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Larreta y el protocolo de aborto: sin veto pero con restricciones
Un cambio hacia la producción sin venenos
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La corporación decidió promover el cambio hacia la agroecología de los productores que lo abastecen de frutas y verduras. Dará talleres sobre cómo producir sin venenos y hará seguimientos técnicos de calidad. “Tenemos la oportunidad de discutir qué comemos”, explicó su presidente, Nahuel Levaggi, sobre uno de los debates que llegó para quedarse con la pandemia y la crisis económica.
Texto: Laura Vales Foto: Prensa UTT
Hay cambios que sólo pueden medirse en perspectiva. Durante la crisis del 2001, miles de personas saquearon supermercados, otros miles amenazaron con saquearlos para conseguir mercadería, los clubes de trueque por comida se multiplicaron como conejos. Chiche Duhalde hizo política con la supersopa, la propuesta de cocinar los “excedentes” del Mercado Central, que en lugar de ser llevados al Ceamse se convertirían en la solución para el hambre. El menú se completaba con milanesas de soja, por donación de solidarios productores agropecuarios. En esta crisis de 2020, el problema del acceso a la comida vuelve a ser clave. Muchas diferencias están a la vista. Y el Mercado Central, desde su dirección, decidió promover el cambio a la agroecología de los productores que lo abastecen de frutas y verduras.
“Siempre se habla del alimento cuando falta. Si no hay escasez, no se problematiza la alimentación: no importa si la maneja Monsanto o si son ultraprocesados—, apunta Nahuel Levaggi, director del principal mercado concentrador del país y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) —Ahora tenemos la oportunidad de ponerlo en debate. Discutamos qué comemos. Qué necesitamos, con qué nutrientes, cómo lo producimos”.
Esta política, impensada en el país de hace apenas cinco meses atrás, se pondrá en marcha con un primer grupo de productores, puesteros con producción propia que aceptaron subirse a la propuesta de cultivar sin agroquímicos.
Una de las puertas al cambio es que el Mercado tiene un laboratorio propio. En él, todos los días se hacen muestreos de las verduras y frutas de las naves que van a abastecer a las trece millones de personas que habitamos la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las muestras pasan por análisis de calidad, de microbiología y presencia de plaguicidas. O mejor dicho: muchas no pasan.
A cargo del área que sigue tan delicada cuestión está Marisol Troya. “En muchos alimentos detectamos la presencia de plaguicidas”, revela. Y explica que “no sólo de uno o dos plaguicidas, sino de combinaciones de cuatro o cinco compuestos”. Gerenta de Calidad y Transparencia del Mercado Central, al igual que Levaggi proviene de una organización de la agricultura familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (Vía Campesina).
En 2018, el Senasa dio a conocer que más de la mitad de las verduras controladas entre 2011 y 2013 contenían restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Como ejemplo, en las muestras de acelga se encontraron residuos de 28 agroquímicos como ddt, endosulfán y deltametrina. La información llegó a conocimiento público porque la ONG Naturaleza y Derechos lo obtuvo mediante un recurso de amparo. Los datos que el organismo dio a conocer a partir de entonces mostraron resultados mucho mejores. Su última publicación informa que solo en 5,58% de las muestras de las producciones de origen vegetal analizadas en sus laboratorios encontraron residuos de fitosanitarios por encima de los permitidos. En seis de cada diez de esos casos, el problema fue de “desvíos de uso”, un término que alude a que una hortaliza es tratada con venenos no autorizados para su especie. Se supone que porque el agricultor le echa algún plaguicida que le quedó o tiene a mano.
Otro riesgo frecuente es que los productores no esperen los días requeridos para que los agroquímicos pierdan potencia y se vuelvan “inocuos” antes de sacar la producción a la venta. Por eso, en las primeras frutas y verduras de cada estación es más frecuente encontrarlos.
EN CAMINO
Levaggi explica que el camino que propone el Mercado Central para el cambio a la agroecología son los mismos que sigue la UTT: ofrecer a los productores capacitación técnica en un esquema de talleres, y después una propuesta de seguimiento técnico. Cuando esta producción llegue al Mercado, además, van a diferenciarla, de manera que en la verdulería de barrio lo agroecológico sea identificable.
“El arranque es dar talleres de suelos, de preparados, de control de plagas y de diseño de la quinta; después se trata de la práctica, del trabajo con seguimiento de un técnico que va a las quintas y las acompaña en la transición”, explica. Otro aspecto a tener en cuenta que se puede empezar con una parcela, e ir extendiendo la superficie agroecológica a medida que se ven los resultados.
¿El productor necesita invertir?
Necesita invertir en capacitación y conocimiento, que a eso lo ponemos nosotros. Después tiene que probar: descolonizar su mente del agronegocio, de las multinacionales y la industria del agroquímico, que trabajan muy fuertemente todo el tiempo en instalar que no se puede producir sin químicos. O que es la única manera de producir masivamente.
Entonces lo que necesita es perder el miedo a ganar menos.
De hecho va a ganar más, porque la producción agroecológica tiene costos menores que la producción con agroquímicos. Esto es así porque los agroquímicos son importados, a precio dólar. En cambio, la propuesta de producción agroecológica es en pesos, con bioinsumos que la mayoría podemos elaborar en el propio campo.
CERTIFICACIÓN AGROECOLÓGICA
Políticas de este tipo son uno de los aspectos a valorar de la presencia de las organizaciones sociales en el Gobierno, donde están ocupando cargos de gestión que, aún desde lugares subalternos -en el sentido de que no inciden en el rumbo económico o en la matriz productiva- conviene tener presente—. Porque dejan una marca en la cultura. Tan imborrable como el recuerdo de la supersopa.
En el caso de la UTT, es una organización que no había participado, como otros movimientos sociales ligados a la economía popular, de la campaña electoral del Frente de Todos. Con la inesperada convocatoria a hacerse cargo del Mercado, el Gobierno les pidió dos cosas: garantizar el abastecimiento de alimentos, a precios baratos.
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Eran días de colas en los supermercados y compras compulsivas de alimentos. En góndolas y verdulerías se disparaban los precios. El kilo de lechuga podía valer 35 pesos en el Mercado Central, pero en los comercios de proximidad llegaba a 90; en algunos lugares incluso a 130. Entre esos aumentos desbocados y la recomendación de quedarse en casa, muchas personas se volcaron a los bolsones agroecológicos, ofrecidos por comercializadoras alternativas que rápidamente extendieron las entregas a domicilio.
Levaggi asumió en su cargo el 24 de marzo. Su primera propuesta fue armar un acuerdo de precios con los grandes productores, aplicado a una canasta de frutas y verduras: el Compromiso Social de Abastecimiento. Todos los jueves, los puesteros consensúan precios mayoristas de verduras y frutas, con el compromiso de mantenerlos durante la semana. En base a ellos el Mercado sugiere precios a los minoristas. La lista puede consultarse en internet, junto con un mapa de las verdulerías adheridas.
Con esta página y las verdulerías que se van sumando al Compromiso Social de Abastecimiento, el Mercado va a promover los productos que hagan el cambio a los agroecológicos, cerrando el círculo.
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“La certificación agroecológi- ca es una de las prioridades de nuestra gestión”. Marisol Troya ...............................
El esquema es, entonces, valorizar la producción sin agroquímicos. “La certificación agroecológica es una de las prioridades de nuestra gestión. Para eso estamos construyendo criterios de qué parámetros usar, e iniciando mesas institucionales con algunos organismos como el Senasa”, dice Marisol Troya. Si bien en el país ya existen organizaciones que vienen impulsando un sistema de certificación agroecológica participativo, realizado entre la sociedad civil y productores, desde el Mercado Central -con el peso que esto significa- este objetivo no había sido hasta ahora abordado.
LA ECONOMÍA POPULAR AVANZA CON PRECIOS JUSTOS
AlmaCoop es un almacén cooperativo online que, a través de 13 puntos de entrega situados en la Ciudad de Buenos Aires, distribuye productos de cooperativas, empresas recuperadas y unidades productivas domésticas. El objetivo es promover un circuito económico sustentable basado en precios de intercambio justos para productores y consumidores.
En el caso de AlmaCoop, los pedidos se duplicaron, pasaron de ser cerca de 200 durante los meses de enero y febrero para llegar a rondar los 400 a partir de marzo. “Veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal en el cual todas las políticas habían sido en contra nuestro y desde el cambio de gobierno se notó una tendencia a fortalecer y darle mayor visibilidad a este tipo de iniciativas. Creo que eso tiene mucho que ver con este aumento del interés por parte de la gente que estamos viendo”, explica Vanesa Acosta -integrante de la cooperativa- en diálogo con El Grito del Sur.
Dentro de la industria alimentaria existe una gran monopolización, esto genera que los productores no tengan espacio para negociar el precio de sus productos y que éstos lleguen muy encarecidos a las góndolas. Vanesa Acosta señala que “para los productores en general resulta un gran alivio empezar a vincularse con nosotros, porque pasan a tener una instancia de negociación en la que pueden ponerle valor a su trabajo y después nosotros tratamos de que el producto llegue lo más directo posible al consumidor”.
Protocolo Nacional de ILE en la Legislatura Larreta y el protocolo de aborto: sin veto pero con restricciones
Aunque la ley de adhesión al Protocolo Nacional de ILE no fue vetada, el Jefe de Gobierno promulgó un plan de medidas restrictivas. Desde los feminismos y la oposición porteña mostraron preocupación. “Esperamos que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría”, dijo la legisladora Laura Velasco.
Texto: El Grito del Sur
El Jefe de Gobierno porteño dejó sentado en el Boletín Oficial que no vetará la ley de adhesión al Protocolo Nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sancionada el pasado 16 de julio con 50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra. Sin embargo, agregó algunos puntos restrictivos que limitarían el alcance de la norma.
En primera instancia, Horacio Rodríguez Larreta especificó que cualquier persona gestante que se acerque a algún efector sanitario, ya sea de la Red de Salud Pública o de los Subsectores de la Seguridad Social o Privados, deberá tener una consejería previa donde se le darán las diferentes alternativas que tiene a través de un comité interdisciplinario.
En segundo lugar aseguró que lanzará el Plan A La Par para que quienes continúen la gestación tengan el acompañamiento en los primeros meses del embarazo, nacimiento y vida del niño. El acompañamiento comenzarían por los barrios populares, donde se les aseguraría a les niñes en situación vulnerable vacantes en los Centros de Primera Infancia y ayuda económica para las familias. El mismo también abarcaría la prevención de embarazos no deseados a través de la difusión de información y la distribución de anticonceptivos. En el posteo que realizó el día anterior en sus redes sociales, Rodríguez Larreta sumó la intención de acelerar los procesos de adopción a través de la inscripción online a distancia y la coordinación con el Ministerio de Justicia y los hogares convivenciales.
Otra de las medidas impuestas tiene que ver con los plazos. Si la persona gestante llegase al sistema de salud en una etapa anterior a las 14 semanas, la mejor opción será realizar un aborto medicamentoso -siempre y cuando no se trate de un embarazo riesgoso- en el primer nivel de salud de manera ambulatoria. En caso de que exceda ese plazo, deberá efectuarse en el segundo nivel de atención u hospitalario. Desde la semana 24, el único causal que se contemplaría en CABA sería el riesgo grave e inminente de vida de la madre.
En este punto se insiste nuevamente en la instancia de la consejería previa lo cual- al no especificarse quienes serán les encargades de dar esta información- deja abierta la posibilidad de que allí tengan incidencia los grupos anti-derechos.
Al Boletín Oficial Larreta sumó un Anexo donde dejó en claro que en el caso de aquellas instituciones que por tener una mayoría de profesionales objetores de no puedan garantizar la ILE se podrán inscribir por única vez al “Programa de Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético que deriva en la mayoría de profesionales objetores de conciencia” bajo la órbita del ministerio de Salud. Éste proveerá de derivaciones rápidas para que los abortos puedan ser contenidos en otras instituciones, en caso de llegar a los centros de salud y hospitales celestes. Es decir, en pocas palabras, que quedará habilitada la objeción de conciencia institucional.
“En principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional. Estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción”, expresó la legisladora Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura. “Lo que nos preocupa del anuncio oficial es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos que plantea la reglamentación, esperando que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques de la Legislatura”.
Respecto a les niñes, ya en el fallo F.A.L. se especifica de la no judicialización de la práctica y el Protocolo señala que “en caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores/as, el equipo de salud es quien debe valorar la situación”. Sin embargo, el Jefe de Gobierno aseguró que, frente a controversias, podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar.
Si bien la ley no fue vetada -lo cual representa un avance frente a su predecesor Mauricio Macri-, las legisladoras opositoras se muestran preocupadas por las implicancias que podrían suponer las medidas de Larreta y desde La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito salieron a repudiarlas.
Esta vez Rodríguez Larreta no cedió a las presiones de la iglesia y los militantes pro-vida, quienes a pesar de la cuarentena se manifestaron hace algunas semanas frente a la casa del Jefe de Gobierno, sin embargo no se privó de sancionar medidas restrictivas ni dejó pasar la oportunidad de expresar su posición a favor de resguardar la vida desde la concepción. Mientras tanto, en su cuenta de Instagram Bárbara Diez, esposa del mandatario, publicó una imagen de la escultura “El niño no nacido” de Martin Hudacek y agregó como pie de foto: “La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuanto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”.
