Capítulo Niñas propuesto por Plan Internacional

Título​ ​V Prevención​ ​y​ ​Protección​ ​especializada​ ​en​ ​niñas​ ​y​ ​adolescentes​ ​mujeres Capítulo​ ​I Derechos​ ​y​ ​garantías​ ​con​ ​enfoque​ ​de​ ​género​ ​y​ ​generacional Artículo 60.- Derechos y garantías especializados en las niñas y adolescentes.- Esta ley de carácter orgánico desarrollará el mandato constitucional de protección contra toda forma de violencia contra las niñas y las adolescentes considerando su condición de género y generacional para establecer los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación especializadas, impulsando los cambios en los patrones culturales que mantienen o promueven la desigualdad​ ​que​ ​inicia​ ​desde​ ​la​ ​infancia.

Artículo 61.- Especial obligación de protección a niñas y las adolescentes por parte de servidores públicos. - Toda persona que trabaje para el servicio público tienen la obligación de hacer cumplir esta ley a través de los mecanismos de protección integral especializados en niñez y adolescencia con enfoque de género, bajo responsabilidades civiles,​ ​administrativas​ ​o​ ​penales​ ​dependiendo​ ​del​ ​grado​ ​de​ ​responsabilidad.

Artículo 62.- Prioridad del Estado Ecuatoriano en la protección contra la violencia a las niñas y las adolescentes. - Todas las Funciones del Estado adoptarán las medidas necesarias, temporales o permanentes a través de normas, políticas públicas, programas especializados, medidas de contención, medidas de seguridad entre otras que determina esta ley, asignando recursos humanos y económicos suficientes para la erradicación​ ​de​ ​la​ ​violencia​ ​de​ ​género,​ ​en​ ​el​ ​ámbito​ ​de​ ​sus​ ​competencias.

Además de estas prioridades, la Función Judicial en coordinación con el Consejo de Igualdad de Género implementará otras medidas socioeducativas no privativas de libertad, que eviten la reincidencia en el caso de violencia y discriminación de género cuando​ ​sean​ ​cometidas​ ​por​ ​adolescentes.

Artículo 63.- Derechos de las víctimas. - El Estado garantizará el acceso de las niñas y las adolescentes víctimas a la administración de justicia especializada en violencia y con enfoque generacional, a través de la capacitación de estos enfoques de Derechos Humanos a las personas que trabajan en el sector justicia, en los términos establecidos en​ ​la​ ​Constitución​ ​y​ ​la​ ​Ley. Se​ ​considerarán​ ​especialmente​ ​los​ ​siguientes​ ​derechos​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes: 1. A recibir, durante todo el proceso, un trato humano y digno, con apoyo psicológico; 2. A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares​ ​y​ ​testigos​ ​a​ ​favor; 3. A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo de la persona autora del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de esta​ ​ley; 4. A ser escuchadas y a que se les facilite el aporte de pruebas considerando su edad​ ​y​ ​las​ ​circunstancias​ ​del​ ​tipo​ ​y​ ​modalidad​ ​de​ ​la​ ​violencia; 1

5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en esta ley, medidas de contención, información pertinente según su edad para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas bajo estricta​ ​protección​ ​por​ ​su​ ​edad​ ​y​ ​desarrollo​ ​bio-psico-social; 6. A interponer los recursos ante la o el juzgador de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar a través de sus representantes legales o persona natural o jurídica que represente a la niña o la adolescente, en caso que los padres estén por​ ​cualquier​ ​causa​ ​impedidos​ ​de​ ​hacerlo; 7. A ser asistidas especialmente durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio para que se reconozca como agravante la violencia cuando se produce en la niñez y adolescencia; 8. A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; 9. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los​ ​sentidos.

10. Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación​ ​con​ ​fines​ ​médicos,​ ​legales​ ​o​ ​de​ ​protección​ ​social.

11. Ser informada de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya​ ​generado​ ​el​ ​acto​ ​de​ ​violencia​ ​sancionado​ ​por​ ​esta​ ​ley.

12. Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para la víctima y su​ ​familia​ ​atendido​ ​por​ ​personal​ ​calificado.

13. Tener​ ​acceso​ ​gratuito​ ​a​ ​los​ ​siguientes​ ​servicios: a. Examen y tratamiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual​ ​incluido​ ​el​ ​VIH/SIDA. b. Examen, tratamiento y servicios de atención de maternidad en caso de estar embarazada, considerando protocolos especializados en salud adolescente. c. Examen​ ​y​ ​tratamiento​ ​para​ ​trauma​ ​físico​ ​y​ ​emocional. d. Recopilación de evidencia médica legal que considere la especificidad de​ ​las​ ​necesidades​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes e. Ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios​ ​ocasionados Artículo 64.- De las garantías especiales. - ​Esta ley garantiza a las niñas y a las adolescentes: 1. La información, servicios integrales de inclusión social a víctimas de violencia de género y la asistencia jurídica especialmente cuando se trate de violencia sexual, violencia en el núcleo familiar, maltrato, violencia o negligencia en la institución educativa, acoso laboral a niñas mayores de quince años, acoso mediante plataformas de tecnologías de comunicación e información, xenofobia,​ ​racismo,​ ​discriminación​ ​por​ ​estado​ ​de​ ​gravidez.

2. Los servicios de salud, policía nacional, servicios de auxilio inmediato, de inclusión social, de protección de derechos y de administración de justicia brindarán protección inmediata, apoyo, acogida y de recuperación integral a las niñas y las adolescentes mediante los protocolos correspondientes. Los 2

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servicios brindados por el gobierno central como por los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser especializados y contar con equipos profesionales multidisciplinarios de carácter gratuito y sus procedimientos no necesitarán contar​ ​con​ ​abogado.

El Ministerio rector en materia de inclusión económica y social, en coordinación con el Consejo de Igualdad intergeneracional serán responsables de la implementación de servicios sociales dignos e integrales para las niñas y las adolescentes que se encuentren bajo la patria potestad o responsabilidad de cuidado​ ​de​ ​las​ ​personas​ ​adultas​ ​que​ ​sean​ ​víctimas​ ​de​ ​violencia​ ​de​ ​género.

Brindar patrocinio legal a las adolescentes mayores de 15 años de edad víctimas de violencia cuando la persona agresora se encuentre dentro del núcleo familiar. Este derecho asistirá también a los y las causahabientes en caso de​ ​fallecimiento​ ​de​ ​la​ ​persona​ ​que​ ​fue​ ​víctima​ ​de​ ​violencia​ ​no​ ​importa​ ​su​ ​edad.

La protección económica de carácter temporal para las niñas y las adolescentes víctimas de violencia cuando sus representantes legales o familiares sean las personas presuntas agresoras. La protección de carácter económico consistirá en el derecho de alimentos a través de pensión alimenticia según las reglas del Código​ ​de​ ​la​ ​niñez​ ​y​ ​adolescencia​ ​y​ ​el​ ​Código​ ​Civil.

La protección de la salud de la adolescente embarazada víctima de violencia y el acceso a todos los servicios de salud sexual y reproductiva existentes en el sistema​ ​nacional​ ​de​ ​salud.

Artículo 65.- Otras garantías. - La enunciación de los derechos y garantías contenidos en el ordenamiento jurídico interno y en esta ley, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las niñas y las adolescentes no figuren expresamente en​ ​ellos.

Artículo 66.- Capacitación sobre prevención de la violencia contra las niñas y las adolescentes. – El Estado y la sociedad civil trabajarán de manera organizada para aunar esfuerzos para prevenir cualquier tipo de violencia, sobre todo a través de la capacitación a dirigentes religiosos, líderes comunitarios, de pueblos y nacionalidades, profesionales de la salud, proveedores de servicios de inclusión social nacionales, locales,​ ​y​ ​miembros​ ​de​ ​la​ ​comunidad​ ​educativa.

Capítulo​ ​II Tipos​ ​de​ ​medidas​ ​especializadas​ ​para​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes Artículo 67.- Medidas de Seguridad especializadas para niñas y adolescentes. - ​Las medidas de seguridad se dictarán en el ámbito administrativo educativo, de salud, en el núcleo familiar e incluso laboral según el tipo de violencia que se busque prevenir o no agravar la situación de la víctima. Serán de aplicación inmediata por la instancia que conoce​ ​del​ ​hecho: 1. Referir​ ​a​ ​la​ ​víctima​ ​que​ ​así​ ​lo​ ​requieran,​ ​a​ ​los​ ​centros​ ​especializados​ ​médicos, psicológicos,​ ​de​ ​seguridad​ ​o​ ​justicia​ ​para​ ​que​ ​reciban​ ​la​ ​respectiva​ ​orientación​ ​y atención.

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2. Cuando la parte demandada se encuentre ausente, podrán aplicarse medidas de protección para la víctima y otras personas, para evitar la vulneración de derechos​ ​o​ ​el​ ​agravamiento​ ​de​ ​la​ ​situación.

3. Tramitar de manera rápida y urgente el ingreso de las niñas o las adolescentes que requieran protección en acogimiento cuando su permanencia en su domicilio o lugar de residencia ponga en peligro la integridad o la vida de la víctima. Esta medida se aplicará bajo las reglas específicas de esta ley y el Código​ ​de​ ​la​ ​Niñez​ ​y​ ​Adolescencia.

4. Restringir a la persona presunta agresora el acercamiento a la víctima, su lugar estudio,​ ​vivienda,​ ​centro​ ​de​ ​atención​ ​médica​ ​donde​ ​se​ ​encuentra.

5. Prohibir​ ​que​ ​la​ ​persona​ ​presunta​ ​agresora,​ ​por​ ​sí​ ​misma​ ​o​ ​por​ ​terceras personas,​ ​realice​ ​actos​ ​de​ ​persecución,​ ​intimidación​ ​o​ ​acoso​ ​a​ ​la​ ​víctima​ ​o algún​ ​integrante​ ​de​ ​su​ ​familia​ ​en​ ​los​ ​espacios​ ​de​ ​su​ ​competencia.

6. Solicitar​ ​ante​ ​la​ ​o​ ​el​ ​juzgador​ ​competente​ ​la​ ​suspensión​ ​del​ ​régimen​ ​de​ ​visitas​ ​a la​ ​persona​ ​presunta​ ​agresora​ ​a​ ​la​ ​residencia​ ​donde​ ​la​ ​víctima​ ​esté​ ​albergada.

7. Reubicar​ ​en​ ​la​ ​institución​ ​educativa​ ​a​ ​la​ ​persona​ ​presunta​ ​agresora​ ​para​ ​que​ ​se mantenga​ ​lejos​ ​de​ ​la​ ​víctima.

Artículo 68.- Medidas cautelares especializadas para niñas y adolescentes. - Las medidas cautelares se dictarán en el ámbito judicial por parte de la o el juzgador de violencia contra la mujer y la familia para proteger la vida o la integridad física, psicológica, sexual o patrimonial de las niñas o las adolescentes. Serán de aplicación inmediata y tendrán el carácter de temporal. Cuando la causa se declare prescrita también​ ​cesarán​ ​las​ ​medidas​ ​cautelares.

1. Reintegrar​ ​al​ ​domicilio​ ​a​ ​la​ ​de​ ​ser​ ​el​ ​caso,​ ​disponiendo​ ​la​ ​salida​ ​simultánea​ ​de​ ​la persona​ ​presunta​ ​agresora​ ​cuando​ ​se​ ​trate​ ​de​ ​una​ ​vivienda​ ​en​ ​común.

2. Ordenar​ ​la​ ​protección​ ​y​ ​vigilancia​ ​de​ ​la​ ​ ​policía​ ​especializada​ ​en​ ​el​ ​sitio​ ​de residencia​ ​de​ ​la​ ​presunta​ ​víctima​ ​por​ ​el​ ​tiempo​ ​que​ ​considere​ ​esté​ ​en​ ​peligro inminente​ ​su​ ​integridad​ ​o​ ​su​ ​vida.

3. Dictar​ ​medidas​ ​de​ ​protección​ ​del​ ​patrimonio​ ​de​ ​la​ ​víctima,​ ​incluso​ ​si​ ​exigibles​ ​a futuro​ ​para​ ​evitar​ ​violencia​ ​patrimonial.

4. Prohibir​ ​a​ ​la​ ​persona​ ​presunta​ ​agresora​ ​el​ ​enajenar,​ ​disponer,​ ​destruir,​ ​ocultar o​ ​trasladar​ ​bienes​ ​que​ ​sean​ ​de​ ​propiedad​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​o​ ​las​ ​adolescentes​ ​y estén​ ​bajo​ ​la​ ​administración​ ​de​ ​la​ ​persona​ ​agresora.

Artículo 69.- Medidas de protección especializadas para niñas y adolescentes. - Las medidas de protección se dictarán en el ámbito judicial por parte de la o el juzgador de violencia contra la mujer y la familia; o las autoridades de las Juntas cantonales de protección de derechos, para proteger la vida o la integridad física, psicológica, sexual o patrimonial de las niñas y las adolescentes. Serán de aplicación inmediata y tendrán el​ ​carácter​ ​de​ ​temporal.

1. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionaria,​ ​si​ ​esta​ ​se​ ​ha​ ​visto​ ​privada​ ​de​ ​los​ ​mismos.

2. Ordenar la terapia médica o psicológica necesaria para la persona o personas agresoras.

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3. Ordenar a la persona agresora abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la de la guarda, crianza o educación de las niñas y las adolescentes.

4. Disponer del inventario de los bienes individuales de las niñas y las adolescentes​ ​cuando​ ​la​ ​persona​ ​presunta​ ​agresora​ ​sea​ ​su​ ​administrador 5. Ordenar como última medida el acogimiento familiar de las víctimas en una familia idónea con carácter remunerado. El pago lo realizarán las personas obligadas a su cuidado cuando sea notoria la negligencia o estado de abandono de​ ​la​ ​víctima.

6. En todos los casos de aplicación de estas medidas, la o el juzgador tomará en cuenta la opinión de la víctima y su derecho a ser escuchada cuando se trate de la aplicación de medidas sobre guarda, tutela, acogimiento institucional, acogimiento​ ​familiar​ ​o​ ​la​ ​forma​ ​de​ ​crianza.

La autoridad competente según este artículo fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias​ ​que​ ​las​ ​justifiquen.

Artículo 70.- Deber de denunciar de los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. - Los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, si estimaren que los hechos conocidos por ellos constituyen posibles infracciones penales que deban conocer los jueces de garantías penales, remitirán los antecedentes​ ​a​ ​la​ ​Fiscalía​ ​General.

También se remitirá a la Fiscalía General cuando se incumplan una o varias de estas medidas emanadas por su autoridad para que se inicie la investigación de la infracción penal​ ​de​ ​Incumplimiento​ ​de​ ​decisiones​ ​legítimas​ ​de​ ​autoridad​ ​competente Artículo 71.- Representación judicial de la víctima. - ​En casos calificados por la Defensoría Pública, ésta podrá asumir el patrocinio y representación de la víctima de violencia,​ ​si​ ​así​ ​lo​ ​requiere.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, la Defensoría Pública podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas para brindar servicios gratuitos de​ ​asistencia​ ​legal​ ​o​ ​representación​ ​legal.

Estos casos serán cuando las personas presuntas agresoras sean sus representantes legales​ ​o​ ​miembros​ ​de​ ​su​ ​núcleo​ ​familiar.

Artículo 72.- Preeminencia del procedimiento expedito. - Se aplicará el procedimiento expedito para los delitos y la contravención contra niñas, niños y adolescentes para los tipos​ ​y​ ​modalidades​ ​de​ ​violencia​ ​descrita​ ​en​ ​esta​ ​ley.

Artículo 73.- Registro de sanciones, medidas y medidas de reparación integral. - El Consejo de la Judicatura llevará a su cargo un registro especial de las personas que hayan recibido sentencia condenatoria como autoras de violencia, y las medidas declaradas en cada caso, sean de protección, cautelares, de seguridad y de reparación

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integral para lo cual se intercambiará información con las instancias pertinentes cuando​ ​la​ ​violencia​ ​se​ ​haya​ ​cometido​ ​contra​ ​niñas​ ​y​ ​adolescentes.

Esta información tendrá fines estadísticos, para la evaluación de la pena en caso de reincidencia y para el análisis de las y los jueces en el caso de solicitud de rebaja de pena,​ ​o​ ​solicitudes​ ​de​ ​cambio​ ​de​ ​régimen​ ​de​ ​rehabilitación​ ​social.

Formará parte del sistema de información sobre violencia de género que consta en esta​ ​ley.

Artículo 74.- Prohibición de conciliación o mediación. - En ninguna forma de violencia contemplada en esta ley se podrá solicitar una conciliación o mediación como solución alternativa​ ​al​ ​proceso.

Artículo 75.- Regla de Publicidad de las audiencias. - ​Cuando se realicen las audiencias determinadas en el procedimiento expedito que determina la Ley, en el caso que sean víctimas niñas y adolescentes se declararán reservadas y se determinarán medidas previas y posteriores para garantizar el no revictimización. Los espacios físicos donde se realicen las audiencias estarán diseñados para lograr la mayor protección de las víctimas​ ​y​ ​garantizar​ ​su​ ​integridad​ ​física​ ​y​ ​psicológica.

Capítulo​ ​III Modalidades​ ​de​ ​violencia​ ​contra​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes Artículo 76.- Modalidades de violencia que se ejercen contra las niñas y las adolescentes.​ ​VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES Es la violencia de género causada por la​ ​edad​ ​de​ ​las​ ​mujeres,​ ​siendo​ ​niñas,​ ​adolescentes​ ​que​ ​puede​ ​implicar: 1) Patologización de adolescentes por expresiones de su identidad o culturas urbanas juveniles 2) Desprotección​ ​ante​ ​el​ ​uso​ ​social​ ​de​ ​drogas​ ​lícitas​ ​como​ ​el​ ​tabaco​ ​o​ ​el​ ​alcohol 3) Uso del castigo corporal, tratos humillantes en el hogar o los centros educativos o de​ ​cuidado 4) Uso de su imagen sin consentimiento de sus padres o representantes legales en medios​ ​de​ ​comunicación​ ​o​ ​redes​ ​sociales 5) Uso​ ​de​ ​niñas,​ ​niños,​ ​adolescentes​ ​y​ ​jóvenes​ ​para​ ​mendicidad 6) Amenazas de abandono o castigo físico permanentes que causen temor en la víctima 7) No​ ​ser​ ​escuchado​ ​sobre​ ​decisiones​ ​que​ ​afectan​ ​directamente​ ​su​ ​salud​ ​o​ ​educación.

8) Limitar​ ​sus​ ​derechos​ ​de​ ​participación​ ​en​ ​los​ ​asuntos​ ​públicos​ ​según​ ​su​ ​edad.

9) Acciones​ ​u​ ​omisiones​ ​que​ ​atenten​ ​a​ ​su​ ​identidad​ ​de​ ​género​ ​o​ ​su​ ​orientación​ ​sexual 10) Acciones​ ​u​ ​omisiones​ ​sistemáticas​ ​que​ ​afecten​ ​su​ ​autoestima​ ​o​ ​su​ ​identidad 11) Acciones que obliguen a las niñas o adolescentes para realizar trabajos riesgosos o peligrosos.

12) Contratación de personas menores de 15 años de edad para realizar trabajos o tareas​ ​remuneradas.

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A. NEGLIGENCIA: ​Omisiones intencionales de actos de cuidado o asistencia por parte de una persona responsable de otra, que provocan descuido, abandono o maltrato.

B. VIOLENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS BÁSICAS, MEDIAS Y SUPERIORES. - Se comprende en esta ley como el comportamiento dirigido a obtener gratificaciones sexuales de parte de la persona agresora a través de cualquier conducta de naturaleza sexual contra las estudiantes, sea solicitándola, sea sin su consentimiento o viciándolo por las amenazas, fuerza física o temor, que incluyan​ ​actos​ ​como Exposición​ ​de​ ​los​ ​genitales​ ​bajo​ ​circunstancias​ ​que​ ​cause​ ​temor​ ​u​ ​ofensa; Tener relaciones sexuales o actos de naturaleza sexual en la presencia del estudiante,​ ​obligándolo​ ​a​ ​ver; Forzar a una estudiante a tocarse, o tocar a otra persona sus genitales, pecho, ingle,​ ​muslos​ ​o​ ​nalgas,​ ​directamente​ ​o​ ​a​ ​través​ ​de​ ​la​ ​ropa Relaciones sexuales vaginales o anales bajo engaño, amenaza o violencia física o usando​ ​formas​ ​para​ ​quitar​ ​la​ ​conciencia​ ​y​ ​la​ ​voluntad; Forzar​ ​por​ ​cualquier​ ​medio​ ​a​ ​la​ ​felación​ ​o​ ​cunnilingus; La penetración sexual sin consentimiento con un objeto dentro de las instalaciones de​ ​la​ ​unidad​ ​educativa C. MATRIMONIO FORZADO O SERVIL. - Es la violencia que se ejerce sobre las víctimas de trata de personas, para forzarlas a contraer matrimonio, puede ser a edades precoces, sin que les asista el derecho a oponerse. Este matrimonio se caracteriza por tratar a la víctima con violencia o amenazas, explotándola laboralmente, restringiendo o anulando sus derechos sexuales o reproductivos aislándola​ ​o​ ​confinándola.

Para fines de esta ley se considera también matrimonio forzado o servil cuando la víctima que enviuda es obligada por la familia de su cónyuge a permanecer con ellos contra su voluntad y se le niega los derechos patrimoniales que le correspondan​ ​por​ ​la​ ​disolución​ ​de​ ​la​ ​sociedad​ ​conyugal.

D. NOVIAZGOS ABUSIVOS. - Para fines de esta ley el noviazgo abusivo constituye en la forma de violencia psicológica cometida por una persona que está o ha tenido una relación íntima, romántica con la víctima donde la relación se ha caracterizado por el control a la pareja o ex pareja con mecanismos de amenaza​ ​o​ ​vigilancia,​ ​provocando​ ​temor.

E. VIOLENCIA EN CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES. - Es la violencia de género que se vive en los procesos de cumplimiento de las medidas socioeducativas privativas de libertad y se violan derechos de las personas que están​ ​bajo​ ​custodia​ ​del​ ​Estado​ ​que​ ​incluye:

1) Retardo injustificado o negativa de aplicar medidas sustitutivas de medidas socioeducativas privación de libertad cuando una adolescente se encuentre embarazada.

2) Retardo injustificado para acceder a servicios de salud, especialmente salud dental, salud​ ​sexual,​ ​salud​ ​reproductiva​ ​o​ ​para​ ​tratamiento​ ​de​ ​enfermedades​ ​catastróficas.

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3) Amenazas, uso injustificado de la fuerza física o maltrato en razón de género por parte de las autoridades o personas que laboran en el centro que no constituya delito​ ​de​ ​lesiones​ ​determinado​ ​en​ ​el​ ​Código​ ​Orgánico​ ​Integral​ ​Penal 4) Dilatación injustificada por parte de las autoridades competentes de la solicitud de extradición​ ​que​ ​realice​ ​la​ ​persona​ ​privada​ ​de​ ​la​ ​libertad.

5) Estado ruinoso de los centros de adolescentes infractores, falta de higiene o hacinamiento que puede provocar daños en la salud mental o física de las adolescentes 6) Uso de castigos corporales, castigo de confinamiento solitario, privación de alimentos​ ​o​ ​medicinas,​ ​incomunicación 7) Trato​ ​vejatorio​ ​a​ ​las​ ​visitas,​ ​o​ ​chantajes​ ​o​ ​cobros​ ​indebidos.

F. VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Es la forma de violencia manifestada contra las niñas y las adolescentes con discapacidad,​ ​que​ ​puede​ ​expresarse​ ​como: 1) Abandono emocional o físico que provoque deterioro en su capacidad física residual 2) Confinamiento​ ​o​ ​restricciones​ ​en​ ​la​ ​movilidad 3) Institucionalización​ ​no​ ​determinada​ ​por​ ​profesionales​ ​de​ ​la​ ​salud 4) Incumplimiento por parte de las personas obligadas a aplicar las medidas de acción afirmativa, exenciones tributarias, descuentos, medidas de fomento económico, entre​ ​otras​ ​determinadas​ ​por​ ​la​ ​ley​ ​en​ ​favor​ ​de​ ​las​ ​personas​ ​con​ ​discapacidad.

5) Administración de fármacos en forma injustificada, o provocar estados de sedación.

6) Aislamiento,​ ​incomunicación 7) Amenazas,​ ​insultos,​ ​críticas,​ ​que​ ​afecten​ ​su​ ​autoestima 8) Actos públicos contra su dignidad con el fin de ridiculizar o anular decisiones de las niñas​ ​o​ ​las​ ​adolescentes​ ​con​ ​discapacidad 9) Uso​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes​ ​con​ ​discapacidad​ ​para​ ​mendicidad 10) Limitación​ ​al​ ​acceso​ ​de​ ​información​ ​sobre​ ​su​ ​propia​ ​salud 11) Servicios públicos de salud no inclusivos para adolescentes con discapacidad, especialmente​ ​sobre​ ​salud​ ​sexual​ ​o​ ​salud​ ​reproductiva.

12) Precarización del trabajo en adolescentes mayores de quince años por su discapacidad 13) Negligencia en la alimentación, abandono en la higiene o falta de supervisión por parte​ ​de​ ​las​ ​personas​ ​responsables​ ​legalmente.

14) Agravamiento de su estado de salud por falta de tratamiento o cuidados preventivos.

G. VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES EN EL DEPORTE. - Son las acciones u omisiones intencionales para que la víctima no realice actividades de ocio o de alto rendimiento en un deporte determinado por sexismo o discriminación de cualquier tipo. También se considera violencia de​ ​género​ ​en​ ​el​ ​deporte​ ​a​ ​las​ ​acciones​ ​que​ ​en​ ​el​ ​ámbito​ ​deportivo​ ​implique: 1) Hostigamiento sistemático para dejar de practicar un deporte o reducir el rendimiento 2) Desigualdad económica en cuanto a becas o estipendios injustificados o ilegítimos en​ ​razón​ ​de​ ​género 8

3) Provocar una cobertura mediática desigual entre hombres y mujeres en un mismo deporte 4) Abuso físico, exigir una alimentación que afecte la salud o el crecimiento de la víctima 5) Normativa o reglas implícitas o explícitas que obliguen en el tipo y uso de uniformes no funcional, que ofendan a las deportistas, sean sexistas, o aumenten el espectáculo deportivo por la exposición no necesaria y no consentida de sus cuerpos.

6) Obligar a realizarse exámenes de salud que afectan la privacidad de las deportistas, o que signifiquen un control o presión sobre la vida sexual o reproductiva de la víctima.

7) Obligar a realizarse exámenes médicos como regla anti dopaje utilizando mecanismos imprecisos, o subjetivos, en las evaluaciones deportivas y que atenten contra el principio de inocencia o reviertan la carga de la prueba en procesos de investigación​ ​de​ ​ética​ ​deportiva H. CIBERACOSO SEXUAL CONTRA NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES.- Es la modalidad de violencia que se refiere al uso de las tecnologías de comunicación e información como base para una conducta intencional, repetida y hostil desarrollada por un individuo o grupo para hacer daño a el autoestima, honra, o tranquilidad emocional de la víctima, a través del acoso, chantaje, vigilancia, intimidación o ridiculización. Se expresa en el uso de estrategias que una persona adulta para ganarse la confianza de una persona menor de 18 años de edad a través de Internet, con el fin último de obtener fotografías, desnudos o actos​ ​de​ ​índole​ ​sexual​ ​mediante​ ​herramientas​ ​electrónicas​ ​o​ ​telemáticas.

I. INSTIGACIÓN AL SUICIDIO. - Es la modalidad de violencia en que una persona promueva, incite, presione a que una niña o adolescente cometa suicidio si este se​ ​hubiese​ ​tentado​ ​o​ ​consumado.

J. VIOLENCIA CONTRA LA SALUD SEXUAL O CONTRA LA SALUD REPRODUCTIVA. Es la modalidad de violencia en que una persona limita o prohíbe a una adolescente el acceso a métodos anticonceptivos o métodos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, o métodos para evitar embarazos no deseados o se ve obligada por su pareja a realizar prácticas sexuales inseguras para​ ​su​ ​salud​ ​física​ ​o​ ​mental.

También se constituye esta violencia cuando una persona o grupo de personas difunde y promueve una ideología que obliga a la sumisión sexual de las mujeres desde niñas o promueve la violencia sexual contra las niñas o las adolescentes.

K. VIOLENCIA PARA APLICACIÓN DEL FETICIDIO FEMENINO. – Aunque no se considera al embrión o feto como persona, éstos tienen derechos garantizados en la Constitución de la República y es una modalidad de violencia que se expresa en utilizar métodos para la selección del sexo, antes o después de la concepción o el aborto provocado al haberse identificado que el feto es de sexo femenino​ ​como​ ​razón​ ​para​ ​realizar​ ​el​ ​aborto.

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También​ ​se​ ​sancionará​ ​la​ ​publicidad​ ​de​ ​cualquiera​ ​de​ ​las​ ​técnicas​ ​utilizadas para​ ​la​ ​selección​ ​de​ ​sexo.

L. ACOSO CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES. - La persona que se desplace con pretexto de trabajo, comercio, turismo al lugar donde la niña o la adolescente reside, visita, trabaja o estudia con el fin de vigilar, intimidar de manera persistente, entendido por el lapso mayor a 20 días, con el intento de causar intencionalmente angustia emocional, o intentar herir, intimidar, matar, incluso utilizando​ ​medios​ ​electrónicos​ ​para​ ​amenazar​ ​en​ ​el​ ​Ecuador​ ​o​ ​en​ ​el​ ​extranjero.

Debe existir un temor razonable de muerte, lesiones, daño a los bienes, afectación a la vida familiar o el trabajo, que provoque angustia emocional a la víctima.

CAPÍTULO​ ​IV Del​ ​trabajo​ ​infantil,​ ​el​ ​trabajo​ ​doméstico​ ​y​ ​la​ ​economía​ ​del​ ​cuidado Artículo 77.- Prevención del trabajo infantil. - Tiene como propósito impedir que las niñas y las adolescentes menores de 15 años en razón de los roles de género se incorporen a cualquier actividad laboral, especialmente las actividades laborales prohibidas y peligrosas en violación de las disposiciones legales, garantías constitucionales​ ​e​ ​instrumentos​ ​internacionales​ ​de​ ​Derechos​ ​Humanos.

La prevención también se referirá al esfuerzo institucional y de las familias para que las niñas y las adolescentes no ingresen al mercado laboral hasta que culminen al menos su educación media; así como sensibilizar que el trabajo formativo constituye un mecanismo de educación sobre conocimientos y prácticas culturales que no puede interferir​ ​en​ ​el​ ​desarrollo​ ​integral​ ​y​ ​libertades​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes Artículo 78.- ​Mecanismos de sensibilización.- El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Consejo Nacional de Igualdad de Género conjuntamente con los consejos cantonales de protección de derechos, con el apoyo los Ministerios rectores de la política de Inclusión Económica y Social, Ministerio rector del Trabajo, Ministerio rector de Educación establecerán mecanismos para la sensibilización, prevención y control del trabajo infantil en las actividades que desarrolle el sector público, privado y comunitario, a quienes les brindarán asistencia técnica a fin de que incorporen en sus actividades y normativas institucionales disposiciones relacionadas con la prevención y erradicación​ ​del​ ​trabajo​ ​infantil.

Artículo 79.- El trabajo doméstico en el marco de los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia. - Comprenden tareas específicas de carácter colaborativo, dentro de las actividades de economía del cuidado, que son responsabilidad de los padres o las personas​ ​adultas​ ​responsables​ ​de​ ​las​ ​niñas​ ​y​ ​las​ ​adolescentes​ ​legalmente.

Estas tareas no son remuneradas o no se realizan como compensación de bienes y servicios​ ​recibidos.

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Este trabajo o tareas colaborativas están prohibidas para niñas y niños menores de seis años​ ​de​ ​edad.

Artículo 80.- ​Alcance y condiciones del trabajo doméstico en el marco de los Derechos Humanos de las niñas y las adolescentes. - La responsabilidad del cuidado y bienestar de los miembros de la familia es de los padres y otros adultos que convivan en el hogar. Los niños, niñas y adolescentes que realizan este trabajo, participan en tareas​ ​específicas​ ​considerando​ ​lo​ ​siguiente: 1) La​ ​edad​ ​y​ ​nivel​ ​de​ ​desarrollo​ ​bio-psico-social 2) Las tareas se realizan en el mismo hogar donde se habita. No se considera trabajo doméstico, el realizado en hoteles, hospitales, albergues, posadas o en espacios comunitarios y estos están prohibidos según las leyes laborales en personas menores​ ​de​ ​quince​ ​años.

3) Proporcionan una experiencia de convivencia y bienestar personal al desarrollar habilidades​ ​y​ ​valores​ ​para​ ​su​ ​autonomía​ ​como​ ​ser​ ​humano.

4) El tiempo de duración no afectan el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente los​ ​derechos​ ​al​ ​ocio​ ​y​ ​la​ ​educación 5) Las condiciones que se realizan deben garantizar el respeto a la integridad física, psíquica​ ​y​ ​moral​ ​del​ ​niño,​ ​niña​ ​o​ ​adolescente.

6) Se​ ​realiza​ ​con​ ​la​ ​colaboración​ ​del​ ​padre,​ ​la​ ​madre​ ​o​ ​ambos Las actividades realizadas como trabajo doméstico no deben afectar las capacidades físicas o cognitivas de las niñas, niños o adolescentes, ni deben privarlos de su potencial​ ​o​ ​su​ ​dignidad​ ​como​ ​seres​ ​humanos.

Cuando las actividades realizadas por niñas y adolescentes dentro del hogar perpetúen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres; y condiciones de precarización y pobreza, es obligación del Estado mediante el sistema de protección de derecho de intervenir para dictar las medidas necesarias, sin perjuicio de remitir a las autoridades de​ ​la​ ​administración​ ​de​ ​justicia.

Artículo 81.- Actividades que no se consideran trabajo infantil doméstico en el marco de los Derechos Humanos. - No se considera trabajo infantil doméstico, en el marco de los Derechos Humanos, en general las que sean incompatibles con la dignidad​ ​e​ ​integridad​ ​de​ ​niñas,​ ​niños​ ​y​ ​adolescentes;​ ​y​ ​en​ ​particular​ ​las​ ​siguientes: 1) Los que obstaculicen o interfieren en el acceso a la educación, descanso, ocio, y otros derechos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador y los Instrumentos​ ​Internacionales​ ​de​ ​Derechos​ ​Humanos.

2) Que​ ​se​ ​conviertan​ ​en​ ​trabajo​ ​a​ ​tiempo​ ​completo​ ​en​ ​una​ ​edad​ ​temprana.

3) Que​ ​tengan​ ​un​ ​horario​ ​prolongado​ ​y​ ​cause​ ​cansancio,​ ​fatiga​ ​o​ ​malestar.

4) Que produzca un convencimiento incorrecto que es una obligación o responsabilidad​ ​exclusiva​ ​de​ ​la​ ​niña​ ​o​ ​la​ ​adolescente​ ​por​ ​ser​ ​mujer.

5) Afecte​ ​su​ ​ ​autoestima.

6) Se​ ​realice​ ​en​ ​malas​ ​condiciones​ ​o​ ​condiciones​ ​riesgosas.

7) Las actividades que agraven las condiciones de niñas, niños o adolescentes con discapacidad.

8) Las​ ​actividades​ ​catalogadas​ ​como​ ​peligrosas​ ​determinadas​ ​en​ ​la​ ​Ley. 11

Para el trabajo formativo se considerará como actividades realizadas en el ámbito familiar, que promueven el intercambio de conocimientos, identidad cultural o doctrinas y métodos que complementan la educación y formación de niñas, niños y adolescentes,​ ​enriqueciendo​ ​sus​ ​habilidades,​ ​lenguaje,​ ​y​ ​relación​ ​con​ ​la​ ​comunidad.

Los padres o personas responsables del cuidado de personas menores de 18 años de edad deben distribuir las actividades del hogar de manera equitativa entre hombres y mujeres para erradicar los roles tradicionales de género que profundizan la desigualdad.

El Estado diseñará políticas públicas para evitar la deserción de niñas y adolescentes del sistema educativo a causa del exceso de trabajo doméstico no remunerado, y las consecuencias de esto como la incorporación al mercado laboral precarizado, el embarazo adolescente o hechos que perpetúan la pobreza, discriminación y desigualdad​ ​de​ ​género.

CAPÍTULO​ ​V Procedimiento​ ​ante​ ​flagrancia Artículo 82.- Forma de proceder ante flagrancia cuando se comete violencia contra las niñas y las adolescentes. - Se tendrá como flagrante todo acto o modalidad de violencia prevista en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse.

También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la víctima agredida, por una o varias personas, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a los servicios de auxilio inmediato o servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos u otros medios electrónicos de comunicación e información, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que​ ​de​ ​alguna​ ​manera​ ​hagan​ ​presumir​ ​con​ ​fundamento​ ​que​ ​es​ ​la​ ​persona​ ​autora.

En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier ciudadano o ciudadana podrá, aprehender​ ​al​ ​agresor.

Cuando la aprehensión la realizare un ciudadano o ciudadana deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana o llevarlo a un juzgado de flagrancia de turno, quien en todo caso lo pondrá a disposición de la Fiscalía dentro de un lapso que no​ ​excederá​ ​de​ ​doce​ ​horas​ ​a​ ​partir​ ​del​ ​momento​ ​de​ ​la​ ​aprehensión.

Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda por intermedio de sus representantes legales u otra persona obligada a hacerlo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el 12

presente artículo, procederá a la aprehensión de la presunta persona agresora, quien será​ ​puesto​ ​a​ ​la​ ​disposición​ ​de​ ​la​ ​Fiscalía​ ​General​ ​del​ ​Estado.

La Fiscalía General del Estado, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión de la presunta persona agresora, lo deberá presentar ante el Juzgado de Violencia Contra la Mujer y la Familia, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la​ ​privación​ ​de​ ​libertad​ ​o​ ​la​ ​sustituye​ ​por​ ​otra​ ​menos​ ​gravosa.

La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedencia para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Integral Penal, ajustados a la naturaleza de las infracciones contenidas en la presente Ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas, sin menoscabo de los derechos de la persona presunta agresora. La duración de la etapa de instrucción​ ​será​ ​de​ ​30​ ​días.

Se dictará de manera inmediata medidas de protección a favor de las niñas y las adolescentes víctimas, tomando en cuenta su edad, situación social, y estado de salud en​ ​el​ ​que​ ​se​ ​encuentre.​ ​Se​ ​tomarán​ ​medidas​ ​inmediatas​ ​para​ ​evitar​ ​la​ ​revictimización Artículo 83.- Subsistencia de las medidas de protección y de seguridad. - Las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el juzgador a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederá en caso​ ​de​ ​existir​ ​elementos​ ​probatorios​ ​que​ ​determinen​ ​su​ ​extrema​ ​necesidad.

CAPÍTULO​ ​VI Prevención​ ​del​ ​embarazo​ ​adolescente​ ​y​ ​protección​ ​de​ ​la​ ​adolescente​ ​embarazada Artículo 84.- Política de Estado para prevenir el embarazo adolescente. – ​El Estado es responsable de un programa de atención integral que brinde a las niñas y adolescentes oportunidades para su fortalecimiento personal y desarrollo de su independencia, mediante su participación en procesos de capacitación en formación para la vida y su acceso a una oferta integral de servicios de salud, educación, formación y servicios de cuidado​ ​y​ ​atención​ ​personal.

Artículo 85.- Derecho a acceder a una atención de salud sexual. - ​Todo adolescente tiene derecho a acceder a una atención de salud sexual, oportuna, informada y confidencial, sea ésta en el ámbito público o privado. Se reconocerá como violencia de género que los servicios de educación sexual y reproductiva se centren exclusivamente en las mujeres sin considerar el rol de los hombres para la reducción del embarazo adolescente​ ​no​ ​planificado.

Artículo 86.- Horarios apropiados para adolescentes. - Todos los servicios de salud, sean éstos públicos o privados, contarán con servicios de atención en horarios apropiados para adolescentes en el ámbito de su salud sexual, reproductiva y de regulación​ ​de​ ​fertilidad,​ ​que​ ​resguarden​ ​su​ ​privacidad​ ​e​ ​identidad.

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Los profesionales de la salud qué atiendan consultas de adolescentes, relacionadas con su salud sexual deberán estar capacitados para la atención y manejo de adolescentes, especializado en temas de embarazo precoz, anticoncepción, educación sexual, y diagnóstico​ ​de​ ​signos​ ​de​ ​violencia​ ​sexual​ ​en​ ​niñas​ ​y​ ​adolescentes.

Artículo 87.- Acceso gratuito a métodos de planificación familiar. - Las adolescentes tendrán derecho a acceder de manera gratuita a métodos de planificación familiar en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción de emergencia. Los servicios​ ​de​ ​salud​ ​no​ ​podrán​ ​denegar​ ​a​ ​las​ ​adolescentes​ ​cuando​ ​éstas​ ​lo​ ​requieran.

Los servicios de salud públicos o privados que faciliten el uso de anticonceptivos a las adolescentes, podrán entregar además información sobre su correcta utilización, los riesgos de iniciar una vida sexual precozmente y los efectos del embarazo adolescente.

Se​ ​contribuirá​ ​con​ ​orientación​ ​para​ ​resolver​ ​los​ ​factores​ ​de​ ​riesgo.

Además, se podrá evaluar en el caso de solicitar métodos de anticoncepción de emergencia si es o ha sido víctima de violencia sexual mediante consejerías especializadas​ ​en​ ​atención​ ​a​ ​salud​ ​sexual​ ​en​ ​adolescentes.

Artículo 88.- Protección especial a la adolescente embarazada. - Para efectos de su continuidad en su proceso de escolarización, el período pre natal se entenderá eximida de toda responsabilidad escolar para la adolescente embarazada, cuando no concurra justificadamente​ ​por​ ​su​ ​estado​ ​de​ ​salud.

Se considerarán acciones u omisiones de violencia contra las adolescentes embarazadas cuando se les niegue matrícula por su estado de salud, o exista acoso por parte​ ​de​ ​las​ ​autoridades​ ​para​ ​que​ ​se​ ​retire​ ​de​ ​la​ ​institución​ ​educativa.

Si el parto se diera dentro del período escolar, se brindará el apoyo necesario para que la adolescente armonice su maternidad con las tareas escolares con el fin de que culmine​ ​el​ ​nivel​ ​y​ ​se​ ​garantice​ ​su​ ​reintegro​ ​al​ ​sistema​ ​educativo.

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