Intervención de la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, en Nueva Economía Forum 16 de junio de 2010
Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la organización de Nueva Economía Forum por permitirme el uso de la palabra ante todos ustedes, en un momento de especial intensidad política y con una situación general que anima abiertamente a la reflexión y al debate de las ideas. Veo aquí a muchos amigos y conocidos. A todos y a todas, gracias. Y, por supuesto, quiero agradecer, emocionada, las amables palabras del Ministro de Fomento y Vicesecretario General del PSOE, José Blanco, a quién me unen tres cosas muy importantes: La amistad, el compañerismo y el paisanaje. Los tres elementos, configuran una relación personal de mutua confianza y de respeto fraguada en la difícil y apasionante tarea de la acción política en Galicia y en el resto del Estado. Permítanme, también, un pequeño guiño a un modo inteligente y prudente de hacer política. Ese que se trasluce en una forma de ser de los gallegos: abierta, sensata, prudente, rigurosa y audaz, para defender con pasión y rigor las ideas que se profesan. Pienso ahora en el ferrolano Pablo Iglesias, porque en estos días los socialistas y todos los demócratas sinceros y de bien, conmemoramos el centenario de su elección como diputado en las Cortes. La dimensión histórica de la figura de Pablo Iglesias dando voz parlamentaria a los trabajadores, por primera vez, es un símbolo que cobra actualidad permanentemente, no sólo como una parte de nuestra necesaria memoria histórica, sino también como una referencia en el presente para entender las razones y los motivos que impulsan al Partido Socialista y a sus dirigentes a defender las políticas que ponen su acento en los sectores que más necesitan de la acción política para defender sus intereses. José Blanco es un buen heredero de esa forma de entender la política y junto a él, mi querida Ministra de Medio-Ambiente, Rural y Marino y mi apreciado Ministro de Justicia.
Me dirijo a ustedes en mi condición de portavoz del Grupo Socialista en el Senado, y lo hago con la intención de manifestarles nuestra visión del ciclo político en el que nos encontramos y nuestra apreciación del papel institucional que la Cámara Alta tiene en esta situación. Veo, aquí a mis compañeros de dirección y al Sr. Zubia, portavoz del PNV, al Señor Pérez Bouza, portavoz del BNG, al Señor Bonet, portavoz de ERC... Veo también a la Secretaría de Organización del PSOE, la Sra Pajín, que además es senadora. Nos costó, ¿verdad Leire? pero la fuerza de la razón siempre acaba imponiéndose a la sinrazón. Con todos ellos comparto muchas horas de trabajo, de fructíferas negociaciones que tienen como finalidad dar respuestas a las demandas culturales, territoriales, sociales y económicas de las ciudadanas y ciudadanos de nuestros territorios y del conjunto del país. Para mí es un orgullo poder decir muy alto y muy claro que somos una Cámara útil en la defensa de los intereses de las ciudadanas y ciudadanos a los que representamos. Me dirijo a ustedes, pues, como socialista y como senadora. Desde el inicio de la actual legislatura, el mundo atraviesa un proceso enormemente complejo de crisis económica. Lo que en sus inicios se vislumbró, por todos, y repito, por todos, como una desaceleración en el crecimiento, ha terminado por convertirse en una fuerte crisis financiera internacional que unida a la caída de sectores como el inmobiliario en España ha supuesto un escenario inusitadamente difícil, en el que el empleo se ha resentido de una forma dramática. El goteo mensual durante este tiempo de miles de personas que han perdido su empleo, ha supuesto para los socialistas una prioridad en la definición de la estrategia en política económica y ha sido el centro de las decisiones de nuestro gobierno. Las cifras del mes de mayo que muestran la disminución del desempleo registrado en más de 76.000 personas y un aumento en más de 113.00 las afiliaciones a la seguridad social, nos indica una tendencia positiva que deseamos que se vaya consolidando. Aún así, es evidente que España se enfrenta a una situación comprometida. El Gobierno ha presentado en las últimas semanas un plan de medidas para contener el déficit público, respondiendo así a una estrategia común europea e intentando impedir que los ataques de los especuladores sobre nuestra deuda suponga un riesgo para el país y para el euro.
Ese es el objetivo y ese es el camino que han adoptado también nuestros socios europeos. Ahí están los planes de ajuste de Alemania, Italia, o Reino Unido. Todos, al igual que el plan del Gobierno español, señalan hacia la misma dirección y apuntan a un objetivo común: la reducción del gasto público para contener el déficit, y fortalecer así al euro y a las economías europeas. A diferencia de los gobiernos europeos, que para la consecución de sus planes de ajuste cuentan con el respaldo responsable de sus oposiciones, al Gobierno de España le ha tocado lidiar prácticamente en solitario esta crisis por las ansias de algunos de sacar réditos electorales de este complicado panorama al que nos enfrentamos. Es una visión política irresponsable, cortoplacista, sesgada y, sobre todo, desleal con los españoles, que serán quienes finalmente juzgarán lo que han hecho unos, y lo que hemos hecho otros. El enfoque de estas medidas no se basa en una consideración estrictamente economicista, sino que está marcado por un fuerte compromiso social. Desde el primer momento, la tarea fundamental ha sido la de evitar que los efectos de la crisis se volcasen exclusivamente sobre los sectores sociales con menor capacidad. Se trató de proveer los recursos suficientes para garantizar la protección social, ampliando el seguro de desempleo y reforzando con medidas adicionales la garantía de ingresos en las familias, de tal forma que estas no cayeran en la exclusión. El incremento del déficit ha sido, en gran medida, consecuencia de la respuesta con políticas sociales y económicas a la crisis. Y, debo decirles con total convicción, que la respuesta que hemos dado ha sido la correcta y que ello se materializa en el hecho de que hemos resistido a los envites más dramáticos de la crisis sin abandonar a nadie a su suerte. Que hemos abordado nuestra responsabilidad sin traicionar ni el espíritu de nuestras ideas ni la responsabilidad de nuestra obligación como gobierno. En eso consiste la diferencia esencial a la hora de tratar las respuestas a la crisis. En saber lo que los números, estadísticas, dígitos, cuadros y gráficas, representan son personas, familias, jóvenes y mujeres, con nombres y apellidos, y situaciones personales concretas. En eso consisten, además y por supuesto, las motivaciones que nos han hecho actuar, poniendo el acento de nuestras políticas en buscar reformas que con ocasión de la crisis supusieran una transformación del mercado laboral, esforzándonos por promover el acuerdo de los agentes sociales.
Es una reforma estructural necesaria, pero debemos evitar que se fije la idea errónea de que en ella se encierra en exclusiva la solución al grave problema de la falta de contratación. Hoy, el Consejo de Ministros aprobará la Reforma Laboral. Una reforma que tendrá en cuenta el diálogo, la reflexión profunda y rigurosa, y que recoge las necesidades del país. Para crear empleo es precisa la reforma laboral pero, también lo es, la reactivación de la actividad económica. Necesitamos generar riqueza y aumentar nuestra productividad y nuestra competitividad; necesitamos profundizar en la innovación y desarrollar nuevos sectores económicos que redimensionen el papel que hasta ahora ha tenido el sector inmobiliario. Para crear empleo estable éste debe ser de calidad, adecuado a las nuevas necesidades de un mercado que se transforma continuamente, pero respetando los derechos de los trabajadores. Para ello la formación, la apuesta por la innovación y el conocimiento se convierten en piezas claves. Tenemos, pues, un reto que supone salir de la crisis, pero salir sin abandonar a nadie, sin que nadie quede atrás, y salir con las reformas estructurales que nuestra economía necesita, generando estabilidad y garantizando un desarrollo acorde con las nuevas realidades del siglo que hemos comenzado. Ese es el camino a seguir. Mientras vamos caminando, hay una prioridad que no podemos olvidar en ningún momento: la situación que padecen los que han perdido su empleo. Cada desempleado vive un drama personal que ninguno de los que trabajamos somos capaces de comprender en toda su dimensión. Es imposible ponerse en el lugar de quien sufre esa situación. Pero sí es posible intentarlo. Y eso creo sinceramente que es lo que viene haciendo este gobierno desde que los efectos de la crisis se hicieron notar sobre el mercado laboral. Lo ha expresado el Presidente del Gobierno en más de una ocasión y yo quiero corroborarlo en este acto. La prioridad de nuestra acción política y de gobierno es una prioridad social ahora que la situación es difícil, de igual modo en que lo fue antes, cuando en una situación de bonanza y de crecimiento, extendimos políticas sociales que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de los sectores y colectivos con mayores dificultades.
He querido que la primera parte de mi intervención abordara el problema más grave que afecta a nuestro país, porque no quiero ni eludirlo ni dejarlo perdido entre otros elementos del discurso. Creo que es una verdad objetiva decir que la creación de empleo, estable y con futuro y en las mejores condiciones, es una seña de identidad de los fines que se ha marcado este gobierno, y por mucho que las intervenciones repetitivas y los titulares intencionados pretendan ocultarlo, la realidad es la que es y es la que se irá constatando en el futuro inmediato. Salir de la crisis, salir todos y aportando todos, pero de forma más clara, los que más tienen. En segundo lugar, no puedo dejar de referirme a dos temas que han llenado páginas y páginas. Me refiero a las medidas de ajuste relacionadas con los funcionarios públicos y con los pensionistas. En primer término quiero señalar mi más absoluto respeto por el trabajo que realizan los funcionarios públicos. Durante estas semanas, y como consecuencia del recorte anunciado en los salarios, se ha producido un debate desenfocado. Bajo ningún concepto, el PSOE ha barajado la idea de que actuar sobre el empleo público sea la consecuencia de una falta de calidad en la prestación del servicio que realizan los trabajadores del sector. Los adjetivos que algunos han profesado sobre los funcionarios públicos son tan inadmisibles como equivocados. La inmensa mayoría realiza trabajos para la comunidad que, además, de esenciales, sirven para garantizar el equilibrio y la cohesión social. Empleos que otros quisieran en manos del sector privado, cumplen sus funciones desde el ámbito público con un alto nivel de eficacia y eficiencia. Los socialistas tenemos muy claro que frente al modelo de la privatización sin sentido que pretende desmontar lo que con tanto esfuerzo se ha construido como parte sustancial de los pilares básicos del estado de bienestar, se constituye como un elemento fundamental en la vertebración de nuestro país. Y no hablo de futuribles. Muchos llevan tiempo intentándolo. No hace falta ir muy lejos. Aquí mismo, en Madrid, se cuestiona desde la comunidad y de forma reiterada el papel del sector público, acompañándolo de medidas de privatización de servicios básicos en la atención sanitaria o en la educación, que reflejan abiertamente la voluntad del Partido Popular por convertir en un negocio rentable lo que debe ser un servicio básico.
Profesiones como las de enfermería, la docencia, la atención primaria, la medicina, la seguridad ciudadana, y tantas otras, dan al Estado y a las administraciones públicas, que prestan la actividad, un prestigio en los servicios públicos y en la atención ciudadana que son uno de los rasgos que definen la calidad de nuestro modelo de sociedad. Por cierto, comparativamente con otros modelos, el mejor. Así que las medidas de recorte salarial impulsadas por el gobierno tienen que ver con el compromiso global del sector público para aportar reducciones sustanciales al déficit, y son el fruto de un esfuerzo que es necesario pedir, que sabemos que es duro, pero que sabemos que la sociedad entenderá. Hoy les pedimos sacrificios. Mañana la sociedad se los devolverá. En segundo término, querría referirme al asunto de la congelación de algunas pensiones y la polémica que ha avivado, tan sorprendente como injustamente, el partido Popular, en lo que se conocerá en el futuro como la madre de todas las demagogias. Hace años fue la OTAN, hoy son los ajustes. La derecha europea mira con asombro la falta de responsabilidad del PP hoy ante la crisis, como la que tuvo ayer ante el referéndum de la OTAN. En el debate político de cualquier otro país de nuestro entorno sería inadmisible que un dirigente político cuestionase lo que la estadística constata con insistencia. Desde que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa, el gasto en pensiones se ha incrementado un 51,2%. Las pensiones mínimas, aquellas destinadas a paliar situaciones de injusticia histórica, y que en buena medida benefician a muchas mujeres, subieron un 49% durante los primeros cinco años de gobierno socialista. Una pensión de jubilación que en 2004 era de 6.788 euros, hoy es de 10.152 euros. Son 24 puntos de poder adquisitivo. Déjenme, también, que les recuerde que durante los ocho años de gobierno del Partido Popular, ganaron 4 puntos y, eso, que era la época del denominado por los populares milagro económico en España. Pocos pueden darle lecciones al Partido Socialista Obrero Español en este ámbito. No pueden hacerlo, sobre todo, aquellos que olvidaron a los jubilados durante los años que gobernaron España.
Hoy, hacen demagogia para intranquilizar a un colectivo que tiene sus derechos garantizados con total seguridad mientras los socialistas estemos en el Gobierno. También remitiéndome a los datos objetivos, quiero asegurar que no se podría decir lo mismo si la derecha estuviese gobernando o volviese al gobierno. Muchas veces, en el calor del debate político, quedan expresiones que se repiten con insistencia interesada y que por la especial preocupación que generan son asumidas como verdades: BAJAR LAS PENSIONES. Ninguna pensión bajará el próximo año. Más o menos la mitad de los pensionistas cobrarán más que este año, aquellos que tienen las pensiones más bajas, y el resto se quedarán en la misma cifra. La política social del Gobierno Socialista es la fórmula para la tranquilidad de aquellos que trabajan toda su vida y que cobrarán su pensión puntualmente. Con más protección para los que por diferentes circunstancias de la vida no pudieron cotizar, a pesar de su condición de trabajadores. Estos compromisos, estos valores, estas políticas, son las que llevaron a José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista al Gobierno de España, y son mucho más que un discurso construido sobre una serie imprecisa de promesas electorales. Son, lo decía antes, compromisos ineludibles para quien entiende la política como una oportunidad para la transformación de la sociedad, avanzando en derechos de los ciudadanos. Esta es la verdad sobre el debate de las pensiones. El mensaje para los que se empeñan en seguir sembrando dudas sobre este asunto, tanto como lo hacen sobre la solvencia de nuestro país, en general, es claro: Les será imposible engañar a la mayoría hasta que lleguen las próximas elecciones, que parece ser que es su único interés. Y, será la segunda vez en seis años que le suceda a Rajoy. La oposición conservadora ha decidido que su proyecto para este país sólo llega hasta la próxima convocatoria electoral. Llegar como sea en la mentira. Por eso reclaman elecciones anticipadas, porque dos años de engaño es demasiado tiempo.
El Gobierno ha tomado medidas urgentes y extraordinarias conjuntamente con otros países de la Unión con el fin de proteger nuestra moneda única y asegurar que no seamos víctimas de ataques especulativos que afecten a la estabilidad económica de nuestros países. Son medidas imprescindibles que pretenden lograr el objetivo de afrontar la crisis de forma coordinada y mostrar la solvencia de los estados, de todos los estados europeos. Hasta aquí he querido abordar con claridad y con la perspectiva de mi responsabilidad al frente del Grupo Socialista en el Senado, los elementos que marcan la agenda política inmediata y las preocupaciones más urgentes de los ciudadanos. Permítanme fijar ahora los elementos que distinguen la naturaleza de nuestro proyecto, porque lo inmediato no debe impedir ver con claridad la razón última de nuestras actuaciones. Durante los últimos seis años, el PSOE ha llevado a las Cortes Generales una serie de proyectos que ponen de manifiesto no sólo la capacidad de trabajo, que ha sido de una gran intensidad legislativa, sino también la orientación ideológica, política económica y estratégica de nuestro proyecto que, abierto al diálogo constructivo, ha buscado mantener vivas unas políticas de derechos y de igualdad que son fundamentales en nuestra concepción de la sociedad. Nuestro proyecto se define por una amplia y decidida ampliación de los derechos civiles individuales de las personas, facilitando así un modelo de igualdad cívica y jurídica que limite las injusticias históricas que han afectado a colectivos de ciudadanos y ciudadanos que veían mermados sus derechos con relación a los demás, sin abandonar las necesarias medidas encaminadas a construir una sociedad y una economía que puedan responder a los nuevos retos. Hemos dado un fuerte impulso a la modernización de la administración del Estado. Hemos aprobado leyes que darán un fuerte impulso a todos los sectores económicos, especialmente al sector servicios. Hemos aprobado leyes que facilitan e impulsan la actividad. Hemos apostado por la construcción de infraestructuras que nos permiten competir bajo los parámetros de una sociedad donde el tiempo es riqueza y productividad. Hemos apostado por nuevos sectores económicos.
Junto a todo ello, hemos tenido muy claro que al lado del crecimiento hay que promover el avance social, la democracia, los derechos y las libertades, que permiten sociedades avanzadas donde la cohesión territorial y del conjunto de los ciudadanos son una garantía de futuro. Modernidad, sí. Crecimiento económico, sí. Avance social, más. Las leyes de Igualdad, Dependencia, interrupción voluntaria del embarazo, la asignatura de educación para la ciudadanía, o la Ley de Memoria Histórica, serán hitos en el avance de las libertades y los derechos en España, una vez más, con impronta socialista. Los importantes incrementos de recursos en educación, estrategia 2.0, las inversiones en I+D+i, marcan una clara línea de actuación dirigida a la modernización de nuestro modelo económico y social. Ahora, cuando se aprecia el agotamiento del modelo de crecimiento de finales de los 90, hay que replantear hacia donde vamos. Hay que potenciar el papel que las nuevas energías renovables, las nuevas estrategias de desarrollo sostenible, pueden tener en el alumbramiento del nuevo tiempo que se abrirá en el futuro, con una economía más moderna, menos dependiente y más competitiva. Estos son algunos rasgos de nuestro proyecto: se fundamenta en la política social y el los derechos civiles de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es modernizador en lo económico e innovador en lo medioambiental. Y solidario. Sobre todo es un proyecto solidario. En estos momentos, y no saben cuanto lamento tener que decirlo, el PP es un gran impedimento para el retorno de la confianza en nuestra economía. El ex presidente de España y presidente de honor del PP, recorre el mundo pregonando sombras sobre nuestro país, nuestra economía, y nuestra capacidad para afrontar los compromisos económicos adquiridos. El líder del PP, a su vez, lo imita siguiendo la estrategia de la destrucción total: La Moncloa bien vale arrasar la economía y, por supuesto, después, una misa. Por el contrario, la voluntad de los socialistas, es contar con la confianza de la mayoría porque trabajamos para quien necesita del Estado como garantía de seguridad de las políticas y servicios públicos que igualan en derechos y oportunidades. La mayoría social española cree en el progreso y en la modernización que anima el futuro. Cree en las transformaciones que son necesarias.
Y cree en el diálogo abierto. Cree que frente a la crisis no hay que reducir ni el papel de los sindicatos, ni el papel de los partidos políticos como apunta el PP embargado por un nuevo efluvio autoritario. Saben que hay muchos empresarios y autónomos que entienden y viven las dificultades y están dispuestos a comprender y colaborar. Por ello, frente a la crisis, todos debemos reclamar más voluntad conjunta entre empresarios, Estado y trabajadores. Y en ese propósito nos planteamos el acuerdo como herramienta. Si todos tenemos la voluntad de resolver los graves problemas económicos que tenemos, debemos actuar con decisión y con eficacia, dando espacio político a la búsqueda de encuentros y no a manifestar torpes desencuentros. Durante los dos últimos años, el gobierno ha impulsado medidas que tenían como fin reactivar nuestra economía y proteger a los que, en la posición más débil, pagaban los efectos inmediatos y más dramáticos de la crisis: los hombres y mujeres que perdían el empleo. No hemos estado quietos, hemos actuado coordinadamente con el resto de los países europeos que, a día de hoy, adoptan medidas de respuesta para frenar el déficit, recortar gastos del Estado que salvaron la economía, o modular una política fiscal más firme. En el futuro inmediato debemos mantener la coordinación con el resto de países de la Unión con quienes compartimos una moneda común y con quienes trazamos estrategias comunes y complementarias para el desarrollo económico de Europa. Debemos tomar decisiones y hacerlo cooperativamente. Y debemos tomar decisiones también en España, entre las administraciones, entre los partidos, con los sindicatos y con los empresarios. Es hora del dialogo para ayudar a decidir el futuro y no sólo para resolver una situación coyuntural. Garantizar la eficacia social del Estado, diseñar un nuevo modelo económico, exige nuevas fórmulas y nuevos compromisos. Y ahí, si me permiten, también debe estar el Senado, la Cámara que la Constitución ha definido como Cámara Territorial. Durante la legislatura anterior, y en lo que llevamos de esta, el Senado ha acogido la Conferencia de Presidentes y ha celebrado sesiones de la Comisión de las Comunidades Autónomas que han ayudado a definir con claridad su validez institucional. Pero eso no obsta a que siga siendo vigente una demanda política que siempre hemos defendido: la reforma.
Ahora se dan circunstancias que si bien tienen apariencia coyuntural, pueden tener una eficacia estructural. La reorganización de la administración general del Estado que ha planteado en más de una ocasión el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abre un debate sobre la eficacia y la eficiencia no sólo de los servicios que se prestan, sino, también, de la propia dinámica de la organización del Estado en todos los niveles – Comunidades y Ayuntamientos- para cumplir con las condiciones de rigor que el nuevo ciclo económico demanda. Necesitamos administraciones más ágiles y adaptadas a los nuevos tiempos que se avecinan. Necesitamos una amplia reflexión sobre algunas instituciones que aún conviven en nuestro Estado y que ya no responden a las nuevas necesidades. Desde el debate constitucional hemos apoyado y ratificado los grandes procesos políticos de reforma del Estado, con una actitud dialogante, promoviendo pactos, votando favorablemente a los Estatutos y sus procesos de reforma. Hemos apoyado los grandes pactos de transferencias. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria que no se ha modificado por electoralismo, coyunturas o intereses espurios. Por eso ahora debemos abordar un dialogo riguroso, solvente y que tenga como fin el acuerdo y la cooperación. Y es en este ámbito donde la Cámara Alta puede y debe jugar un papel importante. Trabajaremos para que así sea. En el Senado se acrisolan las instituciones de las tierras y de los países de España. Y somos un país diverso y semejante, con culturas diversas que llenan de riqueza nuestro acervo común y, las lenguas, son un factor de identidad y riqueza colectiva que hay que entender y conjuntar en la normalidad. Yo vengo de una comunidad y una ciudad en la que la tercera parte de sus ciudadanos son gallego hablantes y dos terceras partes castellanohablantes. Yo soy castellano-hablante y mi madre gallego hablante y todos los días ella me habla en gallego y yo en castellano. Mi madre y yo. Y, así, son las lenguas. Son y se hablan. Y en el Senado nos sentamos senadores de elección directa, senadores de designación autonómica, consejeros y presidentes autonómicos. Quieren y deben hablar cada uno en su lengua, en la que elijan: castellano, gallego, euskera o catalán.
Y quieren ser escuchados en ella, porque el Senado es la Cámara en la que esto puede suceder. Los argumentos en contra de esta utilización son tan incompresibles como falaces. Son falsos y defendidos por los que nunca han querido entender a España. Finalizo. Estamos a tiempo. España está a tiempo. Podemos salir de la crisis y podemos salir con una economía y una sociedad más fuertes, y con unas administraciones que faciliten la vida de los trabajadores, empresarios y ciudadanos. Para eso hace falta madurez intelectual, rigor político, y compromiso social. Los socialistas tenemos un hilo conductor en la historia que comienza con la entrada de Pablo Iglesias en la Carrera de San Jerónimo para dar voz a los que hasta entonces no la tenían, tal y como les decía al comienzo de esta intervención. Hoy seguimos con orgullo pidiendo la palabra para defender los intereses de España, para promover todos los cambios que sean necesarios, no olvidando nunca la acción de la política para apoyar a los más débiles. Lo hacemos con satisfacción porque nuestros valores nos lo exigen y porque nuestras políticas no son, en modo alguno, intercambiables por otras. Con este espíritu hemos afrontado una crisis que de ninguna forma permitiremos que termine con los pilares del estado de bienestar que tanto esfuerzo costó construir. Detrás de nuestras propuestas se trata de regularizar el mercado laboral, asegurar las pensiones para el futuro, no dejar desprotegidos a quienes ya padecen el dolor del desempleo, y crear las bases que permitan la modernización, el crecimiento económico, y la creación de empleo. Hoy quiero transmitir un mensaje de confianza, una mirada positiva sobre nuestro futuro como país y como sociedad. Tenemos a nuestro alcance un desafío al menos tan trascendental como otros muchos que hemos superado con éxito. Nos enfrentamos a un nuevo mundo que necesita nuevas soluciones. Tenemos por delante un reto complejo, pero apasionante. Se trata de encontrar las respuestas adecuadas y eso sólo se logra con el compromiso de todos. Es la hora de la innovación, de más y mejor formación. Es la hora del conocimiento, del impulso creador, de apostar por una sociedad de emprendedores.
Nos estamos jugando el futuro. Ya no valen viejas recetas, pero debemos saber, así lo demuestra la historia objetiva, que sólo los pueblos y países que avanzan juntos y cohesionados logran una economía y una sociedad de la excelencia.
Muchas Gracias.