diputados, gobernadores, juntas departamentales y parlamentarios del MERCOSUR.

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La candidatura de Fernando Lugo es coherente con las reivindicaciones gremiales, sociales y populares, y es, además, una alternativa válida frente a los candidatos de la oligarquía y de los grupos dominantes de nuestro país.

Por ello, se ha definido y acordado un programa y un respaldo unánime a su candidatura presidencial. Si embargo, esta misma unidad no se da para la propuesta de cargos plurinominales, planteándose dos opciones. Si estas llegan a comprenderse como dos vías para un mismo fin, estaremos contribuyendo a la unidad estratégica, en base al programa y a la candidatura presidencial común.

Este proceso electoral es una oportunidad importante para los movimientos sociales en general. Importantes sectores de la población están cansados de los tradicionales discursos de los políticos de los partidos, hoy en el gobierno. Asimismo, un importante sector que ya no participaba en las actividades partidarias y electorales, hoy está de nuevo animado por la esperanza de un cambio en nuestro país. Hay esfuerzos para no defraudar esta reacción popular, sin embargo hay posturas muy encontradas que, según entendemos, responde a tres factores que debilitan la posibilidad de la unidad política electoral: 1. Las posturas basadas en lo ideológico, lo teórico y dogmático que, en general, tienen poca comprensión de la realidad actual y cuyas definiciones políticas responden a parámetros teóricos rígidos, fundamentándose en experiencias internacionales, generalmente sectarias.

2. El interés desmedido por ocupar cargos electorales, inclusive con exigencias de estar en los primeros lugares, creando conflictos a veces de difícil solución y, desde luego, descalificando a los demás.

3. Las experiencias de conflictos o enfrentamientos anteriores que han creados situaciones de prejuicios sobre determinadas personas o entre ellas, que hacen difícil el compartir una misma propuesta o lista de candidatos.

Estas, a veces, son posturas muy caprichosas pero que tienen un efecto negativo en el proceso.

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De todas maneras, consideramos que la experiencia actual en Paraguay es de una dinámica importante. Las bases populares, en general, se están movilizando y buscando formas de incidir en las propuestas electorales, inclusive con exigencias para un proceso de unidad que apunta directamente a que los dirigentes hagan el máximo de los esfuerzos para superar diferencias, administrar lo que no se puede superar y por lo menos no desarrollar enfrentamientos entre sí, respetando las opciones que los grupos u organizaciones definan en esta coyuntura, con una visión de que la unidad tiene que darse, si no ahora en forma amplia, por lo menos que se sienten las bases para seguir construyéndola.

Indudablemente se han dado pasos importantes, pero aún insuficientes. Las diferencias actuales deben seguir trabajándose, es nuestra misión histórica. Lo claro es que estas diferencias y discusiones se dan en las esferas dirigenciales por diversos motivos, como lo señalamos anteriormente. A nivel de las bases, en general, hay un espíritu y hasta prácticas constantes de unidad de acción.

Esto se comprueba suficientemente en las movilizaciones y en las luchas populares, ahí somos uno solo, fuertes y solidarios, y esto nos ha llevado a logros y conquistas importantes. Tanto en los tiempos de la dictadura como en los procesos actuales.

Por último, es necesario que en nuestros países tengamos una visión amplia del proceso latinoamericano, ello alimentará la necesidad y el esfuerzo de los diferentes sectores y grupos para seguir trabajando por la unidad de las fuerzas populares y cada vez con más claridad.

La división favorece al enemigo y frustra las esperanzas de cambio muy fuertemente arraigadas actualmente en nuestro pueblo. Es necesario también aprovechar las coyunturas favorables de los liderazgos populares que constituyen realmente las esperanzas de llevar adelante procesos de cambios necesarios.

José Parra Gaona es miembro de la dirección nacional de la Central Nacional de Organizaciones Campesina, Indígena y Popular (CNOCIP) y del Movimiento Popular Tekojoja.

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Chile. Entrevista a Miguel Millar

Bajo el peso del clientelismo Sally Burch Para el periodista independiente Miguel Millar, ex director de Radio Estrella del Mar de Chiloé y durante años implicado en la formación de líderes comunitarios, los movimientos sociales en Chile no pasan de ser una ilusión. A su juicio, la caída del gobierno de Salvador Allende continúa pesando como un trauma histórico en el convivir de su país y particularmente en las dinámicas organizativas, que hoy se ven atravesadas por prácticas clientelares de diverso tipo. Estas fueron sus explicaciones.

- ¿Cuál es la situación actual de los movimientos sociales en Chile, cuáles son las principales fuerzas y las articulaciones que existen entre ellas?

Yo tengo una percepción bastante crítica de lo que se llama "movimiento social chileno", porque hay un impacto del modelo implantado y desarrollado en Chile durante las últimas tres décadas y que es mirado con mucho éxito por los entusiastas del neoliberalismo, entre otras cosas. Nosotros a veces tenemos la pretensión o la sensación de que, cuando miramos algunas emergencias, algunos fenómenos que emergen desde la sociedad dentro de la opinión pública chilena, estamos asistiendo a la manifestación de un movimiento social. Pero considero que son ilusiones, pues se trata de manifestaciones netamente comunicacionales, que son rápidamente resignificadas y resimbolizadas por el sistema.

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Te pongo un ejemplo, las reivindicaciones tanto desde los estudiantes secundarios que tanto nos llamaron la atención durante algún tiempo, las movilizaciones ciudadanas en torno al transporte público en Santiago, las acciones de movimientos laborales en torno a reivindicaciones salariales, todas se resuelven con un poco de ingeniería, un poquito más de ingeniería y se resuelven todos los conflictos sociales que hay en Chile y que "ponen en

movimiento a esta gente" y con eso tú te das cuenta que detrás de ese movimiento no hay una orientación política, no hay un proyecto de mundo, no hay una intención de ponerse en marcha para cambiar el actual estado de cosas y proponer un estado distinto de las cosas, lo único que hay es una reivindicación puntual y concreta.

En esa medida, lo que llamamos movimiento social en Chile está siendo permeado y cruzado por esta práctica clientelista que no solo viene desde el Estado. Cuando decimos, hay un movimiento social en marcha, sucede que ese movimiento se pone en marcha como contraparte hacia el Estado. Esta práctica clientelista viene fundamentalmente de la empresa privada que es la que reorganiza, resignifica, resimboliza todo lo que es la participación y la vinculación de los individuos con la sociedad en Chile.

- ¿Qué pasa a nivel de los sectores, por ejemplo, el movimiento del campo?

En el movimiento campesino, no se ve organizaciones fuertes, lo que si hay son algunas representaciones, aunque más exactamente se trata de simulaciones de representación, simulaciones de movimientos. Hay organizaciones que tienen representación y cobertura en todas las regiones y que tienen representación nacional, y que más allá de eventualmente capitalizar y representar la ejecución en el territorio nacional de alguna medida de trabajo de una agencia internacional financiera, no hay más.

Hace algún tiempo trabajé con los Comités de Agua Potable Rural (APR), intentando capitalizar, intentando concretar un movimiento nacional, en torno a tres reivindicaciones puntuales. Ventanilla única, porque el fisco tiene 30 instituciones distintas que te financian 30 tipos distintos de agua potable rural.

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Normalización de los estándares de infraestructura para cada solución de agua potable rural, porque mientras más alto es el estándar, más pueden robar los intermediarios, de modo que el fisco, muchas veces sometido a presiones de corrupción política, tiene que construir muy altos estándares y con mucha plata, en lugar de tener 10 soluciones termina teniendo 2, no en beneficio de la comunidad, sino en beneficio de los que usufructúan del cobro de peaje administrativo de estos fondos.

Y lo tercero, era el tema de la participación de la misma comunidad como contraparte técnica.

Generalmente se contrata una empresa privada que se lleva todo el cheque y manda un técnico a dar una vuelta en camioneta, y lo que nosotros proponíamos era que sean las mismas comunidades las que reciban presupuesto y actúen como contraparte técnica para verificar.

Pero detrás de esto había una cosa superior, que es el tema de cómo politizamos la participación de esta gente dentro del proceso de conseguir una solución para tener agua potable rural en el campo, que tiene que ver con criticar la forma en la que se está administrando la inversión pública en beneficio de la comunidad, criticar y proponer.

Criticar y proponer la forma en la que ellos se relacionan con el Estado; pero cuando fuimos a buscar apoyo a estas organizaciones que representan al mundo rural a nivel nacional, nos encontramos con que todas insisten en que nuestras reivindicaciones tienen que ser viables, y para viabilizarlas tenemos que quedarnos en el tema de la ventanilla única, normalizar los estándares y en definitiva en la medida corta; pero cuando decimos, convirtamos esto en un proyecto político, sabes que, todo el mundo se asusta, todo el mundo se arranca, creo yo que por tres razones: Primero, porque la mayoría de estas organizaciones están cooptadas por distintas representaciones del Estado, desde los municipios hasta la senaturia, y el politizar demasiado el movimiento los obligaría o los expondría a perder estos padrinazgos políticos que se expresan en plata que le llega al bolsillo a ese personaje.

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Porque también están sujetos a la evaluación de viabilidad de las agencias internacionales de cooperación que los financian y esa exigencia de viabilidad les exige indicadores concretos, medibles, reales, nada que sea demasiado que no se pueda medir.

Y tercero, porque está todo permeado por el clientelismo tanto desde la empresa privada como desde el Estado en Chile, en este minuto dominante en Chile, y es por estas tres razones todo el mundo se queda en pedir una cañería de agua, en pedir, y nadie está en condiciones, creo yo, de dar el salto y no pedir una cañería de agua, sino pedir una relación distinta con el Estado.

Te pongo un ejemplo, un alcalde corrupto en una comuna pobre y aislada que tiene 30.000 habitantes, el tipo con 6.000 votos sale electo alcalde y el problema no es que robe plata y se la ponga en el bolsillo, el problema es que roba plata y reparte, el presidente del club deportivo recibe una canasta familiar todas las semanas, el presidente de la junta de vecinos recibe una plancha de zinc, al otro tipo que es presidente de un centro de cuadrillas y apoderado, le contratan a su hija en el municipio, su hija ni siquiera sabe escribir a máquina pero ahí tiene un asiento y un sueldo de secretaría. Entonces, el tema es que el tipo te está corrompiendo a todo el movimiento social de una vez y para siempre.

Ese es el problema de los movimientos sociales en Chile, esa relación perversa, yo no sé como ha evolucionado el municipio chileno para convertirse en uno de los enclaves autoritarios más simbólicos y perversos de lo que nosotros llamamos democracia en Chile, el alcalde es literalmente un conde y toda la representación del movimiento social es parte de su corte y eso funciona así como si estuviéramos en la edad media, es atroz.

- ¿Qué está pasando con el movimiento indígena y su relación conflictiva con el Estado?

Siento que está demasiado confinado en un sector geográfico definido del país, pero también que ha tenido dificultades para, constituyéndose como proyecto político, establecer

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alianzas que le permita sumar a otros actores de la sociedad a lo que ellos están haciendo, a lo que ellos están reivindicando.

Yo tengo una lectura bastante crítica también del movimiento indígena, pues a ratos siento que lo único que quiere es tierra, y en la medida en que le den tierra y no cualquier tierra, tierra con pino, con bosques nativos de alto valor comercial, termina negociando absolutamente todo.

Por otra parte, la alteridad siempre ha estado puesta sobre la camisa y eso a ratos impide poder establecer lazos, esas negociaciones políticas que les permita a ellos apoyarse, reconocerse como pobres en un país de pobres y apoyarse en un movimiento o poner en marcha o compartir o enriquecer con lo que ellos están pidiendo que eso no es sencillo, como lo que ellos están haciendo, como el nivel de reflexión y de madurez política que ellos han logrado en su movimiento puede ser un aporte para enriquecer lo que no han logrado los otros sectores. Cabe precisar que no quiero ni siquiera animarme a decir movimientos políticos, quiero decir los otros sectores que eventualmente se organizan y tratan de ponerse en marcha.

- ¿A qué se debe está resistencia a la definición política?

Creo que el trauma de la ruptura histórica que significo la caída del gobierno de Salvador Allende es algo que a los chilenos todavía nos está pesando demasiado, por eso nos cuesta tanto pensar en política, por eso insistimos tanto en la viabilidad del movimiento, con el supuesto que ya no estamos para perseguir sueños.

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Tenemos demasiado marcado el bombardeo de La Moneda y tenemos demasiado marcado eso de que hay cosas que no se pueden, el "nunca más" en Chile es super simbólico, todo el mundo dice que tenemos que tomar medidas para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir lo que ocurrió.

Y la primera medida que hay que tomar es que los pobres no se vuelvan a sublevar, eso es lo que tenemos que garantizar, que el "movi-

miento social" chileno no se convierta en un movimiento político, porque si se convierte en un movimiento político corremos el riesgo de que esas cosas que ocurrieron vuelvan a ocurrir, y esas cosas son torturas, son muertes, son desapariciones, son exterminios de un sector de la sociedad, entonces, como todos tenemos que aportar a ese contrato colectivo que nos va a permitir que eso nunca más va a ocurrir en Chile, el aporte del movimiento social, es que no se va a convertir en un movimiento político.

Por lo mismo, que ya no va aspirar a establecer relaciones distintas con el Estado, que ya no va a aspirar a cuotas significativas de poder dentro de la administración pública y dentro de la relación con otros poderes que son públicos, como las transnacionales, como la empresa privada, como las fortunas del país. Ese es el aporte del movimiento social, es una cosa tácita, es perversísima, pero tú prendes la tele y dicen oye no, para, no se pongan insolentes, porque si se insolentan van a tener que intervenir las fuerzas armadas, y creo que ese fantasma le pesa demasiado al movimiento social chileno.

- ¿Y no ves signos de sectores donde se esté comenzando a cuestionar eso?

Creo que el desafío del movimiento social chileno pasa, probablemente, por aclarar cómo es ese mundo que queremos y entonces ver las herramientas necesarias para transformarlo. En ese sentido, considero que estamos en esa búsqueda, que va a tomar su tiempo antes de que tengamos respuestas, antes de que tengamos fuerzas, antes de que tengamos soluciones efectivas, antes de que tengamos una respuesta respecto de cómo se viabiliza en un movimiento social un proyecto político, siendo que el salto de lo social a lo político está obstaculizado por los fantasmas que todavía andamos trayendo los chilenos. Pero también es probable que se deba a que nosotros insistimos en nuestras viejas fórmulas, en nuestras viejas estrategias, en nuestras viejas formas de soñar el mundo, y lo que tenemos que hacer es darnos tiempo para que otros tomen ese lugar, nosotros también podemos aprender de ellos y nos digan cómo es el mundo que queremos cambiar ahora.

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Colombia:

Todas las causas son nuestras1 Manuel Rozental Al pueblo Nasa del Norte del Cauca La introducción del Mandato Indígena y Popular2 de septiembre de 2004 en Cali, propuso la lucha de los pueblos y movimientos sociales de Colombia. "El desafío que nos convoca"3 es reconocer que no se trata de una lucha por reivindicaciones al interior de un orden social sino de la confrontación de dos paradigmas o maneras de entender la vida, opuestos e incompatibles. Al Proyecto de Muerte que ya está destruyendo la Madre Tierra4 por su afán de explotar la vida para acumular de manera insaciable, se le enfrentan desde la sabiduría ancestral de los pueblos originarios los Planes de Vida para los que esta es el fin último y el propósito de las sociedades es promoverla y defenderla promoviendo equilibrio y armonía. Afectado por contradicciones y en medio de dificultades, algunos pueblos dentro del movimiento indígena y popular nombraron esta palabra para actuar en consecuencia y han convocado a otros pueblos y procesos a tejer una jigra de unidad para hacer posible el otro país necesario. Quien pretende firmar con su nombre una verdad como la que nombra el Mandato, no la ha entendido y la está negando. Nadie es propietario de la verdad. Las verdades son seres que tienen su propia vida y la siembran autónomas por los caminos de las conciencias.

Este artículo no es sobre ningún movimiento social colombiano en particular aunque los nombre, sino sobre la lucha entre un Proyecto de Muerte y los Planes de Vida de los pueblos.

Desde la conquista, el movimiento indígena ha resistido, recuperado sus tierras y procesos, luchado por su autonomía y finalmente, ha salido a contribuir al tejido colectivo de alternativas sin pretender tener las respues-

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tas. Esa verdad sencilla y hermosa es una palabra que nombra el camino, es la hora del desafío de hacerla colectiva en las conciencias y en las acciones para que se vuelva libertad.

Revolución -contrarrevolución En "La Última Masacre Colonial"5, la evidencia histórica lleva a su autor Greg Grandin a concluir que en Latinoamérica transcurre un proceso de contrarrevolución permanente. Esta contrarrevolución es de carácter preventivo, porque se prepara y se implementa para evitar que haya una reacción desde procesos de resistencia. El carácter revolucionario de la resistencia no es definido desde posiciones ideológicas, sino a partir de la defensa de la libertad y la autodeterminación frente a la agresión del capital. Esta dinámica contrarrevolución-revolución, es resultado de la colonización de territorios y la opresión y explota1

Nuestra lucha es mucho más que un sólo tema de la agenda [ 07/26/2007] [ Fuente: Asociaciòn de Cabildos Indìgenas del Norte del Cauca-ACIN ] [Autor: Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida]. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=5455

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Mandato Indígena y Popular del Primer Congreso Itinerante de los Pueblos. Santiago de Cali, Septiembre de 2004. http://www.nasaacin.net/mandato_indigena_popular.htm Introducción del Mandato Indígena y Popular: http://www.nasaacin.net/mandato_indigena_popular.htm Libertad para la Madre Tierra: http://www.nasaacin.net/libertad_madre_tierra.htm Grandin, Greg. The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War. Chicago University Press 2004.

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ción de pueblos y riquezas para beneficio de intereses particulares que se sirven de regímenes e instituciones en su afán insaciable de acumulación. Desde la conquista hasta nuestros días, en cada fase (colonial, republicana, neoliberal, etc.) se implementan las estrategias contrarrevolucionarias indispensables para instaurar los regímenes de turno.

Grandin estudió la historia a través de las vidas de líderes de movimientos sociales, la resistencia de Guatemala, develando desde allí la esencia de la resistencia de todo el continente como fundamento de la historia. La flexibilidad estratégica, la adaptabilidad histórica y la acumulación sistemática de experiencias y saberes son inherentes a la intervención del capital. La estabilidad de los regímenes desde la conquista, depende que la coerción y el consenso consigan la mayor legitimidad posible sin sacrificar la máxima acumulación.

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Las conclusiones de Grandin son particularmente validas en Colombia. La nuestra es la historia de un robo a mano armada. El ladrón (un sistema dinámico desde poderes que desarrollan sus contradicciones mientras compiten por lo que consideran suyo) quiere cada vez más y en cada época se apropia del trabajo, explota la naturaleza y expropia el ahorro de los pueblos. Ha sido colonial, luego multinacional y ahora se transnacionaliza. Se enmascara y se encubre para convencer, usurpa cargos, dicta normas, hace promesas e invierte con cálculo algo de su botín a cambio de extraer un mayor beneficio. Cuenta con socios y cómplices que se identifican con sus intereses y maneja enormes recursos que ha acumulado a fuerza de robar, reprimir y ejercer el poder durante más de cinco siglos.

Acumula saberes, poder y fuerza para robar.

Se constituye en hegemonía. Es la ley, el orden, la institucionalidad, la verdad oficial, la mentira encubierta, la información y la noticia, la fuente de empleo, la única posibilidad de riqueza y bienestar. Desde la hegemonía alcanzada, ejerce el terror oficial, es decir, el "derecho legítimo a la fuerza" complementado con las prácticas de guerra sucia por parte de escuadrones de la muerte o grupos paramilitares indispensables para poderse mantener. Algo hacen estas fuerzas represi-

vas "para servir y proteger", adquiriendo la legitimidad que necesitan para someter a los pueblos, lo que constituye su función histórica última.

Como lo documenta de manera brillante Naomi Klein en su obra más reciente6, este robo a mano armada utiliza estrategias de "Choque" que incluyen (asestar o aprovechar) golpes integrales e intensivos de gran magnitud que sacudan y sorprendan a la población de países y regiones enteras hasta dejarlas en situación de máxima vulnerabilidad y dependencia. Aprovechan esta situación para aplicar la receta de "Choque Económico" de la escuela de Chicago. Esta receta de Milton Friedman comprende: "ajuste estructural" que incluye "liberalización" comercial y financiera y abre la economía a mercados globales; "desregulación" que remueve al Estado de las decisiones económicas e impone la "flexibilización laboral" y "privatización" de empresas y bienes públicos para que el interés de acumulación privada no se vea limitado por el derecho al bienestar colectivo. En ese contexto, se hace necesario el "Choque Eléctrico", es decir, la represión, el terror y la tortura aplicada sobre los cuerpos para destruir de hecho y en forma anticipada la resistencia de los movimientos sociales. La estrategia contra los pueblos y movimientos sociales se transnacionaliza ahora en la "guerra contra el terrorismo". Terrorismo que se promueve desde el capital para justificar la guerra y promover la enorme industria de la "seguridad". El proyecto contrarrevolucionario desplaza la confrontación entre los movimientos sociales y los opresores del terreno político-ideológico al terreno de la guerra para poder justificar su uso y legitimar la agresión.

El modelo Colombia Colombia constituye un modelo particularmente cruel y eficiente del robo a mano armada que se sirve del "Choque Permanente" a través de la destrucción de movimientos sociales para establecer la hegemonía del capital: 6

Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The rise of disaster capitalism. Knopf Canada 2007.

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En primer lugar, Colombia tiene un acumulado histórico, un "capital hegemónico" para someter, controlar y destruir a los movimientos sociales.

Colombia es la "Democracia Genocida"7 por excelencia. El poder económico, se ha servido del terror y de la violencia siempre, como estrategia fundamental para alcanzar sus fines. Para legitimarse, articula al terror, dispositivos de comunicación y propaganda enmarcados en un régimen parlamentario legalista con una semblanza democrática estable. Se repiten procesos electorales cuidadosamente controlados (por poderes económicos, la propaganda y el terror) de modo que siempre "ganen" quienes ejercen la hegemonía y defienden un "orden institucional democrático". Al pueblo se le impone la guerra sin otra alternativa que involucrarse en ella (para justificar la represión). Se lo somete con el terror, el circo, la mentira y el empobrecimiento que lo obliga a rebuscar el sustento y agacharse para sobrevivir.

En segundo lugar, este modelo ha superado crisis y períodos violentos de ajuste que corresponden a las transiciones entre las fases del capital y a las luchas de resistencia popular, acumulando experiencia para adaptarse sin cambiar en lo esencial.

Este "Modelo Colombia" refleja la experiencia acumulada en la lucha del capital contra los movimientos sociales. Es indispensable reconocer el heroísmo ejemplar de la resistencia en Colombia.

Su sacrificio, creatividad, diversidad y resurgimiento perduran a pesar de una persecución despiadada en condiciones de desventaja y apremio constantes. El modelo es tan fuerte como la resistencia que le han opuesto los pueblos. El poder ha sabido consolidarse mientras que los movimientos sociales no han podido hacerlo. La nuestra es la historia de fases del capital y ciclos reactivos de un conflicto cuyo resultado termina siendo la lucha de los movimientos sociales por negociar sus condiciones de sometimiento y explotación ya que el modelo económico se ha adaptado y consolidado.

El Modelo Colombia habría caído de no ser porque quienes ejercen el poder han contado con enormes apoyos externos (en particular de los EEUU) para mantener una correlación de fuer-

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zas favorable a sus intereses e impedir la articulación de los movimientos sociales. La resistencia popular ha confrontado al Modelo a través del tiempo agudizando sus contradicciones y desafiando la estructura de poder llegando a generarle crisis de profundidad diversa, obligándolo en coyunturas particulares a maniobrar y a hacer algunas concesiones para sobrevivir y superar las crisis. En última instancia, las crisis han reforzado al modelo y por ello no se han liberado los pueblos del yugo explotador.

El resultado hasta el momento, es el de un país propiedad de unos pocos articulados a capitales globales que han acumulado fuerza y capacidades para someter a los pueblos y reducir a los movimientos sociales a luchar por reformas y condiciones de explotación menos oprobiosas, aspirando a una libertad que aparece distante e indefinida.

En estas condiciones llegamos al período actual de agresión neoliberal que impone el desmantelamiento de los derechos adquiridos y de los logros de la lucha de resistencia a lo largo de la historia. La mayoría de la población resulta desechable para el establecimiento. De un Estado débilmente protector con mínimas funciones de redistribución de la riqueza, promoción de la seguridad social, defensa de derechos fundamentales y desarrollo de la capacidad productiva y de los mercados internos, se avanza hacia el Estado transnacional que sirve a intereses corporativos globales entregando el territorio y la riqueza. Esta transición genera una crisis por la implementación despiadada del plan de ajuste estructural de inserción de las élites, del territorio nacional, de las riquezas, los recursos y el trabajo a la globalización neoliberal.

Las intenciones de este plan se encuentran elocuentemente encubiertas y expuestas en el documento del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez "Visión Colombia 2019"8 en el que se lee, por ejemplo: "la democracia 7

Giraldo, Javier. Colombia esta Democracia Genocida. Equipo Nizkor 1994. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/giraldo1.html

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Departamento Nacional de Planeación, Colombia.

Visión Colombia II Centenario: 2019. Planeta; DNP 2005

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que en últimas no es más que la capacidad de aceptar las reglas independientemente de los resultados". La guerra contra el terrorismo, el paramilitarismo, el narcotráfico, la agresiva agenda legislativa, la política externa del Gobierno, el establecimiento de bases militares de los EEUU y la política de "Seguridad Democrática", la negociación del TLC y la agenda legislativa, la apertura y entrega de recursos, riqueza, ahorro y trabajo al poder corporativo, la transformación del campo en monocultivos para agro combustibles, el desplazamiento poblacional masivo desde regiones destinadas a megaproyectos, la mayor y más grave crisis humanitaria del continente, la peor situación de derechos humanos, la implementación del Plan Colombia y la articulación con otros planes e iniciativas de integración continental (Plan Puebla Panamá, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA, etc.), son expresiones de este proceso de ajuste y actualización.

El Proyecto Paramilitar apoyado desde los EEUU es la adaptación del Modelo Colombia a este período de transición. Consiste en la apropiación del Estado por parte de escuadrones de la muerte9, y élites locales y nacionales en proceso de transnacionalización para la extracción de riqueza y valor al servicio de contrapartes corporativas. Un modelo que se proyecta desde el territorio colombiano a la Región Andina, al Continente y a otros ámbitos donde el capital global pueda servirse de esta experiencia que articula el horror y la guerra permanente con las leyes y las elecciones. En Colombia se implementa un plan del capital transnacional de largo alcance que se sirve de gobiernos de turno, instituciones y personas. El plan se seguirá implementando mientras la resistencia no desenmascare a sus autores para detenerlos.

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La transnacionalización de Colombia se da en un contexto continental signado por el fortalecimiento de los movimientos sociales y populares articulados a partidos políticos que llegan al poder y que han surgido precisamente como formas de resistencia al modelo neoliberal.

El desarrollo del conflicto en Colombia y la suerte de los movimientos sociales en este país son trascendentales para

el futuro de la resistencia del continente. De la capacidad de cambiar la adversa correlación de fuerzas, comprender, resistir y generar alternativas depende que este modelo de terror y mentira siga imponiendo su proyecto de muerte desde Colombia o que sea detenido de manera que un país con dueños y sin pueblos se transforme en un país de sus pueblos sin dueños10.

Fabricación del consenso El consenso se mantiene a través de un sofisticado dispositivo de propaganda diseñado para penetrar el imaginario, confundir la realidad y distorsionar la memoria. La versión hegemónica se impone. La pobreza, dice la versión oficial, es culpa de los pobres porque obliga al Estado a gastar en ellos y por eso argumenta, hay que reducir el gasto para reducir la pobreza. Se recorta el gasto redistributivo del Estado incrementando el militar para reprimir al pueblo por la vía de la guerra.

Guerra que se debe a la inversión del recurso público para capitalizar empresas privadas que generan ganancias enormes para pocos propietarios que concentran la riqueza.

Riqueza que acumulan a costa de la explotación y el desempleo que profundiza el conflicto social y promueve la guerra.

El consumismo, el entretenimiento y el miedo se combinan encubriendo la verdad con una versión ilusoria y oficial. El pueblo se entretiene mientras lo matan y lo explotan. El Presidente ordena "combatir, combatir y combatir" mientras asevera que en Colombia no hay guerra ni conflicto armado: y hay muchos que le creen. El poder es un acto permanente de propaganda a cuyo servicio están no solamente los medios masivos de comunicación, la información y las manipuladas estadísticas oficiales, sino el propio presupuesto del Estado que maneja el ejecutivo en espec9

Impunes y en proceso de legalización (Ley 975 de 2005) que actúan simultáneamente como poder político, económico y como terroristas

10 Tejido de Comunicación ACIN. Declaración final de la movilización Por el País que queremos. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=5794 2007.

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táculos públicos como los "consejos comunitarios" y que invierte en programas "estrella" como "Familias en Acción" y "Familias Guardabosques" que reemplazan la desmantelada seguridad social y los servicios públicos esenciales por asignaciones discrecionales del ejecutivo. El régimen, apoyado por enormes presupuestos que se presentan como "ayuda externa" de los EEUU, financia expertos contratados para aplicar el acumulado de experiencia internacional en fabricar realidades11.

La mentira es el lenguaje oficial que enmascara, entretiene y somete. El que algo quiere debe mendigar, ser cómplice, reproducir y promover la versión oficial. Al mismo tiempo que el terror paramilitar masacra, intimida, escolta megaproyectos y transnacionales y acumula poder por todo el territorio nacional, las víctimas escuchan al Presidente ufanarse anunciándoles enérgicamente que su Gobierno "desmontó el paramilitarismo", para el que convoca apoyo público porque según él, merece ser reconocido como actor político.

El poder monta "falsos positivos": atentados, asesinatos, organizados desde el Estado que causan víctimas y son actos de propaganda con argumentos de sangre y terror diseñados para que la versión oficial no pueda ser cuestionada y así justificar la política de "sangre y fuego". La propaganda funciona: el Presidente ha sido reelegido, el Gobierno mantiene una popularidad superior al 75% en medio de la zozobra y la miseria. Más audiencia tiene el fútbol y más movilizan Shakira y Juanes que los 3 millones de desplazados y las denuncias de las víctimas del régimen. Quienes se atreven a decir la verdad son acusados de mentir, tildados con epítetos como "miserables" por el propio Presidente, asesinados, desaparecidos o forzados al exilio12,13. Tan sofisticado es este dispositivo de propaganda que saca ventaja de las condenas al régimen por sus delitos para promoverlo como democrático y transparente. Por ejemplo, el proceso que investiga la infiltración paramilitar del establecimiento es presentado como evidencia oficial de compromiso con la justicia. Las numerosas condenas al Estado por crímenes de lesa humanidad en cortes internacionales se encubren como hechos del pasado y el pago limitado, de fon-

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dos públicos de indemnizaciones inoportunas, insuficientes y a regañadientes constituye, según el Gobierno, evidencia de su voluntad de justicia. La tortura, la desaparición, los asesinatos selectivos son culpa de sus víctimas. La propaganda oficial niega responsabilidad mientras señala, difama y acusa.

Cuando debe confesar, lo hace para resaltar su vocación de verdad y justicia14.

La insurgencia Colombia es un país en guerra. Una guerra en la que los derrotados son los pueblos y los movimientos sociales y el ganador es el proyecto transnacional que la aprovecha como negocio y como medio para imponer sus intereses y políticas.

Los movimientos insurgentes son una constante en la historia del conflicto en Colombia. Su presencia se explica y se justifica como reacción ante la agresión del establecimiento. Las guerrillas son actores sociales que ejercen y promueven la lucha armada como resistencia y, desde su perspectiva, como la única alternativa viable para la resolución del conflicto en Colombia. Los movimientos insurgentes han sido diversos en sus orientaciones, posiciones ideológicas, presencia y estrategias alrededor del uso de la fuerza. Su tradición político-militar, su permanencia en el tiempo, su lectura de la realidad desde la guerra revolucionaria, su estructura y experiencia, los han llevado a defender el uso de las armas y la guerra como inevitable y necesaria para 11 Coronell, Daniel. El gentil señor Rendón.

Semana.com. 08/29/2005. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=1334 12 Revista Semana. Escuche la confrontación UribeCoronell. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdAr t=106790 13 FLIP. Estado de la Libertad de Prensa en Colombia.

Enero-Junio de 2007 http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=220 14 Entre muchos casos, es diciente el manejo del asesinato de Jaime Gómez. Gómez, Diana.

Sí…Asesinaron a Jaime Gómez, 09/27/2007 http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=6127 y http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=6160

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cambiar la correlación de fuerzas como medio para asumir el poder. La capacidad militar, en particular la de las FARC-EP y su amplia presencia en todo el territorio nacional, son determinantes en la dinámica de la relación entre la población en general, los movimientos sociales y populares y el establecimiento.

La historia explica y ayuda a comprender su intolerancia hacia movimientos sociales que no se sumen y no respalden claramente la lucha armada. La insurgencia ejerce una abierta oposición, confrontación y aún persecución a personas y movimientos que la cuestionen. La dinámica de la guerra permanente, la magnitud de las fuerzas en contienda, las características del territorio y sobretodo las fases históricas del conflicto integral con el establecimiento han llevado a la insurgencia a oscilar entre actuar como movimientos políticos en armas o como ejércitos insurgentes con discursos y objetivos políticos, es decir, entre las ideas apoyadas en la fuerza o la fuerza apoyada en ideas. Los procesos de diálogo infructuoso, seguidos predecible e inevitablemente hasta ahora por la profundización de la guerra, han extendido y deteriorado el conflicto a la vez que han levantado obstáculos que aparecen insalvables para alcanzar una salida negociada mientras esta dinámica persista. El uso permanente de la violencia contra los pueblos, tiende a radicalizar a la insurgencia en el uso de la fuerza, lo que nutre sus bases de apoyo y sus filas. El dolor, la sed de venganza, la injusticia social, la impotencia y el deterioro de las condiciones de vida que trae la agresión integral del proyecto transnacional, empujan gente hacia las filas de la guerrilla.

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Así como quienquiera que lo critique es un "terrorista" o un "guerrillero disfrazado", según el establecimiento, para la insurgencia, quienes no se someten a sus orientaciones son tildados como paramilitares y convertidos en objetivos militares. El movimiento indígena y popular es víctima de esta trampa que además de cobrar la vida de varios dirigentes, mantiene a la población sometida a señalamientos y persecuciones. La resistencia de los pueblos y movimientos sociales frente al proyecto del establecimiento es simultáneamente una exigencia de autonomía frente a

los actores armados. Los pueblos indígenas han sido muy claros en esta posición que les ha costado caro. Viene surgiendo un movimiento por el Acuerdo Humanitario. Su voz más visible, el Profesor Moncayo15 (quien caminó más de mil kilómetros hasta Bogotá para exigirlo) es también un vocero para la mayoría de quienes rechazan la opresión y las políticas de Estado y a la vez son víctimas de la guerrilla de modo que no pueden ser señalados como terroristas por el Gobierno.

Exigen justicia social, convocan a la resistencia y rechazan sin ambages a la insurgencia y sus acciones contra el pueblo. La rebeldía no puede ser prerrogativa exclusiva ni excluyente de la insurgencia sino un derecho fundamental de los pueblos y de los movimientos sociales que intentan defenderlo y ejercerlo en medio de las amenazas.

Los avatares de los movimientos sociales El impacto de la guerra sucia y del Modelo Colombia sobre los movimientos sociales es innegable.

Como bien lo señala Héctor Mondragón16: "Así como el extermino de más de 2 mil sindicalistas permitió demoler el derecho laboral a punta de "reformas laborales", liquidar los hospitales públicos, privatizar las electrificadoras, Telecom y la refinería de petróleo de Cartagena y eliminar el derecho de ECOPETROL a tener el 50% en toda explotación de petróleo o gas, ahora el extermino del liderazgo indígena se convierte en la base de la demolición del reconocimiento de los derechos conquistados por los pueblos indígenas en la Constitución de 1991 y en la ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio 169 de la OIT." La agenda neoliberal avanza "limpiando" efec15 Gustavo Moncayo El Caminante de la Paz. El Colombiano. http://www.elcolombiano.com/blogs/caminodelapaz/ 16 Mondragón, Héctor. Estatuto Rural Hijo de la Parapolítica. Indymedia, Julio 6 de 2007. http://colombia.indymedia.org/news/2007/07/690 53.php

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tivamente sectores y movimientos activos que se resisten y que aún no han sido desmantelados. El sector campesino ha sido duramente golpeado. Ahora, las estadísticas de la guerra sucia confirman que el proyecto de muerte se está ensañando con el movimiento indígena y con los movimientos que defienden el derecho a la educación. La agresión integral y el "Choque Permanente" han llevado a que los movimientos sociales tengan un carácter fundamentalmente reactivo, fragmentado y sectorial. Con sus mecanismos de presión, la agresión afecta la agenda de los movimientos sociales para distorsionar el carácter de la resistencia. Se organizan las víctimas, defensores de derechos humanos, de libertades fundamentales, de servicios públicos, de derechos laborales, etc. Lo coyuntural y reivindicativo tiende a pesar más que lo fundamental. La desconfianza, el sectarismo y la radicalización de posiciones ideológicas obstaculizan la unidad y el acercamiento entre movimientos. La dinámica del mercado favorece la institucionalización de los movimientos sociales y su dependencia en torno a instancias nacionales e internacionales (que tienden a ser burocráticas y jerárquicas) o del enorme y muy diverso sector de ONGs que se ven obligadas a competir por recursos y por el control y manejo especializado de áreas temáticas específicas. La falta de claridad política suficiente, sumada a las estrategias de propaganda, cooptación y financiación, generan confusiones y distorsiones que desplazan a los movimientos sociales de la prioridad de la resistencia. El proceso vivido por la ejemplar Iniciativa de Mujeres por la Paz17; una coalición amplia que se desmanteló recientemente, podría ser efecto de estas presiones.

Los afro-colombianos, a pesar de ser alrededor del 20% de la población, no son un movimiento social unificado ni se han consolidado como una fuerza con vocación y posibilidades de transformar la realidad. Son, con la población indígena, las mayores víctimas de la represión, exclusión, enajenación y sometimiento.

Con el apoyo del Proceso de Comunidades Negras18, uno de los movimientos sociales afro colombianos más admirables, las comunidades de la Costa Pacífica están

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dando una lucha ejemplar por la defensa de su cultura y sus territorios ancestrales logrando que la legislación colombiana reconozca sus derechos19. Una vez iniciaron el proceso de titulación colectiva de sus territorios, se enfrentaron con que estos son prioritarios para los actores armados, megaproyectos y el cultivo de agro combustibles. Han sido sometidos a la agresión paramilitar con masacres y desplazamientos masivos. El sufrimiento, el dolor y el valor de estas comunidades son innombrables. El desafío de consolidar la unidad afro colombiana desde su historia e identidad es enorme y aparece lejano. Todas las fuerzas vienen actuando con grados variables de éxito para dividir y debilitar estas comunidades que, de unirse desde su historia común entre sí, a la vez que se articulen a los movimientos sociales de resistencia, son una fuerza fundamental de la lucha popular.

A pesar de esta tendencia reactiva, dependiente y fragmentaria, los movimientos sociales identifican la agenda neoliberal de agresión, su integralidad y la relación que existe entre sus diversos impactos. Iniciativas integradoras (como la Gran Coalición Democrática20, a pesar de no ser un movimiento social) lograron articular la resistencia consciente de la población frente a un referendo citado por el Presidente con el que pretendía validar el ajuste estructural con un apoyo popular en las urnas. El Gobierno no pudo obtener el número de votos que necesitaba para que el referendo fuera válido. La lucha contra el TLC ha logrado articular la resistencia y la movilización en su contra logrando que hasta el momento no haya sido aprobado en los EEUU. Aunque se han dado grandes movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país en los últimos años, persiste la enorme brecha entre el discurso integrador y 17 Para conocer sobre esta excepcional iniciativa ver http://www.mujeresporlapaz.org/vocesocho08.htm 18 PCN, ver http://www.renacientes.org/ 19 Para información sobre la Ley 70, ver http://www.renacientes.org/index.php?option=com _docman&task=cat_view&gid=113&Itemid=94 20 Sobre la Gran Coalición Democrática ver http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtm l?x=268

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la práctica concreta de los movimientos sociales. Las acciones aisladas le han permitido al Gobierno reprimir violentamente movilizaciones que deberían haber convocado solidaridad o han evitado que se alcancen objetivos de lucha.

En momentos de crisis hay movimientos sociales que asumen una posición política equivocada y evitan asociarse con la lucha popular o con otros movimientos sociales bien sea por afanes protagónicos o para negociar sus intereses particulares frente al establecimiento sin el "estorbo" de otros procesos. En la práctica esta posición es autodestructiva y le hace daño a todo el proceso de resistencia.

El camino a seguir La articulación de los movimientos sociales en torno de una fuerza política apoyada en un frente de masas que cambie la correlación de fuerzas no ha sido posible en Colombia. Cada intento en esta dirección (y se han dado muchos a lo largo de la historia) enfrenta la intolerancia represiva y la persecución sangrienta del régimen. El caso más conocido es el de la Unión Patriótica, cuya militancia y liderazgo fue exterminada21. A esto se suman condiciones económicas e institucionales adversas y desconfianzas, sectarismos y diferencias hasta ahora insalvables. Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 establecen al Polo Democrático Alternativo (PDA), como el partido de oposición al régimen por encima de los partidos tradicionales y el partido de izquierda con la mayor votación en la historia del país. El PDA está lejos de haberse consolidado como fuerza de masas y es por el momento una coalición de diversas tendencias políticas articuladas alrededor de un "ideario de unidad"22.

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A juzgar por las lecciones de la historia, el futuro del PDA depende de la articulación sólida y coherente de tres componentes: 1.

Definir y defender una plataforma política que lo identifique en principio y en la práctica como un verdadero partido de oposición frente al régimen y al capital, 2. Incrementar el respaldo electoral y ocupar cargos públicos de Estado de manera coherente con la plata-

forma política y 3. Consolidar y responder a una agenda popular que surja de un frente de masas conformado por movimientos sociales conscientes, diversos y con capacidad de fiscalizarlo y de darle continuidad.

Históricamente, la plataforma política y el frente de masas terminan supeditándose a la dinámica electoral. En consecuencia, el proyecto popular se somete al pragmatismo y conflicto entre líderes y facciones que pugnan y maniobran desde posiciones de autoridad cuando ocupan curules parlamentarias o cargos directivos. Esa relación recíproca entre el PDA y los movimientos sociales definirá seguramente su futuro y pervivencia. El ejemplo del TLC muestra un camino ejemplar a seguir.

Mientras la bancada del PDA luchaba en el ámbito parlamentario contra este acuerdo, trabajaba en procesos pedagógicos para ilustrar a las masas sobre los impactos de este proyecto perverso y se unía a las acciones populares de resistencia. Si la agenda legislativa de la bancada se articula a la conciencia y a la movilización, el PDA y los movimientos sociales se fortalecen porque se necesitan mutuamente para construir una alternativa viable y para defenderse de la agresión del régimen.

La hegemonía permanece en poder del régimen que sin embargo, enfrenta una crisis de legitimidad profunda por el ejercicio del terror, el deterioro de las condiciones y calidad de vida de la población, el aislamiento del país en medio de procesos políticos alternativos, la destrucción ambiental, la corrupción, la concentración obscena de la riqueza y del poder y la entrega de la soberanía al poder corporativo. La historia da pistas claras sobre el camino a seguir por parte de los movimientos sociales para profundizar la crisis y generar alternativas que incluyen: 1. No se puede cambiar lo que no se entiende. Es necesario aprender a comprender la integralidad del Plan de Agresión del Capital y desarrollar la capacidad de ver el 21 Encuentro Nacional de Víctimas. Ver http://www.indepaz.org.co/index2.php?option=com _content&do_pdf=1&id=525 22 Ver www.polodemocratico.net

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todo desde sus impactos sin perderse en las luchas particulares y desarticuladas desde el dolor de cada proceso o pueblo.

2. Hay que impedir que el capital siga desplazando la lucha del terreno político-ideológico al de la confrontación armada.

3. Deben diseñarse estrategias prácticas y acciones coherentes para no permitir que la agresión someta a la resistencia a tener un carácter mayormente reactivo y fragmentado con agendas desarticuladas. El que solamente resiste está condenado a ser su agresor porque solamente entiende la agenda de quien lo oprime. Solos no podemos, nos necesitamos mutuamente para resistir y transformar la realidad.

4. Es indispensable recuperar la memoria de la lucha y acumular experiencia. La agresión si lo ha hecho. La resistencia es una lucha desde la conciencia de los pueblos y un esfuerzo pedagógico desde la memoria.

5. Luchar desde el dolor de cada pueblo y movimiento, pero comprometerse a sentir y compartir el dolor de los demás en palabra y en acción son el fundamento de una agenda de unidad para la resistencia que no tiene fronteras.

6. Si uno no tiene propuestas propias, termina aceptando y negociando las de los demás. El capital tiene planes, objetivos y estrategias. Es hora de que los movimientos sociales los tengan para convertirse en alternativas viables.

Otro mundo necesario es posible. Los que son para tener han sembrado de muerte y de dolor a Colombia. Un proyecto diferente, (una contra-hegemonía) en el que la vida es un fin y no un medio para que algunos acumulen ha dejado de ser una opción. Es una obligación de los pueblos en solidaridad recíproca para que haya futuro.

Manuel Rozental es Integrante del Tejido

de Comunicación de ACIN.

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Después del fin de la historia:

Los movimientos sociales latinoamericanos de hoy

Reflexiones preliminares Raphael Hoetmer Cuando al final de las ochentas cayó el muro de Berlín, el capitalismo neoliberal declaró su victoria final. Francis Fukuyama habló del fin de la historia, dado que ya no existirían contradicciones ideológicas. Según el sociólogo estadounidense, las lógicas interrelacionadas de la democracia liberal y el capitalismo habían abierto las puertas al reino de la libertad, en el cual el progreso, la democracia y la igualdad estarían esperando a todos los ciudadanos del mundo. La euforia capitalista del momento daba nacimiento a esfuerzos importantes de reestructuración del sistema mundial, facilitando el proceso llamado globalización neoliberal.

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Curiosamente dentro de la tormenta de la ofensiva neoliberal, aparecieron ya en 1989 nuevas resistencias frente a la dominación capitalista y sus consecuencias en la vida cotidiana alrededor del mundo. El Caracazo y los levantamientos indígenas en Bolivia y Ecuador pasaban primero desapercibidos o entendidos como restos del viejo orden. En realidad eran las primeras señales de otra globalización en marcha, que ha sido llamado por Boaventura de Sousa Santos "la globalización contra-hegemónica" y por Francois Houtart "la globalización de las resistencias". En todo caso, a partir del inicio de las noventas, aparecen dentro del fin de la historia nuevas rebeldías y sujetos políticos que atraviesan el planeta, desafiando al imperio.

En este escenario, los movimientos latinoamericanos ganan un protagonismo especial.

Como indica el nombre de esta revista, América Latina se puso en movimiento, introduciendo nuevas semánticas de la resistencia.

El grito "¡Que se vayan todos!" del verano argentino (2001/2002), la invitación de arti-

cularse del "¡Nada solo para los Indios!" del movimiento indígena ecuatoriano, y la propuesta de otro mundo de los Zapatistas: "Por un mundo donde quepan todos los mundos", influyeron en activistas alrededor del planeta.

Las imágenes de las bajadas desde El Alto en Bolivia, de las ocupaciones del Movimiento Sin Tierra en Brasil, y de la lucha contra el TLC en Ecuador indicaron que la historia reinició. O más probable- que la historia nunca terminó, ni terminará.

Casi veinte años después de la caída del muro y de la apariencia de esta intensificación de luchas, América Latina es otra. Como también los movimientos mismos. Los lemas "Otro mundo es posible" y "Que se vayan todos" ya no bastan. Frente a varias victorias, dificultades y derrotas, los desafíos son nuevos y las preguntas son parcialmente otras.

Por lo tanto, existe una gran necesidad de evaluación y comprensión de las lecciones aprendidas, y los nuevos desafíos que han aparecido en el camino. Este ensayo pretende ser una contribución humilde a esta tarea colectiva.

Las hipótesis internas de los movimientos Para poder evaluar los éxitos logrados por las organizaciones sociales en los últimos veinte años debemos entender las comprensiones y teorías que son internas a sus manifestaciones. Es decir, que son las hipótesis de cambio que dirigen a sus acciones políticas. La emergencia de nuevos movimientos sociales, y la innovación de luchas históricas en América Latina, corresponden a un momento histórico peculiar. A un lado, las contradicciones sociales en el mundo aumentaron dramáticamente,

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debido al contraste entre las promesas de libertad y progreso de la ofensiva neoliberal, y las experiencias cotidianas de desigualdad, mercantilización y exclusión social.

cinco tendencias, que son centrales para entender los avances y dificultades de las luchas emancipatorias de nuestra época.

Al otro lado, el fracaso del socialismo realmente existente puso en duda la teoría de cambio que guió por décadas a las luchas sociales del continente. Esta planteó la necesidad de la toma del poder estatal, para posteriormente realizar cambios estructurales en la economía, que transformarían la realidad.

Esta visión redujo la política a una serie de estrategias para tomar el poder institucionalizado, y en consecuencia entendía al cambio como una promesa del futuro. Sin embargo, el capitalismo logró su victoria justo en los ámbitos estatales y económicos. En este momento de crisis política y paradigmática, otros actores e hipótesis de cambio toman el protagonismo, en búsqueda de posibilidades reales de transformación social.

En primer lugar, los movimientos sociales parten cada vez más del reconocimiento de la diversidad de la vida humana, como fundamento para la emancipación.

Diferentes organizaciones y sujetos políticos se encuentran en base de sus críticas al capitalismo neoliberal, sin dejar al lado sus diferencias o llegar a centralizaciones excesivas. A la vez, las diversas luchas se realizan en los múltiples espacios de la vida social. Es decir, los indígenas y las mujeres luchan por su liberación dentro del sistema legal, el sistema político, los medios de comunicación, la economía y dentro de las organizaciones sociales mismas.

De esta manera se logra ampliar nuestra comprensión de lo político, entendiendo que la dominación está presente en todos los espacios de la vida.

Los nuevos imaginarios rebeldes corresponden a una comprensión más profunda de las relaciones de poder en la sociedad. Si bien es cierto que las estructuras económicas y políticas (inter)nacionales, son fundamentales en las configuraciones del poder, la organización y legitimidad de la dominación se sostiene en la cultura, las prácticas cotidianas y los imaginarios sociales que las regulan. Por lo tanto, gobiernos de supuestas izquierdas han reproducido a menudo las mismas corrupciones, violaciones, discriminaciones y exclusiones que los regimenes del status quo. En consecuencia, la liberación tiene que pasar por la creación de culturas e imaginarios sociales alternativos, que superen el racismo, centralismo, elitismo, machismo y sexismo que ya ordenan las sociedades en el continente.

Los diversos y múltiples movimientos han creado, además, espacios propios, para lograr una organización alternativa que corresponde a sus valores de solidaridad, justicia y democracia real. En ellos funcionan propuestas propias de educación, medios de comunicación y organización económica. De esta manera, los movimientos sociales contemporáneos se convierten en laboratorios para la construcción (o consolidación) de prácticas y relaciones sociales no-capitalistas, dentro y en contra del orden neoliberal. De estas autonomías emergen los llamados movimientos sociales prefigurativos que en sus formas de organización y acciones ya reflejan el otro mundo que buscan construir. En las palabras de Raúl Zibechi, los movimientos son portadores del otro mundo.

Reinventando la política

Los movimientos actuales, aparecen, por lo tanto, como procesos de aprendizaje, en vez de estrategias predefinidas para resolver la contradicción fundamental entre capital y pueblo. Finalmente, los conflictos sociales son cada vez menos restringidos a espacios locales o nacionales, como muestra el caso de la resistencia de una comunidad peruana, en el norte de Piura, en contra de la explotación minera en su territorio, en el cual están invo-

La emergencia de los movimientos sociales de los noventas surge entonces en respuesta a las relaciones de dominación neoliberal, y a la vez incorpora (auto-) críticas fundamentales a la izquierda tradicional. Los últimos veinte años representan, en este sentido, una búsqueda de reinventar la política en el contexto del mundo de las globalizaciones. Identifico

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lucrados una empresa transnacional, el gobierno nacional, legislaciones transnacionales, y redes de solidaridad con la comunidad formados por activistas alrededor de la planeta.

Los costos del éxito La ofensiva de los movimientos en América Latina ha cambiado el continente profundamente. Ya no existe una hegemonía neoliberal, salvo en las elites continentales y algunas fortalezas del conservadurismo (como Lima y Santiago de Chile). El nuevo imaginario rebelde que vive en sectores amplios de los pueblos americanos, ha dado luz a diversas luchas exitosas, que van desde la movilización contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia) y el proyecto minero de Manhattan en Tambogrande (Perú), hasta la caída de presidentes autoritarios como Gonzalo Sánchez de Losada y Alberto Fujimori.

Las movilizaciones han consolidado, además, la presencia de nuevos actores políticos que ya no son posibles de marginalizar o negar, como los indígenas en Ecuador y Bolivia, y el Movimiento de Solidaridad y Justicia Global al nivel internacional. En este sentido, el Foro Social Mundial representa una confluencia de diversos movimientos y luchas, que no tiene precedentes en términos de su amplitud, apertura, fuerza movilizadora y capacidad propositiva.

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A la vez, los movimientos han abierto el paso, para victorias electorales de candidatos progresistas, en diferentes países de la región.

Sin embargo, fuera de los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez (Rafael Correa esta aún por verse), es difícil encontrar el perfil progresista en los demás gobiernos "izquierdistas". Más bien, la necesaria tensión creativa entre la regulación de los gobiernos y el desborde (o la radicalización) de los movimientos, se encuentra debilitado en la mayoría de los casos, o hasta disuelto en algunos otros (como en Argentina). Las políticas de moderación y cooptación por parte de los gobiernos, ponen en peligro tanto la posibilidad de transformaciones reales desde el Estado, como la construcción de agendas

alternativas de las organizaciones sociales.

En segundo lugar, la fuerza e insistencia de las movilizaciones contra el neoliberalismo han generado una redefinición de las agendas neoliberales en el mundo.

El Consenso de Washington ha sido reemplazado por agendas nuevas, que incorporan algunos reclamos de los movimientos (respecto del medio ambiente, políticas participativas y el multiculturalismo), pero de ninguna forma cambian las estructuras de dominación. Sin embargo, en la opinión pública las políticas neoliberales han logrado mostrar una cara más humana, que busca quitar legitimidad a las luchas por un mundo mejor. Además, en el escenario actual han aparecido adversarios más difíciles de contestar para los movimientos, como Brasil y la Unión Europea, que pueden parecer más democráticos y abiertos que los EEUU, pero cuentan ambos con agendas agresivas para la integración bi-regional o continental bajo su dirección.

Los nuevos problemas encontrados por las organizaciones sociales del continente, corresponden en gran medida a su propio crecimiento y a los avances de sus agendas. Más bien, muestra la gran fuerza del capitalismo, de poder adaptarse a momentos de crisis y neutralizar sus críticas, a través de la incorporación de sus agendas. En este sentido, el problema mayor para las luchas sociales sigue siendo, la gran capacidad del capitalismo de convencer a la gente de la imposibilidad de otros mundos. Esto, además se combina con estrategias desarrolladas de deslegitimación y criminalización de la disidencia, como está ocurriendo muy claramente en Chile, Colombia y el Perú.

Desafíos en la actualidad La recomposición parcial del neoliberalismo no tiene que ser confundido con un supuesto debilitamiento de los movimientos sociales, como han venido sugiriendo algunos analistas.

Más bien, plantea la necesidad de identificar los desafíos que existen en la actualidad, y de evaluar el papel de los movimientos sociales en los procesos de cambio social.

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Una de las tensiones fundamentales dentro de las organizaciones sociales se da entre la institucionalización y la organización desde abajo. La pérdida de contacto de las dirigencias nacionales profesionales con las bases, las disputas por el poder interno, o la continuidad infinita de dirigencias, han debilitado a menudo a la fuerza de los movimientos. A mi juicio, la democratización interna y la renovación de liderazgos, son clave para la continuidad y radicalidad de los movimientos, y esto depende en gran parte del reconocimiento de la importancia de los dirigentes intermedios en las organizaciones.

En segundo lugar, en la lucha hegemónica por los imaginarios sociales, es crucial elaborar procesos propios de educación, medios de comunicación alternativos y mecanismos de sistematización de las luchas, que permiten la difusión y construcción de propuestas y perspectivas desde dentro de los movimientos. De esta manera se pueden superar o disputar la reproducción del status quo en la educación formal, los medios de comunicación masivos y las ciencias sociales hegemónicas, desde una nueva radicalidad que va -como dijo Mariategui- a las raíces de los problemas, y plantea la democratización real (entendido como el aumento de la capacidad de la gente de decidir sobre sus propias vidas) como su salida.

Un tercer elemento importante para los avances de los movimientos de nuestra América, son las iniciativas de diálogo entre diferentes luchas y organizaciones sociales, como por ejemplo entre movimientos de mujeres, el movimiento sindical y el movimiento indígena. Solamente de esta forma se puede comprender cómo las opresiones de, por ejemplo, los excluidos en las megas ciudades de América Latina, las comunidades indígenas y las mujeres, están vinculadas. A la vez permitiría ir superando las discriminaciones y marginalizaciones que aún persisten dentro de los mismos movimientos sociales. Más que crear agendas centralizadas o estructuras organizativas compartidas, se trataría entonces de incorporar mutuamente agendas entre diferentes sujetos políticos, de articular luchas

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sociales respetando sus diferencias, avanzar en la creación de alternativas reales para el neoliberalismo y democratizar las propias organizaciones.

Finalmente, un desafío fundamental es la superación de la separación entre lo social y lo político, en lo cual sigue insistiendo la izquierda tradicional. Esta idea es funcional al status quo, ya que promueve el divorcio entre la fuerza creadora del movimiento y la fuerza reguladora del gobierno, que ha sido crucial en los fracasos que van desde el socialismo realmente existente hasta el Movimiento Pachakutik en Ecuador.

Reconociendo la necesidad de procedimientos e institucionalidades para el auto-gobierno de la sociedad, el desafío actual para las fuerzas progresistas en el mundo es la construcción de procesos e institucionalidades que superen esta separación, desde la incorporación continua de movimientos en la institucionalidad.

América Latina en Movimiento Los cuatro desafíos señalados se dejan reducir a uno solo: crear otras culturas (políticas), que permitan la transformación social. Esto es más necesario aún en vista del pasado, en el cual las izquierdas mismas a menudo han sido sus adversarios principales. Este desafió no se resuelva en teorías o escritos. Más bien, requiere respuestas desde las prácticas de las resistencias y construcciones de otros mundos alrededor de nuestra América.

Entre las respuestas más creativas, siempre ha estado el proyecto de los Zapatistas. Sin embargo, los rebeldes sociales de Chiapas se encuentran actualmente algo desubicados, ya que iniciaron su Otra Campaña a partir de la convicción que López Obrador iba a ganar las elecciones mexicanas. En este escenario, los zapatistas hubieran terminado bien posicionados en la escena política, como el actor central para la construcción de la izquierda alternativa, en base de la crítica a un gobierno centrista con muchos vicios de la política tradicional mexicana. La inesperada victoria del conservador Felipe Calderón ha dejado -temporalmente- marginalizado al zapatismo.

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Al contrario, el movimiento indígena ecuatoriano optó por la participación en un gobierno de centro-izquierda, terminando en una pérdida enorme de legitimidad y apoyo. Las recientes elecciones para la Asamblea Constituyente vinieron todavía demasiado pronto. Sin embargo, la fuerza movilizadora de los indígenas debería garantizarles una influencia en el proceso de la reconstitución de la Republica y de la política del gobierno de Correa en general. La calidad de los líderes del movimiento, su agenda política tan desarrollada y la fuerza de las comunidades, además, deberían poder permitir la re-organización.

Una tercera figura, ofrecen los cocaleros del Chapare y el movimiento urbano popular de El Alto, que entienden al gobierno de Evo Morales como su instrumento político. Sin duda, el gobierno de Morales ha sido el más fiel a la agenda de los movimientos entre los gobiernos progresistas del continente. Sin embargo, existe una tendencia de centralización y aumento de la conflictividad social, que puede perjudicar la relación entre sus bases y el Movimiento Al Socialismo.

Crecientemente organizaciones sociales del país están asumiendo una posición más crítica al gobierno. La figura del instrumento político aparece en este escenario como una propuesta interesante, que, sin embargo, está aún por elaborarse en la práctica.

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En términos de la construcción interna, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, es uno de los ejemplos más interesantes. La organización social más grande del continente ha invertido mucho en los procesos y metodologías de educación y formación política de sus bases, en la construcción de alternativas económicas y en la creación de redes continentales. De esta manera, el MST ha podido consolidar sus bases y convertirse en uno de los referentes centrales para los movimientos del continente. Sin embargo, definir una posición frente el gobierno de Lula da Silva, ha presentado una serie de dilemas, que aún no están resueltos.

Adicionalmente, existe una gran variedad de luchas menos visibles o conocidas, como por

ejemplo las numerosas luchas resistentes de mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes y activistas por los derechos humanos de Colombia. La Comunidad de Paz de San José de Apartado es una experiencia que destaca, por su creatividad y persistencia. Los comuneros del norte del país, se encuentran en una zona altamente disputada entre los diferentes actores armados. A partir de su rechazo a participar en el conflicto tomando posición, los campesinos insisten en mantener sus tierras en paz; deseo que ya les ha costado más de 150 vidas.

Fuera de los marcos nacionales, hay avances e iniciativas importantes en la construcción de redes y encuentros transnacionales, como la creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) o los Cumbres de los Pueblos que buscan una integración alternativa. Los espacios de encuentro de los movimientos permiten el diálogo entre agendas diferentes, como pasó en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba (2006), donde los movimientos mas protagónicos eran el movimiento indígena y el movimiento para la diversidad sexual.

Otro esfuerzo importante, que destaca por su impulso del intercambio, son los diálogos de movimientos impulsados por las compañeras feministas de América Latina y la India. Los encuentros buscaron visibilizar y discutir controversias y agendas, entre indígenas, sindicalistas, mujeres y activistas LGTB. Todos estos diferentes ejemplos muestran búsquedas y luchas que siguen poniendo en movimiento a las relaciones de poder, los imaginarios sociales, las estructuras políticas y económicas, y las prácticas cotidianas de nuestra América. Vivimos una época de cambios profundos y continuos, que hacen el futuro sumamente incierto. No obstante, las luchas y sus avances en los últimos veinte años enseñan que otros mundos son posibles, necesarios y ya existentes.

Raphael Hoetmer es activista e investigador del Programa Democracia y Transformación Social

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