Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tapachula, Chiapas lunes 02 de mayo de 2011
Llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso Stan: Procurador RLS
• La Procuraduría General de la República inició cinco averiguaciones previas por diversos delitos, tras la denuncia de la Secretaría de la Contraloría quien detectó irregularidades en la ejecución de mil 29 millones 447 mil pesos • A la fecha, la Procuraduría de Chiapas ha realizado mil 826 diligencias que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas
E
n el marco de la política de transparencia que impulsa el Gobierno de Chiapas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances de las investigaciones en torno al desvío de recursos destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan. En este sentido, el funcionario chiapaneco recordó que tras la devastación sufrida en las regiones del Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas en el año 2005, se destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos. Sin embargo, agregó, ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude. A la fecha, se han practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas. “En dichas indagatorias, son investigados desde directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”, sostuvo. Destacó que, toda vez que para la reconstrucción se destinaron fondos del orden federal, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con sede en la Ciudad de México, dio inicio a cinco averiguaciones previas en atención a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos. De esta forma y, en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la Procuraduría General de la República en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y
declaraciones. López Salazar, señaló que en las indagatorias iniciadas por la PGJE han quedado demostradas irregularidades en las Retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficien-
cias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados. Motivo por el cual, “el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los
Ayuntamientos Municipales de La Concordia, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero; y de funcionarios públicos estatales”. Asimismo, informó que en las últimas horas la Procuraduría cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los jueces competentes del fuero común en contra de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz. Mismos que hoy se encuentran presos en “El Amate”. “El Fiscal del Ministerio Público demostró que, en algunos casos, el pago de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad, es decir, recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicio de energía eléctrica o drenaje”, enfatizó. El abogado de los chiapanecos, manifestó que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros. Lo anterior, “manifiesta el actuar de servidores públicos que estaban obligados a supervisar y ejercer la correcta captación, aplicación, manejo y administración de los recursos públicos destinados para la reconstrucción en beneficio de los damnificados”. En este contexto, refrendó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin excepción alguna, que hayan desviado los recursos económicos para sí o para otros, que tenían como destino original devolverle la tranquilidad y el bienestar a miles de chiapanecos afectados por el fenómeno natural.