NELSON J. MEZERHANE GOSEN 888 Brickell Avenue, Miami, Florida 33131
Señores Presidente y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, D.C.
Att. Doctor Santiago Ejecutivo Ref. Expediente 961-10
Cantón,
Secretario
Quien suscribe, Asdrúbal Aguiar A., abogado y doctor en Derecho, identificado plenamente en la denuncia Nº 961-10 que cursa ante dicha instancia interamericana protectora de derechos humanos, actuando en nombre y representación de la víctima, Nelson J. Mezerhane Gosen, acudo ante Ustedes a fin de consignarles – bajo protesta de gravedad - el presente escrito complementario a la denuncia citada con su respectiva probanza.
I En escrito complementario inmediatamente anterior, a la vez que de queja ante la Comisión, se reiteran algunos de los hechos graves constitutivos de las violaciones sistemáticas y plurales de derechos humanos que sostienen y explican la denuncia y sus escritos complementarios1, se prueban en la oportunidad de ella y de éstos, y se irrogan 1
La denuncia y pruebas que presenta la víctima contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA es de 29 de junio de 2010, y en la misma se cumplen los extremos previstos por el artículo 28 del Reglamento de la Comisión. Los escritos complementarios y otras pruebas se consignan el 14 de julio, el 19 de agosto, el 6 de septiembre, el 20
a la víctima a tenor de la Convención Americana de Derechos Humanos; parte de los cuales son relevantes a propósito del presente escrito y cabe, por ende, reiterarlos a continuación. a) Luego de ser agredido públicamente por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien le acusa de “enemigo de la revolución” y banquero propietario de la estación televisora GLOBOVISION al señor Mezerhane, éste es privado ilegítimamente de su libertad durante 45 días en la sede de la policía política, en 2005. Una conspiración de Estado se urde desde el Alto Gobierno y tiene por eje el vil asesinato que ocurre del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson. Se forjan actas y se presenta un testigo falso por el Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz, actual embajador de Venezuela en Italia, a fin de involucrar al mismo Mezerhane como uno de los autores intelectuales de dicho crimen. Y al ser puesto en libertad, por conocer la opinión pública detalles de lo anterior y escandalizarse, el mencionado Fiscal General acepta no tener pruebas para acusar a la víctima denunciante, pero antes que pedir su sobreseimiento como lo manda la ley y contraviniéndola con apoyo de la justicia penal, ordena un mero “archivo fiscal” del expediente. Luego, ante el recurso que ejerce la víctima, dirigido a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia bajo la presidencia del Coronel y magistrado Eladio Aponte Aponte, dicho órgano judicial opta por el silencio, por la denegación de justicia. b) Entre tanto, varias propiedades le son paulatinamente confiscadas por el Alto Gobierno sin previa mediación judicial. Y a la sazón, en paralelo al Caso Anderson, se le imputan delitos ambientales y en 2006 se ordena su enjuiciamiento. Mas habiendo acudido éste a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia mencionada, exigiéndole avocarse al caso dadas las violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que ocurren y le afectan, dicha Sala Penal, una vez más omite decidir; y al hacerlo tarde pero favorablemente, en 2009, el citado Coronel y magistrado Eladio Aponte Aponte, su Presidente, esconde la respectiva decisión y no la publica. Sucesivamente, bajo evidente presión gubernamental reasigna el caso a otro magistrado ponente en procura una decisión distinta, desfavorable al avocamiento, y que como tal se redacta y aprueba en dichos términos el mismo día en que ocurre la reasignación. Ha lugar, así, a una “doble sentencia”, antagónicas, en igual instancia y sobre los mismos hechos objeto de la decisión. c) Posteriormente, en una operación tenaza dirigida sobre GLOBOVISIÓN, cuyos casos particulares también conoce la Comisión Interamericana, el Presidente Chávez de septiembre, el 14 de diciembre siguientes; el 14 de enero, el 25 de febrero, el 25 de julio, y el 4 de agosto de 2011; el 23 de febrero, el 28 de marzo, y el 20 de abril de 2012.
ordena públicamente a la nueva Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, investigar penalmente al señor Mezerhane por declarar y denunciar ante la prensa sobre la campaña que emprenden funcionarios y periodistas al servicio del gobierno contra su banco, el Banco Federal. Intenta hacer quebrar al Banco creyendo que es propietario del referido medio de comunicación y para hacer cesar a éste en su línea editorial independiente, muy crítica del señalado mandatario venezolano. Y distintos ministros del Estado, al efecto, le dan al mismo señor Mezerhane un ultimátum. Le hacen saber que debe vender el canal de televisión para sortear sus dificultades. El propio Presidente de la República, de modo personal y por vía telefónica lo amenaza: ¡O me arregla lo de GLOBOVISIÓN o aténgase a las consecuencias! Sobre la marcha es intervenido el banco, son confiscadas las propiedades de éste y además la totalidad de los bienes del mismo señor Mezerhane y toda su familia, sin respeto y en violación de la legislación bancaria. Y la justicia penal actúa sin dilación y complaciente, sin controvertir los pedidos y exigencias de la Fiscalía, a un punto tal que el Coronel y magistrado Aponte Aponte, cabeza suprema de la Sala Penal, redacta y suscribe in audita parte y con una celeridad extrema como extraña a la práctica, la sentencia de extradición del señor Mezerhane, demandada públicamente por el gobierno. d) Por último, en 2011, sin mediar actuación o pedido del señor Mezerhane ni de sus abogados, a quienes de paso la justicia penal les impide acreditarse como tales para su defensa en el juicio que también se le sigue por el caso del Banco Federal, y sin que aquél, por lo mismo, formule petitorio alguno de avocamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Coronel y magistrado Aponte Aponte paraliza por igual todos los procesos penales que cursan contra la banca venezolana y ordena a los jueces le remitan todos los expedientes para analizar si los conoce o no de manera directa.2
II Así las cosas, en declaraciones dadas a SOI TV3, emisora de televisión sita en Miami y en entrevista que le realiza la periodista Verioska Velasco, el Coronel y Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Eladio Aponte Aponte, confiesa de manera clara, precisa, e inteligible, sus violaciones flagrantes a la Constitución y las leyes, y de suyo a las normas tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1, 2, 7, 8, 9, 24 y 25) como de la Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3, 4, 7 y 8) relacionadas con la obligación de respeto y garantía de los mismos 2 3
http://www.tsj.gov.ve/cuentas/scp/2011/cuentascp-24022011.htm http://www.soitv.com/tag/eladio-aponte-aponte/ (Anexo 1)
derechos humanos; la libertad personal; las garantías judiciales; el principio de legalidad; la igualdad ante la ley; la protección judicial; en fin, la autonomía e independencia del Poder Judicial. Se trata, según su propia confesión, de hechos en los que incurre administrando justicia y gobernando la justicia penal venezolana; coludido y bajo instrucciones de las autoridades de la Fiscalía General de la República (durante las gestiones de Julián Isaías Rodríguez Díaz y Luisa Ortega Díaz) y el mismo Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Uno y otros, como consta en la denuncia que cursa por ante la Comisión, son ejecutores materiales e intelectuales de los actos y omisiones que cristalizan en las violaciones de derechos humanos imputables al Estado de Venezuela y tienen, entre sus muchas víctimas, a Nelson J. Mezerhane Gosen. Se acompaña y ofrece como prueba indubitable la versión en digital de las declaraciones en cuestión4, no obstante lo cual se transcriben, de seguidas, las partes relevantes y pertinentes a los hechos de la denuncia, en lo particular los destacados preliminarmente en el presente escrito complementario. Aquéllas revelan con extraordinaria crudeza la trágica situación del Poder Judicial en Venezuela, y la demolición, y más que eso, la pulverización del principio de la separación de poderes que se ha producido en el país durante la presidencia Chávez Frías y el gobierno de la Justicia penal por el magistrado Aponte Aponte. El Magistrado declarante, militar activo, forma parte del Poder Judicial durante 15 años, hasta su reciente separación del alto cargo judicial que ejerce y a raíz de la crisis institucional y política que provoca la detención del célebre narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien acepta – es un hecho notorio comunicacional – ser empresario al servicio del gobierno revolucionario y con estrechos vínculos con sus más elevadas esferas de las Fuerzas Armadas, el gobierno y los demás poderes del Estado.5 III El magistrado Eladio Aponte Aponte explica, ante la periodista quien lo entrevista, su ascenso en la jerarquía judicial, desde Fiscal General Militar hasta magistrado del Tribunal Supremo, promovido por el propio Comandante en Jefe y Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Ante la pregunta de la periodista (Verioska Velasco):
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Idem Véase nuestro escrito complementario de 28 de marzo de 2012 (Anexo 2)
¿Qué hizo usted para lograr ese ascenso luego en el TSJ? ¿Cuál fue ese caso emblemático que usted considera que hizo que usted llegara hasta la Presidencia de la TSJ? - Magistrado: Yo creo que mi actuación fue muy pulcra y muy adaptada a los parámetros exigidos. Aparte del currículum que tengo. - Periodista: ¿Cuando usted habla de pulcra, significa leal al presidente? - Magistrado: Sí, leal al gobierno. - Periodista: ¿Más no leal a lo que establece la Constitución? - Magistrado: Tienes razón, es cierto. Quiere decir lo anterior, entonces, que para ascender en el Poder Judicial este Magistrado, hasta ayer cabeza de la justicia penal venezolana. simplemente confiesa que lo único que se necesita en Venezuela es ser leal al gobierno; pero no a lo que establecen la Constitución y las leyes. Y dicha lealtad es, precisamente, la que él detalla y explica extensamente en la entrevista, en unos casos manifestada en acciones y en otros casos en omisiones. En cuanto a sus acciones, entre otros casos cita el conocido “Caso Usón ”, sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos6 y que se origina con el enjuiciamiento del general del ejército y ex ministro de hacienda por el “delito” de haber explicado de forma pública el efecto que tiene apuntar un lanzallamas hacia una celda de detenidos militares, quienes por tal hecho efectivamente mueren quemados en Venezuela. El enjuiciamiento es por vilipendio a las Fuerzas Armadas. - Periodista: ¿Fue manipulado ese caso? - Magistrado: Si fue manipulado ese caso. - Periodista: ¿Usted recibió alguna orden Presidencial, o alguna orden del Ejecutivo para actuar diferente a lo que Fiscalía Militar hubiese actuado? - Magistrado: Sí - Periodista: ¿ Que le dijeron? 6
Sentencia de 20 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)
- Magistrado: Bueno que... que había que, que acusarlo o imputarlo. - Periodista: ¿ Porqué lo hizo? ¿Porqué usted lo hizo?? - Magistrado: Recibía órdenes. - Periodista: ¿ Que pasa si usted no ejecutaba esas órdenes? - Magistrado: Quedaba afuera. - Periodista: ¿Eso fue lo único que lo motivó a usted a seguir esas órdenes? - Magistrado: Si! Yo soy militar, o era militar de carrera. En otras palabras, de acuerdo con lo explicado a la opinión pública por el Magistrado, simplemente la justicia se imparte en Venezuela conforme a las órdenes que se reciban, no conforme a lo que diga y mande la ley. De manera que la autonomía del Poder Judicial, que implica que los jueces sólo están sometidos a la Constitución y a la ley, en Venezuela no se aplica. Sólo vale y sirve, para impartir justicia, la lealtad al gobierno y el cumplimiento de las órdenes que se reciben del mismo. Todo ello lo ratifica el Magistrado al referirse a otro caso judicial, también muy conocido y sabido por la Comisión Interamericana, el Caso de los Comisarios (Simonovis y otros) directivos la Policía Metropolitana de Caracas, que tiene a su cargo la custodia de la multitudinaria manifestación de rechazo contra el presidente Chávez, desarrollada el 11 de abril de 2002 y que concluye con la ejecución de inermes manifestantes - 20 muertos y unos 80 heridos de bala - por parte de pistoleros del gobierno; luego acusados por el fiscal Danilo Anderson – citado supra y también asesinado - y absueltos por la justicia penal que gobierna y administra el magistrado Aponte Aponte. Dichos policías – quienes protegen a los manifestantes - son condenados a 30 años de prisión por delitos que no cometieron y por razones eminentemente políticas. - Periodista: ¿Ahora existen presos políticos en Venezuela? - Magistrado: Sí, hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios. - Periodista: ¿Quién da la orden y cual es la orden y de que..?
- Magistrado: La orden viene de la Presidencia para abajo; no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente. - Periodista: ¿Usted recibió orden de no soltar a Simonovis? … Simonovis, los policías del 11 de abril, ¿cual fue la orden, dígame? - Magistrado: ¿Cual fue la posición de la Sala Penal?, convalidar todo lo que venía hecho, eso, en pocas palabras, es aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia ahí, les dio la espalda. Entonces que le diría yo a los familiares, tengan fé y luchen por lo que creen que merecen y tienen que luchar. La lealtad al gobierno, más no a la Constitución o a las leyes la confiesa impúdicamente el Magistrado entrevistado, quien peca además de omisiones judiciales. Y así se refiere al publicitado vínculo del gobierno de Venezuela con las FARC de Colombia.
- Periodista: ¿Alguna vez ha tenido relación o conocimiento de la relación directa entre el Gobierno Central con las FARC en Colombia? - Magistrado: Llegó el momento en que las instrucciones que nosotros recibíamos, principalmente con la fiscalía militar: todos esos señores, ni los viéramos. El Magistrado, hasta el momento de ser destituido por la Asamblea Nacional y luego de ejercer a lo largo de su vida como militar y judicial, y sobre todo al desempeñarse como protagonista de la justicia penal durante la presidencia de Chávez, por lo visto no se había dado cuenta del efecto devastador que tiene su conducta en relación con el Poder Judicial, y aparentemente, es sólo ahora, cuando a él mismo se le acusa por “hechos comunicacionales” de un hecho que dice no haber cometido – su vínculo con Makled – que finalmente entiende la gravedad de su comportamiento. A la pregunta directa de la periodista: - Periodista: ¿Cómo funciona el poder judicial en Venezuela actualmente? - Magistrado: Yo formo parte del poder judicial, o formaba parte del poder judicial de una manera protagónica. Y quizás muchas de las cosas que suceden en el poder de ahorita, existieron bajo mi responsabilidad. Pero una vez que yo me vi que me midieron con la misma vara, y el mismo metro con el que mide a
los demás, dije: esto no es la justicia que se proclama, esta no es la justicia que debe ser, esta no es la justicia constitucional. En suma, sólo cuando el magistrado comienza a sentir en carne propia el efecto de la misma “justicia” que él tanto manejó, manipuló y mal aplicó – como en el caso de Nelson J. Mezerhane Gosen - bajo instrucciones presidenciales, es cuando se da cuenta tardíamente que “esa no es la justicia que se proclama”; llegando a decir: - Magistrado: ...la justicia no vale... la justicia es una plastilina, digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en contra”…” Cabe agregar, como dato anecdótico, que dos años atrás, por ejemplo, el magistrado Aponte Aponte es el orador de orden en el acto de inauguración del año judicial en el Estado Barinas, cuyo Gobernador, Sr. Adán Chávez Frías, hermano del Presidente de la República, le condecora, le rinde homenaje y reconocimiento públicos. De modo que, la periodista de nuevo lo interpela: ¿Alguna vez había recibido alguna llamada de algún funcionario público de cualquier estatus para solicitarle a usted algún tipo de manipulación en la justicia venezolana? - Magistrado: Cierto. Desde el presidente para abajo. Se refiere el magistrado en su respuesta a que en una ocasión el presidente Chávez habría dicho: "entonces habrá que meterle penas máximas a la jueza y a los que hagan eso. 30 años de prisión," refiriéndose sin duda al conocido caso de la jueza Afiumi, al que califica como un caso “muy político y emblemático”. Y la periodista vuelve a interpelarlo: Por lo menos en el caso del Presidente de la República que usted menciona, ¿hablaba directamente con usted el Presidente? - Magistrado: Directamente. - Periodista: ¿Lo llamaba a usted? - Magistrado: A mí.
Sobre estas llamadas directas recibidas del Presidente de la República para manipular la justicia, el mismo Magistrado se refiere seguidamente a otros casos, entre ellos uno también muy conocido, relativo al enjuiciamiento de unos supuestos “paramilitares” sorprendidos en Caracas (¡no en la frontera con Colombia, sino en Caracas!), que no eran más que unos ingenuos jóvenes campesinos que ni siquiera sabían donde estaban. A la pregunta de la periodista, sobre ¿Que pasó allí? ¿Por qué lo llamó?,” [se refiere al Presidente] - Magistrado: Bueno para que condujera de una manera conveniente, hacia el gobierno, las investigaciones. - Periodista: ¿Exactamente cuál fue la solicitud del Presidente? - Magistrado: Mira yo creo, a mi manera de ver, de que tales paramilitares yo dudaba sus procedencias porque eran muchachos imberbes, inexpertos, algunos no manipulaban armas, algunos no sabían por que estaban allí, y que por mera casualidad fueron detenidos los autobuses por una patrulla de la Policía Metropolitana…. - Periodista: ¿O sea que el caso fue montado? - Magistrado: Bueno, sacando las conclusiones yo no lo dudaría tanto.
Posteriormente, en la misma línea de las llamadas presidenciales para el tratamiento de casos judiciales, el Magistrado Aponte Aponte narra otro caso; esta vez vinculado al narcotráfico, aclarando que ese es el único caso en el cual él - dice –ha “favorecido al narcotráfico.” El caso, que en si mismo es un delito, se refiere a un oficial subalterno (del ComandantePedro José Magino Belichi), quien traslada un cargamento de drogas en el país, que, según dice, lo “llevaba al batallón” donde estaba su superior. - Periodista: ¿Y cual fue su participación en este caso? ¿Cómo lo favoreció? - Magistrado: Lo favorecí dándole una medida cautelar, mas no se dejo en libertad. - Periodista: ¿Quién le mandó a usted a que hiciera eso? ¿O fue algo propio?
- Magistrado: No, a mi me llamaron. Desde la Presidencia de la República para abajo. - Periodista: Ajá, ¿pero en ese caso..? - Magistrado: En ese caso. Me llamaron de la Presidencia de la República. - Periodista: ¿Quién de la Presidencia de la República? - Magistrado: Fue uno de los secretarios o de los allegados de la Presidencia de la República. Creo que Morales (se refiere a oficial secretario del Presidente). - Periodista: ¿O sea usted está diciendo que uno de los allegados del Presidente de la República, de Hugo Chávez, lo llamó a usted para que usted favoreciera a un narcotraficante a una presunta actuación de narcotráfico? - Magistrado: Si. Me llamó el Ministro de la Defensa para ese entonces que era Baduel. Me llamó Rangel Silva. Me llamó Hugo Carvajal. Me llamó un Almirante... Aguirre, creo. O sea que mucha gente abogó por ese señor. - Periodista: ¿No recuerda exactamente ese caso? - Magistrado: Lo que me acuerdo es que devuelve la droga y tuvo que pernotar una noche en un cuartel y ahí fue donde se descubrió la droga. - Periodista: ¿La droga durmió en un cuartel venezolano de la Guardia? - Magistrado: … No, creo que del Ejercito. - Periodista: ¿Y esto era un decomiso? - Magistrado: No era ningún decomiso. Venía. - Periodista: ¿O sea la droga estaba pasando y se resguarda dentro de un cuartel del ejército venezolano? - Magistrado: Sí es cierto. - Periodista: ¿No era decomiso, sino que era utilizado para guardar la droga que pasa hacia donde? ¿Y de donde viene esa droga?
- Magistrado: Esa droga viene de Colombia, eso fue por Carora. Eso venia del Sur. - Periodista: ¿Durmió allí y luego iba para donde? - Magistrado: Iba hacia el centro. Hacia el centro del país. - Verioska: ¿Y usted dio esa medida cautelar para favorecer a ese señor? - Magistrado: Sí. Ese es el único caso que me acuerdo que yo haya favorecido a un narcotraficante. - Periodista: ¿Sabían que tenía droga metida en el cuartel del ejército? - Magistrado: ¡Si! ¿No lo iban a saber? Parece ser que este Magino fue Edecán de la mamá del Presidente, y había ese vinculo. - Periodista: ¿Y se logró demostrar que ese señor había colocado droga y que iba a trasladarla? - Magistrado: Yo le di la cautelar y la fiscalía no continuó investigando. Incluso me recuerdo que al favorecido se le sobreseyó sobre el caso posteriormente. Las referencias a las llamadas de funcionarios dando instrucciones a los jueces para decidir casos o para favorecer a determinadas personas no se quedan entonces en referencias a funcionarios del Poder Ejecutivo sino también, según el Magistrado, que bien conoce el funcionamiento de la justicia y participó activamente en su manipulación, venían de la Fiscalía General de la República, es decir, del Ministerio Público. - Periodista: ¿Aparte del presidente Hugo Chávez? Como era su relación con otros funcionarios públicos? Por lo menos en el caso del ministro publico, de la fiscalía, Luisa Ortega, Luisa Estela Morales, también usted recibía llamadas telefónicas de ellos para que interviniese en alguna decisión? - Magistrado: De Luisa Ortega [Fiscal General de la República] sí, más de una llamada recibí. De Luisa Estela Morales, infinidades. - Periodista: ¿Que le decían?
- Magistrado: [que] ¿Cuándo se iba a imputar a alguna persona? ¿Cuándo se le iba a privar de libertad? ¿Cuándo se iban a hacer los allanamientos? para que yo organizara esa situación, y buscara al juez idóneo, para que se realizara tal acto. - Periodista: Es decir, ¿manipular un caso? - Magistrado: Si, más de uno. Y ante la pregunta de la periodista sobre por qué “¿esa intromisión en el poder judicial?” Aponte Aponte se explica con precisión: - Magistrado: Esa era la componenda que había a nivel de Presidenta de la Corte Suprema y Fiscal General de la República. - Periodista: Pero ¿recibían dinero? ¿Extorsionaban a clientes? ¿Que sabe usted? - Magistrado: Yo creo que sí extorsionaban principalmente en el caso de los banqueros… Y agregó algo más al referirse a las combinaciones entre ambos órganos del Poder Público, pues a la pregunta de la periodista sobre si había un grupo de “fiscales preferidos” de la Fiscalía General, responde: - Magistrado: Si, cierto que había un grupo preferido. Y son esos, los que llamaban a los jueces. Creo que el Castillo, Mejía, llamaban a los jueces y si no hacían lo que les pedía el fiscal: voy a hacer que te boten. Te expulsan. Y a la pregunta de sobre la existencia de una “supuesta banda [llamada]de los enanos, dentro del poder judicial,” asiente Aponte Aponte. - Magistrado: Bueno sí, incluso hasta ahorita recientemente los llamados enanos, que todo el mundo sabe quienes son, trabajan con las fiscalía. Están relacionados con la fiscalía. - Periodista: Como funciona eso? - Magistrado: Bueno tendrán su mecanismo. El fiscal actúa, y lo solicita al gobierno.
Sobre los casos manipulados ante la pregunta de la periodista sobre ¿qué caso recuerda que fue manipulado? contesta el Magistrado que “fueron bastantes”. Aclarando, sin embargo, que “el único que me acuerdo fue un caso en Maracaibo de un diputado que le dicen Mazuco”. - Periodista:¿Cómo fue ese caso? - Magistrado: Bueno el caso fue más o menos un caso que buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro. - Periodista: ¿ Y que le habría solicitado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia? - Magistrado: Bueno eso precisamente. Avalar esa situación. Y al hombre se le pago dándole la libertad. Respecto de todas estos delitos contra la Administración de Justicia, y en cuya realización participa el magistrado Aponte Aponte, según su confesión pública, a la pregunta de la periodista de si reconocía “el daño que le hizo al poder judicial venezolano,” responde categóricamente. - Magistrado: Si, le digo, yo asumo mi responsabilidad y mi culpa y si es de pagar por ello yo pago. - Periodista: Así como usted, ¿qué tan contaminado está ese poder en Venezuela? - Magistrado: Yo creo que bastante, suficiente, y a todos los niveles; mucha manipulación, le dije, ahí no sale una decisión si no se consulta; últimamente, los tribunales penales antes de cualquier decisión tienen que consultarlo. De modo que, por más desprestigiado que pueda calificarse al declarante ahora, pues que se le señala de vínculos con el narcotráfico; y tanto como se puede argumentar que esta vez declara desde el extranjero bajo presión de la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, lo veraz es que más allá de los señalamientos personales que hace y le cabe probar al magistrado Aponte Aponte, queda claro y fuera de toda duda que hasta hace pocos días y durante largos años fue la cabeza de la justicia penal venezolana. Su testimonio, por ende, es autorizado, por ende, en lo relativo a las decisiones judiciales que en Venezuela son dictadas por órdenes y bajo instrucciones dadas por Ejecutivo nacional y contando con su intervención, o le son previamente
consultadas, con la consecuencia de que si un juez no atiende la orden o instrucción respectiva, o no consulta su decisión, es removido, como tantas veces ocurre y le consta al mismo Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.7 - Periodista: Cuando usted dice que usted fue manipulado, quiero que nos especifique mas ¿cómo fue ese modus operandi? - Magistrado: … Lo que pasa es que a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba. Y ¡ay del juez que se negara a ejecutarlo! - Periodista: ¿Qué le pasaba al juez que no le hiciera caso? - Magistrado: Era removido del cargo. - Verioska: ¿A cuantos jueces removió del cargo? - Magistrado: Bueno yo no. Eso lo hacía la Comisión Judicial. Pero fueron muchos. - Periodista: ¿Usted apoyo a más de uno para que fuese removido de su cargo? - Magistrado: Si lo apoyé. - Periodista: ¿Porqué? - Magistrado: Porque soy parte de la Comisión Judicial. - Periodista: Pero ¿por qué los removían? ¿Simplemente por no seguir su orden? - Magistrado: No solamente la orden, porque la orden no la daba yo directamente. La orden la daba también la Presidenta del Tribunal [Supremo de Justicia] directamente. Muchas veces la orden la daban directamente los fiscales. Hay un fiscal de apellido Castillo, que ese llamó directamente a los jueces y llegaba hasta amenazarlos. - Periodista: ¿Es cierto que en Venezuela las actuaciones procesales y las sentencias tienen costo? - Magistrado: En algunos casos si. 7
Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008; Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Sentencia de 1 de julio de 2011.
- Periodista: ¿Se puede comprar la justicia en Venezuela entonces con dinero? - Magistrado: Tal vez. - Periodista: ¿A que se refiere con tal vez? - Magistrado: Si, en algunos casos sí lo han hecho… La separación de poderes y en especial la autonomía, la independencia, la idoneidad y la estabilidad de los jueces, en conclusión, son letra muerta; a pesar de lo que consagran la Constitución y las leyes venezolanas el Poder judicial en dicho país no es ni autónomo ni independiente, y por ello, no hay, ni real separación de poderes, ni régimen democrático, que sólo puede existir en el marco de un régimen de control del poder. Sobre la autonomía e independencia del poder judicial mismo, respondiendo una pregunta de la periodista, el magistrado llega a decir simplemente, que “eso es una falacia”. - Magistrado: …Y te voy a decir por qué. Todos los fines de semana principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vice Presidencia Ejecutiva del país, donde se reúne el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la Presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. - Periodista: ¿Usted acudió a una de esas reuniones? - Magistrado: A varias acudí yo. … - Periodista: ¿Cómo queda la independencia de los poderes en Venezuela? - Magistrado: Yo creo que no hay tanta independencia. - Periodista: ¿Qué se habla en esas reuniones?
- Magistrado: Bueno de cuáles son los casos que están pendientes, qué es lo que se va a hacer. O sea se daban la directrices de acuerdo al panorama político.
III La insólita entrevista o confesión dada por el Magistrado Aponte Aponte, señalado en la denuncia que nos ocupa y espera de su tramite y admisibilidad por la Comisión, concluye con la pregunta reiterada de la periodista acerca de si ¿existe independencia de poderes en Venezuela? - Magistrado: ninguna. - Periodista: El poder judicial en Venezuela - Magistrado: Ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo, ningunos de los poderes. IV Ante la confesión pública y notoria de sus delitos por el Coronel y magistrado judicial Aponte Aponte, coludido según ésta con los demás poderes del Estado venezolano para perseguir a los llamados adversarios o “enemigos” de la revolución que conduce el Teniente Coronel y Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, la reacción no se hace esperar. Pero ocurre lo insólito y revelador de la postración moral que aqueja al Estado venezolano. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, igualmente citada en la denuncia original como una de las ejecutoras de las violaciones de derechos humanos irrogados a la víctima, Nelson J. Mezerhane Gosen, opta por anunciar el 20 de abril pasado, sin previa mediación judicial, que pide a la Organización de Policía Internacional [INTERPOL] incluir en su base de datos un alerta roja contra el mencionado ex Juez Supremo.8 Pero acto seguido, de modo contradictorio con lo anterior y en muestra de la colusión citada y la degradación institucional que acusa Venezuela, e incluso con violación de las normas sustantivas y adjetivas penales que rigen su actuación, informa al país, el
8
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/103375/ministerio-publico-solicito-a-interpol-emision-de-alertaroja-contra-eladio-aponte-aponte/comment-page-4/
siguiente 26 de abril, que “no iniciará investigación alguna en relación con las declaraciones dadas por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte”.9 Antes bien, creyendo moderar el efecto devastador que las graves declaraciones de su compañero de andanzas ejercen sobre la justicia venezolana y el propio Ministerio Público, en evidente concierto con el gobierno que desnuda aún más las fechorías que confiesa Aponte Aponte, es el narcotraficante Walid Makled quien responde, a través de la televisión estatal y desde la sede de la policía política donde se encuentra recluido. Antes, en sus primeras declaraciones y al momento de ser extraditado a Caracas por pedido del presidente Chávez Frías a Bogotá, según reseña del diario El Nacional y Noticias 24,10 afirma ser protegido y haber financiado a altos cargos militares venezolanos: ““Con lo que yo tengo, yo tengo para que intervengan a Venezuela”. “Con la corrupción que hay en Venezuela, el narcotráfico de la corrupción que hay. Con sólo lo que tengo en la mano, yo lo muestro al gobierno norteamericano y ellos pueden intervenir en Venezuela inmediatamente”, afirma. Y dice que tenía en su “nómina” de pagos mensuales, de un millón de dólares, a un grupo de 40 generales, coroneles y mayores. Igualmente que aportó dinero, unos dos millones de dólares, al partido oficialista venezolano, aunque ha aclarado que nunca conoció personalmente a Chávez”. Esta vez, luego de lo declarado por Aponte Aponte ajusta, el 25 de abril, según The Associated Press, que el ex magistrado era "socio mío" en la aerolínea Aeropostal, y que "él cobraba 300 millones (de bolívares) mensuales (unos 69.767 dólares)". 11
V Todavía más, no bastando lo anterior y en confirmación del contenido de las graves declaraciones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, a las que se contrae el presente escrito complementario, el Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, contando con el aplauso público de la mencionada Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, anuncia la denuncia por Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos para desvincularse de los pronunciamientos de la Comisión, lo que así consta en la prensa hemisférica del día 30
9
http://www.el-nacional.com/noticia/32758/16/Ortega-Diaz-Declaraciones-de-Aponte-no-son-suficientes-parainvestigar.html 10 http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/165556/Naci%C3%B3n/Walid-Makled:-Losmilitares-me-protegieron; http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/250029/ 11 http://www.elnuevoherald.com/2012/04/25/1187673/venezuela-makled-denuncia-vinculos.html
de abril de 2012;12 lo que al paso implica una abierta violación del mandato contenido en el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
VI Señores Comisionados: Queda en evidencia y no es una sorpresa la grosera y palmaria manipulación que se hace de la justicia en Venezuela, desde cuando asume el poder como Jefe del Estado y del Poder Ejecutivo el Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías y que se describe patéticamente en las entrevistas anteriores. Sus víctimas son muchas, en lo particular y de manera emblemática Nelson J. Mezerhane Gosen, denunciante, fundador, copropietario y director de GLOBOVISIÓN, y presidente del Banco Federal hasta su intervención. Se trata de una cuestión vertebral, que va más allá de la prueba concluyente que las declaraciones del Coronel y Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Eladio Aponte Aponte, significan para la denuncia que nos ocupa. Tales declaraciones, a la par, confirman la apreciación grave que hace la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2009, Democracia y derechos humanos en Venezuela, donde concluye: “que la falta de Independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana… la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar…y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.13 Sorprende y es desdoroso, no obstante servir ello como prueba determinante que abona en favor del denunciante Mezerhane Gosen, la forma tan directa, abierta, grosera y desvergonzada como el magistrado Aponte Aponte describe sus violaciones sistemáticas de derechos humanos, con fines de discriminación política, que tienen por víctimas a los “enemigos” del régimen al que sirve por sobre los mandatos de la Constitución, las leyes, los principios de la independencia e imparcialidad de los jueces y las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
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http://www.vtv.gob.ve/index.php/nacionales/81220-presidente-chavez-anuncia-posible-retiro-de-venezuela-dela-cidh; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120430/despedida-de-chavez-durante-cadena-nacional 13 Pp. 297-298
Se solicita de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, agregar el presente escrito a la denuncia y tener muy presente el testimonio del Coronel y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, durante el momento procesal que se corresponda; tanto como disponer la citaci贸n del hoy ex magistrado a los fines convencionales y reglamentarios correspondientes. En el d铆a de su presentaci贸n, en Washington, D.C.
Anexos al escrito complementario XIII: los indicados.